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“Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.

car un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus promesas de campaña. “Los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”. Iris Matos, jubilada Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político. Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil millones de dólares. Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social. El plan no impresionó a los acreedores, ex-

plicó Rosselló.“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al pueblo puertorriqueño”. Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña. Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes? No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto. “Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”. Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y las ganan-

cias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre, comentó Torres. Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales suburbanos y a otras tantas a salir de la isla. “Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados. Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla. “Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche para el éxodo”. Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos hasta los 70 años. Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas. “No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64 años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas: nosotros”.

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Caribe primera edicion de agosto  

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