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Movilización estudiantil en Chile de 2011 La movilización estudiantil de 2011 en Chile se desarrolló entre abril y octubre de ese año, a través de una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria Estas movilizaciones han surgido de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la "Revolución pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior. Las primeras movilizaciones fueron convocadas en Santiago por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas — conocidas como "tradicionales"— para los días 28 de abril y 12 de mayo de 2011, en reclamo por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).Durante el mes de junio, los estudiantes convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de paralizaciones, el gobierno presentó su primera propuesta, estableciendo un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las principales organizaciones rechazaron la propuesta demandando medidas más de fondo. Sucesivas propuestas del gobierno han abierto la posibilidad de reformas al sistema, como la desmunicipalización de la educación secundaria o un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación, pero no han sido consideradas suficientes por los estudiantes. Los principales voceros del movimiento universitario han sido Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC). Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la "Revolución pingüina". Representando a los estudiantes de Educación Media está la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). A medida que la movilización fue creciendo, se han incorporado por primera vez estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es decir, los miembros de casi todo el sistema educacional chileno.


Sistema educativo chileno El sistema educativo chileno en la actualidad fue diseñado principalmente durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, principalmente a partir de los años 1980. La administración de la educación pública primaria y secundaria, originalmente en manos del Ministerio de Educación, fue traspasada paulatinamente a las municipalidades de todo el país a partir de 1981, mientras la educación privada vivió un importante crecimiento recibiendo en muchos casos financiamiento estatal. En el caso de la educación superior, se liberalizó el sistema para fundar universidades privadas, mientras la Universidad de Chile fue desmembrada para dar origen a universidades de carácter regional. Esto generó dos tipos de universidades: las llamadas «universidades tradicionales», correspondiente a las universidades estatales y aquellas particulares sin fines de lucro instauradas previo a 1981, y las restantes «universidades privadas». Si bien la ley estipuló que las nuevas universidades privadas debían ser sin fines de lucro, muchos grupos han afirmado que la legislación no se ha cumplido a cabalidad, utilizando diversas figuras jurídicas que permiten la obtención de remuneración empresarial. Educación superior El sistema de educación superior en Chile se articula en tres tipos de instituciones, que al año 2010 totalizaban 173: universidades (59), institutos profesionales (43) y centros de formación técnica (173). Entre todas esas instituciones, la matrícula alcanzó la cifra de 987.643 inscritos, de los cuales 940.164 correspondían a estudiantes de pregrado. De estos estudiantes, 587.297 se inscribieron en una universidad. Estas cifras representan un importante crecimiento respecto a la situación décadas previas: en 1990, la cifra de estudiantes de pregrado era cercana a los 240 mil, prácticamente un cuarto de la situación veinte años después. Se estima que la cobertura en el rango etáreo entre 18-24 pasó de un 16% a sobre el 40% en el mismo período. El sistema universitario data de la Reforma universitaria llevada a cabo por la dictadura militar a comienzos de los años 1980. En esa época, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado fueron fragmentadas dando origen a universidades estatales de carácter regional. Estas universidades más seis universidades de carácter particular conformaron el grupo de las «universidades tradicionales» agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), y que reciben fondos del Estado a través de asignaciones directas e indirectas. En 2011, el CRUCH estaba compuesto por 12 universidades de propiedad del Estado y 9 privadas (de las cuales 6 son propiedad de la Iglesia católica). Al mismo tiempo, se liberalizó la creación de universidades privadas; si bien la ley establecía que estas universidades debían ser corporaciones sin fines de lucro —a diferencia de institutos profesionales y CFTs—, existen varias denuncias sobre subterfugios legales que permitieron el desarrollo de un rentable mercado en la administración de instituciones legales. Educación superior


El petitorio oficial de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en abril de 2011 presentaba las siguientes demandas:25 1. Reforma al sistema de acceso a las universidades que asegure la igualdad de oportunidades o Establecimiento de mecanismo de accesos complementarios a la Prueba de Selección Universitaria para personas de bajos recursos (como propedéuticos). o Acreditación de instituciones incorporando atributos como transparencia institucional, libertad de cátedra, tolerancia y pluralismo. o Garantizar condiciones de acceso y estudio para personas con discapacidad. 2. Aumento del gasto público en educación superior: o Entrega de fondos de libre disposición a universidades estatales. o Fondo de revitalización de universidades tradicionales, de carácter único y con énfasis en instituciones regionales y estatales. o Reestructuración de sistema de becas y créditos, asegurando becas completas a tres primeros quintiles y alternativas diferenciadas según capacidad de pago para cuarto y quinto quintil. o Extensión de becas de mantención y alimentación para tercer quintil y parte del cuarto. o Tarjeta Nacional Estudiantil gratuita y válida todo el año. o Eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI). o Participación estatal en instituciones de educación técnica profesional. 3. Democratización del sistema de educación superior: o Derogación de arts. 56.e, 67.e y 75.e del DFL 2 de 2010, que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en órganos administrativos de las instituciones de Educación Superior. o Participación triestamental en todas las instituciones de educación superior. o Asegurar libertades de expresión, cátedra y asociación de estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones educacionales. Fuera de este petitorio oficial, se han planteado multitud de otras demandas, entre las que destacan: 

Regulación estatal que haga efectiva la prohibición del ánimo de lucro en instituciones de educación superior según lo establecido por la ley vigente. Educación superior gratuita que asegure el derecho a la educación. Reforma tributaria que sustente el aumento del gasto público en educación. Renacionalización del cobre para financiar gratuidad. Convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual Constitución.


Respecto a la educación técnico-profesional, las demandas del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica se estructuran en 8 puntos: 1. Igualar las condiciones del CAE con las del Fondo Solidario del Crédito Universitario. 2. Sistema único de Becas para alumnos de IP, CFT y universidades. 3. Creación de un AFI técnico, que considere la realidad de las instituciones de educación superior técnico-profesional (ESTP). 4. Igualar las condiciones de postulación para los fondos de desarrollo para todas las IES. 5. Más y mejor información respecto al proceso y los resultados de la acreditación institucional. 6. Equipo de pares y expertos evaluadores de ESTP, nacionales e internacionales. 7. Modificación al sistema de títulos y grados, de acuerdo a las características de cada área. 8. Entrega de la TNE e información completa de parte del Ministerio para todos los alumnos a fines de marzo. Como propuesta económica, establecen que el gasto en educación pase del 4,1% a un 7% del PIB siguiendo las recomendaciones de la Unesco y la OCDE para una educación gratuita y de calidad. Para aumentar el financiamiento plantean la re-estatización del cobre como forma de sostener este aumento en el gasto público. Durante abril y mayo de 2011 surgieron conflictos al interior de algunas universidades que comenzaron a dar fuerza a las demandas históricas de los estudiantes. El primero de ellos ocurrió en la Universidad Central de Chile (UCEN), donde las actividades académicas se mantienen paralizadas desde el 4 de abril, en rechazo a la modificación de los estatutos de la universidad. Los estudiantes, dirigidos por su federación, argumentan que con dichas reformas la institución dejaría de ser una corporación sin fines de lucro y pasaría a extraer las utilidades a través del pago de cánones de arrendamiento de los inmuebles, que son propiedad de la universidad, a un conjunto de sociedades inmobiliarias, conformadas por los académicos y directivos de la universidad y la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., cuyos directivos están vinculados al Partido Demócrata Cristiano. El 24 de mayo, el programa de televisión Esto no tiene nombre emitió un reportaje acerca de supuestas irregularidades que se daban al interior de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). En el episodio el ministro de Educación Joaquín Lavín expresó que "haría todo lo posible" para que la universidad no obtuviera la acreditación para el año siguiente, y que "por ningún motivo" matricularía a sus hijos en dicha institución. Los estudiantes se manifestaron los días posteriores tanto en contra de Televisión Nacional de Chile, porque habría incurrido en errores en el reportaje, y contra Lavín, ya que estaría influyendo en decisiones que le corresponden a la Comisión Nacional de Acreditación, y de paso, sería un ataque a la educación superior pública.


Primeras movilizaciones nacionales La primera marcha nacional convocada por la Confech se desarrolló el 12 de mayo, que en Santiago convocó a más de 15.000 estudiantes. Ésta se realizó días antes de la cuenta pública anual dada por el presidente de la República el 21 de mayo ante el Congreso Pleno, y buscaba ejercer presión respecto de los posibles anuncios que Sebastián Piñera realizaría en el discurso en materia de educación superior. Tras el discurso del 21 de mayo, la Confech declaró su inconformidad con las medidas anunciadas por el presidente y llamó a una nueva marcha para el 26 de mayo, la que convocó a unos 8000 estudiantes en la capital del país (incluyendo unos dos mil de la educación secundaria), en la que presentaron una carta al ministro de Educación, Joaquín Lavín. Ante todo, nuestro principal interés es expresar que los anuncios hechos por el Presidente no dan cuenta de las reales necesidades que hoy tienen la educación pública chilena en general y la educación superior en particular. Que como ya lo hemos señalado en anteriores ocasiones, esta última se encuentra atravesando una profunda crisis, la cual se origina principalmente producto del des financiamiento al que han sido sometidas las universidades estatales y públicas de nuestro país, proyectándose esta dificultad hacia la esencia y sentido mismo de nuestras casas de estudio. El 1 de junio se convocó a un paro general y a una marcha que convocó a unos 20.000 estudiantes en Santiago, además de representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), del Colegio de Profesores y a los rectores de la Universidad de Santiago (USACH), Juan Manuel Zolezzi y de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Luis Pinto. Radicalización de la movilización Lienzo con la frase «Chileno: 44 años después, El Mercurio miente» durante la marcha del 16 de junio en la Casa Central de la Universidad Católica de Chile, haciendo referencia a la reforma de 1967. El 8 de junio estudiantes de la Universidad de Chile y la Universidad Central de Chile se tomaron la sede en Santiago de la Democracia Cristiana protestando por la "incoherencia" que presenta el discurso de este partido político el cual apoyaría la educación pública, pero mantienen negocios en Universidades privadas como la UCEN El 11 de junio, los estudiantes secundarios y universitarios anunciaron una "radicalización" del movimiento estudiantil, y se convocó a dos marchas para la semana siguiente. La primera se realizó el miércoles 15, en donde participaron estudiantes secundarios y los trabajadores en huelga de la mina El Teniente, propiedad de la estatal Codelco. La marcha convocó a siete mil personas y culminó en el Parque Almagro, donde se ocurrieron disturbios y enfrentamientos con Carabineros. La segunda marcha de esa semana se realizó el jueves 16 de junio, convocada por la Confech y el Colegio de Profesores, que se convirtió en una de las concentraciones más grandes desde el fin de la dictadura militar en


1990; sólo en la capital, Santiago, se estimaron cerca de ochenta mil personas que asistieron a la marcha (algunas fuentes estiman 100.000), mientras que a nivel nacional se contabilizaron cerca de doscientas mil, incluyendo quince mil asistentes en Valparaíso, mientras que en Concepción se contabilizaron 9 mil. Además, otras marchas se registraron en las principales ciudades del país. El movimiento sumó incluso a universidades privadas: las universidades Academia de Humanismo Cristiano, Alberto Hurtado, Católica Silva Henríquez, de Arte y Ciencias Sociales (Arcis) y Diego Portales han sido tomadas por sus alumnos, además de la anteriormente mencionada Universidad Central de Chile. La tercera marcha del mes de junio se realizó el jueves 23 por el centro de Santiago, convocada por los estudiantes de Educación Media, que congregó a unas 20 mil personas. Ese mismo día, a primera ahora, el ministro Lavín presentó a dirigentes secundarios un documento con propuestas para solucionar las peticiones de los estudiantes. Los secundarios resolvieron, en una asamblea nacional realizada el 26 de junio en Valparaíso, rechazar la propuesta del ministerio. Así mismo, la CONFECh también rechazó las propuestas de Lavín para los universitarios.


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