NUEVAS SENDAS EN LA MILENARIA BÚSQUEDA DEL PUEBLO MOJEÑO: Experiencias de su participación político-electoral en Mojos
ÍNDICE
PRESENTACIÓN AGRADECIMIENTOS PRÓLOGO INTRODUCCIÓN
Pág. 9 11 13 17
CAPÍTULO I La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia 23 1. SOBRE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN BOLIVIA 23 2. LA CONDICIÓN MULTIÉTNICA EN BOLIVIA 26 3. LA DEMOCRACIA MUNICIPAL COMO REFORMA DE DEMOCRATIZACIÓN 27 4. REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2004 Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE 30 4.1 Asamblea Constituyente 2006 32 CAPITULO II Dialéctica de los Pueblos Indígenas de Beni 1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BENI 1.1 Indígenas en los municipios 1.2 Población y territorios indígenas
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2. NUEVAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS 2.1 Cultura política y nuevas formas de organización indígena 2.2 La Central de Cabildos Indígenas Mojeños (CCIM) 2.3 La Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) 3. LA MARCHA INDÍGENA POR EL “TERRITORIO Y LA DIGNIDAD” Y SUS EFECTOS. 4. CRISIS DE UN DISCURSO Y NUEVOS REFERENTES POLÍTICOS EN LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DE BENI 4.1 La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB)
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CAPITULO III El Contexto Regional en la Participación y Representación Política de los pueblos indígenas de Beni. 63 1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GRUPOS DE PODER EN BENI 63 2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLÍTICO EN BENI 68 2.1 Acerca del bipartidismo MNR-ADN en Beni y la irrupción del MAS 70 2.2 La composición de los gobiernos municipales 73 3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 74 4. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: Contexto político y organizativo previo al triunfo electoral mojeño de 2004 75 4.1 Nace la COPIM: La dirigencia de CPIB no la aprueba 76 4.2 Agudización de las contradicciones y de los conflictos 78 a) El espacio local 78 b) El frente nacional y la 4ta. Marcha Indígena Multisectorial 81 5. CONGRESO DE SANTA ANA, RUPTURA DE LA CPIB Y NACIMIENTO DE LA CPEMB 83 5.1 Movilizaciones de octubre de 2003 y persecución de dirigentes 87 CAPITULO IV Abriendo las puertas de la Loma Santa: El pueblo mojeño y su participación política 91 1. PRIMERAS EXPERIENCIAS: JUGANDO CON REGLAS KARAYANAS 93 1.1 Elecciones nacionales de 1997 93 1.2 Elecciones municipales de 1999 94
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1.3 Remando contra la corriente: Nuevas definiciones y nuevas estrategias 97 1.4 La participación en las elecciones nacionales de 2002 98 2. ELECCIONES MUNICIPALES 2004 ¡AHORA ES CUANDO! 100 2.1 El proceso electoral de 2004 102 a) Sobre la definición de los candidatos 104 b) Sobre los colores 105 c) Sobre los símbolos 105 d) Sobre los responsables de la campaña 106 2.2 La primera pulseta 106 2.3 De la Agrupación Ciudadana Moxos, “el mismo vaquero con otro caballo” 107 2.4 Las campañas electorales: “Cómanse la carnaza pero no se traguen el anzuelo” 110 2.5 Los resultados electorales 111 2.6 Las negociaciones 112 2.7 Posicionamiento del primer alcalde indígena en Beni y las primeras dificultades 113 2.8 “La traición de Aguirre” 115 3. PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 117 3.1 Elecciones de 2006 para Asambleístas 118 3.2 Resultados electorales de 2006 118 4. COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN MOJOS 120 a) ADN-PODEMOS 120 b) El MNR 121 c) La opción indígena CPEMB-MAS 121 d) Otros 122 BIBLIOGRAFÍA
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OTRAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
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LISTA DE ENTREVISTAS REALIZADAS
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PRESENTACIÓN
El departamento del Beni es la región con mayor diversidad étnica y cultural de Bolivia. Con 21.356.400,00 hectáreas de superficie, es el segundo departamento más extenso, habitado por 18 de los 36 pueblos indígenas, quienes a la vez representan el 40% de la población total de este departamento. En el proceso de lucha reivindicativa, los indígenas del Beni han logrado consolidar casi 11 millones de hectáreas en 19 demandas territoriales. El pueblo mojeño, de la familia lingüística arawak, con sus 43.000, habitantes es el más numeroso del Beni, el quinto a nivel nacional y tercero en las tierras bajas después del pueblo guaraní y chiquitano. La historia del pueblo mojeño ha sido estudiada desde varias perspectivas, pero el hito que marca la historia reciente de este pueblo emblemático es la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” salida gestada en las entrañas de las organizaciones tradicionales mojeñas el 15 de agosto de 1990 que catapultó al escenario político regional y nacional la problemática indígena como tal como hoy la conocemos. A partir de ella, la lucha por el territorio se transformó en una demanda histórica con una carga política subyacente que ha constituido uno de los ejes centrales de la agenda reivindicativa de todo el movimiento indígena boliviano.
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PRESENTACIÓN
Las luchas en el proceso de recuperación de los territorios en la década de los 90 clarificaron sus demandas a la vez que forjaron un importante segmento de dirigentes indígenas, quienes fueron madurando la posibilidad de ocupar espacios en los órganos del Estado local y nacional. Como en muchos pueblos del Orien9
te boliviano, tradicionalmente los pueblos indígenas fueron instrumentalizados por los partidos tradicionales para llegar al poder con compromisos electorales que nunca cumplieron. Por ello los mojeños decidieron representarse “por si mismos” y pelear las plazas con el nombre de su misma organización social. Fue entonces que en 2004, el municipio de San Ignacio de Mojos pudo ver un alcalde indígena elegido por sus compañeros bajo la sigla de la Central de Pueblos Mojeños del Beni (CPEM-B).
PRESENTACIÓN
Haciendo un amplio y enriquecedor recorrido por la historia organizativa mojeña, Hernán Ávila nos ilustra la lucha de este pueblo indígena por perforar un Estado ideado para dominarlos y asegurar su propia reproducción. Frente a la lógica excluyente de las prácticas tradicionales del manejo del “poder”, los mojeños ofrecen su propia concepción y experiencia que se expresa en la devolución en obras y servicio hacia la comunidad, titular del poder originario que ese ejerce. El cántaro de chicha y el maripi ilustran esos valores fundamentales para entender la cultura mojeña. Pese a que la participación política en esta fase, como demuestra el autor, sirvió de bálsamo para sus peligrosas reivindicaciones que amenazaban los poderes locales y regionales, las sendas ya están abiertas y, aunque largas y sinuosas, recorrerlas es un deber para este pueblo en su larga lucha por transformar un país que necesita de ellos para entenderse a sí mismo. Este libro toma como base en sus primeros capítulos los resultados de la investigación “Presente y Perspectiva de la Presencia de los Pueblos Indígenas Del Beni en los Sistemas de Representación Política del Estado”, realizada por Hernán Ávila (coordinador), Amparo Rodríguez, y Martha Leonarda Mosúa con el apoyo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Con fines de publicación los resultados han sido actualizados y complementados, a ellos se han agregado nuevos capítulos referidos a la experiencia electoral del pueblo mojeño. Leonardo Tamburini Director Ejecutivo Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS
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Quiero expresar mi gratitud al pueblo mojeño, a su dirigencia y a sus líderes, aunque no quisiera dar nombres por miedo a omitir algunos que merecen ser mencionados, me atreveré a señalar a Sixto Vejarano, Pedro Nuni, Miguel Peña, Ernesto Sánchez, Teresa Limpias, Armando Nolvani, Carmelo Muñuni, Ignacio Apace, Ignacio Pérez, Corpus Malale, Erasmo Yujo, Cruz Tamo, Esteban Tamo, Ademar Chori, Sobeida Ruiz, Fernando Vargas, Miguel Alcántara, Juana Caiti, Bertha Vejarano, Pedro Salazar, Carmen Muñuni, Lorenza Yaca, Rosario Cunavi, Adolfo Yónima, Virgilio Moy y otros grandes hombres y mujeres provistos de mística, quienes durante ocho años me brindaron su amistad y confianza y con quienes he compartido sueños y aprendido a transitar caminos de lucha y esperanza. También a mi amigo Arturo Casanovas -un mojeño a todo dar- que me proporcionó información valiosa. También agradezco a mis amigas y colegas de trabajo del CEJIS, especialmente a Claudia Montaño, Elba Flores y Pilar Valencia, quienes han brindado su tiempo, capacidad y paciencia proporcionándome valiosas sugerencias para la presente publicación. De la misma forma a la filigránica revisión en la redacción de Sebastián Ochoa, a la revisión de Carla Roca en estilo y Francisco Padilla en la diagramación. Agradezco al director ejecutivo del CEJIS Leonardo Tamburini y al Coordinador del programa democracia intercultural de OXFAM GB Jorge Velázquez por la confianza y el respaldo institucional para el desarrollo de la presente publicación.
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AGRADECIMIENTOS
Finalmente, retribuyo también la orientación y apoyo metodológico de Wilder Molina, facilitador regional del PIEB en el Beni el año 2005-2006, así mismo, al equipo de investigación que me acompañó en aquella oportunidad: Leonarda Mosua y Amparo Rodríguez, a todos ellos mis agradecimientos. 11
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PRÓLOGO
Los estudios sobre las acciones colectivas de los pueblos indígenas de la región amazónica orientadas a objetivos políticos como la participación política o derechos de autogobierno surgen con claridad después de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990, hasta podemos concluir que esta reorientación temática es uno de los efectos políticos de aquel movimiento social emergente desde la región sur amazónica de Bolivia. Antes de aquellos eventos, los estudios, casi congruentes y consecuentes con la valoración folklórica cultural que se daba a las culturas étnicas, se localizaban en el enfoque propiamente etnológico, más interesados por la descripción de las vivencias locales, el folklore o las costumbres, es decir eran estudios sobre las culturas pero no sobre los procesos políticos porque, justamente, hasta ese momento, los grupos indígenas no se proyectaban como sujetos políticos, ni eran reconocidos como tales. La marcha incrementa en instancias del Gobierno nacional y ONGs el interés por estudiar las realidades étnicas y fortalecerlas como sujetos político-culturales y no simplemente folklóricos. Desde entonces se amplía el debate en torno a los conceptos de “indígena” y “pueblo indígena” en el campo de las ciencias sociales, además insertándose como parte de una lucha política que se desarrolla hasta ahora en los Departamentos amazónicos. Con la marcha de 1990, se inicia una lucha que continúa y que de manera global involucra a los siguientes actores: las organizaciones indígenas y sus nacionales, partidos políticos, líderes cívicos y empresarios locales. El hecho de que los términos indígena y pueblo indígena
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PRÓLOGO
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PRÓLOGO
se hayan convertido en temas de lucha política forma parte del proceso de politización que surge con los movimientos indígenas en las tierras amazónicas. Además de las demandas específicas de derechos políticos y sociales, los movimientos proponen el reconocimiento de las identidades étnicas junto con nuevos conceptos de autogobierno que vienen generando polémicas entre intelectuales, políticos e indígenas. En Bolivia, la institucionalización de lo indígena como identidad global resulta, en parte, de la emergencia de movimientos indígenas en las tierras bajas, mientras que la politización de las identidades étnicas significa que las organizaciones indígenas, junto a sus aliados, luchan por difundir los términos de indígena, pueblo indígena y territorios indígenas como sustitutos de otras etiquetas sociales como selvícolas, tribus o bárbaros. Es una lucha política por desplazar ciertos sentidos y definiciones provenientes de las culturas políticas expresadas por los actores como el Estado y grupos sociales de origen criollo o mestizo. Como parte de esa lucha, los actores opositores se ocupan por reducir su politización y conservarlos como datos folklóricos, incluso calificarlos como parte de un pasado histórico y no de la condición política actual de la región. La “antropologización y folklorización de lo indígena” es una estrategia política que se utilizó para reducir su posibilidad de politización y constitución como sujetos políticos. Pero, la emergencia de organizaciones indígenas en los territorios amazónicos junto a la lucha por incidir en los universos simbólicos motivaron una reorientación teórica, pasando de la descripción etnográfica a la interpretación de los procesos de politización, las acciones colectivas y formación de identidades y nuevos actores sociales, fenómenos que ya tienen investigaciones específicas como parte de la sociología política regional. Damos cuenta así de la influencia de las acciones políticas en las prioridades de investigación y generación de conocimiento que acompañan tales fenómenos, incluso también con fines políticos, ya que los estudios al mismo tiempo socializan un discurso sobre los pueblos étnicos que coadyuva a la legitimidad de sus demandas y el reciclamiento de sus identidades. Antes existía una “tradición de estudios” referidos a la vida cultural de los pueblos indígenas, pero en general, enfocados en la perspectiva de la antropología, el folklore y la etnología histórica hacia los pueblos que formaron misiones religiosas. Sus acciones colectivas en la región amazónica, recién desde 1990 son investigadas con un enfoque sociológico, al influjo de la emergencia de nuevos actores sociales y demandas políticas como derechos territoriales, acceso a autogobierno y representación política. Es decir, las acciones colectivas de la marcha desencadenan un proceso de politización que marca también su influencia en el ámbito de las ciencias sociales del 14
En el estudio se describe las virtudes y debilidades de las acciones políticas de las organizaciones indígenas por generar auto representación propia en los diferentes escenarios estatales de representación política, objetivo que gradualmente es asumido como una de las prioridades de su agenda desde el año 1998, hasta convertirse hoy día en uno de los objetivos políticos de prioridad junto con los derechos de autonomía y autogobierno, sin dejar de lado el interés por los procesos todavía inconclusos como la titulación de los territorios. Es interesante que el estudio nos muestre las diversas iniciativas locales de las organizaciones para la creación de sus propias posibilidades de lucha por la competencia electoral, pero al mismo tiempo que se aprovechan algunas oportunidades políticas que se abren con las leyes como la de participación popular o últimamente la de agrupaciones ciudadanas. En el trayecto, se nos visualiza una combinación de estrategias orgánicas e individuales, entre acciones legitimadas de interés colectivo por logros de representación y Gobierno con otras actitudes más pragmáticas, individuales y calculistas de algunos dirigentes, es decir no se presenta entre las organizaciones étnicas una estrategia única de participación política. Ya en el detalle el estudio analiza algunas dificultades estructurales que reducen las posibilidades reales de inserción de representación política con el uso de los procedimientos formales de la democracia electoral liberal. En el caso del Beni, no obstante la diversidad de organizaciones étnicas en todos los Municipios del Departamento y la existencia de más de una docena de pueblos étnicos electorales, son limitaciones estructurales que le generan desventaja a una población electoral minoritaria respecto al total y la no posesión de recursos financieros, en términos concretos, organizaciones o lideres con capital económico, factor que constituye un ventaja determinante del acceso al Gobierno por parte de los actores ganaderos, dicho sea de paso que entre las sociedades étnicas no existe grupos o sectores con gran posesión de propiedades económicas, lo que se puede llamar como una élite económica, al estilo de los ganaderos o los castañeros. Incluso es actualmente otra limitación estructural la inexperiencia en la administración pública que se explica por la exclusión estructural de la gente de origen indígena en la función pública de las diferentes entidades estatales, la repartición familiar de los cargos que operan los partidos y caudillos locales, cada cambio
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país, dando lugar a nuevos abordajes desde la sociología política. En esta línea el estudio que ahora nos presenta Hernán Ávila sobre la participación política con propósitos de representación política o posesión de Gobiernos locales es un aporte al conocimiento de los nuevos sentidos, transformaciones y estrategias que adoptan las organizaciones indígenas, a casi dos décadas de la marcha por el territorio y la dignidad.
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de Gobierno no les llega nunca por no pertenecer a las redes familiares y eso les ha creado una desventaja que incluso, maliciosamente, algunos actores urbanokarayanas quieren hacer ver como una expresión de conformismo.
PRÓLOGO
Por eso mismo, como propone el autor son necesarias algunas condiciones de reglas institucionales que desde las leyes estatales faciliten condiciones de igualdad en la competencia política, pero también son necesarias las acciones de clarificación política y la constitución de un nosotros colectivo desde los propios sujetos indígenas, desde donde se exprese hacia los ámbitos políticos como ser los procesos electorales y la orientación del voto. Será importante este cambio respecto a una lógica dual de acciones que se ve todavía en la acción política en los ámbitos locales del Beni, cuando actores indígenas y campesinos se remiten a su organización en situaciones de demanda o conflictos por posesión y uso de recursos con otros actores, pero durante procesos electorales la orientación de su voto acaba en las candidaturas de personajes que se oponen a sus demandas de derechos territoriales y políticos, mientras sus candidatos avalados por ellos mismos quedan esperando.
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Wilder Molina A. Investigador
La emergencia de los pueblos indígenas en Bolivia ha sido abundantemente abordada por variados investigadores e historiadores nacionales y extranjeros, sobre todo aquélla referida a los pueblos de la zona andina. La incidencia de los pueblos indígenas amazónicos se marca a partir de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” (agosto de 1990) donde por primera vez emergen nuevas formas de organización indígena, a este proceso corresponde el nacimiento de la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB en 1989, cimentándose en lo que fue la Central de Cabildos Indigenales Mojeños CCIM, ambas organizaciones formadas en la ciudad de Trinidad. Bajo la influencia de líderes urbanos ubicados en Trinidad, se forman además la Subcentral Indígena del Isiboro Sécure, la Subcentral Indígena de San Ignacio de Mojos y el Consejo del Pueblo Sirionó. Con estas organizaciones como actores principales se lleva a cabo la marcha indígena hacia la ciudad de La Paz, con una participación de 700 personas aproximadamente. Los efectos políticos sociales de ésta fueron diversos, tanto en las instituciones políticas como entre los mismos pueblos indígenas.
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INTRODUCCIÓN
Después de la marcha de 1990, la CPIB, con apoyo de redes de solidaridad con el movimiento indígena, emprende el impulso en la formación de nuevas organizaciones indígenas en diferentes provincias del Departamento del Beni. Como 17
resultado, actualmente todo pueblo indígena, toda comunidad que se declara indígena, forma parte o se afilia a una organización indígena de tipo territorial o étnica.
INTRODUCCIÓN
Las dinámicas de la emergencia social y política de los pueblos indígenas lleva a que permanentemente se reconfiguren sus estructuras organizativas, resultado de pugnas de liderazgos, divergencias de enfoques, de orientaciones y de acciones frente a su problemática. Actualmente, existen tres organizaciones que se reconocen a “nivel regional”: La CPIB con sede en Trinidad, la CPEM B con sedes en Trinidad y San Ignacio y la CIRABO con sede en Riberalta, todas integran a un conjunto de organizaciones que se denominan Subcentrales o, en algunos casos, Consejos. Las Subcentrales tienen como miembros base a las organizaciones comunales. El Beni tiene 16 pueblos indígenas conformados por una población aproximada de entre 50.000 a 100.000 personas, aproximadamente. Viven tanto en ciudades y localidades urbanas como en comunidades rurales del Departamento. Cabe aclarar que para este caso no es correcto tomar los datos del Censo 2001, ya que clasifica a los indígenas de acuerdo al uso del idioma, por lo que los datos minimizan su presencia poblacional. Corresponden aproximadamente a un 40 por ciento de la población total de Beni, pero, no existe ninguna correspondencia de proporción poblacional de los pueblos indígenas y su presencia en los ámbitos de representación política. La existencia de los pueblos indígenas de tierras bajas es fundamental en la conformación de la sociedad boliviana. Tanto en instituciones cívicas, culturales y estatales reivindican permanentemente sus aportes a las expresiones de identidad regional. Pero esta valoración cultural no se corresponde con su presencia en el manejo de instituciones políticas y estatales tanto a nivel departamental y nacional. En los 184 años de existencia del Estado boliviano, nunca en Beni un indígena en calidad de prefecto departamental, diputado o senador, por nombrar las tres instancias de representación política más antiguas de Bolivia. Tampoco existen en los nuevos ámbitos, como el Concejo Departamental y los Gobiernos Municipales. Por primera vez en el Departamento hubo un Alcalde indígena avalado por su organización, la CPEMB. Sixto Bejarano Congo asumió como primer Alcalde indígena, posicionado por la organización indígena, otra experiencia destacable fue la elección de Miguel Peña -líder mojeño- quien fue elegido Asambleísta a la 18
Asamblea Constituyente por el Movimiento Al Socialismo MAS después de una alianza de la organización indígena con el partido en mención.
Sin embargo, la demanda de participación en los niveles de toma de decisiones del Estado implica crear mecanismos para involucrarse activamente en los procesos electorales y en los ámbitos de representación política. Es decir, las posibilidades reales de llegar a estas instancias requieren de ciertas condiciones, por consiguiente no basta con aplicar los principios de ciudadanía según los cuales todos tienen derecho a ser elegidos y a elegir, a formar organizaciones políticas y competir electoralmente. En el caso de los pueblos indígenas de Beni, basarse solamente sobre estos principios, conllevaría a que la competencia política, en las condiciones del diseño institucional del sistema electoral, no garantice representación, a menos que la organización tenga la capacidad y el porcentaje poblacional suficiente para imponerse como ocurrió en el caso del pueblo mojeño. En este sentido, existe un debate en el marco de la Asamblea Constituyente respecto a las propuestas de insertar mecanismos que respeten los derechos de los pueblos indígenas y garanticen su representación política. Algunas posiciones se oponen señalando que los procedimientos de la democracia y las leyes son suficientes. También consideran injusto que grupos étnicos tan reducidos poblacionalmente tengan representación preferencial por encima del principio de proporcionalidad. Según el cual un ciudadano es igual a un voto. Otros, aparte de las organizaciones indígenas, apoyan la creación de mecanismos que garanticen la presencia de todos los pueblos indígenas de Bolivia en los niveles de representación política, amparados en los principios del Estado Plurinacional, sostienen que no se entenderá lo plurinacional del nuevo Estado sin la presencia de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia.
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Las demandas de mayor participación en la gestión del Estado es uno de los ejes del discurso de los pueblos indígenas, desde que surgen las organizaciones y líderes del movimiento indígena antes, durante y algunos años después de la marcha. No obstante, este anhelo facilitó a operadores de partidos políticos y funcionarios de los distintos gobiernos la cooptación de dirigentes con trayectoria a partir de cargos en los ministerios o viceministerios para introducirse en la toma de decisiones de las organizaciones matrices.
Se ha consensuado un acuerdo intermedio en el texto de la Nueva Constitución Política del Estado NCPE, que garantiza a través de las autonomías indígenas el ejercicio de autogobierno en sus espacios territoriales. Sobre la representación en el ámbito nacional, se incluiría a los pueblos indígenas demográficamente minoritarios por medio de las circunscripciones especiales indígenas. 19
INTRODUCCIÓN
En el capítulo Primero, se retoma el debate sobre la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad y cómo a partir del reconocimiento de esta característica se han desarrollado derechos económicos y políticos en las diferentes reformas constitucionales previas a la Asamblea Constituyente de 2006. Esto permite comprender el planteamiento de Estado Plurinacional presentado por los movimientos indígenas y campesinos del Pacto de Unidad en el marco de la Asamblea Constituyente. En el capítulo segundo de este libro, se describe la presencia de los pueblos indígenas en el Departamento, en los Municipios y en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Se abordan también sus caracteristicas organizativas, que explican cómo la introducción de la estructura misional y sindical se combina con la herencia precolonial, constituyendo lo que Molina Wilder denomina las “nuevas organizaciones indígenas”, a esta generación corresponde la constitución de la CCIM en 1987 y la CPIB en 1989. El nacimeinto de esta instancia de representación departamental de los pueblos indígenas no se entenderá sin el desarrollo de la histórica Marcha Indígena por el “Territorio y la Dignidad” del año 1990. Por su significado socio-político y cultural, esta movilización trastoca valores en la cultura democrática nacional y regional. Finalmente este capítulo muestra tres organizaciones que se reclaman como regionales: la CPIB, la CIRABO y la CPEMB, que en la actualidad forman parte de CIDOB. La CPEMB surge de la separación de una fracción de la CPIB, a raíz de pugnas de liderazgos que expresan el agotamiento de un tipo de discurso y de una práctica política organizativa frente a otra. El capítulo Tercero, trata sobre las características del sistema político en la región haciendo mensión al bipartidismo, destaca al Municipio como ámbito de democratización de aquellos espacios locales que han ido configurando las características de la participación política del pueblo mojeño, también en esta parte contextualiza el desarrollo político de los mojeños en los últimos años, se muestran los desencuentros y las definiciones orgánicas que han asumido. Estas decisiones los han conducido a convertirse en la primera fuerza electoral en la Provincia Mojos y un referente político a nivel departamental. En el capítulo cuarto, se describen las diferentes experiencias de participación electoral del pueblo mojeño, relata desde las elecciones municipales de 1999, donde participaron sólo la Subcentral de San Ignacio y una parte de la Subcentral del Multiénico, en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 2002 nuevamente -para las elecciones nacionales- participan desalineados de sus entidades matrices y en alianza con el Movimiento al Socialismo (MAS) logrando presentar los candidatos para la Diputación en la Circunscrip20
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ción 62. Para 2004, después de su separación de la CPIB y la constitución de su propia regional, la CPEMB obtuvo un histórico triunfo electoral, constituyéndose en la primera fuerza electoral en Mojos y rompiendo una tradición de aproximadamente cien años de hegemonía política de los karayanas. Finalmente, se muestran dos experiencias electorales más en las que participan los mojeños ratificando su fuerza politica en Mojos.
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Los mojeños de la CPEMB han participado en siete marchas nacionales desde 1990.
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Foto: Hernán Ávila.
CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
1. SOBRE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN BOLIVIA La noción de indígena u originario, su cuantificación, la estimación de su peso estadístico y su presencia territorial se constituyen en serias dificultades para encontrar una fórmula consensuada que determine la condición indígena o étnica en Bolivia. Resulta sumamente difícil establecer el origen y pertenencia étnica de las personas, debido a la profunda estigmatización asociada a la condición indígena. No obstante y considerando las limitaciones que ello conlleva, entenderemos como indígena1 la definición propuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. En términos de cuantificación nos basaremos en los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2001 del INE 2 . En este sentido el 66 por ciento de la población boliviana se adscribe o afirma pertenecer a un pueblo indígena o nación originaria, estas cifras cambian de forma radical cuando nos referimos a la población que habita las tierras bajas, donde aproximadamente sólo alcanza el 15 ciento. Sin embargo, existen bolsones de población mayoritariamente indígena en tierras bajas especialmente compuesta por población guaraní en el Chaco boliviano, chiquitana en el Oriente, mojeña en la Amazonía sur de Beni, guaraya al norte del Departamento de Santa Cruz, chimane y tacana al norte de los departamentos de La Paz y Beni. Paradógicamente los pueblos indígenas de tierras 1
El Convenio 169 de la OIT de 1989, establece que se aplica: “a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su condición jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
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Instituto Nacional de Estadística.
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CAPÍTULO I
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bajas son demograficamente inferiores que los pueblos indígenas de tierras altas y la población no indígena. Pero son mayores en cuanto al número de étnias, pueblos o naciones, ya que son 34 los pueblos de tierras bajas y tres los de tierras altas3 .
CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
Bolivia conforma un Estado con muchas sociedades, que constituyen mundos culturales, formas de producción y organización política diversas. Incluso, algunos de sus actores políticos cuestionan la existencia tanto del Estado nacional como de la nación boliviana y reclaman su condición de nación dentro o fuera de la estructura estatal vigente (Molina, 2003). Este debate se ha profundizado en el marco de la Asamblea Constituyente con propuestas que van desde la reconstitución territorial de las naciones originarias, pasando por las propuestas de autonomías territoriales indígenas, hasta los planteamientos de la constitución de una conferedación de naciones o de dos Estados asociados en el planteamiento de la Nación Camba, por citar algunos extremos del debate. La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y describe la condición mulitétnica y pluricultural de Bolivia, pero es un principio declarativo que no se refleja en la estructura y funcionamiento multiétnico del Estado. En consecuencia, la enunciación o reconocimiento de lo multicultural de la sociedad suena trivial si esta característica no se refleja en la estructura de los poderes del Estado. De cualquier manera, se puede caracterizar al Estado boliviano en función de su composición étnica como un Estado que contiene una sociedad pluriétnica y multinacional. Esta sociedad cuenta con varios proyectos políticos al interior y diversas posiciones respecto al Estado y su forma de organización política. Parece pertinente rescatar las diferencias que propone Kimlyka (1996) entre sociedad multinacional y sociedad poliétnica, para fines de reconocimiento de derechos al interior de un Estado, en la medida en que está conformada por diversos pueblos indígenas -algunos de los cuales se reclaman como naciones- que antes de la formación del Estado poseían autogobierno y población propia. Pero esta caracterización describe la condición multiétnica y la diversidad cultural, más no quiere decir que provenga del reconocimuento recíproco entre los distintos. El reconocimiento de la condición multiétnica y pluricultural de la reforma constitucional de 1994 marca una conquista en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y lingüística de Bolivia, pero queda corto frente a 3
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En el caso de tierras altas el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu CONAMAQ sostiene que entre los pueblo originarios de tierras altas se encuentran 16 naciones, y que las lenguas -quechua o aymara- no determinan la nación.
los planteamientos de un Estado que se funda en la pluralidad y el pluralismo económico, político, social, cultural y jurídico, según la propuesta de Constitución Política del Estado formulada por los movimientos sociales en 2007.
La diversidad multinacional es la coexistencia, dentro de un Estado, de más de una nación, donde “Nación” significa una comunidad histórica, más o menos compleja institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas. En una perspectiva sociológica, un país que contiene más de una nación no es, por tanto, una nación-Estado, sino un Estado multinacional, donde algunas culturas más pequeñas en población conforman las “minorías nacionales” (Kymlika, 1996). Aunque el Estado y muchos otros actores se refieren a la “nación boliviana”, esta cualidad no es más que una posición de una cultura política que se adscribe al proyecto del Estado-nación que a decir de Adler y Lomnitz es el que tiende a ser la cultura política dominante (Molina, 2002). En el planteamiento de Sartori (2001) se pueden entender con mayor precisión los planteamientos de nuevo Estado propugnados por los movimientos indígenas, originarios y campesinos en el proceso constituyente boliviano. A partir del reconocimiento de la condición multiétnica y multinacional de Bolivia, plantean en el marco de la pluralidad y el pluralismo un nuevo marco constitucional dando nacimiento al planteamiento del Estado Plurinacional en el proyecto de NCPE.
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Sartori diferencia entre el pluralismo y las corrientes que postulan el multiculturalismo: “En teoría, o en principio está claro que el pluralismo está obligado a respetar una multiplicidad cultural con la que se encuentra. Pero no está obligado a fabricarla. Y en la medida en que el multiculturalismo actual separa, es agresivo e intolerante, en esa misma medida el multiculturalismo en cuestión, es la negación misma del pluralismo. El pluralismo sostiene y alimenta una sociedad abierta que refleja un orden expontáneo, y por supuesto respeta una sociedad multicultural que es existente y preexistente. Sin embargo, el intento primario del pluralismo es asegurar la paz intercultural, no fomentar una hostilidad entre culturas. Los liberales americanos que defienden el multiculturalismo hablan de una política de reconocimiento (recognition). Pero convenientemente olvidan precisar que un contexto pluralista postula un reconocimiento recíproco. Un reconocimiento que recibe a cambio un radical desconocimiento es antipluralista” (Sartori 2001: 33).
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2. LA CONDICIÓN MULTIÉTNICA EN BOLIVIA
CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
En Bolivia, el Estado no ha logrado culminar un proceso de construcción nacional que logre articular bajo su monopolio institucional las formas de producción económica, los procesos de intercambio simbólico, las formas de organización política y la internalización amplia de una cultura política que sostenga y alimente una permanente lealtad a un proyecto de Estado nacional (Molina, 2005). Desde el origen del Estado boliviano, la construcción del discurso político de la nación ha buscado reducir las condiciones multiculturales y la presencia de los pueblos indígenas, calificándolos como objetos antimodernos, que por tanto traban el desarrollo de una sociedad moderna y de una nación. Es un proyecto que busca, desde hace más de un siglo, adjudicarles grados de “minoridad” y anacronismo a su existencia como culturas para restar así sus posibilidades de existencia. Es que la construcción de la dominación pasa por la imposición de un lenguaje y un discurso monocultural. Uno de los mecanismos de legitimación de dicha dominación ha sido el de la construcción de las representaciones y discursos de “minorización” del otro. Esta “minorización” los descalifica como sujetos dotados de cualidades específicas en colectividades y como individuos portadores de ciudadanía. R. Zabaleta (1986) tiene otra interpretación que supera la descripción y pone atención sobre la complejidad estructural de la sociedad boliviana, a su vez que, por lo mismo, hace más compleja la explicación, su objetivo es buscar y explicar las determinantes estructurales que pueden dar cuenta de los límites de un proyecto de nación y Estado-nación en Bolivia. Lo “abigarrado” es la noción que utiliza en su objetivo de explicar las condiciones específicas de la sociedad y los propios límites de formación del Estado. Pero es importante diferenciar, como señala Antezana (1986), entre el concepto de sociedad abigarrada y el de formación social abigarrada. En el primer caso, Bolivia es una sociedad abigarrada. Es decir, una sociedad atravesada por diversas historias y culturas. En cambio, como formación social abigarrada se califica la presencia de diversidades económico sociales de tal suerte que, en concurrencia, ninguna de ellas mantiene formas previas, primordiales o no; la referencia, o sea, la sociedad concreta objeto de conocimiento, permitiría caracterizar las diversas historias en juego, es decir, los diversos grados de constitución social ahí implicados. El concepto propuesto por Zabaleta (1986), por otro lado, se diferencia del concepto clásico de Formación Económica y Social, que expresa la presencia 26
El Estado en Bolivia no ha logrado culminar un proceso exitoso de construcción nacional-societal de sus instituciones que correspondan a las condiciones de un Estado Moderno. Su objetivo de mostrarse como una institución neutral que representa a la colectividad por encima de intereses particulares, sean de clase o étnicos, no ha tenido éxito. El proceso de monopolización al que hacíamos referencia para el caso de los estados modernos “exitosos” no pudo concretarse en la construcción de una comunidad nacional bajo códigos comunes de organización política y producción económica. Por consiguiente, tenemos un Estado que no asimila ni pone en práctica los contenidos de la modernidad que son, básicamente, el funcionamiento de una racionalidad burocrática y el desplazamiento de la lógica patrimonialista, familista, tan comunes a las formas de organización política previas al surgimiento del Estado moderno y que hoy siguen vigentes en Bolivia. 3. LA DEMOCRACIA MUNICIPAL COMO REFORMA DE DEMOCRATIZACIÓN Se ve en el Municipio el punto de partida de la institucionalización de la democracia, pues sería el escenario ideal para dar participación a todos en la gestión de un Gobierno (Barbery en SNPP 1997, Cit. Molina, 2002), y por tanto lograr su legitimidad. Además, permitiría romper la dicotomía periferia-centro (Bobbio, 1989) que se define a partir de la concentración de las decisiones en un solo lugar. Se argumenta, además, que la descentralización hacia lo municipal remite a la instalación de un poder visible que sólo puede darse en el ámbito local, pues el Gobierno local es como un ideal inspirado en el principio de que el poder es más visible cuando es más cercano a los ciudadanos. La visibilidad no depende
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de varios modos de producción pero con uno dominante. Además, contiene niveles de articulación: El capitalismo como lenguaje de la unidad jurídica; el ciudadano, del tiempo: la jornada de trabajo, y de la economía; la forma de producir. Lo abigarrado connota heterogeneidad estructural, donde no hay articulación de un eje dominante. Lo abigarrado es una Formación Económica Social con presencia de varias historias, culturas, estructuras de autoridad, lógicas donde el rasgo visible es la desarticulación. No sólo hay varios modos de producción, también fluyen tiempos históricos que se cruzan pero no se refieren a un transcurso del tiempo lineal, es un tiempo histórico definido por un modo de transformar la naturaleza y organizar la política. Como ahora en Bolivia, hay una persistencia de formas de producción ajena o en oposición al capitalismo. También hay formas de organización política anteriores y diferentes a la forma estatal, que mantienen lealtades a su mundo antes que al Estado o la nación.
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CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
únicamente de la presentación en público del que está investido de poder, sino también de la cercanía espacial entre el gobernante y el gobernado (Bobbio, 1989). Es entonces cuando el Municipio, como unidad política más cercana a la vida de la gente, se convierte en el eje de las relaciones y reivindicaciones sociales y políticas (Carrión, 1999, Cit. Molina, 2002). Así, en el ámbito municipal, la democracia se tornaría más cotidiana, más visible y, por tanto, posible, No sólo para ejercer derechos, sino también para construir demandas y ejercer control social que permita a los ciudadanos incidir en el diseño de la política municipal. El ámbito del Gobierno local parece ser el terreno más fértil para renovar la relación entre ciudadanía e institucionalidad política (Calderón, 1998). Pero como primera observación tenemos que las condiciones favorables a la democracia mencionadas son una parte del ámbito local. La otra parte son los factores de la cultura política también presentes que pueden limitar su desarrollo. La municipalización se justifica en premisas teóricas o ideológicas que provienen de teorías sobre el Estado, la democracia y la dimensión territorial de la política. De aquí se origina la hipótesis de que la democracia es más participativa mientras más pequeño sea el locus (Sartori, cita, Vega, 1995). En cambio, mientras más grande es menos participativa, lo que quiere decir que hay una relación directa entre calidad de la participación y el tamaño del espacio. Por eso lo local (Vega, 1995) es visto como el escenario donde se cierran o achican las distancias entre gobernantes y gobernados, como el lugar donde el poder es más visible y “palpable” porque es más cercano a quienes lo constituyen (Bobbio, 1989). Según los teóricos de la política, la democracia tiene entonces mayores posibilidades de institucionalización en el espacio local, ya que solamente aquí puede darse una participación directa de sus miembros -los ciudadanos- en el control del Gobierno, en la identificación de sus problemas y en la búsqueda de soluciones (Bobbio, 1989). La municipalización tiene en el concepto de la participación popular el instrumento para establecer un nuevo modo de expresar la relación Estado-sociedad (Molina, 2002), que se refiere tanto al funcionamiento de sus instituciones políticas como a la formación de una nueva cultura política. Además, como dijimos, contiene elementos referidos o sostenidos en el concepto de la democracia, vinculados a su desarrollo e institucionalización. Es decir, en la medida en que hablamos de municipalización, entendemos que los principios y valores de la democracia están presentes como sustento ideológico, que inicialmente, tiene en la Ley de la Participación Popular a su instrumento legal y al Estado como su principal promotor institucional. Sobre la propuesta de descentralizar el Estado a través de la municipalización se identifican dos grandes premisas que avalan y dan legitimidad a su aplicación.
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Otra dimensión es la democratización como extensión de una serie de derechos y oportunidades que afecta a “subespacios” y actores diversos del Municipio. Por un lado, la hipótesis se refiere a que, desde espacios antes “excluidos”, los ciudadanos eligen, se organizan y tienen la posibilidad de buscar presencia en ámbitos de representación y toma de decisiones políticas. Por otro, busca un masivo proceso de “ciudadanización” que abarca al área rural (Ardaya, 1995, Cit. en Molina, 2002) como un proyecto de integración política a través del voto, que provoca una ampliación del radio de interpelación de la democracia representativa y un acercamiento de la rutina electoral al ámbito local. Como los ciudadanos, a su vez, requieren organizaciones que expresen y reconozcan sus intereses y sentimientos, la municipalización apunta también a crear condiciones para articular a los actores sociales en torno a los procesos políticos locales. Es la hipótesis que nos remite al funcionamiento y constitución de un sistema local de actores de la sociedad civil. En el contexto municipal, los actores no tendrían como referente de sus acciones elementos clasistas. Más bien, los guiarán vínculos de pertenencia a un lugar de residencia común y de representación de intereses comunes relativos a la vida cotidiana, a su base territorial, que genera un sentimiento común. En varias partes de su contenido, la Ley de la Participación Popular recoge el principio de la igualdad de oportunidades y pone énfasis en la participación de la mujer. Propone ampliar las formas de participación social, lo que significa involucrar a nuevos sectores y actores en los niveles de decisión política del Municipio, integrar la representación rural y la igualdad de género en la participación política. Se refiere a perfeccionar la democracia representativa (Art. 1, LPP) con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los ámbitos de representación (Art. 1, LPP, p.1-2). Instrumentos legales más recientes, como la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas han reforzado estos objetivos al establecer que las listas de candidatos en el ámbito municipal deben reflejar paridad entre mujeres y hombres.
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Una es la búsqueda de mayor eficiencia del papel del Estado, porque se parte de que es más fácil y efectivo actuar en un espacio estatal más pequeño, tanto para gobernantes como para gobernados. La otra, es que la democracia tiene en este ámbito la posibilidad de desarrollar una adhesión afectiva de la gente, puesto que hay posibilidad real de participar en decisiones del Gobierno local antes que en decisiones nacionales.
En el debate actual sobre la democracia, el respeto a la diferencia, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas están siendo resaltados como nuevos 29
CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
valores de la sociedad. La valoración de la diversidad étnica y cultural recibe un fuerte impulso de los movimientos sociales, ambientalistas e indígenas de diversas partes del mundo, junto a las políticas de países ricos y organizaciones internacionales de cooperación. En este ámbito, la Ley de la Participación Popular reconoce la Personería Jurídica de las organizaciones indígenas y comunidades en los municipios (Art. 1, LPP, p. 1-2). Sin embargo, a pesar del enfoque municipalista, aún persisten limitaciones que no expresan la condición multiétnica de Bolivia. Es el caso cuando se asume que los municipios se basan sobre la inclusión y el ejercicio del control social de “vecinos” también sobre la búsqueda y generación de ciudadanía anclada en el concepto liberal de un “ciudadano-un voto”, “un ciudadano igual al individuo”, y así se diluyen las lógicas colectivas subalternizadas, víctimas de la Ley de Participación que las incorpora en los términos monoculturales establecidos por el Estado y que no permiten la emergencia y expresión de otros elementos constitutivos de actores socio-políticos que habitan el escenario municipal. 4. REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2004 Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, fue precedida por la construcción e imposición de los movimientos sociales de una “Agenda Nacional”, a la que desde tierras bajas las movilizaciones indígenas contribuyeron con la demanda de refundación del Estado a través de la Asamblea Constituyente. Esta demanda fue posicionada en el escenario político en 2002 con la marcha liderada por los pueblos indígenas de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y mojeños de Beni. Posterior a los sucesos de octubre, las fuerzas conservadoras articuladas en los comités cívicos de tierras bajas lograron imponer una nueva demanda a través de la organización de un Cabildo cuyo planteamiento central fue instaurar las autonomías departamentales. Para el cumplimiento de las demandas tanto de octubre de 2003 (Asamblea Constituyente del movimiento indígena), como de enero de 2005 (Autonomías departamentales del movimiento cívico), era necesario dotarse de un marco jurídico constitucional que contemplara nuevos mecanismos de democracia que permitieran su ejecución. En este sentido, en 2004 se asumieron dos medidas que marcarían el curso de los sucesos de los siguientes años: el primero fue la reforma constitucional de 2004, en la que se incorporaron mecanismos de democracia participativa como el Referéndum y la Asamblea Constituyente. El segundo, lo constituyó la promulgación de la Ley de Agru30
paciones Ciudadanas y Pueblos indígenas que arrebató a los partidos políticos la exclusividad de la representación política e incorporó a los pueblos indígenas y sus estructuras como sujetos político-electorales.
Las reformas de democratización del nuevo siglo se empezaron aplicar con resultados. Con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, las elecciones municipales de 2004 marcaron el nacimiento de agrupaciones ciudadanas, algunas de ellas con rostros nuevos en la política y, también, con caras viejas en el intento de reciclarse con nuevas siglas y colores, pero con viejos discursos. Los que marcaron una verdadera novedad en este proceso fueron los pueblos indígenas y originarios, aunque con escasos resultados positivos. Esos resultados destacables constituyeron la opción del pueblo indígena mojeño en su participación en el Municipio de San Ignacio de Mojos, en el Departamento del Beni, cuyos resultados serán analizados más adelante. Con los resultados de las elecciones de 2005 parecía que el “empate” se había dirimido a favor del Movimiento Al Socialismo MAS 4 , partido de Evo Morales que logra un histórico respaldo electoral. Sin embargo, a pesar de esta contundente victoria, el MAS no logró controlar las prefecturas de los departamentos, en especial, las de tierras bajas. Desde estos espacios que se encuentran en manos de la oposición partidaria (PODEMOS) y a la cabeza de la opción institucional (Comité Cívico) se re articularon las fuerzas conservadoras en la denominada “Media Luna”. Por otro lado, la fuerza mayoritaria tampoco logró controlar la Cámara Alta del Parlamento, lo que llevó a la necesidad de negociar con la oposición cada norma que se intentaba promulgar. La Ley Especial de Convocatoria 4
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La reforma al Artículo 4º de la CPE de 2004, llevó a que inmediatamente el Presidente Constitucional de entonces -Carlos D. Mesa- echara mano del Referéndum para tomar una decisión sobre el destino del gas, en cumplimiento de uno de los puntos de la “Agenda de octubre”, con preguntas dirigidas a orientar las respuestas y los resultados de la ciudadanía. Algunos analistas coincidían en que las fuerzas sociales y políticas se encontraban en un virtual empate y que el desenlace de ese denominado “empate catastrófico” podía desencadenar en una guerra civil si no se generaban los canales democráticos necesarios para su resolución.
Partido que llevó a Evo Morales Ayma a Diputado en dos oportunidades y a Presidente de la República el año 2005 con el 53.7 % de votos a su favor.
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CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
de la Asamblea Constituyente, fue fruto de una negociación en la que las fuerzas de oposición hábilmente lograron insertar en la Ley dos aspectos que definirían la suerte de la Asamblea Constituyente: por un lado, el sistema de elección de constituyentes garantizaría la presencia de las minorías y evitaría que una fuerza lograra una abrumadora representación; por otro, las decisiones de la Asamblea Constituyente deberían tomarse a través de los dos tercios de votos de los asambleístas. Con esto, las fuerzas conservadoras lograron imponer a las minorías sobre las mayorías presentes en la Asamblea Constituyente, porque sin las minorías sería imposible avanzar en la aprobación de artículos. Con estas negociaciones, la derecha que parecía totalmente derrotada, empezó a rearticularse bajo la bandera de las autonomías departamentales. La demanda de refundación del Estado a través de la Asamblea Constituyente impulsada por los movimientos sociales se convirtió en blanco de una estrategia orientada a detener el proceso de cambio, vía Asamblea Constituyente. Las demandas históricas de los pueblos indígenas y campesinos quedaron momentáneamente paralizadas y los grupos de poder de tierras bajas empezaron a imponer la Agenda Nacional y establecer los tiempos políticos a través de la realización de un Referéndum para aprobar un Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, el cual carecía de legalidad y vulneraba los derechos de los pueblos indígenas conquistados en los últimos 20 años. Las organizaciones indígenas por su parte, amparadas en la legislación vigente, como los Artículos 1º y 171 de la CPE (2004), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, sancionada por el Parlamento como Ley de la República el 7 de noviembre de 2007, iniciaron también la construcción de sus autonomías indígenas, declarándose en el ejercicio de su autodeterminación como territorios indígenas autónomos. 4.1 Asamblea Constituyente 2006 El planteamiento de la Asamblea Constituyente puso en escena a dos bloques en disputa por la hegemonía política: el primero, compuesto por los movimientos sociales y sus aliados políticos que llegaron al Palacio de Gobierno. El otro, integrado por gremios empresariales y cívicos que mantenían su fuerza en tierras bajas y en la Cámara Alta del Parlamento. Ambos bloques convocaron para el 2 de julio de 2006 la elección de asambleístas, cuyas deliberaciones empezarían a partir del 6 de agosto del mismo año y durarían hasta la misma fecha de 2007. La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, como fruto de una negociación con las fuerzas conservadoras en el Parlamento, estableció una modalidad de distribución de los constituyentes electos
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que garantizó la presencia de las minorías5 y evitó que una sola fuerza política pueda obtener por sí misma los dos tercios de los votos que se requieren para la aprobación de la nueva Carta Magna 6 .
Se eligieron 255 miembros de la Asamblea Constituyente, que a partir del 6 de agosto de 2006 tenían la misión de debatir, consensuar y aprobar un nuevo texto constitucional como resultado de un pacto social entre las diferentes fuerzas sociales, políticas, económicas y regionales de Bolivia presentes en el escenario constituyente. Sin embargo, ello se ha ido desarrollando con muchas dificultades en un contexto de polarización y de violencia, aprobándose un texto en diciembre de 2007 que necesitó cuatro meses más de negociación y de enfrentamientos para llegar a un acuerdo previa modificación del proyecto vía el Parlamento. En diciembre de 2007 se aprobó el proyecto de constitución en la Asamblea Constituyente que se había trasladado a la ciudad de Oruro porque en Sucre la oposición no permitía sesionar. A partir de este momento se establecen varios escenarios de diálogo entre prefectos, cívicos y Gobierno, opositores y oficialistas en el Congreso. El desenlace llevó a la Asamblea a someterse a los poderes constituidos, lo que evidenció que nunca fue originaria, como planteaban los movimientos sociales. La asamblea convivió con el poder constituido, que la permeó hasta el final. Además, develó lo “sui generis” del proceso boliviano a diferencia de otros que se han vivido en América Latina. 5
Sobre la Elección de Constituyentes, el Artículo 14º de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente LECAC, establece: I. 210 constituyentes serán elegidos en las 70 Circunscripciones aprobadas por la Corte Nacional Electoral para la última Elección Nacional. Tres en cada una de las Circunscripciones, dos por primera mayoría y uno por segunda mayoría. II. 45 constituyentes serán elegidos, cinco por cada circunscripción plurinominal departamental de la siguiente forma: Dos constituyentes para la mayoría, Un constituyente para la segunda fuerza, Un constituyente para la tercera fuerza y Un constituyente para la cuarta fuerza. En caso de que la tercera y / o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual o mayor al 5% de los votos válidos, los constituyentes restantes se repartirán entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo mayor que éstas obtengan. 6
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El 2 de julio de 2006 se realizó la votación para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente y el plebiscito para el Referéndum vinculante por autonomías departamentales. En lo referido a la Asamblea Constituyente, se eligieron 45 Asambleístas Plurinominales o departamentales (5 por cada uno de los 9 Departamentos) y 210 Asambleístas Uninominales (3 por cada una de las 70 Circunscripciones Uninonimales).
El Art. 25º de la LECAC, establece: “La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia con lo establecido por el Título II de la Parte IV de la actual Constitución Política del Estado”.
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Desfile de los representantes del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos 2008.
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Foto: Pedro Nuni
CAPÍTULO I - La cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia
Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL BENI De 34 pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, 16 están asentados en el territorio del Departamento del Beni. Se calcula una población de origen indígena entre 50.000 a 100.000 personas, dependiendo de su ubicación; sin embargo, se puede decir que representan aproximadamente un 40% de la población total del Departamento. A continuación presentamos un cuadro que muestra a los 16 pueblos de acuerdo a su población, ubicación por Municipio y la organización regional a la que pertenece. Pueblos indígenas de Beni Población7, Ubicación por Municipios y Organización de Pertenencia
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CAPÍTULO II
La cantidad de población total que se presenta no corresponde a la población indígena que se encuentra en el Departamento debido a que muchos pueblos exceden los límites del Departamento, tal el caso del pueblo tacana, yuracaré, esse ejja y cavineño.
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CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
Como puede apreciarse, la población indígena mayoritaria en el Departamento corresponde al pueblo mojeño, con más de 43 mil habitantes; mientras que el pueblo indígena con menor número de integrantes, corresponde al pueblo Moré, con sólo 394 habitantes. Por otro lado, el cuadro muestra que todos los municipios, con excepción de Guayaramerín, cuentan con población indígena. Finalmente, de Beni son tres las Regionales que aglutinan a las diferentes organizaciones indígenas del Departamento: La Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central Indígena Regional de la Amazonia Boliviana (CIRABO), las que a su vez, forman parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), sólo el Consejo Chimán no se encuentra afiliado a ninguna regional y participa de forma directa en la CIDOB. 1.1 Indígenas en los municipios Los Municipios en el Beni son actualmente 19 y tienen una trayectoria histórica diferente, según Molina (2002) podemos clasificarlos en tres grupos: a) Municipios con influencia de origen misional, b) Municipios con influencia del auge de producción de la goma y c) Municipios creados por el Estado. Al primero corresponden los 8 Municipios que tienen población y pueblo de las misiones jesuíticas: Trinidad, San Javier, Loreto, San Ignacio, San Ramón, San Joaquín, Magdalena, Santa Ana, Baures, Reyes y San Borja. A la etapa gomera corresponde Riberalta y Guayaramerin; y al tercer grupo, San Andrés, Puerto Siles, Huacaraje, Rurrenabaque y Santa Rosa. Son diferentes en extensión territorial, tamaño poblacional y diversas perspectivas de autosostenibilidad. Solamente dos Municipios, Exaltación y Huacaraje surgen después de la Ley de Participación Popular, cuando se crean nuevas secciones en las Provincias Yacuma e Iténez. La tradición andina de fragmentar los territorios en secciones y cantones no es una práctica en el Departamento de Beni, aunque surgen demandas de creación de nuevas secciones -caso San Pablo, TIPNIS y Yucumo- las cuales no son factibles actualmente por diversos factores. El Municipio más grande en población es Trinidad y el más pequeño Puerto Siles. La capital Municipal que concentra la mayor población es también Trinidad, con 80.000 habitantes que corresponden al 30 % de la población total del Departamento. A la inversa, la capital que tiene la menor cantidad de habitantes es Puerto Siles, con solamente 116 habitantes (Molina, 2003). El idioma no puede ser la variable para reconocer la presencia de pueblos indígenas o la vigencia de una identidad indígena “pura”. Más aún, tomando en cuenta el impacto de la escuela y la iglesia 36
en la desaparición de los idiomas nativos, apoyados en prejuicios. Prueba de ello es la siguiente correlación: a mayor tiempo de presencia de la escuela y de la iglesia católica entre pueblos indígenas, menor uso del idioma propio y, al mismo tiempo, mayor población alfabetizada.
No obstante la división territorial de los Municipios que toma en cuenta la Sección de Provincia, las comunidades que ahora están asignadas a otros Municipios siguen remitiéndose al centro urbano donde siempre lo hacían (Molina, 2001). A través de la municipalización se observa que se están integrando nuevos factores de articulación política8 que, sin embargo, están reforzando las relaciones y lógicas de acción de los actores locales con respecto a estos espacios y territorios locales y no a los municipales. Desde nuestro punto de vista, uno de los criterios básicos en el análisis de la calidad de Municipio viable en el Beni es verificar si éste contiene o no una sociedad local. Dicho de otra manera, los municipios que no se constituyen sobre la base de una sociedad local no tienen perspectivas de avanzar hacia un desarrollo de la autonomía, en el sentido de capacidad de existir por cuenta propia. Estos municipios, por otro lado, tienen como salidas la adhesión a la forma de mancomunidad o la fusión a otro con la consecuente desaparición. San Javier, Loreto, San Andrés y Puerto Siles, corresponden al tipo de Municipio que debe tomar alguna de las opciones señaladas. Excluyendo a Puerto Siles, que se integra a la dinámica territorial de San Joaquín, los otros municipios se articulan a la dinámica socio-territorial del Municipio de Trinidad; su capital, a tal extremo que sus principales actores políticos, los gobiernos municipales y los comités de vigilancia, tienen sedes en la capital y sus principales representantes viven en ella. 8
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Idiomas indígenas de Beni por municipios
Ver la investigación de Molina, Wilder, Sociedad Local y Municipios en el Beni, PIEB, 2001.
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CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
1.2 Población y territorios indígenas
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En Beni existen 19 Tierras Comunitarias de Origen TCO. Todos sus municipios tienen uno o incluso más de dos (ver mapa 1). Sin considerar las nuevas demandas, las TCO ocupan el 31.32 por ciento del territorio departamental. En tanto propiedad de tipo colectivo tienen como titular legal a la organización representativa del área, que a su vez se afilia a una de las tres organizaciones regionales de los pueblos indígenas de Beni: la CPIB, la CIRABO y la CPEM-B. Hasta ahora, solamente 4 TCO tienen algún plan de desarrollo, pero su articulación a la planificación municipal es muy débil, Esto se debe a que no tienen experiencia técnica en la gestión municipal que les permita negociar una mejor distribución de proyectos con los gobiernos municipales. Otro obstáculo es la centralización urbana en las inversiones. Así se evidencia que detrás del enfoque municipalista está presente la idea de “vecindad” entendida como el habitante y estante del centro urbano, en desmedro de la ruralidad y sus sujetos para que puedan constituir un Municipio. Mapa 1
Tierras Comunitarias de Origen
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Internamente, las TCO tienen un sistema político que articula espacios de decisión a partir de las representaciones de las comunidades que configuran el territorio indígena. Se reúnen periódicamente en los denominados “Encuentros de Corregidores” y tienen un nivel ejecutivo de la organización territorial, en la mayoría de los casos denominada “Sub Central”. Opera entre ellos, un sistema político sin injerencia del Estado, es decir, la propia sociedad civil crea su institucionalidad política. Cabe preguntarse ¿Qué pasaría si estos espacios territoriales son incorporados en la estructura estatal como entidades autónomas?, ¿Qué ocurriría de aprobarse e implementarse la Nueva Constitución Política del Estado?, lo que indica que se producirá un proceso de “estatización” del sistema político, emergiendo una división entre sociedad civil y política. Tal situación, no ha sido abordada por los indígenas en cuanto a sus implicancias, beneficios y problemas, a la hora de plantear las autonomías indígenas en el marco de la Asamblea Constituyente.
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De acuerdo a la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades, determinadas áreas indígenas pueden convertirse en Distritos Municipales Indígenas9 , lo que a su vez, genera un tipo de representación administrativa ante el Gobierno Municipal. La distritación es un mecanismo de descentralización al interior de los municipios, donde los Distritos Indígenas se convierten en Unidades Administrativas Municipales con un Subalcalde, y gradualmente deben gestionar proyectos y recursos. Sin embargo, al concebir la distritación dentro del marco del ámbito municipal, ésta no podrá desarrollarse fuera de estos límites, lo que no corresponde a la realidad de las demandas de TCOs que en el mayor de los casos sobrepasan los límites municipales, provinciales e incluso departamentales. CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
En Beni actualmente existen siete Distritos, lo que no asegura el funcionamiento y cumplimiento de acuerdos del Gobierno Municipal a los fines que definen aquellas leyes. Son Distritos que también fueron creados con el incentivo institucional del proyecto de gobierno, pero su funcionamiento, una vez creados, queda a cargo de los actores locales. La base territorial de los Distritos Municipales Indígenas son las TCOs en cada caso específico, sus límites varían de acuerdo a la extensión y pertenencia municipal, ya que existen TCO que corresponden a dos o más municipios. El principal instrumento de relación con los Gobiernos Municipales son los Planes de Desarrollo Distrital Indígena (PDDI) y actualmente emerge el Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), como otra herramienta de planificación. No obstante, la formación de Distritos y los PDDI, los gobiernos municipales no priorizan la inversión en las áreas indígenas. La población indígena rural es la que presenta los indicadores sociales más deficientes en comparación con otros grupos poblacionales de los municipios. Tampoco ha mejorado la representación de las demandas indígenas ya que los Subalcaldes, si bien son nombrados por las comunidades, tienen funciones limitadas. El Municipio de San Ignacio de Mojos, actualmente, cuenta con tres Distritos dentro los límites de TCO, La conformación de estas unidades denominadas “Distritos Indígenas” son el fruto de una estrategia diseñada por la Coordinadora de los Pueblos Indígenas Mojeños (COPIM), que 9
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Ni la Ley 1551 de Participación Popular, ni la Ley 2028 de Municipalidades, contemplan la figura de Distritos Indígenas, la Ley de municipalidades contempla la creación de estas unidades sólo como Distritos Municipales.
2. NUEVAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS La organización indígena de los pueblos mojeños ha experimentado dos transformaciones orgánicas muy visibles. La forma organizativa del período pre colonial, basada sobre la composición de liderazgos y estructuras orgánicas de tipo nuclear, fue transformada de manera forzosa en el período misional, introduciendo el Cabildo español como la nueva estructura. En muchos casos, aún se respetan las antiguas autoridades y se incorporan a la nueva estructura organizativa. (Ávila, 2006: 24, 25)
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en el marco de la defensa de los límites departamentales con Cochabamba, planteó la declaración de todo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como Distrito Indígena, en el mismo sentido, ante los límites poco claros entre los municipios de Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Mojos -que mantenían una larga disputa entre las comunidades del río Apere pertenecientes a la TCO TIM 1- se logró convencer al Concejo Municipal de San Ignacio de Mojos sobre la necesaria y estratégica declaración de las TCO mojeñas en Distritos Indígenas, declarándose el TIM 1, el TIPNIS y también el TIMI -que no se encontraba en ningún límite pero era parte de la negociación conjunta de la organización indígena- en los primeros Distritos Indígenas del Departamento.
Los Cabildos Indigenales se mantienen hasta la actualidad. Generalmente sus funciones y actividades se circunscriben a la celebración de las festividades religiosas. Sin embargo, la emergencia de los pueblos indígenas en ámbitos sociopolíticos -las demandas de tierra y territorio, educación, salud, desarrollo económico, entre otros lleva a los pueblos indígenas a incorporar 41
estructuras que les permitan darle funcionalidad a sus nuevos planteamientos. De esa manera, nacen las Subcentrales Indígenas como una nueva forma de organización indígena que coexiste y busca fusionarse con los Cabildos Indigenales, constituyéndose en la segunda transformación orgánica.
CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
2.1 Cultura política y nuevas formas de organización indígena
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En el caso de los mojeños de San Ignacio, la nueva estructura organizativa (la Subcentral, conformada en 1986) juega un rol fundamental en la realización de la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” de 1990, con la que este movimiento, en su primera etapa de emergencia, tuvo dos alcances visibles. Por una parte, transformó las formas de organización política y liderazgo al interior de las sociedades indígenas. Por otra, incidió en el ámbito de la cultura política, dando a su acción colectiva una función de circulación de valores y sentidos alternativos sobre temas y objetos políticos (Molina, 2002). Este movimiento, emergió como una lucha simbólica para desplazar o cuestionar otros valores dominantes, a partir de los cuales se organizan las posiciones e intereses de los miembros de la sociedad respecto a ellos. Fue un instrumento social de lucha para imponer definiciones de valores y creencias. No buscó necesariamente de búsqueda de resultados tangibles. En este proceso, al menos durante la marcha indígena, los medios de comunicación se convierten en canales importantes de recepción, re significación y difusión de estos discursos hacia la sociedad. A decir de Barbero (2001, Cit. en Molina, 2002), lo que demandan los nuevos movimientos sociales y las minorías -como las mujeres, los jóvenes o los homosexuales-, no es tanto ser representados, sino, reconocidos: hacerse visibles socialmente en sus diferencias. O sea, se remiten a la cultura política, pues esa categoría apunta a las formas de intervención de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores y del propio sistema político. Aquí nos parece oportuno rescatar la noción de politización (Tapia, 1996), que involucra contenidos que buscan adquirir un sentido político que, además la tomamos como un producto específico de la emergencia de un movimiento social y su lucha política, al menos en la dimensión que corresponde a un reajuste en los universos políticos en juego durante el proceso. La politización es un proceso de generación de sentido, es potenciar una dimensión política a prácticas y ámbitos que no tenían. O, simplemente es generación de nuevas prácticas. Politización como extensión y como intensificación, es un proceso de semantización y resemantización, es cargar de sentido político a las cosas.
Entre las diferencias más sobresalientes entre el movimiento de la Loma Santa y la marcha indígena, señala: La marcha tiene una composición heterogénea que involucra a otros pueblos indígenas, no solamente mojeños. Esto implica la articulación con otros sistemas culturales, aunque, entre sus miembros, existe una predominancia de actores mojeños. Mientras el movimiento milenarista busca clandestinizarse y se desarrolla en silencio con la lógica de la retirada, las acciones y discursos de la marcha se hacen públicos a través de los medios de comunicación, buscan al Estado y la participación política, que además, le favorece en un logro adicional de legitimidad. La búsqueda de la Loma Santa, propone una autonomía absoluta y una diferenciación radical frente a la “sociedad nacional”, Al contrario, la marcha busca el reconocimiento de derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, reconoce al Estado como interlocutor de sus demandas indígenas (Lehm, 1999). Los trabajos de Lehm son un aporte más importante para comprender las formas tradicionales de resistencia con relación al movimiento indígena contemporáneo y sus contenidos. Este investigador ponen énfasis en las acciones colectivas de los grupos mojeños y, particularmente, en el escenario vinculado al eje Trinidad-San Ignacio-Isiboro Sécure. La emergencia y trayectoria del movimiento indígena de las tierras bajas en las acciones de los pueblos indígenas de Beni, son estudiadas por Molina (1997) desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales. Este movimiento emerge por la presencia de una serie de factores externos e internos que facilitan su aparición, evolución y desarrollo. Por una parte, coadyuvan a este proceso las condiciones favorables coyunturales (Melucci, 1987, Cit. Molina, 2003) que inciden en el funcionamiento de un sistema político predispuesto a la “filtración” (Melucci, 1987) de nuevas demandas. En este sentido, nombramos principalmente al funcionamiento de la democracia, las reformas políticas y el auge etno-ecológico a nivel internacional. Destaca como una condición favorable el funcionamiento
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Z. Lehm (1999) analiza la relación del movimiento de la Loma Santa con formas de luchas sociales recientes, de “nuevo tipo”, que llevan adelante los indígenas de Beni, como es el caso de la “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”. La autora concluye que, lejos de ser excluyentes o estar insertos en un proceso de evolución líneal, de lo tradicional a lo moderno, ambos movimientos, manteniendo sus diferencias, se complementan en las luchas contemporáneas que impulsan los mojeños junto a otros pueblos indígenas.
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de una red de ONG cuyo principal miembro y actor, al mismo tiempo, operaba desde Trinidad. No obstante estas condiciones externas, la emergencia no hubiese sido posible, en ese momento, sin la presencia de conflictos en los espacios de ocupación indígena a raíz de la presencia de empresas de explotación maderera. Sin embargo, este movimiento tampoco se hubiese desarrollado sin la existencia de condiciones inherentes y pre-existentes a sí mismo, principalmente la formación de organizaciones propias, el funcionamiento de una red de pertenencias y solidaridad, la existencia de un grupo coordinado de líderes propios movilizados y preparados para actuar en diferentes campos de acción (Molina, 2002). El movimiento indígena, pese a contener diversos actores en su interior y reivindicar la heterogeneidad étnica como un valor, constituye una identidad colectiva manifiesta cuya estrategia y eje de acción gira alrededor de la demanda de reconocimiento legal de territorios (Molina, 1997). En este proceso, la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” es la acción colectiva más importante porque determina que la demanda de reconocimiento de territorio se convierta en el eje articulador del movimiento. En efecto, para el autor, aunque la movilización emerge con reivindicaciones específicas surgidas en espacios indígenas de Beni, en la marcha a La Paz otros pueblos indígenas insertan sus demandas específicas. Al final, el reconocimiento de territorio se convierte en la demanda principal del movimiento, en torno al cual se producirá la integración simbólica de sus miembros (Revilla, 1994, Cit. Molina, 2003). La relación con las misiones o, en todo caso, con lo religioso-cristiano de los pueblos indígenas de Beni es un elemento que da cuenta de la situación actual de los pueblos indígenas respecto a su relación con lo urbano, a su presencia o no presencia en los pueblos, a las características y componentes de las identidades étnicas actuales, a la influencia de la ideología del Estado en las culturas indígenas. Vamos a destacar algunos casos específicos referidos a los idiomas y la presencia de la escuela como mecanismo de socialización de la ideología estatal. Los pueblos indígenas de Beni forman comunidades a orillas de ríos e islas de bosques, pero además, parte de sus miembros residen en las ciudades, son habitantes urbanos y en algunos pueblos constituyen la población mayoritaria. Los que tienen presencia en los pueblos y ciudades son justamente miembros de pueblos indígenas que formaron parte de las misiones religiosas.
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Para abordar el surgimiento de las nuevas organizaciones indígenas en el Beni, necesariamente focalizaremos los procesos de los pueblos mojeños que se vinculados a la ciudad de Trinidad. En este sentido, la conformación de las nuevas estructuras orgánicas de los pueblos indígenas mojeños es asistida por un conjunto de factores en distintos ámbitos. En el ámbito local, señalaremos por un lado los procesos de urbanización indígena en Trinidad, que conllevaron un conjunto de problemas que impulsaronn procesos de estructuración orgánica indígena. Por otro lado, la afectación directa de las empresas madereras hacia las comunidades mojeñas del área denominada en aquel tiempo “Bosque de Chimanes”, obligó a que estas comunidades se organizaran y movilizaran. En el ámbito nacional, la caída del movimiento obrero legitimada por el Decreto Supremo 21060 que dejó un vacío que posteriormente llenaron los nuevos movimientos sociales. En el ámbito internacional, los movimientos ecologistas e indianistas establecieron a través del Convenio 169 de la OIT condiciones favorables para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. 2.2 La Central de Cabildos Indígenas Mojeños (CCIM)
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La relación con las misiones entre los pueblos indígenas es un elemento central para analizar las formas de acción y los discursos actuales de los diversos actores de los movimientos indígenas, es esta relación la que nos tiene que dar la pauta para comprender elementos y contenidos de los discursos políticos expresados durante la marcha y en las acciones colectivas posteriores de las organizaciones indígenas de las tierras bajas. Explican las diferencias entre líderes de uno y otro pueblo, la tendencia a la preeminencia de un discurso con valores católicos expresado por los mojeños, como el discurso más visible con aspiraciones de convertirse en el lenguaje oficial del movimiento, pero que al mismo tiempo muestra una necesidad de posicionamiento político de vanguardia de este grupo frente a los otros. Al respecto ya se ha escrito sobre los desprecios escalonados, la estratificación interna y la reproducción de un criterio de diferenciación que opera en “efecto dominó”, desde lo más dominante hasta lo más dominado, en términos de miradas del otro. Un tema que el idealismo de los teóricos y aliados de los movimientos indígenas ha querido mostrar como resuelto.
El 7 de marzo de 1987, indígenas urbanos mojeño-trinitarios organizaron el Primer Encuentro de Autoridades Mojeñas, donde fue creada la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM), primera organización de los mojeños asentados en Trinidad y de las comunidades cercanas a la capital.
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El proceso de formación de la nueva organización se había iniciado con el impulso de indígenas mojeños que anteriormente habían participado en actividades del Cabildo Indígena de Trinidad y en la Junta Vecinal del Cabildo, ambas ubicadas en una zona de habitantes indígenas. Para apoyar este proceso se sumaron, ese año, la ONG Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI) y la CIDOB formada en 1982 en la ciudad de Santa Cruz (W. Molina, 2004).
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Creada la CCIM en Trinidad, las visitas de dirigentes a las comunidades facilitaron la integración de nuevas organizaciones intercomunales conformadas con el impulso del movimiento emergente. Los años previos a la marcha fueron de gran actividad orgánica. La formación de una organización en San Ignacio de Mojos y otra en el Isiboro Sécure, se destacaron como los principales resultados de este proceso. Sin embargo, la emergencia y organización de las comunidades del Bosque de Chimanes (actualmente Subcentral TIM) no fue fruto de la intervención de la CCIM, podríamos decir que en San Ignacio confluyeron simultanemente, por un lado, la CCIM impulsó la constitución de la Subcentral de San Ignacio, mientras que las comunidades de Bosque de Chimanes, se movilizaron y organizaron por sus problemas originados por la presencia de las madereras en sus bosques y ríos, creada la Subcentral de San Ignacio, ésta asumió inmediatamente la emergencia de las comunidades y terminó como su interlocutora. “Un día llegaron a nuestros chacos unas personas a nombre de una empresa maderera haciendo picada por el monte, diciendo que todos los árboles maderables le pertenecían a la empresa para la que ellos trabajaban, que el Gobierno se las había vendido. Estos trabajadores con sus puentes locos, tapaban nuestros ríos, que eran el principal medio de comunicación que teníamos. También envenenaban a nuestros peces con la madera de Ochoó que metían a los ríos. Fue en esos tiempos que nos juntamos con otras comunidades vecinas y decidimos conformar una comisión y mandarla al pueblo para que resolviera estos problemas. Recuerdo que nos dieron pa nuestro tapeque, calculando que en cuatro días se iba a resolver el problema. No sabíamos que lo que estaba pasando en nuestras comunidades era la punta de un hilo de largo ovillo, pasaron los años y coincidieron nuestras preocupaciones con la conformación de la Subcentral de Cabildos indigenales de San Ignacio. Y como ya saben, tuvimos que marchar hasta la Sede de Gobierno de la ciudad de la Paz y ni siquiera ahí se resolvió del todo nuestro problema” (Entrevista a Marcelino Chávez, 2004).10 10
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Ex dirigente comunal de la comunidad San José del Cavitu, quien formó parte de la comisión de las comunidades de Bosque de Chimanes el año 1985.
2.3 La Central de Pueblos indígenas del Beni (CPIB)
Creada la CPIB, se clarificaron las metas y objetivos del movimiento indígena beniano. A la vez, se dotó de alcance regional a la nueva organización. Asimismo se decidió generalizar en todo Beni la lucha indígena por los territorios. La meta de unificar a los pueblos indígenas en una organización matriz se había logrado en parte. Por su parte, las comunidades mojeñas del Bosque de Chimanes se encontraban envueltas en una serie de conflictos generados por las empresas madereras, situación que fue asumida por la naciente organización de San Ignacio de Mojos, la Subcentral de Cabildo Indigenales de San Ignacio. Los problemas de Bosque de Chimanes hacen eco con otras organizaciones, como el Consejo Sirionó y la Subcentral del Parque Nacional Isiboro Sécure. Después de variados intentos de resolución de estos conflictos, en agosto de 1990 los pueblos indígenas aglutinados en la CPIB decidieron iniciar una marcha que se constituiría, a la postre, en un hito en la historia del movimiento indígena boliviano. Veamos cómo se da ese encuentro… … Nos dijimos ¿Por qué no denunciamos lo que está sucediendo en el Bosque de Chimanes? Cuando vimos a la Alcaldesa llegar a su oficina, ya nomás entramos “¿Qué dicen?” dijo ella, y Adhemar Chori respondió: “Mire señora, tenemos un problema con el Bosque de Chimanes. Los madereros están sacando la madera y quieren desalojar a nuestros hermanos. Nos preocupa que desde hace tantos años sacan madera y no dejan nada para nosotros, nadie les dice ni les hace nada”. “Bueno ya que ustedes están aquí, cómo quieren que los apoye”, dijo ella. “Mire, -le dijimos-, queremos una reunión con todas las comunidades que hay dentro del Bosque de Chimanes. (Marcelino Chávez, 2004).
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Los fines por los que se creó la CCIM fueron limitados en objetivos y representatividad, ya que solo se referían al pueblo mojeño. Por otro lado, al carecer sus demandas de orientación y metas políticas concretas, sus acciones se orientan a resolver problemas y necesidades inmediatas de la población indígena radicada en Trinidad (W. Molina; 2004). El 10 y 11 de noviembre de 1989, la CCIM organizó el Primer Congreso de Cabildos Indigenales y Pueblos Nativos del Beni, donde más de 80 delegados de 18 pueblos indígenas decidieron conformar la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB.
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La iniciativa de organizar el Primer Encuentro de Autoridades Comunales de lo que se llamaba Bosque de Chimanes surgió de la comisión que enviaron por las comunidades afectadas por la acción de las madereras. Veamos cómo continúa el trabajo de la Comisión.
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Yo los apoyo ya que ahora mi esposo es Ministro de Información. Bueno, pero primero por qué no se van donde Antonio Coseruna, dice que ya hace una semana que está posesionado como Presidente de la Subcentral de San Ignacio de Mojos”. Entonces ella ya nos indicó quién también nos podía colaborar. “El es un dirigente de la Sub Central, por qué no van y lo buscan, entonces yo también los voy a ayudar, dijo. “Hagan una circular”, pero qué sabíamos nosotros qué era una circular, cómo la íbamos a hacer, entonces ella dijo: “Es como una carta para enviar a cada Corregidor de cada comunidad, indicando dónde va a ser la reunión, el encuentro y la fecha”, y así lo hicimos. Ese primer día estuvimos cinco compañeros, al otro día ya éramos tres, y al final quedamos dos nomás y fuimos los dos, los que luchamos hasta que llegó el Encuentro. Mi mujer era la que nos acompañaba, de noche yo me ponía a escribir en las hojas del cuaderno de mi hijo, se las iba sacando una a una, y con su lápiz y lamparinita escribí… a la única comunidad que nunca le llegó nuestra circular fue a Mercedes del Apere. Eso ocurrió el año 85. (Entrevista a Marcelino Chávez, 2004). En este marco, los mojeños se han constituido en el puntal de avanzada del movimiento indígena de la Amazonia boliviana, adopta la marcha como su principal medida de presión, que según Lehm, se relaciona con las movilizaciones milenarias de los pueblos indígenas mojeños en busca de la “Loma Santa”. Su plataforma apuntala dos temáticas centrales e interrelacionadas: la búsqueda del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, territorio y los recursos naturales y la búsqueda de su reconocimiento en la plenitud de su ciudadanía. La “Marcha por el Territorio y la Dignidad” se constituye en la materialización del despegue del movimiento indígena en el oriente boliviano mostrando a nivel nacional la irrupción de un nuevo actor social11 y político que interpela al Estado nacional el reconocimiento formal de la diversidad cultural y con ello, el conjunto de derechos en torno a la tierra y los recursos naturales hasta entonces negados. Al mismo tiempo, simbólicamente expresó el encuentro intercultural que dio inicio a un nuevo tiempo, el tiempo de fusión de lo andino y lo amazónico, el cual se tradujo en la utopía del proyecto político de una Bolivia nueva y diversa.
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Wilder Molina lo tipifica como un nuevo movimiento social, por sus características de apuntar a cambios de valores y no a la toma del poder.
3. LA MARCHA INDÍGENA POR EL “TERRITORIO Y LA DIGNIDAD” Y SUS EFECTOS.
Con la creación de la CPIB en 1989, se ampliaron las metas del naciente movimiento indígena, a su vez que los dirigentes asignaron un alcance regional a su nueva organización. Se consideró representativa de los pueblos indígenas del Beni y adoptó como principal objetivo articular a todos ellos en torno a la CPIB (Molina, 1997, Lehm 1998). En el lapso 1987 y 1990, año de la marcha Indígena, se formaron además dos organizaciones nuevas que merecen una mirada específica, tomando en cuenta aquellos factores de relación misional e historia de los procesos de ocupación que identificamos antes. Nos referimos a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) con sede en Riberalta, norte de Beni, conformada por pueblos indígenas que fueron evangelizados por la Misión Evangélica Suiza y el Instituto Lingüístico de Verano, Mientras que los chimanes en la zona de San Borja -pueblo que también cuenta con el Gran Consejo Chimane, que nace en 1987-, fueron promovidos por los misioneros evangélicos de la Iglesia Nuevas Tribus. En San Ignacio de Mojos se fundó una nueva organización en 1986: La Subcentral Indígena de San Ignacio, en base a comunidades mojeño-ignacianas ubicadas cerca del centro urbano. A raíz de los conflictos emergentes en el Bosque de Chimanes por el ingreso de empresas explotadoras de madera, esta Subcentral articuló nuevas comunidades de mojeños, chimanes y yuracarés de aquella área. Desde entonces la Subcentral de San Ignacio se convirtió en la principal organización de defensa de las comunidades indígenas de la zona de Mojos, hasta la Marcha por el “Territorio y la Dignidad”. El principal dirigente de la nueva organización fue Antonio Coseruna, vecino de San Ignacio de Mojos, hijo de un cacique ignaciano, animador religioso del barrio Loreto, relacionado con la Iglesia y con experiencia como dirigente urbano. En 1986 dirigentes de la CCIM llegaron a San Ignacio para organizar una Asamblea con participación de indígenas urbanos y miembros de comunidades cercanas, que en conjunto deciden formar la nueva orga-
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Analizaremos con mayor detenimiento la marcha Indígena de 1990 por la significación socio-política y cultural, puesto que trastocó valores en la cultura democrática nacional y regional, en particular, En este período confluyen las organizaciones indígenas que en la actualidad son protagonistas de la vida política de Beni, descritos anteriormente.
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nización y elegir a Antono Coseruna como primer Presidente. Con la formación de la Subcentral, bajó el perfil de la Federación de Campesinos que existía en San Ignacio (Molina, 2003).
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La irrupción del movimiento indígena tuvo una serie de efectos y resultados concretos con relación a su propia composición, características, miembros y fisonomía al interior de las mismas organizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas. En el caso de Beni, uno de los efectos fue la articulación de las organizaciones de todos los pueblos indígenas en torno a las organizaciones de alcance regional, como son la CPIB y la CIRABO. Esta articulación culminó a cuatro años de la marcha, a través de procesos organizativos locales apoyados por la CPIB que dan como resultado la formación de organizaciones intercomunales de nuevo tipo. Actualmente no existe un pueblo indígena del Beni que no tenga una organización propia o forme parte, junto con otros pueblos indígenas, de alguna organización intercomunal. En general, estas organizaciones se denominan Subcentrales y aglutinan a determinado número de comunidades, adscritas ya sea por estar ocupando una unidad geográfica o por afinidad étnica. Otro efecto al interior del movimiento fue la ampliación de la legitimidad interna de la CPIB, la CPEMB, la CIRABO y CIDOB, en tanto éstas fueron reconocidas como organizaciones representativas de los pueblos indígenas de las tierras bajas, en particular del Beni. La formación del movimiento indígena en el proceso de la marcha indígena de 1990, fue también un proceso de construcción de un discurso en el cual se involucraron, gradualmente, diversos pueblos indígenas. Además, a organizaciones privadas (ONGs) y personas. Aunque los discursos de los líderes defiendían una permanente autonomía e independencia, sobre todo frente a los partidos, era indudable que la red de organizaciones acompañantes e involucradas en este proceso también extendieron su influencia en las definiciones de sentidos y valores, como parte de un universo político que se construía y se proponía como alternativo frente a ciertos contenidos de la cultura política del Estado. Por ejemplo, la demanda de “territorio indígena” no sólo representaba la principal demanda “material y simbólico-espiritual” expresada al Gobierno nacional, sino también, venía acompañada de una definición que articulaba aspectos como autogobierno y organización política, nunca antes considerados por el Estado en alguna forma de ocupación territorial o propiedad de la tierra. O sea, se proponían una serie de metas que correspondían al ámbito de logros simbólicos como al campo de los universos políticos. Por ello, constituyó además una lucha por la reapropiación de la historia y por la sustitución de significaciones.
En realidad, entre el período constitutivo del movimiento -con la formación de las organizaciones de “nuevo tipo” y los movimientos locales- y la marcha como culminación de la fase, se produjo una rápida evolución en el contenido y el tipo de demandas. Al inicio del proceso se identificaban los discursos que se pueden calificar de “tipo cotidiano” generadas en el Cabildo de Trinidad y las comunidades mojeñas. En cambio con la marcha a La Paz de 1990 se institucionalizó como demanda de alcance general el reconocimiento legal de territorio. También se plantean nuevas demandas, como la aprobación de una ley de los pueblos indígenas, la reforma a la Constitución Política del Estado con relación a su situación, y el reconocimiento de las autoridades y organizaciones tradicionales, entre otras. Al mismo tiempo, exigieron al Estado que reconociera las formas de organización y las “autoridades tradicionales”. Es decir, su capacidad de ejercer el autogobierno en asuntos internos y externos como parte de las demandas prioritarias del movimiento. Durante la marcha, los discursos de los indígenas se remitieron a valores y principios propios de la religión cristiana, que desprendían la legitimidad de la “igualdad ciudadana” reclamada. Partían de que existe una igualdad natural: todos somos hijos de Dios, pero que el Estado difunde las condiciones de una ciudadanía que no funciona frente a los pueblos indígenas. Entonces, la movilización apuntaba a cuestionar el por qué un Estado y una sociedad que se proclaman religiosos y católicos excluían y la negaban a los “hijos de Dios”.
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Desde 1987 hasta 1990, se desarrolló en el ámbito local, urbano y rural de San Ignacio, Trinidad e Isiboro Sécure, una febril movilización de los indígenas bajo la dirección de la CPIB. En este año culminó un proceso de acumulación de recursos que determinaron finalmente la movilización de alcance nacional, Los aspectos importantes de la etapa fueron la creación de nuevas organizaciones indígenas a nivel provincial y departamental, la irrupción de dirigentes de “nuevo tipo”, elegidos vía grandes asambleas, el desarrollo de eventos colectivos y movilizaciones en áreas específicas de conflicto cuyo centro es la ciudad de Trinidad. El proceso de movilizaciones locales se desarrolla en una coyuntura de condiciones favorables cuyos componentes relevantes fueron: el funcionamiento de la democracia, las reformas políticas impulsadas por los partidos, el repliegue de los movimientos sociales tradicionales y el auge ideológico de la cuestión etno-ecológica (Mires, 1990) expandido por las ONG y las representaciones de los países ricos y organizaciones internacionales paraestatales.
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Las acciones y los discursos de los dirigentes del movimiento indígena mojeño, estaban permanentemente relacionadas con elementos y símbolos religiosos católicos, recreados en las comunidades indígenas, principalmente mojeñas, desde la fundación de las misiones. Esta relación no es casualidad si se considera que los mojeños (trinitarios, ignacianos, javerianos y loretanos) son la base poblacional de las principales misiones de los jesuitas en los llanos de Mojos. Tampoco es casual porque en el proceso de emergencia del movimiento indígena son los mojeños quienes liderizaron las primeras acciones, formaron nuevas organizaciones y generaron las primeras demandas de reconocimiento de territorios. Durante la marcha, la composición interna del movimiento indígena fue multiétnica, con representación de 14 pueblos hasta la llegada a La Paz. Un análisis más minucioso de los discursos y comportamiento de los dirigentes, muestra una diferencia en contenidos y componentes de estos discursos. Prevalecía, tanto del lado de los lideres mojeños como por los medios de comunicación, un discurso articulado con valores católicos. Mientras los otros discursos de los indígenas son menos “visibilizados” y su diferencia radica en que expresan un discurso más rebelde contra representantes del Gobierno. En suma, la vinculación con los valores y principios cristianos tuvieron su máxima expresión en la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, pero con un predominio de la visión mojeña, desde que los indígenas se concentran en la Catedral de la ciudad de Trinidad para recibir con una misa católica las bendiciones de la movilización hacia La Paz (La Palabra del Beni, 15/8/90). Las acciones colectivas y las demandas de los pueblos indígenas fueron acompañadas y legitimadas desde diferentes posiciones discursivas, mediante argumentos compatibles con su racionalidad y sus lógicas de ocupación territorial (Molina, 2002). Presentan a su movimiento como una combinación de factores de tipo moral, ecológico, cultural y religioso, cada uno de los cuales a su vez, son un componente de la cosmovisión y la lógica de percepción territorial. Por ejemplo, frente a la discriminación y marginación del Estado y la sociedad, el movimiento se presenta como un aporte a la construcción de una “nueva ciudadanía”, que tome en cuenta la expresión de las diferencias culturales como otro derecho ciudadano protegido por el Estado, los derechos que tienen como todo ciudadano de un país al cual pertenecen y de una una misma obra divina. El discurso de los dirigentes presenta al movimiento como un aporte cualitativo a la democracia, como propiciador de un nuevo escenario de acción de los indígenas para reivindicar derechos ciudadanos, como acción de ar-
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El movimiento indígena es, por tanto, una acción colectiva que involucra actores y comportamientos -formas de acción- específicos, pero además una acción discursiva que apunta a cuestionar los discursos dominantes y las definiciones oficiales que se tienen respecto a lo indígena y sus equivalencias. Proponen una cultura política y al mismo tiempo, reajuste de la cultura política del Estado para quebrar la lógica de equivalencias negativas que caracteriza a los contenidos de aquellas culturas políticas. En los documentos que informan las acciones12 de los indígenas, se insiste que su demanda de territorio es una respuesta a la destrucción de los recursos naturales que perjudica a la sociedad en su conjunto. En los discursos emergentes previos a la marcha, se pone énfasis en que la lucha indígena tiene su origen en la depredación de los recursos, la deforestación y el despoblamiento de la fauna, lo que provocaba una ruptura de la estabilidad en su sistema de existencia. Por otro lado, plantean que no sólo afectan a la vida de los indígenas sino también, al país en su conjunto. En este sentido, cuestionan la conducta de determinados grupos cuyos efectos negativos trascienden a nivel nacional. Al mismo tiempo, expresan una serie de valores vinculados a la defensa del medio ambiente, que para entonces tenían un lugar privilegiado en los discursos de las ONGs y Gobiernos de países ricos. La Marcha por el “Territorio y la Dignidad” a La Paz fue el principal escenario de un discurso que pretende una convergencia de intereses entre los indígenas y ciertos sectores de la sociedad. Esto se lograría a partir de una nueva equivalencia indígena: conservación de la naturaleza defensa del medio ambiente. El reconocimiento de territorios devino en una necesidad social que sobrepasa a los intereses particulares de los indígenas, pues iba a beneficiar a la colectividad nacional entera. De esta manera, asignaban a su movimiento un sentido de totalidad que busca legitimar sus acciones frente a la sociedad. Se autoproclaman responsables directos de la protección de los recursos forestales y luchaban por emerger como defensores “innatos” 12
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ticulación hacia lo nacional, en esta medida, ellos recurren al lenguaje de la democracia, a sus contenidos que en ese momento circulan como legítimos: libertad, derechos, dignidad, participación. En la legitimación de sus acciones colectivas, la dignidad y la justicia son invocadas como inherentes al reconocimiento de territorio, concepción que es expresada de la misma manera por los dirigentes en diversos momentos.
Nos referimos a un conjunto de documentos que registra CIDDEBENI como “memorias” de eventos donde se generan los discursos y sus contenidos que se vinculan al movimiento indígena.
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CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
de los recursos naturales y el medio ambiente, para diferenciarse de quienes actuaban en la lógica de la depredación. Los opositores políticos, ubicados entre los empresarios madereros y sus aliados, a su vez, querían mostrar una imagen de los dirigentes como impulsores de un movimiento similar al de sus adversarios. El discurso de los indígenas puso especial atención en desplazar una serie denominativos peyorativos referidos a lo indígena, que se mantenían en los contenidos de la cultura política del Estado, por ejemplo: el indígena como parte del pasado, como traba del desarrollo, como “selvícola” indio nativo, enajenado mental sujeto a tener tutelaje para ejercer sus derechos. Solo existían, no eran considerados ciudadanos ni sujetos de derecho. Contra el “mito de los bosques vacíos”, el movimiento indígena a través de la marcha, cumplió una función expresiva y buscó demostrar “en carne propia” que sus miembros existían y que los bosques seguían ocupados por comunidades de diferentes pueblos indígenas. Pero en el plano de la cultura política, hay una inserción novedosa de valores políticos que se remiten a la vigencia multicultural y étnica del país. Así, el movimiento se constituyó en un medio efectivo de una cultura política que proponía reconocer la diversidad étnica presente en el país a partir de la “puesta en escena” de varios pueblos indígenas de las tierras bajas, que se los tomaba como parte del pasado. Por una parte, mostró que el Estado debía tomar conciencia de la existencia y la situación de los pueblos indígenas, más allá de la vigencia de aimaras, quechuas y tupí-guaraníes. Por otra parte, proponía una nueva definición de lo indígena que implicaba romper con ciertas equivalencias de la cultura política estatal y construir otras, donde lo indígena es presente, es diferencia vigente y mayoría cualitativa. En el trayecto de la movilización, los contenidos de la cultura política se expanden a través de los medios de comunicación hacia el país. Y en forma directa, a los diferentes sectores sociales presentes. El movimiento indígena en Beni se constituyó cuestionando los comportamientos y la cultura política del Estado, de determinados grupos económicos y sociales organizados en los ámbitos de su producción económica y social. Durante la marcha hacia la ciudad de La Paz, los indígenas no sólo identifican a los adversarios concretos, en tanto actores, presentes en sus territorios para alterar sus formas de ocupación y uso de recursos. También ponían atención en los “adversarios” presentes a nivel de la cultura política, es decir, referidos a determinados valores y creencias que definían a lo indígena y su entorno, pero también, al Estado y a los grupos locales dominantes. 54
El movimiento indígena, a través de la marcha, cumplió una función expresiva y propuso un cambio respecto a creencias, percepciones y valores, presentes o ausentes en la cultura política de los actores sociales y políticos del país. A través de sus acciones y las definiciones propuestas, los indígenas expresan una cultura política que resalta valores y principios que son destacados como constitutivos de una sociedad moderna y democrática. Fueron elementos que, en ese momento, cuestionaron el sistema de valores de los actores vinculados a la defensa de una visión asimilacioncita e integracionista del Estado que, hasta ese momento, niega la diversidad y la condición multiétnica de la sociedad boliviana. La falta de estudios de las experiencias concretas de cada pueblo indígena es una gran limitación para entender las formas de acción colectiva que han desarrollado los pueblos indígenas de tierras bajas a lo largo de su relación con el Estado y los grupos dominantes. Además, las investigaciones sobre los movimientos indígenas de tierras bajas surgidos en el contexto de la democracia, hasta ahora no introdujeron el campo de la producción simbólica, los discursos emergentes sobre lo indígena, tanto de aquellos que provienen de los actores indígenas como de los aliados y los adversarios. 4. CRISIS DE UN DISCURSO Y NUEVOS REFERENTES POLÍTICOS EN LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL BENI
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Con la experiencia del movimiento indígena, se generó un proceso de politización que dio cuenta del papel específico de un movimiento social. En este caso, de grupos subalternos y excluidos del Estado proponían la producción y la circulación de una cultura política con nuevos sentidos, creencias y valores sustitutivos o alternativos. Estos elementos, a su vez, rescataban y coincidían con elementos de democracia y una cultura política moderna (Molina, 2001, Lehm 1999). El movimiento se orientó a desplazar los prejuicios respecto a los pueblos indígenas, los bosques y los recursos naturales, instaurados tanto por el Estado como en la sociedad urbana. Los indígenas trataron de romper determinadas equivalencias que coadyuvaban a reproducir las estrategias de dominación de los grupos de poder.
Si bien al impulso de la CCIM nacieron las primeras organizaciones indígenas de los mojeños, recordemos que las comunidades de Bosque de Chimanes -hoy TIM- desarrollaron sus propias estrategias y articulaciones en el intento por resolver los problemas con las empresas madereras. Mencionamos este hecho, porque son estas comunidades que aglutinadas posteriormente en la 55
Subcentral de San Ignacio, formaron parte fundamental de la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” de 1990 y, de la Central de Pueblos indígenas del Beni CPIB.
CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
Constituida la CPIB, ésta se da la tarea de impulsar nuevas organizaciones en todo Beni, las organizaciones formadas por la CPIB no contaban con la fortaleza de las organizaciones mojeñas, porque su proceso de constitución respondía a una lógica inversa al proceso mojeño. Es decir, las organizaciones de los mojeños se conformaron por el impulso y la necesidad de sus comunidades, que partieron del nivel comunal para crear una estructura supracomunal (Subcentral). Lo inverso sucedió en las organizaciones formadas por la CPIB, que fueron constituidas desde esta instancia y no por el propio impulso. En pocos años las organizaciones nuevas creadas y afiliadas a la CPIB triplican en número a aquellas que habían dado lugar a la organización matriz, Y, como miembros de CPIB tenían igualdad en número de delegados en los Congresos (máxima instancia orgánica). De esta manera determinaban en la composición de los directorios de la CPIB. Así, las organizaciones con mayor fortaleza organizativa y de movilización como las subcentrales mojeñas, ya no incidían en las definiciones de la CPIB. Por otra parte, la dirigencia de trayectoria del movimiento indígena que condujo la marcha de 1990 fue rebasada o cooptada por los gobiernos de aquel tiempo. Esto desvirtuó los postulados por los que nació el movimiento indígena y la plataforma de la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” de 1990. Para el año 1996 durante la GANPI desarrollada en San Ignacio de Mojos, jóvenes dirigentes del pueblo mojeño cuestionaron a la dirigencia de la CPIB y acusaron de vender madera a empresas forestales para beneficio de los dirigentes y no de las comunidades, esta fue la primera ruptura que se evidenció con la CPIB. Después de los desencuentros entre la dirigencia de las subcentrales mojeñas con el directorio de CPIB, nació en 2000 un bloque denominado Coordinadora de Pueblos Indígenas Mojeños (COPIM), conformado por las subcentrales mojeñas. Estas organizaciones, que después del Congreso de la CPIB de Santa Ana de Yacuma, en julio de 2002, decidieron separarse del seno de la CPIB y constituir una nueva Regional denominada CPEMB. 4.1 La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) La CPEMB fue resultado de un proceso de diferenciación histórica, étnica, organizativa, cultural y, sobre todo, política respecto a la evolución del movimiento indígena del Beni y su dirigencia, que encabezaba 56
la CPIB. El año 2002 da como resultado el nacimiento de la CPEMB en noviembre del mismo año, los detalles que llevaron a esta ruptura se desarrollarán en el siguiente capítulo.
Finalmente, los procesos de lucha y confrontación con los grupos de poder local, departamental e inclusive con sus mismas organizaciones matrices, ha llevado a los dirigentes mojeños a estructurar alianzas con sectores campesinos, colonizadores, Movimiento Sin Tierra y otros, vinculados a fracciones radicales de izquierda. Durante la marcha indígena de junio del 2002, se expresan abiertamente las divergencias y disputas entre las organizaciones indígenas de las tierras bajas. Dirigentes de CIDOB se oponen a la medida asumida por algunas organizaciones regionales como la CPESC de Santa Cruz, que aliados con otros sectores sociales no indígenas, inician la IV marcha exigiendo la Asamblea Constituyente. Sin embargo, después de más de un mes de caminata desde la ciudad de Santa Cruz a la Sede de Gobierno, el representante de CIDOB Marcial Fabricano se adelantó después de protagonizar una huelga de hambre en La Paz, Y firmó un acuerdo con el Gobierno a nombre de la marcha. Sin embargo, el otro sector liderado por Bienvenido Zacu, también dirigente de CIDOB y conductor de la marcha, desconoció este acuerdo y exigió un compromiso directo con el Gobierno y los partidos. Estos finalmente aceptan la propuesta y firmaron un compromiso de convocar a Congreso extraordinario y analizar la propuesta de Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado.
NUEVAS SENDAS EN LA MILENARIA BÚSQUEDA DEL PUEBLO MOJEÑO: Experiencias de su participación político-electoral en Mojos
La conformación de la CPEMB integró un proceso de mayor fortaleza organizativa, reafirmación étnica y posicionamiento ideológico de las subcentrales del TIM y del TIMI. El primer elemento tuvo asidero en la constitución de las subcentrales mojeñas en San Ignacio de Mojos, fruto de un proceso organizativo de bases, que dio lugar a las subcentrales. El segundo elemento se vinculó a un fuerte proceso de reafirmación de la identidad impulsado desde ONG e iglesia. También fue determinante la mayoritaria concentración poblacional indígena en San Ignacio, fuente principal de la CPEMB.
A medida que la marcha indígena llegaba a La Paz, dos líderes aparecieron como representantes y portavoces de la movilización indígena, cada uno cuestionando al otro: Marcial Fabricano, presidente de la CIDOB, y Bienvenido Zacu, miembro de la CIDOB y dirigente de una organiza57
ción indígena afiliada a esta. Esta división se hizo visible en el trayecto de la movilización, razón por la que no pudieron conformar una posición conjunta. Por eso el Gobierno estuvo obligado a firmar dos acuerdos, aunque los temas de compromiso eran similares. La CIDOB rechazó este segundo acuerdo y declaró traidor a Bienvenido Zacu y otros dirigentes. Sin embargo, ellos también tuvieron una posición crítica con respecto a la dirección de Fabricano.
CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
Tal conflicto repercutió en Beni, con dirigentes que se enfilaron junto a Zacu, como los dirigentes de la Subcentral Indígena de San Ignacio de Mojos y la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico, ambos en el municipio de San Ignacio de Mojos. Sixto Bejarano y Miguel Peña fueron parte de este grupo y, por tanto, cuestionaron la posición de la CPIB, que apoyaba abiertamente a Marcial Fabricano de la CIDOB. Las rupturas nacionales mostraron un resquebrajamiento de la organización indígena, que en el caso de Beni se había manifestado con más anticipación. El año 2000, a 11 años del nacimiento de la CPIB, las Subcentrales mojeñas en San Ignacio de Mojos conforman la COPIM13 . La nueva estructura mojeña no buscaba suplantar a la CPIB, sin embargo, el Directorio de la CPIB y CIDOB nunca aprobó esta estructura, especialmente por encontrase dirigida por líderes que asumieron posiciones críticas al accionar de las directivas de CPIB y CIDOB y en muchos casos, desaprobaron la postura política de los mencionados dirigentes, sobre todo en la marcha por la Constituyente. Durante sus primeras acciones en el ámbito municipal, la COPIM consiguió el control del Comité de Vigilancia en el municipio de San Ignacio, entre otros logros. Así se fortaleció internamente, pero la problemática fundamental de las comunidades y sus subcentrales giraba en torno a la consolidación de la tierra y el territorio, lo que de forma inevitable llevó a la COPIM a asumir la problemática agraria como eje central de su accionar. De esta forma quedó ante un frente de conflictos complejos, donde se involucraban la Asociación y a la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), un INRA parcializado en el proceso de saneamiento, un municipio vinculado al tráfico de madera en el TIM y el TIPNIS, y las dirigencias de sus organizaciones matrices (CPIB y CIDOB), ligadas a 13
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La Coordinadora de Organizaciones de los Pueblos indígenas Mojeños COPIM fue creada por las Subcentrales del TIM, del TIMI, del TIPNIS, San Lorenzo y San Francisco a finales del año 2000, su conformación se circunscribe al ámbito del control y seguimiento municipal del Municipio de San Ignacio de Mojos, pero poco a poco fue asumiendo otras responsabilidades en las temáticas agrarias que habían sido descuidadas por un vacío de liderazgo de la CPIB.
fuertes intereses de sectores políticos vinculados a la tierra, los recursos naturales y el manejo del poder político.
El mismo año (julio de 2002) se realizó el Congreso de la CPIB en Santa Ana de Yacuma, espacio en que se enfrentaron abiertamente los dos bloques: uno liderado por dirigentes en ejercicio de la CPIB y el otro por dirigentes de la COPIM. El resultado de la pugna fue la ruptura de la CPIB. Al tercer día del Congreso, el bloque mojeño de la COPIM abandonó el Congreso, con la decisión de abandonar su organización central y con la voluntad de constituir en una nueva organización matriz. A continuación, se señalan algunos fragmentos del manifiesto que la COPIM hizo público luego de abandonar el Congreso de la CPIB en Santa Ana de Yacuma. “En los últimos años, los mojeños hemos presenciado sin poder hacer más que pronunciarnos en contra de la decadencia de la dirigencia del movimiento indígena del Beni. Errores tras errores han caracterizado las gestiones de la CPIB; la participación política ha sido confundida intencionalmente con una suerte de buscar pegas para familiares y amigos sin ningún proyecto de cambio social a favor del movimiento indígena en su conjunto, aliándose con los peores enemigos del sector. Esta dirigencia sólo ha logrado que los partidos tradicionales se inmiscuyan y controlen las decisiones y determinaciones de las organizaciones matrices, abandonando los principios y objetivos por los cuales nos hemos organizado”.
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Este contexto, marcó el tipo de posicionamiento político de las Subcentrales mojeñas, las que optaron por diferenciarse de forma radical de CPIB y CIDOB. Para el año 2002 las Subcentrales de la COPIM participaron en la Marcha Multisectorial por la Asamblea Constituyente de forma separada y en contraposición de la CPIB y CIDOB. Por otra parte, las organizaciones mojeñas -como se verá a detalle más adelante- durante las elecciones nacionales participaron con candidaturas en el MAS, mientras que la CPIB participó en alianza con el MIR, estos hechos marcaron una inminente ruptura posterior de la CPIB.
“A hrs. 22:30 del 27 de julio de 2002 las Subcentrales TIM, TIMI, TIPNIS Desengaño, Ribereña río Mamaré y subcentral río Isiboro, después de agotar todas las instancias y mecanismos que permiten llevar adelante un Congreso transparente y en aras de la unidad del movimiento indígena del Beni, adoptan la forzosa medida de abandonar el Congreso después de sufrir 59
CAPÍTULO II - Dialéctica de los Pueblos indígenas del Beni
un conjunto de agresiones por parte del directorio saliente de la CPIB, en un claro pisoteo de los Estatutos y Reglamentos de la CPIB en sus artículos 1,6, 7, 20 y otros. Con mucha responsabilidad asumimos la firme decisión de retirarnos en forma definitiva del Congreso y del seno de lo que fuera hasta ahora la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB, porque no queremos ser parte del manoseo de intereses político-partidarios y empresariales incrustados en la mafia que maneja actualmente la CPIB”. Por este conjunto de atropellos que rayan en la ilegalidad, hemos tomado la firme decisión de abandonar el Cuarto Congreso de la CPIB, y esperamos en un plazo corto convocar a un verdadero Congreso que vele por los intereses del movimiento indígena beniano y no por los de empresarios lagarteros, madereros y partidos políticos que en éste evento se han encargado de sobornar y manipular las decisiones de algunas Subcentrales a través del directorio saliente. Desde este momento declaramos públicamente que no pertenecemos más a la Central de Pueblos indígenas del Beni CPIB, pues ésta se encuentra controlada por una dirigencia corrupta. Asimismo manifestamos nuestra pronta Constitución en una nueva Regional nacida en la cuna del movimiento indígena del Beni que recupere la mística de lucha con la que naciera hace años atrás (...). Después de lo ocurrido en el Congreso de la CPIB, las subcentrales mojeñas se reunieron en San Ignacio para convocar a un Congreso Constitutivo. El 17 de octubre de 2002 en San Ignacio se reunieron representantes y delegados comunales de las subcentrales TIPNIS, TIM, TIMI, río Isiboro y Desengaño a convocatoria de la COPIM, con el objetivo de analizar su situación orgánica y conformar una nueva organización regional que les permitiera participar en las estructuras del movimiento indígena nacional. Como resultado de este primer Congreso nació la Central de Pueblo Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) que buscaría en la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) su incorporación a la CIDOB. Los conflictos de posicionamiento político evidenciados desde 2002 en la marcha se trasladaron a la GANPI, escenario donde se produjo una ruptura nacional. La CPESC se retiró de la CIDOB, que tuvo el rechazo de sus aliados más cercanos: los mojeños. En este sentido, la solicitud de reconocimiento e incorporación de la CPEMB fue negada. Los excluidos del seno del movimiento indígena, protagonistas de la marcha 60
de 1990, se declararon autónomos en lo político y orgánicamente independientes.
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Desde ese momento, la CPEMB camina sola, articulándose a espacios y estructuras de los movimientos sociales a nivel nacional. El logro más importante de la CPEMB en sus tres años de nacimiento y de las subcentrales mojeñas en los últimos años, es el haber conducido la IV Marcha por la Asamblea Constituyente de 2002, y participado como CPEMB en las elecciones municipales, donde ganaron y posicionaron al primer Alcalde indígena: Sixto Vejarano Congo. Así marcaron un hito insoslayable y de trascendencia nacional en la historia de Beni.
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Informe de gestión del directorio en el Congreso de la CPEMB.
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Foto: Aydee Villalta.
CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
El Contexto Regional en la Participación y Representación Política de los pueblos indígenas del Beni.
Beni es parte de la Amazonía, abarcando 213.564 km 2 con una población de 330.000 habitantes que conforma el cuatro por ciento de la población nacional (INE, 2001). El 70 por ciento de los benianos viven en el área urbana y el 30 por ciento en el área rural. Beni se divide en ocho provincias, 19 secciones de Provincia y 23 cantones. Cuenta con otras divisiones administrativas, como los distritos municipales. Los Llanos de Mojos, que hoy forman parte de Beni, durante la época colonial identificaban un área geográfica habitada por una diversidad de pueblos indígenas y no solamente por los mojeños, como da a entender el nombre de Mojos (Denevan, 1980). Antes de la colonización española, la multietnicidad y la vida fluvial de sus grupos fueron los rasgos más característicos estas culturas sabaneras (Block, 1997). De 34 pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, 16 están asentados en el territorio de Beni. Se calcula que su población de origen indígena llega a 100.000 personas, que representan aproximadamente un 40 por ciento de la población total del Departamento. En 17 Municipios de Beni se encuentran comunidades que se identifican como parte de un pueblo indígena. 1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GRUPOS DE PODER EN EL BENI Según Sanabria (1958) la historia de los grupos de poder beniano o su constitución como tal, sólo puede ser entendida desde su estrecho vínculo con Santa Cruz. En el pasado colonial los actuales departamentos de Santa Cruz y Beni tuvieron una historia común o mayores relaciones. La conquista del oriente tiene mucho que ver con la búsqueda de fabulosos tesoros. La fundación de Santa Cruz tiene una motivación de constituir un punto de avanzada para la búsqueda de “El Dorado”.
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
Mapa 2
Santa Cruz es el espacio de organización del poder colonial, es decir, asiento de las estructuras y autoridades de la colonia. Es la frontera de lo que entonces llamaban civilización, lugar de organización de los espacios y de las gentes, de lo conocido y lo por conocer. Una frontera de colonización es, a la vez, el núcleo de defensa y de ataque, de la expansión; resiste el asedio de los pueblos y organiza las nuevas incursiones de conquista. La historia de la región de Santa Cruz es la historia de la guerra discontinua de avance y reacción entre la sociedad ocupante y las sociedades locales o ya localizadas en estos territorios después de su desplazamiento de la matriz cultural-territorial (Rojas, Gonzalo; 2000: 39). G. Rojas (2000), distingue dos facetas de la colonización de Beni: a) La búsqueda de El Dorado o conquista-depredación; b) La dimensión misional conquista-transformación, el autor respecto a la primera faceta sostiene: “La
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La incorporación al imperio español de los territorios y sociedades de lo que se llamó Mojos, se realizó primero a través de la organización de las misiones jesuitas. No fueron los buscadores de “El Dorado” los que “domestican estas tierras y a su gente”, sino las transformaciones de almas y sociedades. No se encontró “El Dorado”, pero se reorganizó el mundo social de los habitantes de la región. Se dice que la dimensión misional es una conquistatransformación, porque llega a reordenar el mundo social, a crear un nuevo orden, a crear nuevas capacidades productivas e intelectuales en sustitución de otras (Rojas, Gonzalo; 2000: 40). Después de la expulsión de los jesuitas (1767), las condiciones para la “depredación” estaban dadas, ya que la “conquista-transformación” había logrado desarmar parcialmente las formas guerreras y nómadas preexistentes de resistencia al asedio y expansión colonial y daba inicio a la penetración y apropiación de espacios territoriales y bienes de las misiones por parte de los mestizos. Los patrones productivos y organizativos habían sido introducidos por la misión y estos territorios que hoy constituyen gran parte del Departamento de Beni, se convirtieron en proveedores de alimentación de ganado vacuno y caballar para los ejércitos: primero español y luego boliviano. El vínculo de la región con el Estado en la República fue casi inexistente. En el norte, el vínculo mercantil establecido por la explotación y exportación del caucho se realizó vía el océano Atlántico. Recién con el desarrollo de la ganadería, la región produjo para el mercado interno articulando la economía local con la nacional.
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empresa colonial es un etnocentrismo cosificador del mundo. Constituye un ego conquistador que trata a las sociedades que encuentra como cosas apropiables, manipulables, destruibles. La Búsqueda de El Dorado implica un punto de llegada en el que los conquistadores se enriquecen y después pasan a disfrutar de los bienes y poderes que esto permite en el seno de la sociedad estamental conquistadora. No hay una dimensión de Construcción”. Sobre la dimensión misional de la conquista, el autor sostiene que la conquista fue más decisiva en un principio, cuando los jesuitas logran penetrar sociedades que los ejércitos no habían podido vencer.
Las estructuras sociales y las formas de ocupación territorial en Beni cambiaron significativamente en la segunda mitad del siglo XIX, más aún, hacia fines de este siglo e inicios del siglo XX, con el auge de la explotación de la goma. Se modificó el predominio del patrón misional de las reducciones y se prefiguraron y organizaron las nuevas formas de estructuras económicas, 65
CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
poder social y político que caracterizaron al siglo XX hasta la Reforma Agraria, en 1953 e incluso después… (Rojas, Gonzalo; 2000: 51). … Los explotadores que llegaban (sobre todo de La Paz y Santa Cruz) a nuevos territorios, marcaban con su nombre el espacio que les era reconocido como posesión para subsecuentes explotadores y explotados (Sanabria, 1958). Esta es una época de apropiación privada de territorios. La economía de la región era ampliamente recolectora en sus dos polos: entre los pueblos nómadas de la región y en la explotación de la nueva materia prima dirigida al mercado mundial. La diferencia consiste en que los pueblos nómadas no se apropiaban de los territorios. Los transitaban, alimentándose de ellos. La conversión de los territorios en propiedad privada estuvo muy ligada a la conversión de la naturaleza en espacios de explotación de recursos y de seres humanos. Con la explotación de la goma empezó también la organización y expansión del latifundio en Beni. Los explotadores realizaron una recolección de tierras que convirtieron en propiedad. Se apropiaban de los territorios “descubiertos” por ellos, como si no hubiera nadie allí. La colonización de los explotadores fue pensada y realizada como una acción sobre un vacío de sociedad. En este sentido, los mismos pobladores nativos son vistos como incapaces de propiedad y en consecuencia, como apropiables (Rojas, Gonzalo; 2000: 51). Con la declinación del auge de la goma, varios productores se desplazaron a la explotación de la castaña y sobre todo a la ganadería. Según Lehm (1993), el latifundio en Beni no está ligado a la agricultura, sino a la ganadería, el pastoreo y explotación de recursos forestales. En este marco, la Reforma Agraria parece no haber afectado la tenencia de la tierra en esta zona. Al contrario, al haber liberado la fuerza de trabajo empleaba en la goma (la liberación de las deudas de los trabajadores de las empresas habilitadoras), no afectó a la actividad ganadera, que necesita menos trabajo y grandes extensiones de tierra libres. El Estado tenía muy poca presencia en la región durante buena parte del siglo XX. En los mejores momentos, el Gobierno tuvo sus oficinas de recaudación de impuestos de la goma. Esta escasez de lo político-estatal hizo que la propiedad de la tierra y el capital económico se volvieran al poder social local, que dirigía la economía. Así se volvió también poder político. Es decir, normador, organizador y gobernante local, para bien y para mal (Rojas, Gonzalo; 2000: 56).
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La municipalización se ha constituido en un símbolo de modernización política, ya que lo patrimonial necesita pasar por la mediación política, En este marco, mientras más público se haga el ejercicio del manejo del poder, más se debilita lo patrimonial. El ejercicio de lo público en los ámbitos locales ha generado una dinámica política distinta, a pesar de que todavía no se evidencia disputa o desplazamiento de las élites tradicionales ganaderas por otro sector social distinto. Porque paradójicamente, el acceso al poder en algunos casos se dio a través de alianzas con partidos tradicionales, que persistían en las viejas prácticas de cooptación y prebenda de líderes sociales para captar votos en las elecciones. La excepción se marcó en el municipio de San Ignacio de Mojos, donde la CPEMB (organización indígena) ganó las elecciones municipales (2004) desplazando parcialmente (en la administración pública local) a uno de los sectores más conservadores del Beni. En el ámbito local, el ejercicio de la ciudadanía se ha fortalecido a partir de la Ley 1551 de Participación Popular (1994), al incorporar mecanismos locales de participación ciudadana como la elección de alcaldes y concejales, la conformación de los órganos de control social como el Comité de Vigilancia, y la participación en el sistema de planificación, aunque fueron formales en su implementación inicial. En la actualidad, estos mecanismos electorales y de participación social se han institucionalizado. De la misma manera, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, amplió las opciones institucionalizadas de participación política en la formación de gobiernos y representantes políticos. Introdujo la participación a los pueblos indígenas o agrupaciones ciudadanas quitando a los partidos políticos la exclusividad en la mediación para la participación electoral.
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El mismo autor afirma que la cultura política se hizo fuertemente patrimonial, ya que el sentido público (Estado), se volvió privado (patrimonio). Las élites favorecidas por la distancia estatal subyugaban el ejercicio de la ciudadanía al patrimonialismo. Se podría decir que el Estado no construyó sus instituciones políticas locales, sino que se basó formalmente sobre las estructuras de poder patrimonial local. El patrimonialismo genera una cultura de mando por un lado, y por el otro una cultura de subordinación. A pesar de las reformas del 52 (voto universal) que introducen la universalización de la ciudadanía, no se modifica sustancialmente la estructura socioeconómica. Aumenta la potencialidad de la condición ciudadana pero no necesariamente su ejercicio.
La conformación de la representación política en el sistema político municipal (Gobierno Municipal) proviene ahora de los votos que emiten los ciudadanos locales cada vez que participan en las elecciones municipales. Además, que incorpora a las estructuras organizativas de los pueblos indígenas, para
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
que sin intermediación partidaria accedan a los espacios de poder. En este sentido, la municipalización y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y pueblos indígenas ponen en vigencia la principal condición de ciudadanía que implica la igualdad política ante la ley. Sin embargo, en Beni las restricciones materiales a la participación política siguieron gravitantes, sobre todo entre las comunidades rurales que conforman los municipios. Así lo evidenció un estudio sobre participación electoral y ciudadanía llevado a cabo en los municipios de San Ignacio de Mojos y San Borja. El estudio mostró el déficit de documentación personal en las comunidades y las dificultades de acceso a los proveedores estatales de esta documentación básica para ejercer la ciudadanía. 2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLÍTICO EN BENI La sociedad beniana se caracteriza por la débil participación ciudadana y un sistema excluyente de representación política, además, de un sistema de actores y comportamiento político rígido y poco permeable (o más bien resistente) a los procesos nacionales de reajuste estructural. Esto tiene mucho que ver con la estructura socioeconómica y el espectro de actores sociales con posibilidades de ejercicio ciudadano en el Beni. (Navia, Carlos, 2007: 4). Quizá eso explica que, por ejemplo, el Prefecto del Beni de la segunda gestión de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se mantuviera en funciones después de los sucesos de 2003 que marcaron su caída. La práctica política en Beni es esencialmente patrimonialista y elitista. En ese contexto se sobredimensionan los vicios del clientelismo y el prebendalismo como los factores fundamentales que explican y mantienen la escasa modernidad política. Sobre todo, la persistencia -en el Beni central- de una economía y sociedad de tipo hacendatario tradicional (en torno a la ganadería vacuna extensiva en las sabanas naturales de la región), y la organización espacial aún predominante en pequeños centros urbanos aislados (ex misiones jesuíticas) favorece y mantiene una estructura de poder concentrada en una red de pequeños grupos familiares. El sistema político en la zona central de Beni está mayormente definido o estructurado en torno al sistema particular de propiedad de la tierra en la región, lo que a su vez, se explica por las características de la actividad ganadera extensiva de tipo tradicional. Esto se expresa en la presencia preeminente de pequeños grupos de familias de hacendados ganaderos en cada población, que han ejercido y ejercen un dominio político casi absoluto, controlando todos los espacios de poder público. (Navia, Carlos: 2007). 68
Existen, a la vez, cientos de comunidades rurales que han sido históricamente excluidas de la participación política autónoma. Gran parte de ellas corresponde a alguno de los 16 pueblos indígenas de la región. Adicionalmente, la sociedad beniana tiene un muy débil y reducido sector de clases medias, con poca consistencia social y altamente vulnerable y dependiente de quienes ejercen el poder sobre la base patrimonial. En este contexto, en poblaciones relativamente mayores, como Trinidad, se han ido conformando sectores sociales cuantitativamente importantes vinculados a servicios, como mototaxistas, comerciantes y otros. Tienen una capacidad considerable de organización y movilización, pero de escasa consistencia ideológica, alta fragilidad y dependencia de tipo prebendal, sobretodo en etapas de crisis del sistema político. Tres factores históricos particulares han incidido adicionalmente en la evolución reciente del sistema político dominante en la región: la manera en cómo se expresó la reforma agraria de los 50 en Beni (ver más adelante), la presencia particularmente fuerte en la región de los líderes de regímenes militares dictatoriales (Banzer y, particularmente, García Meza). Y finalmente, la presencia contundente durante una década de la actividad de narcotráfico como generadora de recursos económicos y poder (Ídem). En general, la práctica política en la región durante las pasadas dos a tres décadas ha estado caracterizada por una polaridad entre el MNR-ADN que ha ocupado casi todo el espectro de los escenarios electorales y políticos, con diversas expresiones formales en cada una de las poblaciones benianas. Ambas fuerzas políticas expresan al mismo grupo dominante de origen patrimonial (ver más adelante), en disputas de redes familiares por controlar pequeños espacios de poder, en las que arrastran a sectores populares hacia un conflicto ajeno, muchas veces, con ribetes cuasi trágicos de enfrentamientos violentos de tipo personal entre hijos o parientes de tal o cual caudillo,
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Los principales partidos políticos se encuentran en manos de estos círculos familiares y son en esos espacios que se definen las decisiones sobre las candidaturas y los niveles de administración pública, esta realidad de hecho excluye e invisibiliza a los miles de trabajadores de las haciendas ganaderas, muchos de ellos de origen indígena (peones, capataces, ayudantes, cocineras, arrieros, contratistas para corrales y alambradas, etc.) que siendo actores clave a nivel del sistema económico, no ejercen una ciudadanía plena y sobretodo no se constituyen en actores sociales activos y organizados, con posibilidad de incidir en los procesos políticos de la región. (Ídem).
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siempre en el contexto estrecho del pequeño grupo de familias terratenientes de grandes ganaderos y sus allegados.
CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
A partir de la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, emergió un nuevo actor social: los pueblos indígenas de la llanura. Con una fuerte presencia en el devenir de la región y el país, pero aún, con una débil presencia en el escenario político departamental. Sin embargo, en los últimos tres años se han desarrollado iniciativas y experiencias de mayor trascendencia e impacto: la participación y triunfo electoral de la CPEMB en San Ignacio de Mojos, la decisión colectiva del pueblo chimán de decidir autónomamente su participación político-electoral y su presencia militante a través de una Agrupación Ciudadana de Beni, y la conformación de una todavía precaria Agrupación Ciudadana departamental promovida por la CPIB. 2.1 Acerca del bipartidismo MNR-ADN en el Beni y la irrupción del MAS Ha existido en los últimos 25 años una marcada polaridad entre el MNR y ADN (luego transformada en PODEMOS14) como actores centrales de la acción política en el Departamento, expresada en los pequeños escenarios de las poblaciones benianas. Los orígenes o causas de la presencia persistentemente hegemónica de estos dos partidos políticos en Beni son un tanto diferentes, aunque involucran a los mismos actores sociales. En el caso del MNR, tiene que ver fundamentalmente en la manera cómo se dio la Reforma Agraria en el Departamento durante los años 50s. Mientras que para el resto del país (o gran parte de él) este proceso significó la desintegración del sistema latifundiario, a través de la distribución de pequeñas propiedades a los campesinos-indígenas, en el caso de las tierras bajas y especialmente en El Beni, significó más bien el marco legal y político en el que se conformó el “moderno” sistema latifundario de la ganadería extensiva. En ese momento histórico coincidieron tres factores clave para el Departamento del Beni: a. La agudización de la crisis del sistema de grandes propiedades patriarcales agroindustriales (la Casa Suárez, la Casa Seller, y otras), que había sido afectado durante la guerra del Chaco, cuando perdió gran 14
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Poder Democrático y Social PODEMOS agrupación ciudadana que da continuidad orgánica a ADN.
Este conjunto de factores requería, sin embargo, un elemento adicional clave: un sistema de distribución de la tierra que otorgara derechos propietarios sobre las sabanas benianas, que se habían convertido en pocos años en un potencial económico de dimensiones inmensas. Eso fue precisamente la Reforma Agraria (y el MNR) en Beni: un marco político y legal para sancionar y legitimar la distribución de grandes extensiones de tierra para ganadería en las pampas mojeñas, que permitiera aprovechar las posibilidades que se habían abierto para esta actividad. En pocos años y en un proceso intenso de distribución de propiedades agrarias, se estableció el sector de los ganaderos benianos, fuertemente vinculado al proceso político liderado en ese momento por el MNR. De ahí viene fundamentalmente la fuerte presencia de este partido político en la región: de su vinculación original con (la conformación de) los propietarios ganaderos. Y, a partir de ello, con los trabajadores y familias dependientes de ellos, dentro las persistentes relaciones patriarcales que caracterizan una actividad de éste tipo (grandes propiedades aisladas en la sabana, en forma de enclave tradicional). En otras partes del país, la Reforma Agraria de los 50 fue un proceso revolucionario de cambio radical en las relaciones sociales y de propiedad en el campo, de empoderamiento de campesinos e indígenas a partir de encarar y desintegrar el sólido sistema de latifundios existente. En el caso de Beni, la misma Reforma Agraria fue un proceso de conformación de un sistema latifundiario en el que los grandes ausentes fueron precisamente los campesinos e indígenas de la región. En términos formales, para los campesinos-indígenas benianos la Reforma Agraria recién llegó 15
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parte de su fuerza de trabajo, y que a principios de los 50 se encontraba en proceso de desintegración pero sin un sistema alternativo viable que lo reemplazara; b. La llegada en la misma época de los aviones desechados de la II Guerra Mundial, que significaban un cambio tecnológico fundamental para hacer viable la ganadería extensiva en haciendas aisladas en la pampa, permitiendo acceso rápido y barato por vía aérea a los mercados de la carne en los Valles y Altiplano del país; y c. Como parte del mismo proceso de cambios en el centro del país, el establecimiento de la COMIBOL15 abrió un mercado amplio y cautivo para la emergente ganadería comercial en Beni, a través de un sistema de compras estatales subvencionadas.
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
en los años 70, cuando algunas comunidades indígenas recuerdan haber recibido la visita de las llamadas “brigadas móviles” para facilitar los procesos de titulación agraria (cuando, según ellos, sólo quedaban pequeños retazos de bosque en que sobrevivían -y sobreviven- estas comunidades, pues toda la sabana había sido distribuida anteriormente). En el caso de ADN, el origen de su presencia en Beni tiene que ver más bien con la etapa de crisis estructural de la ganadería extensiva, a mediados de los 70, y con la relación de algunos miembros de este sector con las dictaduras militares (Banzer, primero y García Meza después) para lograr apoyos de salvataje desde el Estado (Navia, Carlos: 2007). La ganadería beniana, luego de más de dos décadas de crecimiento acelerado con altas tasas de ganancia y de estructuración de un sólido poder de base patrimonial, presentaba señales de agotamiento ante la ausencia o escasez de pampas nuevas que ocupar, la reducción del precio relativo de la carne en el país, el creciente contrabando de ganado desde la zona fronteriza del Brasil (luego de la expansión dramática de la frontera agropecuaria en Rondonia) y la también creciente competencia de la emergente ganadería en Santa Cruz (Ídem). La principal relación de salvataje estatal se dio en el sistema financiero, mediante la otorgación de créditos subsidiados a través del Banco del Estado y del Banco Agrícola y posteriormente, con la mediación del Banco Do Brasil que establece una cartera abultada de préstamos que son posteriormente asumidos por el Estado. También durante el período de las dictaduras militares se realiza el proceso de distribución o dotación de los últimos espacios de pampas naturales, algunos de ellos en áreas protegidas, y mediante procedimientos especiales e irregulares que favorecieron a los allegados de esos regímenes (Ídem). Casi al mismo tiempo y con similares características, se expandió rápidamente en algunas zonas de Beni (Bosque de Chimanes, monte San Pablo y otras) la actividad maderera de extracción selectiva de especies preciosas (casi exclusivamente la Mara), que permitió también un proceso acelerado de acumulación económica y política a costa de acabar con una de las riquezas naturales más grandes de la región (fruto de lo cual ésta especie está comercialmente extinguida en el Departamento). Ese conjunto de factores (crisis ganadera, dictaduras militares, subvención crediticia, dotación extraordinaria de propiedades, explotación maderera) constituyen el contexto en que se consolida orgánica y discursi72
A principios de los 80, se acrecentaron las actividades de narcotráfico en algunas regiones eminentemente ganaderas de Beni. Esto operó igualmente como un mecanismo de acumulación extraordinario en el contexto de la crisis ganadera, que contó con la mirada tolerante del Estado y la abierta complicidad del régimen de García Meza. Resulta así, en el escenario político-departamental, una marcada dicotomía interna ADNMNR que ha ocupado y confundido la práctica política en Beni por varias décadas. Sin embargo, ambas expresiones de un mismo sector social dominante en sociedades pequeñas, tradicionales y fragmentadas. 2.2 La composición de los gobiernos municipales Desde su aprobación, la municipalización (1994) se había presentado como un punto de partida hacia la democratización del Gobierno Municipal, según la hipótesis de que la participación popular iba a influir en la composición heterogénea del Gobierno Municipal, en términos de sectores, género y espacios. Esto se lograría con la participación de nuevos representantes, sean de espacios ajenos al ámbito urbano o de sectores sociales que, hasta entonces, habían estado excluidos de las estructuras locales del Estado. En principio, observamos que la estructura del Gobierno Municipal no presenta cambios que prueben otra composición como expresión de un efecto democratizador. Sobre todo, no se encuentra representación de nuevos sectores y de espacios territoriales diferentes al área urbana como son un Cantón, una Comunidad o una TCO. En los últimos períodos, la composición interna de los Gobiernos Municipales se mantuvo con las mismas características. Por ejemplo, el número de mujeres y hombres no ha variado, hay predominancia de los segundos en las cuatro gestiones. Asimismo, la distribución de cargos se mantuvo en las mismas condiciones, los cargos más importantes fueron ocupados por hombres. Pero a la presencia de mujeres no se la podría atribuir a la Participación Popular, pues en los centros urbanos antes hubieron mujeres como alcaldesas, lo que parece ser una tradición de la política local. Merece otro estudio el
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vamente ADN en el Beni, a partir del mismo pequeño grupo de familias que controlaban -y controlan- la economía y el poder en las poblaciones del Beni. Enfrentar el agotamiento de la expansión ganadera mediante actividades extraordinarias requería el apoyo y la no objeción del Estado para sostener un poder de base patrimonial, como tres décadas antes requirieron del mismo Estado para conformar esa base patrimonial latifundiaria (Navia, Carlos: 2007).
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
papel y el poder real que ejercen. Además, en los cuatro períodos, todos los miembros del Gobierno Municipal provinieron del área urbana, incluidos los del Gobierno 2000-2005 son vecinos del área urbana. En el caso de San Ignacio de Mojos, se verifica un cambio en la tradición política, en las elecciones del 2004, ya que surgieron un Alcalde y dos concejales indígenas, representantes que provienen de organizaciones y no de partidos políticos. Pero incluso aquí, los tres son ciudadanos que tienen residencia predominante en el área urbana. Por otro lado, la representación política presente en el Concejo Municipal sigue siendo patrimonio de dos partidos: ADN y MNR, aunque en los tres períodos estuvieron presentes en la competencia electoral, el MIR y la UCS. El dominio de ADN y el MNR ratifica el bi-partidismo como una característica predominante en la composición de los Gobiernos Municipales de Beni. En efecto, en este Departamento hay una tendencia a formar un sistema bipartidista real. Es decir, acceden al Gobierno Municipal sólo dos partidos, aunque en cada elección son tres o cuatro partidos los que reciben los votos. Este dominio bipartidista, no da lugar a que se hable de un electorado estable, sino de uno cautivo. Nos referimos al funcionamiento de mecanismos propios de la política local que definen el comportamiento electoral de los votantes y controlan su orientación, sobre todo, en los sectores pobres de las sociedades locales. La participación electoral de comunarios y vecinos, se realiza como parte de las redes sociales tejidas en torno a ciertas familias con mayor economía dentro de las sociedades locales. Funcionan a través de intercambios asimétricos de valores y favores. Por ejemplo, trabajo o asistencia económica a cambio de votación y apoyo político. 3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Después de la Marcha por el “Territorio y la Dignidad”, la CPIB se posicionó en el contexto nacional como la organización indígena más fuerte y más clara en el oriente boliviano. No obstante, los líderes que condujeron la marcha16 después de haber mostrado a Bolivia y al mundo la existencia de la diversidad étnica mas allá de lo “aimara, quechua y guaraní”, no lograron proyectar un proyecto político propio y menos aún ideológico. 16
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Marcial Fabricano, Ernesto Noe, Tomas Ticuazu y Antonio Coseruna, fueron los líderes de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” del año 1990.
La dirigencia de CPIB hasta el presente ha celebrado diversos acuerdos con tiendas partidarias desde 1997 con el MBL, pasando por el MIR en 1999 y 2002, el 2006 con la UN, es decir, la dirigencia de la CPIB, ha mostrado un comportamiento político pragmático, privilegiando la negociación de espacios en la administración pública antes que un proyecto programático ideológico. Por su lado, los mojeños (Subcentrales TIM y TIMI, hoy CPEMB), en el seno de la CPIB, también formaron parte de los acuerdos. Sin embargo, desde su constitución primero como COPIM y luego como CPEMB, se han identificado con partidos y posturas radicales. Su acercamiento al MAS el año 2002 y 2006, configuraron la opción de priorizar propuestas y proyectos antes que espacios de poder. La dirigencia de los partidos políticos hegemónicos de Beni (MNR y ADN) ve en la dirigencia indígena indicios de corrupción, especialmente tratándose de la CPIB y no muy confiable para realizar alianzas. Asimismo, visualiza a la CPEMB como una organización que carece de independencia política ya que aparentemente obedece a las instrucciones del MAS. Estas percepciones reflejan la falta de credibilidad que existe en términos políticos en la dirigencia de la CPIB, que ya lleva veinte años desde su formación. Esto le ha permitido experimentar procesos gestados en el auge del modelo neoliberal, mientras que en la CPEMB, los partidos hegemónicos ven un sector que apuntala un discurso radical dirigido a disputarles el poder político.
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A partir de la indiscutible presencia de los pueblos indígenas en el escenario nacional, muchos de los dirigentes de CPIB y CIDOB se aprovecharon a nombre de los pueblos indígenas para asegurarse algunos espacios en la administración pública. Esta práctica tuvo efectos negativos en la legitimidad de las organizaciones indígenas y constituyó el mecanismo más efectivo de cooptación de dirigentes y de sus estructuras orgánicas. Los partidos políticos se introdujeron inclusive en la toma de decisiones respecto a temáticas orgánicas, agrarias y de recursos naturales. Las estructuras indígenas fueron copadas por dirigentes nuevos y urbanizados que en muchos de los casos desconocían la realidad de las comunidades indígenas. Este período se caracteriza por un conjunto de actos de corrupción dirigencial y pérdida de la visión de la dirigencia (negociados de madera y de tierra entre otros).
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4. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: Contexto político y organizativo previo al triunfo electoral mojeño de 2004 4.1 Nace la COPIM: La dirigencia de CPIB no la aprueba
CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
En octubre de 200017 , los dirigentes mojeños convocaron a todas las Subcentrales de la Provincia Mojos TIM, TIMI, TIPNIS, San Lorenzo, San Francisco y Desengaño para celebrar un Encuentro, en ese evento de organizaciones mojeñas resuelven crear un ente que velará y canalizará las aspiraciones y objetivos de los pueblos indígenas mojeños, considerando que la CPIB ya no cumplía ese rol. De esta forma nació la Coordinadora de los Pueblos Indígenas Mojeños (COPIM), con el propósito de coordinar y articular acciones conjuntas en las temáticas referidas a la consolidación de la tierra, los recursos naturales, el fortalecimiento organizativo y el control social, en el ámbito municipal. De aquí, se desarrollan acontecimientos que la COPIM asumió de forma independiente e incluso en afrenta a las definiciones de su entidad matriz la CPIB. Estructura de la COPIM
Con 6 Subcentrales mojeñas queda conformada la COPIM, a la cabeza de Don Virgilio Moy -en representación del TIPNIS- como su primer Presidente. Esta nueva estructura, denominada también bloque mojeño, no es bien vista por la dirigencia de la CPIB. La percibió como un paralelismo a su gestión y un peligro de ruptura al interior de su organización. De 17
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Entre el 2 y 4 de octubre se reúnen las dirigencias de las Subcentrales mojeñas y constituyen la COPIM.
En el 2001, la COPIM logró controlar el Comité de Vigilancia a la cabeza de un representante del TIMI: Don Víctor Jare, quien rápidamente fue cooptado por la estructura municipal. Esta experiencia de participación en este importante órgano de control social no ha sido debidamente analizada ni valorada por la dirigencia mojeña, que centró su atención en la problemática de tierra territorio y recursos naturales, dejando este espacio en manos de los partidos en ejercicio del Gobierno Municipal. Quizás los dirigentes indígenas en aquel tiempo -coincidiendo con los karayanas- veían el ámbito municipal como un espacio ajeno al mundo indígena. A pesar de ello, a finales de 2001 los dirigentes mojeños logran cambiar la visión de desarrollo del Municipio, que ante la propuesta de PDM18 2001-2006 elaborada por una empresa consultora (CEPA-Beni), denuncian las irregularidades y omisiones cometidas por esta empresa a las Normas Básicas de Planificación Participativa Municipal en el proceso de elaboración del PDM, es decir, un proceso eminentemente participativo fue elaborado en gabinete, lo que generó un rechazo absoluto de las comunidades y Subcentrales del Municipio aglutinadas en la COPIM, los mojeños observaban que la vocación principal del Municipio sea pecuaria-ganadera dado que este sector es reducido en comparación a la población mayoritaria que vivía de y se dedicaba a las actividades agroforestales. También observaron el hecho que estuviera invisibilizada la riqueza cultural y turística, cuando San Ignacio de Mojos se consideraba la capital folklórica de Beni. En este sentido, se impusieron las organizaciones indígenas y cambiaron la visión del Municipio. Por ende, las prioridades de inversión productiva debían enfocarse a la actividad agroforestal. a) Agroforestal: vocación potencial más importante para el Municipio, debido a que la mayoría de los habitantes del sector rural (comunidades indígenas) son agricultores, complementando esta actividad con la explotación forestal. 18
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igual manera, los representantes de los partidos tradicionales y miembros del Concejo Municipal de entonces, veían en esta nueva estructura una amenaza, ya que el Municipio contaba con 8 Distritos Municipales: dos urbanos y seis rurales. Estos últimos coincidían territorialmente con las organizaciones miembros de la COPIM, y por ello el control del Comité de Vigilancia estaría en manos de la nueva estructura organizativa.
Plan de Desarrollo Municipal.
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
b) Cultural y Turístico: la existencia de cinco pueblos indígenas que mantienen sus costumbres y tradiciones, además de la naturaleza exuberante y diversa, como de la restauración de su templo misional y la producción musical de su población. c) Pecuario: La ganadería se ha convertido en una importante actividad económica del Municipio debido al gran volumen económico que genera su comercialización y la generación de empleo que esto representa. La actividad ganadera, pese a sus limitaciones y problemas, es considerada como una vocación para el desarrollo del municipal (PDM, 2001).
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4.2 Agudización de las contradicciones y de los conflictos a) El espacio local El 2002 era un año electoral y por tanto de definiciones políticas para las organizaciones. En ese año fenecía la gestión de la dirigencia de la CPIB, por tanto se avecinaban dos acontecimientos importantes para las Subcentrales mojeños y para la COPIM. A esto se sumaba el hecho de que el INRA en reunión CITCO19 desarrollada a finales del 2001 en San Ignacio de Mojos, definió para iniciar en 2002 las “Pericias de Campo” en los territorios del TIM 1 y del TIMI. Fue una de las etapas más conflictivas dentro del proceso de regularización de la tenencia de la tierra. En ese momento, los propietarios o supuestos propietarios de predios al interior o colindantes con la TCO20 , debían demostrar en terreno la Función Económica Social (FES) de su posesión y la documentación que le respaldaba. Como en muchos de los casos, estos propietarios en su mayoría ganaderos, no contaban con documentos en regla o se habían apropiado de la tierra de forma ilícita y fraudulenta. Por eso reaccionarían de forma violenta ante el intento de regularización de las tierras, pues pondría en evidencia su situación. En la medida en que avanzó el proceso agrario, afectando intereses de grandes terratenientes en Mojos, el clima social de la capital mojeña se fue convulsionando. En San Ignacio de Mojos, que gozaba de una aparente tranquilidad, irrumpió un actor político que, además 19
La reunión CITCO (Comité Interinstitucional de Tierra Comunitaria de Origen) son espacios técnicos de planificación del proceso de saneamiento de TCOs donde participan los demandantes de las TCOs y los técnicos y autoridades del INRA para proyectar el avance del proceso de saneamiento de tierras.
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Tierra Comunitaria de Origen.
de ser mayoritario en la región mojeña, cuestionaba al poder local y regional. En respuesta, los grupos de poder local, en su articulación departamental y nacional, desarrollan acciones y estrategias, que iban desde la incidencia y persuasión política hasta las medidas violentas en contra de dirigentes y asesores que estaban involucrados en el proceso agrario y político-organizativo.
En 2002, miembros de la Coordinadora Interinstitucional viajan a la Sede de Gobierno22 y presentaron a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea 21
La Coordinadora Interinstitucional se conforma para defender los derechos humanos en Mojos, las principales organizaciones e instituciones que la conformaron fueron la Parroquia de San Ignacio, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, PRODEMO, Las hermanas Ursulinas, las Subcentrales indígenas, la Central Obrera Regional y otras organizaciones populares del área urbana.
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La Comisión estuvo conformada por tres dirigentes indígenas: Pedro Nuni y Erasmo Yujo del TIMI, Ignacio Pérez del TIM y dos asesores de CIPCA: Juan Carlos Rojas y Hernán Ávila.
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Fueron tiempos de alta tensión y de definiciones extremas, ante las agresiones violentas de estos sectores, las organizaciones indígenas despliegan una impresionante capacidad de articulación a nivel local, regional, nacional e internacional. En el plano local, las subcentrales se articulan con el Gran Cabildo Indigenal, las juntas vecinales, clubes de madres, asociación de carretoneros, moto taxistas, comerciantes, sindicato de ladrilleros y otros gremios. Además de estas alianzas, se destaca la conformación de la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de San Ignacio de Mojos21 desde donde se denuncian los actos de violación de derechos cometidos en contra de la población urbana y rural, indígena y no indígena.
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia las denuncias sobre las irregularidades del proceso agrario que en complicidad con el sector ganadero cometieron funcionarios del INRA. También informaron sobre los atropellos permanentes que autoridades cívicas y municipales cometían en San Ignacio. Esta situación impactó en la opinión pública de la ciudad de La Paz y se conformó una comisión compuesta por representantes del Parlamento, Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos y medios de comunicación con cobertura nacional, que visitaron San Ignacio de Mojos para constatar en terreno las denuncias de boca de los directos afectados.
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A la llegada de la Comisión se presentaron 36 casos de violación de derechos humanos y de abusos por parte de los sectores de poder de Mojos23 debidamente documentados y organizados en cuatro temáticas: I) Casos derivados de la problemática de la tierra en el proceso de saneamiento, irregularidades del INRA y el despojo de tierras a comunidades y a comunarios; II) Casos de abusos en la gestión municipal; III) Casos de denuncias por arbitrariedades en los servicios sociales y IV) Casos de atropellos a los derechos culturales de los pueblos indígenas. Inmediatamente se dieron a conocer las denuncias ante la opinión pública nacional, el sector ganadero del Beni representado por FEGABENI se reunió en un Congreso Extraordinario en San Ignacio de Mojos con la finalidad de respaldar a su Asociación de San Ignacio. Además, dio un plazo de 72 horas para que la ONG de apoyo a los pueblos indígenas en Mojos (CIPCA)24 abandonara la capital mojeña, ya que responsabilizaban a ésta institución por el clima de inestabilidad que se vivía Mojos. A decir de algunos ganaderos, la ONG patrocinaba a los dirigentes indígenas más conflictivos y había preparado las denuncias que la población presentó a la Comisión. La tensión entre los sectores indígenas y ganaderos polarizó a la población mojeña, sin embargo, una de esas noches un ganadero llamado Guido Suárez, acompañado de sus “matones” interceptó en la calle al Presidente de la Prensa de San Ignacio y funcionario de CIPCA, Arturo Casanovas y al párroco de la iglesia católica de San
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Ver Ávila, 2006 “El Ichini Mojeño ha Despertado”.
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CIPCA: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, su Regional Beni tiene sus oficinas en San Ignacio de Mojos.
En 2000, por su cercanía a la CPESC, los mojeños se articulan al Bloque Oriente. Y más tarde en 2002, la CPEMB con la Central Obrera Departamental (COD) y con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni (FSUTCB) articuló una alianza regional denominada Alianza Obrero Campesina Indígena (AOCI). Finalmente, a nivel nacional los mojeños, ya como CPEMB, de forma directa se constituyen como parte del Pacto de Unidad, mayor espacio de articulación nacional de los movimientos sociales rurales del país. b) El frente nacional y la 4ta. Marcha Indígena Multisectorial Cuando estábamos en medio del trabajo de Pericias de Campo se cruzaron a medio año las medidas que el Gobierno, en su empeño de favorecer a su sector27, intentaba aprobar en el tema agrario un conjunto de normas, por lo que tuvimos que marchar, marchamos más de 200 mojeños en esta movilización que sería denominada la Cuarta Marcha Indígena por la Asamblea Constituyente. Participamos y junto a tres dirigentes liderizamos la movilización que llegó hasta la ciudad de La Paz. (Miguel Peña Guaji, 2006). Los primeros días de mayo de 2002, las organizaciones mojeñas convocan a sus comunidades a concentrarse nuevamente en San Ignacio. Era inminente la aprobación de un conjunto de medidas -Paquete
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El padre Enrique Jordá es jesuíta y teólogo, altamente comprometido con la causa de los pueblos indígenas ha acompañado y apoyado sus reivindicaciones durante 20 años como párroco de San Ignacio de Mojos donde aprendió los idiomas trinitario e ignaciano.
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En este Cabildo abierto participaron los Corregidores Comunales de las comunidades de las TCO TIM y TIMI, las Juntas Vecinales y el pueblo en general, aproximadamente unas 2.000 personas se reunieron y marcharon alrededor del pueblo, gritaban estribillos pidiendo justicia y castigo a los agresores, para después deliberar.
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Refiriéndose a sectores agroforestales y ganaderos con intereses contrapuestos a las demandas de los pueblos indígenas.
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Ignacio, Enrique Jordá25 a quienes agredió verbal y físicamente. Inmediatamente la noticia se expandió en la población y al día siguiente, se reunieron las organizaciones de San Ignacio de Mojos para organizar un Cabildo abierto26 que ponga freno a los excesos, las agresiones y amenazas de los ganaderos. El Cabildo, logró brindar respaldo y solidaridad al padre Enrique Jordá y Arturo Casanovas. Posteriormente, convocaron a autoridades departamentales para que brindaran garantías y respeto a los derechos humanos y exigieron la culminación del saneamiento de tierras en el marco de la ley, ya que éste era el origen de los conflictos.
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CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
Agrario- preparados por el Gobierno saliente28 a favor de latifundistas, ganaderos y madereros. Además, se intentaba aprobar un proyecto de reforma constitucional vía parlamento, preparado por el denominado “Consejo Ciudadano”, pretendía elevar a rango constitucional el modelo neoliberal. Entre otros puntos el Paquete Agrario consistía en las siguientes medidas: Decreto Supremo para la modificación del Reglamento de la Ley INRA, con el objeto de que flexibilice los alcances de la Función Económica Social y una nueva norma técnica de “carga animal”; el Proyecto de Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal, con la que se otorgaba “amnistía” a los empresarios madereros respecto a sus obligaciones con el Estado, lo que implicaba un virtual regalo de los bosques a este sector. Frente a estas medidas impulsadas por el Gobierno, la COPIM entendió que sólo una movilización lograría detenerlas y ubicaría a los pueblos indígenas en mejores condiciones para encarar el proceso de saneamiento. Por eso movilizó a más de 200 mojeños, que determinaron asistir a la convocatoria del Bloque Oriente para rechazar el Paquete Agrario y el Proyecto de Reforma Constitucional del Consejo Ciudadano, así como exigir al Gobierno un compromiso público de no aprobar ninguna medida en materia agraria. Definidas estas líneas, el 13 de mayo de 2002 salieron desde la sede de la CPESC, en la ciudad de Santa Cruz los mojeños en la IV marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”. La plataforma de demandas de la marcha contenía tres puntos centrales: el primero se refería al archivo del Proyecto de Reforma Constitucional del Consejo Ciudadano y a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con la participación de todos los sectores sociales del país y sin la exclusiva mediación de los partidos políticos. El segundo consistía en la petición de archivar definitivamente el Proyecto de Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible. Y el tercero pedía el archivamiento definitivo del Proyecto de Modificación del Reglamento de la Ley INRA, la anulación del convenio suscrito entre el INRA y los ganaderos y el archivamiento definitivo de cualquier proyecto de norma técnica de modificación de la “carga animal”. Además demandaban la institucionalización del INRA y la renuncia del Director de Nacional.
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El Gobierno presidido por Jorge Quiroga Ramírez (Tuto), quien deja la Presidencia en agosto del año 2002, el mismo que asumiera la Presidencia de la República después del fallecimiento de Hugo Banzer Suarez.
La participación mojeña en esta marcha les permite identificar los intereses y estrategias de los actores políticos, empresariales, cívicos y sociales. También expresaron sus demandas históricas sobre la tierra-territorio y su participación política, identificaron a los partidos políticos neoliberales o sistémicos, sus aliados cívicos y sus gremios empresariales. La posición y la actuación de la dirigencia de la CPIB y de la CIDOB frente a la marcha, también les clarificó a qué tipo de intereses respondían, lo que ya marcaba una definición frente al venidero Congreso de la CPIB. “…no es como se decía antes, que nosotros no podíamos ser candidatos y solamente elegíamos, entonces la experiencia ha sido muy buena en la marcha del 2002, es esa experiencia la que nos da una visión más clara de cómo podíamos llegar nosotros hacia el Municipio trabajando con una sigla política propia” (Ernesto Sánchez, Presidente de la CPEMB, 30 de marzo de 2008). 5. CONGRESO DE SANTA ANA, RUPTURA DE LA CPIB Y NACIMIENTO DE LA CPEMB
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Las Organizaciones del Bloque Oriente, lideradas por la CPESC y los mojeños marcharon conjuntamente. Mientras, la CIDOB y sus regionales -entre ellas la CPIB- decidieron organizar una contramarcha para deslegitimar la marcha multisectorial del Bloque Oriente. A decir de Carlos Romero (2004), el dirigente de CIDOB Marcial Fabricano y Ángel Duran del MST, impulsaban movilizaciones patrocinadas por el mismo Gobierno en la búsqueda de avalar su proyecto de reforma constitucional (Romero, 2005:183-191). Por primera vez, los dirigentes mojeños vieron a los representantes del sistema político coherentes consigo mismos, interpretando los artículos 230 y siguientes de la CPE como escritas en piedra y calificando las propuestas indígenas de inconstitucionales. Por su lado, complicando aún más la situación, hicieron su aparición los “magos de la política” con su jefe Paz Zamora proponiendo la viabilidad de la Reforma Constitucional planteando para ello el Parlamento Constituyente, es decir, reformas presas del mismo sistema de partidos.
La conformación de la COPIM (2000) fue interpretada por la dirigencia de la CPIB como una división del movimiento indígena y una afrenta a su gestión. A partir de esta nueva estructura los mojeños se dieron las formas de asistir a eventos regionales y nacionales como las marchas indígenas de 2000 83
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y 2002, aún, en contra de las definiciones de la dirigencia de su organización matriz. Por otra parte, los mojeños establecen alianzas con organizaciones de campesinos y colonizadores en el ámbito regional y nacional, mientras que la CPIB rechazaba las alianzas con sectores de población andina. A la vez que la dirigencia de la CPIB encarnaba un discurso complaciente a los grupos de poder de la región y establecía acuerdos con sectores cívicos empresariales, la dirigencia mojeña de la COPIM planteaba un discurso contestatario y de oposición a los grupos de poder de la región rechazando cualquier acuerdo con éstos. No era sólo capricho de algunos dirigentes o la mera disputa dirigencial entre los mojeños de las subcentrales de la COPIM y el Directorio de la CPIB, como creen algunos autores y analistas del movimiento indígena beniano. Como mencionamos en una anterior publicación,27 la separación de los mojeños de la CPIB tuvo un trasfondo ideológico y estratégico. Si los mojeños formaban parte en esas condiciones del Directorio de la CPIB, sabían que estarían obligados a negociar permanentemente con las subcentrales y los líderes de CPIB, que se encontraban cooptados por empresarios vinculados a los negociados de cueros de saurios e influenciados por fuertes intereses políticos partidarios. A continuación, resaltamos algunos hechos que fueron determinantes para que los mojeños decidan desafilarse de la CPIB: • •
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Prórroga de un año a convocatoria del Congreso de la CPIB. Observaciones a la convocatoria de Congreso en tres puntos a) Respecto al lugar y fecha coincidía con la fiesta patronal de Santa Ana, lo que quitaba la seriedad en la toma de decisiones del Congreso; b) Se observaba la participación de delegados con voz y voto no contemplados por el Estatuto de la CPIB, como la participación de los Directorios pasados de la CPIB y de una Asociación de Profesionales Indígenas del Beni APIB; c) Finalmente, en cuanto al temario se observó que se desarrollarían temas vinculados más con actividades de funcionarios del Gobierno y de partidos políticos que con los objetivos y mandatos del último Congreso de la CPIB. Instalado el Congreso, se conformó la Mesa de Presídium. Fue la primera pulseta entre ambos Bloques, que resultó desfavorable a los mojeños, quienes debieron conformarse con la Vicepresidencia. De aproximadamente 300 delegados en el Congreso, 95 eran mojeños los que gozaban del apoyo de la mayoría de las subcentrales. El Directorio saliente avaló con anticipación la participación de gremios, Cabildos y ex-Directorios de la CPIB, transgrediendo los Estatutos.
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Entonces, al conocer la decisión del Bloque mojeño, los dirigentes vinculados a intereses empresariales y político-partidarios que manejaban el Congreso intentaron partir el bloque mojeño atrayendo algunos delegados de las Subcentrales de San Lorenzo y de San Francisco, cuyos dirigentes fueron cooptados, sin embargo, las subcentrales de Rio Isiboro y la Ribereña Rio Mamoré se sumaron a los mojeños. Con lo que abandonaron el Congreso seis Subcentrales. No pudimos aguantar el manoseo político, no sabíamos si era un Congreso orgánico de la CPIB o un congreso político del MIR, muchos dirigentes políticos partidarios del MIR estaban entrometidos en la toma de decisiones orgánicas de la CPIB en la ciudad de Santa Ana del Yacuma, fue ese el motivo por el que nos retiramos del Congreso. (Sixto Vejarano, 1 de abril de 2008). A su llegada a San Ignacio de Mojos los días 28, 29 y 30 de julio los mojeños elaboran un manifiesto público para denunciar el pisoteo de los Estatutos de la CPIB, el manoseo y manipulación político-partidario y empresarial del Congreso y anunciaron que en un plazo corto convocarían a un Congreso Constitutivo de los mojeños para retomar los postulados del movimiento indígena beniano. Veamos la parte final del manifiesto: Desde este momento declaramos públicamente que no pertenecemos más a la Central de Pueblos indígenas del Beni CPIB, pues ésta se encuentra controlada por una dirigencia corrupta. De la misma manera manifestamos nuestra pronta constitución en una nueva Regional nacida en la cuna del movimiento indígena del Beni que recupere la mística de lucha con la que naciera hace años atrás... (Manifiesto publico, 30 de julio de 2002).
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Desde el inicio del Congreso se insistió en el debate de la acreditación, lo que no se tocó hasta el segundo día, cuando ya se habían definido el temario y otros puntos de vital importancia para el desarrollo del evento. A hrs. 19 de la noche del segundo día de Congreso, el bloque mojeño definió que de continuar las irregularidades en el desarrollo del Congreso, las transgresiones a los Estatutos de la CPIB y de mantenerse el atropello a su participación, optarían por abandonar el evento. Hecho que sucedió el tercer día.
Después del manifiesto, la COPIM convocó a un evento para el 17 de octubre de 2002. Se reunieron en San Ignacio representantes y delegados comunales de las subcentrales del TIPNIS, TIM, TIMI, Río Isiboro y Desengaño, con el objetivo de analizar su situación orgánica y conformar una nueva 85
organización regional que les permitiera participar en las estructuras del movimiento indígena Nacional. Como resultado de este primer Congreso, nace la Regional denominada “Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni” CPEMB, que entre uno de sus mandatos buscaría su incorporación a la CIDOB en la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia (GANPI). CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
Nace la CPEMB con el siguiente Directorio: • • • • • • • • •
Presidencia: Adrián Nogales Morales, Subcentral TIPNIS, pueblo yuracaré. Vicepresidencia: Flor Aguirre Moy, Subcentral TIM, pueblo mojeño-ignaciano. Secretaría de Organización y Participación: Cruz Tamo Guaji, Subcentral TIM, pueblo mojeño-trinitario. Secretaría de Tierra y Territorio: Sixto Vejarano Congo, Subcentral TIMI, pueblo mojeño-ignaciano. Secretaría de Recursos Naturales y de Medio Ambiente: Ernesto Sánchez Merubia, Subcentral TIMI, pueblo mojeño-trinitario. Secretaría de Economía y Desarrollo: Pedro Salazar, Subcentral del Desengaño, pueblo movima. Secretaría de Salud: Segundo Tamo, Subcentral Cercado Rio Mamoré, pueblo mojeño-trinitario. Secretaría de Educación Cultura y Deporte: Roberto Tamo, Subcentral TIPNIS, pueblo mojeño-trinitario. Secretaría de Comunicación y Difusión: Edilberto Silaipi, Subcentral TIM, pueblo mojeño-ignaciano.
Entre las determinaciones más importantes, el Congreso Constitutivo resuelve importantes decisiones respecto el tema agrario y la participación política en las próximas elecciones municipales. Además, respaldó al Secretario de Tierra y Territorio de la CIDOB Bienvenido Zacu, ante el intento de expulsarlo del Directorio de la CIDOB por haber encabezado la IV marcha y por haber repudiado la actitud oficialista29 del resto del Directorio de la CIDOB. Como era de esperar la CPEMB fue negada en su participación como una nueva Regional de la CIDOB. No obstante, se hicieron las representaciones 29
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Los mojeños acusaban al directorio de la CPIB y la CIDOB de estar aliados al oficialismo, es decir a los partidos en función de Gobierno a los que calificaban de neoliberales.
En un pronunciamiento de fecha 23 de octubre de 2002, la CPEMB se declaró autónoma política y orgánicamente e independiente en su accionar y convocó a los pueblos indígenas a recuperar la visión del movimiento indígena, su esencia de lucha y repudiar la actitud oficialista del Directorio de la CIDOB, declarándolo traidor del movimiento indígena y responsable de la división. 5.1 Movilizaciones de octubre de 2003 y persecución de dirigentes Al convulsionarse el clima político a nivel nacional por los hechos suscitados en la Sede de Gobierno en febrero y octubre de 2003, en Beni la CPEMB juega un papel determinante al posicionarse conjuntamente con la Central Obrera Departamental, la Federación Universitaria Local, organizaciones de gremiales, transportistas, maestros, moto taxistas e instituciones de defensa de los derechos humanos, quienes constituyen el Comité de Defensa de la Democracia y Dignidad del Pueblo Beniano. Así se sumaron a las acciones nacionales en defensa de la democracia y en el pedido de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El Presidente de la CPEMB, Adrián Nogales y representantes del TIPNIS, asumieron la extrema medida de una huelga de hambre al lado de los representes de las otras organizaciones. Después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (19 de octubre de 2003), asumió la presidencia Carlos D. Mesa Gisbert. En todos los Departamentos se cambiaron los Prefectos, excepto en Beni. Esto provocó la reacción de las organizaciones que continuaron sus medidas radicalizándose con bloqueos de caminos en dos puntos del Departamento. El primero, en la carretera que conecta a Trinidad con la ciudad de la Paz, en la comunidad de Berméo; y el segundo en Puente San Pablo, en la carretera que conecta a Trinidad con la ciudad de Santa Cruz. El bloqueo de Berméo fue dirigido por las Subcentrales de la CPEMB; la de Puente San Pablo, por la Federación de Campesinos del Beni.
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correspondientes. El presídium estaba en manos del Presidente de la CPIB (2002), el mismo que se opuso tenazmente al reconocimiento de los mojeños como nueva Regional, frustraron la incorporación de los mojeños, se repartieron las secretarías de la CIDOB y con Resoluciones en contra de los dirigentes de la CPESC -principales aliados de los mojeños- provocaron que también se retiren de la GANPI y de la CIDOB sellando una ruptura nacional del movimiento indígena.
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Casi todo el año 2003 hemos estado en una supuesta paz con los terceros ilegales y con el INRA que permanentemente se presta a su jueguito, ya tenemos más de cinco convenios con el INRA para que puedan resarcir sus errores en el proceso de “Pericias de Campo” y hasta ahora no lo hacen.
CAPÍTULO III - El contexto regional en la participación y representación política de los pueblos indígenas del Beni.
La CPEMB en poco tiempo se ha fortalecido y a finales del 2003 ha participado en alianza con otros sectores de Trinidad en las movilizaciones de octubre, hemos tomado varias medidas entre las más importantes: La huelga de hambre en Trinidad y el bloqueo de caminos en la carretera Trinidad-La Paz en la comunidad de Berméo, esta medida ha sido “única” en el contexto del Beni y ha despertado el rechazo del sector ganadero. (Miguel Peña Guaji, 2004). Estas medidas asumidas por dirigentes de la CPEMB, no gozaban del respaldo de los sectores aliados a la organización indígena (ONG e Iglesia). Sin embargo, el sector ganadero de San Ignacio no logra respaldo a su rechazo, debido a que previa a la media del bloqueo, la dirigencia indígena obtuvo apoyo de otros sectores al ampliar la plataforma a nivel de demandas regionales, como el mejoramiento de caminos y la conexión eléctrica, entre otros. Durante la tarde del tercer día de bloqueo, autoridades y dirigentes cívicos de Riberalta intentaron agredir a uno de los asesores de la CPEMB que se encontraba en el bloqueo. Los mojeños se defendieron y se produjo un enfrentamiento violento. Este hecho agudizó la resolución del conflicto. En horas de la noche del mismo día -después del enfrentamiento- se produce un acuerdo con representantes de la Prefectura en la comunidad de Berméo y con la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica como garantía de los compromisos. Este tipo de medidas adoptadas por los mojeños, son consideradas por los grupos de poder local como una provocación directa. Responsabilizaron principalmente a los dirigentes Miguel Peña, Sixto Vejarano y Pedro Nuni, como los instigadores. Dos meses más tarde, cuando los conflictos parecían atenuarse entre los sectores involucrados en el proceso de saneamiento de tierras. Un hecho aislado, como fue el homicidio cometido al Alcalde Municipal de San Ignacio de Mojos (en manos de un ex-empleado del Alcalde)30, pone de manifiesto el sentimiento racista y de desprecio de estos grupos de poder hacia los pueblos indígenas y especialmente, contra estos dirigentes. Inmediatamente trataron de vincular a la organización indígena y dirigentes con el hecho mencionado, desencadenando un conjunto de acciones delictivas como la destrucción de una oficina y equipos de 30
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El 19 de diciembre el señor Eduardo Abularach: Alcalde de San Ignacio fue víctima de homicidio a manos de un extrabajador, quien fuera a cobrarle una deuda a su oficina (en el municipio) y después de un intercambio de insultos y amenazas, desencadenó en la muerte del Alcalde con tres disparos de arma de fuego.
CIPCA -ONG de apoyo a los pueblos indígenas con sede en San Ignacio- y la persecución con sicarios a dirigentes indígenas y sus asesores.
El fin de año de 2003 han sido las fechas más duras que he pasado, yo era perseguido por el monte (escondiéndome) ellos contrataron a matones para que me busquen por las comunidades, incluso agentes del Gobierno se encontraban involucrados, lo más triste es que tenían amenazados a mi hijo y esposa que vivían en la comunidad de Santa Rosa del Apere. Gracias a mis amigos de las instituciones y dirigentes comprometidos estoy vivo y seguiré mi lucha en la misma línea, si me hacen algo, sé que va ocurrir una movilización violenta que no se va a parar fácilmente porque los tenemos identificados, sabemos quiénes son los promotores de toda esta injusta persecución.”. (Miguel Peña Guaji, 2004) Después de las campañas de difamación en contra de dirigentes indígenas, asesores e iglesia católica; las organizaciones sociales de San Ignacio de Mojos, nuevamente a la cabeza de las organizaciones indígenas, convocaron a un nuevo Cabildo Abierto de San Ignacio de Mojos, que reuniera a la población en general para aclarar los hechos. El Cabildo permitió el retorno de los dirigentes perseguidos (Miguel Peña, Sixto Vejarano y otros) además de mostrar la fuerza que las organizaciones en una especie de advertencia a los agresores de lo que puede ocurrir si se lastima a sus dirigentes. Formalmente, se pidió al Estado que se cumplieran las leyes, se castigara a los infractores y se aclarara públicamente que los dirigentes indígenas no estaban involucrados en el hecho de sangre ocurrido, como lo ha manifestado ante el Ministerio Público el autor confeso. Finalmente solicitaron que se ratificara el respaldo a instituciones de apoyo y la Iglesia Católica.
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Con el homicidio del Acalde de San Ignacio, este sector (ganadero) ha encontrado la excusa propicia para arremeter contra los que ellos consideran un peligro y que atentan contra sus intereses y privilegios, (en el marco de la lucha por la tierra) entonces, mi persecución es otro intento de sacarme del escenario dentro del largo proceso de conflicto del movimiento indígena con este sector. Ellos me han focalizado como el dirigente más peligroso por toda la trayectoria de lucha de frente que he asumido.
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Miguel Peña líder mojeño y Constituyente y Lorenza Yaca prestigiosa líder mojeña.
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Foto Aydee Villalta:
CAPÍTULO IV - Abriendo las puertas de la Loma Santa pueblo mojeño y su participación política
Abriendo las puertas de la Loma Santa Pueblo mojeño y su participación política
Los actos político-organizativos desarrollados por el pueblo mojeño, están cargados de un conjunto de significancias y creencias milenarias que tienen su basamento en la fe sobre la existencia de un lugar en el bosque llamado “Loma Santa”, destinado de forma exclusiva para el pueblo mojeño. Esta convicción sobre la existencia de un lugar sagrado expresa rechazo a los “no indígenas”, o una forma protección como pueblo de ellos. Este sentimiento místico-religioso está presente en la marcha por el “Territorio y la Dignidad” de 1990, en la lucha por la consolidación de sus demandas territoriales y, recientemente, en sus intervenciones político-electorales. Lehm (1990) concluyó que la Loma Santa, más allá de ser percibida como un lugar físico-geográfico, se constituye en la utopía de una nueva situación para el pueblo mojeño. “…Propugna la instauración de una sociedad en la cual no existen las presiones que los blancos y mestizos ejercen sobre la población indígena. Se piensa que esta sociedad blanca-mestiza, portadora del mal, será destruida por un cataclismo. Simultáneamente, los mojeños encontraran su paraíso inaugurándose así, para ellos, un tiempo de abundancia, tranquilidad y libertad… Se puede afirmar que el movimiento de búsqueda de la Loma Santa expresa un nivel de conciencia de la sociedad mojeña respecto a su situación de pueblo oprimido, es decir, tiene un contenido anticolonial que apunta a revertir los elementos más persistentes del colonialismo interno, aquellos que se refieren a la invasión sistemática del territorio mojeño y a la pérdida de su autonomía.” (Lehm, Zulema; 1999: 131).
NUEVAS SENDAS EN LA MILENARIA BÚSQUEDA DEL PUEBLO MOJEÑO: Experiencias de su participación político-electoral en Mojos
CAPÍTULO IV
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Fischerman (1976), en un estudio anterior que tituló “En Busca de la Loma Santa” resaltaba los aspectos según los cuales la creencia mojeña encarna un discurso de rechazo del mundo no indígena, planteando el retorno al bosque. Este autor ilustró sus planteamientos con algunas citas de entrevistas a líderes mojeños de la década de los 70.
CAPÍTULO IV - Abriendo las puertas de la Loma Santa pueblo mojeño y su participación política
“… en el momento en que los mojeños encuentren la Loma Santa, se soltarán las fieras que amenazarán a los karayanas”. “Hay animales de toda clase. Hay fieras pero están amarraus … Dios mismo amarró los animales. Cuando nosotros entramos toditos ya no habrá peligro. Después desatan los animales y para los otros ya hay peligro, pero para nosotros que ya vivimos por adentro, no hay ningún peligro. Ya tenemos todo … y los karayanas no tienen nada…” 31 “La Loma Santa es para los mojeños una realidad, tan real, como el hecho de que los karayanas se posesionaron de sus aldeas, de su fuerza de trabajo y de sus tierras. En la Loma Santa, los indígenas encontraron todo lo que la soberanía de los karayanas les quitó: Libertad y seguridad material, su libertad consistía en la independencia total, vivir así, como crean conveniente, en su propio pueblo, en su propio suelo, con su propia administración. Seguridad material, significa tener suficientes alimentos, ropa y herramientas. La Loma Santa es un lugar de justicia, lugar que Dios les entregó en recompensa por la injusticia que los mojeños sufren en manos de los karayanas, lo que una vez se tuvo y se perdió”. (Fischerman, 1976: 318). Los actos trascendentales de los mojeños están cargados de gran significado místico. “Abriendo las Puertas de la Loma Santa”, es la última alusión de los dirigentes mojeños al referirse a su ingreso al Gobierno Municipal, Lehm (1990) considera como una ideología el conjunto de elementos que llevan al pueblo mojeño a movilizarse en busca de la Loma Santa. Al mismo tiempo la autora, estableció una relación entre estas movilizaciones milenarias y la Marcha por el “Territorio y la Dignidad”. De la misma manera se evidencian en los discursos de los nuevos dirigentes indígenas, otra vez, alusiones a la Loma Santa. Así se refieren a los territorios en disputa y en proceso de consolidación territorial, así como el ingreso en el escenario político local institucionalizado en la figura del Municipio.
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Citas de entrevistas a mojeños de Fischerman, 1976.
1. PRIMERAS EXPERIENCIAS: JUGANDO CON REGLAS KARAYANAS 1.1 Elecciones nacionales de 1997 Hacia finales de los noventa el modelo neoliberal empezaba a mostrar sus fisuras. No había logrado resolver el problema del desempleo y de la extrema pobreza, más bien se evidenciaba la profundización de la crisis económica, el descrédito del sistema político y el debilitamiento de los referentes sociales. Este contexto llevó -a decir de Carlos Romero- a una situación de crisis generalizada cuyas contradicciones no solamente emergían de la coyuntura inmediata, sino que tenían un carácter estructural (Romero: 2005). Por su lado, los pueblos indígenas de tierras bajas, después de las dos primeras marchas de 1990 y 1996, adquieren una notoriedad social y política que no podía pasar desapercibida por el sistema de partidos, que empezaba a resquebrajarse y requería de caras nuevas, de valores y principios que expresen renovación. En este sentido, distintos dirigentes, especialmente de los pueblos: guaraní, chiquitano y mojeño, fueron tentados por partidos políticos tradicionales para habilitarse como candidatos y ocuparon espacios públicos en alguno de los casos.
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En este sentido podemos encontrar una articulación entre las estrategias milenaristas que movilizaron al pueblo mojeño con sus demandas de “territorio y autodeterminación”. Estas demandas, a la vez, los ha sumergido el campo jurídico y político del Estado nacional. Es decir, la nueva senda que los mojeños han decidido recorrer desde la marcha de 1990, inexorablemente los ha transformado de sujetos sociales a sujetos políticos. Este cambio cualitativo ha introducido nuevas demandas y metas en sus planteamientos organizativos. Las demandas por la consolidación de sus territorios y sus recursos naturales, por ejemplo, los ha llevado por laberintos jurídico-políticos que expresaban la complejidad de un sistema político que parecía diseñado para negarles derechos y excluirlos. Ante este hecho, la necesidad de incidir directamente en los ámbitos políticos era inevitable y, desde este momento, el pueblo mojeño empezó un camino desconocido con reglas karayanas.
Para las elecciones nacionales de 1997, el dirigente mojeño y representante de la CIDOB Marcial Fabricano, participó como candidato a Vicepresidente acompañando a Miguel Urioste, candidato presidencial por el Movimiento Bolivia Libre MBL, aunque sus posibilidades eran remotas, 93
fue la primera experiencia de participación política en la que los mojeños recibieron instrucciones de acatar y apoyar la candidatura de su dirigente nacional.
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“En época de elecciones nacionales para Presidente y Vicepresidente, desde la CIDOB aparentemente no se dio una autorización tengo entendido. También lo digo porque fue en esa época cuando yo no era dirigente. Se aceptó una postulación de Marcial Fabricano como candidato a Vicepresidente por parte de un partido no muy conocido en el país, estoy hablando del MBL. Y bueno, los mojeños, como otros pueblos consecuentes con su organización, con toda seguridad y firmeza yo debo manifestar que lo apoyamos. Marcial participa y llega a San Ignacio de Mojos, es bien recibido pero lamentablemente, fracasó. Esta situación de la candidatura fue una invitación personal que no se encaró de manera orgánica. Las consecuencias ya las conocemos, no hubo aceptación” (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). Ya en estos tiempos, el dirigente Fabricano se encontraba seriamente cuestionado por la Subcentral del TIPNIS y por un sector de dirigentes del Gobierno del TIM (GOTIM 32), por sus negociados de madera y vínculos con las empresas. Por tanto, el respaldo a su candidatura arrastraría estos conflictos. Por otra parte, las organizaciones y dirigentes de la época separaban las dimensiones orgánicas de las políticas partidarias, considerando que la actividad político-partidaria correspondía a los partidos políticos y no a la organización. Más adelante veremos cómo esta percepción de la práctica y de la disputa del poder político cambió. 1.2 Elecciones municipales de 1999 Para 1999, dos años después de las elecciones nacionales, las subcentrales mojeñas de San Ignacio y del Multiétnico -en menor medida-, definieron participar de manera orgánica con candidatos propios en las elecciones municipales. Esto llevó a la dirigencia a establecer un conjunto de reuniones con los representantes de los principales partidos políticos de San Ignacio MNR y ADN. Las reuniones dejaban entrever a los dirigentes indígenas las percepciones que los dirigentes de estos partidos políticos tenían de la política y de los indígenas. En el mejor de los casos, les ofrecían la cuarta o quinta Concejalía, es decir, lo que técnicamente era imposible obtener. Así dejaban claro que la administración pública era exclusiva del mundo karayana. 32
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El GOTIM se constituye en la primera experiencia de construcción de Gobierno territorial que emana de las comunidades del territorio y asume una posición crítica frente al manejo de algunos dirigentes de CPIB y CIDOB sobre los contratos por la explotación de los recursos naturales y las definiciones políticas.
A propósito de este comportamiento político de los karayanas de Mojos, podríamos citar a Rojas (2000) que refiriéndose a la cultura política del Beni planteó que, “la escasez de lo político-estatal hace que la propiedad de la tierra y el capital económico se vuelva el poder social central, que dirige la economía y se vuelve también, poder político, es decir, normador, organizador, y gobernante local, para bien y para mal…”. El mismo autor, afirmó que la cultura política se hizo fuertemente patrimonial, es decir, que el sentido público (Estado) se volvió privado (patrimonio), las élites favorecidas por la distancia estatal subyugaron el ejercicio de la ciudadanía al patrimonialismo. Se podría decir que el Estado no construyó sus instituciones políticas locales, sino que se basó formalmente sobre las estructuras de poder patrimonial local. El patrimonialismo generó una cultura de mando, por un lado y una cultura de la subordinación, por el otro. A pesar de las reformas del 52 (voto universal) que introdujeron la universalización de la ciudadanía, no fue modificada sustancialmente la estructura socioeconómica. (Rojas, Gonzalo; 2000: 56). Estas características de la cultura política sólo podían llevar al fracaso en las reuniones con los dos principales partidos del Municipio. Entonces, los dirigentes mojeños buscaron una fuerza política que aceptara sus planteamientos. En aquel tiempo, el área urbana consideraba positivo tranzar una alianza con la Unión Cívica Solidaridad (UCS), es decir, una fuerza capaz de disputarle adeptos a ADN y MNR. A pesar que las reuniones para establecer la alianza se realizaron en las oficinas de la Subcentral, los miembros de los directorios de las subcentrales indígenas fueron convocados por Marcial Fabricano y se trasladaron a San Lorenzo de Mojos. Allí les impusieron una alianza con el MIR, la Subcentral del TIM rechazó y desconoció ese acuerdo asumido solo por la Subcentral de San Ignacio con su candidata: Doña Teresa Limpias.
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“… los partidos tradicionales miraban a los pueblos indígenas como si fueran la quinta rueda del carro, por lo tanto no le daban su merecida importancia, ubicándolos del cuarto lugar en adelante en las candidaturas al Concejo. Esas experiencias para nosotros no fueron muy buenas, porque en realidad lo único que hacíamos era fortalecer al partido que nos daba esa alianza, que siempre nos la daban si trabajábamos para ellos” (Ernesto Sánchez, 30 de marzo de 2008).
A pesar que el MIR no garantizaba ningún resultado favorable, se negociaba la presencia de la candidata indígena Teresa Limpias de la Subcen-
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CAPÍTULO IV - Abriendo las puertas de la Loma Santa pueblo mojeño y su participación política
tral de San Ignacio, en la suplencia de la primera concejalía. Esta sería la primera experiencia de participación política fruto de una definición orgánica en el ámbito local del Municipio. A pesar que los resultados no fueron positivos y, al contrario, algunos dirigentes afirman que líderes indígenas quedaron militando en este frente político.
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“La única organización política que aceptó de alguna manera la participación de un indígena, aunque de suplente del primer titular en aquel tiempo fue el MIR. De esta manera fue que se le hizo esta campaña, que pese a tener una propuesta, para los pueblos indígenas por primera vez, se encaró un proceso y defendió una propuesta: Se escribió, se socializó...” (Pedro Nuni 7 de abril de 2008). En estas elecciones, la opción indígena de la mano del MIR apenas logra 8.43 por ciento de votos en el Municipio, ubicándose en un cuarto lugar sin ninguna posibilidad de participación en el Gobierno Municipal. Los dirigentes indígenas, afirman que la militancia del MIR en Mojos no sobrepasaba las 30 personas, pero fruto del apoyo que sus organizaciones le brindaron llegan a más de 400 votos. Un cuarto lugar entre las once fuerzas que participaron en estas elecciones. Elecciones municipales: San Ignacio de Mojos 1999
Respecto a las elecciones municipales de 1999, el Gobierno Municipal de San Ignacio mantuvo la misma estructura de hacía diez años, con su principal característica político- partidaria: personas vinculadas a la ganadería, miembros de ADN o del MNR, vecinos del área urbana “no indígenas”, mayoritariamente hombres y en ocupación de cargos principales. Ni un sólo indígena, comunario o representante de algún Cantón fue integrante de los partidos políticos presentes en los diferentes Gobiernos Municipales. Por tanto -contrariamente a lo esperado por la municipalización-, los políticos y los grupos de poder siguieron operando con la lógica de la exclusión. No incorporaron a sectores representativos de la población, como los pueblos indígenas, o de los sub-espacios. Para actuar de esta forma las élites políticas se crearon sólidos argumentos sobre todo, con la ecuación costos-beneficios políticos, concretamente electorales.
Elecciones municipales 1999: Municipio de San Ignacio Candidatos por Lugar de Residencia, Sexo y Partido Político Lugares de residencia Urbano
Cantones y Distritos
San Ignacio
San Ignacio
San Lorenzo
San Francisco
H M H M H M H
Desengaño TIPNIS TIM
M H M H
M
H
M
ADN 7 3 MNR 7 2 1 MIR 3 2 2 1 1
1
UCS 7 2
1
TOTAL 24 9 3 0 2 0 1
1
0 0 0 0
1
0
Fuente.- Elaboración propia, sobre la base de datos de la Corte Departamental Electoral.
Además de los alcances de la participación indígena, los cuadros muestran la ausencia de élites locales de los cantones de San Lorenzo y San Francisco, en los lugares principales de las listas electorales y en el propio Gobierno Municipal de San Ignacio. Estos grupos ocupan una posición secundaria y tal vez prescindible para las élites políticas de San Ignacio, aunque otra explicación podría ser su relación con la capital: Trinidad antes que con el pueblo, pues de hecho tiene residencia en aquella ciudad. “Lamentablemente esta experiencia fue negativa, pero también de alguna manera sirvió como lección para que en lo posterior podamos ver y analizar otras formas de participación” (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). 1.3 Remando contra la corriente: Nuevas definiciones y nuevas estrategias Después de estas experiencias, los líderes indígenas mojeños comprendieron que la única manera de crecer políticamente era a través del fortalecimiento de sus propias estructuras organizativas, fundadas en su plataforma histórica. La lucha por el territorio y los recursos naturales debía retomarse en el ámbito público como la bandera central de sus propuestas de cara a su participación política. En 2000, los mojeños de las subcentrales de San Ignacio y de la Subcentral del TIM -de forma independiente y contraviniendo las definiciones de su organización matriz, la CPIB- participan de la III Marcha Indígena Campesina, que llegó hasta la ciudad de Montero. En esa ocasión los mojeños lograron incorporar sus propuestas a la plataforma de la marcha. Solicitaron la admisión de la demanda de TCO del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano TIMI. Desde ese momento, las dos subcentrales con sede en San Ignacio contaban cada una con su demanda territorial.
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Partido Político
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CAPÍTULO IV - Abriendo las puertas de la Loma Santa pueblo mojeño y su participación política
Desde la participación en la marcha de 2000, se estrecharon vínculos entre los mojeños y la dirigencia de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). También conllevó a un acercamiento de los mojeños a los debates y posicionamientos políticos que se daban en el seno del Bloque Oriente33, el cual se acababa de estructurar en Santa Cruz en torno a la lucha por la tierra y los recursos naturales. La participación mojeña en estos espacios los acercó a posiciones radicales en su lucha por la tierra, los recursos naturales y su participación política, alejándolos de posturas y definiciones de sus organizaciones matrices: la CPIB y la CIDOB.
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1.4 La participación en las elecciones nacionales de 2002 La participación mojeña en la IV marcha de 2002 permitió identificar intereses y estrategias de los actores políticos empresariales, cívicos y sociales, establecer su posición respecto a sus demandas históricas sobre la tierra territorio y sobre su participación política. Asimismo, ayudó a identificar a los partidos políticos neoliberales o sistémicos, y a sus aliados cívicos y sus gremios empresariales. La posición y actuación de la dirigencia de la CPIB y de la CIDOB frente a la marcha, también les clarificó a qué tipo de intereses respondían, lo que ya marcaba una definición frente al venidero Congreso de la CPIB. “…No es como se decía antes, que nosotros no podíamos ser candidatos y solamente elegir…y por eso peleamos. La experiencia en la marcha del 2002 ha sido muy buena, con esa experiencia ya tuvimos una visión más clara de cómo poder llegar nosotros hacia el Municipio trabajando con una sigla política propia.” (Ernesto Sánchez, Presidente de la CPEMB, 30 de marzo de 2008). El Encuentro de Corregidores del TIM realizado en febrero de 2002 determinó la participación política conjunta y con candidatos propios en las elecciones nacionales y municipales, además de que la participación se daría con un instrumento “no tradicional”34. Esta fue otra señal de cambio que posteriormente se ratificó en el primer Congreso de la CPEMB. Las subcentrales del TIM y del TIMI definieron presentar candidatos
33
El Bloque Oriente es una alianza de organizaciones indígenas y campesinas de Santa Cruz en las que esporádicamente participaron otras organizaciones del Beni Sur como los mojeños y del Norte Amazónico, además, de otras organizaciones del Chaco, conformaron en su inicio el Bloque, la CPESC, FSUTCSC A.T., CDTAC, MST-SC, FSCSC, FSMCBS.
34
Refiriéndose a los partidos sistémicos como el MNR, ADN, MIR UCS, NFR y MBL.
Lamentablemente esta experiencia estaba condenada al fracaso, debido a que los principales líderes, incluyendo a sus candidatos, tuvieron que participar en la IV Marcha por la Asamblea Constituyente, lo que no permitió encarar las campañas electorales de manera sostenida. Otro factor que intervino negativamente fue la información de la Corte Departamental Electoral, que en primera instancia había señalado que la candidata no había cumplido con todos los requisitos y, sin embargo, se encontraba habilitada. Esta información mal intencionada evitó encarar en el escaso tiempo que restaba una campaña para evaluar el respaldo y convocatoria real de las Subcentrales. El año 2002 decidimos participar nuevamente, pero esta vez en la elecciones nacionales con el partido político conocido como Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS. En Mojos nos lanzamos sin conocimiento de Evo Morales, nosotros nunca necesitamos -ni hasta el momento- firmar un convenio, un acuerdo político, prestar la sigla, así que lo tomamos porque creíamos que no había otro como conocedores de alguna manera de la política de nuestro país, cuáles son de derecha o izquierda, creímos consecuente con nuestro propio pueblo y origen optar por este partido político. Sólo la Subcentral del TIMI y la del TIM tomamos la decisión, un candidato fue propuesto por el TIMI y otro candidato por el TIM… A partir de ese momento buscamos a nuestros amigos para hacer algunas gestiones para formalizar nuestra participación ante la Corte Nacional Electoral. Recabamos los requisitos, socializamos nuestra decisión a nivel de nuestro territorio y nuestras comunidades… y aceptamos el reto. Pero ¿qué resultados obtuvimos de la Corte Electoral? Esta jamás nos dio a conocer si nuestros candidatos estaban o no autorizados y habilitados. Nos escondieron la información, no sé si de buena o de mala fe. Pero como desconocemos los mecanismos, nos informaron que nuestra participación estaba plasmada recién tres días antes de la votación.
NUEVAS SENDAS EN LA MILENARIA BÚSQUEDA DEL PUEBLO MOJEÑO: Experiencias de su participación político-electoral en Mojos
propios a diputados por la Circunscripción 62 -de la cual forma parte la Provincia Mojos-. Esta vez no se conversó con ningún partido tradicional para negociar algún espacio, habida cuenta que ya habían definido un posicionamiento político orgánico desde su participación en la IV marcha. Se trataba de una opción anti-sistémica que se expresaba en el MAS-IPSP, a pesar de la oposición de las otras subcentrales de la COPIM, especialmente del TIPNIS, igualmente inscribieron a la dirigente de la organización de mujeres de la Subcentral del TIMI, Bertha Bejarano, y al Vicepresidente de la Subcentral del TIM, Lino Noza, como sus candidatos a diputados por la Circunscripción.
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De esa manera, nosotros emitimos una resolución censurando esta actitud, pero invitando también a nuestros hermanos indígenas a la votación respectiva. De esa manera nos constituimos en el tercer lugar dentro de la Circunscripción, lógicamente detrás de los otros partidos: ADN y MNR, que nos superaban con un gran margen de votación y seguido por el partido del MAS, que obtuvo el tercer lugar en esa oportunidad. Esa fue nuestra primera participación por el Instrumento Político del MAS. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008).
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Foto Carmen Muñuni
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2. ELECCIONES MUNICIPALES 2004 ¡AHORA ES CUANDO!
Pedro Nuni Presidente de la CPEMB y Sixto Vejarano Concejal y ex Alcalde de San Ignacio de Mojos, ambos dirigentes lideraron la participación política Mojeña.
A finales de 2002, con la CPEMB constituida y separada de las estructuras de CPIB y CIDOB, se generó incertidumbre en cuanto a la dirección y administración de los distintos proyectos que se desarrollaban en contraparte con las subcentrales mojeñas. Los funcionarios de estos proyectos (técnicos y ex-dirigentes), permanentemente intentaron romper la unidad del bloque mojeño y disolver la nueva organización a través de programas y proyectos en el ámbito educativo, salud y otros. Funcionarios del CEAM, por ejemplo, intentaron desplazar a la dirigencia que era el sustento y puntal de la CPEMB en los eventos orgánicos de las subcentrales del TIMI y TIM. A comienzos de 2003, al acercarse el período electoral, los partidos políticos nuevamente intentaron introducirse en las estructuras de las organizaciones indígenas. Ante este clima de constante asedio desde diferentes frentes, los líderes más clarificados del movimiento decidieron constituir un grupo reducido de élite para el análisis y el diseño de estrategias políticas.
En cuanto a las estrategias para la participación política, en este grupo definió la candidatura de Sixto Vejarano del TIMI e Ignacio Pérez del TIM para la Alcaldía. El segundo rechazó posteriormente su postulación. De la misma manera, en este espacio se define la creación de una comisión política de la CPEMB en la que Pedro Nuni sería el jefe de campaña del proceso electoral. Tengo el privilegio de manifestar que tomamos esa decisión de participar… y bueno, primero se gestó durante discusiones en pequeños círculos donde se decidió y analizó de qué manera podría hacerse. No podíamos todavía dar a conocer la decisión a todo el pueblo sin tenerla estructurada. Así que constituimos un grupo de dirigentes casi secreto que se denominó el Grupo Uno. Eran dirigentes clave que entendían estos procesos político-organizacionales y que podían comprometerse, hacer seguimiento. Fue así entonces que este pequeño grupo compuesto por dirigentes y algunos compañeros técnicos, elaboró todo un plan para después socializarlo entre las comunidades de nuestro pueblo y consensuar las decisiones. Se desarrollaron reuniones periódicas ya con representantes de las comunidades para encarar este proceso, primero debíamos definir en una reunión quién iba ser nuestro candidato a la Alcaldía. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). La llegada de los indígenas al Gobierno Municipal responde a un proceso de casi 10 años de fortalecimiento organizativo y formación de líderes indígenas. Fue fundamental la presencia de ONG y el papel de la Parroquia de San Ignacio, a cargo de los jesuitas, acompañan este proceso como principales aliados, con el aporte de recursos técnicos y asesoramiento político. En la última etapa, posterior a la aprobación de la Ley INRA, CEJIS y CIPCA emergieron como principales aliados de los objetivos de las organizaciones indígenas de San Ignacio. Esto explica la violencia contra éstas ONG desatada por los adversarios de los pueblos indígenas, durante los procesos 35
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De esta manera nació “el grupo uno” que tenía vida clandestina y estaba constituido inicialmente por doce dirigentes y tres asesores35. La finalidad de este grupo era evitar que los partidos políticos se inmiscuyeran en la dirigencia y en las definiciones orgánicas de las Subcentrales del TIM, TIMI y de la CPEMB. También proponía estrategias para encarar las elecciones municipales de 2004 y para protegerse de las amenazas permanentes de los grupos de poder.
Estaba conformado por Pedro Nuní, Miguel Peña, Sixto Vejarano, Bertha Vejarano, Carmelo Muñuni, Ignacio Pérez, Erasmo Yujo, Virgilio Moy, Ernesto Sánchez, Ignacio Apace, Armando Nolvani, Esteban Tamo dirigentes de las Subcentrales indígenas del TIM y del TIMI y tres asesores.
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de saneamiento de tierras y con el homicidio del Alcalde de San Ignacio, en diciembre del 200336. Respecto a los procesos electorales en Mojos, CIPCA no asume un trabajo de apoyo a procesos político-partidarios como mecanismo para evitar una mayor polarización en contra de sus actividades. Pero, desde el momento que los indígenas deciden involucrarse en las elecciones, es evidente su aporte en la elaboración de estrategias de comunicación, campañas político-organizativas y el apoyo diseño del plan del Gobierno.
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Esta participación en las elecciones culminó con una victoria electoral. Fue un componente más de un largo proceso, que incluyó una amplia capacitación política, formación de líderes, más el intercambio de experiencias de liderazgos y lucha política con otros movimientos en el país. El papel de CIPCA en la formación de líderes proviene desde 1998, cuando esta ONG se trazó metas concretas enfocadas a la formación de líderes. El Alcalde de San Ignacio, Sixto Bejarano, es uno de los líderes indígenas que emergió del fortalecimiento organizativo hasta llegar a constituirse en dirigente de la Subcentral del TIMI. Junto el CEJIS participó activamente en las tareas de negociación durante el saneamiento de las TCO en el municipio de San Ignacio de Mojos. Un aporte importante del CEJIS en este proceso fue la articulación una plataforma política que trasciende el movimiento indígena reflejando su apuesta por el Bloque Mojeño en su articulación con el bloque obrero, campesino, indígena, expresados en el Bloque Oriente y en el Pacto de Unidad. 2.1 El proceso electoral 2004 Como respuesta a la paz social en Mojos, durante los primeros meses de 2004 se retomó la preparación política de la CPEMB para participar en las elecciones municipales. El contexto político nacional había cambiado de manera favorable, ya que los acontecimientos de octubre de 2003 -en las que participó la CPEMB- habían golpeado al sistema de partidos. Las repercusiones afectaban especialmente al MNR y la ADN, que hegemónicamente controlaban el Gobierno Municipal. El planteamiento central de los mojeños durante la marcha de 2002 fue la instauración de una Asamblea Constituyente, con la participación de todos los sectores y sin la intermediación exclusiva de los partidos po36
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Se trata de un hecho aislado cometido en contra del señor Alcalde Municipal de San Ignacio de Mojos por un ex – funcionario de la Alcaldía, que pone de manifiesto el sentimiento racista y de desprecio de estos grupos de poder hacia los pueblos indígenas, y por ello, tratan de vincular a la organización indígena y dirigentes con el hecho mencionado, desencadenando un conjunto de acciones delictivas como la destrucción de las oficinas del CIPCA, instituciones de apoyo a los pueblos indígenas y la persecución con sicarios de sus dirigentes indígenas y asesores.
…Entonces nosotros como mojeños pensamos y dijimos que ya no era tiempo de estar amarrados a los partidos tradicionales. Por lo tanto, teníamos que ver la forma de buscar mejores opciones que nos lleven al Gobierno Municipal, y la promulgación de una Ley que nos lleve a participar directamente como CPEM-B, como pueblo indígena originario, por eso fue que hicimos la marcha del 2002 donde planteamos el lanzamiento de una convocatoria para la Asamblea Constituyente, y la promulgación de una Ley que beneficie a los pueblos indígenas originarios para que puedan candidatear directamente con la personería jurídica para no depender de un partido político. (Ernesto Sánchez, 30 de marzo de 2008). Las subcentrales en sus eventos orgánicos y la CPEMB en su primer Congreso, definen como uno de sus lineamientos la participación política conjunta y con candidatos propios, Por tanto, las decisiones políticas estaban tomadas, sólo era necesario darles operatividad. En este sentido, se reactivó la Comisión Política37 para diseñar la estrategia electoral. Los dirigentes acudieron a diferentes instituciones y profesionales amigos para que les orientaran sobre la nueva Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas para consolidar su participación. Si participábamos con candidatos propios tendríamos que pasar por varios requisitos: tener una personería jurídica, que a su vez debería ser aceptada por la Corte Departamental Electoral en el ámbito municipal, Y nuestra Personalidad Jurídica ¿tenía un ámbito nacional, ámbito departamental, uno regional o municipal?, también teníamos que superar los nombres de los candidatos, los cinco titulares con sus respectivos suplentes, definir el color de nuestra bandera ¡La CPEMB no tenía una bandera! teníamos que buscar una que nos represente y caracterice a los mojeños, tener un símbolo y así sucesivamente. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). 37
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líticos. Esta demanda se materializó después de octubre negro (2003), cuando se convirtió en parte de la agenda nacional. En este sentido, en 2004 se reformó el artículo 4to. de la Constitución Política del Estado, incorporándose el Referéndum y la Asamblea Constituyente como nuevos mecanismos de democracia directa; por otro lado, se aprueba la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, quitándole a los partidos políticos la exclusividad de la representación política en los espacios públicos.
La Comisión Política fue conformada en el Congreso Constitutivo de la CPEMB, con el mandato de elaborar una propuesta de participación para las Elecciones Municipales de 2004, la misma que estaba integrada por un representante por cada Subcentral: Miguel Alcántara de la Subcentral TIPNIS, Juana Caiti de la Subcentral TIMI, Roberto Salazar de la Subcentral del Desengaño, Adalberto Cuevas de la Subcentral del Rio Isiboro, Miguel Peña Guaji de la Subcentral del TIM y Segundo Tamo de la Subcentral Cercado Rio Mamoré.
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Se realizó una Consultiva Extraordinaria en San Ignacio de Mojos, en la que participaron dirigentes de todas las Subcentrales y delegados de las comunidades, en este espacio orgánico, se definió formalmente los candidatos, los colores de la bandera y los símbolos de la CPEMB y ante la opinión pública se anunció de forma oficial la participación política en las elecciones municipales.
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“Lo más difícil fue determinar quién iba ser el candidato, de qué colores iba a ser de la bandera de la CPEM-B, y que símbolos íbamos a llevar” (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). a) Sobre la definición de los candidatos El primer consenso logrado fue sobre el nombre del primer candidato, que recayó en el secretario de Tierra y Territorio de la CPEMB y ex presidente de la Subcentral de Cabildos Indigenales de San Ignacio de Mojos (TIMI): Sixto Vejarano Congo. Su acompañante en la suplencia necesariamente debía ser una mujer. Como el candidato titular provenía del TIMI, la acompañante debía ser propuesta por la Subcentral del TIM. Desde esta manera, se encargó a la organización de mujeres del TIM, cuyo evento orgánico se encontraba cercano, que eligieran a la candidata suplente. La nominada fue Sobeida Ruíz. Fue un momento difícil, muy difícil, porque como todo ser humano uno quiere ser el primero. Pero lamentablemente no siempre es así, hecho que tenemos que aceptar… Fue así que decidimos que sea Don Sixto Vejarano, un dirigente muy prestigioso en ese momento que tenía una clara idea y podía representarnos. No tenía antecedentes negativos. (Pedro Ñumi, 7 de abril de 2008). La segunda candidatura era reclamada por el TIPNIS. Sin embargo, por aspectos estratégicos se define dejar ese espacio para el posible aliado principal, pensando ya en la votación del área urbana. La FEJUVE se consolidó como la aliada natural de la CPEMB. Y en el marco del principio de alternancia que establecía la Ley 2771, la dirigencia de FEJUVE eligió a Leonor Aguirre38 como segunda candidata y al presidente de la FEJUVE, Oscar Noé, como su suplente.
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Leonor Aguirre de profesión maestra de escuela, asume esa responsabilidad de la candidatura sin haber desarrollado una trayectoria de lucha al frente de la dirigencia vecinal y desconociendo la lucha que los pueblos indígenas llevaban por su territorio y su participación política.
La tercera candidatura fue asumida por un representante de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, mientras que la suplencia de esta candidatura fue asumida por una representante de los gremiales, Liliana Luján. Las candidaturas posteriores fueron ocupadas por representantes de diferentes sectores sociales de San Ignacio y sus distritos rurales.
b) Sobre los colores Este tema concitó varios criterios y propuestas. Se acordó que la bandera debía llevar necesariamente el color verde de la pampa y las lomas del monte, porque representa la naturaleza de los territorios y también la bandera de Beni. Y amarillo, por dos razones: Porque muestra que los mojeños son herederos del Gran Paitití o El Dorado y porque representa el color del “Viya Sache”, Dios Sol. Como el amarillo representa la luz del sol, esta franja debía situarse en la parte superior combinándose con el verde, cada color en forma de triángulos formando el rectángulo. c) Sobre los símbolos Al referirse a los símbolos, el párroco de la Iglesia Católica Miguel Vargas Velasco, estudioso de la simbología y filosofía del pueblo mojeño, expresó: La nueva organización étnica de los mojeños, la CPEM-B, se ha propuesto hoy retomar con seriedad la lucha por la recuperación de su tiempo y espacio sagrado, dentro de unas directrices que brotan de un principio fundamental de la misma cultura mojeña, que es la concepción del “poder como servicio”. Es así que la consigna de la CPEM-B está muy enraizada en su cultura y su proyección, conlleva una carga simbólica grande.
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Para definir los candidatos tuvimos que hablar con otras organizaciones, no solamente indígenas, y ligarnos a las organizaciones urbanas. Fue así que el Cabildo Indígena, la Federación de Juntas Vecinales de San Ignacio, muchos de ellos encabezados por hermanos indígenas, pero del pueblo o sea urbanos, fueron participes y tuvimos que ver también la necesidad de incluir a todos los estratos sociales. No solamente tendrían que estar los indígenas, tendrían que estar la Central Obrera Regional, las Juntas Vecinales, las mujeres, los profesionales, los gremiales. Así que se realizaron reuniones periódicas, ya teniendo clara la idea y seduciendo a las otras organizaciones para que no solamente participen y busquen su candidato, sino que también vean quién era electoralmente potencial, para poder establecer la plancha de candidatos (Pedro Ñumi, 7 de abril de 2008).
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El Cántaro de Chicha: símbolo de la comunidad reunida en fiesta y abundancia, fuerza cohesionadora y expresión del tiempo y espacio auténtico del mojeño.
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El Maripi, objeto para servir la chicha: símbolo del poder de la autoridad comunitaria cuya fuerza coercitiva se ejerce no como imposición punitiva o anulación “del otro”, sino desde el “servicio al otro”, como “devolución” del poder que la comunidad otorga a la persona que ha sido elegida autoridad.
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La Tutuma, con que se reparte la chicha: símbolo del poder que no es privilegio individual, sino que se redistribuye entre toda la comunidad, de donde nace, se ejerce y encuentra su razón de ser. La autoridad debe servir e invitar la chicha a todos.
d) Sobre los responsables de la campaña Inicialmente se había conformado en el Congreso Constitutivo de la CPEMB una comisión política constituida por un representante por cada Subcentral; Sin embargo, no logró operatividad al no contar con un responsable. En la Consultiva realizada en marzo de 2004 en San Ignacio, se reconstituyó la comisión política a la cabeza de Pedro Nuni. De ella también participaron los candidatos y algunos técnicos de apoyo. Me eligieron para ser el responsable de campaña de la CPEMB. Se hicieron debates para hacer las propuestas, teníamos que hacer spots publicitarios, ir a seducir a otras comunidades, a las otras Subcentrales que se resistían a la CPEMB, como las de San Francisco y San Lorenzo. Fue una idea muy linda que menos mal la realizamos con mucho optimismo y ganamos rédito. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). De esta manera se configuró la participación política de la CPEMB. Pero faltaban trabajar dos aspectos fundamentales: El programa de Gobierno con su propuesta programática y la estrategia de campaña electoral, lo que fue desarrollado por la comisión y el apoyo técnico. 2.2 La primera pulseta Mientras los dirigentes mojeños se encontraban reunidos en San Ignacio definiendo las características de la participación electoral de la CPEMB,
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Yo recuerdo que los karayanas -que llamamos nosotros- del MNR y ADN querían hacer una sola fuerza política, porque para ellos la participación indígena constituía una amenaza. Hubo la fuerte tendencia de fusión ADN-MNR para tener un solo candidato y así poder contrarrestar al movimiento indígena. La misma Ley de Agrupación Ciudadana les permitía crear su Agrupación Ciudadana. (Sixto Vejarano, 1 de abril de 2008). 2.3 De la Agrupación Ciudadana Moxos, “el mismo vaquero con otro caballo” Pedro Nuni coincidió con la lectura de Sixto Vejarano sobre la estrategia de la Agrupación Ciudadana “Moxos”. “… los partidos tradicionales de la región, de manera muy engañosa, optan por estructurarse y participar en otras condiciones. Habida cuenta de que ya se estrenaba una Ley de Agrupaciones y de Pueblos indígenas, también armaron su Agrupación Ciudadana sacando de los partidos tradicionales una mezcla de adenistas y emeneristas, con el objetivo de aparecer con el discurso de “nosotros somos nuevos”. Esa inteligente forma de presentarse para engañar al pueblo fue un artilugio para neutralizar la arremetida e incursión de los pueblos indígenas, a los que ya nos veían muy fortalecidos y como una nueva organización: la CPEMB” (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). La estrategia tendiente a desplazar a la CPEMB de su creciente caudal electoral recibió un primer revés por una mala lectura sociológica de la población indígena mojeña. Intentaron constituir su Agrupación Ciudadana Moxos en el Club Social de San Ignacio, lo que sólo ratificaba el pensamiento excluyente del karayana. Quizá para ellos el mejor espacio de San Ignacio era el Club Social, en términos de significancia política para el nacimiento de su organización. Sin embargo, la asistencia de los indígenas fue casi nula. Sólo entraron -a decir de Ernesto Sánchez- algunos indígenas con alma de karayana, como José Gabriel Guasebe, exdirigente de CPIB, y sus cómplices dirigentes de San Lorenzo de entonces.
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otras fuerzas políticas hacían lo propio. A la cabeza de ex militantes de partidos tradicionales y conocidos ganaderos de la zona, también se gestaba una agrupación ciudadana que se mostró como una opción política nueva. Así intentaron evadir el descrédito que sufrían los partidos políticos y evitar una posible derrota a manos de los indígenas, ya que se evidenciaba un desgaste de ADN en el municipio después de dos gestiones consecutivas. Y el MNR acababa de recibir un duro golpe en el ámbito nacional.
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Como sabemos, el Club Social es una casa de encuentro social, pero de los karayanas. Allí no entra ningún indígena porque es un lugar extremadamente discriminador. Ahí quisieron constituir su Agrupación Ciudadana. Muchas personas no se iban a sentir bien, al menos nuestros hermanos indígenas no solamente del campo sino del pueblo. Eso no resultó porque no asistieron. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). Luego de su fracaso en el primer intento de constitución de su Agrupación Ciudadana, quisieron enmendar su error y jugarse el todo por el todo antes de que comenzaran las campañas electorales. Ellos se dieron cuenta que era un lugar inapropiado para constituir su nueva agrupación. Por lo tanto, repensaron y concluyeron que la única forma de obtener mayor rédito, participación de los pueblos indígenas y tener el arrastre de votación, era constituir su agrupación en un lugar popular, un lugar donde puedan concentrarse mayoritariamente los indígenas y gente del pueblo aparentemente de nivel social medio. Entonces fueron al Club Social de los pueblos indígenas: Al Gran Cabildo indigenal. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). Así relató el responsable de la campaña de la CPEMB para las elecciones de 2004 lo sucedido en aquella primera confrontación política directa. La primera medición de fuerzas entre la Agrupación Ciudadana Moxos (ACM) y la CPEMB. …Y con engaños fueron a nuestros hermanos indígenas, gente humilde que se dejó engatusar y convencer para utilizar el espacio sagrado del Gran Cabildo. Trajeron gente de otros pueblos, de los cantones de San Francisco y San Lorenzo y la “rosca” del pueblo para tener presencia mayoritaria y constituir en el seno de los pueblos indígenas de Mojos esta agrupación. Se estaba llevando a efecto su constitución en nuestra casa grande, con el emblema de los pueblos indígenas y nada más y nada menos que con las mismas personas anti-indigenistas, de extrema derecha, racistas, discriminadores. Adoptaron como símbolo de esta agrupación el machetero, con el que lógicamente todos los pueblos indígenas mojeños nos sentimos identificados. Esa era una forma de ganarse a nuestra gente y quizá a nosotros nos llevaría a la derrota. Este propósito de constituir su agrupación iba a ser consumado, de no ser por la acción inmediata que asumimos en aquel momento. Dos dirigentes indígenas que se encontraban allí nos comunicaron oportunamente y los dirigentes de la CPEMB entre los que se encontraba mi persona, pudi108
Entonces, nos presentamos allí y pedimos la palabra, aunque nos la negaron y fuimos abucheados e incluso quisieron lincharme en ese momento. Igual yo tomé la palabra y les hablé en nuestro idioma. Los hermanos mojeños de las otras subcentrales de San Francisco y San Lorenzo que venían siendo manipulados se sintieron aludidos, frustrados. Y comenzaron a difamarme, a buscar la forma de acallarme, pero fue tanto el coraje en ese momento, que reflexionamos al movimiento indígena en nuestro propio idioma y convencimos a los que estaban siendo manipulados. Como resultado, la constitución de su agrupación ciudadana fue frustrada. No sé cómo me salieron en ese momento las palabras, sentía miedo pero primó más el coraje y la impotencia, así que mis hermanos reflexionaron en ese momento. El hecho es que los que estaban en condiciones de instaurar en ese momento una agrupación, era la misma gente que nos venía gobernando desde siempre, los que se adueñaron de los recursos del Municipio, los mismos patrones de San Ignacio, los mismos ganaderos, los mismos karayanas que nos explotaron, la misma gente que nos perseguía por el tema de la tierra. Entonces yo les dije a mis hermanos indígenas: ¿Ustedes están dispuestos a constituir una agrupación ciudadana nuevamente de los patrones? O ¿Prefieren una nueva Agrupación de pueblos indígenas y votar por un candidato que sea un mismo hermano indígena? Pienso que esto y otros argumentos más, como el hecho de recordarles una historia de 98 años de vida que tiene este municipio manejado por la misma gente hicieron que el Cabildo Indigenal reflexionara. Y bueno, paradójicamente una de las autoridades de ese momento del Cabildo indígenal, era mi padre, don Juan Cansio Nuni, Primer Cacique de los pueblos indígenas. Bueno entonces le dije: Papá ¿A quién va a apoyar? ¿A nosotros como pueblo indígena que venimos sufriendo, que venimos peleando por tierra y territorio, que venimos luchando por la participación y queremos ser por primera vez electos y ser Gobierno? ¿O va a preferir a la misma gente?
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mos convencer a muchos hermanos de la organización de ir y mostrar la otra cara de la medalla. Nosotros que ya estábamos en los trámites de consolidación de nuestra Personería Jurídica, para que sea aceptada por la Corte Departamental Electoral y la Nacional, ya teníamos en ese momento luz verde para continuar con todo este propósito. Pero por otro lado, aparecía la competencia desleal de esta agrupación.
Ese fue un momento interesante. A pesar que tuve que salir escoltado por algunos hermanos indígenas de aquel lugar y estuve escondido por un día y una noche porque me buscaban para lincharme, ahora me alegra porque no podría ser de 109
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otra manera. Sí los propios indígenas estábamos buscando un instrumento para poder participar y aparece otro de los dos partidos políticos tradicionales queriendo utilizar la simbología de los pueblos indígenas, camuflado como agrupación ciudadana, no podíamos proceder de otra manera. Desde ese momento se instauró en Mojos una correlación de fuerzas entre movimiento indígena y agrupación ciudadana, porque tanto MNR como ADN en ese momento estaban descalificados. Venían de una derrota y no podían levantar la cabeza, la única que nos podía hacer fuerza era la aludida agrupación. Esa fue entonces la primera pulseta que tuvo la CPEMB en su participación política de 2004 y salió victoriosa. Nosotros sabíamos que esta falsa agrupación aparentemente indigenista tenía el propósito de ganarse los votos nuestros. Esa primera pulseta la ganamos y se constituyó en una fortaleza desde ese momento, en esa guerra fría, una guerra psicológica entre los pueblos indígenas y esta gente camuflada como agrupación ciudadana. Constituir la mencionada agrupación ciudadana en la casa grande del movimiento indígena mojeño hubiera significado una inminente derrota electoral, el fracaso de la participación de los mojeños con la CPEMB. Pues la agrupación no solo le hubieran arrebatado el espacio físico de mayor simbolismo del mundo indígena mojeño, sino también el discurso reivindicatorio como pueblo y la significancia ideológica de la lucha del movimiento indígena. Al comprender esto, los dirigentes indígenas actuaron de forma oportuna. 2.4 Las campañas electorales: “Cómanse la carnaza pero no se traguen el anzuelo” Las campañas electorales fueron asumidas por todas las organizaciones comunales y supra comunales que forman parte de la CPEMB. El compromiso de los líderes indígenas y de sus aliados atenuó la escasez de los recursos financieros. Los eventos orgánicos, las asambleas de las Subcentrales, las reuniones comunales e inclusive las festividades religiosas y culturales, fueron los espacios exclusivos para el desarrollo de las campañas electorales. Repetían los dirigentes la frase siguiente: “cómanse la carnaza pero no se traguen el anzuelo”, que reflejaba el grado de conciencia alcanzado por los comunarios. Por eso, los votos de las comunidades indígenas marcaron la
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diferencia que dio la victoria electoral a la CPEMB. De la misma manera, los dirigentes mojeños afirmaban que las mujeres entendidas en leer el futuro39 anticiparon previamente el triunfo electoral, pero se requería el máximo de esfuerzo de los indígenas para consolidar sus premoniciones.
2.5 Los resultados electorales En las elecciones municipales de 2004 de San Ignacio de Mojos, con 48 votos de diferencia sobre la segunda fuerza electoral, la CPEMB obtuvo dos de cinco concejales. Siguió la Agrupación Ciudadana Moxos, que consiguió sólo un Concejal, al igual que el tercer y cuarto lugar, ocupados por el MNR y ADN. Los últimos lugares fueron para los partidos que históricamente se disputaron el poder municipal en un sistema bipolar basado sobre el patrimonialismo. El apretado triunfo electoral logrado por la organización indígena, se constituyó en un logro histórico para el movimiento indígena del Beni. Posteriormente, podría posicionar al primer Alcalde indígena en el departamento; sin embargo, estos actos cargados de gran importancia para los pueblos indígenas, no perduraron porque no contaban con la mayoría en el Concejo Municipal.
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Se desarrollaron varios secretos propios de los y las sabias del mundo mojeño para ver el futuro y los resultados electorales, tanto en la siembra del maíz, como en los retoños de las plantas de plátano.
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Se trata de prácticas de predicción de los mojeños sobre el maíz o en el plátano, se cree que estas plantas a partir de la interpretación, pueden revelar algunos resultados futuros.
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Como se verá, las campañas estuvieron cargadas de esperanza, entusiasmo. Sus creencias y cosmovisiones, las que habían sido golpeadas en procesos anteriores nuevamente recobraron fuerzas, inclusive el triunfo fue leído con anticipación por algunas mujeres que emplearon la sabiduría indígena en los secretos del maíz y de los plátanos40.
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2.6 Las negociaciones
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Aunque la composición del Concejo le otorgaba a la CPEMB mejores posibilidades para encarar una negociación, un sector de la dirigencia indígena rechazaba establecer acuerdos con quienes calificaban de adversarios históricos. Entendían que estarían condicionados a éstos al momento de ejecutar propuestas en favor de su sector. A la vez, hubo otra corriente que finalmente se impuso: Había que buscar una alianza afín, que no condicione y que comparta ciertos principios. Establecidos estos criterios, la alianza natural parecía ser con el concejal del MNR David Casanovas Arias41. La dirigencia sentía un apego hacia este concejal más como persona que como partido.
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Conocedor del distanciamiento de la CPEMB respecto a la ADN, uno de los líderes del MNR en el Beni, Mario Ávila42 , encaró la negociación con la CPEMB inadecuadamente. A la dirigencia indígena -que en ese momento se sentía victoriosa- Ávila planteó que el resultado electoral mostraba un empate entre la CPEMB y las fuerzas políticas que él había patrocinado, refiriéndose al Concejal de la ACM y del MNR, que sumaban dos, al igual que los dos Concejales de la CPEMB. Por lo tanto, proponía una alianza entre iguales en la que ambas fuerzas gobernarían el Municipio a través de la conformación de dos Oficialías Mayores. En la comprensión de los asesores y dirigentes de la CPEMB, la propuesta era inviable e inaceptable, porque prácticamente planteaba dos Gobiernos en uno y cada uno con su propio equipo de funcionarios donde los Acaldes se alternarían por períodos. El condicionamiento de este viejo político evitó que la CPEMB hiciera una alianza con el MNR. Entonces los dirigentes se acercaron a la ADN, que inicialmente le planteó un apoyo incondicional para hacer a Sixto Vejarano, de la CPEMB, el próximo Alcalde de San Ignacio. A pesar de la oposición de algunos líderes a ese acuerdo político con ADN, la posibilidad de romper con la tradición bipolar ADN-MNR en el manejo del Gobierno local, pesó más en el momento de la decisión. Y terminó consumándose una peligrosa alianza que haría Alcalde a un indígena por primera vez en Beni. Se rompería, así, una tradición de 98 años de hegemonía karayana de manejo de lo público. 41
Joven Veterinario y ex Consejero Departamental, en algún momento de su formación profesional se benefició de una beca de la organización indígena.
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Uno de los más grandes ganaderos de la zona, con mucho apego a las comunidades indígenas.
Este acuerdo selló una nueva victoria de los adenistas sobre los emenerristas, ya que les permitiría continuar en el Gobierno Municipal. Desde ese momento, el MNR comenzó una dura campaña de desprestigio a Sixto Vejarano, con el argumento de traición al movimiento indígenas al aliarse con sus peores enemigos. Desde ese momento el MNR empezó a acercarse con las Concejalas de la CPEMB que no contaban con trayectoria ni experiencia orgánica y política. 2.7 Posicionamiento del primer Alcalde indígena en Beni y las primeras dificultades La llegada del representante indígena al Gobierno Municipal significó el retorno de los buscadores de la Loma Santa al lugar del que sistemáticamente fueron despojados. Para el mundo mojeño, este acto marcó el inicio de otra etapa en su lucha. Era en primer lugar un paso para abrir las puertas a ese espacio sagrado destinado a su pueblo. Entendieron que en esta etapa, había que andar con cuidado, porque de acuerdo a sus creencias las fieras más temibles aún andaban sueltas. Los primeros meses de gestión del nuevo Alcalde transcurrieron sin mayores problemas. Pero desde el tercer mes de gestión, el aliado incondicional empezó a poner algunas condiciones. Y la oposición, desarrolló un trabajo intenso de desprestigio del Alcalde y de cooptación a las concejalas de la CPEMB. Ellas, al no tener experiencia en el manejo de la hermenéutica pública, se encontraron en condiciones de vulnerabilidad. A esto debe añadirse la corta trayectoria dirigencial que tenían.
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…Para ser Alcalde con dos concejales teníamos que convencer a uno de los que estaban al frente. El MNR hizo ofrecimientos con sus condicione. Lógicamente, por el hecho de ser un partido antiguo, tenía más experiencia de gobernanza. Además, tenían dos concejales y podían garantizar la gobernabilidad por los cinco años y así dejar fuera a la ADN, donde estaban los más radicales, los abusivos, los terratenientes. Mira como es de paradójica la situación, lamentablemente en esas negociaciones de ida y venidas se tuvo que pactar con el peor, con la ADN ( Pedro Nuni, 7 de abril de 2008).
El trabajo de la oposición dio sus resultados para la elección del Consejero de la Provincia Mojos, que debía nombrarse con cuatro de los cinco votos del Concejo Municipal. Sorpresivamente, en una sesión las dos concejales indígenas, sin autorización de la organización ni consulta a sus dirigentes, decidieron apoyar la propuesta de la oposición. E hicie113
ron Concejero de la Provincia al candidato del MNR, a pesar de que la CPEMB tenía su propio candidato.
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Este desmarque de las Concejalas fue la primera derrota de la CPEMB, que había perdido organicidad en la toma de decisiones sobre sus representantes. Su aliado principal, ADN, tomó este hecho como una traición y una fractura en la alianza. La dirigencia organizó rápidamente una Consultiva43 en San Ignacio para reprender la actitud de las Concejalas, pero lo único que logró fue alejar más a la Concejal Leonor Aguirre, quien era cuota de la FEJUVE. Ella argumentaba que sólo acataba las definiciones de su propia organización y no de la CPEMB. Por su lado, la concejal Sobeida Ruíz -comunaria de Mercedes del Apere del TIM- asumió su error y pidió comprensión por su inexperiencia. Lamentablemente, aprovechándose de la inexperiencia de las dos Concejalas, comenzaron los del MNR a trabajarlas. ( Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). A juicio de muchos dirigentes, el alejamiento de las concejalas no sólo se dio por la inexperiencia o apetitos personales, sino también porque la dirigencia no asumió su rol de dirección del Gobierno Municipal, como se había definido con anticipación. El flamante Alcalde contribuyó a esta situación, ya que le era poco práctico consultar a la dirección de la CPEMB sobre cada asunto o decisión. Comenzamos a ver a un Alcalde Municipal más grande, que se creía más que la organización. Los dirigentes trajinaban a diario a la Alcaldía, algunos ya no querían asumir la organización, la dirigencia y sus respectivas funciones dentro de la organización. Comenzaron a querer ser funcionarios públicos. Llegó un momento en el que todo mundo quería ser funcionario público, querían tener ya los proyectos y ejecutarlos en las comunidades. Empezaron a salir algunos contratitos por aquí, por allá… (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). La dirigencia de la CPEMB asumió que la dirigencia de la Subcentral de San Ignacio del TIMI, por su cercanía física al Gobierno Municipal, se responsabilizaría del seguimiento y control de la gestión. Sin embargo, fue todo lo contrario. Esta dirigencia, antes que controlar y dar línea, acataba las definiciones del Alcalde. Mientras, la dirigencia mayor de la 43
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Evento orgánico con carácter resolutivo que reúne al directorio y a la dirigencia de las Subcentrales afiliadas a la CPEMB.
CPEMB estaba envuelta en asuntos de política nacional vinculados al proceso constituyente que los mojeños impulsaban desde la marcha del 2002.
…Desgraciadamente, al cabo de un año como Alcalde -estamos hablando del año 2005- escuchaba hablar de un voto censura, pero yo no sabía qué era. ADN, que se convirtió en PODEMOS, mañosamente logró comprar económicamente a la Concejal Leonor Aguirre y convencerla de que sería la Alcaldesa, es decir, alimentó la ambición de parte de esta compañera, que no se llama compañera porque ella traicionó a todo un movimiento social que le dio el voto para que haga el cambio. A Leonor Aguirre siendo presidenta del Concejo Municipal por la CPEMB, le entró la ambición personal, no le fue suficiente ser Presidenta, no se daba cuenta de que ese espacio siempre lo ocuparon los karayanas, los poderosos Presidentes del Concejo: Ese es el poder político dentro del Concejo Municipal y también tiene poder económico, porque yo no sabía que el Presidente del Concejo tenía gastos de representación, que es como otro sueldo, a esta señora no le bastó tener su sueldo como Presidenta y se prestó al juego de los de siempre y se hizo nombrar Alcaldesa Municipal. (Sixto Vejarano, 1 de abril de 2008). 2.8 “La traición de Aguirre” Varios factores contribuyeron para que las concejalas de la CPEMB se desmarcaran de sus definiciones orgánicas. Podríamos mencionar aspectos de tipo estructurales, como el hecho de que el apretado triunfo electoral indígena no logró en sí mismo desarticular el aparato político de las dos principales fuerzas en Mojos: ADN y MNR. Estos partidos se darían el modo de instrumentalizar a estas concejalas e, inclusive, a algunos dirigentes con tal de recuperar sus espacios de poder históricamente ocupados. Para ellos fue fácil, ya que las concejalas no contaban con trayectoria política ni dirigencial. Y habían accedido a esos espacios
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Para la dirigencia de la CPEMB, el gran responsable del fracaso en la gestión municipal fue el mismo Alcalde, que se puso por encima de la organización. Esta actitud de soberbia llevó al sistemático alejamiento de las concejales municipales y de sus compañeros dirigentes. A su vez, el Alcalde Sixto Vejarano hacía su descargo de responsabilidad sobre la Concejal Leonor Aguirre y su traición a la CPEMB como causa del fracaso y de su caída.
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sin haber desarrollado previamente un proceso orgánico que probara su idoneidad en la defensa de las propuestas indígenas. La CPEMB, después de la posesión del Alcalde municipal, hizo un virtual abandono del control, seguimiento y respaldo de la gestión municipal para ocuparse de asuntos de la política regional y nacional. Se entendía que la dirigencia de la Subcentral de San Ignacio desarrollaría este rol de seguimiento al ámbito municipal. Sin embargo estos dirigentes fueron cooptados por el Ejecutivo municipal, quien se desvinculó de la organización. También influyeron los desencuentros del Ejecutivo con las Concejalas y de ellas con la organización, por aspectos insignificantes que llegaron a trascender y convertirse en causales de alejamiento. Esto denotaba una inapropiada gestión de los conflictos internos, que terminan convirtiéndose en argumentos de alejamiento y abandono de dirigentes que van retirando su respaldo a la gestión municipal. Sin embargo, debe destacarse que la concejal Aguirre se desmarcó de la CPEMB por una definición personal. Primero favoreció al MNR en la elección del Consejero Departamental de la Provincia. Luego favorece al otro sector de poder de Mojos, ADN. Con este partido se presta al proceso de censura del Alcalde indígena, a cambio de su propia nominación con apoyo de concejales de la ADN y de la ACM. Así traicionó a la CPEMB, al movimiento indígena y a la milenaria lucha de los pueblos indígenas mojeños. …Después de la votación de nuestras concejalas a favor de la oposición, censuran a nuestro Alcalde Municipal, quitándole la confianza, y la oposición muy inteligente, ni siquiera asumen la responsabilidad del Municipio, sino que le otorgan como premio a la Concejal traidora el cargo de Alcaldesa, queriendo confundir al pueblo mostrando que la CPEMB continuaba en el Gobierno Municipal; sin embargo eran ellos, la gente que siempre gobernó la que estaba por detrás manipulándola. Esto duró un período muy corto, porque después nuestra organización, que ese momento era conducida por mi persona con otros hermanos, asumimos la posición drástica de iniciarle un proceso por transfugio ante la Corte Nacional Electoral, del cual salimos victoriosos y logramos sacarla del curul a la traidora Concejal. (Pedro Nuni, 7 de abril de 2008). Después de la suspensión de la Concejal Aguirre, asume ese espacio su suplente Oscar Noe, quien también proviene de la FEJUVE. Pese al precedente la CPEMB, el nuevo concejal no obedeció plenamente las defini116
ciones de la organización y la correlación de fuerzas en el Municipio no se modificó. El Concejal mantuvo una posición ambivalente y terminó respaldando acciones de las fuerzas políticas opositoras a la organización indígena.
3. PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Muchos dirigentes indígenas e investigadores indicaron que con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado culminará una etapa en la historia de Bolivia iniciada con la marcha por el “Territorio y la dignidad” de 1990, movilización que nació en el corazón del mundo mojeño en Beni. Sin embargo, para materializarse como propuesta y demanda nacional, el proceso constituyente requeriría aún de la “Guerra del Agua” desatada el 2000, de una marcha multisectorial -con protagonistas de centrales indígenas y campesinos- el 2002 y de una “Guerra del Gas” suscitada en 2003. Después de la marcha de 2002, los pueblos indígenas mojeños establecieron alianzas con diferentes sectores sociales afines. Y en 2003, se constituyeron en parte del “Pacto de Unidad”44, alianza destinada al seguimiento y construcción de propuestas en el marco de la Asamblea Constituyente. En este espacio, se trabajó en dos direcciones: la primera, en la construcción de una propuesta de Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente y la segunda, en la construcción de los contenidos de la Nueva Constitución Política del Estado. Los mojeños de la CPEMB, desde sus organizaciones comunales, se avocaron a la construcción de contenidos de una nueva Constitución. En 2006, sus aportes forman parte del Proyecto de Texto Constitucional presentado por el Pacto de Unidad el 5 de Agosto de 2006 a la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre. 44
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La primera fuerza electoral del Municipio en 2004 sólo cuenta en la práctica con un Concejal, el ex alcalde Sixto Vejarano, quien mantuvo escaza relación con su organización. Así culminó un período iniciado con mucha esperanza pero finalizado con un fracaso, o más bien, con un nuevo aprendizaje en el largo camino que los pueblos indígenas mojeños deberán recorrer en el mundo de las reglas karayanas, que desde hace poco han empezado a transitar.
El Pacto de Unidad es una alianza de las principales organizaciones indígenas y campesinas creado en septiembre de 2004 para definir propuestas conjuntas hacia la Ley de Convocatoria y a la Asamblea Constituyente, esta alianza nace sobre la base de las organizaciones matrices que componen el Bloque Oriente y las Confederaciones Nacionales.
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3.1 Elecciones de 2006 para Asambleístas Las condiciones posteriores a las elecciones municipales de 2004 y elecciones nacionales de 2005, reconfiguraron el escenario político a favor de las organizaciones indígenas. Los resultados electorales eran contundentes, se consolida el movimiento indígena mojeño como fuerza electoral y política en Mojos, dando fin a la histórica hegemonía electoral bipartidaria del MNR y ADN. CAPÍTULO IV - Abriendo las puertas de la Loma Santa pueblo mojeño y su participación política
Bajo estas nuevas condiciones, la CPEMB orgánicamente definió su alianza con el partido de Gobierno (MAS) e inició negociaciones de cara a su participación en las elecciones de julio de 2006. Ese mismo año, la CPEMB participa en el Congreso Regional del MAS-IPSP en el Beni y asumió la dirección regional del MAS, por consenso absoluto de todos los sectores sociales que participaron en el evento. Este hecho posicionó a la organización en mejores condiciones para definir las candidaturas a constituyentes. Y logró consolidar como candidato principal del departamento de Beni a uno de los líderes más controversiales del pueblo mojeño: Miguel Peña, candidato plurinominal del Departamento por el MAS. 3.2 Resultados electorales de 2006 La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente establecía una distribución de constituyentes que favorecía a las dos primeras fuerzas políticas en las 70 Circunscripciones Uninominales del país. La primera fuerza tendría dos constituyentes y la segunda uno. Si tomamos en cuenta las características del sistema político de Beni, donde son dos las fuerzas hegemónicas, la Ley era favorable para que lograran representación en las cinco Circunscripciones de Beni, ya sea por mayoría o por minoría, quedando sólo una posibilidad para la tercera o cuarta fuerza en la Circunscripción departamental. Sin embargo, la Circunscripción 6245, donde se encuentran las comunidades de las Subcentrales afiliadas a la CPEMB, dio una nueva sorpresa. Desplazando a nivel de la circunscripción a las dos fuerzas hegemónicas y constituyéndose en la primer fuerza, logrando dos Constituyentes que, sumados al constituyente plurinominal por el Departamento, conforman 45
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Cinco de las seis Subcentrales de la CPEMB, se encuentran en esta Circunscripción, además de comunidades campesinas de Puente San Pablo y de colonización como Yucumo y San Borja, con quienes la CPEMB estableció una alianza.
una bancada de tres, es decir, tres representantes departamentales que no respondían al bipartidismo tradicional ni a la política patrimonial en Beni, sino a las organizaciones sociales.
El MAS como estructura partidaria no existe de forma independiente a la organización indígena en Mojos, en las elecciones de 2006 el MAS a la cabeza de las Subcentrales indígenas consolidaron su hegemonía. En este sentido, los resultados que se muestran representan la votación definida orgánicamente en las estructuras comunales y supra comunales de la organización indígena. Los resultados varían de forma radical a nivel de las comunidades indígenas, que dieron un contundente respaldo a su candidato. Así demostraron un alto nivel de posicionamiento político de las comunidades indígenas, impresionan los resultados de la comunidad de El Retiro en el Territorio Indígena Multiétnico, por ejemplo, donde el 100 por ciento de los votos válidos en esa comunidad respaldaron a su candidato indígena. Casos similares se registraron en el resto de las comunidades indígenas, salvo excepciones que tienen su explicación en la presencia poblacional de trabajadores de haciendas y peones de ganaderos que votan en las comunidades y que son persuadidos por sus patrones para apoyar otras opciones.
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En la Provincia Mojos, la opción indígena alcanzó una votación superior a los resultados de 2004, con 1.672 votos de respaldo al candidato indígena Miguel Peña. En la Circunscripción 62 consiguió el primer lugar, consolidando dos constituyentes aliados del movimiento indígena: Sonia Tamo, quien representaba a los campesinos y Norberto Mendoza, representante de los colonizadores.
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4. COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN MOJOS
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Arriba mencionamos que la hegemonía del bipartidismo ADN-MNR finalizó con la irrupción de los indígenas en Mojos. Sin embargo, los resultados y alianzas que se han construido en el ámbito municipal dejan ver que se ha estableciendo un nuevo bipartidismo entre la opción indígena y las fuerzas conservadoras del Municipio. Los resultados electorales en los últimos años en Mojos expresan las dinámicas sociales y organizativas. Veamos el comportamiento del voto en esta región.
El gráfico nos muestra la evolución de la participación política del pueblo mojeño en el ámbito de la Provincia Mojos. La primera experiencia, resultado de una definición orgánica son las elecciones municipales de 1999, donde las Subcentrales de San Ignacio presentaron su candidata por el MIR. Para las elecciones nacionales de 2002, que no se muestran en el gráfico, la opción indígena se dio a través del MAS; con la aprobación de la Ley 2771, la organización participó de forma directa como CPEMB, sin la intermediación de un partido político. Para las elecciones nacionales de 2005, la organización definió respaldar la candidatura del MAS y, finalmente, para las elecciones de constituyente presentan candidato nuevamente con el MAS. a) ADN-PODEMOS Una de las fuerzas hegemónicas que representa a la derecha más conservadora en Mojos había ganado consecutivamente las dos elecciones municipales anteriores a la de 2004. El gráfico nos muestra que esta fuerza tiene
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Se observa que, que pese a la caída de los partidos tradicionales, la ADN ha logrado -a través de PODEMOS- mantenerse vigente en Mojos y por encima de su adversario histórico: el MNR. Este último movimiento fue el más afectado por la emergencia indígena, ya que su caudal de votación era preeminentemente rural, actualmente este sector es fiel a la opción indígena. b) El MNR Esta fuerza no ha logrado reponerse en Mojos. Al contrario, muestra una tendencia decreciente en las últimas tres contiendas electorales. Se podría decir que tiene una relación inversa con la opción indígena, que mientras se fortalece debilita al MNR. En las elecciones municipales de 1999, el MNR se ubicó en segundo lugar, obteniendo 1.785 votos. Esa cantidad descendió a 1.275 votos en las municipales de 2004, cuando se ubicó en el tercer lugar. Continuó su descenso en las elecciones nacionales de 2005, hasta los 1.061 votos, y finalmente llegó sólo a 968 votos para las elecciones de constituyente de 2006, ubicándose en el tercer lugar. c) La opción indígena CPEMB-MAS La opción indígena en sus dos primeras intervenciones, no logra resultados significativos, la primera en las elecciones municipales de 1999 y la segunda para las elecciones nacionales de 2002. Sin embargo, en 2004 logra ubicarse en el primer lugar en las elecciones municipales, seguido muy de cerca por la Agrupación Ciudadana Moxos. En esta intervención los mojeños participan en el marco de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas sin la intermediación partidaria lo que supone sigla y colores propios, este aspecto favoreció significativamente en los resultados.
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una debacle significativa, marcada en las elecciones de 2004 respecto a las anteriores. Pasó del primer lugar en 1999 a un cuarto lugar el 2004. Sin embargo, mantiene su peso y vigencia política en Mojos. Para 2005, en el marco de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas, se transforma en PODEMOS y nuevamente logró ubicarse primera en Mojos. Finalmente, para las elecciones de constituyentes perdió el primer lugar al ser superado por el MAS, que es la opción indígena para esta elección.
En 2002, los mojeños presentaron su candidata a diputada por la Circunscripción en las listas del MAS. Pero en ese momento no existían 121
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alianzas claras como las que se establecieron después de visibilizarse como fuerza en 2004. Para las elecciones nacionales de 2005, la opción indígena apoyó la candidatura del MAS, pero no obtuvo resultados contundentes debido a que no presentó candidatos mojeños en las listas del MAS para esta elección.
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Para las elecciones de constituyentes de 2006, la CPEMB nuevamente respalda al MAS, pero esta vez presenta el candidato principal del Departamento. Y consiguió nuevamente ubicarse en primer lugar en Mojos y a nivel de la Circunscripción Uninominal, Así pudo arrebatarle al bipartidismo ADN-MNR representantes a nivel departamental. d) Otros Finalmente el gráfico muestra “Otros”, constituido por aquellas fuerzas que han tenido relativa importancia en términos electorales, y que se presentaron al margen de las dos fuerzas hegemónicas y de la opción indígena. Para las elecciones municipales de 1999, esta fuerza se refiere a la UCS, que este año logra el tercer lugar. En esta Ocasión dejó por debajo al MIR, que ese año era la “opción indígena”. En las municipales de 2004, correspondió esta fuerza a la Agrupación Ciudadana Moxos, que logró un importante resultado ubicándose en segundo lugar con muy pocos votos de diferencia del primero, ocupado por la CPEMB. Para las nacionales de 2005, en esta categoría mencionaremos a la Unidad Nacional UN. Finalmente, en las elecciones de Constituyentes, también esta opción también correspondió al UN, que bajó su votación debido a que nuevamente la CPEMB logró alianzas con dirigentes vecinales del área urbana. Esta vez para respaldar a su candidato Miguel Peña incluido en las listas del MAS.
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Miguel Peña Guaji (Líder indígena del pueblo mojeño, Constituyente por el Departamento del Beni, y ex Presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico –TIM-). Fecha de la entrevista: 14 de febrero de 2006. Pedro Nuni Caity (Vicepresidente de la CIDOB y ex presidente de la CPEMB. Fue responsable de la campaña de la CPEMB en las elecciones municipales del año 2004). Fecha de la entrevista: 7 de abril de 2008.
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