manentes rumores de nuevos enfrentamientos, la llegada de la fuerza publica a Vigía del Fuerte, la ausencia del Estado y las autoridades locales para atender la emergencia hicieron que gran parte de las Comunidades del Medio Atrato decidieran desplazarse hacia la capital del Chocó. Incluso frente a los rumores, las amenazas, la presencia paramilitar en la zona y los posibles enfrentamientos con la guerrilla, comenzaba a registrarse desde el 3 de mayo la llegada de familias provenientes de comunidades como San Martín, Puerto Conto, Buchadó, San Miguel, Murrí, Tagachí, el Tigre, la Loma y en general de la gran mayoría de las comunidades de los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá. Esta situación de desplazamiento fue creciendo día a día, observándose una desolación absoluta en gran parte de las Comunidades, ya que la única razón por la cual la población, que aun se encontraba en éstas, expresaba no haber salido era la falta de combustible y embarcaciones suficientes». En horas de la mañana llega el presidente Andrés Pastrana Arango, «se compromete con las Comunidades a garantizar la seguridad y reconstruir las poblaciones. En Quibdó, en la segunda semana de mayo, ya eran miles los desplazados [...]. Eran recibidos por la Red de Solidaridad Social, la Cruz Roja y la Pastoral Social.» La misión humanitaria se realizó entre los días 9 y 12 de mayo, con el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Anders Kompas. Visitaron Quibdó, Bellavista, Vigía del Fuerte y Napipí. Entrevistaron a las autoridades locales, fuerza pública, organizaciones sociales y lograron reseñar los testimonios de los pobladores que vivieron y presenciaron los hechos. El informe, aborda las responsabilidades en los hechos, «a la luz de lo estipulado en el DIH y los DD.HH., tanto de los grupos al margen de la ley como las del propio Estado.»
En síntesis, el combate entre guerrilla y paramilitares fue catastrófico para una población que ya venía sufriendo por causa de todos los actores armados. Las investigaciones señalan igualmente las responsabilidades de la Brigadas IV y XVII del Ejército por omisión criminal, pues tenían la misión de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos; y por acción criminal, al haber actuado en conjunto con los paramilitares. La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra los Comandantes de la I División del Ejército, el Comandante de la IV Brigada y el Coronel a cargo del batallón con sede en Quibdó. La omisión de los mandos militares se centra en que las Comunidades ya habían informado que, desde el año anterior, habían llegado a la región del Atrato Medio más de trescientos paramilitares que habían expresado su propósito de combatir a las FARC. Los militares omitieron combatir a los escuadrones de la muerte.
Uribe en el Gobierno
Frente a las FARC-EP: En el marco del DIH, las FARC son responsables de la muerte de más de un centenar de civiles, heridas y lesiones a cerca de ochenta más y la destrucción de bienes civiles a través de cilindros de gas, arma, considerada como no convencional.
En agosto de 2002 termina el mandato presidencial de Andrés Pastrana e inicia el suyo Álvaro Uribe Vélez. Colombia pasa a ser gobernada directamente por el consenso de narcotraficantes, empresarios, militares, paramilitares y políticos de los partidos tradicionales y los nuevos partidos uribistas, firmado en Ralito. Como ya comentamos, se completa la infiltración de los escuadrones de la muerte y los narcotraficantes en el DAS y se intensifica la acción conjunta entre los escuadrones de la muerte y las Fuerzas Militares. Mientras crecen sin parar los Bloques paramilitares en todo el país, el Gobierno crea Comandos Conjuntos, Batallones de Contraguerrilla, Brigadas Móviles, Fuerzas Especiales Urbanas, Unidades de Protección de Carreteras, Batallones de Alta Montaña, Unidades para la Protección de Infraestructura, y dos nuevas Divisiones. En pleno crecimiento y despliegue,
· 170 ·
· 171 ·