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XIV

MARZO 2018

VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA


XIV

VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA


Estado de los Derechos Humanos, de los Acuerdos de Paz con las FARC y de los diálogos con ELN 2018

Visita realizada entre el 2 y el 16 de marzo del 2018

“Que la paz no nos cueste la vida” “La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques.” OACNUDH 2018


La 14 Delegación Asturiana expresa su reconocimiento al tejido social y organizativo colombiano que ha logrado auto-preservarse pese a la persecución, al Sindicato Nacional del Transporte, SNTT por su solidaridad y a PBI por su acompañamiento.

Fotos: Delegación Asturiana Edita: 14 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia Imprime: Gráficas Ápel


La 14 Visita en la otra Colombia Entre el 2 y el 16 de marzo del 2018 la 14 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia visitó zonas de conflicto social y armado en los departamentos de Arauca, Casanare, La Guajira, Cauca, la zona de Urabá y las ciudades de Buenaventura, Tumaco, Apartadó, Cali y Yumbo. Realizó 11 audiencias a las que asistieron organizaciones sociales y víctimas, sindicatos de obreros de la agroindustria del banano y de la caña de azúcar, pueblos indígenas, comunidades negras, sectores populares, organizaciones campesinas, Ongs de desarrollo y Derechos Humanos, colectivos culturales y religiosos y ambientales, entre otros. En Bogotá D.C. La Delegación Asturiana se entrevistó con el Embajador de España en Colombia Sr. Pablo Gómez de Olea, la responsable AECID; el Director de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Sr. Raúl Rosendi; Ministerio del Interior, Ivón González, Directora de Derechos Humanos; Defensoría del Pueblo; Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD; Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV; el diputado Alirio Uribe y la Representante a la Cámara Ángela María Robledo, y con la Comisión Internacional del partido FARC. En el Casanare la Delegación se reunió con la Directora de la Defensoría Regional del Pueblo y con delegados-as de la Gobernación, la Fiscalía y la Policía.

La 14 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia estuvo integrada por: TANIA GONZÁLEZ PEÑAS, Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. JAVIER COUSO PERMUY, Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. RAQUEL GONZÁLEZ ESTEBAN, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. ALVARO VILLEGAS FUERTES, psicólogo, de Asamblea Moza d´Asturies. MARCO ALEJANDRO ANTUÑA CAMPORRO, Portavoz de las Asambleas de Trabajadores en Lucha de Asturias, sindicalista de banca. CARLOS MEANA SUÁREZ, Abogado laboralista. XANA SARAH EBRECHT, psicóloga, Asamblea Moza d’Asturies.


JAVIER ARJONA MUÑOZ, de Soldepaz Pachakuti. DIEGO DIAZ ALONSO, asesor de Tania González Peñas, eurodiputada. JOSE ANTONIO GUTIERREZ DANTON, profesor del UCD, University College Dublin. JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos y de la 14 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia.

Audiencias y entrevistas 1. Audiencia con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la zona humanitaria. San José de Apartadó, 3 de marzo del 2018. 2. Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo. 3. Visita a la Zona Veredal de Normalización de La Florida, municipio de Riosucio, Chocó. 4 de marzo. 3. Entrevista con el Instituto Popular de Cultura, IPC y con la Asociación Campesina Tierra y Paz, ACASA. San José de Apartadó, 4 de marzo. 4. Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL y SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo. 5. Entrevista con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Bogotá, 5 de marzo. 6. Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo. 7. Audiencias en el territorio del pueblo indígena Wayúu y con SINTRACARBÓN. Departamento de La Guajira, del 6 al 8 de marzo. 8. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo. 9. Audiencias en el departamento del Valle: Buenaventura y Visita al Espacio Humanitario de Puente Nayero. 8 de marzo. Cali, 10 de marzo. Entrevista con organizaciones sociales de Yumbo, 10 de marzo. 10. Audiencias en el departamento del Cauca: Santander de Quilichao 9 de marzo. Visita al conflicto por la tierra en la finca La Emperatriz, Caloto, Cauca, 9 de marzo. 11. Audiencia en el departamento de Nariño, Tumaco, 9 de marzo. El domingo 11 de marzo la 14 Delegación Asturiana participó en calidad de Misión de Observación Electoral en los comicios para Congreso de la República. No fue posible obtener el permiso para visitar prisioneros políticos en la cárcel de Picaleña-Ibagué. Las impresiones de la Delegación fueron presentadas en rueda de prensa el 15 de marzo en Bogotá.


Í N D I C E

Presentación .................................................................................................................................................. 9 Situación de los Derechos Humanos en Colombia en el 2017 .................................................. 10 Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de PAZ con las FARC ................. 13 Estado de los diálogos con el ELN ............................................................................................... 16 Regiones visitadas ....................................................................................................................................... 16 1. Ataques a la dirigencia social, defensores-as de los Derechos Humanos .................. 22 2. Ejecuciones extrajudiciales. DIH ............................................................................................ 28 3. Paramilitarismo ............................................................................................................................. 29 4. Desaparición forzada de personas. Población en situación de desplazamiento ..... 30 5. Personas privadas de la libertad. Torturas, trato cruel inhumano o degradante .... 31 6. Víctimas. Mujeres. Niños-niñas y adolescentes. LGBTI ................................................. 32 7. Impunidad ....................................................................................................................................... 32 8. Pueblos indígenas. Poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales ........................................................................................................................................... 34 9. Empresas y Derechos Humanos ............................................................................................... 36 10. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ........................................ 39 Conclusiones ................................................................................................................................................. 41 Recomendaciones ........................................................................................................................................ 42 Anexos: ............................................................................................................................................................ 43 Siglas usadas ......................................................................................................................................... 43 Organizaciones e instituciones entrevistadas ........................................................................... 45 Traducción: ESTHER CASTRO


Presentación En su extenso recorrido por Colombia la XIV Delegación Asturiana constató los esfuerzos de las organizaciones sociales por mantener vida la llama de la equidad, de la paz y de los Derechos humanos, a pesar del riesgo que implica defenderlos. En las regiones visitadas hay conflicto social y armado. La expansión de los grupos paramilitares y la reconfiguración de las guerrillas y otros grupos permiten afirmar que, pese a la importancia de los Acuerdos de La Habana, estas zonas del país no están en paz y en ellas se siguen cometiendo graves y masivas violaciones de los Derechos Humanos y del DIH, con responsabilidad por acción o por omisión de la fuerza pública. En las recomendaciones aceptadas por el gobierno colombiano en el último Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos y en los Acuerdos de Paz suscritos por el Estado con las FARC, hay medidas que no se están aplicando para que Colombia avance en la solución de los problemas estructurales que generan violencia: reparto y titulación de tierras, combate a la impunidad y a los grupos paramilitares, cambios en la doctrina militar, reconocimiento de los derechos de las víctimas. El andamiaje de la paz con las FARC está siendo debilitado por sectores del poder económico, político y militar que obstaculizan la implementación del Acuerdo. El incumplimiento de lo pactado y la captura de dirigentes farianos con fines de extradición a los Estados Unidos generan más incertidumbre que repercute en la mesa de diálogos instalada en La Habana con el ELN.

Preocupa la falta de garantías para la dirigencia social que está siendo amenazada, perseguida, asesinada con impunidad y de manera sistemática sobre todo en áreas en las que hay oposición social a grandes proyectos agroindustriales y minero-energéticos y en las que el terror paramilitar es útil para el empresariado nacional o extranjero. Recibimos cuestionamientos al Fondo Colombia en Paz del que forma parte el Fondo Fiduciario Europeo para la Paz de Colombia por falta de operatividad y de transparencia, asuntos que generan inquietud. Asturias recibe para las térmicas carbón importado de Colombia arrancado en condiciones que violan derechos humanos, laborales, sindicales, generando un gran impacto ambiental y social que pone en riesgo el territorio y la supervivencia del pueblo indígena wayúu y el de otras comunidades del Caribe. A estas realidades se enfrenta la vigorosa movilización social colombiana en la que juegan un papel muy importante las organizaciones de mujeres. En ese acumulado organizativo se encarna la esperanza de la paz con justicia social que constatamos en nuestro extenso recorrido.

Tania González Peñas Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica


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XIV Visita asturiana de verificación del Situación de los Derechos Humanos en Colombia en el 2017 “La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques.” OACNUDH 20181 “El énfasis por el respeto de los derechos humanos permea nuestras relaciones bilaterales con Colombia. Las políticas colombianas para mejorar el respeto hacia los derechos humanos han producido logros importantes en los últimos años, pero los temas relacionados con las ejecuciones extrajudiciales, la impunidad, el desplazamiento y la violencia contra las poblaciones más vulnerables y los sindicalistas, continúan siendo un problema serio.”2 Embajada de EUA en Bogotá.

Colombia con más de 8 millones de víctimas registradas sigue afectada por el conflicto social y armado originado en el uso de la violencia para capturar rentas y territorios y en los últimos años para ejercer control sobre la población de regiones con proyectos agroindustriales, mineroenergéticos, o del interés de los EUA cuyo papel ha sido es determinante durante la confrontación con las FARC y lo es en la etapa de desarrollo de los acuerdos de paz. El 2017 fue el primer año de implementación de los acuerdos entre el Estado y las FARC, el año en el que hubo el primer cese al fuego bilateral con el ELN producto de la mesa de diálogo de Quito, y el único en décadas en el que bajaron los índices generales de violencia y los de personas 1

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Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia al Consejo de Derechos Humanos, 37o período de sesiones, 26 febrero-23 marzo 2018 https://co.usembassy.gov/es/our-relationship-es/official-reports-es/

heridas o muertas en acciones dentro del conflicto armado interno, pero esa violencia se ha concentrado contra la dirigencia social a pesar del gasto en seguridad, defensa, protección. Según el Banco Mundial Colombia duplicó su gasto en defensa desde 1960 alcanzando en el 2016 el 3,4% del PIB3. Este gasto afecta la inversión social en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc. La militarización incide negativamente en la situación de los Derechos Humanos como pasa en las regiones visitas por nuestra Delegación. La fuerza pública se guía por la doctrina del enemigo interno reforzada desde hace un año por la Doctrina Damasco que se fundamenta según el Ministerio de Defensa en “1. El principio romano: prepararnos para la guerra, porque estamos listos para la paz.” 4 La masiva presencia militar es temida por la población rural porque conlleva, según las denuncias recibidas del Catatumbo, Urabá, Arauca, Casanare, Boyacá, Cauca, Valle y Nariño, graves violaciones de los Derechos Humanos y del DIH como: la ocupación y destrucción de bienes protegidos por contribuir al bienestar de la población ci3

https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND. GD.ZS,

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https://twitter.com/mindefensa/status/626534736471687168


estado de los derechos humanos en Colombia

vil, casas, escuelas, centros de salud, carreteras, acueductos; violaciones al principio de distinción entre combatientes y población civil, uso de menores para tareas de inteligencia, creación de redes de cooperantes civiles; empadronamientos ilegales; estigmatización contra organizaciones, dirigentes sociales y comunidades señaladas públicamente por autoridades civiles y/o militares de ser guerrilleros o colaboradores, estigmatización y tratamiento militar a las movilizaciones sociales señaladas de estar infiltradas por la guerrilla, siendo frecuente el uso ilegal y arbitrario de armas de letalidad reducida como gases disparados directamente al cuerpo de las personas, uso por la policía antimotines ESMAD de armas no convencionales, violencia sexual, tortura física y psicológica para obtener información. Durante el 2017 hubo más de 440 ataques contra la dirigencia social colombiana (un 26% mujeres) con un saldo según la OACNUDH de 121 líderes sociales y comunitarios asesinados5 en los departamentos del Cauca, Antioquia, Valle, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Cesar, Risaralda, Caquetá, Meta, Atlántico, Bo5

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia al Consejo de Derechos Humanos, 37o período de sesiones, 26 febrero-23 marzo 2018

gotá D.C., Caldas, Guaviare, La Guajira, Tolima, Arauca, Bolívar, Casanare, Huila, Magdalena, Sucre, es decir en el 70% del territorio nacional y de manera notoria en las zonas donde hay economías ilegales, regiones con proyectos agroindustriales o minero-energéticos y en los territorios en las que el control de las FARC fue sustituido por los grupos paramilitares, el ELN, las unidades farianas opuestas al acuerdo de paz. La violencia contra la dirigencia social está creciendo en las ciudades. Desde hace ocho años la Corte Constitucional y desde dos el Consejo de Estado pidieron al gobierno proteger de manera efectiva a la dirigencia social y a sus organizaciones, otorgándoles medidas de protección colectivas. En el último Examen Periódico Universal -hace cuatro años- el gobierno colombiano se comprometió a protegerlos de manera efectiva, pero no hay aún garantías para la vida de las personas que defienden los Derechos Humanos, ni para los excombatientes pues al menos 37 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados durante el año. Sin embargo, “La policía está desbordada. No hay suficiente fuerza pública y la distribución de la fuerza se hace desde el nivel central. En El Morro tenemos dos unidades

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para proteger a los líderes, es poco, hay que proteger también por un convenio a las empresas.”6 No hay garantías para la vida de la dirigencia social y política de oposición. La llegada de la 14ª Delegación Asturiana coincidía con el atentado contra el candidato presidencial Gustavo Petro en Cúcuta. En la Comunidad de Paz de San José Apartadó los paramilitares forzaban a reuniones a los habitantes de las veredas en una zona copada por el Ejército Nacional y amenazaban con entrar a la zona humanitaria a asesinar a los dirigentes, lo que obligó a nuestra Delegación a pernoctar en la Comunidad de Paz. El 9 de marzo, pocas horas después de que visitáramos la finca La Emperatriz, era herido en un atentado el ex gobernador indígena del resguardo de Huellas- Caloto, Nelson Pacué. Continúa el uso abusivo de la justicia. La Asociación Nomadesc, la Universidad Intercultural de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras, el Movice y el Congreso de los Pueblos, denunciaron que “Las autoridades detuvieron este viernes a 30 líderes y defensores derechos humanos que desarrollan su actividad en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, al suroeste del país. Entre las personas detenidas hay varios líderes pertenecientes a 6 Entrevista con instituciones públicas del departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

comunidades indígenas y afrodescendientes. “Se evidencia que las personas detenidas habrían asistido a la mesa de diálogo con el ELN llevado a cabo en Quito – Ecuador y que estarían siendo sindicadas por rebelión y vinculadas a este grupo armado.”7 Los paramilitares siguen operando con diversos nombres y van controlando más territorios. Algunos observadores afirman que los paramilitares tendrían presencia en más de 230 municipios del país y en departamentos como Antioquia el 70% del país con la complicidad de la fuerza pública. Los paramilitares Águilas Negras, el Ejército Antirestitución, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, según Justicia y Paz, se sienten traicionadas por Uribe Vélez y están compuestas por militares, la extrema derecha, grupos de sicarios al servicio de ganaderos y empresarios. El gasto en protección para personas en riesgo tiende a crecer y su eficacia está cuestionada. No hay mecanismos efectivos de prevención de los ataques, no funciona en la práctica el Sistema de Alertas Tempranas por falta de coordinación en el gobierno. 7

Comunicado “SOS Detenciones arbitrarias líderes y defensores de DDHH. Cali, 20 de abril del 2018


estado de los derechos humanos en Colombia Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que evidentemente falló en adherir sus obligaciones (…) debido al extraordinario crecimiento de cultivos de coca y producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo un récord de cultivos (de uso ilícito) durante los últimos 12 meses.”8

La sociedad colombiana padece una inequitativa concentración de la propiedad, de la tierra, de la renta y del ingreso, lo que sumado a la corrupción genera exclusión social y persecución política que atiza un conflicto civil cuya agenda básica es la exigencia de justicia social a un Estado ausente que responde con amenazas, estigmatizaciones y con un uso desproporcionado de la fuerza que el año pasado dejó 14 personas muertas a manos de la fuerza pública en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Catatumbo.

Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de PAZ con las FARC “La paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso

La ausencia de servicios del Estado y el imperativo de sobrevivir han llevado a miles de familias marginadas en las selvas a cultivar coca, marihuana o amapola. Los cultivadores han expresado su disposición de sustituirlos de manera concertada y en algunas regiones hicieron erradicación voluntaria, esperan títulos de propiedad sobre sus tierras y medidas de apoyo a la economía campesina, pero se encuentran con erradicaciones militarizadas y forzosas que incumplen compromisos suscritos por el gobierno con las comunidades movilizadas y con las FARC de impulsar proyectos productivos y desarrollo integral. La erradicación forzosa que condena al hambre a miles de familias campesinas, incrementa la conflictividad social y responde a las presiones del gobierno de los EUA. El Presidente Donal Trump expresó: “El gobierno de los Estados

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International Narcotics Control Strategy Report. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Marzo/18

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XIV Visita asturiana de verificación del ción ordenada por la Fiscalía con fines de extradición a los EUA de Zeuxis Hernández, exdirigente guerrillero que, a la luz de los acuerdos- debía ser juzgado en Colombia por la Justicia Especial para la Paz:

del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad.”9 El gobierno ha incumplido el 80% de los compromisos que suscribió a nombre del Estado con las FARC y hay denuncias e investigaciones en curso por corrupción en el destino de dineros aportados para la asistencia a los excombatientes y para la adecuación de la mayoría de los 26 campamentos a los que llegaron hace más de un año cerca de 7.000 guerrilleros-as que dejaron las armas en junio/17 cumpliendo los compromisos de concentrase y desarmarse. Hay influyentes sectores económicos, políticos, militares y del ámbito de la justicia que obstaculizan el cumplimiento de unos Acuerdos que, de aplicarse, mejorarían la democracia, el estado de derecho, la equidad, los Derechos Humanos. Preocupan los efectos sobre el proceso de paz con las FARC y sobre los diálogos con el ELN que tendrá la deten9 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html.

“CAPÍTULO V. EXTRADICIÓN. Artículo transitorio 19. Sobre la extradición. No se podrán conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia. Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARCEP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado.”10

10 Acto Legislativo 01 del 04 de abril de 2017. Cámara. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.


estado de los derechos humanos en Colombia

A la falta de garantías físicas para los integrantes del partido FARC se le ha sumado la falta de seguridad jurídica al no aplicarse plenamente la ley de amnistía e indulto, por lo que le piden al signatario del Acuerdo, el Presidente Santos que “Ordene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia. Que actualicen las bases de datos de la Fuerza Pública para que no se sigan deteniendo a guerrilleros amnistiados.”11 Centenares de excombatientes han abandonado las zonas de concentración por la falta de proyectos productivos para reinsertarse a la vida civil, y por el acoso y las amenazas de los grupos paramilitares sobre estos lugares, así como por el asesinato de sus integrantes y familiares. “Debemos reiterar nuestra preocupación por el crecimiento, cada vez mayor, de la inconformidad y desencanto 11 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html.

de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo que no sean los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización”.12 “No imaginamos hasta donde complicarían el desarrollo de los acuerdos. El gobierno ha cumplido el 15% y las FARC el 100%. Cumplimos con el cese al fuego de manera impecable, nos concentramos, hicimos dejación individual de armas, entregamos 900 caletas con explosivos y armas no convencionales, hicimos el 100% del desminado humanitario, entregamos a los menores de edad y los bienes de la economía de guerra, nos quedamos sin nada, no cumplen con el pago mensual del 90% del salario mínimo a tres mil compañeros. Las FARC siguen apareciendo en la Lista Clinton y no hay seguridad jurídica, quieren extraditarnos; la Fiscalía General pone a la paz en riesgo por trabajar para los intereses de los EUA. Nos falta asistencia jurídica, los países garantes pondrían unos 30 abogados. La JEP era para las dos partes, no sólo para que nos la apliquen a nosotros, hay 650 presos que ya debían estar libres. Con todo nos ratificamos en la voluntad de paz y llamamos a exigirle al gobierno que cumpla, apoyar la reinserción con proyectos productivos, apadrinar zonas de transición en las que hay una explosión de vida con el nacimiento de muchos bebés.”13 La reinserción va camino al fracaso. “Las FARC han cumplido. No vemos planes ni estrategias para la reinserción y las FARC tienen planes de proyectos productivos, la 12 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html. 13 Entrevista con la Comisión Internacional de las FARC. Bogotá, 14 de marzo

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XIV Visita asturiana de verificación del falta de apoyo del Estado, esos atrasos generan divisionismo, menos de la mitad de los exguerrilleros permanecen en las zonas veredales. Nos preocupa que los cuestionamientos al estado del proceso termine llevando el agua al molino contra la paz.”

Estado de los diálogos con el ELN La Mesa de Diálogos con el ELN se instaló el 7 de febrero/17 en Quito para abordar los siguientes puntos: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2. Democracia para la paz, 3. Transformaciones para la paz, 4. Víctimas, 5. Fin del conflicto armado. 6. Implementación. La negativa anunciada el 18 de abril/18 por el gobierno de Ecuador -luego de conocerse el asesinato de tres periodistas- de continuar siendo sede y garante de las conversaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, obligó a las partes a un cambio de lugar y puso sobre la mesa la necesidad de que se declare un cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades con base en los resultados del cese al fuego bilateral que funcionó entre el 1º de octubre y el 9 de enero/18. “Con el propósito de concretar acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, han acordado desarrollar un Cese al fuego, bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población. Este cese iniciará a partir del 1 de octubre de 2017 y finalizará el 9 de enero de 2018.” “A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las FARC. El 27 de noviembre, 13 personas murieron como consecuencia de un enfrentamiento

entre disidentes de las FARC y miembros del ELN en Magüí Payán, departamento de Nariño.”14 El gobierno ha rechazado la voluntad de diálogo expresada por el EPL en los últimos años. En regiones donde coinciden las dos guerrillas ELN – EPL, como ocurre en el Catatumbo, el cese al fuego con el ELN puede verse afectado por las acciones contra esta insurgencia.

Regiones visitadas En las regiones visitadas, Arauca, Casanare, Urabá, La Guajira, Buenaventura, Tumaco, Valle y Cauca, los testimonios y documentos señalan la grave persistencia de las amenazas de muerte, ataques y asesinatos impunes de líderes y lideresas sociales, cometidos en áreas controladas por la fuerza pública y por los paramilitares, extendidos ahora a nuevas regiones. Estos ataques serían la continuidad de la persecución contra las comunidades, organizaciones y liderazgos opuestos a la inequidad, a la exclusión, a la expansión de la minería, las hidroeléctricas y en general, a la 14 https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/reportcolombia/


estado de los derechos humanos en Colombia extracción desmedida de recursos y a la acumulación por despojo. Las comunidades en Arauca, Cauca y Tumaco están preocupadas por la expansión de grupos armados que copan las regiones abandonadas por las Farc sin que la fuerza pública actúe de manera eficaz para impedirlo y en ocasiones actuando en alianza con ellos. Las organizaciones entrevistadas coinciden en denunciar que el Gobierno no las escucha, no atiende recomendaciones, no actúa de manera eficaz para desmantelar el paramilitarismo de las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Anti Restitución, Clan Úsuga o Clan del Golfo, los Rastrojos, y organizaciones de ámbito local como Los Puntilleros, La Constru, Los Pachenga, el Clan Isaza, Los Pachelly, ACN, Los Chatas, Los Trina, Nueva Generación, La Mano que Limpia, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC. Urabá. No hay garantías para la vida de decenas de líderes sociales del campesinado, de las negritudes, de las zonas humanitarias, de biodiversidad y sindicalistas amenazados de muerte en la región de Urabá. Hay amenazas contra Sintracol Apartadó, integrantes de UP, ACASA, RUBER MARÍA GARCÍA VÁZQUEZ, JESÚS Mª CASTAÑO SERNA, LUIS LEONEL LÓPEZ GARCÉS, JORGE FREDDY VIDAL PUERTO, JESÚS A. ALVAREZ CARTAGENA, CRISTOBAL HIGUITA, NESTOR TAPIA, ESNEDA LÓPEZ.15 El grupo paramilitar AGC declaró objetivo militar a líderes de las comunidades afrocolombianas: MANUEL DENIS BLANDÓN, ELKÍN ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO, ERASMO SIERRA, BENJAMÍN SIERRA, ARGEMIRO BAILARÍN, FÉLIX ALVARADO reclamantes tierras del territorio colectivo de Jiguamiandó. Así mis15 Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL, SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo

mo las y los líderes de Curvaradó María Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González, James Ruíz, Enrique Petro, Enrique Cabezas, Luis Felipe Triana. Y de Pedeguita y Mancilla Mary Hernández, Ledys Tuirán, Marlene Benítez. El 26 de junio/17 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas provisionales de protección para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El gobierno colombiano no ha cumplido con ese mandato. Según las denuncias recibidas la presencia paramilitar creció durante el 2017 en todas las regiones visitadas y no se les combate, a pesar de que las Comunidades de los territorios Colectivos del Curvaradó entregaron al gobierno los datos de 47 sitios desde donde controlan a la población civil, amenazan, asesinan y continúan con el reclutamiento de jóvenes. Recibimos denuncias de que al menos 50 jóvenes habrían sido reclutados en San José de Apartadó en los últimos meses. Similares denuncias recibimos en Tumaco y Yopal. Las comunidades afro que habitan en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, Tumaradó, La Larga, Pedeguita y Mancilla, están sometidas a los hostigamientos y las amenazas del grupo paramilitar AGC que actúa

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bajo la tolerancia de la fuerza pública que sólo protege a los empresarios. La llegada del ELN agravó el panorama en las zonas humanitarias y de biodiversidad. Las comunidades propietarias de los territorios colectivos de Urabá han exigido del gobierno solución a estos puntos: garantías, protección individual y colectiva; presencia de la fuerza en 47 puntos de Urabá en los que hay concentración paramilitar; justicia; restitución de las tierras despojadas.16 Las familias de los lideres asesinados HERNAN BEDOYA y MARIO CASTAÑO están desamparadas por el gobierno y exigen protección, justicia y reparación familiar. “La región del norte antioqueño es conocida por su enorme potencial de explotación minera y ganadera, además de contar con ríos “represables” que han generado megaproyectos de infraestructura energética. Esto ha hecho que se construyan megaproyectos sin el consentimiento total de los pobladores, generando un fenómeno de concentración de tierras y desplazamientos, produciendo las tasas de mayor desplazamiento de los últimos años, solo superado por las cifras de desplazados del Bajo Cauca 16 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo

antioqueño, según cifras del 2016-2017 de la Unidad de Víctimas.”17 Desde 1997 la población de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se niega a empuñar armas o a apoyar a las partes en conflicto armado. Desde ese año más de 200 personas de la Comunidad de Paz han sido asesinadas o desaparecidas y otras han sido amenazadas en los últimos meses por grupos paramilitares que se mueven con libertad en una región controlada por miles de efectivos de la Décima Séptima Brigada del ejército nacional. La Comunidad de Paz ha denunciado desde hace dos años el aumento de la actividad del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia que incursiona en las veredas amenazando y poniendo en peligro a los pobladores. Afecta al Estado de derecho el que no se cumplan las Sentencias de la Corte Constitucional y de los jueces que ordenan la restitución de las tierras usurpadas con violencia a las comunidades negras. Sería una omisión grave del deber de la fuerza pública para beneficio del empresariado ocupante de mala fe el que la fuerza pública en Urabá se esté negando -según las denuncias- a cumplir órdenes de las autoridades civiles que les piden acompañar el desalojo de las fincas usurpadas para devolverlas a las comunidades en cumplimiento de sentencias judiciales. “Aquí el ejército no colabora con la justicia, está junto a los empresarios que aprovechan el paso del tiempo para cambiarle el nombre a las fincas y enredar más la situación de hecho.”18 “La Defensoría acompaña la orden judicial de restitución, el Inspector de Policía del lugar coordina con la fuerza el desalojo, y si no cumplen es un tema de Procuraduría por omisión del deber.” El departamento del Valle del Cauca “es una región peligrosa para la defensa de los Derechos Humanos, para 17 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia-latrinchera-del-paramilitarismo-articulo-728377 18 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo/18


estado de los derechos humanos en Colombia los Derechos Humanos. A pesar del terror los trabajadores del muelle de Buenaventura volvieron tras 25 años a votar una huelga y lograron un acuerdo laboral suscrito por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, SNTT, y la empresa Sociedad Portuaria. Estos trabajadores se enfrentan a empleos sin cotizaciones, a la tercerización en la forma de microempresarios que asumen riesgos pero no ganancias, persecución sindical, discriminación salarial, despidos por sindicación, mientras que denuncian que el estado colombiano no media ni interviene para proteger los derechos laborales. los reclamantes de tierras en medio de la pelea de grupos armados por el control de la minería ilegal. Los desplazados de las zonas que controlaban las FARC llegan a barrios como Siloé y sector ladera en donde hay control de los paras por las redes de microtráfico.”19 En Buenaventura “Somos víctimas del Desarrollo y de la expansión portuaria. Tenemos 400 mil habitantes, el 74% en la pobreza y entre ellos el 80% en pobreza extrema, 49% de desempleo, ingreso per cápita de €22, sólo hay agua potable 3 horas al día y no hay hospital en condiciones siendo la capital del Pacifico que tiene el 80% de su territorio habitable comprometido con proyectos empresariales, poniendo en riesgo la permanencia y la pervivencia de la población.”20 Prolifera la exclusión, la miseria, el despojo violento de los terrenos de bajamar, el asesinato de líderes como TEMISTOCLES MACHADO, del que, según las denuncias, sacarán provecho las empresas navieras y portuarias. Las acciones de empoderamiento durante el masivo paro cívico y la adopción de un plan de soluciones para los problemas de la ciudad reactivaron al movimiento social y abrieron espacios de confluencia para la defensa de 19 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo 20 Audiencia en Buenaventura y Visita al Espacio Humanitario de Puente Nayero. 8 de marzo

Los pobladores de las zonas de baja mar en Buenaventura y la región del entorno están siendo despojados con violencia de sus territorios colectivos y de sus propiedades ganadas al mar rellenando con escombros. Los proyectos de los inversionistas generan violencia y desplazamiento forzado. Los indicadores más altos de violencia coinciden en los terrenos en disputa por los proyectos de expansión de los puertos. Esto se traduce en despojo, invasión de terrenos, amenazas, asesinatos, restricción de movimientos, pérdida de prácticas tradicionales de producción de las comunidades negras afrourbanas. El colectivo de pescadores y caboteadores denuncian que los recursos públicos se dedican a las empresas portuarias y se olvidan de la pesca y el cabotaje, cuando es la mayor fuente de trabajo del Pacífico colombiano así como garantiza seguridad alimenticia, siendo un sector mayoritariamente femenino (52%). Las mujeres, fuertemente organizadas y empoderadas, denuncian alta tasa de feminicidios, falta de acceso a servicios psicológicos y de emprendimiento, falta de acceso a espacios de toma de decisiones. “Somos víctimas del desarrollo de proyectos como el Puerto Industrial de Aguadulce, Puerto Industrial del Delta del río Dagua, Puerto de aguas profunda en Bahía Málaga, Puerto Solo, expansión del Puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Puerto Internacional de Car-

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XIV Visita asturiana de verificación del gas, Aeropuerto Internacional de cargas, Terminal de Contenedores de Buenaventura, Complejo Turístico y Hotelero, Complejo Industrial y Portuario, Zona de Expansión Industrial, Centro de Actividades económicas, ampliación de la vía alterna. Amenazan la pervivencia y la permanencia de miles de personas que ya están excluidas.”21 Las organizaciones sociales de Buenaventura denunciaron el uso abusivo de la fuerza durante el paro cívico del 16 de mayo/17 en el que alzaron ante el gobierno un Pliego de Soluciones para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. La fuerza pública usó la violencia contra manifestantes pacíficos afectando a 205 menores y a 29 adultos, 16 más sufrieron heridas de bala o traumatismos por golpes. Luego de la firma de los acuerdos del paro varios líderes sociales han recibido amenazas de muerte y 75 personas esperan para la valoración de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las personas que integraron la dirección del paro cívico de Buenaventura han sido amenazadas y están desprotegidas, cuatro se desplazaron de manera forzada tras el asesinato del TEMÍSTOCLES MACHADO, cinco más han sido intimidados y amedrentados en marzo. Las denuncias señalan que hay hombres armados intimidando en los barrios Oriente e Isla de la Paz. En La Guajira se pudo constatar que el carbón arrancado por el consorcio El Cerrejón tiene un coste muy alto para las comunidades indígenas wayúu que sufren la devastación social y ambiental, hambre y sed, despojo territorial, enfermedades y desconocimiento de sus derechos incluido el de la consulta previa. El mineral transportado en ferrocarril (Yoruja, El Diablo), incrementa el impacto ambiental en toda la región. La gran minería deja graves consecuencias medioambientales en muchos territorios del país, lo que pudimos comprobar también en Arauca y Casanare con responsa21 Audiencia en Buenaventura y Visita al Espacio Humanitario de Puente Nayero. 8 de marzo

bilidad de las petroleras Equión y Occidental para cuya protección se destinan miles de hombres mientras las comunidades y la dirigencia social están perseguidas, desprotegidas. Las organizaciones de Derechos Humanos indican que la presencia masiva del ejército nacional en Tumaco, Buenaventura, Casanare, Arauca, Apartadó y el Cauca, incrementan la inseguridad y los ataques mortales a la dirigencia social. En el Casanare el complejo petrolero impone sus intereses, denunciaron las organizaciones sociales. Siete de 19 alcaldes de zonas petroleras están llamados a juicio por paramilitarismo. “Hay batallones cuidando el Oleoducto Bicentenario, y grupos paramilitares en alianza con militares de la Brigada 16, quienes llegaron a controlar municipios como Aguazul, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Maní. El ejército ha cometido muchos desmanes, asesinatos, amenazas, desplazamientos, delitos cometidos por el comandante de la brigada JORGE TORRES ESCALANTE, preso por matar civiles. Sus acciones criminales abarcan territorios de Boyacá y Casanare. La industria del petróleo se beneficia de asesinatos de líderes y ambientalistas como CARLOS ARREGUI, PARMENIO PARRA, OSWALDO VARGAS, DUMAR RODRIGUEZ, JAVIER SILVA, FAUSTINO ACEVEDO.


estado de los derechos humanos en Colombia Además las empresas tienen listas negras de obreros que no son contratables por estar en sindicatos.”22 Estudiantes de la Universidad Nacional Pedagógica de la sede de Tunja denuncian señalamientos por parte del Centro Democrático y estigmatizaciones públicas como miembros del ELN en contexto de elecciones a representantes estudiantiles donde hubo altercados e intentos de montaje para detección de líderes estudiantiles. Es grave que la fuerza pública participe del asesinato de dirigentes sociales. “El miércoles 7 de junio del presente año se hizo efectiva la captura de dos de los asesinos del compañero líder campesino, ambiental y social, Daniel Abril Fuentes, ocurrido en Trinidad, Casanare, en noviembre de 2015. Daniel fue un defensor del ambiente en Casanare, actividad que lo llevó a enfrentarse a los intereses de las empresas petroleras trasnacionales en el territorio. Uno de los aprehendidos es el soldado profesional ELIÉCER ANZUELA CERO, quien al momento de la captura se encontraba en la Brigada XVI del Ejército Nacional, ubicada en Yopal.”23 La industria del petróleo no compensa el enorme impacto medioambiental: Impacto sísmico, vibraciones, perforaciones, agrietamientos en las casas; impacto hídrico: escasez del líquido, ausencia de control de las aguas residuales industriales. Hay denuncias de que Equión extrae gas de esquisto mediante fracking. Constatamos que el gobierno destina decenas de miles de efectivos de la fuerza pública a la protección de empresas extranjeras y desampara a la población local y a la dirigencia social amenazada de muerte, como ocurre en El Morro/Yopal donde la policía solo protege a la petrolera Equión, y en El Cerrejón, donde la fuerza pública protege al consorcio multinacional y deja actuar a los paramilitares contra las comunidades indígenas del pueblo wayúu. En 22 Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo 23 http://centroriente.org/capturas-por-asesinato-de-daniel-abrilfuentes-demuestran-participacion-de-fuerzas-militares-encrimenes-contra-lideres-sociales/

El Morro hay un largo historial de dirigentes sociales asesinados: Carlos Arrigí (1995), Oswaldo Vargas (2004), Parmenio Parra (2005), Dumar Rodríguez (2005), Faustino Acebedo (abril 2014), Javier Silva Pérez (desaparecido).24 La población de Tumaco, Nariño tiene miedo. En la región hay paramilitares, guerrilleros de las antiguas FARC opositores del acuerdo de paz y cerca de 20 mil unidades de policía, marina y ejército. La militarización no implica seguridad pues a diario hay asesinatos. El miedo se incrementó después de la masacre de El Tandil-Tumaco cuando la fuerza pública disparó y asesinó a nueve personas que protestaban por la erradicación forzada de cultivos de coca. Dos días después una comisión institucional que verificaba los hechos también fue atacada por la fuerza pública. El gobierno colombiano no ha cumplido con las cláusulas de derechos humanos laborales y sindicales contemplados en los Tratados de Libre Comercio, como el Plan Obama-Santos. Recibimos denuncias graves de trabajadores de la agroindustria palmera y bananera en Urabá en donde se impide la afiliación sindical despidiendo a los obreros que se sindican y en donde se imponen contratos que generan desigualdades salariales, ausencia de medidas de salud, seguridad industrial y 24 Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

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XIV Visita asturiana de verificación del donde se evaden responsabilidades patronales por accidentes de trabajo. Estas violaciones de derechos laborales y de libertades sindicales también se denunciaron en relación con la mina El Cerrejón y por los corteros de caña de azúcar en los ingenios del Valle del Cauca, entre otros. La 14ª. Delegación Asturiana visitó zonas de concentración de excombatientes de las FARC y recibió informes del incumplimiento del gobierno a los planes y proyectos productivos para la reincorporación a la vida civil, contemplados por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, enredados en una maraña burocrática -según las FARC- difícil de superar. Preocupa a las Farc el atraso en los proyectos productivos y el que los recursos de la Unión Europea se gestionen a través de multinacionales de la cooperación. Los excombatientes denuncian sentirse presos en las zonas de concentración y en peligro fuera de ellas pues están siendo asesinados incluso en el marco de la campaña electoral del 2018 la cual no pudieron desarrollar por la falta de garantías producto de una campaña mediática de odio contra el partido FARC. “En Yumbo días antes del 7 de febrero que había en un acto con el candidato de las FARC, Timochenco, regaron panfletos calumniando, y cuando estaba el candidato en la sede de SUTIMAC dispararon hacia la sede sindical, menos mal que los vidrios tenían blindaje. La policía tuvo que sacarnos de ahí escoltados. No hay garantías sino odio. Los paras amenazaron con volar las sedes de las organizaciones sociales en Cali. ”25 El norte del departamento del Cauca sigue bajo el conflicto social y armado. Hay denuncias de graves violaciones de los Derechos Humanos contra líderes campesinos e indígenas, violaciones del DIH, conflictos por tierras y un uso brutal de la fuerza pública, hay presencia paramilitar, combates, muchas amenazas y asesinatos. “Aquí no hay FARC, pero hay mucha gente armada además de la fuerza pública, como los paramilitares Águilas Negras 25 Audiencia con organizaciones sociales de Yumbo, Valle. Cali, 10 de marzo

con aval de la ASOCAÑA de los empresarios de la caña de azúcar, nos agreden, pero somos más que una comunidad, somos pueblos con 1.300 acuerdos firmados de entrega de tierras incumplidos. Cada derecho nos cuesta muertos. Un grupo paramilitar amenazó este año con hacernos una masacre y hemos alertado a las autoridades.”26

1. A  taques a la dirigencia social, defensores-as de los Derechos Humanos En una sociedad polarizada los mensajes públicos de autoridades que estigmatizan a la dirigencia social y a la movilización ciudadana y que promulgan el odio contra partidos de oposición como el partido FARC, son una fuente de ataques, de justificación de crímenes y de impunidad. Los ataques contra la dirigencia social y comunitaria en Colombia van en aumento y generan alarman pues ocurren en tiempos de posconflicto con las FARC: de 317 casos de amenazas en el 2016 se pasó a 370 en el 2017; de 17 casos de detención arbitraria a 23 en el mismo periodo, y el incremento de los asesinatos que alarman a los sistemas 26 Audiencia en Santander de Quilichao 9 de marzo


estado de los derechos humanos en Colombia internacionales de Derechos Humanos al pasar de 80 en el 2016 a 121 el año pasado27, de estos al menos 10 ocurrieron en ciudades28 y 86 no tienen presunto responsable por lo que se atribuyen a “Desconocidos.” La mayoría eran dirigentes con poca visibilidad pública.29 El Fiscal General afirmó que comienzan a verse patrones comunes en los asesinatos contra defensores,as es decir indicios de sistematicidad de los ataques, tesis a la que se opone el Vicepresidente de la República General ® Oscar Naranjo y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quienes niegan motivaciones y atribuyen los crímenes a problemas de tierras y linderos, cultivos de uso ilícito, economías ilegales, problemas por minería ilegal, incluso a problemas personales y pasionales. “Corro el riesgo de generar muchísimos comentarios por lo que me va a oír decir…ha habido casos del ELN y ha habido casos de las FARC, esos los dejo aparte, lo demás ha sido en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de rentas ilícitas… uno de cada dos casos tiene hoy una explicación judicial, no hay detrás una organización que diga “estaba asesinando líderes”. Esto no es que de pronto apareció el asesinato de líderes, lo que pasó fue que apareció la medición de ese fenómeno. Yo sería el primero en denunciar la sistematicidad si yo tuviera información de que hay una organización, una persona, una instancia dedicada a asesinar líderes sociales en Colombia.”30

29 SIADDHH, Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores Y Defensoras de DDHH en Colombia, 2018

La sistematicidad de los ataques comienza a aparecer en la prensa. El editorial de El Tiempo afirmó después del asesinato de TEMISTOCLES MACHADO líder popular y dirigente del paro cívico: “Hay que decirlo con claridad: que cada caso nuevo de un líder social asesinado sea, como suele afirmarse, un hecho aislado y no parte de un actuar sistemático de algún agresor es justamente lo que hace de este asunto algo tan crítico. En el puerto, la necesidad es urgente: proteger a otros líderes que, junto con Machado, promovieron la protesta del pasado mes de octubre. Cada una de estas muertes deja ver que el problema es que la sistematicidad que se discute no es ni municipal, ni regional ni nacional. Podría decirse, con dolor, que la tendencia a recurrir al homicidio para resolver conflictos, enviar un mensaje o simplemente abrirse paso para hacerse con rentas sigue siendo una triste realidad en Colombia. Y eso hay que detenerlo, hay que dar con los culpables. Y que haya justicia.”31 El grupo paramilitar AUG asesinó el 8 de diciembre/17 a HERNAN BEDOYA líder social y reclamante de tierras en Pedeguita y Mancilla, municipio de Riosucio, zona del bajo Atrato. El crimen se cometió en una zona

30 Declaraciones del Ministro de Defensa en diciembre de 2017 al noticiero de televisión Noticias Uno https://canal1.com.co/ noticias/los-matan-por-borrachosmindefensa/

31 http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/asesinato-detemistocles-machado-176646

27 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia al Consejo de Derechos Humanos, 37o período de sesiones, 26 febrero-23 marzo 2018 28 SIADDHH, Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores Y Defensoras de DDHH en Colombia, 2018

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XIV Visita asturiana de verificación del controlada por la Brigada 17 del ejército. “A él le quitaron la vida porque hizo muchas denuncias contra empresarios, siempre denunciando quienes nos hacían ese daño en el territorio, palmeros, ganaderos, plataneros y bananeros, él hizo denuncias y eso le costó la vida, fue por culpa de empresarios”. “La declaración del familiar de Bedoya se suma a la de por lo menos 50 líderes sociales del Bajo Atrato chocoano y Urabá Antioqueño, quienes señalan que los empresarios de la región se quieren quedar con sus tierras a cualquier costo, incluso haciendo alianzas con grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo que delinque en esta región del país.”32 El grupo paramilitar AGC declaró como objetivo militar el 14 de marzo/17 a varios integrantes del Consejo Comunitario de Jiguamiandó: MANUEL BLANDÓN, MELKíN ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO, ERASMO y BENJAMÍN SIERRA y al líder indígena del pueblo embera ARGEMIRO BAILARÍN. “Cuando llega la noche es un martirio. Pasan los paras en motos disparando al aire, anoche se iban a meter a matarnos, buscan como hacerlo, pero no nos vamos, seguiremos defendiendo el territorio.”33

Para la Asociación Campesina de San José de Apartadó “La persecución a la izquierda regresó hace dos años a Urabá. Le grupo paramilitar AGC amenaza y asesina líderes y no hay Estado, ni trabajo, los jóvenes se van a la guerrilla o con los paras, esta región es un corredor estratégico para el narcotráfico incidiendo en los Derechos Humanos porque el combustible de la guerra en Urabá es la coca.”35

33 Audiencia con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la zona humanitaria. San José de Apartadó, 3 de marzo del 2018

La dirigencia sindical sigue en peligro como lo denunció RICHAR MONTERROSA, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia, SINTRACOL/FENSUAGRO: “El 23 de febrero del 2017 se crea SINTRACOL y nos persiguen grupos al margen de la ley. El 16 de julio llamaron a la seccional de Turbo para darme 24 horas, o me iba de la zona o me mataban. El 14 de agosto un grupo llegó a la finca Monterrey y sacaron a los afiliados de SINTRACOL y los llevaron cerca de la planta empacadora, me pusieron cita para el 17 pero no fui. En octubre en Ecuador denuncié la falta de vivienda y la existencia de trabajadores enfermos sin salud ocupacional, eso no gustó a los empresarios. El 18 de octubre debía visitar una finca y en su entrada había seis paramilitares de las AGC esperando para matarme, la policía intervino y hubo

34 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo

35 Entrevista con ACASA. Apartadó, 4 de marzo/18

MARIO CASTAÑO BRAVO fue asesinado en su casa minutos después de quedar sin el esquema de protección el 26 de noviembre/17 por paramilitares de las AGC34, era integrante de la Asociación Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, AFLICOC e integrante de la red CONPAZ, Comunidades Construyendo Paz en los Territorios. 32 h t t p : / / c a r a c o l . c o m . c o / r a d i o / 2 0 1 7 / 1 2 / 1 5 / nacional/1513315579_417733.html,


estado de los derechos humanos en Colombia un muerto. Me asignaron un esquema de seguridad.”36 Pese al riesgo de ser asesinado, la empresa bananera para la que trabaja le negó una licencia para salir del país y acogerse al Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la violencia en Colombia. En Urabá fueron amenazados de muerte personas integrantes de la Unión Patriótica y de la Asociación Campesina San José Apartadó, ACASA, RUBER MARÍA GARCÍA VÁZQUEZ, JESÚS Mª CASTAÑO SERNA, LUIS LEONEL LÓPEZ GARCÉS, JORGE FREDDY VIDAL PUERTO, JESÚS A. ALVAREZ CARTAGENA, CRISTOBAL HIGUITA, NESTOR TAPIA, ESNEDA LÓPEZ. 37 El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO-CUT, GUILLERMO RIVERA denuncia que “La persecución contra SINTRAINAGRO continúa, nos estigmatiza la izquierda por no defender la lucha armada. En el 2015 en Florida-valle atentaron contra mí y contra MEDARDO CUESTA, nos salvó el blindaje del carro y la reacción del escolta. A ALFONSO VIAFARA le levantaron la casa a plomo y le quietaron el esquema de seguridad. Los paramilitares coparon los territorios de las FARC, amenazan y matan. No hay garantías.”38 “La situación de las mujeres es terrible. Hay violencia social y familiar y política, igual pasa con las personas LGBTI en Arauca y en resto del país. Las amenazas a las mujeres defensoras no se investigan. A MARIA RUTH 36 Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL, SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo 37 Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL, SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo 38 Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL, SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo

SANABRIA del CPDH la persiguen y le han apedreado la casa, la buscan para matarla.”39 La legislación criminaliza la protesta social. Recibimos denuncias de montajes judiciales para castigar personas y desarticular la organización popular inmersa en procesos de resistencia civil en territorios de interés para empresarios de los sectores agroindustriales y minero-energéticos. Hay casos documentados de uso de armas letales por la fuerza pública contra la protesta social como en la masacre del 5 de octubre/18 en Tumaco en la que fueron asesinados nueve campesinos y 18 más quedaron heridos40 y sobre la que un campesino sobreviviente declaró: “Nos encontrábamos en la zona del río Mira. Estábamos intentando dialogar con la Policía y el Esmad, estaban ahí, para llegar a un acuerdo como campesinos sobre la erradicación. Habíamos por ahí unos 20 a 30 líderes intentando hablar con ellos, bregando a ver cómo organizábamos.”, “Ellos nos comenzaron a disparar sin ningún motivo, sin ninguna razón. Los policías nos dispararon a nosotros, los campesinos, a los mediadores, a los que estábamos bregando a 39 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo 40 https://actualidad.rt.com/actualidad/252127-nueve-muertos-18heridos-deja-colombia,

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mediar para que viéramos a ver como organizábamos lo de la erradicación. Nosotros queríamos que nos dieran siquiera ocho días para ir a Tumaco, a ver cómo organizábamos”, “lo único que sentí en el momento fue ese golpe, yo salí al suelo, eso es un barrizal muy verraco. Me fui gateando y sentía que me chispeaban cosas en el cuerpo y eran balas. Esos desgraciados nos estaban tirando a rematar, yo pasé por el medio de 4 amigos míos muertos, tirados ahí a 15 metros.”41 “La policía desaseguró los fusiles y comenzó a hacer ráfagas para abajo. La gente corría por todos lados, pero la gente caía. Un muchacho, a un compañero de nosotros, le pegaron un tiro en la espalda. Se fue a levantar y le pegaron otro en la cabeza”.42 Las amenazas de muerte en Arauca continúan. “José Vicente Murillo Tobo, el líder del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, vocero nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y miembro del Congreso de los Pueblos, fue amenazado en abril por las Aguilas Negras.”43 41 https://noticias.caracoltv.com/colombia/los-policias-nosdispararon-los-campesinos-sobreviviente-de-masacre-en-tumaco 42 Audiencia en el departamento de Nariño, Tumaco, 9 de marzo 43 http://centroriente.org/lider-social-jose-murillo-es-amenazado/

“En los asentamientos La Bendición, La Libertad, y Mi Nueva Esperanza, hay mujeres defensoras con riesgo por estar siendo amenazadas, hostigadas, MARTHA GARCIA CASTILLO, DANY VARGAS, MYRIAM AGUILAR presentada en el periódico El Extra como “guerrillera del ELN”, también los líderes sociales de San Luis de Palenque .”44 Durante el 2017 cada tres días fue asesinada una persona dirigente social. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca, denunció amenazas de los paramilitares contra RODRIGO VARGAS BECERRA, Director del CPDH; también está seguido y amenazado IVÁN ANTONIO LÓPEZ. La abogada ERIKA GOMEZ, Secretaria Ejecutiva del CPDH está siendo amenazada, hostigada en la ciudad de Bogotá. Las amenazas de muerte son individuales y colectivas en Cali, el Valle y el Cauca. El 15 de enero/18 en un panfleto a nombre del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se amenazó de muerte en Cali a sindicalistas, defensores-as de Derechos Humanos, las amenazas incluyen desapariciones forzadas y voladuras de sedes: WALTER AGREDO, HERNÁN ARCINIEGAS, DIEGO ESCOBAR, ENRIQUE GUETO, MERALDIÑO CABICHE, WILSON SÁENZ, JOSÉ MILCIADES SÁNCHEZ, MARTHA GIRALDO, ANTONIO GUTIÉRREZ, OMAR ROMERO, ROSALBA CASTILLO, ADELINA VÁSQUEZ y a FELICIANO VALENCIA, CUT Valle y CUT Cauca, al Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, asociación NOMADESC, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, al cabildo indígena de Cerro Tijeras, al Partido Comunista, a la CGT y a la CTC.45 44 Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo 45 CPDH comunicado No cesan los hostigamientos y seguimientos a los defensores de Derechos Humanos en el Valle del Cauca. Cali, 29 de enero/18


estado de los derechos humanos en Colombia

Se están produciendo multitud de desalojos en Yopal, especialmente en los asentamientos humanitarios. En Yopal hay amenazas y hostigamientos contra la dirigencia y desalojos a las personas habitantes de asentamientos marginales. MIRIAM AGUILAR del Asentamiento Nueva Esperanza, denunció estar siendo amenazada por no acceder a dar información a cambio de dinero. El 4 de febrero de 2016 allanaron su casa “No encontraron nada, pero al día siguiente aparecí en el periódico Extra como perteneciente a ELN.”46. En Ciudadela Bendición de El Yopal, MARÍA GARCÍA CASTILLO es sometida a hostigamientos, disparos contra su casa, amenazas de muerte familiares. Tiene un esquema de seguridad desde el 11 de noviembre consistente en chaleco, camioneta, celular y 2 escoltas, aún así ha sufrido seguimientos en motocicleta. La policía no sabe nada y no está investigando. Se acaba el contrato con la UNP y quedan a la deriva, tendrá que desplazarse. DANI VARGAS del asentamiento La Libertad, denuncia el desplazamiento de familias y hostigamientos, amenazas, petardos contra su casa, un 46 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

intento de homicidio. El CTI no da credibilidad a sus denuncias.47 CARLOS JULIO PEÑA de la asociación Asotransmo, es víctima de amenazas de muerte de las Águilas Negras, han entrado a su casa y lo han seguido en moto. Las autoridades liberaron a los sospechosos.48 NOÉ TORRES, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Palma, Boyacá, es víctima de hostigamientos de la Fuerza Pública y de montajes judiciales por haber presenciado dos homicidios cometidos por las tropas y por denunciar que el GAULA mató a uno de sus cuñados, otros dos los mató el ejército y un tío fue desaparecido. 49 MARICELA OROZCO de Tutazá, Boyacá, ha sufrido desplazamiento forzado desde enero del 2018 y es 47 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo 48 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo 49 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

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XIV Visita asturiana de verificación del víctima de presiones de informantes del ejército que la han amenazado de muerte junto con su familia.50 JONATHAN CAMARGO BAUTISTA, del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja denuncia persecuciones contra la dirigencia estudiantil que es señalada en los medios como miembros de la insurgencia.51

2. E  jecuciones extrajudiciales. DIH En Arauca fueron ejecutados por el ejército cinco personas.52 El MOVICE denunció el asesinato en un puesto de control de ejército en el sitio La Ye de Betoyes en la zona rural del municipio de Tame ,el 29 de octubre/17, del campesino JOSE ALEJANDRINO TIRADO y las heridas de LIZANDER VALENCIA RODRIGUEZ en la zona rural del municipio de Tame; en ese mismo sitio asesinaron el 19 de enero/18 a la joven LEIDY XIOMARA PEÑA NAVEO. El 9 de enero/18 la policía nacional asesinó al joven DIDIER JAVIER CONTRERAS MUÑOZ de 18 años de edad. El 18 de enero/18 fueron asesinados por el ejército en la vereda la Holanda, Tame, dos hermanos dirigentes indígenas de la comunidad Julieros: MILLER DIAZ LOPEZ y LUIS DIAZ LOPEZ a los que presentaron como guerrilleros del ELN dados de baja en combate. de 22 años de edad en el punto de control del ejército nacional ubicado en la Y de Betoyes, en la zona rural del municipio de Tame. El 9 de marzo/18 en el corregimiento Cañas Bravas, sector bocas del Ele, Arauquita, el ejército presentó como

guerrillero muerto en combate a ALFONSO MANZANO ARIZA.53 “En este departamento verán tanquetas en zonas urbanas, al lado de las vías públicas, ocupan escuelas, el ejército nos estigmatiza, invade la vida cotidiana de las familias.”54 “El 05 de agosto de 2017, en la vereda las Mercedes, corregimiento de la Victoria de San 36 Isidro del municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar, fueron ejecutadas extrajudicialmente VICTOR JULIO BACA DURAN y YAIR GARCÍA por tropas del Batallón Especial Energético y vial No. 2 adscritos a la X Brigada Blindada al mando del general PABLO BONILLA VÁSQUEZ. De acuerdo con los familiares de las víctimas, el primero de ellos declararía en juicio oral que no había hecho ninguna acusación contra campesinos del Departamento detenidos por cuenta de la Fiscalía de la Unidad contra el terrorismo.”55

50 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

53 http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denunciap%C3%BAblica-en-arauca-se-recrudece-el-accionar-de-laguerra-en-contra-de-la-poblaci%C3%B3n

51 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

54 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo

52 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo

55 La Paz en jaque. Informe sobre situación de Derechos Humanos y violencia sindical en Colombia. Equipo Jurídico Pueblos. Dic/17


estado de los derechos humanos en Colombia 3. Paramilitarismo La estrategia paramilitar sigue existiendo, mantiene vínculos con agentes del Estado y va copando nuevos territorios en los que ejerce control mediante el terror sobre la población sin que la justicia ni la fuerza pública muestren eficacia en investigar, sancionar, desmantelar estas estructuras, ni en perseguir a sus financiadores y beneficiarios. Según Somos Defensores “El paramilitarismo puede clasificarse en dos tipos: i) aquellas que tienen injerencia nacional y relación con las antiguas AUC, como: las AGC (También conocidas como “Clan Úsuga” o denominadas por el Gobierno nacional como “Clan del Golfo”), los Rastrojos y las Águilas Negras. ii) y aquellas que actúan a nivel local: Los puntilleros, la Constru, los Pachenga, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC. La Constru y los Pachenga aparecen como nuevas estructuras cuya presencia se concentra en Putumayo y Magdalena-Guajira respectivamente. Nuevo Orden hace presencia en Nariño, particularmente en Tumaco. Por su parte Nuevo Renacer y las AUC están ligadas con las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos.”56 “Nuestra Constancia Histórica ante la grave omisión estatal que permitió que las AGC desarrollaran operaciones de control social, territorial en 9 lugares del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y Curvaradó, y mantengan control de operaciones económicas ilegales, a pesar de las objeciones de las comunidades; ante la libre movilidad de este grupo, entre las comunidades de Urabá, Puerto Lleras y los Resguardo Embera, vestidos de civil y camuflado, reclutando pobladores que les sirven de puntos o informantes.”57 56 Informe ante el EPU. SIADDHH, Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores Y Defensoras de DDHH 57 Comunicado Crisis Humanitaria en el bajo Atrato. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Bogotá, febrero 16/18

“Los paramilitares están en Carepa cerca de la Brigada 17 del ejército y somos testigos de su convivencia, también hay paras en Piedras Blancas, Nueva Antioquia, Mandarinos, Batata, Mulatos, Esperanza, Cristalina, Arenas, Llano Rico, Pisingos, Chontadural y en otros lados, y el gobierno lo sabe pero no actúa. Aquí un muerto tapa a otro, una masacre a la anterior. Los paras convocaron bajo amenazas a reunión a los habitantes de la vereda La Unión. Tiempo después apareció el ejército y no los persiguieron, por eso no tenemos confianza en el Estado por la forma como dejan actuar a los paras. El 29 de diciembre un gfrupo de cinco paras entraron a matar a nuestros dirigentes y la comunidad lo impidió. Capturamos a dos y los entregamos al gobierno, pero ahora nos van a apresar por secuestro.”58 “Hay paras en Cerro Teta, saquean las casas, amenazan de muerte, bajan a la gente de los carros y afirman que van a matar los alcahuetes de la paz. Además hay ELN, AUC, EPL. Los disidentes de las FARC se pasan al grupo paramilitar Renacer, unos atacaron Cerro Tijeras, paralizando el desminado civil.”59

58 Audiencia con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la zona humanitaria. San José de Apartadó, 3 de marzo del 2018 59 Santander de Quilichao 9 de marzo

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4. D  esaparición forzada de personas. Población en situación de desplazamiento Continúa la práctica del desplazamiento forzado y tiende a incrementarse en los territorios de los pueblos indígenas en todo el país y de las comunidades negras en la zona del Pacífico. Las organizaciones sociales denunciaron que en 121 municipios de Antioquia (96%) hay presencia paramilitar. Desde hace décadas la región de Urabá -estratégica para el comercio internacional, cercana a Panamá- ha estado sometida a disputas territoriales por su control, con graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos: desplazamientos forzados, masacres, detenciones arbitrarias, persecución a organizaciones populares, amenazas y asesinatos de líderes sociales. Según el reportaje “Antioquia, la trinchera del paramilitarismo”60 “Entre 2016 y 2017 “se han reportado: 4 asesinatos de líderes, 23 amenazas individuales y 12 colectivas”, asegura la investigación. Además, según la

Defensoría del Pueblo en dos informes de riesgo del 2016 y 2017, se registraron “incursiones armadas en el corregimiento San José de Apartadó” y la permanencia de un “férreo control en cabeceras municipales” por parte de las AGC, en veredas como Rodoxalí, Playa Larga, La Hoz, La Esperanza, El Porvenir y Mulatos, pese a que en estos lugares se encuentran brigadas (la XVII) y unidades móviles (la 11 y 24) del ejército, además de efectivos adicionales de la afamada operación Agamenón.” La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada a partir de los Acuerdos de Paz con las FARC por iniciativa de asociaciones de víctimas que incluyen a víctimas de secuestro está siendo estructurada, tiene dificultades presupuestales y de competencia pues depende del gobierno y pretenden limitarla a una labor de coordinación entre entidades. Es un mecanismo no judicial sino confidencialidad, humanitario, que no pretende determinar responsables. Su mandato es de 20 años. No va a contar con un registro propio, el gobierno quiere que se use el sistema de información de medicina legal. 61 La Fiscalía tenía 90.000 casos de personas desaparecidas que con el cambio de Fiscal se han reducido a 44.000

60 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia-latrinchera-del-paramilitarismo-articulo-728377, 14 Dic/17

61 Entrevista con LUZ MARINA MONZON, Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas


estado de los derechos humanos en Colombia por una supuesta depuración de datos. Se teme que esté pretendiendo minimizar la cifra de desapariciones pues desde hace más de 18 años hay resistencia a clasificar hechos como desapariciones forzosas.62 Las organizaciones de víctimas lucharon para conseguir unas condiciones mejores, consiguiendo que incluso grupos paramilitares entregaran fosas comunes en todo el país. De los 7.000 cuerpos que se sacaron de dichas fosas, únicamente se hizo la labor de identificación a la mitad.63

5. P  ersonas privadas de la libertad. Torturas, trato cruel inhumano o degradante Continúa la crisis en las cárceles colombianas, hacinamiento, trato cruel, inhumano y degradante. “El estado de cosas inconstitucional viene desde el 2004 en cuanto a la situación en las cárceles y lo referente a atención de la población desplazada.”64 “Hay 119.600 presos-as en éste país y solo hay capacidad para 78 mil personas. En Cali hay 6.600 presos y la capacidad es para 1.600.”65 La Defensoría del Pueblo en marzo/18 pidió el cierre de las prisiones de Riohacha, Guajira, que tiene un hacina62 Entrevista con LUZ MARINA MONZON, Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Entrevista con LUZ MARINA MONZON, Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 63 Entrevista con LUZ MARINA MONZON, Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 64 Defensoría del Pueblo, Mauricio Redondo Valencia, Director de Alertas Tempranas. Bogotá, 12 de marzo 65 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo

miento del 452 %, y la de Bellavista en Antioquia con un sobrecupo es del 283 %. Hace un año la Personería pidió el cierre de la cárcel Villahermosa por el hacinamiento del 267 % y sobre todo por los problemas estructurales del inmueble, denunció la FSCPP Valle. Hay denuncias montajes judiciales para encarcelar dirigentes sociales que promueven el diálogo y la paz entre las guerrillas y el Estado. Algunas de las personas detenidas en abril/18 en el suroccidente de Colombia “habrían asistido a la

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XIV Visita asturiana de verificación del mesa de diálogo con el ELN llevado a cabo en Quito-Ecuador y que estarían siendo sindicadas por rebelión y vinculadas a este grupo armado”. 66

6. Víctimas. Mujeres. Niños-niñas y adolescentes. LGBTI Hay millones de víctimas del conflicto armado y la violencia continúa. “La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creada en 2011 mediante la Ley 1148, registró un total de 8.532.636 víctimas durante los cinco decenios que duró el conflicto armado. Entre ellas se incluían 363.374 víctimas de amenazas, 22.915 víctimas de delitos sexuales, 167.809 víctimas de desapariciones forzadas, 7.265.072 víctimas de desplazamientos forzados y 11.140 víctimas de minas terrestres antipersonal.”67 No avanzan las medidas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado prevista en la Ley 1448 del 2011. “Esa ley no se cumple, es norma de transición que sólo estará vigente hasta el 2021. Lleva 6 de los diez años previstos y la restitución de tierras no llega al 10% y están asesinando a los reclamantes.”68 “La violencia en todos los ámbitos contra las mujeres es general. En Cali las autoridades no protegen las mujeres víctimas y sólo se muestran cifras pero no se resuelve el problema cultural subyacente.”69 En el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC, las partes se comprometen a abordar la desigualdad histórica y las vulnerabilidades de las mujeres y niñas, de la 66 http://www.elpais.com.co/judicial/denuncian-detencion-de-30lideres-sociales-del-valle-cauca-y-narino.html#cxrecs_s 67 https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/reportcolombia/ 68 Entrevista con el IPC. Apartadó, 4 de marzo/18 69 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo

población lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) y de las minorías religiosas y se incorporó una sección sobre los derechos de los indígenas y afrodescendientes que esperan desarrollo. “El Estado Colombiano sigue en deuda con los derechos a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, la población LGBTI, las personas con discapacidad. En 2016, las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja o expareja, entre 2013 y 2016, 440 personas LGBTI fueron asesinadas, y en 148 casos, el hecho tuvo relación con prejuicios hacia su orientación sexual.”70

7. Impunidad La Fiscalía afirma que con su “Estrategia de Investigación y Judicialización de homicidios contra defensores”71 ha logrado avances en el 39% de las investigaciones de crí70 http://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/2345colombia-se-raja-en-derechos-humanos-concluyen-500organizaciones-sociales, 71 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-admitealgun-grado-de-sistematicidad-en-


estado de los derechos humanos en Colombia

menes contra defensores-as cometidos desde el 2016. El Informe Stop Wars “Paren la guerra contra defensores-as” afirma que la impunidad es cercana al 90% en los homicidios contra defensores cometidos en la última década. En pocos casos se establece la responsabilidad penal y cuando se encuentra son los autores materiales, nunca los autores intelectuales o determinadores de los asesinatos. “La jurisdicción Especial para la paz busca la reconciliación y establecer sobre todo para las víctimas los derechos a la verdad y la justicia, deben ser protegidas y reparadas. La misión es ayudar a reconstruir a Colombia. Hay avances: más de 3.600 presos políticos están libres, y cerca de 7.500 personas buscan un juicio en la JEP para acceder a amnistía o a indulto, de ellas tres mil son de las FARC y tres mil casos de otros actores. Las víctimas que están en el exterior pueden presentar sus casos pues sin información no se pone en movimiento la JEP.”72 “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, es una institución independiente, no la han limitado. Esclarece la verdad dentro de la guerra para avanzar hacia los derechos de las víctimas y establecer responsabilidades sociales e institucio-

nales. Estamos en la etapa de preparación y tenemos tres años para presentar un informe final con un valor de verdad pero sobre todo pedagógico pues el proceso puede ser más importante que el informe. Nuestra Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es diferente de la Comisión de Verdad Histórica de la Ley de Justicia y Paz. Las informaciones y testimonios que recibiremos en la CEV no pasan a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero al revés sí. Tampoco tenemos la obligación de pasar esa información a la justicia ordinaria. La información que recibamos sirve para establecer patrones de violaciones de los Derechos Humanos y para producir verdades no opiniones.”73 Preocupa a un sector de las víctimas el que los cambios introducidos por el Congreso a la Justicia Especial para la Paz acordada con las FARC sea usada sólo como tribunal para juzgar a una de las partes -la guerrilla- pero garantiza la impunidad para los altos mandos militares y para el empresariado que financió operaciones de terror y se lucró del despojo. Según las organizaciones sociales colombianas: “El tratamiento penal establecido dificulta la comparecencia de miembros de las FF.AA. ante la JEP19, desconoce nor-

72 Entrevista con Dirección de la Jurisdicción Especial para la PAZ, JEP. Bogotá, 13 de marzo

73 Entrevista con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV. Bogotá, 13 de marzo

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XIV Visita asturiana de verificación del 8. Pueblos indígenas. Poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales

matividad internacional sobre responsabilidad de mando. Los terceros solo comparecerán voluntariamente, a menos que se demuestre su participación “activa y determinante” en crímenes internacionales.”74 La impunidad es muy grave en delitos como las ejecuciones extrajudiciales, por las calidades de las víctimas y de los victimarios, más después de que el Consejo de Estado las calificara como “práctica sistemática y generalizada” de la fuerza pública.75 “La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación.”76 74 Informe ante el EPU. SIADDHH, Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores Y Defensoras de DDHH en Colombia, 2018 75 Concejo de Estado, 5 de septiembre de 2017, número de caso: 73001-23-31-000-2008-00561-01 (38.058). 76 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html.

El conflicto se agudizó en los territorios de los pueblos indígenas y en las comunidades afrodescendientesde Antioquia y Chocó. Amnistia Internacional denunció que “El 8 de febrero, un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ingresó en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, en la cuenca del río Cacarica, departamento del Chocó, en busca de varias personas de las que afirmaron que figuraban en una “lista negra”.2 El 6 de marzo se informó de una incursión en la localidad de Peña Azul, en el municipio de Alto Baudó, en el Chocó, que provocó el desplazamiento a gran escala de familias y el confinamiento forzado de muchas personas en sus comunidades cercanas a Peña Azul.3 El 18 de abril, los residentes de Puerto Lleras, en el territorio colectivo de Jiguamiandó, en el Chocó, denunciaron haber recibido amenazas y que se había producido una incursión paramilitar en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo que puso en peligro a todos los habitantes del lugar.”77 La llegada del ELN a Urabá tras la desmovilización de las FARC incrementó la vulnerabilidad de la población que se niega a involucrarse en la guerra. “Nuestra Constancia Histórica ante las operaciones militares del ELN desde las lógicas y prácticas de guerra de guerrillas, desconociendo las propuestas humanitarias de las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en el Jiguamiandó; ante la utilización de métodos de guerras proscritos como la utilización de minas antipersonal que además de confinar a las comunidades, violentan sus usos, costumbres y formas de 77 https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/reportcolombia/


estado de los derechos humanos en Colombia

relacionarse con su territorio, provocando con estas acciones procesos de desarraigos masivos.”78 “Los indígenas estamos afectados por el desplazamiento forzado y sin maneras de retornar. Hay amenazas y hostigamientos contra nosotros, así los yacaconas y los Wounaan están perdiendo valores, los embera están envenenados con mercurio por la minería como en el río Sambingo que desapareció, y hay narcotráfico. Los emberas del Chocó están sitiados, bloqueados, muchos se ven obligados a huir de la selva a la ciudad y eso es peor que el desplazamiento, es desarraigo.”79 La mina de carbón de El Cerrejón afecta al territorio de las comunidades wayúu de La Guajira. “Para comprobar y sentir las dimensiones del tren, enorme, largo, de dobles vías, para transportar carbón al puerto desde la mina a tajo abierto; inevitablemente tienen connotaciones, en el entorno contaminando, en las personas llevándose por delante vidas pues es imposible pararlo, en las viviendas, contribuyendo a su deterioro con la vibración constante: hasta 148 vagones contamos, de tamaño gigante, tirados

por dos potentísimas loco-motoras; Desde nuestro lugar de oteo curioso y desde donde hacemos fotos a las gigantescas escombreras,.. una pequeña estación del Cerrejón “mide” la contaminación. Y nos lo aclaran nuestras anfitrionas wayúu: no está adaptado para medir las partículas de tamaño contaminante de mayor afectación a la salud. Está entrampado desde su instalación, como una más de las muchas burlas de la empresa extranjera, que ha logrado.. miles y miles de hectáreas de concesión, en disputa a las comunidades, que no han podido disfrutar del Derecho a la Consulta previa libre e informada.”80

78 Comunicado Crisis Humanitaria en el bajo Atrato. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Bogotá, febrero 16/18

“Pobreza y miseria dicen que ha traído la Corporación minera que ha logrado expulsar a varias comunidades de sus territorios, ha desviado el arroyo Bruno, pero se ha encontrado con una oposición férrea al desvío del río Ranchería, fuente principal de agua en este desierto guajiro, siendo el agua y su apropiación indebida por millones de hectolitros una de las más graves consecuencias de la explotación, con resultado alimenticio perjudicial para los cultivos de los campesinos wayúu. Señalan las autoridades indígenas que de los 16mil empleos del Cerrejón, un porcentaje insignificante recae en indígenas de las comunida-

79 Audiencia con organizaciones sociales de Yumbo, Valle. Cali, 10 de marzo

80 http://pachakuti.org/spip.php?article817

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des afectadas, prefiriendo la minera traer mano de obra de fuera. Enfermedades, confinamiento, sentencias jurídicas que no son cumplidas, viviendas rajadas, desconocimiento de los Derechos indígenas, contaminación del aire, del agua, de los campos...y compra de políticos, son algunas de las graves afectaciones que se le adjudican al Cerrejón, que con su inmenso poder incluso atemoriza y coacciona a audiencias como esta, generando zozobra entre los asistentes.81

9. Empresas y Derechos Humanos Los proyectos empresariales en los sectores mineros, energéticos y de infraestructura están poniendo en riesgo la supervivencia de la población. “El acoso de las empresas, la militarización, la presencia de paramilitares nos implican pérdidas de espacios comunitarios, restricciones a la libre movilizad de las personas, pérdida de la autonomía y de la seguridad alimentaria, invasión de predios comunitarios, división entre las comunidades, suspensión de los títulos de predios, asesinatos sistemáticos, desaparición de las prác81 http://pachakuti.org/spip.php?article819

ticas tradicionales de pesca y agricultura. Se beneficia del terror y de esta situación MAERSK SEALAND, HAMBURG SUD.”82 “Los despojadores de las tierras a las comunidades no son los paramilitares, son los empresarios. Hay más de doscientos financiándolo. Los terratenientes buscan títulos de propiedad y están usando a familias para invadir tierras que ellos usurparon, algunas familias les reciben sueldo. Por eso es necesaria la formalización de la propiedad mediante un programa de titulación de tierras en Urabá, más ahora que los títulos mineros concedidos a grandes empresas generan más incertidumbre.”83 Las comunidades Curvaradó y Jiguamiandó denunciaron al empresario JAVIER RESTREPO GIRONA propietario de varias fincas y empresas como Agromar, Recife, por ocupar -mediante el terror paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas de las AUClos territorios colectivos de afrodescendientes y por negarse a devolverlos, a pesar de que desde el 2009 82 Audiencia en Buenaventura y Visita al Espacio Humanitario de Puente Nayero. 8 de marzo 83 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo/18


estado de los derechos humanos en Colombia

el Tribunal Contencioso del Chocó lo declaró como ocupante ilegal. “Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de respuesta efectiva por parte del Estado y de sus entes responsables de brindar condiciones de protección para salvaguardar la vida en integridad de los líderes reclamantes de tierra que han denunciado las acciones de despojo a las que están siendo sometidos por parte de la empresa AGROMAR S.A. y las actuaciones contra derecho del empresario JUAN GUILLERMO GONZÁLES y JAVIER RESTREPO GIRONA, DARÍO MONTOYA, WILLIAM RAMÍREZ; así mismo, ante las graves y dolosas omisiones de los entes de control ambiental, quienes han posibilitado la devastación de los bosques primarios y la degradación de los suelos utilizados para la implementación de cultivos de supervivencia.”84 “La alianza empresarios-mafia-ejército nacional significa la muerte para las comunidades. Las Autodefensas Gaitanistas y el ejército trabajan para JAVIER RESTREPO GIRONA, empresario bananero, palmero, narco y lavador de dólares que impuso la cesión en usufructo por 70 años de la finca La Zumbona hoy cultivada de coca y por opo84 Comunicado Crisis Humanitaria en el bajo Atrato. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Bogotá, febrero 16/18

nerse a deforestación fue asesinado el reclamante de tierras HERNAN BEDOYA”85 “Otros empresarios del banano, la palma y la coca beneficiados con la actividad paramilitar son LUIS FELIPE MOLANO, JUAN GUILLERMO GONZALEZ, LUIS ANTONIO LOPERA, CLAUDIA ARGOTE, FRANCISCO CASTAÑO HURTADO, RUBEN DARIO CORREA MARIN.”86 “Los empresarios hacen contratación sin derechos, violan derechos laborales, tercerizan el trabajo y los obreros se ven obligados a la huelga, como los corteros de caña del Valle, algunos con setenta años de edad, 30 de trabajo en una empresa y se tienen que ir sin pensión porque la intermediaria no cotizó. No hay libertad de asociación, se despide a las mujeres trabajadoras de las flores que se afilian al sindicato. No hay garantías porque hay paramilitares amenazando. Los inspectores de trabajo son fichas de los empresarios y no reciben las 85 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo/18 86 Audiencia y homenaje a víctimas de las Comunidades negras del Curvaradó. 4 de marzo/18

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quejas de los y trabajadores. No cumplen los compromisos que firmaron con el TLC.”87 “La fiscalía pide al Ministerio del Trabajo revisar si las empresas de palma cumplen con los derechos laborales, porque están contratando a extranjeros venezolanos por salarios irrisorios.”88 “Cementos El Cairo logra que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez cambie el concepto de la Junta Regional y que enfermedades profesionales pase a ser calificadas como enfermedad común.”89 “Los profesionales de la seguridad afiliados a SINPROSEG Cali, somos más de 3.400 trabajadores tercerizados por la Unidad Nacional de Protección en empresas que cambian de nombre para evadir obligaciones, a pesar de que es una práctica prohibida por el Consejo de Estado.90

“La persecución contra SINALTRAINAL Bugalagrande ha seguido con amenazas de muerte y hostigamientos. Trabajadores de la empresa Colombina afiliados al sindicato han sido amenazados casa por casa, el sicario que lo hacía fue asesinado cuando la policía comenzó a investigar el caso.” SINTRACARBON, sindicato de trabajadores de la mina El Cerrejón, denuncia: una alta afectación en la salud de los obreros mineros, con más de 900 de ellos con graves enfermedades profesionales que no son reconocidas, y desigualdad en derechos laborales entre los 5.000 empleos directos y los 7 mil de las subcontratas.91 La Delegación conoció que desde el teléfono corporativo de ALEJANDRO RODRÍGUEZ, funcionario de Equión, se amenazó al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabaña. Esta persona señaló en la radio a los líderes sociales y ambientalistas de estar “aconsejados por grupos al margen de la ley.”92

87 Audiencia con los Sindicatos de trabajadores de la agroindustria bananera y palmera, SINTRACOL, SINTRAINAGRO. San José de Apartadó, 5 de marzo 88 Entrevista con instituciones públicas del departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo 89 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo 90 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo

91 http://pachakuti.org/spip.php?article820 92 Testimonio. Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo


estado de los derechos humanos en Colombia

10. D  erechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales La histórica concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos se agravó durante el conflicto armado interno que desplazó a millones de campesinos obligados a talar selva para reasentarse. Pero muchas familias no tienen títulos de propiedad y quedan expuestos al despojo violento del empresariado a través del paramilitarismo. “En Urabá no les titulan las tierras a los campesinos, pero sí expidieron ocho títulos mineros para extraer oro, coltán, petróleo, carbón, y esto trae más problemas sociales y ambientales, sobre el agua que escasea y sobre los suelos, habrá nuevos desplazamientos forzados. Sin reforma agraria no hay camino.”93 “La nueva política antidrogas pactada en La Habana, no es hoy un proceso genuino de sustitución con acento en el respeto a los derechos humanos, sino un proceso de erradicación brutal que cuenta entre sus logros más deplorables la masacre de campesinos en Tumaco y la multiplicación de los cultivos por la persistencia de una política equivocada. 93 Entrevista con ACASA. Apartadó, 4 de marzo/18

Mientras se trata de mostrar eficacia persiguiendo al eslabón más débil de la producción, ningún resultado notable se observa en lo que concierne a la persecución de capos solapados en las capitales ni de blanqueadores de dineros, que, incrustados en el corazón del capital financiero, son en realidad el motor del narcotráfico” 94 “Necesitamos tierras tituladas para desarrollar allí nuestros proyectos productivos y de vida. Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo.”95 “En Arauca hay desastres ambientales producidos por empresas petroleras como Oxy que destruyó la Lagua de El Lipa, y por algunas corrientes de agua como el río Cravo Norte baja mercurio y plomo de Caño Limón. Aquí por denunciar solo cabe destierro, encierro o entierro.”96 “La juventud araucana es perseguida por la fuerza pública para reclutar incluso a jóvenes víctimas; hay miedo de

94 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html 95 Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana. https:// www.farc-ep.co/comunicado/analisis-sobre-el-estado-de-laimplementacion-del-primer-ano-de-los-acuerdos-de-la-habana. html 96 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo

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salir por los atropellos de la policía que ofrece dinero por información a los niños” 97 “El departamento fue entregado a las petroleras, no puede haber nada 2.500 metros alrededor de un pozo y hay 35 bloques en explotación. Esto genera desplazamiento forzado y conflicto social que se incrementa con la llegada de inmigrantes de Venezuela a buscarse la vida.”98 “En el Casanare los lideres advierten de su situación de riesgo pero no se les atiende, porque para el gobierno prima el interés económico sobre la vida de la gente. Hay reuniones pero no hay impactos, resultados concretos.”99 “Aquí en Puente Nayero iban a construir hoteles y restaurantes en los terrenos de relleno de nosotros y los paras picaron personas vivas hasta hace poco tiempo. Los niños jugaban a picarse entre ellos con armas de juguete, ahora ya se desmovilizaron y las entregaron y quemaron con un pacto de paz, a cambio recibieron instrumentos musicales.

Siguen los problemas porque nos quieren sacar de nuestras casas. En La Cima hay un conflicto grande por eso, una constructora con escrituras falas quiere hacer en el territorio colectivo destinado para un centro de salud y un hogar comunitario un conjunto residencial cerrado y como nos oponemos quemaron el centro de salud, hay amenazas de los paras.”100 “En la agroindustria de la caña de azúcar se viola derechos de los trabajadores. “En los ingenios se viola el derecho de asociación sindical, hay falta de libertades y de garantías y son frecuentes los accidentes de trabajo y las ARL los califican como accidente común sin indemnizar. Los corteros de caña tuvimos que hacer un paro de dos meses por derechos y libertades. Que están contemplados en las ley y en el Tratado Obama-Santos que no se cumple”101

97 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo 98 Audiencia en el departamento de Arauca, ciudad de Arauca, 6 de marzo

100 Audiencia en Buenaventura y Visita al Espacio Humanitario de Puente Nayero. 8 de marzo

99 Audiencia en el departamento del Casanare, El Yopal, 7 de marzo

101 Audiencia con organizaciones sociales del Valle. Cali, 10 de marzo


estado de los derechos humanos en Colombia Conclusiones Colombia continúa afectada por el conflicto armado interno y por violaciones graves de los Derechos Humanos y del DIH sobre todo en las áreas dejadas por las FARC, y en los territorios con presencia de los grupos paramilitares, y de las guerrillas ELN y EPL. La implementación de los Acuerdos suscritos con las FARC sufren incumplimientos por parte del Estado: atraso en infraestructuras, falta de garantías de seguridad para los indultados, amnistiados y familiares, aumento de la presencia paramilitar, incumplimientos de la ley de amnistía e indulto, falta de reglamentación e implementación de la ruta de atención de los menores desvinculados/as de las FARC-EP, inseguridad jurídica con amenazas de extradición de exguerrilleros a EUA renunciando el gobierno a aplicar la JEP. El paramilitarismo continúa existiendo, aumentó su control territorial y mantiene vínculos con el Estado. Los financiadores y los beneficiados por el paramilitarismo no han sido investigados, juzgados ni sancionados. Junto con la desmovilización de las FARC-EP, se reconfiguraron y expandieron grupos paramilitares, las guerrillas del ELN y del EPL, los grupos de guerrilleros de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz, y otros con diversas denominaciones. Se incrementó el asesinato de la dirigencia social y comunitaria, configurándose como una práctica sistemática e impune orientada a desestructurar las organizaciones sociales. El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo. Continúan presentándose casos de violencia sexual cometidos el 43,7% por la fuerza pública y otros actores, 30,1% por grupos paramilitares y 26,2% por las guerrillas. Se incrementaron los feminicidios y no hay mecanismos de

protección efectiva. Hay violencia selectiva contra la población LGBTI. La desaparición forzada de personas continúa a pesar de las medidas humanitarias contempladas en el Acuerdo de paz. La identificación de restos avanza lentamente. En las cárceles la situación sigue siendo ilegal. El hacinamiento aumentó a 50,1% en 2017 y las medidas adoptadas para disminuirlo no han sido efectivas. Hay denuncias de trato cruel, inhumano y degradante. No está garantizado el derecho a la protesta social que no tiene cauces institucionales efectivos de solución y recibe tratamiento de guerra. La impunidad continúa siendo un problema estructural, especialmente la relacionada con investigaciones pena-

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XIV Visita asturiana de verificación del Recomendaciones Al gobierno de Colombia: Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos de Paz de La Habana. Disponer lo necesario para dejar firmado un Acuerdo de paz con ELN. Abrir una mesa de diálogos con el EPL. les por ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, desaparición forzada y torturas. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y la brecha urbano – rural no se cierra. Los territorios habitados por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Más de treinta pueblos indígenas están al borde la extinción. Los territorios de las comunidades afro sigue sometidos al control y al despojo paramilitar del que se benefician empresarios nacionales e inversionistas extranjeros. Persiste la desigualdad en la propiedad y la tenencia de la tierra. Las condiciones laborales son precarias y continúa la persecución al movimiento sindical.

Cumplir los acuerdos y compromisos firmados por el gobierno colombiano con las organizaciones campesinas, indígenas y negras movilizadas en los últimos años. Perseguir, desmantelar el aparato paramilitar y sus estructuras de apoyo político, económico y mediático. Eliminar la doctrina militar del enemigo interno y depurar la fuerza pública. Dar garantías efectivas para la vida de la dirigencia social y personas que defienden los Derechos Humanos. Acabar con los señalamientos y con la impunidad que rodean estos ataques. Aplicarse en la prevención de la violencia de género y en las campañas contra todo tipo de discriminación. Cumplir sus obligaciones con los pueblos indígenas y con las comunidades negras.

A la Cooperación de la Unión Europea, de España y de Asturias. Priorizar la financiación de los planes de vida y los proyectos comunitarios, la reconstrucción de los tejidos familiar, social y organizativos rotos por el conflicto y por la exclusión.


estado de los derechos humanos en Colombia

Anexos Siglas usadas AACIWASUG, Asociación wayúu en Barrancas-Guajira. AKUBADAURA, Asociación de abogadas indígenas. Asentamientos La Libertad, la Bendición, Mi Nueva Esperanza Asociación Ambiental Paz y Derechos Humanos Arauca Asociación Campesina de Arauca Asociación campesina de San José de Apartadó Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, ACIVA Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Morro Asociación de Mujeres AMARTE Asociación de Mujeres Cultivadoras de Paz, Cañabrava, Bocas del Ele Asociación de Mujeres Trabajadoras Araucanas Asociación de Mujeres Unidas por Casanare -ASMUC Asociación de Transportadores de El Morro, ASOTRANSMO Asociación de Transportadores de El Morro, Yopal Asociación de Víctimas de El Morro, Yopal

Asociación Nacional Campesina ASONALCA, Tutasá, La Capilla Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes, AnjecoAsociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC ASOCOLCA Tumaco ASOMINUMA Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje. Cabildo Yanacona Central Unitaria de Trabajadores, CUT Centro Cultural Comunitario las Colinas Ciudadela La Bendición, Asentamientos La Libertad, Mi Nueva Esperanza, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Arauca, Ferney Tique Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Comisión Internacional del partido FARC. Comité de Conciliación de las Juntas de Acción Comunal Comité de Convivencia de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA Comunidad de Paz de San José Apartadó Comunidad del Bloque Cubiro (San Luis de Palenque) Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ Consejo de Autoridades del pueblo Nukak, Mauró Munu

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Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola COCCAM Corporación Social para la Asesoria y Capacitación Comunitaria, COSPACC CPDH Arauca, CPDH Valle CUT Antioquia CUT Nariño CUT Valle Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Federación Luterana Mundial Arauca FENSUAGRO-CUT Arauca Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP seccional Valle Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra Fundación Promujer Arauca Guardia Indígena IPC, Instituto Popular de Capacitación Junta Acción Comunal de La Palma (Boyacá) Junta de Acción Comunal de Labranzagrande, San Luis de Palenque La Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOJER Marcial Gamboa. Sacerdote claretiano. Tumaco Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca Mesa de Víctimas del municipio de Arauquita

Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP OEA MOE, Misión de Observación Electoral MOVICE Valle Movimiento político de masas social y popular de Centro Oriente de Colombia Nora Díaz CUT Nariño ONIC, Luis Fernando Arias, Consejero Mayor , Consejera Derechos Humanos Aída Quilcué Pastoral Social Caritas Arauca Pastoral Social de Buenaventura, padre John Reina Pastoral Tumaco-Parroquia La Variante-San Bernardo. Proceso de Comunidades Negras, PCN Resguardo de Huellas, Caloto Sindicato de Pequeños y Medianos Productores del Agro, SINDEAGRO Sindicato de Trabajadores de la Industria de Caña de Azúcar de Colombia, Sintracañaizucol Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, SINTRAIME Yumbo Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, SNTT, Junta Directiva Nacional y Seccional Buenaventura. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, SINALTRAINAL


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Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción, SUTIMAC Yumbo SINTRACOL SINTRAIME SINTRAINAGRO Trabajadores de los ingenios Manuelita y Carmelita

Instituciones entrevistadas Embajada de España. Sr. Pablo Gómez de Olea, Embajador. Responsable de la AECID Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Sr. Raúl Rosendi, Director Ministerio del Interior, Ivón González, Directora de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo, Mauricio Redondo Valencia, Defensor Delegado para la Prevención de riesgos y Sistema de Alertas Tempranas Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, Luz Marina Monzón, Directora Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Néstor Correa, Secretario General

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, Francisco de Roux, Director Congreso de la República, diputado Alirio Uribe y Representante a la Cámara Ángela María Robledo.

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Con el apoyo de:

Profile for Soldepaz Pachakuti

Informe de la XIVª delegación asturiana en Colombia - cast  

XIV Delegación asturiana DDHH Colombia http://pachakuti.org/spip.php?rubrique70

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