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CARTA ABIERTA A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Los abajo firmantes, ex dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), expresamos a ustedes nuestra profunda preocupación por la situación social, política y económica que vive nuestro país, particularmente por la forma en que el gobierno está resolviendo los problemas laborales. ¿Por qué todo se ha de resolver con desalojos violentos? Tienen ustedes una gran responsabilidad ante la Nación: garantizar el estado de derecho en el país. Entre otros actos, el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de octubre de 2009, ha roto ese estado de derecho. Violó flagrantemente diversos artículos Constitucionales y -entre otras- la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA), nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), etcétera; así como leyes y convenios internacionales. Pensamos que en este caso concreto, ustedes debieron haber actuado de oficio, pues la violación a las mencionadas leyes fue evidente, flagrante, por parte del Poder Ejecutivo: el desalojo violento de los trabajadores por parte de la Policía Federal y el Ejército se difundió por la televisión en cadena nacional la noche del día 10 de octubre de 2009. Todo México lo vio. El decreto desemplea y deja sin proyecto de vida a más de 44 mil familias. El desalojo violento de los trabajadores del SME, por sí solo es un despido injustificado, que violó la legalidad y la garantía de audiencia del trabajador, establecidos en el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues el cierre de una empresa no puede llevarse a cabo de manera unilateral sino con la audiencia del trabajador y la previa autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que procede -entre otras cosas- la inmediata reinstalación de todos los trabajadores o lo que a su interés más convenga. A ocho meses del brutal desalojo de los trabajadores del SME, preguntamos: ¿Por qué extinguir LyFC, que tiene una abundante materia de trabajo, por demás inextinguible: más de seis millones de usuarios, de medidores, transformadores, subestaciones; miles de postes, kilómetros de líneas de transmisión y distribución (incluyendo más de 1,000 kilómetros de fibra óptica), etcétera? Por lo visto, respondemos que es para privatizarla en beneficio de las transnacionales. El inconstitucional decreto rompió el equilibrio de los tres Poderes de la Unión, establecido con toda claridad en el Artículo 49 Constitucional: el Poder Ejecutivo rebasó al Poder Legislativo. Violó el Artículo 72, inciso f constitucional que a la letra dice: En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Y en el mismo sentido, también violó el Artículo 15, fracción IX de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que a la letra dice: IX. En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación... Salinas de Gortari, titular del Poder Ejecutivo, creó LyFC (DOF 9 de febrero de 1994) por mandato del Poder Legislativo; para extinguirlo (DOF 11 de octubre de 2009), el actual Ejecutivo debió comunicarle y dar participación al Poder Legislativo, cosa que evidentemente Calderón no hizo. En función de lo anterior, el Ejecutivo invadió la esfera del Poder Legislativo, único facultado para legislar en materia de energía eléctrica, como lo establece claramente la fracción X del Artículo 73 Constitucional.


Tan sólo por la violación de los mencionados artículos constitucionales, el decreto de extinción de LyFC, es claramente inconstitucional. Ignoramos las causas por las que el Legislativo no interpuso una Controversia Constitucional, que sin duda hubiera evitado el acto de extinción dé LyFC. La violación es contundente, no existe ninguna razón válida para que la SCJN no resuelva de inmediato. Posponer su fallo, puede llegar a ser criminal, pues -entre otras cosas está en juego la vida de nuestros compañeros y compañeras actualmente con más de 40 días en huelga de hambre. Si hubiera respeto por las leyes, no hubiera habido decreto de extinción de LyFC. Sin embargo, si la extinción indebidamente procediera, tendría que haber patrón sustituto. En los hechos y parcialmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es patrón sustituto: está cobrando los consumos en la zona de LyFC y "atiende" la prestación del servicio con sus contratistas, asumiendo -de paso- que sí existe materia de trabajo, pero sólo reconoce sus derechos y niega sus obligaciones. Desconociendo y violando el Artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, el 12 de octubre de 2009, Elías Ayub, director de CFE, cínicamente declaró: "Lo que no procede es asumir el papel de patrón sustituto, porque eso daría vigencia precisamente al contrato colectivo de Luz y Fuerza..." El decreto se expidió violando el Artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en la fracción IX dice acerca del acto administrativo (en este caso el Decreto) que debe ser: expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; y aquí ha habido dolo y violencia: los trabajadores se liquidaron bajo engaño y presión; se desinformó a los usuarios para que aceptaran la campaña nacional contra los trabajadores del SME, que fueron acusados -sin pruebas- de improductivos, saboteadores, corruptos, ineficientes, etcétera. Sin embargo, ante la ineptitud de los contratistas de la CFE para prestar regularmente el servicio; ante los apagones frecuentes; la falta de mantenimiento y la obsolescencia de las instalaciones, y los apagones provocados por los últimos fuertes vientos y lluvias, el pueblo reconoció que los trabajadores del SME -en su tiempo- los resolvían en cuestión de horas y no en días o semanas, como es el caso de los contratistas. Son demasiados los artículos legales y los preceptos constitucionales que han sido violados por el decreto de extinción de LyFC. Mencionarlos extendería demasiado el presente texto. Consideramos que los aquí señalados son los más significativos y debieran ser suficientes para que la SCJN falle a nuestro favor. En resumen: el decreto es inconstitucional; LyFC debe continuar prestando el servicio público de energía eléctrica en su zona geográfica; se debe reinstalar y pagar salarios caídos a todos los trabajadores afiliados al SME; nuestro Contrato Colectivo de Trabajo debe ser revisado y seguir vigente; el SME debe seguir siendo el titular del CCT y de la materia de trabajo en nuestra zona geográfica. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Fraternalmente "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador" México, D.F. a 10 de junio de 2010 LOS EXDIRIGENTES: MANUEL FERNÁNDEZ FLORES, SECRETARIO GENERAL; MARIO TORRES ACULAR, ARTURO RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, BRAULIO GARCÍA ÁVILA, JULIO PINEDA HURTADO, SECRETARIO DEL INTERIOR; ARMANDO PAREDES MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL EXTERIOR; MIGUEL SOTO, JORGE HERRERA IRETA, SECRETARIO TESORERO; FRANCISCO CARRILLO SOBERÓN, ALFREDO SOTO SÁNCHEZ, ROLANDO MORENO RESÉNDIZ, SECRETARIO DEL TRABAJO; CARLOS JUÁREZ CORONA, SECRETARIO DE E. Y PROPAGANDA; CÉSAR TORROELLA LABRADA SECRETARIO DEL SERVICIO MÉDICO;


IGNACIO SILVA URENDA, RAFAEL RAMÍREZ OCHOA, MIGUEL A. GUZMÁN MELGAREJO, SRIO. DE FOMENTO A LA SALUD Y PREV. SOCIAL; PEDRO BELTRÁN MEJÍA, GUSTAVO ALCÁNTARA CÁRDENAS, ARTURO ORIHUELA SALGADO, PRO SRIO. DE DIVISIONES; AUGUSTO YÁÑEZ RODRÍGUEZ, PRO SRIO. DE JUBILADOS; TOMÁS AVELARD SÁNCHEZ, JUAN MIGUEL REYES MUÑOZ, RUBÉN MARTÍNEZ DURAN, RAÚL ISLAS MEDRANO, PRO SRIO. DEL TRABAJO; FERNANDO OLIVA BARRERA, PRO SRIO. DE OBRA DETERMINADA; COSME HERNÁNDEZ JARDINES, RODOLFO PÉREZ PINEDA, FCO. JAVIER GUTIÉRREZ AGUILAR, JULIO LÓPEZ ÁLVAREZ, PRO SECRETARIO DE ESCALAFONES; LUIS RICARDO MEDINA ÓRNELAS, GERARDO GARFIAS VILLA, PRO SECRETARIO DE SUCURSALES; RAMÓN RODOLFO ROSALES LULE, ANTONIO GUADARRAMA SAUCEDO, JAIME VILLAFUERTE RUIZ, ROBERTO ROJAS HORMIGO, PRO SRIO. DE CULT. Y RECREACIÓN; MIGUEL A. KAYSSER ESPINOSA, PRO SRIO. DEL SERVICIO MÉDICO; VÍCTOR PÉREZ FLORES, SERGIO RAMÍREZ ORTEGA, PRO SRIO. SEG. E HIGIENE; IGNACIO CRUZ RODRÍGUEZ, PRO SRIO. CAP. INSTR Y ADMTO.; NAHUM VELÁZQUEZ URBINA, PRO SRIO. DEL SERV. MÉDICO; SALVADOR HERNÁNDEZ JUÁREZ, JESÚS LOZA SOSA, CORNELIO CEDILLO CEDILLO, JOSÉ GUADALUPE CASTELLÓN, JUEZ DE LA COM. AUT. DE JUSTICIA; ELPIDIO ESTRADA TÉLLEZ, ALFREDO RUIZ GARCÍA, JAVIER ALCALÁ AGUILAR, MARIO CARRASCO DE LA CRUZ, JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ LOBATO, EDUARDO SALGADO CORDERO, MIEMBRO COM. AUT. HACIENDA.

Responsable de la publicación: César Alfonso Torroella Labrada


Carta Abierta a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación