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Asunción, Paraguay, Prisión de Tacumbu, 10 de Diciembre del 2011 Señor/a

Presente Tengo a bien dirigirme a Usted, en el día que se conmemora el 63° Aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos y al cumplirse un mes de estar prisionero del Gobierno en la prisión de Tacumbú de Asunción del Paraguay; a fin de informarle cuanto sigue. En efecto, el 10 de noviembre del 2011, nos hemos presentado a la prisión de Tacumbú con el compañero Florencio Florentín, Secretario de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay – CESITP, luego de enterarnos por la prensa de la orden de captura que existía contra nuestras personas, emanada de la Jueza de Ejecución Penal, Dra. Ana María Llanes; como final anunciado de un juicio injusto, ilegal e ilegitimo, prescripto y extinguido desde el año 2006 según dos fiscalas, la Dra. Victoria Acuña y la Fiscala Adjunta Soledad Machuca y la propia Fiscalía General, en el cual se han violado múltiples Leyes nacionales, Convenios Internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y la propia Constitución Nacional, donde no solamente lo decimos nosotros los Dirigentes de la CESITP, por cuyo mandato Asambleario hemos firmado los documentos civiles correspondientes para la compra del BNT de dos mil (2000) nichos mortuorios para nuestros miles de afiliados, sino la Organización Internacional del Trabajo – OIT (Anexos 1 y 2) a través de el Consejo de Administración y el Comité Libertad Sindical, luego de dos Misiones de Contacto Directo al Paraguay, estableciendo y resolviendo, que este caso al que le dieron el Numero 2086 – Paraguay se dio en el marco de una persecución antisindical liderada por la prensa del Sr. Aldo Zuccolillo, dueño del diario ABC Color y que en el Juicio se aplicaron ilegalmente a los dirigentes sindicales leyes en forma retroactiva, violando el principio cardinal de NULLUN CRIMEN SINE LEGE. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH de la Organización de Estados Americanos – OEA (Anexo 3) luego de nuestra denuncia, se declaro competente y dio la Admisión a la denuncia; según lo consagrado en los artículos 7,8,9,16 y 25 de la Convención Americana de 1


Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 (1) y dos del mismo tratado, dándole la referencia y el numero 12821 – Paraguay – Prof. Dr. Reinaldo Barreto Medina y Florencio Florentín, al Caso. En ella admite la CIDH la denuncia contra el estado paraguayo por violación a nuestros Derechos Humanos, en especial, el derecho a la Libertad personal, a las garantías judiciales, el principio de legalidad y de retroactividad, a la libertad de asociación, a la protección judicial, y se aboca a estudiar el fondo de la cuestión, que con seguridad finalizara haciendo lugar a la demanda, condenando al estado paraguayo por las arbitrariedades cometidas y ésta al final seguramente ira contra quienes las cometieron para hacerles pagar por ello como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 106 y conexos. Por de pronto, nosotros, también, no con el ánimo de rehuir a la justicia, sino por el contrario buscándola en todos los ámbitos, hemos denunciado en la Fiscalía de Derechos Humanos del Paraguay por violación a el Art. 310 del C.P. Persecución de Inocentes y al Art. 311 del C.P. Ejecución Penal contra Inocentes, a los Señores: Dr. Luis María Benítez Riera, Dr. Víctor Núñez y Dr. Sindulfo Blanco, con sus cómplices y encubridores, (Anexo 4) convencidos de que los hechos de persecución y tortura sicológica y corporal, que duraron ya más de 16 años en nuestro caso, que se sustancian en esa Fiscalía de DDHH no prescriben, aunque ahora tengan estos señores el poder. A continuación le hare un relato resumido de nuestro calvario para su conocimiento y escuche también la otra campana, no solamente la que pregona desde hace mas de 16 años el diario ABC Color de Aldo Zuccolillo, con quien lucháramos denodadamente para evitar que se apropie, vía privatización de las empresas del estado; que en represalia publicó miles de artículos de ensañamiento y odio total en contra nuestra cambiando la opinión que tiene la gente común del pueblo paraguayo, hacia los auténticos dirigentes sindicales que verdaderamente luchamos por su bienestar. Como dirigentes sindicales quien le escribe esta carta y el compañero Florentín, actuamos por mandato asambleario de la CESITP, siendo presidentes de los Sindicatos Nacionales de SITRAMIS (Salud) y de SILTRANDE (energía eléctrica) de ese entonces.

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Haciendo una recapitulación, le recordamos que se nos incluyó en el juicio para amedrentarnos (al procesarnos como dirigentes de la CESITP y a otros Dirigentes Sindicales Nacionales, el 22 junio del 2000, el mismo día de la Huelga General de Trabajadores del país - no antes ni después - contra la privatización de las Empresas del Estado Paraguayo) en lo que era ya entonces un precluido proceso criminal seguido contra los directivos del BNT, hoteleros, políticos, una empresa de construcción, y otras que retiraron fondos del BNT con apoyo de políticos del Gobierno y de otros partidos y religiones, estando éste juicio en su etapa Plenaria (habían transcurrido tres años desde su inicio), increíblemente como “cómplices” de los delitos de “estafa y lesión de confianza”, por la solicitud que hiciera la CESITP al BNT; dentro de los Proyectos Sociales encarados y publicitados por el Gobierno de entonces, como parte del Dialogo Social Tripartito - Gobierno, Empleadores y Trabajadores - de un crédito bancario para la compra de 2000 nichos mortuorios, para 4664 solicitantes, socios de la CESITP, que hicieron documentaciones y firmaron autorizando por dicha petición y con autorización de la Asamblea General de la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay - CESITP, organizada el 9 de noviembre de 1993, e inscripta y reconocida por resolución del MJT en octubre de 1995. Se aprovechan de esa situación, el gobierno y los poderosos privatistas, de que en dichos proyectos sociales las Centrales Sindicales fueron garantes de sus asociados, para incriminarlos y en especial al Presidente y Tesorero de la CESITP por supuestamente haber desviado, en abril de 1996, fondos de ese banco a favor de la empresa de construcción PEGASUS S.A., lo cual habría tenido como consecuencia “la quiebra” del Banco Nacional de Trabajadores, posición totalmente absurda, ya que ningún Banco de clase A como el BNT, que recibía miles de millones de guaraníes del aporte de los trabajadores y los servicios que prestaba puede quebrar por el no cobro inmediato de un crédito bancario de menos de 3500 millones, que los funcionarios públicos a quienes representamos sí, podían pagar y aun hoy lo pueden hacer, ya que eran solo 28.000 guaraníes, por mes, en ocho años de plazo, a mas le aclaro de que mi persona, ni el compañero Florentín, ni ningún miembro de la CESITP, nunca manejamos fondos ni documentos del Banco, ni fuimos Directores, Consejeros, ni funcionarios del BNT, solo simples mandatarios de la Asamblea firmantes de documentos, como Presidente y Secretario, para solicitar un crédito bancario para la compra de 2000 nichos 3


mortuorios cuyo fondo - dinero lo manejó solamente el Banco con sus Directivos y funcionarios a pesar de solicitar la CESITP vía nota que se le informe y dé participación en lo que se haga (Anexo 5). Por este hecho mintiendo el juez al decir que la CESITP no existe como organización (fue organizada el 09-11-2003 y reconocida por el MJT el 16-10-1995 según resolución N° 74 (Anexo 6) y afirmar que no teníamos socios interesados (tenemos 4664 socios firmantes y autorizantes para entrar al proyecto), sin revisión ni estudio de las pruebas presentadas en nuestro descargo, ni de los Hechos Nuevos demostrados (el BNT demandó a la CESITP en el fuero civil en el año 2002, lo que prueba, claramente que es una deuda lo que se dirime, no una estafa), fuimos condenados sin que nos pudiéramos defender a 4 años de pena privativa de libertad en la prisión de Tacumbú, tipificados en el Código Penal, Ley 1160 de 1997 y no según lo establecido en el Código Penal de 1914, vigente cuando sucedieron los hechos; entre otras arbitrariedades. El circulo de las irregularidades continuó, siendo procesados también bajo el Código Procesal de 1890, cuando debimos ser procesados bajo la nueva Ley Procesal Penal, Ley N° 1286/98, aplicándosenos varias normas penales y procesales menos beneficiosas, llegando al punto de violar puntuales disposiciones de la Constitución Nacional que prohíben la aplicación retroactiva de la ley (Nullun Crimen Sine Lege) y la aplicación de una Inconstitucionalidad con efecto Erga Homnes, todo con la finalidad de tenernos prisioneros y sin derechos por el mayor tiempo posible, por nuestra posición irreductible contra la privatización de las empresa del Estado y la lucha emprendida por lograr una vida digna para los trabajadores y sus familias, y hasta el día de hoy casi, 16 años después. Ante la denuncia y petición formulada a la CIDH por nosotros, el Gobierno para impedir la admisibilidad de los mismos, argumentó que no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna (requisito de admisibilidad, artículo 46 de la Convención Americana), pudiéndose según él, interponer los Recursos Extraordinarios de Casación y el de Revisión, además de la Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, recursos que no están contemplados en el Código Procesal de 1890 (que rige según la conveniencia y antojo de los Ministros en el proceso), además de ser los mismos recursos extraordinarios, pero no tuvieron en cuenta que la CIDH prevé para los casos de procesos amañados e interminables como el que nos ocupa de casi 17 años de duración, intervenir en los mismos aunque no estén finiquitados. 4


La presentación de la denuncia a la CIDH, lo hemos hecho en el plazo requerido, también cumplimos con todo lo exigido por la CIDH, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos ordinarios han quedado agotados el 29 de diciembre de 2010. Tampoco existe duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales. La CIDH advierte que existe un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2002 (hace casi 10 años, Caso 2086 - Paraguay) en cuyas Resoluciones 328 al 332 “Recomienda al Estado Paraguayo que se tomen todas las medidas necesarias para poner en libertad al señor Reinaldo Barreto Medina (entonces preso), expresando la esperanza en que la autoridad judicial aceleraría los procedimientos, lamentando profundamente”, después, de que no se hubieran tomado las medidas recomendadas y nuevamente urgió al Estado para que así se hiciera. La CIDH en este caso, ha establecido que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT no tienen la misma naturaleza que el procedimiento ante el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, porque dicho procedimiento produce recomendaciones y no un arreglo efectivo de la violación de Derechos Humanos denunciada, es decir que sus decisiones no conllevan ningún efecto jurídico vinculante para la CIDH. Finalmente creemos que, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH, podrá determinar con justicia luego de tantos años, que los hechos descritos en la petición, constituyen transgresión de nuestros Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana. Como Central Sindical de Trabajadores hemos denunciado desde 1996 el terrorismo de estado y una Persecución Anti Sindical inmisericorde por parte del Gobierno y los poderosos dueños de los medios de comunicación, como Zuccolillo, porque estamos seguros que como dirigentes hemos sido incorporados en el proceso criminal, como consecuencia de haber convocado a una Huelga General de trabajadores contra la privatización salvaje de las Empresas del Estado Paraguayo y otras reivindicaciones sociales, el 22 de junio del 2000, y aunque lo nieguen el gobierno, los Ministros de la Corte y los poderosos de la prensa, hoy sí, no pueden negar, porque todo lo demuestra, que en estos años transcurridos han instrumentado y manipulado a los jueces y a la justicia para la imputación,

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el procesamiento y nuestra mandato de ellos.

condena como Dirigentes Sindicales por

Los múltiples hechos irregulares de por sí constituyen una violación al artículo 16 entre otros de la Convención Americana. Es importante recordar que dentro de este proceso judicial amañado, injusto y politizado, existió siempre un trato diferenciado y discriminatorio para con nosotros como Dirigentes Sindicales Huelguistas, pues hasta hoy no se incluyó en el juicio a integrantes de otras organizaciones, cooperativas (Coomecipar), empresariales (Directivos de Pegasus), tasadores del BNT (Ing. Auad, Arq. Torres), gremialistas y sindicalistas traidores a su clase que no fueron a la Huelga General de Trabajadores y que habían adquirido también las mismas obligaciones y firmado los mismos documentos en el BNT, que nosotros los Dirigentes Sindicales Huelguistas. Dentro de la seguidilla de discriminación que se hizo con nosotros como dirigentes sindicales, se prescribieron y extinguieron últimamente todos los juicios semejantes que se tenía en la Justicia inclusive de algunos que estaban prófugos (Gustavo Stroessner), menos el de los dirigentes de la CESITP, a pesar de haberse prescripto y extinguido según Dictamen de la propia Fiscalía General como dijimos hace casi diez años. Fuimos condenados en primera instancia por el corrupto ex Juez Hugo López, a cuatro años de pena privativa de libertad, el 08 de octubre de 2001, se nos dictó medida de prisión extraordinaria (sin que el propio Juez supiera la razón), que cumplimos por 2 años y tres meses, (más de lo establecido por el marco legal que eran de solo seis meses, que el propio Gobierno alegó a su favor cínicamente ante la CIDH) “recuperando” posteriormente nuestra “libertad”, en forma ambulatoria hace casi 9 años, sin ningún derecho civil, nuestras cuentas embargadas, nuestros bienes congelados sin poder comprar ni vender nada, teniendo que comunicar a la policía cualquier movimiento, con la tortura psicológica permanente, que afectó grandemente a nuestra salud, a nuestros hijos y a nuestras familias; como parias en nuestra propia tierra, sufriendo el escarnio de toda la sociedad, y destrozados en nuestras familias, nuestros trabajos y profesiones por la intensa campaña de prensa que lo acompaño durante todo ese tiempo de más de 16 años. Se nos aplicó como en la Edad Media, privación de libertad por deudas, lo que va en contra de lo establecido por la Constitución

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Nacional del Paraguay, la Convención Americana y las Leyes vigentes. En este sentido, el inepto Tribunal de Apelaciones que cajoneo el expediente desde el 2001 al 2009 (8 años) rechazo las pruebas, que se presentaron como Hechos Nuevos, donde se demostraba que la deuda ya se había ejecutado en lo civil, existiendo como precedente un caso similar que le valió la “inocencia” al ex presidente de la República González Macchi y a otros dirigentes políticos prominentes, otra discriminación más, pero en éste existía la orden para los jueces de que era un caso político. Este Presidente de la República de entonces, dubitativo, temeroso de la Huelga General de Trabajadores contra las privatizaciones de las Empresas del Estado y de la prensa corrupta y decadente de los poderosos, que aun hoy dirigen el país, quienes tenían sus negociados previstos con la venta de esas empresas estatales (ANTELCO, INC, ANDE, CORPOSANA, CAPASA, FLOTA MERCANTE, Barcos fluviales al Alto Paraguay “Carlos Antonio López” y “Bahía Negra” ACEPAR, LAN, TAM, LAP) y pretendían también codiciosamente apropiarse de los bienes de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, que ahora lo lograron, crea con ellos como medio para lograr sus fines, en la Escribanía Alfieri del brazo derecho y secretario privado del Presidente, la supuesta Coordinadora de Aportantes del BNT (sin ninguna base Sindical, Gremial o Social ni representatividad alguna), con un Abogado obsecuente y alcohólico al que previamente blanquean de sus delitos de estafa y otros pendientes con la Justicia, con ex dirigentes Sindicales renegados, solicitantes y firmantes de los mismos créditos concedidos a la CESITP por el BNT a quienes les prometen con el Fiscal de la causa, que se les perdonará la deuda que tienen por los nichos mortuorios, que no serán procesados, ni condenados, si traicionan y querellan a sus ex compañeros de lucha; y los Jueces, increíblemente sin siquiera ser Personas Jurídicas, violando la Constitución y las Leyes, les dan personería para querellar en nombre de los supuestos “Aportantes al BNT” (en nuestro país no existe la CLASS ACTION, las organizaciones de ese tipo no pueden querellar, dice la OIT) con el incentivo de la promesa, de que si logran juntos condenarnos se repartirían (en complicidad con Jueces y algunos Ministros) los 32.000.000.000 (treinta y dos mil millones) de los aportes no capitalizados del BNT, hoy ya en su última etapa de entrega ilegal en la Corte a estos victimarios, sinvergüenzas y a sus cómplices que ya empiezan a sacarse los ojos entre ellos por ese miserable dinero; Misión cumplida dirán estos caraduras, destrozaron la Huelga de Trabajadores, al Movimiento Sindical y a sus principales dirigentes, no fueron procesados; no pagaron sus deudas al 7


BNT, mucho menos condenados y hoy se engullirán el dinero de los miles de trabajadores del BNT, sin ningún control de quienes amodorrados y temerosos de la prensa de los poderosos en sus sillones del Parlamento y la Contraloría lo permitirán. El 22 de octubre de 2001 (hace 10 años y dos meses) recurrimos la sentencia condenatoria y durante la tramitación, ocurrieron una serie de dilaciones indebidas y diligencias ilegales por parte exclusiva de la Cámara de Apelaciones y la Corte quienes increíblemente hoy nos quieren culpar de su morosidad, que los puede hacer juzgar por incapaces y negligentes, recurriendo al Ministro Blanco para salvarlos, quien crea y saca de sus galeras de prestidigitador judicial, los famosos “tiempos muertos” que solo existe en su mente calenturienta, conocedora de su poder sin límites, sobre la gente inocente que cae en sus garras. En el año 2004 según lo establece la Ley, planteamos la extinción de la acción penal y el sobreseimiento ante el mismo Tribunal de Apelaciones, lo cual se rechazó el 26 de abril de 2004, caso político como diría el Presidente de la Cámara, Tomas Cárdenas. Fue apelada dicha Resolución, solicitando su nulidad en fecha 29 de julio de 2004 y rechazada nuevamente el 18 de julio de 2005. El 25 de julio de 2005, nuevamente, se formuló apelación y nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte declaró desiertos los recursos sin explicación alguna, el 11 de marzo de 2008. En el año 2008 presentamos un incidente de prescripción de la acción penal y el 4 de junio de 2009, la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal rechazó el pedido de prescripción, contra lo afirmado por sus miembros en otros juicios similares y en resolución totalmente tirada de los pelos, confirman los 4 años de pena; a pesar de existir inclusive un dictamen del Ministerio Público favorable a la prescripción de la acción penal. El 5 de junio del 2009 se expresaron agravios ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de rechazo de la prescripción, a fin de que se revocara el fallo y declarara la prescripción de la acción penal por haber transcurrido más del doble de la pena prevista y 16 años desde la iniciación del proceso. El Dictamen fiscal N° 1047 de fecha 9 de agosto de 2010, se pronunció favorablemente sobre el pedido de prescripción pero no fue tenida en cuenta por la Sala Penal de la Corte, porque según ellos lo presentaron tardíamente; hecho desmentido tajantemente por la Fiscalía General, con sus documentos sellados de mesa de entrada de la Corte Suprema.

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Por último, en resolución insostenible y nula, sin sustento factico ni probatorio del 29 de diciembre del 2010, a los 13 días de asumir el nuevo Ministro de la Corte Dr. Luis María Benítez Riera que leyó casi 200 tomos en tan pocos días, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sin adaptarse a criterios mínimos de dogmatica penal, niega la apelación presentada utilizando una doctrina especial “de los Tiempos Muertos” (Ministro Blanco) de Bacigalupo leyendo solo la pagina que le sirviera para su conveniencia, pero no lee la siguiente pagina donde Bacigalupo señala….”las dilaciones indebidas y la prescripción tienen significados procesales y penales diferentes”, con ello se hubieran percatado que Bacigalupo, se refiere a la duración del proceso y no a la prescripción penal y que por lo tanto lo expuesto por el autor no era aplicable a este caso, además era un caso español, no adecuado ni por asomo a nuestra Legislación que tiene base alemana. Nos aplican además otra doctrina rara, desconocida por todos los jueces del Foro, inexistente en legislación alguna, nacional o internacional y solamente aplicable en raros juicios para casos de lesa humanidad imprescriptibles, que no es el caso de los Dirigentes de la CESITP, por ser el tema de este juicio económico – financiero y de carácter civil. La integración para condenarnos de la Sala Penal de la Corte Suprema fue irregular e ilegitima, pues Benítez Riera, nuevo Ministro de la Corte Suprema y su actual Presidente y el Ministro Víctor Núñez, no notificaron a nuestra parte que integrarían la Sala Penal, ni que la Dra. Pucheta de Correa se inhibió anteriormente ni quien sustituyo a quien, cercenándonos nuestro derecho establecido por la ley de recusar, además Benítez Riera, ya estaba inhibido desde que era camarista en el Proceso Penal y violando nuevamente claramente la Ley (Art. 50 inc. 6 del CPP vigente y Art. 20 inc. F del CPC), volvió a juzgar en la Sala Penal como Ministro, cuando ya lo había hecho dictando resoluciones en este caso como Miembro y Presidente del Tribunal de Apelaciones 3° Sala, Hoy Benítez Riera se inhibe de actuar en el Proceso descubriendo tardíamente que le hicieron caer en la trampa de hacerle firmar algo nulo e ilegal que le puede costar el Juicio Político por prevaricado y otras violaciones a la Ley, del cual pretende zafarse no actuando en la revisión de los casos del BNT, pero no podrá escapar con sus cómplices de la verdadera justicia. Con esto se continuó violando nuestros derechos procesales, humanos y

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constitucionales. Por último mencionamos la jugada escandalosa de la Inconstitucionalidad fraguada entre gallos y media noche en absoluto secreto, luego de pasada la fecha del 28-02-2003, sin notificarnos como parte afectada, del artículo 5° de la Ley de Transición N° 1444, en donde se señalaba que en aquellas causas iniciadas conforme al Código Procesal de 1890 que no concluían con sentencia definitiva hasta el 28 de febrero de 2003, quedarían extintas las acciones penales. No contentos con eso, ERGA HOMNES mediante, (no permitido en la Constitución Nacional) violando todos los preceptos jurídicos de la Carta Magna, declararon inaplicables para los Dirigentes Sindicales los artículos 136 y 137 del Código Procesal Penal que consagra el plazo máximo de duración de un proceso penal, lo que les valió Juicio Político a los anteriores Ministros de la Corte Suprema, a tal colmo llego la desfachatez de esta “gente” que llegaron incluso para darle validez a esa ofensa nacional a falsificar en la Corte Suprema, según peritos caligráficos la firma del entonces enfermo Ministro de la Corte Dr. Irala Burgos. La verdad…son muchas y mas las aberraciones, jurídicas y acciones irregulares de los Jueces, algunos Ministros y del Gobierno para que sean coincidencias o gajes de un oficio leguleyo…, a las claras se quiso liquidar a la dirigencia combativa del noble movimiento obrero, y a las Empresas del Estado, haciendo grandes negociados, y a ellos los molestábamos. Pero a pesar de que el gobierno, los poderosos dueños de la prensa y los enemigos de la clase trabajadora nos cerraron todas las salidas a nuestra causa nacional obrera y patriota y consideraron nuestra aniquilación total en lo civil y social, estamos seguros que el peso y la importancia de organismos Nacionales de Derechos Humanos, Internacionales como la CIDH de la OEA y la Organización Internacional del Trabajo – OIT (Caso 2086 – OIT – Paraguay), la Sociedad Civil, la ISP (Anexo 7), la CSA, el Parlamentario Nacional y unos Ministros de la Corte honestos que aún quedan, pondrán las cosas en su lugar y traerán una reparación histórica a la pervertida justicia y a la criminalización de las luchas sociales por interesados negociantes, Jueces y muchos Ministros de la Corte Suprema en nuestro país, el pueblo paraguayo y las organizaciones Nacionales e Internacionales Humanitarias juntas alguna vez harán justicia y reparación y justicia será. Atentamente.

Prof. Dr. Reinaldo Barreto Medina Presidente CESITP 10


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