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ISSN 0327-8824

Nº 44 (B)

En este número:

Año 21 Nº 222 • Diciembre 2011 Directora

Dra. Silvia B. Dopazo

FRANQUEO PAGADO

Historia del Cinema Paradiso rionegrino (1ra. Parte) • La mediación y los honorarios • El derrumbe: la noticia del momento

Producción Gráfica

Mariana Farías Dopazo Corrección

Hernán Farías Dopazo Editor

Silvia B. Dopazo Impreso en: Gráfica Alma, Pueyrredón 2130, San Martín, Telfax: 4713-4398.

FOJAS CERO es una pu­­­ blica­ción de Silvia B. Dopazo. Roma 1429 B1650KJG San Martín, Argentina. Tel./Fax 4753-4698, info@fojas0.com, www.fojas0.com DNDA Nº 070.636

En la Mesa de Entradas de la Cámara Laboral

Una perla de Labrada Un colega nos sopló en el oído que desde hace una par de meses a la fecha algo ha cambiado en la mesa general de entradas de la Cámara Laboral y con nuestro espíritu inquieto fuimos a ver qué pasaba. Grande fue la sorpresa cuando descubrimos que frente a esa dependencia había una perla del collar que enhebró Labrada ya hace unos años, el Prosecretario jefe Dr. Néstor Estévez. Llegamos a Lavalle 1554 y nos encontramos con una amplia recepción en la que se saca número y se espera sentado, sin hacer cola. Varios empleados atendiendo en un ancho mostrador reciben, por un lado a abogados para iniciar la demanda, y por el otro a las partes para hacer poderes. Esta es la primera diferencia que notamos, porque atrás quedaron las colas que “chorreaban” por la vereda y cuando llovía, por los pasillos. Quisimos saber cómo se gestó el cambio y entonces conversamos con el Dr. Néstor Estévez, que asumió el cargo de Prosecretario Jefe de esa dependencia en septiembre pasado. Dr. Estévez, imagino que el cambio en la mesa de entradas obedece a una política de cambios más profunda. ¿A qué se debe? La Mesa de entradas tiene dos sectores aquí, una para poderes y otra para demandas y tres mesas receptoras de escritos en Diagonal, en Perón y en Lavalle. En total son 50 personas que se desempeñan en este sector, y

la actividad está en franco crecimiento. Cuando estalló la crisis del 2001 habían disminuido los conflictos, y por ende el índice de litigiosidad. Hoy, con el gran crecimiento de la actividad económica, la tendencia se acrecentó y debemos prevenir para no llegar otra vez al “freezer” de otra época. Yo llegué aquí después de haber pasado por primera instancia y una Sala de la Cámara, donde la problemática es distinta. Aquí hay que apagar el incendio todos los días. ¿Y Usted se compró el problema? -Para decirlo de otra manera, yo acepté el desafío y puse manos a la obra, obviamente con el consenso de la Presidenta de la Cámara y el Secretario. ¿Qué cambios han implementado? -En los últimos dos meses hemos cambiado la conformación física de la mesa de entradas para poderle brindar mas comodidad a los abogados y partes. Entonces fue dar vuelta todo, la gente que está adentro sorteando estaba adelante,

y este sector que es la parte de recepción de escritos estaba acotada a una cuarta parte. Lo que se hizo fue usar todo el espacio para recepción, dividiendo la mesa en el sector Poderes y en recepción de demandas. Eso significó un movimiento de gente y de muebles, con el sector trabajando, porque aquí no podemos parar ni un día de atender. Lo que se hizo fue diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la estructura que teníamos, para aprovechar los distintos lugares de trabajo y para que todo tuviera un orden correlativo, como si fuera una línea de producción. ¿Y en el sector poderes qué cambios hicieron? -Estamos gestionando de la mano de lo que dice el Dr. Lorenzetti la reforma para que sea vía web la presentación. Eso lo piden muchos abogados, y dado que en el SECLO es obligatorio y en Seguridad Social también y funciona, nosotros lo queremos convertir en obligatorio, por aquello de despapelizar la justicia. ¿Esto implicará inversión nueva? -No, el costo es cero porque ya está instalado el sistema, lo que implica nada más que tomar la decisión en una acordada e implementarlo de acuerdo a la reglamentación. Esto está en consonancia con lo que viene diciendo el Presidente de la Corte y lo que pregonan los Dres. Quiñones y Parody con la nueva gestión judicial y las reformas estructurales. Estamos acompañando esos cambios, porque (Continúa en página 2)

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Tirada de esta edición: 10.000 ejemplares

RREO ENTINO


Una perla…

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podemos, tenemos los elementos y es lo que se viene. ¿El personal ha recibido capacitación? -Si, pero advierta que esta dependencia es muy ‘sui generis’ porque no es ni un juzgado ni una cámara, y es además una oficina muy sensible. Aquí se reciben todas las demandas que ingresan día a día y a medida que se acerca fin de año esto explota.. ¿Qué cantidad de demandas ingresan? -En este momento están ingresando unas 350 a 400 demandas diarias, eso significa que a los juzgados se les están sorteando unas 80 ó 90 por mes. Hace 10 años, en la época del “freezer” se sorteaban hasta 100 y las que excedían ese número se freezaban. Hace poco se presentó un resumen en el que se señalaba que con esta proyección de trabajo estamos volviendo a eso. ¿Por qué?, porque hay más trabajo, pero de la mano del aumento de trabajo aumentan los conflictos, aumentan las gestiones sindicales. El otro día escuchaba un reportaje al Secretario de la Unión Obrera Metalúrgica que decía que hace 10 años tenían 90.000 afiliados y ahora tienen cuatro veces más, con lo cual se incrementan todas las cuestiones litigiosas. ¿Entonces está de acuerdo conmigo en que se compró el problema? -Bueno si, acepté el desafío respondiendo a quienes confiaron en mí y me designaron. No tengo presupuesto para más personal, pero yo aprendí en aquellos cursos del Dr. Labrada a los que concurrí, que todo se puede hacer en función de adecuar los recursos que uno tiene. A mi me quedó grabado aquel cuento que nos contó Labrada del fabricante de zapatos que manda a sus dos hijos

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a África a explorar el mercado y recibe dos telegramas: uno que dice “mercado inexistente, aquí todos andan descalzos” y el otro que reclama “manden las máquinas para fabricar calzado ya, mercado inexplorado, todos descalzos”. Se trata de ver la viabilidad de las mejoras que se puedan implementar. ¿Qué cantidad de personal tiene? -Tengo 50 personas en el plantel y sólo dos son abogados. Hay que incentivarlos, motivarlos, generar cambios de paradigmas. Cuando uno cambia el paradigma puede pensar una solución distinta, dejar aquel latiguillo de “esto se hace así porque siempre se hizo así”. En eso Labrada fue pionero… De acuerdo, y ahora se suma el Dr. Lorenzetti que pregona el cambio de paradigmas y los cursos de Quiñones y Parody también apuntan a ese cambio. Lo que pasa es que no es fácil en una oficina que está en constante ebullición y con problemas renovados todos los días. Hoy por ejemplo, no funciona la mesa de entradas de Perón, entonces se saturan las de Diagonal y las de Lavalle. Me piden más personal, pero no tengo para mandarles. ¿Como se adecuó el personal a estos cambios? -Se hizo un relevamiento del personal que había, qué podían hacer, a qué estaban dispuestos y sobre esa base se cambio la estructura, se hizo una nueva ronda de trabajo, por así decirlo, se buscó la potencialidad de cada empleado de acuerdo a lo que mejor podía hacer y se lo ubicó en esa tarea. Generé dos buzones en la mesa de entradas para que los abogados respondan mediante una encuesta su parecer con respecto al funcionamiento de la mesa de entradas. Esto tiene por objetivo medir el nivel de estándar del usuario. Hay una frase que dice que todo

lo que se puede medir se puede mejorar. Yo puedo medir el tiempo del abogado, la percepción de comodidad, todas las circunstancias que rodean al servicio, y en base a eso lo puedo mejorar. Ahora estamos entregando un Instructivo de presentación de demandas, que es un “ayuda memoria” de la documentación que se requiere para iniciar el juicio y algunas sugerencias, como traer foliada la presentación y acompañar copias de demanda en soporte magnético. También estamos pidiendo a los abogados que traten de concurrir en las primeras horas de la mañana, porque al final de la jornada se acumula mucha gente y eso genera fastidio en los empleados y en los abogados. ¿Y los abogados qué dicen en las encuestas? -En general la responden, en muchos casos con algunas sugerencias, pero esa encuesta también sirve para que el personal se sienta “controlado” por el usuario. Lo que nosotros prestamos es un “servicio de justicia”, esa es una premisa que aprendí con el Dr. Labrada y no me la olvido más. ¿Qué otras reformas de infraestructura hicieron? Poner las sillas para que el usuario saque número y espere sentado, eso que parece algo tan sencillo no era algo en lo que se había pensado. Eso hacía que los abogados hicieran la cola en la vereda o adentro del pasillo cuando llovía, y se mezclaban las colas de demandas con las de poderes, y eso generaba mucho mal humor en la gente. Le deseamos mucha suerte y como contribución a “entretener” a los abogados mientras esperan le mandamos un dispenser con ejemplares de Fojas Cero. Ahora ya sabe colega, en la mesa de entradas de Lavalle 1554 también puede retirar gratuitamente Fojas Cero.

Fojas Cero camina hacia la despapelización Luego de 20 años saliendo mensualmente en formato papel, pensamos que es hora de que demos un salto tecnológico hacia el futuro y también nos despapelicemos. El cambio llegará quizás en el 2013, pero en tanto y para

que todos vayamos acostumbrádonos al cambio, a partir de 2012 enviaremos un Boletín Electrónico con contenidos exclusivos a todos quienes quieran recibirlos. Para ello deberán solicitarlo por e-mail a boletin@fojas0.com


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¡Que no conste en actas!

Historia del Cinema Paradiso Por Emilio Riat* rionegrino (1ra. Parte) Introducción Se filman los cumpleaños, los bautismos, el gato en el sillón, los estudiantes. Se filma lo pequeño, lo gigante. Se filma por doquier y por turismo. Se filma siempre al borde de un abismo: lo de ahora enseguida es lo de antes. Se filma por quitarle a los instantes su don de discurrir, su fatalismo. Se filma de feliz, de ruin, de amargo. Se filma por letargo, por cadencias. Se filma por las artes, por las ciencias. Se filma a lo ancho y a lo largo. Se filma por filmar y, sin embargo, raras veces se filman las audiencias. Efectivamente, filmar ya es un hábito doméstico, masivo y universal, pero en los tribunales del mundo sigue siendo una rareza. Aquí se cuenta la rara y estimulante historia del fuero civil rionegrino tras la reforma de la ley 4142 que obligó a filmar audiencias. Quien tenga oídos para oír y un multimedia para mirar, que oiga, mire y crea. Y que así sea. Desafío inicial: Instrumentar las audiencias por escrito (levantar actas), es un hábito muy antiguo que monopoliza una desmedida sensación de seguridad. Por lo tanto, remover o cambiar ese hábito genera varios temores y resistencias. Antes de la reforma rionegrina, el principal temor radicaba en la presunta inseguridad del soporte digital. Muchos temieron su fácil adulteración. Sin embargo, bastó para disolverlo con pensar en las múltiples copias de seguridad que pueden obtenerse apenas terminado el acto. Cualquier adulteración en una copia es fácilmente detectable en su cotejo con las demás, especialmente las que resguarda el tribunal. Es muy difícil imaginar un fraude que no se resuelva fácilmente. Como sea, las actas tampoco son inexpugnables ya que también se las puede adulterar e incluso perder, supuesto este último extremadamente improbable en el caso de las filmaciones por la misma multiplicidad de copias. Lo cierto fue que

aquel temor desapareció rápidamente apenas comenzó la nueva práctica; y desde entonces no se ha suscitado ningún inconveniente de seguridad. Otros temores radicaban en la elección apropiada de las salas y los equipos. Existe la creencia generalizada y fantástica de que filmar audiencias requiere inexorablemente equipos y ambientes propios de la televisión o el cine, o habilidades dignas de un cineasta. Los ensayos teóricos sobre filmación de juicios y algunas experiencias piloto llevadas a cabo suelen considerar imprescindibles las salas insonorizadas, ciertas condiciones críticas de luz, micrófonos de altas características, amplificadores de sonidos, mezcladores sofisticados, etcétera. Por supuesto que las mejores salas y los mejores equipos arrojarán mejores resultados, pero ello no significa que sean imprescindibles para resultados más modestos e igualmente satisfactorios. Se trata de obtener resultados útiles y no suntuarios. Cualquier oficina judicial es apta para filmar audiencias con mínimas y domésticas adaptaciones; y casi todas las cámaras digitales, por económicas que sean, son idóneas para tales fines. Y así fue como Río Negro superó ese obstáculo: sencillamente poniéndose a filmar con equipos económicos en las mismas salas de siempre, aunque apenas adaptadas. Una simple cámara de vigilancia, un dispositivo multimedia y un trípode opcional fueron suficientes. Con ello se superó rápidamente el temor más frustrante, la principal razón por la cual filmar audiencias no es todavía un hábito universal: crearse falsas, desmedidas y costosísimas necesidades, confundir utilidad con lujo, necesidad con deseo. Basta recordar al entrañable Cinema Paradiso y su austeridad de posguerra. Siempre habrá ocasión para mejorar los equipos, pero al principio es suficiente con los más sencillos, cuyo costo equivale aproximadamente a una

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computadora estándar por cada tribunal, incluso susceptible de ser compartidos por más de un organismo si las agendas lo permiten. Así como los escribientes no redactan las actas como lo harían Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa u Octavio Paz –y nadie se escandaliza por eso-, se puede filmar una audiencia sin ser Steven Spielberg, Akira Kurosawa o Michael Moore, ni contar con sus herramientas. Otro temor inicial radicó en el manejo del equipo y la eventual necesidad de contar con personal técnico especializado. Esto está íntimamente vinculado con lo anterior: si se pretende filmar con equipos complejos y sofisticados es probable que se requiera la asistencia de un director de cine y que jamás se concrete la experiencia. Si en cambio se admite la suficiencia de los equipos más populares, domésticos y económicos de filmación, la complejidad del manejo se reducirá a presionar un par de botones apenas dos veces por declaración, de lo cual se puede ocupar el mismo juez sin la menor distracción ni contratiempo. Así se hizo en Río Negro y ese temor pasó velozmente al olvido. La misma sencillez también permitió grabar en archivos de dimensiones aceptables y fácilmente almacenables en discos de video (DVD), en incluso en discos compactos (CD) cuando las declaraciones son breves. En un DVD pueden almacenarse normalmente todas las declaraciones de un juicio. Con ello, el temor inicial por el costo de almacenamiento fue también superado. No se necesitan grandes servidores o costosos soportes de seguridad como suele conjeturarse en aquellos ensayos teóricos ya mencionados. El módico costo de almacenamiento para el Tribunal es casi siempre de un DVD por cada audiencia de prueba, la cual incluye todas las declaraciones del proceso. Como resguardo se puede grabar un disco adicional, o almacenarse las audiencias en el disco rígido de alguna computadora del tribunal, o en algún disco rígido accesorio, o en todos esos soportes a la vez, lo cual sigue siendo de un costo económico mínimo. Otros temores, quizás menores, también fueron considerados y rápidamente superados con la práctica. Por ejemplo, se temió que la cámara cohibiera a los (Continúa en página 6)


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Juez enjuiciado…

En la nueva ley

(Viene de página 4)

La mediación y los honorarios

asistentes o exaltara su histrionismo, para lo cual se conjeturaron diversas posiciones estratégicas de aquel instrumento. De todos modos, la práctica demostró enseguida que esa preocupación tampoco tenía asidero porque la cámara no ha provocado ninguno de esos efectos, al menos con una intensidad contraproducente, y queda siempre el recurso de ir mejorando la ubicación de acuerdo con los consejos de la experiencia, el gusto y el estilo de cada tribunal. Como sea, se ha notado que cualquier efecto incisivo de la cámara es en todo caso favorable a la sinceridad de los relatos. También generó inquietudes la omisión de una prueba piloto previa. Si bien esas experiencias preparatorias suelen ser útiles y aconsejables en muchos casos, suelen también efectuarse sin verdadera necesidad y con el único propósito inadvertido de resistirse a los cambios o dilatarlos. En este caso, la firme convicción de que filmar audiencias sería sencillo, seguro y beneficioso permitió omitir aquellas pruebas preparatorias e innovar directa y masivamente con un resultado rápidamente satisfactorio. En fin, todos los temores quedaron prontamente disueltos con la práctica. La experiencia confirmó una reflexión de Pelayo Ariel Labrada, pionero de la modernización y eficiencia del sistema judicial en Argentina: “Lo principal es ¡hacerlo ya! No tener miedo de realizar algo con imperfecciones. Hay quien atribuye a Aristóteles aquello de que «lo mejor es enemigo de lo bueno». Ignoro si realmente es el autor, pero estoy seguro de que aún tiene vigencia. “El perfeccionismo es paralizante” (Labrada, Pelayo Ariel, “La motivación en los organismos judiciales”, Nova Tesis, Rosario, 2006). (Continuará) *Juez civil de Bariloche eriat@jusrionegro.gov.ar Noviembre de 2010 Fuente: www.gestionjudicial.net

ULTIMO MOMENTO En el sitio web www.fojas0.com, donde se encuentran las versiones digitales de las ediciones mensuales de Fojas Cero, se incorporó la sección ULTIMO MOMENTO donde se incluyen noticias de interés inminente. 6 • FOJAS CERO Nº 222 • Diciembre 2011

Por la Dra. Norma Beatriz Turco* 1.- Introducción ¿Cuantas veces en el trabajo diario como abogados y/o mediadores se acercan a la consulta personas convencidas de que los honorarios del profesional son soportados por el que “pierda” el juicio? ¿Quién o quienes han construido o ayudado a construir esta creencia en el imaginario popular? ¿Ha sido la publicidad engañosa? ¿La hemos alimentado los propios profesionales, que en el fondo no legitimamos nuestro quehacer, ni el del colega? O ¿Acaso es que no tomamos conciencia del beneficio que aportamos al cliente? Estas preguntas y otras más son solo disparadores para invitar a una reflexión. En esta ocasión el propósito es informar qué honorarios se pagan hoy en mediación tanto al mediador como a los abogados que asisten a las partes en el proceso mediatorio. Mi intención es facilitar el quehacer diario tanto de abogados como de mediadores, y de todos aquellos que necesiten de nuestros servicios. En mayo del 2010 se promulgó la nueva Ley de Mediación (ley 26.589), que recientemente fue reglamentada por el Decreto 1467/2011 en vigencia a partir del 6/10/2011. Entre las modificaciones introducidas esta la referida a los honorarios del mediador. 2.- Los Honorarios del Mediador Los Honorarios del mediador se rigen por la ley de Mediación 26.589 y su decreto reglamentario 1467/2011 (vigente desde el 6/10/2011). Al igual que el decreto 1465/2007 –hoy derogado- la nueva legislación permite que los honorarios del mediador puedan ser acordados. El artículo 28 del Decreto 1467/2011 en su párrafo tercero dice “pueden ser acordados voluntariamente, con la limitación de no ser inferiores a los que fije esta reglamentación”. El decreto establece los honorarios del mediador en caso que no hubo acuerdo y esas cifras operan asimismo como mínimos “posibles” en caso de que

se los acuerde voluntariamente. Su rango oscila entre los $ 300 (para montos reclamados de hasta $ 3000) $ 1400 (cuando no se determino monto) hasta 2% (en montos superiores a $ 100.000) hasta un máximo de $ 12.000. El Honorario Provisional: En la audiencia de cierre de la mediación –cualquiera fuere la forma en que la mediación haya finalizado- se debe pagar al mediador el honorario provisional. Este es establecido en la suma de $ 200 (Art. 4 del anexo III) Este honorario lo paga quien las partes convengan o en su defecto el pago lo hace el requirente. La obligatoriedad de notificar la promoción de la demanda y sus consecuencias: De cerrarse la mediación sin acuerdo, la actora deberá notificar la promoción de la acción al mediador. En su defecto el mediador puede exigirle los honorarios básicos. De igual modo si no se entablare la demanda dentro de los 60 días hábiles a contar de la fecha del acta de cierre, la parte requirente debe abonar los honorarios básicos. Se entiende por honorarios básicos los que establece el anexo III del Decreto. Mediación cerrada con acuerdo: De cerrarse con acuerdo los honorarios deben ser pagados dentro de los treinta días corridos de la firma del acuerdo. El mediador puede retener el acuerdo hasta que sean satisfechos sus honorarios. Puede consultar el cuadro con los nuevos valores y adicionales en www. legal-estudio.com.ar 3.- Los Honorarios por gestiones extrajudiciales del Abogado Los honorarios de los abogados en Capital Federal se rigen por la ley 21.839 y la ley 24.432). Las pautas generales para la fijación de honorarios de los abogados por su actuación en juicio están establecidas en los Art. 6 y 7 de la ley 21839. El Art. 7 establece que cuando se trate de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria serán fijados entre el 11% y el 20% del monto del proceso. Y los honorarios del abogado de la parte vencida serán fijados entre el 7 % y el 17 %.


Asimismo el Art. 57 de la ley 21.839 dice que: “Cuando se tratare de gestiones extrajudiciales en general, los honorarios se fijarán de acuerdo con las pautas del Art. 6. En ningún caso los honorarios serán inferiores al 50 % de lo que correspondería si la gestión fuere judicial.” La normativa claramente nos indica que si el monto que reclama el cliente es de $ 100.000 (ya sea dinero o bienes por ese monto), y su letrado logra dicha suma en juicio –luego de litigar a veces por años- el honorario que puede cobrarle a su cliente “ganador” es de hasta el 20 %, es decir $ 20.000. En una negociación extrajudicial, el profesional legítimamente puede cobrarle entre el 5,5% y el 10%, o sea hasta $ 10.000 sin que haya sido necesario litigar. Por supuesto que los honorarios se pueden pactar libremente. Y debe tenerse en cuenta que si el abogado pide regulación judicial, el juez los fija dentro de los parámetros antes comentados. Asimismo debemos recordar que la ley dice que esa suma es “mínima”, no necesariamente si las cuestiones se resuelven extrajudicialmente el honorario del profesional abogado es la mitad. Es de suma importancia que quede

claro para el cliente y para el profesional el VALOR DE SU TRABAJO, ya que muchas veces el cliente supone que si su abogado soluciona el problema en forma extrajudicial, sólo le debe a éste el valor de las consultas, las cartas documentos cursadas y o la asistencia a las audiencias de medición, y no es así. En caso de no llegarse a un acuerdo con su cliente, el abogado tiene derecho a presentarse a un juez y pedir la regulación de sus honorarios por su actuación judicial o extrajudicial. Y el juez los fijará tendiendo en cuanta los parámetros que fijan la ley de aranceles.Para finalizar debemos recordar que el abogado puede presupuestar los mismos honorarios, ya sea que obtenga el resultado en juicio o extrajudicialmente, ya que su cliente obtiene el “beneficio esperado” y, lo obtiene mucho antes. Los clientes quieren resultados, no años de litigios. Así como un enfermo quiere sanarse rápidamente, no transitar por el consultorio de su médico por años. Y esto que parece una verdad de Perogrullo, a veces no esta concientizada en la mente del profesional del derecho. Para ilustrarlo permítaseme contar una anécdota personal. Estaba en una mediación y un profesional pide el cierre. Preguntado el moti-

vo, -los mediadores son muy preguntones- manifiesta que ya tiene preparada la demanda, que estima que obtendrá un resultado positivo y así él podía cobrar el doble. El mediador le hace saber que tenía derecho –en mediación- a cobrar el honorario que conviniera. Que si aún no habían acordado honorarios lo podían hacer en mediación. Lamentablemente el profesional, que no legitimó su labor, frustró una solución rápida a su cliente. Y por su creencia “no puedo cobrar lo mismo si no litigo…” perdió no sólo la oportunidad de percibir su honorario en poco tiempo… sino también la posibilidad de dedicar las horas que le hubiesen quedado disponibles para atender a otros clientes, para solucionar otro/otros problemas y/o para disfrutar de un tiempo libre. A esta altura tal vez digas: es producto de la inexperiencia. Para tu sorpresa te cuento que no es así. Afortunadamente los clientes perciben que el abogado no es mejor abogado cuanto más litiga sino cuando consigue solucionar el problema que le confía, y si es rápidamente y sin ir a juicio mejor. *Abogada – Mediadora Coach Ontológico www.legal-estudio.com.ar

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Un tema de actualidad

El derrumbe: la noticia del momento Por la Dra. Débora Raquel Hambo* La noticia del derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232 fue la noticia “mediática”. Los titulares de diarios, las radios, así como las imágenes y los entrevistados se sucedieron durante días en los informativos. Hablaron funcionarios del Gobierno de la Ciudad, víctimas e incluso colegas, quienes trataron de delinear la posible estrategia a seguir para articular la defensa de los damnificados. Horrorizada presencie como un letrado –cuyo nombre no recuerdo- afirmo que “penalmente no hay nada que hacer”. En los últimos días se aprobó en la legislatura de la Ciudad la indemnización que resarcirá a los damnificados, pero la pregunta que a todos los abogados nos hicieron fue: ¿sólo eso podemos hacer? Estrategia y responsabilidad: acciones civiles y penales La confluencia de responsabilidades en el caso del derrumbe, habilita a accionar no solo contra el Gobierno de la Ciudad, sino también contra la empresa constructora, el Director de Obra y eventualmente contra la empresa de demolición.

NOTIDemocratización de la información. Las Salas G y J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil mensualmente envían a todos los medios de prensa y a las editoriales jurídicas un compendio de los fallos dictados durante ese mes. Felicitamos a los miembros de ambas Salas por su actitud democrática y su sentido de transparencia en las resoluciones judiciales. Y una felicitación muy especial a Dorotea Verdaguer, funcionaria de la Sala G y Andrea Noya, de la Sala J por la consecuencia en el cumplimiento de esta misión y el simpático mensaje con que las remiten.

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Nuevos jueces en Instrucción. El pasado 30 de noviembre juraron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional diez nuevos jueces de Instrucción, casi todos funcionarios de larga trayectoria en el fuero.

El impacto que tiene la demolición es objeto de responsabilidad de todos ellos, no solo por ser expertos en el arte de la construcción, sino porque “demoler” implica un impacto en el suelo, y un movimiento que según la antigüedad de los edificios linderos puede ocasionar daños, que siempre están contemplados al edificar. Los damnificados -aquellos que solo salvaron lo que tenían puesto-, tienen derecho a un resarcimiento integral, no solo a tratar de adquirir una vivienda –que es bastante complicado con el valor del metro cuadrado actualmente– sino a que se contemple la perdida de sus muebles, recuerdos, al daño moral que implica quedarse sin “techo” de un minuto a otro, al daño psicológico que seguramente mas de uno tendrá, el tratamiento psicológico que será menester encarar y el lucro cesante que posiblemente habrá que merituar en cada caso. El derecho civil nos da las herramientas para defender casos como estos, y los especialistas en daños saben a que me refiero. Pero también el derecho penal Diego Slupsky, ex Secretario de Sergio Torres, Fabiana Palmaghini, Secretaria de Mario Filozof y quien descubrió que Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma, no cayó accidentalmente de un noveno piso sino que fue arrojada al vacío por manos que probablemente nunca lleguen a descubrirse. Yamile Bernan asumió en Instrucción 8, de donde era Secretaria. También lo hicieron Jorge Anselmo De Santo, Fernando Klappenbach, Hernán Martín López, ex fiscal subrogante en las fiscalías de distrito de Pompeya y Parque de los Patricios, La Boca, Saavedra y Núñez, Pablo Ormaechea, Omar Peralta, a quien le tocó lidiar con el abogado Gabriel Novaro, aquel que la emprendía a los tiros en su lujoso departamento de Barrio Parque; Osvaldo Rappa, quien sobreseyó al ex futbolista de River Plate Maxi López ante una extraña acusación de “acoso sexual” por una mujer que ocasionalmente estuvo al cuidado de su hijo; y Karina Zucconi, secretaria del Tribunal Oral Nº 24, el que tuvo a su cargo nada menos que el juicio por la tragedia de Cromañón. Fuente: Tiempo Argentino del 1/12/2011 en nota de Néstor Espósito.

debe ser considerado y las denuncias presentadas ante la Justicia Penal. Los responsables no solo deben pazar, sino también deben responder penalmente por su accionar ilícito. Ciertamente no hay mucha jurisprudencia penal respecto de “estrago doloso”, tipificado en el artículo 186 y siguientes del Código Penal, pero la figura existe, así como existió la tremenda causa de “Cromagnon”. Hace justamente un año atrás tome la defensa de un arquitecto quien estaba procesado por el delito en cuestión, procesamiento cuya apelación encare, al plantear una defensa desde el punto de vista integrador, entrevistándome con arquitectos, quienes ilustraron el arte de la arquitectura -leí al arquitecto Butlow, especialista en arquitectura jurídica– así como recurrí al derecho civil. Entendí que el Código Civil no podía ser dejado de lado, pues si bien la acción típica debía ser defendida con las herramientas propias del derecho penal, ante la ausencia de material al respecto, la escasa jurisprudencia que databa de la década del ´70, solo podía lograr revertir el estadio procesal de mi defendido uniendo todos los elementos de hecho con todo el derecho aplicable. Los muros, linderos y medianería tienen un tratamiento muy específico y rico en materia civil que no podía ser dejado de lado. La apelación “in voce” fue en la Sala I de la Cámara del Crimen, donde hicimos dibujos, expusimos las cuestiones propias de la arquitectura y recordamos los artículos del Código Civil. La falta de mérito fue la primera victoria, y luego, en primera instancia logramos el sobreseimiento. Nuestro actuar como letrados nos lleva muchas veces a actuar querellando como defendiendo. Por eso, no quise obviar el punto de vista del imputado para que se tenga presente al momento de querellar y evaluar las posibles defensas que estos podrían articular. En momentos de un gran “boom” edilicio, los constructores deben contemplar la mayor cantidad posible de riesgos y evitar lesionar a terceros, ya que “el arte de la construcción” tiene las normas previstas, solo resta aplicarlas y respetarlas. * hamboyasoc@hotmail.com

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Capacitación a funcionarios

Para aplicar la nueva ley de salud mental La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó el 21 de noviembre de la jornada “Las prácticas de institucionalización y sus consecuencias desde la perspectiva de derechos humanos”, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se refirió a la Ley de Salud Mental aprobada por el Congreso Nacional en noviembre de 2010 y sostuvo que su implementación debe estar acompañada por un proceso de concientización de los operadores judiciales y de toda la corporación médica. El Ministerio Público de la Defensa tiene un rol protagónico para la entrada en vigencia de la nueva normativa. Al respecto, la Dra. Martínez destacó que “por la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Defensor General de la Nación tiene la manda específica de velar por los derechos humanos en todo lugar de privación de libertad: comisarías, cárceles y neuropsiquiátricos. Por esta razón creamos la Unidad de Letrados que prevé el artículo 22 de la Ley de Salud Mental, quienes

están actuando como representantes de las personas internadas en contra de su voluntad”. En cuanto a la situación de las personas con discapacidad psicosocial en conflicto con la ley penal, la Defensora General aclaró que “no son los jueces penales los que deben mensurar qué tipo de contención necesitan”. Sin embargo, explicó que la justicia penal suele aplicar medidas de seguridad y, a partir de ahí se genera un conflicto de competencias: “Las causas se elevan a la Corte, que no se ha pronunciado, y los órganos intermedios a veces dicen una cosa y a veces dicen otra. Este no es un tema menor, porque cuando estas personas quedan en manos de la justicia penal muchas veces son internadas y a veces permanecen allí un tiempo muy superior al que deberían permanecer si los hubiesen encontrado culpables de un delito”.  La Dra. Martínez se refirió también a las consecuencias que genera la internación de personas en grandes instituciones

NOTIFeriado de regalo. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto por el cual se establece como feriado extraordinario por única vez al lunes 27 de febrero de 2012, fecha que conmemora el bicentenario de la creación y primera jura de la bandera nacional. El proyecto fue impulsado fundamentalmente por legisladores rosarinos, que trabajaron para que se recuerde de manera especial la creación de la enseña patria hace 200 años. Para agendar.

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Muerte Digna. La ley aprobada por Diputados -proyecto de Gerardo Mellmanimplica que las personas con enfermedades irreversibles o que se encuentren en estado terminal tendrán derecho a rechazar determinadas terapias y a decidir el retiro de medidas de soporte vital -incluso las de hidratación y alimentación-, cuando estas atenciones sólo impliquen la prolongación artificial de la vida de los pacientes. La iniciativa no legaliza la eutanasia, consistente en la aplicación de un tratamiento que acelera la muerte de un paciente, ni el suicidio asistido. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

psiquiátricas. “Todo lo que uno ve en cuanto a las líneas de institucionalización masiva es que cuanto más macro sean las instituciones y más despersonalizado el trato, peor es el efecto que se logra. Falta una voluntad racional, una política pública que avance firmemente para revertir esta situación”, remarcó. Participaron de la mesa de debate junto a la Defensora General, Nora Pochtar, Coordinadora de la Oficina de promoción y protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Matilde Luna, Líder de Proyecto de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF). La jornada, que se extendió durante todo el día en el Centro Fernando Ulloa, apuntó a analizar los efectos de la institucionalización como respuesta a diversos problemas que padecen las personas en situación de vulnerabilidad.  Los debates se concentraron en visibilizar las consecuencias de la institucionalización como práctica naturalizada y discutir los efectos del encierro en sus diferentes formas, con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con padecimiento mental y personas con discapacidad. Fuente: Prensa y difusión de la Defensoría General de la Nación.

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www.amarillasinternet.com Diciembre 2011 • FOJAS CERO Nº 222 • 9


De la biblioteca de Fojas Cero Civil ALIMENTOS Y LAS NUEVAS LEYES

DE MAYORÍA DE EDAD, MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO Y MEDIACIÓN c/ CD-ROM. Claudio Belluscio. 288 páginas. + CD-ROM. ISBN 978-9879488-86-7. Editorial García Alonso.

para una cabal comprensión de los temas. Prueba del enfoque realizado en este trabajo, es que cuenta con un apéndice de modelos de escritos, elaborados exclusivamente para atender a la problemática que originará esta novedosa legislación. Tanto los modelos prácticos como los fallos aplicables están incluidos en la edición digital (CD-ROM) que acompaña a la obra. Más detalles e índice completo pueden consultarse en: http://www.garciaalonso. com.ar/articulo.php?id=73

Concursal reformas a la ley de concursos. ley 26.684. Comentada. Pablo C. Barbieri y Sebastián M. Noguera. 128 páginas. ISBN 978-950-894-874-8. Ad-Hoc.

Las recientes leyes sobre la nueva mayoría de edad (26.579), matrimonio entre personas del mismo sexo (26.618) y mediación obligatoria (26.589), impactan en los alimentos y modifican su regulación jurídica en varios aspectos. Por ello es preciso conocer en profundidad estas modificaciones, y saber cómo actuar en la práctica tribunalicia o profesional ante tales cambios. A esa necesidad apunta esta obra, enfocada desde un punto de vista práctico, sin por ello descuidar los aspectos doctrinarios y jurisprudenciales necesarios

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“Llamativamente, desde la sanción de la ley 24.522 (1995), la normativa concursal ha sido objeto de varias modificaciones, casi todas de vital importancia para el desarrollo de los diferen­tes procesos por ella regulados. En efecto, tangencialmente la tendencia reformadora comenzó allá en el año 2000, cuando se sancionó la llamada Ley de Fideicomiso de Entidades Deportivas (25.284), donde se modifi­can importantes aspectos de los procesos concursales de las enti­dades deportivas de primer grado; siguió ‑del mismo modo‑ en enero de 2001, cuando la ley 25.3741 incluyó a las mutuales como sujetos concursables, modificando el art. 31 de la ley 20.321 que regula dichas personas jurídicas. Tuvo manifestaciones directas en la ley 24.522 en 2002, con la sanción de las leyes 25.563 y 25.589, separadas sólo por unos pocos meses de diferencia. En 2006, la ley 26.086 introdujo nuevas variantes que, finalmente, parecen tener continuidad en la reciente ley 26.684, de cuyo co­mentario nos ocupamos en este trabajo. Empero, estas dos últimas reformas registran efectos mu­cho más particulares, visualizando un cambio sustancial de la iusfilosofía que guiaba a la originaria ley de 1995. Parecería que se tratan de reformas de carácter laboral, relacionadas con la situación de los trabajadores y acreedores de ese origen ante los diferentes procedimientos concursales. Esto resulta innegable y adquiere un mayor acento en la norma­tiva que comentamos. La nueva modificación del instituto del ‘pronto pago’ (art. 16), la eliminación de los efectos de la aper­tura del concurso preventivo sobre los convenios colectivos de trabajo (art. 20) y la aparición de las ‘cooperativas de trabajo’ con un fuerte protagonismo en diferentes etapas del proceso, pueden ser tomadas como un indicio indubitado sobre esta ten­dencia. Hacia allí, entonces, apuntan las distintas disposiciones, motivadas por el hondo contenido social que registra el fenóme­no de la crisis empresarial. Por otra parte, ello está en sintonía con las políticas laborales dictadas desde el Poder Ejecutivo, sobre todo desde 2003 en adelante.

Sin embargo, limitarnos a ese análisis es, a nuestro en­tender, una visión parcial de la última Reforma. Porque, de la composición de los textos normativos ahora vigentes, se des­prende lo que afirmábamos líneas arriba: la ‘filosofía’ que im­pregnaba a la originaria ley 24.522 se encuentra, a esta altura de los acontecimientos, en franca retirada, lo que no resulta un dato menor. Aquella ‘tutela del interés de los acreedores’ que constituía el ‘valor supremo’ de dicho texto, ya no es tal. El ‘privatismo jurídico’ que impregnaba gran parte de sus disposiciones se encuentra absolutamente devaluado. El marcado perfil liquidati­vo de la quiebra, reflejado en la excepcionalidad de la continua­ción de la actividad de la fallida (originario texto del art. 189, ley 24.522), aparece, ahora, cuestionado. La ‘flexibilización’ de las relaciones laborales una vez abierto el concurso preventivo (conf. art. 20) ya es sólo un antecedente de la evolución legislativa na­cional. Aparecen, en el texto legal recientemente sancionado, con­ceptos como ‘emprendimiento económicamente viable’ o ‘con­ servación de las fuentes de trabajo’ (conf. art. 189, t.o., por ley 26.684) que estaban ausentes en la ley de 1995, lo mismo que la mención al ‘interés general’. Todo ello parece estar más em­parentado ala ley 19.551 (luego de su reforma por ley 22.917) que a la propia normativa a la que se le introducen modificacio­nes. El sistema concursal argentino, en consecuencia, va forjan­do otros paradigmas. Vuelven a abrirse las puertas del ‘conti­nuismo’, asume preponderancia la participación de los trabaja­dores, se refuerza la operatividad del ‘salvataje’ del art. 48 con la posibilidad de la intervención de las ‘cooperativas de traba­jo’. Queda muy poco de aquella ley de 1995 que logró cierto con­senso doctrinario acerca de su inconveniencia. Hoy en día, ha­blar de ‘privatismo concursal’, parece un desatino. A lo largo de los diferentes comentarios a los textos legisla­tivos modificados ‑y, en algún caso, introducidos‑ volcaremos alguna de nuestras impresiones; empero, como bien señaló Grispo al comentar alguna de las reformas anteriores, ‘no debemos ol­vidarnos de que el éxito o el fracaso del giro normativo elegido podrá ser apreciado sólo en el campo operativo’; será la praxis judicial, pues, la que emitirá el juicio de valor definitivo y, para ello, resultará necesario aguardar la distintas aplicaciones e in­terpretaciones. Pero es ésta una buena oportunidad para referirnos a la metodología seguida para las diferentes sanciones de las refor­mas de la ley concursal, en la que debe necesariamente incluirse a la ley 26.684. Ésta pareció tener una reforma antes de ser puesta en prác­tica. A la par que se sancionaba su texto, las Cámaras del Con­greso


Nacional iniciaban el tratamiento de la llamada ‘ley correctiva’, modificando y precisando algunos de sus preceptos. Si la norma actualmente vigente requería adecuaciones, no se entiende el porqué del apuro en su sanción, para luego volver a ser reformada. Sin embargo, la poco feliz metodología utilizada no se refie­re, especialmente, a este punto, ya que, al momento de la publi­cación del presente trabajo, la ‘ley correctiva’ aún no fue sancio­nada y, posiblemente, no sea tratada en el resto del año en curso.

juicio de valor sobre la dirección asumida por la reciente reforma. Destacamos, sí, que, una vez más, es imprescindible ingresar a la proyección de siste­mas más modernos, dinámicos y flexibles, con una organización judicial con competencia especifica en materia concursal, como ya se registra en algunas provincias. Quizás, en el devenir próximo ‑má­xime con el mayor protagonismo que se intenta otorgar a los traba­jadores a partir de la ley 26.684‑, encontremos el espacio sufi­ ciente para estas discusiones superadoras. Nunca parece tarde.” (Introducción)

los abortos permitidos una investigación que dirigió la abogada Vanesa Alfaro en nuestra Cátedra de Dere­eho llena¡ de la Facultad de Derecho de la UBA, a quien agradecemos por ello.

Penal derecho penal. Parte Especial. Tomo I. Edgardo Alberto Donna. Cuarta edición actualizada y reestructurada. 776 páginas. ISBN 978-987-300220-5. Rubinzal-Culzoni Editores.

Apuntamos, sí, a la gran cantidad de reformas y ‘contrarre­formas’ a diferentes normas (y. gr., arts. 14, 16, etc.) que implican ‘emparchar’ una normativa que ha quedado desna­turalizada a lo largo del tiempo. La seguidilla de modificacio­nes legislativas denotan que éstas no logran el efecto deseado. Es cierto, por otra parte, que la realidad económico‑social del país va modificándose; pero, de allí a que, cada tanto, una nueva reforma concursal aparezca en escena, hay una gran diferencia. Han quedado ‘cuentas pendientes’ que se reflejan en las dificultades interpretativas, traducidas, a su vez, en jurispru­dencia oscilante. Así, temas corno la demostración de la causa en los pedidos de verificación tempestiva con base en títulos abstractos, la aplicación de la llamada ‘prescripción concursal’ del art. 56 a la quiebra, las facultades judiciales al momento de dictar la resolución de categorización de acreedores (art. 42) o al evaluar la ‘abusividad’ de la propuesta de acuerdo preven­tivo (art. 52), la modificación del dolo como único factor de atribución de la responsabilidad prevista en el art. 173, etc., siguen generando conflictos que debieron solucionarse en las diferentes reformas y ni siquiera han sido tratados en las apro­badas. Por otra parte, al comentar las reformas introducidas por la ley 26.086, se sostuvo la necesidad de afrontar debates supera­dores sobre aspectos medulares de la normativa concursal, como la necesidad de reformular el concepto del estado de cesación de pagos como recaudo sustancial para la apertura de los procesos; el propio Vicente Aznar, en un elogiable trabajo, destacaba que debería marcharse ‘hacia un nuevo derecho concursal argentino’ que intervenga cuando aparezcan las ‘dificultades’, en modo si­milar a la ley española 22/03.8 Lamentablemente, dichos debates no han tenido lugar, sino que se insiste con reformas parciales de sistemas que han demostrado su ineficiencia. Dejamos en claro que no es éste un

“Las reformas que se han dado en el Código Penal, en los últimos tiempos, nos obligan a publicar una nueva edición del tomo I de la Parte Especial del Derecho Penal. Hemos aprovechado, entonces, para reestructurar la obra agregando temas, argumentos y autores que consideramos importantes al sentido de la misma. Además remitimos a la Parte General, que hemos con­cluido, a efectos de darle una unidad a la obra. El lector podrá ver los cambios en algunos pasajes de los delitos contra las personas, y, fundamentalmente, en los delitos contra el honor y contra la integridad sexual. Además, hemos excluido la jurisprudencia cuando ella no estaba dentro del texto, habida cuenta de que tenemos una obra específica sobre el punto, que el lector podrá consultar. También excluimos del texto la parte relativa a la estructura del delito imprudente y hemos remitido al lector a nuestra Parte General, a efctos de no repetir conceptos. Mi agradecimiento a la abogada Inés Sosa, sin cuya ayuda no se hubiera podido hacer esta obra, a la doctora Natalia Barbero, en lo que hace al asesoramiento de toda la parte de Derecho Penal In­ternacional, en cuyos temas es ya una experta, y, por último, hemos incorporado en la parte de

Finalmente, debemos aclarar que si no insistimos en nuestras críticas a este modo de reformas de la ley penal, ha sido porque creemos que ya hemos dicho lo que había que decir, y pensamos que es hora de centrar el trabajo en la interpretación de la ley, que empieza a ser muy importante, habida cuenta de que parece ser que en la actualidad a la dogmática penal se la quiere dejar de lado, para hacer una mera lectura de la ley, sin más fines que “resolver un conflicto”, como se dice hoy en día, sin ninguna preocupación por el contenido de esa solución o reemplazarla, como en la época del positivismo jurídico, por una Ciencia Criminológica, sin contorno preciso.” (Prólogo a la Cuarta Edición del autor)

Procesal tutela individual homogénea. Conflictos, derechos y pretensiones colectivas. Legitimación. Demanda. Acciones de clase. Costas. Representación. Daños masivos. Consumidores. Transacción. Cosa juzgada. Gratuidad. Prueba. Notificaciones. Ejecución de sentencia. José María Salgado. Prólogo de Enrique M. Falcón. 408 páginas. ISBN 978-950-508957-4. Astrea. (Continúa en página 12)

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De la biblioteca… (Viene de página 11)

Los derechos de incidencia colectiva son conocidos desde hace mucho tiempo, pero entendidos como cuestiones generales donde el interés jurídico de los individuos era de todos, aunque de ningu­no en particular. A principios del siglo xx se consideraba que es­ tas cuestiones correspondían al Estado y, así, señalaba CHI0vENDA que “hay normas que regulan la actividad pública para conseguir un bien público, es decir, propio del conjunto de todos los ciudada­nos, de la colectividad (tal es el interés en tener una buena admi­nistración, un ejército, buenas fortificaciones; el interés a la con­servación de las carreteras públicas y cosas semejantes). De estas normas nacen derechos colectivos (o derechos cívicos generales), los cuales están difundidos en un número indeterminado de perso­tias, que no se individualizan en ninguna de éstas en particular: el particular no puede hacerlos valer, a menos que la ley le conceda el convertirse en el órgano de la comunidad”. Sin embargo, poco a poco los intereses comprendidos en este tipo de derechos colec­tivos o generales pasaron a integrar una categoría denominada intereses difusos que inmediatamente presentaron el problema de la representación. Para destrabar la representación difusa, por lado, y cumplir los deberes del Estado, por otro, apareció una inieva figura: el defensor del pueblo u ombudsman, mientras por su lado los gremios constituían grupos colectivos o clases de una categoría especial. Por otra parte, en el common law se había de­sarrollado esta idea con mayor extensión: la figura del proceso co­lectivo a través de las acciones de clase (class actions), fijada a partir de 1938 en la regla 23 de las Federal Rules of Civil Procedure (que ya tenia antecedentes en la justicia inglesa desde hacía varios si­ glos, y que debido a las necesidades de las poblaciones pasó a la jiisUcia de equidad y luego fue eclipsada y recibida en los Estados Unidos de América). Pero a partir de la segunda mitad del siglo xx comenzaron una serie de cambios que se hicieron explícitos con la reforma de 1966 de las class actions estadounidenses y, montados en el desa­rrollo de los derechos constitucionales de tercera generación, en los países del civil law la cuestión tomó un nuevo sesgo citando Brasil, luego de introducir varias reformas (acción popular de 1977, acción civil pública de 1985), sancionó el Código de Defensa del Consumidor en 1990. Allí aparecen claramente no sólo los intere­ses difusos sino los ‑individuales homogéneos”, que en su evolu­ción resultaron ser “el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase” (Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, art. 1°, II). Son estos últi­mos los que atrapan más el interés de la investigación y de los que se ocupa fundamentalmente el autor en esta nueva presentación del problema. Y esto es así porque los derechos individuales homogéneos o la tutela individual homogénea es la más compleja dentro de los procesos colectivos, ya que tiene numerosas 12 • FOJAS CERO Nº 222 • Diciembre 2011

preguntas sin resolver, que van desde la propia couceptualización del instituto hasta la for­ ma en que la cosa juzgada va a afectar a los sujetos incluidos en la sentencia colectiva. Además, la forma de resolver estos conflictos presenta ventajas y desventajas, a lo que se suman intereses que superan el campo social para competir en el campo económico y político. No es extraño, entonces, que en los Estados Unidos de América se esté queriendo direccionar las class actions hacia siste­mas de arbitraje.

En este campo, cuando se necesita investigar, necesariamente se recorta la temática general para poder responder primero de ma­nera analítica a las preguntas centrales y luego derivar hacia el mo­delo sistémico. ¿Cuál es entonces el camino adoptado por el autor en esta situación? En primer lugar, centrar una idea preliminar, el concepto, mostrando la necesidad funcional del proceso colecti­vo para resolver problemas en los que el proceso tradicional común resulta ineficaz. De allí que señala, sin excluir la instrumentalidad del derecho procesal, que ‘la tutela colectiva debe ser entendida como un subsistema de resolución de conflictos dentro de un siste­mita miiayor denominado derecho procesal que a la vez, cual mu­ñeca rusa, se inserta en mm conglomerado mayor de posibilidades que el Estado prevé para pacificar las disputas sociales’. Al comparar los distintos modelos que se adoptan para la solu­ción del conflicto colectivo, los analiza como las herramientas que provee el sistema para ese logro, pero haciendo notar especialmen­te que “el mal direccionamiento a una herramienta equivocada po­dría conducir a la pérdida total o parcial de la tutela requerida y, por ello, de los derechos en juego”. Por eso señala que el amparo en el caso colectivo es un proceso excepcional en esta materia, de­bido a la complejidad del proceso y especialmente a la protección de los sujetos indeterminados que serán alcanzados por él. En nuestro país ha tenido una incidencia importante la solu­ción de estos conflictos por la Corte Suprema. La evolución de su jurisprudencia hasta el caso “Halabi” (donde si bien se consolida el tema de los intereses colectivos, ellos, según nuestra opinión, apa­recen fuera de contexto) y la recepción del colectivo en materia penal, significan una extensión. Son las pautas en las que ahora nos encontramos asentados para la defensa de estos derechos. Y en esa línea, el autor advierte el cambio de paradigma en el con­cepto de “caso”. Dice: “Los avances verificados en la jurispruden­ cia de la Corte Suprema de justicia de la

Nación,... con relación a la receptividad de los derechos de incidencia colectiva, y de los in­dividuales homogéneos en particular, nos hacen concluir que a su respecto se ha modificado, una vez más, el concepto de ‘caso’, en tanto se entiende por aquél a los conflictos susceptibles de ser re­sueltos por los jueces”, donde el “activismo judicial” juega con fac­tores como la autorestricción y la división de poderes. Llegado a este punto, el autor se sumerge en las preguntas que presenta el colectivo y en especial el relacionado con los de­rechos o intereses individuales homogéneos. Ellos comprenden las respuestas a cuestiones que se enlazan unas a otras en los su­cesivos capítulos. ¿Quiénes están legitimados y cuál es el al­cance de la legitimación? ¿Qué es y qué significa la representa­tividad adecuada y cómo se relaciona de manera inmediata con la legitimación y los derechos que se pueden ejercer en función de ella? ¿Cómo se debe desarrollar realmente un proceso colecti­vo? Ello se examina en función de la legislación vigente nacional y provincial. El enfoque correcto de la pretensión y el rol del juez no escapan a la mirada del autor, así corno los problemas de la notificación, los costos del proceso y otras cuestiones que, si bien pueden ser menores, marcan una diferencia esencial con el proceso común, pues en el proceso colectivo de los derechos individuales homogéneos se llega a la condena individual homogénea con un daño heterogéneo. Un capítulo aparte merece el tratamiento de la cosa juzgada, problema discutido y no resuelto a nivel nacional ni internacional. En los derechos individuales homogéneos se producen diversas va­riantes, pues la sentencia puede tener unidad o multiplicidad de decisiones y cada una de esas situaciones da lugar a un efecto dis­tinto. Y vuelven las preguntas, ¿cómo será una sentencia estimati­va y una sentencia de rechazo? ¿Qué posibilidades de reiterar el reclamo tienen las partes? ¿Cómo juega la decisión secundum eventum litis? Allí el autor sienta la tesis de que el gran debate alrededor de la eficacia subjetiva de la cosa juzgada colectiva tiene un común denominador: la actuación del representante adecuado. La obra finaliza con la ejecución de la sentencia, la situación tan particular de la litispendencia y otras cuestiones que completan el marco del análisis integral que hace SALGADO de la temática. Un hermoso libro, hecho por un joven y promisorio procesalis­ta, con un desarrollo criterioso y ordenado, mostrando las distintas facetas, proponiendo soluciones, muchas de ellas novedosas, fun­dándolas y apoyado en el estudio de la jurisprudencia y en una ex­tensa bibliografía nacional y extranjera que lo acreditan en la serie­dad del trabajo, expresado en un lenguaje técnico pero llano que será de gran utilidad en la materia. (Prólogo de Enrique M. Falcón)


Civil procedimiento tributario. Naturaleza y estructura Tomos I y II. Carlos María Folco. Tercera edición ampliada y actualizada. Tomo I: 600 páginas. ISBN 978-987-30-0194-9. Tomo II: 552 páginas. ISBN 978-987-30-0193-2. Obra completa: ISBN 978-987-30-0195-6. Rubinzal-Culzoni Editores. “Con la noción de procedimiento siempre se ha aludido, en la Teoría General del Derecho, a una forma o especie de combinación de los actos, cuya esencia se encuentra en la especial índole de vínculos que median entre los diversos actos que lo componen. Estos vínculos, dice (Juasp, se dan ‘de modo que cada uno de los actos integrantes del procedimiento debe preceder a los siguientes para que éstos sean ad­misibles y debe seguir a los anteriores para que éstos sean eficaces’ (Derecho Procesal Civil, 4a ed. [revisada y adaptada por P. Aragoneses], Civitas, Madrid, 1998, t. 1, Ps. 277 y 278). (…) El pro­cedimiento tributario se explica de manera precisa por constituir una secuencia ordenada de actos tendentes a producir una resolución final, en donde todos los actos que lo integran están causalmente vinculados entre sí, del tal manera que cada uno de ellos supone el anterior y el último ‑son palabras de Carnelutti‑ al grupo entero. Así entendido el concepto de procedimiento tributario, se compren­de que la determinación o liquidación de la obligación tributaria, o mejor, el procedimiento de liquidación de la obligación tributaria, ad­quiere su verdadero sentido jurídico en cuanto es el ‘cauce formal’ por el que la relación tributaría se sitúa en el camino de la fijación definitiva de todos los elementos que la componen e individualizan, que alcanzan de este modo la concreción última y motivada de quién, de qué, del cómo y del cuánto. Crédito y deuda se concretan así en el procedimiento tributario, pasando de una situación potencial o em­brionaria ‑así lo enseña Sainz de Bujanda en su Sistema de Derecho Financiero (Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Ma­drid, 1985, t. I, vol. II, Ps. 168 y 169)‑ a una situación actualizada y operativa, por la que el crédito se hace exigible y la deuda ha de ser, consiguientemente, satisfecha. Lo que diferencia, por tanto, los procedimientos tributarios de los demás procedimientos administrativos es la función que a través de los mismos se realiza. La función administrativa requiere siempre un procedimiento, que en el caso de los procedimientos tributarios viene además predeterminado por la ley al ser unos procedimientos forma­lizados. (…) De esta forma, los procedimientos tributarios tratan de hacer rea­lidad ese difícil equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y los derechos de los contribuyentes que está en la misma base del Derecho Tributario tras la Revolución Francesa. El procedimiento tri­butario articula así, en cuanto secuencia ordenada de actos, el ejercicio de las distintas prerrogativas de la Administración Tributaria y de los derechos de los contribuyentes. Tanto es así que la regulación de estos procedimientos en las distintas leyes tributarias supone un

claro ex­ponente de la sumisión al Derecho de la Administración Tributaria. Lo cual ha traído consigo no sólo una juridificación de la actividad de comprobación, liquidación o de recaudación de la Administración, sino que ha implicado también un incremento de las garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la Hacienda Pública. (…)

Renunciando a profundizar en todas estas cuestiones dogmáticas, que no es propio de un prólogo, quiero destacar que esta concepción integral del tributo la ha tenido bien presente el autor a lo largo de esta obra, en la que se conceptualiza al procedimiento tributario como un procedimiento administrativo especial, y a los actos administrativos tributarios (preparatorios o definitivos) dictados en el marco de la ges­tión de los impuestos como ‘una particular especie de actos adminis­trativos’. Merece resaltar que este carácter especial del procedimiento y de los actos tributarios no significa que se prescinda de las garantías de los contribuyentes, ya que, como muy bien destaca Carlos Folco en el Capítulo II de la obra, la ley de rito fiscal sí las tiene en cuenta. Hasta el punto que el debido proceso constituye un principio cardinal del procedimiento administrativo, y este principio aparece adecuada­mente contemplado en la propia ley de rito fiscal, ‘por cuanto brinda la posibilidad al contribuyente o responsable de presentar descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho (y. gr. determinación de oficio, art. 17; actuaciones sumariales, art. 71) y de recurrir las resoluciones determinativas o sancionatorias ante el superior o el Tribunal Fiscal de la Nación, quedando expedita la vía judicial’. En esta línea, conviene subrayar que el autor se ha esforzado siempre en este y otros temas por agotar los argumentos, y es elogiable el buen juicio con que expone y

comenta la opinión de los autores y la doctrina jurisprudencia] y administrativa para llegar a unas conclusiones muy bien fundamentadas en la explicación del tributo. Así, por ejemplo, comparto la tesis que mantiene en el Capítulo IX, cuando examina la distribución de la carga de la prueba (que es uno de los asuntos más controvertidos en nuestra doctrina), de que la teoría de las cargas di­námicas ‘intenta superar el sistema de las reglas clásicas procesales absolutas, es decir, estáticas, y desplaza la carga de la prueba en cabeza de aquella parte que se encuentra en mejores condiciones para produ­cirlas, abandonando preceptos rígidos con la finalidad de llegar a una justa solución, de conformidad a las particularidades que presente cada causa’. Es oportuno resaltar que la jurisprudencia ha declarado respecto de esta cuestión que el particular no es, en la instancia administrativa, un rival de la Administración, sino que debe coadyuvar con ella en la búsqueda de la verdad material. Por eso el autor señala que el principio inquisitivo u oficioso que, como es sabido, informa los pro­cedimientos tributarios puede perfectamente cohonestarse con la exis­ tencia de la carga de la prueba, en tanto que la actividad fiscalizadora de la Administración no puede evitar en todos los casos la incertidumbre sobre los hechos alegados y no probados o no suficientemente probados. Por tanto, en estos casos, el resultado desfavorable de la falta de prueba deberá recaer ‑así lo precisa Carlos Folco‑ sobre la parte que no probó el hecho alegado, ya que, como bien dice el artículo 105 de la Ley española 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ‘quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo’. Sirvan estas notas como botón de muestra del contenido de esta excelente obra sobre la naturaleza y estructura del procedimiento tri­butario. Sólo me queda señalar que nos encontramos ante una obra de muy fácil lectura que proporciona las claves para la comprensión integral del tributo. Es un acierto del autor que la haya estructurado teniendo en cuenta una ‘visión integradora’ del Derecho Tributario, por lo que es muy fácil encontrar el tema o la cuestión que en cada momento se busque o interese. Dado este enfoque sistemático del De­recho Tributario, cabe augurar a esta tercera edición otro éxito editorial, como le deseo a su autor muy cordialmente.” (Del Prólogo a la Tercera Edición de Francisco Clavijo Hernández)

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Un resbalón que costó caro por el Dr. Juancho No Se aproxima el fin de año y el entorno judicial se empieza a mostrar crispado. Crispados los abogados por tratar de exprimir al mango los pocos días hábiles que quedan, crispados los clientes que muchas veces ven esfumarse sus expectativas “para después de la feria”, crispados los empleados porque muchos estudian y tienen finales o mesas libres. En medio de toda estas elucubraciones estaba cuando entré en La Giralda y me encontré con las chicas de gran charla. -Buenas….-dije dándoles tiempo a que cortaran la charla. -¿Qué tal Juancho?- dijo Juanita mientras se sentaba a la mesa. -Yo bien, viendo pasar la vida por un costado, mientras para las cosas importantes nunca tengo tiempo- dije filosofando barato. -¡Que académico que estás!- exclamó Patricia a manera de saludo. -Qué vas a hacer, a uno no le queda más remedio que filosofar entre amigos- respondí siguiendo el tono ceremonioso. -Yo vengo de ver una sentencia que me sorprendió- contó Juanita con ganas de más. -Dale, te prestamos el oído para que nos cuentes- dijo Patricia sonriendo. -Es un caso interesante, porque un amigo mío que era el abogado del actor se enfermó y me dio una lista de expedientes para que se los viera a medida que hago los míos- reseñó brevemente Juani. -¿De qué se trataba el juicio?- indagó Patricia curiosa. -Mirá, un señor fue a cargar nafta en una estación de servicio de Shell, y cuando se bajó, aparentemente para ir a pagar, o no se a qué, dio la vuelta a su propio auto y se resbaló con combustible que había en el piso. Como resultado, se le produjeron lesiones en el hombro y fractura de húmero- resumió. -¡Pobre tipo!, qué mala suerte- dije. -Si, la verdad es que no la pasó bien, pero ahora, unos añitos después recibe la compensación, porque condenaron a Shell y a la estación de servicio a pagarle una indemnización que ronda los setenta y cinco mil pesos- aclaró. -¿El expediente es de cámara?- pregunté curioso. -Si, es de la Sala L, pero en primera instancia también le habían dado la razón, con una cifra parecida a la de cámara- acotó Juanita. -¿Para que se bajó del auto?- pregunté. -En aquel momento estaba permitido el autoservicio, lo que además explica que hubiera combustible derramado en el piso. Además, después de servirte vos mismo debías ir a pagar a la caja. Eso creo que ahora está prohibido- explico Juani. -¿Y de qué pruebas se valieron para

acreditar la caída?- preguntó Patricia. -De las cámaras de seguridad de la estación de servicio en las que se registró el preciso momento en que el señor se cayó, del ticket de la carga de nafta y de la intervención del SAME- relató Juanita. -¿Y cómo la consideraron? ¿Responsabilidad contractual o extracontractual?preguntó Patricia. -Yo no leí todos los fundamentos, pero si anoté uno que me pareció relevante, para pasárselo a mi colega. Dicen los camaristas, en consonancia con la juez de primera instancia, que “Ya sea que se ubique al hecho lesivo subsumido dentro de la responsabilidad contractual, o bien dentro de la esfera extracontracual, verificados los presupuestos de la responsabilidad, el resultado al que se arribaría sería el mismo”- leyó de su ficha del expediente. -Imagino que la defensa de la demandada se debe haber basado en la culpa de la víctima, como hacen siempre- dijo Patricia. -Tal vez, no se los argumentos defensivos, pero los camaristas concluyeron que: “la exclusiva y excluyente causa adecuada del accidente caída del Sr. Grosso fue el hecho de la firma demandada de no satisfacer

plenamente el deber de seguridad a su cargo”. Por lo que “ese comportamiento fue la única condición adecuada que, per se, tuvo suficiente y autónoma operatividad para desencadenar el resultado” concluyó de leer Juanita. -¿Y cuánto le dieron?- pregunté porque a la hora de la verdad es lo que más importa. - Le dieron veinte mil pesos por daño moral, cuarenta mil por incapacidad sobreviniente, trece mil por tratamiento psicológico futuro y cuatrocientos cincuenta por gastos médicos- reseñó Juanita. Visto que la anécdota llegaba a su fin y a mi me esperaban un par de gestiones antes del cierre del horario tribunalicio pagué la cuenta, saludé a las chicas y me fui cantando bajito. NdeR: el fallo que reseña esta charla fue dictado por la Sala L de la Cámara Civil porteña en los autos: “Grosso, Juan Manuel c/ Deheza S.A.I.C.F.E.I. s/ Daños y Perjuicios” y publicado por www.DiarioJudicial.com

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Jorge Rizzo

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COR ARGEN

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