Atención a la infancia y adolescencia en desprotección

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tras de la red ambulatoria, con objeto de ofrecer información básica en materia de detección y de derivación de casos.

2.2. Valoración y toma de decisiones 2.2.1. La valoración de los servicios sociales de base La valoración inicial de los casos se hace en el servicio social de base, quien determina, mediante informes sociales, médicos o escolares, y a través de entrevistas con el niño, niña o adolescente y con la familia, si se trata de una situación de riesgo o de desamparo. Esta decisión condiciona la permanencia del caso en la base o su traslado al servicio especializado de infancia quien, en caso de confirmar el desamparo, debe proceder, por ministerio de la Ley, a asumir la tutela y separar al niño, niña o adolescente del núcleo familiar. La valoración, y la decisión que sobre su base se adopte, tienen, por lo tanto, en esta fase del procedimiento una importancia clave. Si no se detecta la gravedad de la situación o su acelerado deterioro, y se opta por intervenir desde la comunidad, existe el peligro de pasar por alto las necesidades reales y de retrasar en exceso la intervención de los servicios especializados. Se observan situaciones como ésta en expedientes correspondientes a los tres Territorios Históricos. Si por el contrario, el servicio social de base deriva el caso sin necesidad al servicio especializado de infancia, se corre el riesgo de dañar la relación familiar. El paso por este servicio puede tener en las familias un impacto difícilmente evaluable, incidiendo en su nivel de autoestima, por lo general ya deteriorado, y originando una sensación de desorientación e incomprensión que perjudica la estabilidad de la relación. Los efectos de esta segunda tipología de riesgo son más deducibles que verificables teniendo en cuenta los datos de los que se dispone, pero algunas investigaciones europeas indican que, efectivamente, las familias viven ese momento como un umbral a partir del cual la sospecha de abuso, maltrato o desatención se «formaliza», y sea cual sea la evolución del caso, el impacto de esa sospecha puede ser devastador. Del acierto de las decisiones en esta fase del proceso depende por lo tanto, en buena medida, la garantía del bienestar del niño, niña o adolescente y de su familia. La dificultad estriba en capacitar a los servicios sociales de base para adoptar tales decisiones, es decir, para valorar la situación familiar y para juzgar de la adecuación de los servicios comunitarios a las necesidades detectadas. En la actualidad, los servicios sociales de base carecen, en muchos casos, de formación básica en materia de protección infantil. Sin necesidad de especializar a unos trabajadores sociales que, en la mayoría de los municipios, actúan con

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