responsabilidad que conllevan los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, una simple reforma a la ley general que fortaleciera los candados para la designación de los titulares bastaría. 2. Fortalecimiento de los Órganos de Control para actos de corrupción que sean visibilizados mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información. El ejercicio del derecho de acceso a la información, tal cual se establece en el artículo 6to. constitucional y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se satisface con la respuesta que el sujeto obligado entregue al particular. Sin embargo, en muchas ocasiones la respuesta entregada (ya sea a consecuencia de una solicitud de acceso, un recurso de revisión o en cumplimiento a las obligaciones de transparencia) visibiliza el mal manejo del recurso público, actos de posible corrupción, mal actuar de los servidores públicos, etc. Es decir, faltas administrativas que por su naturaleza pueden ser graves o no graves. Sin embargo, no existe el mecanismo legal que dé continuidad a tal visibilización de posibles faltas administrativas. Es deseable regular el procedimiento que debiera seguirse para que las faltas no quedaran impunes, sin investigar. De qué le sirve al ciudadano enterarse de cómo se asignaron de forma irregular contratos, si el acto persistirá sin ser investigado.
3. Mayor impulso a la capacitación en materia de ética y acceso a la información. Sin duda alguna, las distintas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Transparencia se han esforzado en emitir políticas públicas en materia de capacitación, sin embargo, aún es insuficiente. Considero viable la capacitación en estas materias desde la educación básica, los niños y niñas de nuestro país deben crecer con el chip de la ética personal y pública. Es deseable que al crecer cuenten con una formación ya interiorizada de la importancia del servicio público. La capacitación limitada a dar cursos, foros y pláticas es visible en las redes sociales, y maximiza el trabajo de las instituciones, sin embargo, eso está bien para la “foto”, pero es insuficiente para la sociedad. Se requiere llegar a todas las comunidades del país, y eso solo sería posible si estuviesen contemplados en los programas escolares desde el nivel básico. En conclusión, podemos afirmar que la transparencia es fundamental para el combate a la corrupción, ya que visibiliza el actuar de la función pública desde todos los ángulos, la obliga a actuar con legalidad y contrarrestar la corrupción. Pero es una materia perfectible que deberá ser monitoreada y ajustada cada vez que se requiera, hasta lograr que el tema de la corrupción ya no sea un tema.
DERECHOS HUMANOS
POLÍTICA &
*Ileana Hidalgo es Licenciada, Maestra y Doctora en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla la Mancha, en España y maestria en Argumentación Juridica por las universidades de Alicante, España y Palermo Italia. Es Directora de Auditoría Interna en el INAI, dentro del IEDF ha sido Directora de Organizaciones de Representación Ciudadana y Presidenta del Comité Derechos Humanos “Nuestros Amigos A.C.” También ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República “Belisario Domínguez”. Es conferencista a nivel nacional e internacional y también docente en varias universidades del país. @IleanaHidalgoR