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EDITORIAL MOVILIZACION ESTUDIANTIL: EL ENFRENTAMIENTO IDEOLÓGICO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS ESTUDIANTES

Octubre 2011. Mes que comienza abriendo las puertas de una nueva fase en la movilización estudiantil, y es que el quiebre de la mesa de diálogo (no se puede hablar de negociación) abre un escenario totalmente distinto, con condiciones, fuerzas y realidades sumamente diferentes a las que se observaban hace cerca de cinco meses. Aunque, y a modo de adelanto, hay algo que no cambia: la ideología del gobierno, representada en una propuesta educacional única presentada de formas distintas. Y es que pareciera que el factor sorpresa de estas movilizaciones ha sido la sobrevivencia de la movilización a pesar del transcurso de los meses. Este hecho, que ha llamado la atención de políticos y estudiosos, es producto de la revisión constante y permanente de las políticas adoptadas, de la cercanía de las demandas con las necesidades

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del pueblo y de la revelación de la estructura del sistema educativo y del sustento ideológico que lo inspira. Es así como en estos momentos, en que se pone énfasis en el financiamiento de la educación superior, los estudiantes hemos estructurado la demanda en función a los aportes basales que el Estado debe entregar a las entidades universitarias para garantizar la educación, y esto se hace rechazando de plano el sistema imperante basado en becas y créditos, que legitiman la selección social, no dan seguridad al estudiante de las clases más desposeídas de poder estudiar y avalan a la banca privada como el sustento financiero de nuestro sistema educativo. Es más, otro de los puntos clave de la demanda estudiantil, la democracia en las instituciones educativas, rompe de plano con la lógica neoliberal, pretendiendo hacer de la


educación un sistema que responda a las necesidades de la sociedad y no del mercado. Ahora bien, el hecho de que el gobierno no se ha apartado ni un ápice de su fundamento ideológico marcadamente neoliberal no está en discusión. Es más bien una conducción táctica la que ha sobrellevado para enfrentarse a las demandas estudiantiles. Esta conducción ha sido confusa e incluso vacilante en ciertas etapas, lo que se manifiesta en la serie de anuncios que han hecho desde que están controlando el poder político del Estado. Podemos ver como se han sucedido anuncios para zanjar el conflicto, que a su turno han sido sustituidos por nuevos anuncios, tales como la llamada Agenda 9+1, la proclamación de que 2011 sería “el año de la educación supe¬rior”; las modestas medidas contenidas en el men¬saje del 21 de mayo; las primeras ocho propuestas, el Acuerdo GANE y el fondo FE, proclamados en el tiempo de Lavín, las 21 medidas de Bulnes, que duraron menos de una semana, los cuatro ejes que reemplazaron a las anteriores, los Ilamados “puntos de acuerdo” del pasado 24 septiembre y el acotado incremento del gasto público en educación anunciado en la Ley de Presupuesto 2012, para desembocar en el llamado a una mesa de diálogo. Todos estos anuncios, repito, se encuadran dentro de una misma estructura ideológica que pretende seguir reproduciendo las actuales condiciones, injustas por lo

demás, de la sociedad chilena. Es este factor ideológico imperturbable para el gobierno el que desencadena la reciente ruptura de la mesa de diálogo, es ese el punto donde se centra la verdadera intransigencia entre estas partes en

conflicto. Bajo este contexto, la movilización estudiantil tiene la oportunidad de empezar la discusión, y hacer parte de ella a la sociedad, sobre la ideología que está detrás de la educación y de la formación económica social de nuestro país.

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Es momento de develar y desnudar al gobierno en cuanto a su verdadera propuesta, y seguir instando a una negociación directa con el ejecutivo en base a las demandas centrales que se han instalado en la consciencia colectiva, es decir, financiamiento y democracia universitaria. En ese sentido, podemos señalar que si bien las mismas características de la movilización este año hacen que sea sumamente difícil lograr la aceptación del ejecutivo de todas las demandas, debemos estar conscientes de que lo importante es generar un cambio en el pensamiento colectivo y trazar las líneas de un proyecto educativo basado en las necesidades y realidades de nuestra sociedad. Podemos resumir nuestra idea en que pese a que el conflicto puede llegar a solucionarse, la lucha para lograr otra educación debe continuar.

COSTO DE LA VIDA EL VIOLENTO GOLPE DE LA SALUD DE MERCADO.

Debido al tema de la reforma educacional y las movilizaciones de estudiantes, hemos dejado un poco de lado, un tema tan o más importante, nos referimos a las reformas del sistema de salud en Chile, su calidad y financiamiento, como ha intervenido el sector privado en este con el animo de lucro y las injusticias sociales, excluyentes, que generan sus programas de salud, todo

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esto a través de mecanismos como la concesión de establecimientos asistenciales, bono auge (para terminar con la espera de tratamientos en el sistema de salud pública y utilizarlos en centros de atención de privados y clínicas) y la intervención de las ISAPRES con sus programas discriminadores de edad, sexo y carga familiar. Claramente por parte del gobierno actual y del sistema ins-


taurado en los años 80’ existe una clara tendencia de introducir el mercado a la salud pública, y de entregar la mayor cantidad de recursos públicos hacia el sector privado. A modo de propuesta, el gobierno por medio del Ministerio de Salud, refiriéndose a la reforma del financiamiento de la salud, ha propuesto la idea de las concesiones sanitarias que consisten en la compra de soluciones de salud primaria y hospitalaria, por parte del estado, mediante un pago (per-cápita), para que el concesionario atienda a la población adherida, ofreciendo las garantías de calidad y un control por parte del estado de los servicios prestados por el concesionario. Se propone la intervención directa en la prestación de la salud por parte de privados los cuales además de contar con el financiamiento obtenido de los recursos de FONASA al sector público, además contaran con el financiamiento obtenido por la venta de la concesión, donde el fin ultimo es la utilización de los recursos en beneficio de una verdadera empresa que

prestara los servicios, que responderá de manera obvia a una lógica mercantilista tratando de minimizar la inversión y maximizar sus utilidades, lo que claramente no va en beneficio de los trabajadores que cotizan parte de su salario. Por otro lado, encontramos medidas ya en curso como el Bono AUGE, que pretende terminar con la espera de los pacientes para recibir tratamientos en el servicio de salud pública, consiste esto en un bono portable, para recibir el beneficio en cualquier centro asistencial privado adherido al beneficio, que en el fondo significa inyectar recursos al sector privado en desmedro del sector público, donde el único beneficiado es el intermediario de lucro (ISAPRE) asociado a las diferentes clínicas, las cuales también son beneficiadas, de esta manera el gobierno logra crear una imagen donde hace creer una falsa intención del sector privado de integrar a las personas mas vulnerables del sistema de salud a un mejor servicio, donde de paso se obtienen suculentas cifras en utilidades para la

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red ISAPRE-Clínica.

Esta injusta repartición de recursos es causa de los sistemas previsionales de seguridad social, donde los trabajadores afiliados a FONASA cotizan el 7% de sus remuneraciones, esto más los recursos aportados por el Estado (1,8 % del PIB aprox.) que son los que fi-

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nancian un sistema encargado de las acciones de salud publica, promoción y prevención de la salud. Por el otro lado, tenemos al sistema privado de ISAPRES creado en los años 80’ y subsidiado en el tiempo hasta la actualidad, este sistema recibe también el 7% de las remuneraciones de sus afiliados, que en su mayoría corresponden a los trabajadores con mayores rentas. De este presupuesto con el que cuenta el sistema de salud, debe atender con el 50% de ellos, a quienes se atienden en el sistema de salud pública correspondiente al 80% de la población, además de llevar a cabo las acciones de salud para todos como campañas de invierno y prevención, vacunas, entrega de leche y fármacos, etc. No es extraño entonces que los chilenos cuestionen el servicio de salud público, municipal, de las carencias que estos tienen para dar solución a los problemas y enfermedades por las cuales concurren a los centros médicos familiares u Hospitales, debido a que debe dar atención al 80% de la población con el 50% de los recursos, cifras que no se condicen con las del sistema privado que para atender al 20% de la población gasta el otro 50%. Tampoco es extraño, por otro lado, que los intermediarios privados del sistema de salud, cuyo último fin es el lucro por medio de la vida y bienestar de las personas, hayan obtenido el año en curso utilidades del 70% (US$100 millones aprox.) a causa de sus discriminado-


res programas de salud, los cuales solo han podido ser detenidos por las resoluciones del Tribunal constitucional para modificar las tablas de riesgo de sus cotizantes. Violentas cifras, conociendo la red existente entre ISAPRES y Clínicas privadas, además de las transversales redes de poder que fortifican un sistema de salud privado donde tie-

ne participación Ministros, Ex- ministros, Subsecretarios y personeros de todos los sectores político partidistas, que hacen del la salud de los chilenos un bien más, transable en el mercado visto desde el punto de vista de las infraestructuras, sistemas previsionales y hasta del punto de vista de la misma persona.

LEY HINZPETER LA DESESPERACIÓN DE LA CLASE DOMINANTE

En toda la Historia de Chile, desde la formación del Estado- nación, la clase dominante ha usado todos los medios posibles para mantener su hegemonía política y económica. Así, es común observar cómo, tal como reza en el escudo, por la razón o la fuerza han instaurado sus intereses como clase por sobre la de la mayoría de la sociedad. Debemos entender que el fondo de este problema radica en el entendimiento de quién posee el monopolio de

la violencia, en qué radica y cuáles son sus objetivos, es decir, el por qué de su existencia. Agregando entonces, que la problemática de la violencia es un tema político. Y de clase. Por eso no debe extrañar –o debe extrañarnos pero que eso conduzca a la organización- la reacción del gobierno conforme a las tomas y al tema de los encapuchados. El proyecto que fue enviado al Congreso Nacional, busca sancionar los hechos de tomas de espacios públicos, el desorden público y los saqueos. Sin

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embargo, el tema de fondo es que el gobierno intenta buscar por estos medios la sumisión del pueblo, restringiendo las posibilidades de manifestar el descontento que pudiese existir, tanto en esta coyuntura, como en el futuro. Se quiere limitar a los sectores populares en su afán de manifestar el rencor con las políticas violentas del Estado. Pero lo que no se menciona, es el miedo de los sectores dominantes al alzamiento del pueblo, escudándose en el mantenimiento del orden. Concepto más que sobreutilizado por la burguesía en momentos donde está en juego su hegemonía. El concepto de orden ha sido la base del poder de la clase dominante. Cuando hay atisbos de desorden, la reacción no se hace esperar. Y esto ha sido notorio a lo largo de los casi 5 meses de movilizaciones estudiantiles. La represión por parte de Carabineros ha sido tema dentro de los estudiantes. Jóvenes heridos, golpeados, detenidos, encarcelados injustificadamente, marcan lo que se mencionaba anteriormente, el uso de la violencia “legal”, de carácter monopólico de parte del Estado y la clase dominan-

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te. Lo que se intenta es hacer respetar la Ley, el orden público y la Institución de Carabineros, recordando que a estos últimos no se les puede insultar. En definitiva, el gobierno más que dar respuestas y salidas al conflicto, que de por si es difícil, se resguarda, se blinda, y se arraiga a su raíz conservadora, se legitima a través de la Ley que hacen ellos para ellos mismos. El pueblo una vez más queda atropellado por el poder. Se autoriza por un lado la violencia para consolidar a un sistema y resguardarlo de los inútiles subversivos. Una violencia que de por sí es un término ambiguo, y que va en post de estructurar un orden que favorece al poder de la clase minoritaria. Se critica, se reprocha y se castiga la violencia cuando esta va en contra de lo establecido, cuando esta es parte de las pocas armas que tiene la mayoría cuando es aplastada y oprimida por un sistema que es violento no solo con la represión de carabineros, sino en todos los espacios de lo público y de lo privado; es violento por las desigualdades existentes, por la mala salud, por


la pésima educación, por los discursos estupidizantes que muestra la TV, y un gran etc. La pregunta que debiera hacerse el gobierno es por qué existen estos grados de violencia y de desorden que tanto enfatizan los medios de comunicación –sector funcional al sistema- más que los hechos aislados. La ley Hinzpeter apunta a las consecuencias, muy lejana a las causas de este conflicto. Esta Ley es represiva, violenta, coercitiva y ambigua. Esto porque atentaría contra la ley que permite la manifestación ciudadana. Pero a ellos, el gobierno y la clase a la que defiende, le importa más mantener el status quo funcional a su ideología. ¿Qué debe responder el pueblo?

El pueblo tiene en sus manos la posibilidad grande de poner en jaque al sistema. Debe organizarse más que nunca, debe proyectarse como clase oprimida y trabajadora, adquirir consciencia de clase, instaurar un discurso contra el Estado burgués, contra el capital, y contra la violencia que estos ejercen para que la opresión, la explotación y la sumisión sean extinguidas. En definitiva, debemos crecer como pueblo, como pueblo organizado y consciente, en post de los grandes cambios que debemos forjar en conjunto, como clase, por eso, la consigna fue y será: trabajadores

de la ciudad y el campo, pobladores y estudiantes, UNÍOS!!

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CONSTRUYENDO ORGANIZACIÓN Y CONSCIENCIA DE CLASE... TRABAJADORES,

POBLADORES Y ESTUDIANTES... Uníos

OCTAVA REBELDIA OCTUBRE 2011  
OCTAVA REBELDIA OCTUBRE 2011  

Periódico de Agitación de la Fuerza Universitaria Rebelde

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