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personalismos y partidos políticos

y movimientos

democracias Herbert Koeneke Ramírez

VENEZUELA

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Tulane (Estados Unidos), magíster en Comunicación y Cambio Social de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), y en Ciencia Política de la Universidad de Míchigan (Estados Unidos). Es profesional y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela.

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n 2014 se están cumpliendo diez años de la publicación de La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, editada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La obra, que en sus casi 500 páginas compiló diversos análisis y propuestas de reconocidas figuras de los ámbitos académicos y políticos, tuvo como su foco principal el déficit democrático entonces existente en la región. Después de dos décadas de transiciones hacia la democracia, como lo planteaba Mark Malloch Brown, administrador del PNUD, había un extendido cuestionamiento por parte de los ciudadanos acerca de la capacidad de los gobiernos para la consecución del progreso económico y social. Lo que en su opinión planteaba como desafío inescapable, un fortalecimiento institucional que permitiera abordar eficazmente la solución de los distintos problemas que afectaban a la mayoría de los pueblos latinoamericanos.

Al respecto cabe señalar, como lo evidenció el estudio Latinobarómetro en su versión de 2004, que si bien el 53% de los latinoamericanos encuestados manifestaba entonces su apoyo a la democracia como la forma preferible de gobierno, solo el 29% de ellos expresaba satisfacción con su funcionamiento, es decir que existía una brecha de 24 puntos entre lo políticamente deseable y la satisfacción de aquellas expectativas sociales que se esperaba obtener gracias a la gestión del gobierno democrático. Para 2013, esa brecha se había reducido a 17 puntos: mientras el 56% declaraba apoyar a la democracia, el 39% manifestaba estar satisfecho con su desempeño. Al arribar a este punto, y antes de continuar el análisis del tema que nos ocupa, resulta pertinente plantearse la siguiente pregunta: ¿acaso significa ello que, de forma y de fondo, cambiaron para siempre los regímenes políticos en América Latina, o que la democracia llegó para quedarse y transitar hacia su definitiva consolidación en el continente? La respuesta a ese interrogante ha de ser negativa, no solo por la evidencia de avances y retrocesos vividos históricamente EDICION 3 / 2014


Liderazgos personalistas en las

latinoamericanas en la región, sino además por el arraigo o persistencia de factores culturales y políticos, como la desconfianza y el clientelismo, que tradicionalmente han incidido en esos vaivenes políticos.

América Latina y la tercera ola democratizadora Para ilustrar lo señalado a través de una sucinta referencia histórica, la tercera ola democratizadora analizada por Samuel Huntington resulta de obvia pertinencia. En su análisis, Huntington (1991) revela que entre 1974 y 1990, treinta y cinco regímenes autoritarios vivieron procesos de liberalización o democratización, cifra superior a la de retrocesos políticos sufridos durante el mismo período. De ese total, catorce se produjeron en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Los mecanismos de apertura democrática fueron diversos: 1) la transformación, cuando la elite gobernante adoptaba la decisión EDICION 3 / 2014

de llevarla adelante; 2) el híbrido “transplazo” (transformación + reemplazo), producto de un acuerdo entre gobernantes y opositores; 3) el reemplazo, cuando sectores de oposición forzaban la apertura; y 4) la intervención extranjera. El hecho de que el 40% de los casos hubiesen tenido lugar en América Latina sirvió para generar expectativas favorables en torno al continuo fortalecimiento de la democracia en el continente. En términos realistas, sin embargo, ello no resultaría así, como fue puesto en evidencia por distintos acontecimientos, algunos de los cuales se mencionan a continuación: dos rebeliones militares en Venezuela, que, pese a haber fracasado, contribuyeron a la eventual desestabilización del Gobierno de Carlos Andrés Pérez (febrero y noviembre de 1992); el llamado “autogolpe” de Alberto Fujimori en Perú (abril de 1992); la suspensión de la vigencia de la Constitución Nacional y la disolución del Congreso por el presidente guatemalteco Jorge Serrano (mayo de 1993); el derrocamiento del presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, luego de un pronunciamiento militar liderado por el coronel Lucio

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personalismos y partidos políticos Si bien la democracia fue restablecida en catorce naciones latinoamericanas entre 1974 y 1990, ello no trajo consigo la estabilización y eventual consolidación de ese régimen en el continente, así como tampoco la satisfacción mayoritaria de los ciudadanos con el desempeño de sus gobiernos. Gutiérrez (enero de 2000); la renuncia del presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, dos años antes de concluir su mandato, en medio de una profunda crisis económica, política y social (diciembre de 2001); y la abdicación de Gonzalo Sánchez de Lozada del cargo de presidente de Bolivia en respuesta a las intensas protestas populares (octubre de 2003) (Cf. Pérez Liñán, 2009).

embjada de Cuba en Venezuela

El “Socialismo del siglo XXI” y la expansión de la democracia delegativa

Referencias Huntington, Samuel (1991). How countries democratize. Political Science Quarterly, Vol. 106, N° 4, pp. 579-616. Margolis, Mac (2010). The read and the black. Why are Latin American democracies suddenly attacking the free press? Newsweek, 31 de agosto. O’Donnell, Guillermo (2010). Revisando la democracia delegativa. Disponible en www.difusioncultural.uam.mx/ casadeltiempo/31_iv_may_2010. Pérez Liñán, Aníbal (2009). Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina. Buenos Aires: FCE.

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Si bien la democracia fue restablecida en catorce naciones latinoamericanas entre 1974 y 1990, ello no trajo consigo la estabilización y eventual consolidación de ese régimen en el continente, así como tampoco la satisfacción mayoritaria de los ciudadanos con el desempeño de sus gobiernos. Lo que condujo hace diez años al PNUD a diagnosticar las deficiencias en la gestión gubernamental y a proponer reformas o cambios institucionales para tratar de resolver los problemas que aquejaban a la población de distintos países. Esa precaria gobernabilidad que caracterizaba a varios gobiernos de la región hacia finales de la década de 1990, echaría las bases, a partir de entonces y durante los años siguientes, para la reaparición en varios países de lo que Guillermo O’Donnell bautizó como “democracias delegativas”. En estos regímenes, si bien se mantienen vigentes los mecanismos electorales y ciertas libertades políticas básicas, se tiende a desconocer los límites constitucionales y legales de los poderes del Estado. Ese desconocimiento está acompañado de la supeditación al ejecutivo de los poderes legislativo y judicial, así como de los entes encargados del control y fiscalización de la gestión gubernamental, con lo que se difumina la llamada rendición de cuentas horizontal. Además, el presidente se inclina por adoptar políticas públicas en forma abrupta e inconsulta, se presenta como encarnación de los grandes intereses nacionales, y se auto ubica por encima de las instituciones políticas, incluyendo a los partidos, a los cuales tiende a desestimar para favorecer a movimientos sociales y políticos (O’Donnell, 2010). Hugo Chávez, líder del fracasado golpe militar contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, una vez electo como presidente de Venezuela en diciembre de 1998, emergería como el primer gobernante de la nueva camada de democracias delegativas en el continente. Dentro de la misma se incorporarían Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2005), Rafael Correa

en Ecuador (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007). Con la ruptura de la autonomía y el equilibrio de poderes, estos mandatarios apelaron a distintos mecanismos para asegurarse la reelección en sus cargos: Chávez en 2006 y 2012, Morales en 2009, Correa en 2009 y 2013, Ortega en 2011, y Fernández de Kirchner en 2011. Aparte de las semejanzas en el ámbito institucional, que reflejan un elevado nivel de personalismo político, estos gobernantes han coincidido, por un lado, en aupar el denominado “Socialismo del siglo XXI”, del que Hugo Chávez se proclamó seguidor y promotor en 2005, y del cual su sucesor, Nicolás Maduro, se ha declarado adepto. Y por otro lado, han coincidido también en el acoso político y legal a los medios de comunicación social con el fin de evitar que las críticas e informaciones divulgadas por éstos afecten negativamente sus niveles de apoyo popular (Cf. Margolis, 2010). El hecho de que estos gobernantes, afianzados en un régimen o estructura gubernamental restrictiva de libertades y derechos ciudadanos, hayan podido, a pesar de ello, mantenerse en el poder gracias al mecanismo de reelección, debe motivar a la reflexión. En primer lugar, salta a la vista que las políticas sociales emprendidas por ellos, como las llamadas “misiones” en Venezuela, han calado favorablemente entre los sectores pobres de la población. En segundo lugar, que la figura mesiánica y el discurso antioligárquico de esos mandatarios, reminiscente de líderes populistas como Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y José María Velasco Ibarra, han tendido a resonar positivamente entre esos sectores, ávidos de reivindicación no solo material sino también simbólica. Y por último, que esas políticas y estrategias tienden a estar acompañadas de otras políticas económicas y sociales que, en el mediano y largo plazo, ahuyentan la inversión y promueven el clientelismo, la ineficiencia y la corrupción, lo que conduce a serias crisis económicas como la que vive Venezuela en la actualidad. En síntesis, el verdadero progreso económico, político y social, como se puede constatar por ejemplo, en el Índice de Prosperidad del Legatum Institute, en el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum, y en el índice de Libertad Mundial de Freedom House, dista mucho de poder ser alcanzado en países con democracias delegativas, en las cuales la confianza interpersonal e institucional tiende a ser baja; el capital social, tenue; los valores seculares, reducidos; y las expectativas mesiánicas y clientelares de la población, elevadas.

EDICION 3 / 2014


Herberth koeneke