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Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | Cuadragésima edición | Mayo 2021 | Proyecto de aula | Medellín, Antioquia | ISSN: 2145 - 4256

Acceder a un subsidio de vivienda no es tan fácil como lo hacen creer Página 3

La Séptima Papeleta, la historia desde adentro Página 5

Comunidades indígenas, a la espera de un gran pacto reinvindicatorio Página 7

Exceso de la fuerza pública, protagonista en el Paro Nacional Páginas 10 y 11


Edición 40

Editorial Rector Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno Decano (e) Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Jorge William Guerra Montoya Directora (e) Programa de Comunicación Social Lina María Rendón López Coordinador General Julián David Zuluaga Agudelo Coordinación Editorial Julián David Zuluaga Agudelo Marcos Fidel Vega Seña Estudiantes Jefes de redacción Juan Pablo Betancur Tamayo Valeria Vanegas López Andrea Rivera Jaramillo Valeria Echavarría Toro Estudiantes directores Diana Muñetón Aristizábal María Fernanda Ipiales Goenaga Mateo Quintero Ríos Diana Cristina Toro Echeverri José Gabriel Molina Buitrago Mateo Quintero Ríos Asesoría fotográfica Hernán David Posada Ricaurte Ilustración contraportada Brandon Stiven Mazo Santa Montaje sitio web Expo Sextante Verónica Rodríguez Marín Diseño y Diagramación Róbinson Rivera Herrera Margarita María Castro Gaviria Fotografía de portada Dahiana Alejandra Pérez Rúa Miguel Ángel Jaramillo Sánchez Docentes editores Cristián Daniel Cartagena González Fernando Aquiles Arango Navarro Gloria Lucila Agudelo Restrepo Diana Carolina Zapata Vallejo Julián David Zuluaga Agudelo Alexander Hernández Marín Lina María Rendón López Néstor Velandia Garcés Marcos Fidel Vega Seña Marlon Echavarría Rodríguez Wilmar Daniel Gómez Monsalve Juan Manuel Montoya Agudelo Carolina Echavarría Osorio Claudia Cecilia García Montoya Joaquín Gómez Meneses

Proyecto de aula de los estudiantes del curso Producción de Prensa del cuarto semestre Programa de Comunicación Social Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Universidad Católica Luis Amigó Mayo de 2021

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La humanidad entera, entre cadenas gime

El 20 de julio de 1991 entró en vigencia la norma que le daba a Colombia una Constitución Política distinta, y a su vez derogaba aquella arcaica promulgada en 1886. Parecía que la sentencia de Rafael Núñez en la primera estrofa del Himno Nacional se cumpliría. Treinta años después, no ha cesado la horrible noche; no tenemos una libertad sublime; todavía, entre cadenas, gime la humanidad entera y no hemos comprendido las palabras de quien murió en la cruz. Tal como ahora, en la década del 80 e inicio de los 90, el país vivía momentos aciagos, oscuros, de incertidumbre y cercado por el delito y la corrupción, males endémicos de un país indulgente que nunca ha perdido la esperanza de cambio. Veníamos de asesinar a una generación de dirigentes que quería y soñaba, así como lo soñaron Nariño, Santander y Bolívar, que cesara, de una vez por toda, la horrible noche. La Constitución Política de 1991 era esa esperanza. Decimos “era” porque, a pesar de que hubo necesidad de cambiar al Senado de la República en esa ocasión (con la Séptima Papeleta), que ya dice mucho de lo que allí se cocina, las viejas costumbres politiqueras se camuflaron y se apuntaron al “cambio”. La puesta en marcha de la carta de navegación necesitaba reglamentarse y por esa vía entró el caballo de Troya.

ca Luis Amigó, pone a disposición de los lectores un amplio panorama en esta edición para que la ciudadanía tenga elementos de juicio y argumentación históricos sobre qué ha pasado luego de treinta años de la promulgación de la Carta Magna. La edición 40 de nuestro periódico contiene artículos sensibles frente a la actualidad referidos a la sufrida, pero no vencida Acción de Tutela, que es una las manifestaciones más socorridas de nuestra población en el pleno ejercicio de un Estado de derecho. La acción desmedida de la fuerza pública frente al derecho soberano del pueblo de manifestar su inconformidad por los desmanes del poder ejecutivo, ha sido una página dolorosa de Colombia, como tantas otras. Los hechos han entristecido a nuestros hogares con muertes, desapariciones, torturas y acciones fuera de la ley por parte del Estado, que decidió poner a agentes armados a controlar la insurrección legal de los manifestantes.

En estas últimas semanas, Colombia ha sido objeto de las miradas de medios internacionales porque el pueblo raso, cuya masa, en su mayoría, como en 1991, son estudiantes, obreros, docentes, campesinos, indígenas y ciudadanos, que han marchado por lo que consideran sus derechos vulnerados en salud, vivienda, educación y vida digna, donde cada uno, como lo dijo nuestro Nobel GarLa norma de normas empieza así cía Márquez, fuera feliz haciendo un tortuoso camino para abrirse lo que le gusta, con auspicio del paso entre interpretaciones legu- Estado. En nuestras páginas enleyas, recortes, adiciones y aco- contrará un enfoque sobre cómo modaciones al amaño de la vieja se han trabajado constitucionaltradición marrullera y santande- mente esos derechos. rista de este país, donde popularmente se dice que hay una ley Otras comunidades, “invisibles” para todo. El asunto es cumplir- a los ojos de las élites antes de la. Esa travesía lleva tres décadas, la Constitución del 91, como los desde que salió de las aulas hasta afrodescendientes, indígenas, convertirse en lo que es hoy, con mujeres, LGBTI y la población todas sus modificaciones a cuesta. trabajadora también tienen su esPor la importancia que en su mo- pacio con perspectivas de cómo mento significó y por lo que sigue han estado sus derechos en estas significando, y en aras de hacer- tres décadas. Ahora bien, todo le honor a la academia, donde se este caos que se ha producido en gestó el movimiento para que tu- Colombia y que ocurre en un moviéramos una nación más equita- mento de incertidumbre para la tiva, más justa, más democrática, humanidad, por la pandemia y la Sextante, periódico de la Facultad expansión demoledora de la Code Comunicación, Publicidad y vid 19, se hubiera podido evitar si Diseño de la Universidad Católi- quienes tienen el poder, en vez de

Edición 40

Acceder a un subsidio de vivienda no es tan fácil como lo hacen creer

Cada nuevo gobierno presenta en su plan de desarrollo las políticas públicas para acceder a subsidios de vivienda; no obstante, pareciera que no tienen en cuenta que no es tan sencillo que un colombiano acceda a uno de ellos, lo que no da pleno cumplimiento a lo contemplado en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, en el que está consignado que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. que algunas de ellas no cumplen con el tiempo establecido para entregar el proyecto. Según la última actualización de 2021 del decreto 1077 del 2015, que reglamenta el sector vivienda, ciudad y territorio: “El giro de los recursos se realizan si se logra acreditar que el terreno en el que se desarrolla el proyecto de vivienda se encuentra urbanizado”. Es por esto que cuando algunas constructoras incumplen con estos tiempos establecidos obstaculizan el proceso de legalización. Eduardo Loaiza, gerente regional de la Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol Antioquia, enfatiza: “Cuando suceden estos retrasos, el comprador puede prolongar la entrega del subsidio hasta por un año para que no lo pierda, por una demora”.

“motilar” y modificar a su favor la Carta Magna, la hubieran aplicado en la filosofía que reza la Corte Constitucional en su Sentencia T-02 de 1992, cuando afirma que el sujeto y sus derechos fundamentales son la razón de ser y el fin ulterior de la Constitución de 1991. Por esto, la apuesta de Sextante con este trabajo investigativo y monográfico es contribuir a la historia, dentro de lo que Acosta Montoro considera el papel de la prensa en general cuando afirma que “el periodismo es la historia del presente y la literatura es el periodismo del pasado”. Es también salirle al paso a la saturación de los medios tradicional que en estos días, funestos para la población, se han replegado en su agenda setting y sus pobres enfoques no van más allá de “desmanes” y “vandalismos”. La responsabilidad del periodismo, independiente de sus intereses económicos como empresa, es con la verdad y es construir una agenda que consulte los intereses ciudadanos. En ese papel, la presente edición preconiza la filosofía de nuestra Universidad, que aboga por el humanismo en todo su esplendor. A su vez, el medio cumple su función educativa y pedagógica en línea directa con lo que distingue a nuestro programa de Comunicación Social: el binomio comunicación – educación. En ese sentido, se estará cumpliendo con la solicitud de investigadores como Marco Raúl Mejía cuando escribe que es necesario, desde la educación, un trabajo crítico con los medios; que reconozca las audiencias participativas y se generen propuestas pedagógicas, donde los educadores comprendan estos nuevos paradigmas con otras formas de aprendizaje desde las pantallas, se muestre y se discuta cómo opera, en la actualidad, la mediación de nuevos objetos. Abrimos, pues, las páginas de Sextante, con el ánimo, como lo reza la décima estrofa de nuestro Himno: que alumbre el sol para todos en la justicia y en la libertad, en un mundo en que la humanidad gime entre cadenas por la incertidumbre de la enfermedad y la falta de sindéresis de los líderes del mundo capitalista.

Tras el sueño de la vivienda propia. Foto Valeria Ruiz Montoya.

Por Juan Pablo Betancur Tamayo juan.betancurta@amigo.edu.co Los Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP) no les garantizan adquirir una vivienda propia a los beneficiarios, debido a que en muchos casos se presentan barreras que frenan el acceso a los subsidios o a su legalización. La exigencia de un ahorro programado, la garantía de ingresos para cumplir las cuotas a las entidades financieras, pertenecer a una caja de compensación familiar y el incumplimiento de constructoras en los plazos de ejecución de los proyectos obstaculizan y ralentizan el sueño de muchos colombianos de tener una vivienda. Uno de los principales requisitos para acceder a un subsidio de vivienda es tener un ahorro programado en un banco, según el decreto 1533 de 2019. Esta es una de las barreras para acceder a un subsidio de vivienda, así lo plantea Juan Pablo Jiménez, concejal del municipio de Abejorral, Antioquia, por el partido Liberal: “Es una realidad que muchas familias se encuentran en una situación donde un salario mínimo alcanza solo para cubrir las necesidades básicas y no queda nada para ahorrar”.

cuentran muchas personas que quieren acceder a un subsidio de vivienda es que las cajas de compensación son las grandes administradoras de los recursos de los Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), y uno de sus requisitos es demostrar estabilidad laboral o ingresos suficientes, en un país en el que en la actualidad la informalidad es del 49,2 % y el desempleo del 15,9 % según el Dane. De esta manera, la mayoría de personas que son beneficiarias de los subsidios hacen parte de la población que cuenta con un contrato estable, por lo cual las personas que no tienen un trabajo formal y no pertenecen a una caja de compensación no se les facilita acceder a estos fondos.

De esta manera, la mayoría de personas que son beneficiarias de los subsidios hacen parte de la población que cuenta con un contrato estable, por lo cual las personas que no tienen un trabajo formal y no pertenecen a una caja de compensación no se les facilita acceder a estos fondos.

Es una realidad. Juan Diego Osorio, técnico en Administración en Salud, postuló a un subsidio de vivienda; sin embargo, cuando estaba a punto de ser beneficiario, se encontró con un límite: “No contaba con el dinero que me exigían como ahorro programado”. Este y otros requisitos hicieron que se desinteresara. Y es que, según el estudio del Observatorio Demoras en la legalización Fiscal de la Universidad Javeriana “Ahorros en los hogares colombianos, un lujo que no todos de subsidios pueden darse”, menos del 55 % de la poblaPor otra parte, la demora de algunas construcción puede ahorrar. toras en la ejecución de las obras es un factor Otras de las dificultades con las que se en- que retrasa la legalización de los subsidios a aquellos que sí pueden acceder a uno, puesto

Este es el caso de las etapas C y G de Ciudad del Este, proyecto de interés prioritario ubicado en la comuna 9-Buenos Aires, que paró por más de tres años. Ha presentado inconvenientes en su ejecución desde 2014 y ha retrasado su entrega, programada para 2017. Este proyecto es un ejemplo de la vulnerabilidad e incertidumbre a la que son sometidas las personas que acceden a subsidios del gobierno, puesto que cuatro años después por culpa de la constructora no ha sido terminado, y tuvo que ser acogido por las políticas públicas del nuevo gobierno, lo que implica que el valor de la vivienda comprada aumente el precio si se cambia el tope de salarios mínimos legales vigentes. Sandra María Yepes es una de las propietarias y afectadas de este proyecto: “Me siento desconcertada pagando algo que no tengo”. Ella realizó créditos con entidades para realizar el pago de lo que le correspondía de su apartamento, pero hasta ahora no ha podido legalizar el subsidio de vivienda porque la obra no está terminada, por ello todavía no tiene escrituras. Para evitar lo anterior, Federico Estrada, gerente de La Lonja (gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia) recomienda que “el gobierno nacional debe enfatizar en subsidios para la compra de vivienda usada”, para que no se den retrasos ni inconvenientes en la legalización de los subsidios. Lo que permitiría a los colombianos acceder más fácil a un mercado más amplio, con precios inferiores a los de las viviendas nuevas. Ante la pregunta sobre la facilidad de acceder a un subsidio de vivienda, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón dijo a Sextante que “este gobierno ha tenido el mejor programa de políticas públicas de vivienda en el país, porque ahora es mucho más fácil acceder a un subsidio de vivienda”. Sin embargo, los requisitos que exigen para acceder a un programa de vivienda demuestran que para la población vulnerable no es tan fácil y no logran ser los principales beneficiarios.

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Pensionarse en Colombia:

Edición 40

entre la esperanza y el golpe de la realidad

En Colombia existen dos regímenes pensionales al que se encuentran afiliados los colombianos: el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual (RAIS). Los ciudadanos han tenido que asumir desalentadores cambios en la legislación pensional para obtener una jubilación. Cada caso es diferente y un mundo aparte. nuestro país es de 77 años. Si aumentamos la edad no vamos a alcanzar a pensionarnos y vamos a tener muy poco tiempo para disfrutar esa pensión, que es un ahorro que hacemos durante toda una vida. De esta manera, no se estaría garantizando el derecho a la pensión, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política”. Estella Gómez Durán, empleada de confecciones CI JEANS S. A., es una de las afectadas por el aumento de la edad, debido a que cuenta con las semanas cotizadas, pero no con la edad de jubilación: ella cumplió 53 años. Estella manifiesta su inconformidad: “Este es un país donde nada favorece a la longevidad. Es un país donde hay enfermedades tropicales, tenemos expectativas de vida cortas y trabajamos entre 25 y 30 años por una pensión que el gobierno nos embolata con reformas que nos afectan día a día”. En el anhelo de poder pensionarse. Foto Luisa Fernanda Santana Palacio.

zación y se crearon, entre otros, el Régimen de Prima Media, mediante el cual un trabajador, dependiente o independiente, afiliado a un Gran parte de los 6 millones de colombianos fondo de pensiones, de manera voluntaria o afiliados al Régimen de Prima Media (Col- bajo un contrato laboral, aspira a una pensión pensiones) enfrentan obstáculos para alcan- de vejez. A propósito, el senador Jorge Roblezar una pensión por vejez. Lo anterior debido do aseguró a Sextante que la Ley 100 “acabó a las constantes reformas pensionales que ha con condiciones más favorables para los emhecho el Estado colombiano en los últimos 25 pleados y las volvió regresivas”. años y a la baja cobertura pensional, que en Colombia es una de las más bajas de la región: Una reforma constante: la edad 23%, según el estudio El Sistema Pensional en Colombia, publicado por el Banco de la Repú- El último aumento de edad para alcanzar una pensión por vejez se realizó en 2003 con la Ley blica en 2019. 797, cuando se dispuso 57 años para las muEl Estado no ha cumplido a cabalidad lo pac- jeres y 62 para los hombres. En relación con tado en las leyes que se han implementado con lo anterior, Nelson Antonio Zapata, abogado el fin de lograr una mejora de la calidad de laboral y de procesos jurídicos de la Caja de vida de quienes aspiran a una pensión. Esto se Compensación Familiar Comfenalco Antiomanifiesta en los constantes cambios a la Ley quia, manifiesta que con los aumentos de la 100 de 1993, conocida porque comenzó a au- edad el Estado perjudica a los ciudadanos: “Es mentar la edad de retiro, las semanas de coti- algo irracional porque el promedio de vida de Por Jennyfer Lorena Zapata Ramírez jennyfer.zapatara@amigo.edu.co

El impacto del incremento de semanas El aumento de las semanas de cotización para acceder a la jubilación por vejez es otro de los constantes cambios que se han hecho en la legislación pensional. En 2004 un colombiano podía alcanzar la pensión con 1.000 semanas cotizadas, hoy se requieren 1.300. Lo anterior es otro obstáculo para los colombianos, porque si una persona ya cuenta con la edad de retiro, pero aún le faltan varias semanas para alcanzar las 1.300, la probabilidad de pensionarse es baja. José Suárez Gómez, empleado de Élite Soluciones, es un ejemplo de esta situación, a sus 64 años cuenta con 1.140 semanas de cotización. Él explica su desmotivación: “Después de entregar años a una empresa soñamos con la jubilación para descansar sin pasar calamidades. Me siento cansado, pero la solución que me da el Estado es solicitar una indemnización

El 80 % de la población de afiliados al sistema general de pensiones no alcanzan los requisitos para una pensión. La baja cobertura pensional está relacionada directamente con la alta informalidad y el desempleo en Colombia.

Pensión para unos cuantos

la alta informalidad y el desempleo en Colombia que, según el Dane, en tiempos de pandemia, es de 49,2 % y el 15,9 %, respectivamente. Para Albeiro Pulgarìn, Constituyente del 91, la baja cobertura “debe ser el principal foco para realizar una futura reforma pensional”. Ante este panorama, el interrogante de muchos jóvenes y adultos colombianos es: ¿será posible lograr una pensión?

Según un informe de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), publicado en 2020, el 80 % de la población de afiliados al sistema general de pensiones no alcanzan los requisitos para una pensión. La baja cobertura pensional está relacionada directamente con

Frente a esta inquietud, Camilo Guerra, politólogo de 30 años, considera que nadie de su generación va a lograr una pensión: “Este sistema está diseñado para que la pensión se vaya extinguiendo y sea exclusividad de unos cuantos. Cada vez las reformas nos afecta más

sustitutiva, pero sabemos que es algo que entregan por salir rápido de uno”. Una indemnización sustitutiva no es un pacto justo, porque la persona sale de la empresa con un acuerdo económico inferior a lo que se ganaría en los años que le falta por cotizar, además tiene que asumir el pago de la seguridad social.

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negativamente, y nos aleja de los paradigmas bajo los cuales nos criaron nuestros padres”. Lo que muchos empleados colombianos como Estella y José esperan de las reformas que lleguen a partir de 2021 es que se cumplan principios de equidad e igualdad para garantizar una vejez digna, como está consignado en la Constitución. El abogado Nelson Zapata, finalmente, concuerda con las personas afectadas por los constantes cambios en los requisitos para acceder a una pensión, y plantea que una posible solución tiene que centrarse en un sistema integral que piense en todos los colombianos y no solo en los empleados formales.

La Séptima Papeleta,

Edición 40

la historia desde adentro

Por José Gabriel Molina Buitrago jose.molinabu@amigo.edu.co

Un trágico contexto Corrían la década del 80 e inicios de la del 90, Colombia estaba sumida en una espiral de violencia sin respiro, por cuenta del cerco del narcotráfico y de la insurgencia. El Estado era impotente ante este baño de sangre. Entre las víctimas se encontraban personajes del gobierno, ciudadanos y dirigentes de los partidos de oposición.

estaba dentro: el Congreso de la República, que hundió las esperanzas de reforma y ahuyentó los vientos de cambio. El movimiento persistió. En enero de 1990, en una clase de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario, de Bogotá, Fernando Carrillo Flórez, un docente joven y ambicioso, planteó a sus estudiantes introducir una papeleta adicional en las elecciones del 11 de marzo de 1990. Este convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de redactar una nueva Constitución. Se votarían seis papeletas para cuerpos oficiales y una más para consultar al pueblo si quería un cambio cons-

Así, los magnicidios cobraron la vida del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984; el candidato a la presidencia por el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, baleado el 18 de agosto de 1989; el 26 de abril de 1990 murió Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial por el M19, grupo que tomó la embajada de República Dominicana en 1980 y el Palacio de Justicia en 1985. Posteriormente, firmarían la paz con el presi- Foto ilustración Valeria Valencia Gómez. dente Virgilio Barco Vargas, en 1990. titucional. Por esto se le conoció como la Séptima Papeleta. Todavía tendría que lidiar con Los asesinatos selectivos siguieron con José la Registraduría Nacional, que negó su recoAntequera Antequera, integrante del M19, nocimiento. quien, el 3 de marzo de 1989, recibió 26 impactos de bala en el aeropuerto El Dorado de Los soldaditos Bogotá, donde fue herido el precandidato por El 11 de marzo de 1990 Natalia Silva Hurtael Partido Liberal, Ernesto Samper Pizano; en el mismo aeropuerto, pero el 22 de marzo de do, miembro del colectivo estudiantil, tenía la 1990, fue asesinado el candidato presidencial misión de contar los votos. Era un soldadito, por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo nombre con el que se conocía a quienes agitaron a la ciudadanía a favor del cambio. Notó Ossa. que la ciudad estaba custodiada por policías A pesar de la crisis y de estos graves aconte- y militares. La ahora abogada Silva Hurtado cimientos, el gobierno nacional se aprestaba reconoce que “siempre supimos que los miemrealizar las elecciones del senado, cámara, al- bros del movimiento podíamos ser blanco de caldes, concejales y diputados. La fecha, el 11 alguna acción violenta. No obstante, la gente de marzo de 1990; esta vez dos hechos inusua- se transportaba con normalidad, parecía que les ocurrirían: la consulta popular del Partido las ganas le ganaron al miedo”. Llegó a su desLiberal y el movimiento de estudiantes y do- tino, la Universidad de Medellín, media hora antes del inicio de los comicios; se encontró centes, Todavía podemos salvar a Colombia. con los demás soldaditos, entre ellos, un estudiante de contaduría, Eugenio Prieto Soto. Aparece la Séptima Papeleta De acuerdo con las fuentes consultadas, el 25 de agosto de 1989 universitarios de Bogotá se movilizaron en la Marcha por la Vida. La caracterizó el silencio en homenaje a los muertos del país. El movimiento cobró fuerza, se intentó realizar un plebiscito para reformar la Constitución de 1886, se recogieron 500 mil firmas, se hicieron marchas, pero el enemigo

A las 8:00 a.m., las puertas de la Universidad de Medellín se abrieron para los votantes; se inició la jornada para el cambio constitucional. Prieto Soto recuerda que “el proceso logístico para distribuir la papeleta fue lo más complicado; si no hubiese sido porque El Tiempo imprimió cerca de 5 millones de papeletas y en la radio se le enseñó a la gente a redactarla”.

No todo fue color de rosa Al medio día llegó un dirigente, Sergio Guzmán Restrepo, de la Universidad de Antioquia. Su responsabilidad era supervisar el avance del proceso. Hoy recuerda que en diversos municipios algunos jóvenes fueron intimidados por integrantes de grupos armados, narcotráfico o dirigentes políticos. Debía enviar un reporte a Bogotá, en esta ciudad le correspondía esa labor a Germán Miranda Lotero, dirigente de la Universidad Javeriana. Miranda Lotero coordinaba actividades de los jóvenes que apremiaban a la gente a votar por la Papeleta en el Parque Nacional de Bogotá. Al suroriente, Luis Manuel Rivas Parra, de la Universidad de Los Andes, hacía la misma actividad hasta que las urnas cerraron a las 4:00 p.m. A las 4:20 p.m. se emitió el primer reporte: 27 votos del Guaviare.

Los frutos del esfuerzo Fernando Carrillo Flórez lanzó a las 11:00 p.m. el resultado extraoficial: más de dos millones de votos, pero no todo estaba ganado. Debían ejercer presión al Estado; los dirigentes se reunían casi diario con el gobierno. Por eso, el presidente Barco Vargas apoyó el cambio el 3 de mayo de 1990 al emitir un decreto que autorizaba una tarjeta electoral en las elecciones presidenciales del 27 de ese mes para la Asamblea Constituyente. El 27 de mayo de 1990, el 89% de los votantes dijeron sí a la Asamblea Constituyente; el 9 de diciembre de ese año, los colombianos eligieron a los encargados de redactarla con una presidencia tripartita: liberales, conservadores y M19. El 4 de julio de 1991 se radicó la nueva Constitución, la cual pese a sus luces y sombras significó un cambio para el país, nacida de un proceso similar al realismo mágico.

“Siempre supimos que los miembros del movimiento podíamos ser blanco de alguna acción violenta. No obstante, la gente se transportaba con normalidad, parecía que las ganas le ganaron al miedo”.

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Edición 40

Derechos sexuales y reproductivos, una tarea pendiente

La educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción son dos grandes desafíos en la implementación de los derechos sexuales y reproductivos. En Medellín, se trabaja en promover estas garantías desde distintas instituciones y programas como “Entorno Escolar Protector”, de la Secretaría de Educación. Sin embargo, aún hay tareas por cumplir en términos de cobertura y acceso. Por María Fernanda Ipiales Goenaga maria.ipialesgo@amigo.edu.co El término educación sexual integral no es nuevo, por el contrario, sus temáticas han sido foco de extensos debates que han dejado como resultado una serie de reformas; una de las más significativas fue la Resolución 3353 del 2 de julio de 1993,victoria de una acción de tutela de la profesora Lucía Díaz, de Ventaquemada – Boyacá, en la cual la Corte Constitucional solicitó al Ministerio de Educación un cambio en la forma de enseñar para la sexualidad, brindándole un carácter obligatorio. Dicha resolución tuvo como finalidad “propiciar y favorecer en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas”.

educativas oficiales cuenta con espacios para hablar y abordar temáticas alrededor de la educación sexual. No obstante, es importante tener presente que al ser un proyecto transversal que implementa de manera individual cada una de las instituciones educativas, estas tienen la autonomía de decidir las temáticas, cantidad de espacios y metodologías, así pueden tomar la decisión de ser tomado por el Programa o la Secretaría de Salud, quienes ejecutan el desarrollo de iniciativas que fomenten el conocimiento en derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el uso de métodos anticonceptivos.

El acceso precario a la anticoncepción En efecto, en el informe de gestión “Yo cuido a Medellín,” del año 2020, se revela que 14.453 mujeres, entre 10 y 28 años, fueron identificadas para ser partícipes de planificación familiar, pero solo a 1.018 les entregaron métodos anticonceptivos, una cifra que no deja de ser preocupante, pues el acceso a la anticoncepción es un derecho sexual y reproductivo fundamental en la construcción del proyecto de vida, cuya obstaculización podría convertirse en detonante de múltiples inequidades.

Como consecuencia de la citada resolución, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, se plantea como una de sus metas que el 80% de las instituciones educativas públicas debe garantizar a los niños, adolescentes y jóvenes una educación sexual basada en el ejercicio de derechos humanos, Foto María José Julio Zapata. sexuales y reproductivos, desde Escolar Protector: Un análisis por la iniciativa institucional. El un enfoque de género y diferendesde el enfoque Bottom Up”, del resto de los planteles educativos Entre tanto, para Claudia Silva, cial. año 2019, que solo en 190, de las son abordadas por la Secretaría de enfermera de la Subsecretaría de Salud Pública de Medellín, la 229 instituciones educativas ofi- Salud de Medellín. En coherencia con lo anterior, la entrega de un método de planificiales de Medellín, hace presencia Secretaría de Educación de Meel proyecto, pues, según el docu- Por su parte, el coordinador del cación familiar no es suficiente, dellín creó el programa Entorno mento, son establecimientos don- programa Entorno Escolar Pro- entre otras cosas, porque, no deEscolar Protector, con el objetivo de se evidencian mayores índices tector, Elkin Guzmán, aseguró tendrá el embarazo adolescente, de asesorar a los establecimientos de las problemáticas intervenidas que el 100% de las instituciones por ejemplo, puesto que su raíz educativos en la gestión de acciones en torno a temáticas como liderazgo y la promoción de de- En efecto, en el informe de gestión “Yo cuido a Medellín,” del año 2020, rechos sexuales y reproductivos. se revela que 14.453 mujeres, entre 10 y 28 años, fueron identificadas Para la psicóloga Teresa Cadavid, de la Institución Educativa Santa para ser partícipes de planificación familiar, pero solo a 1.018 les entreMargarita de la comuna 7 - Rogaron métodos anticonceptivos. bledo, “es una línea de apoyo con el fin de desarrollar actividades orientadas al autocuidado y a la es sociocultural. Es el caso de Da- ha mostrado una disminución en bia, la oportunidad en la entrega y prevención”. El programa, según niela Castaño, habitante del co- los últimos años. Según cifras ofi- acceso a la información sobre sela página oficial de la Secretaría rregimiento de Santa Elena, quien ciales de la Alcaldía de Medellín, xualidad es una estrategia vital de de Educación de Medellín, cuenta quedó embarazada a la edad de en el 2019 se presentaron 4.295 intervención. Así el cumplimiento con 230 profesionales, en su ma- 15 años mientras cursaba nove- embarazos en menores de 18 años de los derechos sexuales y reproyoría psicólogos, los cuales cu- no grado, quien afirma no haber y en 2020, 3.707. A pesar de los es- ductivos genera grandes retos. La bren el 100% de las instituciones recibido información de ese tipo fuerzos institucionales, el proble- meta debe ser garantizar el acceso por parte del colegio ni los inte- ma aún merece toda la atención, democrático a una sexualidad lieducativas oficiales de la ciudad. dado que, tal como lo aseguró bre y consciente que, además, imNo obstante, Mateo Castro Gó- grantes de su núcleo familiar. Profamilia en una investigación pida la perpetuación de distintas mez, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, asegura en su tesis Sin embargo, el fenómeno del em- de 2018 sobre determinantes del desigualdades sociales asociadas a “Implementación del Programa barazo adolescente en la ciudad embarazo adolescente en Colom- una natalidad no controlada.

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Comunidades indígenas,

Edición 40

a la espera de un gran pacto reinvindicatorio En Colombia, según cifras de la Organización Nacional Indígena, existen 102 comunidades que suman en total más de 2 millones de personas, día a día la población indígena denuncia un exterminio cultural y un abandono estatal que viene acompañado de pobreza, desigualdad y vulneración de los derechos humanos. Por María Angélica Ríos Herrera maria.rioshe@amigo.edu.co

habido mayor avance en la práctica, porque seguimos bajo el mismo régimen de discriminación En 1996 se creó la Mesa Perma- racial, exclusión y de una política nente de Concertación, un esce- de exterminio”. nario donde se pacta la política pública entre el Gobierno Nacio- Un 30% cumplido en el nal con la población indígena, con gobierno Duque el fin de garantizar el respeto por su autonomía y sus derechos co- Eudo Cuaran, sociólogo de la lectivos. Sin embargo, el informe Universidad del Valle e integrante El mundo indígena 2020: Colom- de la Oficina de Población de la bia, publicado por el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), señala que, en esta mesa, aunque existen 1.396 acuerdos, hay un incumplimiento del 95% de los mismos. Al respecto, Gustavo Caizamo Isárama, indígena del pueblo Embera Dóbida del Chocó y consejero mayor de la Organización Indígena de Antioquia, quien luego de dialogar con Sextante falleció por causas asociadas a la enfermedad COVID-19, mencionó que dichos acuerdos no han sido una medida suficiente, “eso se ha quedado en el papel, no ha

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), explica que con el actual gobierno, el cumplimiento de lo pactado en el Plan de Desarrollo con los pueblos indígenas solo ha sido del 30%. “La mesa no solo es un papel, no es solo para saludar a la bandera. No es escenario de promesas y firmas, es materializar acuerdos”, afirma Cuaran. Por más de 200 años, desde tiem-

Indígenas en situación de mendicidad. Foto Kelly Marcela Álvarez Hurtado.

pos de la conquista hasta la Constitución de 1991, los pueblos indígenas de Colombia han tenido que resistir ante políticas de exterminio, discriminación racial y violencia territorial y han padecido los rigores de la minería ilegal y el narcotráfico. Desde Manuel Quintín Lame, un líder indígena caucano que exigía la protección de sus tierras e impulsó el primer movimiento indígena de Colombia, hasta la Minga, un movimiento nacional convocado desde el suroccidente del país, la población indígena busca sin rumbo fijo, un cumplimiento a las garantías para que se respeten sus derechos. Con la Constitución Política de 1991, el Estado reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Bajo el artículo 7, Colombia declaró como patrimonio la diversidad cultural y étnica del país, otorgando a las comunidades indígenas la figura de resguardos. Sin em-

Con el actual gobierno, el cumplimiento de lo pactado en el Plan de Desarrollo con los pueblos indígenas solo ha sido del 30%. “La mesa no solo es un papel, no es solo para saludar a la bandera. No es escenario de promesas y firmas, es materializar acuerdos”, afirma Cuaran. bargo, las comunidades indígenas del país hoy se sienten en riesgo de exterminio por el asesinato sistemático de sus liderazgos.

Un exterminio físico Según el más reciente informe emitido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los defensores de derechos humanos, asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2012 hasta principios de 2021, son 1134, de los cuales 307 eran indígenas. Uno de los departamentos más azotados por la violencia ha sido Nariño: en 2019 fueron asesinados 24 líderes indígenas, uno de ellos fue el señor Miguel Ángel Alpala, líder indígena del Resguardo de Gran Cumbal, del pueblo de Los Pastos, y miembro de Autoridades Indígenas de Colombia. Él fue el primer líder asesinado del municipio de Cum-

bal. William, su hijo, lo recuerda como un hombre honesto y justo: “Los líderes indígenas como mi papá, los que no les da miedo en decir y hacer las cosas son los que han convocado a mucha gente y son los primeros mandados a callar por el gobierno”.

Panorama en Medellín La difícil situación en la que viven algunos indígenas desplazados en la capital paisa es un reto tanto para las instituciones como para ellos. Este es el caso de Rodrigo Vitucay Tequila, un joven indígena Embera, de 30 años de edad y perteneciente al resguardo Pescadito en el Chocó, desde hace diez años viajó de Bagadó a Medellín para establecerse con su familia. Así como Rodrigo son muchos los comerciantes indígenas asentados en las principales capitales del país; a diario emprenden su ca-

mino con la esperanza de vender del retorno de estas comunidades alguna artesanía. a sus territorios, sino directamente el Gobierno Nacional. Ante este panorama, Eduardo Peña Nova, profesional universi- Pero esto cubre apenas una mínitario de la Gerencia de Etnias de ma parte. Son reiteradas las veces la Alcaldía de Medellín, expresa en que las distintas comunidades que ningún indígena tiene den- indígenas han proclamado su intro de su cosmovisión ejercer la dignación a la falta de garantías mendicidad. Agrega, además, que en el marco urbano. “Estamos para estos grupos que han sido cansados de que sean más de desplazados de sus territorios se 200 años de nuestra existencia y les brinda un plan de atención que el mundo no nos reconozca, psicosocial: “Cuando el indígena queremos decirles que no somos manifiesta condiciones de vulne- como nos ven en los cuentos y rabilidad, se le da una ayuda de películas; somos personas, soemergencia temporal por tres o mos iguales y necesitamos que cuatro meses, luego tratamos de nos protejan nuestros derechos”, afiliarlo a una EPS y les ofrecemos menciona Víctor Peña, cacique el plan de educación Buen Co- de la Comunidad Zenú en Medemienzo”; esto se realiza a través de llín, quien anhela el día en que ese traductores articulados buscando pacto histórico por la reivindicaun enfoque diferencial. Entre tan- ción indígena llegue sin titubeos to, Nova manifiesta que la capital institucionales ni compromisos a antioqueña no es la responsable medias.

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Estatuto del Trabajo,

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la lucha desconocida de los trabajadores colombianos

La promesa de la creación de un Estatuto del Trabajo que ampare los derechos humanos basados en la dignidad de los empleados no ha sido ejecutada. El debate de los líderes sindicalistas por conseguir el cumplimiento de sus derechos ha desencadenado la muerte de 3.240 representantes de los sindicatos hasta el año 2020, según el informe de la Escuela Nacional Sindical.

Los diferentes sindicatos que representan la voz del sector laboral siguen en la constante lucha para el establecimiento de un estatuto que recoja los derechos humanos y que dignifique la vida de los 20 millones de trabajadores activos, según el DANE. Dicha promesa se formalizó en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 y se formuló con el fin de brindar mejores garantías que las ofrecidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Hoy, 30 años después, las voces de muchos de los líderes sindicales se han apagado y siguen rigiendo las políticas protectoras de hace 70 años, la antigüedad del Código Sustantivo del Trabajo.

Alejandro Parra, especialista en derecho laboral y director de la Corporación Trabajo Decente Colombia, sostiene que el Código Sustantivo del Trabajo se basa en el contractualismo: “Cómo vincular, mantener y echar a un trabajador”. Asimismo, agrega que esa normativa no contempla el trabajo como derecho humano, es decir, que no defiende la dignidad del empleado y se enfoca en la construcción de un contrato que se debe firmar obligatoriamente, porque pocas veces se abre la puerta a la negociación. Por otro lado, Janeth Sierra, abogada egresada de La Universidad de Medellín, sostiene que el Código Sustantivo está creado “en un 80% a favor del trabajador”, debido a que considera el trabajo digno y justo como un derecho obligatorio. Dice que es un código fundamentado, pero que en la práctica no se cumple a plenitud.

Central Unitaria de Trabajadores en el marco de las movilizaciones. Foto cortesía CUT.

El sueño del Estatuto Por otro lado, Marely Cely, especialista en derecho constitucional, asegura que “los políticos representantes de los gremios empresariales no les conviene un Estatuto que brinde garantías”. Argumenta que la clase política del país está conformada por empresarios y que la confección del articulado exigiría mayor inversión, mejores condiciones para los empleados y reducir las desigualdades salariales, lo que pondría en cuerda floja sus posiciones privilegiadas. El Estatuto permitiría reducir la brecha salarial que existe en términos de género, pues propone cuidar y respaldar a las mujeres, que siguen siendo el principal foco de desempleo. A propósito, el DANE aseguró que para el trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 19,6% y para los hombres, del 11,1%”.

Las primeras líneas del artículo 53 de la carta magna colombiana declaran: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo”, principios que, según Sierra, deben ser revisados, ya que no se trata solo de garantizar lo mínimo, sino de dar un “salto hacia la realidad actual”.

¿A qué se enfrentan los trabajadores y líderes sindicales? De los 20 millones de trabajadores activos, solo 1.400.000 se encuentran en sindicatos, según las estadísticas de la Escuela Nacional Sindical, ENS. El temor a quedarse sin traba-

La clase política del país está conformada por empresarios y que la confección del articulado exigiría mayor inversión, mejores condiciones para los empleados y reducir las desigualdades salariales, lo que pondría en cuerda floja sus posiciones privilegiadas. jo o a perder la vida como la han perdido las más de 3.200 personas que se han opuesto a la violación de derechos, representan el porqué del bajo índice de sindicalismo, sustenta Alejandro Parra. A propósito, Eugenio Castaño, miembro de la ENS, fija su argumento en la idea de que “El Estatuto es un sueño; los paramilitares y el Gobierno van en contra de las agremiaciones sindicales”. De acuerdo con Castaño, la oposición de los sindicatos a iniciativas gubernamentales que han ido en detrimento de la dignidad laboral como el paquete de medidas durante la apertura económica en los 90 o la reestructuración del sistema hospitalario ligado a la ley 100 han desatado los peores periodos de vio-

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“La Constitución de 1991 marcó

el paso de una soberanía nacional a una soberanía popular y al Estado Social de Derecho”, Fernando Carrillo.

Por José Gabriel Molina Buitrago jose.molinabu@amigo.edu.co

Por Yuliana Andrea Suaza Lopera yuliana.suazalo@amigo.edu.co

Código Sustantivo del Trabajo

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reiteradas ocasiones en las que la iniciativa se ha desechado en el legislativo. “La Corte carece de competencia para declarar una omisión legislativa absoluta para el Congreso debido a la independencia de las ramas”, analiza Janeth Sierra, quien indica que existe un cansancio mental en los sindicatos que han luchado durante estos 30 años para el cumplimiento del anhelado Estatuto. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el articulado en cuestión es precisamente una de las razones de convocatoria de las movilizaciones sindicales de hoy Una esperanza que buscan apalancar una propuesta conjunta Con esperanza se tomó el camino de la exi- con el Ministerio de Trabajo para que sea ragencia del Estatuto a través de una petición dicada en el Congreso y se logre este cometido enviada a la Corte Constitucional, dadas las reivindicatorio.

lencia contra los liderazgos sindicales. Así pues, las luchas de los movimientos sindicales en la defensa de la estabilidad sindical, la seguridad social, el trabajo digno y decente no son bien vistas por el empresariado sector empleador se ha resistido y producto de la resistencia, los sindicatos han sido victimizados por el estado, paramilitares o ambos, a través de las alianzas por acción u omisión, explica Eugenio.

Fernando Carrillo Flórez tenía 26 años cuando ideó lo que sería la Séptima Papeleta. Hoy, 30 años después, el exprocurador general de la Nación recuerda el proceso que llevó a ese pilar del cambio de Constitución. En enero de 1990, en una clase de Hacienda Pública, en la Universidad del Rosario, de Bogotá, Fernando Carrillo Flórez planteó a sus estudiantes, quienes participaban del movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia, promover una papeleta adicional en los comicios del 11 de marzo de 1990, con la cual se convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Conocer los antecedentes que llevaron a Carrillo Flórez a idear esa Séptima Papeleta es un hecho que merece ser compartido desde perspectiva del protagonista. JGMB: ¿Comencemos hablando del movimiento estudiantil ¿Qué significó para el proceso constituyente el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia? FCF: El movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia fue, por así decirlo, la primera muestra de una sociedad colombiana que se revelaba en contra de los obstáculos que no dejaban avanzar al país con miras al siglo XXI, desde el narcotráfico, como de los grupos guerrilleros, como del propio Estado. Marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Colombia, no solo por cimentar las bases de lo que sería la Constitución Política de 1991, sino que se demostró que en Colombia se podía realizar un cambio ambicioso sin violencia. JGMB: ¿Qué tenían de especial esos jóvenes que promulgaron la Séptima Papeleta? FCF: Fue una generación que, además de vivir los estragos de los diversos problemas sociales que azotaban al país, fueron testigos de los múltiples cambios que vivía el mundo; fue, tal vez, la primera generación de Colombia inmersa en la geopolítica global: cayó el telón de acero en Europa y el muro de Berlín; estudiantes, como ellos, salieron a las plazas de China,

nes que terminaron formando parte de Todavía Podemos Salvar a Colombia. Sus magnicidios evidenciaron, no solo a los jóvenes, sino a toda la población colombiana que la situación de violencia y zozobra que azotaba al país no se alejaba de ningún ciudadano sin importar su posición social.

Fernando Carrillo Flórez, precursor de La Séptima Papeleta. Foto cortesía del personaje.

República Checa, Rumania y lucharon por sus derechos. Por otro lado, sintieron de primera mano, los problemas derivados del terrorismo, narcotráfico, las guerrillas y corrupción política. La unión de estas coyunturas hizo que la famosa generación de la Constituyente fuera la ejecutora del proceso constituyente de 1991.

JGMB: ¿Qué papel jugaron los múltiples magnicidios que ocurrieron en los 80 e inicios de los 90 para el desarrollo del movimiento estudiantil? FCF: La muerte de figuras políticas como Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo o Luis Carlos Galán unieron las voces de las diferentes posturas ideológicas de los jóve-

JGMB: La diversidad fue un factor esencial para la Asamblea Nacional Constituyente ¿Se aplicó también al movimiento estudiantil y qué implicaciones tuvo en su desarrollo? FCF: En Colombia teníamos un problema de asimetría en la sociedad. Debíamos adaptarnos a un modelo diverso y más global como nación; un paso gigante en este aspecto fue la Asamblea Nacional Constituyente. Ningún partido político tuvo una mayoría dentro de ella y por eso se dividió su mandato en el Gobierno Tripartita: fue una representación de la diversidad que se vería

El principio de igualdad es uno de los objetivos constitucionales que se han desarrollado de forma sectaria. La obtención de la igualdad depende en gran medida de la creación de oportunidades equitativas. próximamente en la Constitución. En el movimiento estudiantil la pluralidad se mostraba en las diversas perspectivas gracias a lo heterogéneas que suelen ser las visiones entre educación pública y privada; aunque un gran número de miembros pertenecían a las facultades de derecho, todas las carreras profesionales eran representadas; proponían múltiples agendas al desarrollo del movimiento estudiantil. JGMB: Tocando la Séptima Papeleta como tal ¿De dónde surgió esta idea? FCF: La idea inicial del movimiento estudiantil era realizar un plebiscito. Esta estrategia, en el fondo, no tenía nada novedoso. También teníamos muy reciente tres fracasos de reforma constitucional perpetrados por el Congreso de la República, órgano que siempre se opuso a toda propuesta de reforma. Sin embargo, la alternativa de índole electoral era la mejor opción, en especial porque el constituyente primario (el pue-

blo colombiano) debía ser el protagonista de la democracia. JGMB: Viajemos al presente ¿Cuáles considera que son los mayores logros de la Constitución? FCF: La Constitución de 1991 marcó el paso de una soberanía nacional a soberanía popular y al Estado Social de Derecho. Se le dio, por fin, el reconocimiento a las minorías que siempre fueron ignoradas. Nacieron órganos del Estado esenciales hoy en día, especialmente la Fiscalía o la Corte Constitucional. Se dio la apertura en la participación popular en todas las ramas del Estado, en especial la acción de tutela. Además, la Constitución se adelantó a la conversión de favores en derechos y de ofertas clientelistas, defendido su integridad de intereses particulares. JGMB: ¿Y las promesas que no se han cumplido? FCF: El principio de igualdad es uno de los objetivos constitucionales que se han desarrollado de

forma sectaria. La obtención de la igualdad depende en gran medida de la creación de oportunidades equitativas. La integración efectiva de los derechos políticos, económicos y sociales es la forma en que se pueden garantizar políticas que promuevan la igualdad como un denominador común en todo Colombia. En definitiva, el movimiento estudiantil y la Séptima Papeleta marcaron a la generación de la Constituyente; continúa con el legado iniciado en 1989 desde su profesión al aportar con ello, hoy en día, al cambio social. Solo por nombrar a algunos: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; Gustavo Salazar, magistrado de la Jurisdicción Especial Paz, JEP; Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE; Eugenio Prieto, exsenador de la República y director de Territorios Sostenibles. Lo anterior indica que la Séptima Papeleta también le sirvió a esa generación como plataforma política y para acceder a cargos de elección popular.

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Por María Alejandra Colorado Muñoz maria.coloradomu@amigo.edu.co Y Alexandra Suaza Muñoz alexandra.suazamu@amigo.edu.co

Exceso de la fuerza pública,

protagonista en el Paro Nacional

De acuerdo con las organizaciones sociales se han registrado en las protestas ciudadanas privaciones de libertad, agresiones físicas y verbales, desapariciones, uso de armas de fuego y hasta homicidios cometidos por la Policía Nacional.

junto de organizaciones entre las que se encuentran Defender la Libertad un Asunto de Todas, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, se registraron 101 desaparecidos hasta el 10 de mayo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció 56 reportes en este departamento. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró el 10 de mayo “no tenemos ni pérdidas de vida ni personas dadas por desaparecidas o que estemos en ruta de búsqueda con la Fiscalía General de la Nación”; La ONG Temblores, que ha es- asimismo la Personería de Medetudiado a fondo estas acciones y llín informó que en lo que va del recibe denuncias en su platafor- paro, tampoco se reportaron cama Grita, reporta que en 21 días sos formales de desapariciones. transcurridos del paro nacional, ocurrieron al menos 2.387 casos Este conjunto de organizaciones, de abuso policial (sin contar des- que registraron 101 casos, detecapariciones), de los que se iden- taron también 89 personas como tifican 384 víctimas de violencia desaparecidas, que ya apareciefísica, 33 de agresiones oculares, ron. Algunos relatos se refieren 43 homicidios presuntamente a conductas que se configuran cometidos por estos miembros, como Desaparición Forzada, pues 1139 detenciones arbitrarias, 472 en los operativos de retención los intervenciones violentas, 146 ca- agentes policiales o militares, no sos de disparos de armas de fuego, tienen identificación. Además que 18 víctimas de violencia sexual y 5 no se le permite la comunicación de violencia basada en género. Estas cifras desataron mayor indignación en la ciudadanía manifestante. Exigen la reforma policial y la desmantelación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), creado en 1999 y su objetivo es el control de disturbios, para el restablecimiento del orden y la seguridad de los habitantes. Sin embargo, al igual que a la Policía, se le ha otorgado acusaciones que van en contra de su labor de “seguridad”, como lo expresa Santiago Valencia Rodríguez, defensor de derechos humanos del colectivo Gustavo Marulanda: “El Esmad ha sido la división de la policía que más violaciones de derechos humanos se les ha registrado desde su creación”. El anuncio del Gobierno Nacional sobre la presentación de la Reforma Tributaria desató manifestaciones en el país, que iniciaron el 28 de abril del 2021. En estos escenarios el abuso policial ha sido constante y aunque la Policía y el Gobierno Nacional manifiestan que es a causa de actos vandálicos, múltiples Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y entidades nacionales e internacionales, como la ONU, hacen el llamado para que el Estado intervenga y garantice el derecho a la protesta, puesto que la mayoría se practica de manera pacífica.

Desapariciones La cifras de desaparecidos en el marco del Paro Nacional son confusas, en todo el país la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), registró 379 hasta el 6 de mayo y la Defensoría del Pueblo registró 548 hasta el 7 de mayo. En Antioquia, de acuerdo con el informe presentado por un con-

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el 14 de mayo. Además, internacionalmente hay pronunciamientos como los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y la ONU.

su novio fueron llevados a un Comando de Atención Inmediata (CAI) ubicado en Barrio Triste. De acuerdo con el relato, a la hora de ingresar no hubo registro alguno; “se nos negó hacer llamadas; había más personas detenidas y heridas allí”. En su recuento informa que a su novio lo golpearon; “pasamos la noche allí y al siguiente día, si no hubiera sido por un rastreo móvil, nuestras familias no nos hubieran encontrado”.

A pesar de estos hechos y del anterior pronunciamiento de Quintero Calle, la Alcaldía de Medellín instaló una mesa de búsqueda de desaparecidos el 14 de mayo, conformada por varias secretarías, la Personería, la Defensoría Plantón feminista el 15 de mayo en Bogotá. Foto Fátima Martínez. del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Oficina 73 de la Constitución Política de porque Morada Noticias no es un de la ONU para los Derechos Hu- Colombia. Sin embargo, no cesan medio de comunicación real”. manos (DDHH). Sin embargo, en las afectaciones contra la integriesta mesa no hay representación dad y se restringe así el ejercicio Ya hay pronunciamientos públide las organizaciones sociales, informativo. El 50% de estas afeccos en rechazo a estos actos concomo las de DDHH. tra la prensa, como es la Federaciones han sido cometidos por la ción Colombiana de Periodistas fuerza pública. (Fecolper) que desde el 28 abril hasta el 1o de mayo documentó Las acciones referidas anteriormente las han sufrido de manera 13 afectaciones por parte de la específica los medios de comunifuerza pública. En esa misma línea, La Fundación para la Libercación alternativos, que han totad de Prensa (FLIP) registró 67 mado protagonismo en esta jorcasos desde el 28 de abril hasta nada de manifestaciones. Ejemplo de esto son La Oreja Roja, Morada Noticias y Le Cuento. Según sus voceros estas agresiones no son nuevas, pero se han intensificado durante el paro nacional. En Medellín, a la periodista Jennifer Mejía de Le Cuento, un agente del de la Organización de los Estados Esmad le decomisó su celular; a Americanos(OEA); La Oficina de Yurany Marín Alzate, de Morada la Alta Comisionada de las NacioNoticias, ese mismo día le averianes Unidas para los Derechos Huron su teléfono móvil y, además, manos (Oacnudh), Human Rights el 1o de mayo, a pesar de Yurany Watch (HRW) y la Comisión Inidentificarse como prensa, fue Performance en el CAI de San Diego, en Bogotá. 15 de mayo. teramericana de Derechos Humallevada a una estación de poliFoto Fátima Martínez. nos (CIDH). Esta última informó cía, donde un agente del Esmad el 14 de mayo que le solicitó perla agredió verbal y moralmente, miso al Gobierno de Duque para Ataques a la prensa al exterior a las personas, y de esta pues la filmaba con un móvil provenir a Colombia y verificar demanera se desconoce su paradero piedad del organismo policial. Las agresiones por parte de la nuncias en contra de los DDHH y la identidad de los captores. fuerza pública no han sido solo a que ha recibido. ciudadanos del común. La Perso- Asimismo, han sido víctimas de Isabela Loaiza Zuluaga, estudiannería, miembros de la ONU y la estigmatización e intimidación te de la Universidad Católica Luis Peticiones prensa también han sido blanco por estos cuerpos estatales, como Amigó de Medellín, afirma que de ataques, a pesar de las leyes y el caso relatado de Yurany, que al Por estas razones y otras más, perfue víctima de abuso policial y momento de ser retenida, ella arnormas que los protegen. sonas y organizaciones afirman Desaparición Forzada. El 4 de gumentó su condición de perioque es extremadamente necesamayo, en medio de las manifestaLa prensa está amparada constitu- dista.. El agente policial le responria la reforma policial. Temblores ciones ella expresa que junto con cionalmente en los Artículos 20 y dió “a usted nadie la va a buscar ONG en su informe “Bolillo, Dios

A pesar de esto, las autoridades nacionales no se han pronunciado públicamente. “El silencio generalizado sobre estos asuntos por parte del Gobierno promueve la censura y contribuye a que el ejercicio del periodismo sea cada vez más riesgoso en un país sumamente polarizado”- informó la FLIP.

Institución Policial La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional tiene un plan metodológico y unificado para todas las escuelas de policía existentes en el país, en donde, durante un año, dan formación en diversos temas a los miembros de la policía, que a lo largo del cumplimiento de las funciones van a ser de vital utilidad. Sin embargo, estas normas y procedimientos a seguir no se han acatado desde hace mucho tiempo y no solo por estos días de manifestaciones. Por ejemplo, en el Paro Nacional del 2019 también se denunciaron muchas agresio-

nes, por lo que la Corte Suprema de Justicia dio una orden en 2020 para garantizar la protesta pacífica y pedir perdón por excesos de la policía. Daniel Duque Velásquez, concejal de Medellín, también expresa la intervención arbitraria de la fuerza pública. Por ejemplo, los Traslados por Protección, que se realizan cuando las personas se encuentran en estado de exaltación y se pone en riesgo su vida o la de terceros, son utilizados en cualquier manifestante, sin importar si cumplen o no con estas características. Además “a muchos ya no los están llevando al Centro de Traslado por Protección (CTP), sino directamente al CAI, donde no tienen ningún acompañamiento por parte de los defensores de derechos humanos”- explica el concejal.

Negación y evasión Ha sido casi nulo el pronunciamiento de la autoridad gubernamental frente a este tema. Cuando al presidente de la República, Iván Duque, se le mencionan la cantidad de casos por abuso policial, asegura que todos los casos de delitos por parte de la policía se van a investigar y judicializar. No obstante, como han demostrado grabaciones, denuncias e informes tanto internacionales como nacionales, los abusos se presentan en situaciones meramente pacífi-

cas y de manera constante desde hace mucho tiempo. La indignación ciudadana aumenta cada vez más, porque, sumado a estas pocas respuestas, la intensificación de la fuerza pública ha sido con más personal y con más armas. Como fue el pronunciamiento del presidente el 1 de mayo cuando garantizó la asistencia militar en las manifestaciones para las ciudades que la requirieran. También se proporcionaron más elementos al Esmad. Queda la duda de su “baja letalidad”, porque son varios los heridos e incluso muertos a causa de estos. Uno de estos elementos es Venom, un lanzador múltiple de proyectiles que la policía afirma que cumple con la reglamentación Internacional de las Naciones Unidas. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que nunca lo ha visto utilizado por otro país en América Latina y “parece un procedimiento altamente peligroso y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial”,declaró el director durante una entrevista con Deutsche Welle noticias, canal televisivo alemán. Así también los llamados internacionales han sido múltiples, como los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y

Que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar. Este punto especialmente es por la impunidad de los casos “ alrededor del 1% de los casos denunciados tiene fallo condenatorio. y Patria” entregó un pliego de peticiones para dicha reforma. Entre los puntos solicita que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar. Este punto especialmente es por la impunidad de los casos “ alrededor del 1% de los casos denunciados tiene fallo condenatorio”, explica Mario Mendoza, integrante de Temblores ONG. Mendoza también señala que otro de los puntos más importantes es que la policía, como cuerpo de control civil, que busca garantizar los derechos de la ciudadanía, pase de ser parte del ministerio de Defensa al ministerio de Interior, pues se ha visto que históricamente al estar inscrita en este mi-

nisterio, ha pasado por funciones del conflicto armado, en contra de un enemigo interno subversivo y ha tomado un papel muy militarizado. Estas son solo dos de las 7 peticiones que se encuentran en el informe. En el Congreso ya fueron presentados proyectos para la realización de la reforma policial, como el del congresista Inti Asprilla, en septiembre de 2020. Presentó tres ejes, uno pedagógico, el segundo la modificación del sistema disciplinario y por último la evaluación de los procedimientos.

guino e Iván Cepeda. Buscan regular el sistema de ascenso de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y reformar la Ley 1621 de 2001, que se encarga del sistema de Depuración de Datos y Archivos de inteligencia y contrainteligencia

En septiembre de 2020, el extinto ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo dijo que el proceso de la reforma policial se estaba adelantando. Sin embargo, de acuerdo con el Senador Cepeda en una entrevista dada al periódico El Espectador, no hay avances al respecto. Queda la duda en el También se presentaron otros dos ambiente si se debió a la muerte proyectos, el 17 de julio de 2020, del ministro Holmes Trujillo. por los senadores Antonio San-

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La libertad de cultos,

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ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre fundador de la Federación Colombiana de Libertad y Culto, declaró que enfrentan problemáticas para hacer valer sus derechos. Expresó que la comunidad debe entender sus diferencias ideológicas con la Iglesia Católica, especialmente en lo relacionado con el matrimonio y en los ritos en los hogares. “En el año 54 la Organización Mundial de Naciones Unidas estableció la libertad de cultos; el problema en la actualidad, es que no tenemos libertad de capillas; no tenemos libertad de derechos; necesitamos un orden jurídico, litúrgico”, manifestó Duque Gómez. Agregó que la principal razón del incumplimiento de los derechos religiosos se da por la falta de comprensión a las culturas religiosas diferentes y dice que hace falta una mejor organización jurídica y social que beneficie a la libertad de cultos.

Sanagro, mes de Ramadán. Mezquita As-Salam. Cortesía de la fuente.

Por Kelly Marcela Álvarez Hurtado kelly.alvarezhu@amigo.edu.co

cación, capacitación y la defensa de comunidades vulnerables y de otros derechos fundamentales. Esas obras, de relevancia social, le La Constitución Política de Co- han valido un puesto consolidado lombia, promulgada en 1991, en en las comunidades, de tal manesu Artículo 19 garantizó la li- ra que es un rito asistir a misa los bertad de cultos y especificó que domingos. “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y Lo que dice la a difundirla en forma individual Iglesia Católica o colectiva” y que “todas las confesiones religiosas e iglesias son Consultada la Arquidiócesis de iguales ante la ley”. Esa normati- Medellín al respecto, el delegado vidad surgió a raíz de que la ve- arzobispal para las Comunicaciotusta Constitución de 1886 legal- nes, sacerdote Diego Alejandro mente solo reconocía el culto al Díaz Uribe, expresa que “por eso catolicismo apostólico y romano estamos en un debate constanen el país. te entre las empresas, el Estado y la religión misma y cada religión Después de 30 años, frente a la lleva adelante su propia lucha”; libertad de cultos, existen som- confirma que la religión católica bras difusas. Fue un sí, pero tam- apoya esta apertura a otros cultos bién un no. La modificación que y la iglesia está en capacidad de introdujo la Constitución fue de participar en el debate con su opihondo calado, pues significaba nión y entrar en consenso con las nada menos que la separación de otras tendencias religiosas. los poderes eclesiásticos de los del Estado. Sin embargo, ha sido muy difícil para los otros cultos conquistar adeptos, dada la tradición judeocristiana que caracteriza al pueblo colombiano, pues en los más apartados rincones del país hay una edificación que hace de parroquia y todavía, dentro de las exigencias ciudadanas, se solicita, vale más por lo que es como percomo documento, la partida de sona que por su aspecto físico, de acuerdo con sus declaraciones. bautizo.

Recordó que “la iglesia no tiene fines políticos; solo fines espirituales. De alguna manera, el hecho de que la iglesia no pueda asumir un cargo político y dominante frente al Estado se ve de manera positiva debido a que permite tener cierta libertad para acompañar los pro- Por su parte, los musulmanes cesos y la vida espiritual de las mantienen una lucha diaria para practicar su religión, pues en la personas”, recalcó Díaz Uribe. actualidad no son comprendidas algunas de sus costumbres reliLas luchas de giosas. Por ejemplo, los hombres otros cultos representan una figura de autoridad y de liderazgo, mientras que la A pesar de esa apertura de la Iglemujer juega un papel más educasia Católica, el resto de cultos debe tivo y religioso en la familia, con librar una batalla para ser visibles. el objetivo equilibrar lo espiritual Es el caso de la Iglesia Anglicana, y lo terrenal, según ellos. Aclaran que actualmente cuenta con 600 que están en constante búsqueda feligreses en Colombia. Sus predel bien y en abandono del mal; ceptos marcan diferencias con el procurando someterse a la voluncatolicismo, como el celibato y la tad de la palabra de Dios; las muotra, cuentan con mujeres obispas jeres utilizan el Hiyab (velo que y mujeres presbíteras. cubre la cabeza y el pecho) como Francisco Duque Gómez, obispo código de vestimenta femenina y y miembro del Comité de Justicia de aprendizaje para envolver su y Paz de la Comunión Anglicana y corazón y demostrar que la mujer

La lucha es constante; las mujeres musulmanas no son aceptadas en los trabajos con Hiyab; debemos explicar, con sabiduría, el significado de nuestras costumbres religiosas para que sean aceptadas y aun así en ocasiones son rechazadas.

En lo que respecta a Medellín y, de acuerdo con un dato suministrado por las fuentes consultadas, existen 354 parroquias legalmente constituidas, desde las cuales no solo se imparte la fe católica, sino que se realizan actividades que se conocen con el nombre de obras pastorales, donde incluyen edu-

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El Sheikh Mohamed Ragab Abdelmoatty Ali Matr, de la Mezquita As-Salam, en Medellín, manifiesta que la sociedad sigue cohibiendo algunas de sus costumbres. A las mujeres les niegan trabajo por el uso del Hiyab. “La lucha es constante; las mujeres musulmanas no son aceptadas en los trabajos con Hiyab; debemos expli-

car, con sabiduría, el significado de nuestras costumbres religiosas para que sean aceptadas y aun así en ocasiones son rechazadas. Esos derechos decretados en la Constitución del 1991 no son honrados”. Un musulmán que frecuenta la Mezquita, habló de otros “prejuicios” que se causa a la comunidad musulmana: “Se nos dificulta la acción de oración diaria en un ámbito laboral, nosotros debemos hacer cinco oraciones diarias y eso es algo que muchos descono-

cen. Hay mayorías religiosas que omiten el Articulo 19 a la libertad de cultos, desconociendo que nos rige un único Dios (Allah), y aquí en la Mezquita, todos son bienvenidos, no hay prejuicios”. Por lo anterior, frente a la libertad de cultos en Colombia, a pesar de los derechos constitucionales consagrados en la legislación, se puede aplicar aquel refrán popular, “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

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Acceso de población no oyente

a noticieros de televisión, inclusión a medias El día a día pone importantes retos a la televisión pública de Medellín y del departamento. No solamente debe asumir la labor de informar sobre todo, sino a todos. Democratizar el acceso a los contenidos informativos en el caso de la población no oyente es un propósito que hoy tiene mucho camino por recorrer. Por Lizbeth Eliana Rodríguez Jiménez Lizbeth.rodriguezji@amigo.edu.co Teleantioquia, el canal regional de los antioqueños fundado en 1985, y Telemedellín, el canal local de la ciudad con 24 años de trayectoria, representan el sentido de lo público en nuestra televisión, lo cual pone de manifiesto valores esenciales de la democracia como la participación, la cual no podría promoverse a plenitud sin un enfoque inclusivo. El acceso de la población no oyente a las franjas informativas de ambos medios es una discusión que bien vale la pena revisar. Con respecto a la implementación de lengua de señas en los noticieros, Andrés Felipe Gómez, coordinador de gestión y calidad de Teleantioquia, asegura que “el canal ha implementado este sistema de acceso en la última emisión del noticiero que se transmite de lunes a viernes a las Foto Juan Camilo Medina. 23:00 horas, y con el noticiero emisión central, los fines de semana a las 19:00 horas”. Por su parte, en Telemedellín, según Oscar Mario Correa, director del noticiero, “en la medida de lo posible, tenemos lenguaje de señas en la última emisión de noticias Telemedellín”. Lo que quiere decir que las personas con limitaciones auditivas tienen acceso parcial a los programas de carácter informativo.

La razón por la que las emisiones de programas informativos con traducción a lengua de señas son limitadas es porque, según Correa, “un intérprete de señas no puede estar más de media hora al aire, por el manejo de las manos, para poder entregar la información de una buena forma y de calidad”. Como consecuencia, se requerirían más intérpretes para emisiones de mayor duración.

ción veraz e imparcial, además de aquel que recuerda que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y gozarán de las mismas garantías, libertades y oportunidades. Sebastián Arenas es un joven de 24 años de edad, sordo de nacimiento, que asegura entender solo un 30% de español, por eso se le hace más urgente una comunicación mediada por la lengua de señas. Sobre los horarios en los que se emiten los noticieros siente que no tiene la libertad de escoger: “no es como que yo pueda decidir cuándo y cómo ver las noticias como lo hace una persona oyente, sino que me toca en ciertos horarios ya establecidos”.

La normativa es no incluyente

El problema de tener derechos De acuerdo con el censo 2018 del DANE, Antioquia tiene 5’974.788 habitantes, de los cuales, según el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, 17.868 personas presentan discapacidad auditiva. Esta población ve menoscabado su derecho constitucional a recibir informa-

De acuerdo con la normativa, la resolución 350 del 2016 de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, es una exigencia que los medios de comunicación televisivos implementen el sistema Closed Caption para la población con discapacidad auditiva. Sin embargo, hay un problema latente: no todas las personas sordas entienden el español. Según un estudio del Instituto Nacional para Sordos, se calcula que el 50% del total de las personas sordas es usuario de la lengua de señas como lengua materna y su segunda lengua es el español. Esto significa que su acceso, comprensión y apropiación

Según un estudio del Instituto Nacional para Sordos, se calcula que el 50% del total de las personas sordas es usuario de la lengua de señas como lengua materna y su segunda lengua es el español. del castellano escrito es limitado y parcial, es decir, se tiene que tener por lo menos un nivel básico de compresión de español para entender los subtítulos, de lo contrario la información no sería clara.

Las iniciativas Existen instituciones que defienden los derechos de las personas sordas, entre ellos el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, que según Helena Hernández, subdirectora de promoción y desarrollo, “han ejecutado tareas en pro de contribuir al derecho de acceso a la información en la televisión pública a favor de

las personas con discapacidad auditiva”. Por su parte, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, de acuerdo con José Antonio Leal Carvajal, director técnico, han realizado acciones de incidencia sociopolítica que “han permitido exigir el cumplimiento de las normas ante diferentes autoridades gubernamentales”, con el fin de lograr una comunicación incluyente en el departamento y el país. A pesar de todo, las acciones realizadas por parte de estas instituciones podrían no dar los frutos esperados si el problema no es intervenido de manera integral a través de estrategias conjuntas en las que participen las entidades

reguladoras, es decir el Estado mismo, y los medios de comunicación que, movidos por la responsabilidad social, logren espacios más incluyentes y participativos en procura de un enfoque más democrático. Un escenario ideal permitiría a la población no oyente acceder a contenidos informativos en mejores condiciones gracias a un mayor número de intérpretes en lengua de señas, de tal manera que la información, derecho consagrado en la carta magna de 1991, pueda fungir como un auténtico instrumento para la formación de identidades y valores, y contribuya al desarrollo individual, social y cultural.

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Sin servicios públicos dignos, los desconectados del bienestar

miembro del hogar beneficiado. “Son aproximadamente 270 mil personas las que se encuentran en el programa, y actualmente cuentan con cobertura del 97%”, asegura el funcionario. A propósito, el concejal Luis Bernardo Vélez reconoce que la atención está puesta en este programa, con el fin de bajar las cifras de desconectados de la ciudad, por lo menos, en el tema del agua.

Por María Camila Vásquez Restrepo maria.vasquezre@amigo.edu.co Es una realidad que en pleno siglo XXI, en la ciudad más innovadora, en el epicentro de múltiples eventos que disertan sobre tecnología, desarrollo y vanguardia, hay familias que no poseen garantías mínimas de subsistencia. Es el caso de más de 40.000 hogares, cuyas precarias condiciones de vida se manifiestan en el acceso nulo o parcializado a los servicios públicos domiciliarios. Son más de 40.000 familias que no habitan la eterna primavera que tanto se les prometió. La cifra es del concejal de Medellín Luis Bernardo Vélez. La mayoría de casos de desconectados a los servicios públicos se presentan en las comunas 1, 3, 7, 8, 13 y el corregimiento de San Cristóbal. El problema y sus matices, cuyos programas de solución o de medidas paliativas han avanzado lentamente de administración en administración, se expresan en la desconexión de agua potable, la ausencia de alcantarillado o la implementación de proyectos de mitigación temporal como la energía prepago o la garantía del mínimo vital de agua. Jhonier David Asprilla Díaz, habitante del barrio Santo Domingo parte alta, expone que la situación de desconectados de servicios públicos es habitual entre sus vecinos y que él mismo la padece. “No cuento con buen acueducto: el agua que nos llega la mayoría de veces se pone turbia; la luz es prepagada; no tenemos acceso al gas natural y la cuenta de servicios llega con cobros muy elevados”. Asprilla Díaz responsabiliza a la institucionalidad ante las anomalías en la prestación del servicio. “En parte sí es culpa de EPM, ya que la responsabilidad de velar porque contemos con todos los servicios es de ellos, y así poder tener calidad de vida; no es justificable que porque el barrio se encuentre en la periferia, por ser un territorio formado ilegal y marginado, no tenga acceso a los servicios públicos”. En la Ley 142 de 1994 se habla de la intervención del Estado en los servicios públicos con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio público y su disposición final, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de

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Habitante del barrio Olaya Herrera, sector El Hueco, comuna 7, quien padece la desconexión. Foto Michel Chávez.

los usuarios, así como de la atención permanente de la cobertura y de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

La normatividad, un obstáculo Uno de los argumentos de la falta de solución a esta problemática es que las viviendas tienen problemas administrativos y jurídicos para ser legalizadas, lo cual impide la conexión formal de los servicios públicos. Juan José García, funcionario de Empresas Públicas de Medellín, recalca que, debido a la reglamentación establecida, solo está autorizada la prestación del servicio en aquellos lugares que se encuentren dentro del perímetro urbano, con lo cual es posible establecer las condiciones para el suministro del servicio que desarrollará el urbanizador a través del diseño y la construcción de las redes secundarias o locales.

alcantarillado incumplen las viviendas que carecen de solución de aguas residuales y este es un requisito de norma que debe estar autorizado por la autoridad ambiental cuando no cuentan con cédula catastral.

El Mínimo de vida La Alcaldía de Medellín tiene dos programas disponibles para intervenir el problema de la desconexión. Conexiones por la Vida, que tiene como objetivo, según la oficialidad, brindar el acceso de servicios públicos con altos parámetros de calidad, mitigando el riesgo ambiental y de salud dentro del área del perímetro urbano; precisamente, en ese último elemento está el meollo: muchas viviendas, al no poder legalizarse, no resultan favorecidas con la iniciativa institucional, situación que sigue generando desigualdad social.

El Mínimo Vital de Agua Potable A propósito, el subsecretario de es otro de los programas de la Alservicios públicos de Medellín, caldía. De acuerdo con Jiménez Róger Jiménez Fernández, asegu- Fernández, la iniciativa brinda 2.5 ra que en el tema de acueducto y litros mensuales de agua por cada

Por otro lado, la Mesa Interbarrial de Medellín es una de las organizaciones que se ha encargado de velar por los afectados a causa de la desconexión. Javier Sánchez es uno de los integrantes de esta instancia de participación comunitaria y expresa que al buscar un apoyo de la Alcaldía y EPM su respuesta fue: “Estos procesos podrían durar muchos años”; por esta razón, decidieron comenzar este proyecto organizativo, con el fin de promover soluciones definitivas ante sus carencias. Tras varios años de lucha, la Mesa logró, por ejemplo, la construcción de un acueducto comunitario para el barrio El Faro, en la parte más alta de Golondrinas, una comunidad que limita con el sector de Llanaditas y el corregimiento de Santa Elena. Gracias a la modernización de las redes de acueducto, las familias de esta zona de la ciudad han logrado mitigar su necesidad de agua potable.

“No cuento con buen acueducto: el agua que nos llega la mayoría de veces se pone turbia; la luz es prepagada; no tenemos acceso al gas natural y la cuenta de servicios llega con cobros muy elevados”. La Constitución Política de 1991 entregó garantías a todos los ciudadanos colombianos. Fue precisa en el otorgamiento de derechos que sobrepasaron la discusión de los mínimos. Lo que llama hoy la atención, 30 años después, es que muchos en Colombia sueñan con esos mínimos que les permitan sobrevivir.

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Agresiones a la prensa y censura, un ataque a la libertad de decir

En plena conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, preocupan las agresiones y censura a la prensa, así como la imparcialidad de los medios en la difusión de la información. Por Diana Muñetón Aristizábal diana.munetonar@amigo.edu.co Siendo las 2:47 de la madrugada del 6 de mayo de 2021, tres periodistas de Loco Sapiens, medio alternativo de comunicación del interior del país, fueron atacados por agentes del ESMAD mientras cubrían una toma cultural artística en la zona rural de Sibaté - Cundinamarca. Dos de estos resultaron heridos debido a impactos de los perdigones, a pesar de que ellos alzaron los brazos y gritaron fuertemente que eran de la prensa. Los periodistas estaban identificados, tenían cascos marcados como “prensa” y portaban carnés del medio. Entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 2021, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FlIP, en el contexto de las manifestaciones sociales, se han registrado 115 agresiones a la prensa, entre ellas 42 ataques físicos, 12 obstrucciones y tres negaciones de acceso a la información. Estas se han concentrado en mayor medida en las siguientes zonas del país: 10, en Antioquia; 19, en Bogotá; 9, en el Valle del Cauca, y 4, en Risaralda, y Santander. La fuente también asegura que el 62% de estos hechos son atribuidos a la fuerza pública y autoridades oficiales.

Periodistas durante el cubrimiento del Paro nacional. Foto Fátima Martínez, Plaza Capital, U. del Rosario.

ciertos intereses. Guarnizo manifiesta que ha conocido casos de algunos colegas que han tenido presiones por parte de sus editores o directores al considerar que alguna información es contraproducente para los intereses del medio o de algún político. Recuerda, además, que cuando trabaA pesar de que el artículo 20 de la Constitu- jaba en El Colombiano, se sintió presionado ción Política de Colombia respalda el derecho por parte de uno de sus jefes, quien le indicó a la libertad de expresión, a informar y reci- publicar un artículo acomodado a la versión bir información veraz e imparcial, durante las del ICBF. Negarse a ese pedido le hizo sentir manifestaciones se registraron varios actos de acoso y presión, lo que finalmente lo llevó a abuso contra los periodistas que las cubrían. renunciar al medio a los pocos días. Según la FLIP, los últimos días de abril y los primeros de mayo revelan un nivel de vio- Una situación similar comparte el periodista lencia sin precedentes, así como el propósito Alexander Barajas Maldonado, quien es jefe inequívoco de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Adicionalmente, la violación a la libertad de prensa también se da desde el interior de los medios de comunicación. El manejo informativo que se ha dado a las manifestaciones se ha hecho desde la perspectiva del vandalismo, minimizando el sentido social de la protesta así como ocurrió en el 2019, como lo expuso la politóloga y docente Sandra Borda en el informe de la FLIP de ese año, al indicar que los medios de comunicación también intentaron abordar las protestas desde el daño a los bienes públicos, menoscabando el sentido social que ellas perseguían.

Censura, otro problema Pero no solamente preocupan las agresiones a la prensa. También la censura que sigue amenazando la libertad de expresión, un problema que no es exclusivo de los tiempos de convulsión social. José Guarnizo, uno de los fundadores del medio digital La Vorágine, manifiesta que, incluso desde dentro de las salas de redacción, existen censuras, presiones externas e indebidas para que no se traten ciertos temas en los artículos, ya que van en contra de

Recuerda, además, que cuando trabajaba en El Colombiano, se sintió presionado por parte de uno de sus jefes, quien le indicó publicar un artículo acomodado a la versión del ICBF. Negarse a ese pedido le hizo sentir acoso y presión, lo que finalmente lo llevó a renunciar al medio a los pocos días.

de redacción de El Informativo Aburrá Sur. En 1998, el comunicador realizó un artículo sobre reclamos ciudadanos en contra del Instituto de Seguros Sociales, principal anunciante del medio en el que trabajaba. Pese a que no recibió quejas por falta a la verdad, se le cuestionó por no publicar nada a favor de la entidad, lo cual, según el medio, se debió tener

en cuenta. Adicionalmente, manifiesta que la labor periodística también se ha visto afectada por la pauta publicitaria y las alianzas entre periodistas y diferentes entidades económicas y políticas que llevan a desprestigiar la profesión y no corresponden a los intereses de la sociedad. La censura en los medios llega a tales niveles que los periodistas prefieren evitar hablar al respecto. A pesar de que Sextante intentó contactar a varios reporteros para la realización de este artículo, algunos, aunque dispuestos, decidieron no responder preguntas directas relacionadas con censura. Incluso, uno de ellos afirmó que “de estos temas no se habla”. El 2020, pese al confinamiento, fue un año violento para los periodistas. Según la FLIP, fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019 y se presentaron dos asesinatos y despidos sin justa causa como es el caso de José Guarnizo, quien fue despedido de la revista Semana bajo el pretexto de la crisis que vive el sector, pero, en sus palabras, eso se dio “porque el medio ya no estaba interesado en hacer el tipo de periodismo que lo caracterizó”. Estas situaciones ocasionan la eliminación de la pluralidad y evitan una sociedad democrática, como lo indica el antropólogo Nicolás Muñetón al afirmar que la información sesgada refleja una sociedad mutilada, solo con una visión incompleta, sin los matices de la realidad colombiana. A 30 años de la Constitución Política de Colombia, hay otra promesa por cumplir. Aquella que sugiere el acceso a una información veraz e imparcial como un bien de interés público, derecho que no solo implica la acción del Estado, sino un profundo sentido de la democracia de parte de medios y el poder político económico.

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La acción de tutela,

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cuando tener derechos no es garantía

La Constitución Política de 1991 trajo grandes cambios al país. En Colombia existen ahora muchas normas y derechos que están siendo vulnerados, por tal motivo, los ciudadanos se ven obligados a acceder a la acción de tutela, una de las grandes conquistas, un logro que al tiempo demuestra un Estado social derecho en construcción. Por Valeria Ruiz Montoya valeria.ruizmo@amigo.edu.co La reforma constitucional de 1991 aparece en un momento crucial para la historia de Colombia, generando altas expectativas en cuanto a los derechos fundamentales, tener un Estado descentralizado y brindar escenarios de participación ciudadana. Este cambio ofreció muchas normas y mecanismos en pro del pueblo, como la acción de tutela, una de las grandes transformaciones en la cultura jurídica y política del país. Para Ramon Elejalde, abogado, especializado en Derecho Público y profesor de Derecho Constitucional General, la Constitución del 91 es rica y pródiga en consagrar derechos. A su consideración uno de los logros más importante es el nacimiento de la Corte Consti-

tucional de Colombia, la cual tiene el propósi- mente esos derechos. Para Elejalde, esta heto de velar por la integridad de la constitución rramienta es una de las grandes conquistas, y garantizar su cumplimiento. él menciona que: “La tutela acercó mucho la constitución al ciudadano. Antes, las constituLa reforma constitucional no solo se evidenció ciones enriquecían bibliotecas, pero nadie las en el planteamiento de derechos fundamenta- consultaba. Hoy es un elemento de consulta les, sino que además entregó mecanismos para permanente, porque cuando las personas ven requerir su protección. El más significativo es que vulneran sus derechos acuden a ella para la acción de tutela, establecido en el artículo saber qué hacer, cómo protegerlos y cómo exi86 de la Constitución Política, una herramien- girlos”. ta que pretende hacer valer lo que se escribió sobre el papel, pues permite que cualquier En Colombia, según un estudio de la Corte persona tenga a su disposición un instrumen- Constitucional, durante 2020 se interpusieron to ágil para denunciar los hechos arbitrarios o 256.312 acciones por presuntas violaciones a injustos que sufren de autoridades públicas o un derecho fundamental, en la mayoría de capersonas privadas. sos al derecho a la salud. Eunice Montoya Restrepo, es testigo de la falta de efectividad del La tutela es una figura que no existía en la Estado colombiano a la hora de cumplir este constitución de 1886 y actualmente le da la derecho fundamental. Ella accedió a la acción oportunidad al ciudadano de exigir judicial- de tutela en 2010 porque su padre José Iván Vallejo Lopera, de 65,, años sufrió una fractura y debía ser sometido a una cirugía llamada osteosíntesis de cadera. La EPS SaludCoop no les cubriría el procedimiento, porque llevaba solo 3 meses afiliado y por el alto costo de la cirugía ($10’000.000). Montoya interpuso la acción de tutela. A los 3 días el juez falló a su favor e inmediatamente le realizaron la operación a su padre. Solo tuvieron que pagar $100.000 por copago.

Fotoilustración Heidy Yaritza Pino.

Así como Eunice, según las estadísticas de la Corte Constitucional, en el periodo de 2019 a lo que lleva del 2021 se han reportado 293.824 tutelas al derecho demandado de salud. Se ha logrado mucho con este mecanismo, pero Juan Carlos Jaramillo Navarro, abogado de la Universidad del Magdalena, opina que: “Al pueblo Colombiano le hace falta más conocimiento dentro de su formación social y ciudadana, con relación a esos mecanismos que puede usar para defensa de sus derechos”.

La constitución dice que somos un Estado social de derecho, donde la dignidad humana es la base de todas las acciones del gobierno. Sin embargo, deja mucho que decir que una acción como la tutela, que debería ser extraordinaria y ser el último recurso de un ciudadano, sea el primero. Conquista con sabor agridulce

la Constitución están bien establecidas, en el ejercicio de su cumplimiento se quedan corLas personas tienen que acceder a la acción de tas. El cuestionamiento de su efectividad no tutela porque la constitución no se cumple por debe estar propiamente en lo escrito sobre el sí sola, necesita de autoridades que la ejecuten. papel, sino en la demagogia que pueda existir Natalia Giraldo Bernal, abogada de la Univer- en el país y el manejo que el gobierno y las desidad Autónoma Latinoamericana, menciona más entidades le den a lo que está establecido. que: “Se hizo una reforma constitucional, pero falta una reforma en el pensamiento. La cons- Ramón Elejalde considera que no existe detitución dice que somos un Estado social de magogia propiamente en la Constitución, derecho, donde la dignidad humana es la base porque fue un pacto bien intencionado, donde de todas las acciones del gobierno. Sin em- participaron todas las fuerzas vivas del país. Él bargo, deja mucho que decir que una acción afirma que: “Creer que las normas son las que como la tutela, que debería ser extraordina- van a cambiar la conducta de las personas ha ria y ser el último recurso de un ciudadano, sido un error, me parece utópico creer que al sea el primero”. Aunque las normas dentro de otro día de establecidos los derechos, el pue-

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blo colombiano iba a rendirle pleitesía a todos ellos”. Por otro lado, Juan Camilo Méndez, abogado litigante, menciona que la demagogia son las falsas promesas populares que son difíciles de cumplir y por lo tanto siempre estarán ligadas a la clase política, porque es una forma de alcanzar el poder. Por esta razón, el problema en Colombia no es un tema de normas, este es un país nutrido en ellas, pero es necesario que el ciudadano conozca la Constitución para que de esta forma pueda saber cuándo están siendo vulnerados sus derechos y así pueda garantizar su cumplimiento con la gran conquista de 1991, la acción de tutela.

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Paso a paso,

la comunidad LGBTIQ+, más visible

Por Robinson Rivera Herrera robinson.riverahe@amigo.edu.co

conquista dada años posteriores.

Una lucha por los derechos

Sentencia T-443/20, a favor de los derechos de José Manuel Echeverri Rodríguez, una acción de tutela contra la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez, de Sabaneta, debido a tratos discriminatorios por parte de los profesores y directivos, al catalogarlo en el sexo femenino, pese a que él se identifica en el sexo masculino e inició su transición a hombre trans en marzo de 2018. La decisión del alto tribunal obligó a las instituciones educativas a acom-

pañar a los estudiantes que estén en proceso de identificación de su La Corte Constitucional de Co- género, garantizando el derecho “Travesti de mierda” fue el trato lombia, el 14 de octubre de 2020, fundamental a la educación “en que recibió Big Emma, una mujer resolvió el caso expuesto en la relación con el libre desarrollo de trans, por parte de un grupo de auxiliares de la policía en el Metro de Medellín, el 25 julio de 2020. A esa expresión se le sumaron otros calificativos soeces y algunos golpes que vulneraron su integridad. Este episodio de vulneración de derechos sobrepasa lo anecdótico y revierte el argumento institucional del “caso aislado”, pues son hechos que se repiten en las calles de Medellín y que son el motivo de lucha de la comu- Conmemoración del 17 de mayo, día de la no LGBTIFOBIA. nidad LGBTIQ+. Foto cortesía de Gabriel Mompotes Colorado, miembro de la Mesa Diversa de la comuna 4.

“Saltemos por la ventana” fue el lema consigna que en 1982 inició esta historia de lucha, que a hoy, la comunidad LGBTIQ+ da por los derechos. Con el slogan “Ni delincuentes, ni antisociales, simplemente homosexuales”, en ese año, treinta hombres marcharon por las calles de Bogotá. Esta marcha fue un grito social que denunciaba el Código Penal vigente en el momento, la Ley 95 de 1936, en la que explícitamente, en el Artículo 324 decía: “El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 16 años un acto erótico-sexual, (…), está sujeto a la pena de seis meses a dos años de prisión. En la misma sanción incurren los que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera tituciones, porque “si no decimos que sea su edad”. nada, ellos no hacen nada”, es una forma de “hacer pedagogía” y que La Constitución Política de Co- las víctimas se sientan acompañalombia de 1991 salvaguarda los das, porque “no están solas”, dice derechos para la comunidad LGB- David Peña. TIQ+ en los Artículos 13. De esta manera, en el artículo 13, “todas Sergio Herrera Cadavid, coordilas personas (…) gozarán de los nador de gobierno y gestor de gamismos derechos, libertades y binete de la Alcaldía de Medellín oportunidades sin ninguna dis- en la comuna 4, cuenta que se vio criminación por razones de sexo, la necesidad de generar políticas raza, origen nacional o familiar, que atendieran las necesidades de lengua, religión, opinión política la población sexualmente diversa, o filosófica”. Cabe resaltar que, se de esta forma, se logró mediante menciona, “discriminación por el Acuerdo 8 de 2011, “la política razones de sexo”, no hace aclara- pública para el reconocimiento de ción a identidad de género, una la diversidad sexual e identidades

cuchados por el alcalde Daniel Quintero Calle, para exponer sus necesidades que no estaban siendo atendidas debidamente por la Secretaría de Inclusión. “Descentralizar una apuesta política y llevarla al territorio es una ganancia”, son las palabras de Patricia Llano Obando, la gerente que asume el rol y el reto de ayudar a diferenciar las dinámicas en los territorios, porque cada una de las letras: L G B T I Q +, tiene sus propias especificidades y contextos. La inclusión parte desde la tolerancia, Llano Obando está trabajando en un proceso de educación con los agentes de la Policía, para que el trato a las personas transla personalidad de las personas género sea con respeto, con su con sexualidad e identidad de gé- nombre identitario, “si es una chinero diversa”. ca trans, trátala como una chica trans”, cuenta David Peña García, Colores diversos en pie coordinador de la Mesa Diversa de la comuna 4. En septiembre de 2020, la Alcaldía de Medellín aprobó la crea- En los casos en que se vulneran o ción administrativa de la Geren- atropellan los derechos por una cia de las Diversidades Sexuales e sexualidad diversa, los colectivos Identidades de Género, tras una y mesas de activismo levantan púcita inicial en la Casa Barrientos blicamente su voz de protesta. De el 14 de febrero de 2020, las me- esa forma se ha logrado captar la sas y colectivos pidieron ser es- atención de las alcaldías y las ins-

La inclusión parte desde la tolerancia, Llano Obando está trabajando en un proceso de educación con los agentes de la Policía, para que el trato a las personas transgénero sea con respeto, con su nombre identitario, “si es una chica trans, trátala como una chica trans”. de género en las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín”.

comuna 3; en 2017, la Mesa Diversa de la Comuna 4, que hoy, cuenta con el apoyo de la emisora La Cuarta Estación, que transmite por streaming temas de interés Paso a paso, la comunidad di- para la comunidad. versa se hace más visible gracias al trabajo en conjunto que hacen Organizaciones de base e instilos colectivos, los coordinadores tucionalidad han trabajado para de gobierno y activistas. En 2007 concebir a la comunidad sexualse creó la Mesa Diversa en la co- mente diversa como un mundo de muna 8, establecida como perso- colores que le apunta a un concepna jurídica y reconocida por la to de interseccionalidad en donde lucha de las víctimas del conflic- el género, la orientación sexual y to armado, es el primer colectivo el contexto social se atiendan de sujeto de Reparación Colectiva manera integral. Aunque el camien Colombia. En 2014, se creó la no es largo, pues la visibilización Mesa Diversa Divergéneros de la plena es un derecho por construir.

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Los medios de comunicación

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comunitaria, por el derecho al cambio social

Por Margarita Castro Gaviria margarita.castroga@amigo.edu.co “Por ser un soñador es que sigo en pie de lucha por lo social, es la resistencia a permanecer con fe que esta política pública de medios en Medellín no cambiará las realidades, pero sí mejorará mucho todo lo que hemos avanzado”, manifiesta Johnatan Marín, director de la Corporación Interactuando con la 9, y representante de los medios digitales en el Comité de Política Pública de Medios Alternativos y Comunitarios. Por esa razón, se requiere hablar de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad (MAICC), quienes son los protagonistas de un proceso que se libra desde micrófonos, cámaras, y periódicos para difundir lo que los territorios tienen por contar, esa comunicación participativa en cambio social que aclama sostenibilidad social y que se garantice desde el Estado sin depender del gobierno.

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Los matices de la protesta social No pueden negarse estos tiempos de agitación y turbulencia. Las jornadas de movilización social, que se han desarrollado en Colombia desde el 28 de abril, han develado profundos contrastes que no se expresan solamente en el escenario multicultural de nuestro país, sino en la manifestación concreta de aquellas miradas que representan el afán por darnos un lugar en el mundo, lo cual, en situaciones de efervescencia social, sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Esta es una realidad de matices,

y es obligación del periodismo, y con mayor razón el universitario, describir ese panorama, crudo y violento en muchos casos, pero sublime y esperanzador en otros. En esta edición número 40, en la que reivindicamos la reflexión por los derechos en un contexto de garantías constitucionales, Sextante reserva su contraportada para plasmar una historia que se cuenta en una relación distinta: no son las palabras las que construyen

imágenes, sino las imágenes las que convocan al lenguaje. Esta es una ilustración de matices: el estallido de los perdigones, que enardece los ánimos de la turba; el clamor indígena, que brota de las entrañas de la tierra; la voz del joven, que se resiste a perecer; el lamento del campesino al ver morir su cosecha; la interpretación al unísono de los músicos en escena. Todos en una escala de grises, todos amalgamados bajo la misma realidad.

Foto Johan Andrés Maturana Asprilla.

número de medios los presentaba la Comuna emisora radial, la disputa se dio entre miem10, La Candelaria en el sector del Centro con bros de la SIJIN, Policía Nacional y parte de la Surgió bajo el Acuerdo Municipal 073 de 2013 un total de 24. comunidad. El Estado actuó, abruptamente, el donde se proporcionaron las directrices para martes 18 de agosto de 1998, mientras se trasla creación de la política pública de los me- Por consiguiente, la dinámica organizativa de mitía un programa, en vivo, cortaron la señal; dios (MAICC). Jaime López, especialista en los medios influyó en la creación de la polí- meses de recolectar dinero con rifas, sancomedios y política, explica que: “los alcances tica, ejerciendo el derecho a la comunicación chos o bazares se iban en insultos, y empujopresentados en la formación de medios loca- libre, y es un hecho histórico como lo vivido el nes con la autoridad. les en Medellín han hecho que la experiencia 4 de julio de 1991 donde se firmó en Colombia en la manera de convocarlos, agruparlos, y or- la nueva Constitución Política y ella consigna, Ese fue el origen de Ciudad en Estéreo hoy ganizarlos sea un proceso sui generis a nivel artículos relacionados a la comunicación y a llamada Zona Radio 88.4 FM, una de las emiadministrativo municipal, de hecho, no existe sus usos. Por ejemplo, el artículo 20 visibilizó soras comunitarias y que pertenece a la corotra clasificación así en todo el territorio na- la libertad de expresión y el acceso a informa- poración educativa y cultural Simón Bolívar cional”. Enfatizando, el decreto reglamenta- ción veraz e imparcial, y la de fundar medios, fundada 1980. María Josefa Restrepo, lidererio 2124 fue firmado en 2019, después de seis el artículo 64 señaló que es deber del Estado sa comunitaria, comenta que después de la años de expedido el Acuerdo, y solo el 27 de promover el acceso progresivo a la comunica- incautación de los primeros equipos, por suabril de 2021 se realizó el primer encuentro, ción y los artículos 75,76 y 77 legitimaron el puesta “señal ilegal”, iniciaron estrategias para de manera virtual, con los delegados para exa- espectro electromagnético como un bien púminar la agenda de trabajo con la actual admi- blico inajenable e imprescriptible sujeto a la nistración. gestión y control del Estado.

Política pública de medios

Para Johnatan Marín, la primera reunión no alcanzó el impacto que se aspiraba, y se omitió plantear las estrategias que servirían de apoyo para las acciones futuras, además sigue siendo una preocupación lo que para la alcaldía es el alcance de un medio comunitario. Queda por aclarar para Mónica Urrego, directora técnica de la Secretaría de Comunicaciones, uno de los desafíos con los que se han encontrado la administración es no saber cómo se clasifican los medios.

Por ello, César Tapias Hernández, sociólogo y docente universitario, manifiesta que, si bien los medios comunitarios no nacieron a raíz de la nueva Constitución Política, sí estableció como derecho una serie de reclamos que se venían tejiendo en los territorios y fundó las bases para su posterior reconocimiento. El principal esfuerzo de los medios con la política pública para Marcela Londoño Ríos, especialista en comunicación y política pública, quien dirige el periódico de la Corporación Mi Comuna 2, es hacer visible la dinámica barrial en la agenda pública: “No podemos perder el foco de lo que nosotros comunicamos; no somos una caja de resonancia de la administración municipal, no todos los temas de la alcaldía les interesan a nuestros territorios”. Ahora bien, los diálogos entre las comunidades y el Estado, que tiene victorias tácitas que pocos conocen; cómo la ocurrida en el barrio Kennedy, comuna 6 Doce de Octubre hace 23 años son una muestra.

Según el directorio de medios y procesos de comunicación comunitarios de la Alcaldía de Medellín en las 16 comunas y 5 corregimientos, existen 250 medios entre alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos (MAICC). Catalogados entre periódicos, revistas, canales de televisión, emisoras, páginas web. En el año 2006 se efectuó un diagnóstico similar de los medios alternativos y comunitarios elaborado por la alcaldía y Comfama, desde 1987 hasta el 2006. Para esa época se En contexto con lo anterior, un altercado ficontaba con 137 medios alternativos, el mayor nalizó en el decomiso de los equipos de su

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Si bien los medios comunitarios no nacieron a raíz de la nueva Constitución Política, sí estableció como derecho una serie de reclamos que se venían tejiendo en los territorios y fundó las bases para su posterior reconocimiento.

tener una emisora itinerante; luego vinieron intercambios de cartas con el llamado, otrora, Ministerio de Telecomunicaciones. Paradójicamente, el principio de una de las emisoras comunitarias es analógico con muchos otros medios que surgieron en la ciudad, conquistas colectivas que se dan cuando la unidad les permite ser portavoces de la sociedad ¿qué es un medio comunitario sino el reflejo mismo de la participación ciudadana y la construcción de democracia? Ilustración Brandon Stiven Mazo Santa.

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Edición 40  

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