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Revista Cooperamos | 5

Contenido CONSEJO EDITORIAL Gabriela Rosero Iván Almeida Carolina Viola María Augusta Salas

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EDITORIAL

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OPINIÓN ¿Geografías de dis(ex)tracción de esperanza?

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ENFOQUE Casa Adentro: Frontera Norte: “Se debe mudar la mirada de los cooperantes de securitización hacia una que mira al ser humano”

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Casa Afuera: “La comunidad internacional está en deuda con el país en materia de refugio”

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COOPERACIÓN EN CIFRAS Diagnóstico de la cooperación y resultados preliminares de la evaluación en Frontera Norte

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IMPACTOS Nacionalidad Waorani: entre el Etnicidio y el desarrollo sustentable

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FOTOGRAFÍA Julianne A. Hazlewood

A FONDO Cooperación internacional, seguridad nacional, narcotráfico y Frontera Norte: una relación compleja

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DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Lápiz y Papel www.lapizypapel.ec

Experiencias y perspectivas desde organizaciones de la sociedad civil acerca de la Frontera Norte

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RECUENTO Y AGENDA

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ANÁLISIS Género y desarrollo en la zona de Frontera Norte

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VOCES DEL SUR Fortaleciendo las relaciones de cooperación entre el Salvador y Ecuador

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VISOR

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DIRECTORA Carolina Viola EDITORA María Augusta Salas COORDINACIÓN GENERAL Unidad de Comunicación SETECI

IMPRESIÓN Soboc Grafic Todos los derechos reservados. Ninguno de los artículos de esta revista pueden ser reproducidos, almacenados, o transmitidos total o parcialmente, a través de cualquier medio, sin la expresa autorización de la SETECI.

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A LOS LECTORES

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A los lectores | 6

Cooperación y desarrollo en Frontera Norte Por: Carolina Viola Análisis, reflexión y acción de la cooperación internacional es la línea editorial de COOPERAMOS. Su objetivo es fomentar el debate profundo, crítico e informado sobre la temática en Ecuador. Sus lectores encontrarán el punto de inflexión entre la gestión y la producción teórica, a través de análisis que contribuyan a la reflexión sobre el rol de la cooperación internacional en el desarrollo. En esta ocasión, el tema que nos convoca es “Cooperación y desarrollo en Frontera Norte”. La Frontera Norte ecuatoriana ha sido históricamente un territorio destinado a la extracción violenta de recursos naturales, donde el Estado ha tenido poca o ninguna presencia. Durante la dominación colonial se extraía madera y minerales preciosos y destinados al mercado europeo; después, pasó a la explotación desmedida de madera por parte de grupos económicos locales aliados al poder empresarial internacional; posteriormente, durante la época neoliberal, se dio paso a los cultivos de palma africana que iniciaron por ocupar los terrenos deforestados durante el periodo de extracción anterior, y que posteriormente fueron invadiendo, a través del uso de la violencia y el engaño, territorios indígenas y comunitarios de los pueblos afroecuatorianos, agudizando ulteriormente la pobreza y la marginación de la población fronteriza. Ante los procesos de desposesión del cual es víctima esta población, se construyen estrategias de resistencia para la defensa de sus derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, construyendo “geografías de esperanza” como señala Julianne A. Hazlewood. Analizar los impactos de la cooperación en frontera demanda una reflexión sobre las consecuencias del decenal conflicto colombiano y las amenazas para la seguridad nacional, regional y hemisférica. Esta situación ha llevado a la progresiva securitización de la cooperación internacional en Frontera Norte, como señala Carla Álvarez, dejando de lado las intervenciones enfocadas al desarrollo de la población. Una adecuada inserción económica y social de los pueblos en frontera constituye uno de los elementos principales para garantizar la seguridad. La superación de la

condición de pobreza y exclusión, permite una mayor impermeabilización de la población fronteriza al conflicto y a las actividades ilegales que caracterizan el territorio debido a su posición geoestratégica. Una de las consecuencias más dramáticas del conflicto colombiano, es el flujo de desplazados que llegan al Ecuador. Luis Varese, representante de ACNUR en Ecuador analiza los avances y límites de la aplicación de la política de refugio en el país. La presión del conflicto agudiza la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas mujeres, niños y niñas, principales víctimas civiles de los conflictos armados, más aún cuando éstas se encuentran en situación de desplazamiento, amenazadas por las redes de trata y tráfico de seres humanos, así como por situaciones de violencia, dentro y fuera de sus familias. Sobre esta situación nos alerta Elizabeth Arauz, en el artículo “Género y desarrollo en la zona de Frontera Norte”. En este contexto, Gabriela Rosero nos señala la importancia de avanzar hacia estrategias articuladas para la cooperación internacional en el territorio, enfocadas al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado central, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que puedan asumir el difícil reto que han asumido. Estas intervenciones deberán resguardar las características culturales de las poblaciones, respetando sus sistemas de creencias y organización social, evitando que se traduzcan en homologación cultural a sistemas de creencias extraños, que alteren las características culturales de los pueblos y nacionalidades. Esto implica un reto, tanto para el Ecuador, como para nuestros socios del desarrollo: contribuir a que la población fronteriza desarrolle su propuesta de construcción del buen vivir, desde sus especificidades culturales y territoriales, que hacen de la Frontera Norte un patrimonio invaluable para el Estado ecuatoriano. Recordando hoy, que “Nuestro Norte es el Sur”, les deseamos ¡buena lectura!


Editorial | 7

Hacia la articulación de una política de

cooperación para la Frontera Norte Por: Gabriela Rosero|Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) A pesar de la difícil situación de pobreza y exclusión, consecuencia de décadas de abandono, la Frontera Norte constituye una fuente importante de riqueza ligada a la concentración de biodiversidad y recursos naturales.

Desde el 2002, la cooperación internacional ha incrementando el flujo de recursos hacia la Frontera Norte. La difícil situación determinada por la regionalización del conflicto colombiano, así como la ausencia de instituciones en grado de coordinar las intervenciones territoriales en función de los planes y objetivos de desarrollo nacional, determinó que la cooperación asumiera el rol coordinador de las acciones, en parte como respuesta a un compromiso internacional pero con una fuerte dispersión y duplicidad de acciones, que han minado las posibilidades de generar impactos coherentes con los recursos invertidos.

La presencia de recursos naturales que conviven con la biodiversidad y los territorios ancestrales de las nacionalidades indígenas y pueblos afro ecuatorianos hacen de este un territorio con un gran potencial. Los intereses contrapuestos del Estado, los pueblos y nacionalidades, las industrias extractivas, la agroindustria y las redes de criminalidad, se encuentran y confrontan. Esta condición estructural hace que el territorio sea estratégico y a su vez sensible, siendo necesaria una presencia fuerte del Estado para salvaguardar los recursos que este territorio encierra, así como la seguridad humana, desde un enfoque de justicia intergeneracional y de soberanía integral.

Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Estado ha buscado un cambio en la visión de desarrollo en Frontera Norte, con la intención de dar un giro al enfoque securitista de la cooperación en la región y en este territorio específico, introduciendo una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria, sobre la base de los derechos humanos, la tutela de los recursos naturales y la superación de la extrema pobreza.

El decenal conflicto que aflige a Colombia se traduce en flujos constantes de desplazados. El Ecuador reconoce el principio de movilidad universal, destacándose a nivel regional y mundial por las políticas de solidaridad y respeto por los derechos humanos, que han caracterizado su respuesta al problema del desplazamiento forzado en general. Hablar de la problemática fronteriza nos obliga a evidenciar la alta vulnerabilidad de mujeres, niños y niñas. La situación de desprotección que caracteriza a la población ha hecho de éste un territorio idóneo para la trata y tráfico de seres humanos, así como para un aumento de la violencia contra mujeres y niñas, principales víctimas civiles de los conflictos armados.

En este contexto se inserta el accionar de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. La dificultad y los escasos impactos de las intervenciones de cooperación en la Frontera Norte demandan la definición de una política dinámica y creativa de cooperación soberana y digna, enfocada a contribuir a las estrategias nacionales de desarrollo integral de la población fronteriza, fortaleciendo el rol del Estado y sus instituciones en el territorio. Este desafío implica, también, avanzar hacia la racionalización de las intervenciones de la cooperación en la frontera, generando mayores sinergias y complementariedades, contribuyendo a una gestión territorial que fortalezca el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus capacidades técnicas y administrativas, en la implementación de los fondos de cooperación internacional y aportando eficientemente a la construcción del Buen Vivir en la Frontera Norte del Ecuador. Gabriela Rosero SECRETARIA TÉCNICA


Opinión | 8

¿Geografías de dis(ex)tracción* de esperanza? Por: Julianne A. Hazlewood.*

En 2007, un grupo de traficantes de tierras acudieron a la Ministra de Ambiente para reclamar su territorio ancestral dentro del territorio Awá. Ella tomó la decisión que un sexto de territorio Awá (117.000 has) debe estar bajo de un plan de “co-manejo”. Setecientos Awá marcharon 108 km desde Ibarra a Quito para defender su territorio y tuvieron éxito. Líderes de la CONAIE, CONAICE, otras naciones y pueblos indígenas acompañaron las marchas. Estas redes plurinacionales, interculturales y momentos de “paz-con-justicia” forman la substancia de las geografías de esperanza inter-isla.

U

n país de extremos, desde las cumbres del Chimborazo hasta las selvas de la Costa y Amazonia, de una economía dependiente del petróleo a la propuesta Yasuní-ITT, Ecuador toma el timón para navegar hacia una economía post-extractivista.

El post-extractivismo está basado en la soberanía energética, alimentaria y en el desarrollo de fuentes de energía renovables. En este contexto, es vital investigar si el desarrollo de biocombustibles en la Frontera Noroccidental del Territorio-región del Pacífico Ecuatoriano es

* Ph.D. en Geografía, Universidad de Kentucky; máster en Estudios Latino Americanos por la Universidad de Florida; investigadora de ecología política; profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Irlanda, investigadora de poblaciones indígenas y afrodescendientes en Ecuador desde 1997. * Distracción para la extracción.


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COLOMBIA

COLOMBIA

Gráfico | Cambio de uso de suelo y cobertura vegetal

La Chiquita La Chiquita

Guadualito

La Ceiba

Área de estudio 1998 (modificado de Cárdenas 2007 EcoCiencia - 2007)

Guadualito

La Ceiba

Área de estudio 2007 (modificado de Bernis y Cárdenas 2007 EcoCiencia)

Plantaciones de palma aceitera

compatible con un desarrollo post-extractivista o contribuye a una “geografía de dis(ex)tracción”. También, es crucial inquirir sobre el papel de las prácticas de vida agro-ecológicas y culturales, y la formación de redes pluri-culturales de etnias dentro de este territorio-región, donde se multiplican los paisajes de bosques caídos y ríos envenenados, la multiplicación de los conflictos sociales en medio de un mar de palma aceitera. Contemporáneamente, el pueblo afroecuatoriano y las nacionalidades Chachi y Awá construyen "geografías de la esperanza" (Harvey 2000), que señalan alternativas hacía una economía post-extractivista. Con la aprobación de la Constitución del 2008, el pueblo ecuatoriano optó por una nueva ruta de desarrollo. Ahora, el país forma parte de “los loci de enunciación” (Mignolo 2005) de un paradigma nuevo para enfrentar la crisis socio-económica y ambiental global. Ecuador y el mundo celebran la potencialidad de la propuesta, que se enmarca en tres pilares innovadores: el régimen del sumak kawsay (buen vivir), los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad. Estos tres componentes se implementan dentro de un todo, uno no tiene sentido sin los otros dos (Acosta y Martínez 2009). El buen vivir depende de relaciones armónicas y esencialmente étnicas con la naturaleza, implica autodeterminación y

soberanía dentro de cada territorio ancestral, según la sabiduría, cosmovisiones y prácticas culturales de cada etnicidad. El buen vivir demanda una visión y práctica alternativa de desarrollo. Supera la extracción de recursos naturales, busca el respeto de la diversidad, la sostenibilidad y longevidad de los seres humanos y otros-de-humanos en cada ecosistema. El buen vivir exige un desarrollo post-extractivista. El desarrollo post-extractivista reconoce el daño ambiental que ha causado el modelo extractivista de desarrollo (Gudynas 2011). La sostenibilidad no puede debatirse fuera de consideraciones sobre el cambio climático; el post-extractivismo se conceptualiza como una articulación ‘natural’ de la mitigación del cambio climático. Combatir la pobreza y los efectos negativos del cambio climático son prioridades del Estado. El problema está en conjugar los conceptos de buen vivir, post-extractivismo, y las estrategias mercantiles de mitigación —como los biocombustibles— sin perder el ‘camino’ verde de desarrollo y las interpretaciones pluriculturales sobre estos conceptos. Ahora, haremos un zoom en la frontera noroccidente del Ecuador, en el cantón San Lorenzo, donde los biocombustibles como estrategia de mitigación del cambio climático se desarrollan con fuerza.


Opinión | 10

Con la carretera Ibarra-San Lorenzo, terminada en 1998, se da paso al desarrollo de alternativas a los combustibles fósiles fomentando la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Hoy, más de 22.200 has de palma reemplazan bosques primarios y secundarios. Solo en San Lorenzo, el área de plantaciones de palma aumentó ochenta veces (de 276 has en 1998 a 22.519 has en 2007), con un incremento medio anual de 894,40% (Cárdenas et al. 2007). Estas geografías violentas de biocombustibles rodean e infringen territorios ancestrales de las comunidades en la frontera (García 2007). Los paisajes y la vida de la gente de San Lorenzo se han transformado drásticamente con la expansión de las plantaciones. Detrás del monocultivo se esconden redes de lavado de dinero, narcotráfico y la presencia de paramilitares (Ariel Ávila en El Comercio 2011) que forman mafias de sicarios a sueldo, haciendo de la expansión violenta de las plantaciones “un crimen contra la naturaleza y la humanidad” (Oslender et al. 2010). La presencia de grupos irregulares, incluyendo las FARC y ELN, exacerba la lucha por la sobrevivencia de las comunidades. Aislados y confinados en sus territorios —como islas en un mar de palma aceitera— se ven presionados por los intereses del gran capital involucrado en la expansión de las plantaciones. Hay cuatro efectos negativos en este proceso: 1) la deforestación y reducción de la biodiversidad; 2) la contaminación del agua y sus efectos en la salud; 3) la desposesión de territorios, desplazamientos y conflictos sociales; y 4) violaciones de los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. Contemporáneamente, las comunidades mantienen y construyen geografías de esperanza en defensa de sus derechos constitucionales: plurinacionalidad, derechos de la naturaleza y buen vivir. Estas geografías están constituidas por la distribución espacial de recursos entre los territorios afrodescendientes, Chachi y Awá, transverzalizadas por prácticas culturales que abren posibilidades de justicia socio ambiental y de paz. Estas geografías abarcan procesos que Escobar (2008:17) llama “paz con justicia”: potencialidades de buen vivir por los cuales se lucha, permitiendo ajustes y flexibilidad, por el carácter siempre cambiante y de aprendizaje constante de estos procesos (Gudynas 2011). Existen prácticas intra-islas que promueven medios de subsistencia culturalmente distintos y sustentables, los cuales están enfocados a aumentar la diversidad agro-ecológica en sus territorios, mantener redes colaborativas y promover la soberanía alimentaria y el respeto de los conocimientos ancestrales. También

hay geografías de esperanza inter-islas, o redes plurinacionales e inter étnicas entre territorios aislados, que les ayudan a defender sus derechos contra las estrategias coloniales de la agroindustria. Las políticas de expansión de la palma como estrategia de mitigación del cambio climático devastan el medio ambiente y despojan a la gente de sus territorios; violan los derechos del buen vivir, plurinacionalidad, y de la Naturaleza, en la línea del business as usual. Los biocombustibles se estructuran como geografías de dis(ex)tracción. Las geografías de esperanza, en cambio, se fundan en garantizar a las comunidades ancestrales del Territorio-región del Pacífico Ecuatoriano seguridad para desarrollar sus ‘planes de vida’, o visiones pluriculturales del buen vivir y contribuir en propuestas hacía el post-extractivismo, para construir ‘otros mundos’donde el buen vivir esté en el co(n) razón de nuestras geografías humanas.

Bibliografía

Acosta, A. and E. Martínez (Eds.). 2009. El Buen Vivir: una Vía para Desarrollo. Quito: Abya Yala.

Bernis, V. y A. Cárdenas. 2007. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo de San Lorenzo y Eloy Alfaro 2007. Quito: EcoCiencia,Unidad de Geografía.

Cárdenas, A. 2007.Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo de San Lorenzo y Eloy Alfaro 1998.Quito: EcoCiencia,Unidad de Geografía.

Cárdenas, A. et al. 2007.Corredor de Conservación ChocóManabí:Diseño de Sistema de Monitoreo Socioambiental “Simsa”. Quito: CEMP, CIEBREG, CIPAV.

Escobar, A. 2008. Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes. Durham: Duke University Press.

García, J. 2007. Territorios Ancestrales, Identidad y Palma: una Lectura desde las Comunidades Afroecuatorianas. Quito: Altrópico.

Gudynas, E. 2011. Alcances y Contenidos de las Transiciones al Post-extractivismo. Ecuador Debate. Pp. 61-79.

Harvey, D. 2000.Spaces of Hope.Edinburg: Edinburgh University Press.

Mignolo, W. 2005. The Idea of Latin America. Malden: Blackwell Publishing.

Oslender, U. et al. 2010. Sustained Poisonous Fumigations in the Area around Guapi, Costa Caucana—Your Crime against Humanity and Biodiversity. Letter to Colombian president and Colombian Embassy in United Kingdom.


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Frontera Norte:

“Se debe mudar la mirada de los cooperantes de securitización hacia una que mira al ser humano” Entrevista a Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. riales. Hay una mirada y un desafío de construcción de una política pública para esta zona que nos demanda una mejor articulación con la cooperación, así como también ir de la mano de los gobiernos autónomos descentralizados en el territorio.

¿Cuáles son los principales cooperantes en esta zona y cuál ha sido su incidencia en el desarrollo local?

En el territorio de Frontera Norte se ha identificado una fuerte proyección de recursos ambientales y una riqueza étnica diversa, pero también el abandono del Estado por años. ¿Hacia dónde apunta la visión y planificación del Estado en materia de cooperación en esta zona?

C

omo bien se menciona, por mucho tiempo faltó una orientación y una visión estratégica de lo que queríamos como país y como territorios, es por esto que la cooperación en el país asumió un rol de coordinador e implementador de las acciones en ausencia del Estado. Esta situación ha cambiado, desde el 2007, hay un Planificación Nacional, un Plan Nacional Para el Buen vivir; se están construyendo planes territo-

A diferencia de años anteriores donde no se tenía información, para planificar y determinar acciones en un territorio, hoy contamos con información clara y precisa —tema clave, para orientar el trabajo—. ¿Qué es lo que se ha visto durante el período 2007-2010? Esta zona ha recibido alrededor de 156 millones de recursos de cooperación no reembolsable desde diferentes modalidades: bilateral oficial, de organismos internacionales, cooperación recibida desde y a través de organizaciones no gubernamentales internacionales, pero también de una modalidad en específico que ha concentrado su cooperación en la zona, los canjes de deuda, especialmente de España e Italia; sin embargo, sabemos que existen otros mecanismos no necesariamente reconocidos como cooperación internacional, que están llegando a Frontera Norte, vinculados con la presencia de inversión extranjera de transnacionales, es decir, los flujos de recursos que vienen al país a través de la responsabilidad social corporativa.

¿Cómo se han distribuido los recursos de cooperación en las provincias de la zona? Esmeraldas es una de las provincias que mayor cooperación ha recibido durante este período, con el 46%; Sucumbíos con el 27%. Entre los principales cooperantes están: Estados Unidos, a través de su agencia USAID;


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el sistema de Naciones Unidas mediante sus diferentes agencias; España por medio del canje de deuda y cooperación bilateral; y la Comunidad Europea, con un proyecto específico de accionar para todo este territorio, el cual se ha comenzado a implementar en este año. Si hablamos de organizaciones no gubernamentales internacionales reconocemos la presencia de españolas, italianas, y norteamericanas, mayoritariamente, las cuales han cooperado con alrededor de 15.12 millones de dólares. Es importante mencionar que durante este período hubo desde el Estado ecuatoriano —gobierno central— una priorización de la zona, considerándola como estratégica, sensible no solamente para la inversión pública nacional; sino también para la cooperación y es lo que vemos reflejado en los datos que se han presentado en cuanto a la participación de los cooperantes en montos y en proyectos en este territorio.

¿Cuáles deberían ser los aportes desde la cooperación internacional a la política binacional que se ha establecido en Frontera? En primer lugar, el Ecuador debe definir el tipo de cooperación que queremos para Frontera Norte, considerando que se trata de un territorio sensible y conflictivo, sobre el que se ejerce una gran presión como consecuencia de la regionalización del conflicto que aflige al pueblo de Colombia, esta situación ha mermado las potencialidades y las posibilidades de esa ciudadanía. En segundo lugar, debe verse en su contexto binacional, un espacio compartido que tenemos con la frontera sur colombiana, explorando mecanismos conjuntos que generen complementariedades que permitan un desarrollo armónico de ambos lados del cordón fronterizo. En las cuatro provincias de la franja fronteriza existe el accionar de Plan Ecuador como una respuesta del Gobierno Central en la zona, asimismo los diferentes ministerios y gobiernos autónomos descentralizados con presencia en este territorio. En este conjunto de actores debemos ver cómo provocamos una cooperación más ordenada, de mayor impacto y más eficiente.

¿Cuáles son las características de la zona que debe considerar la cooperación? Se trata de territorios ancestrales, zona rica en recursos naturales, biodiversidad, con nacionalidades indígenas y pueblos afro. Además, con una vulnerabilidad en especial para mujeres, niñas y niños. La respuesta desde la cooperación debe reparar sobre todos esos actores y en especial en aquellos que han estado invisibilizados. Debemos generar mayores sinergias y complementariedades para que la cooperación contribuya a una gestión desde los territorios, contemplar sus necesidades; y acoger sus planificaciones. Esto, a su vez, reforzaría las capacidades de planificación, de gestión técnica y financiera de los territorios. Se trata de apostar verdaderamente por fortalecer las capacidades y el talento humano, con lo cual además, se generan procesos de sostenibilidad en los territorios.

Respecto al tema de refugiados en la zona ¿cuáles serían las consideraciones que debería hacer la cooperación? La cooperación debe tener una especial orientación cuando hablamos de la presencia de refugiados y de situaciones de ayuda humanitaria, pues ahí cruzan también otros elementos que no son solamente los que vemos desde la cooperación al desarrollo, que potencia los territorios; sino que contemple el contexto humanitario desde un enfoque de derechos humanos, de seguridad ciudadana, que no solamente permita un empleo digno a los habitantes de esta zona, sino que también tengan las condiciones humanas para llevar adelante sus actividades diarias. De manera especial, deberían considerar las estrategias de intervención de la cooperación cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia, de mujeres que han sido sujetas de trata y tráfico sexual, explotación sexual, no solamente de mujeres, sino también de niños y niñas. Esta situación se agrava cuando estas mujeres, niños y niñas son también desplazados.


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¿Qué espacios de diálogo se han generado desde la Secretaría con los cooperantes para la intervención en Frontera Norte? Se busca establecer un antes y un después en cuanto a la cooperación que el Gobierno de la Revolución Ciudadana quiere para esta zona. Buscamos cambiar la mirada desde la cooperación y desde los cooperantes, que no solamente se enfoque en los temas de seguridad, pues como mencioné anteriormente hay otros problemas. Hablamos de contemplar que la cooperación sirva para generar otros mecanismos para articular la vida de la población con una ciudadanía más integral, como por ejemplo, propender a la seguridad alimentaria en la zona, entre otras. Se trata de mudar la mirada de los cooperantes de que éste es un territorio parche, que se debe securitizar, hacia una cooperación al desarrollo que debe mirar al ser humano inmerso en el ambiente del que es parte, en sus relaciones entre pueblos y de los pueblos con el ambiente, que es también su fuente de vida; abordar el desarrollo desde una visión integral. Más allá de la seguridad también hay elementos necesarios para que el ciudadano tenga una vida digna en ese territorio.

¿Al momento, cuáles mecanismos se han usado para generar espacios de interlocución entre quienes gestionan la cooperación en la zona? En el marco de los esfuerzos que la Secretaría lleva adelante para articular mejor la cooperación, armonizarla y crear sinergias, se han establecido algunas mesas de cooperación, como espacios de diálogo entre los cooperantes y los rectores de política pública. En este año se realizó la Mesa de Frontera Norte con el objetivo de coordinar las diferentes acciones que desde el Gobierno Central se impulsan para ejecutar programas en Frontera Norte. Por ello, se buscó que los cooperantes conozcan sobre el accionar de Plan Ecuador, sobre la planificación y los proyectos estratégicos del Gobierno Central en esta zona, a través de la presencia de la Secretaría Nacional de Planificación en su Regional 1. En esta mesa participaron

un sinnúmero de representantes de la cooperación oficial bilateral y multilateral. Se pasó revista de lo que ha sido la cooperación en estos últimos años, como primer paso para establecer una estrategia para la zona; también se hicieron presentaciones prospectivas territoriales. Éste ha sido uno de los espacios, pero no el único. Hemos impulsado un proceso de evaluación de lo que ha sido la cooperación para esta zona en específico, así como para otras. Con estos elementos e insumos buscamos plantear el año que viene una política puntual para la intervención de la cooperación en Frontera Norte, que establezca lo que queremos de ella como complemento de esta visión endógena de desarrollo.


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“La comunidad internacional

está en deuda con el país en materia de refugio” Entrevista a Luis Varese (13 de octubre de 2011) Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador.

¿Cómo mira ACNUR la política de refugio implementada por Ecuador frente a las experiencias de otros países del continente? Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que en su Constitución a partir del 2008, —Art. 40, 41 y 42— reconoce el derecho de solicitar y recibir asilo y refugio. Históricamente el Estado ecuatoriano es receptor de refugiados. En los 60, por ejemplo, con la dictadura del Cono Sur, Ecuador tenía más de 100 mil refugiados chilenos, uruguayos, argentinos. El Gobierno ha sido respetuoso de los tratados internacionales y hoy es el país que tiene el número más alto de refugiados colombianos en el mundo, como resultado de su política.

¿Cuál es la corresponsabilidad de ACNUR y la comunidad internacional con las políticas de refugio implementadas por el Estado ecuatoriano? En su visita a Ecuador, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dijo que la comunidad internacional está en deuda con el país en esta materia. La respuesta de ésta no ha sido equivalente a la dada por el Estado ecuatoriano a través de la protección a los refugiados. ACNUR es una agencia humanitaria, no de cooperación, que trabaja en situaciones de emergencia; sin embargo, la agencia de Naciones Unidas tiene el monto más alto de inversión en la Frontera Norte (FN). ACNUR invierte aproximadamente 6 millones de dólares por año en proyectos para la FN, que incluyen asistencia directa a los refugiados, quienes mayoritariamente viven en pobreza extrema; 5 millones en pequeñas obras de infraestructura coordinadas con el Estado a nivel local o nacional en educación, salud, transporte y mejoramiento de la producción. Los últimos 4 años, invirtió en prome-

dio 14 millones de dólares en esta zona. Plan Ecuador tiene un papel, la comunidad internacional tiene el suyo, la coordinación con el Estado tiene otro. Un tema que siempre preocupa es el gobierno y su decisión, eso es una cosa, y que el Estado tenga la capacidad de coordinación, es otra. Esto es un reto a resolver. Creo que la experiencia de Naciones Unidas tiene muchas cosas que contribuir al respecto.


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¿Cuánto contribuye en términos reales el marco de las políticas de refugio impulsadas por Ecuador a la gestión en Frontera Norte? Desafortunadamente, pocas agencias han aprovechado este marco que permite actuar en beneficio de los refugiados y la población que los recibe. Solo desde el año pasado, hay otras agencias aparte del ACNUR interesadas en el tema. ACNUR trabaja con apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los proyectos nunca favorecen solo al o la refugiada. Por ejemplo, el fortalecimiento del sistema de agua potable en San Lorenzo es para la comunidad, asimismo proyectos de salud, educación. El tema del refugio no ha sido ni es un espacio suficientemente explotado, en el buen sentido, por las agencias de la comunidad internacional. Pero el Estado ecuatoriano también debe batallar en destacar la necesidad frente a la comunidad internacional. ACNUR es una agencia humanitaria que trabaja para la situación de emergencia, pero hay agencias de desarrollo con programas de mediano y largo plazo, que pueden incluir a la comunidad y el tema humanitario en sus proyectos. En las conversaciones binacionales del año pasado, Senplades incluyó el tema de desplazamiento forzado en los programas de desarrollo. Un país de 14 millones de habitantes, de los cuales al menos 100 mil son víctimas del desplazamiento forzado, debe incluir en su planificación estatal a esta población.

Más allá de este proceso de consolidación del Estado, ¿qué cambios abre el marco que ofrece la Constitución de 2008 en el tema refugiados? Desde el 2008 a la fecha, la diferencia es abismal. En el 2008 tomaba 7 horas y media llegar a Lago Agrio por tierra, hoy toma 4 horas. El apoyo a los municipios es notable, en estos últimos cuatro años se ve la diferencia de ciudades que eran abandonadas como Lago Agrio y San Lorenzo. Hay alcaldes con más iniciativa, sin duda, pero evidentemente hay un respaldo del Gobierno central. En seguridad hay un cambio sustantivo en la presencia del Estado, en el 2008 había de 3.000

a 4.000 miembros de Fuerzas Armadas. La situación de abandono histórico no se cambia en 3 o 4 años, pero la presencia del Estado hoy es notable.

En la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley que aumentaría el presupuesto para el desarrollo fronterizo ¿se puede esperar una incidencia significativa en cuanto a refugio? La mejora de las condiciones de vida de la población incluye a los refugiados. Para ACNUR es grave que no hay un correlato en la frontera sur de Colombia, pues existen 1.300 solicitudes mensuales de refugio, cifra de estos días dada por el embajador Carrión, responsable de esta área en Cancillería; el Ecuador puede hacer el máximo esfuerzo, la comunidad internacional igualmente, pero si las condiciones de seguridad para los ciudadanos del lado colombiano no son correlativas a las condiciones de crecimiento poblacional y hay una desproporción en la frontera, esto siempre tendrá un impacto que va a requerir de una respuesta mayor.

¿Qué perspectivas hay de un retorno de estos refugiados a Colombia?, ¿cuál es el principal reto de la comunidad internacional? El ACNUR considera tres soluciones para el tema de refugio a nivel mundial. La primera es la repatriación porque los refugiados son expulsados de su país, no son migrantes. Con la repatriación voluntaria, el retorno es la primera opción, e indica que los motivos que causaron el refugio se han resuelto, y quien salió para tener la protección de otro Estado recuperará la protección en el suyo. Sería la mejor solución. La segunda es la integración local a quienes no pueden o no desean volver. Ahí hay una responsabilidad de la comunidad internacional para que esta integración se dé en las mejores condiciones beneficiando al refugiado y a la población que lo recibe. Y la tercera, es el reasentamiento; los refugiados son trasladados a un tercer país de asilo. Canadá, EE.UU., Brasil son los países de reasentamiento. En ese marco, por supuesto, la comunidad internacional tiene una enorme respon-


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sabilidad de inversión. Ese es un papel que compete al ACNUR en las emergencias, pero luego los planes de desarrollo son competencia de los mecanismos bilaterales, multilaterales y de otros organismos de la cooperación.

¿Funcionó el Registro Ampliado como política en Ecuador? Fue un ejercicio puntual, de una sola vez, para documentar a refugiados que estaban en FN, entre marzo del 2009 y marzo del 2010, en un área determinada. Se cumplieron dos objetivos: el de garantizar la protección, a través de la documentación de esa población, y el del mejorar las condiciones de seguridad del Estado ecuatoriano con dos documentos: uno de Cancillería y el otro de la Policía de Migración. Se registró en dos bases de datos, y contrariamente a lo que se dice, que por culpa del Registro Ampliado ingresó población delincuente, fue al revés, se pudo conocer el origen, ubicar e identificar a cada refugiado.

¿Ecuador avala el principio de ciudadanía universal, cómo aporta esto en materia de refugio? Es un concepto válido y ojalá todos los estados lo asumieran. Pero también un Estado tiene derecho a exigir o no visas. Ecuador ha sido respetuoso de sus acuerdos internacionales en cuanto a refugio y es absolutamente incoherente decir que por la Constitución del 2008 o por ser respetuosos de los acuerdos, el país ha aumentado el número de refugiados. Ellos cruzan la frontera con ley o sin ley, escapan de que los maten. Se ha dado estatuto de refugiado a quien lo amerita y con ello transparenta y formaliza una situación existente.

¿Ecuador es el mayor receptor de refugiados del continente americano? Ecuador tiene el número más alto de refugiados reconocidos a nivel mundial y en su mayoría son colombianos. 54 mil en Ecuador, en Estados Unidos 33 mil, en Canadá 27 mil, en Costa rica 12 mil. En Venezuela hay refugiados pero no tienen el estatuto de refugiados, les dan una documentación de migrante o no tienen documentación, esa es la diferencia. En Panamá se habla de 100 mil colombianos residentes, muchos de ellos son refugiados pero no tienen esa condición, están indocumentados o tienen otro tipo de documentos. Brasil tiene unos 10 mil colombianos, de los cuales son reconocidos solamente 700, están con otra documentación de migrantes u otro tipo. El Ecuador cumple su responsabilidad y protege mejor a su Estado.

¿Cuál es la nueva metodología de regularización y qué resultados ha dado en términos de registro? ACNUR tiene una discrepancia sobre el procedimiento de admisibilidad. Actualmente, hay 26 mil personas que requieren de una respuesta de la Comisión de Elegibilidad. El Estado ecuatoriano, a partir de julio, tiene cinco comisiones de elegibilidad, mientras que antes tenía solo una. Sin embargo, no se dan abasto para resolver los casos. Al aplicar este procedimiento en la Frontera Norte para los colombianos, en primer lugar deja a miles


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de personas en el limbo y en segundo lugar retrasa un procedimiento que de por sí es complejo. Desde enero de este año, que se aplica el Decreto 16351 nosotros pensamos que no está funcionando adecuadamente, pero esta es una opinión interna del ACNUR.

¿Dentro de la experiencia de Naciones Unidas, abrir este marco jurídico en Ecuador en el tratamiento a refugiados abre alguna perspectiva diferente?

¿Cuántos refugiados están formalizados?

América Latina siempre ha tenido una experiencia más inclusiva. En Ecuador el refugiado circula libremente, lo cual no sucede en otros países. Hay una integración cultural de los colombianos propia por la cercanía. Hay países que por la afluencia de millones de refugiados pueden reducir los espacios donde circulan, esto es muy complejo. Ahí, el papel del ACNUR es más difícil porque tiene que negociar día a día con los gobiernos para abrir espacios. Hay gente que tiene que estar años en un campamento, tenemos una familia que vivió 15 años sin salir, ahí es otra la situación. En Ecuador hay una situación ampliamente respetuosa de los derechos, sin duda, a pesar de esa discrepancia de la que hablábamos. Es una experiencia positiva, asimismo en Brasil, con una legislación muy amplia pese a su número muy pequeño de refugiados.

54 mil. Están 26 mil pendientes de respuesta, en el limbo unos 20 mil más, que no han llegado al proceso. Hay 25 familias por día que están entrando a San Lorenzo y ni siquiera llegan al procedimiento porque se lo hace en Esmeraldas, y entre San Lorenzo y Esmeraldas hay varios retenes del Ejército, o controles de Policía, donde se piden documentos. Se quedan en San Lorenzo, la ciudad del país con mayor explosión demográfica, por el ingreso de personas que huyen del conflicto.

¿Cómo diferenciar una política de derechos de una política de seguridad, teniendo de por medio un conflicto tan complejo? Vuelvo a un hecho: el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de la de aquellos que vienen buscando protección, por tanto, también tiene derecho de aplicar medidas de seguridad. Jamás vamos a decir que se deje una puerta abierta a que circule todo el mundo, no. Por otro lado, está el no trasgredir los derechos humanos; es un equilibrio complejo, difícil, pero como ACNUR pensamos que la mejor respuesta es la inclusión de la población, no dar solamente una respuesta policial militar, sino una respuesta civil inclusiva. Es complejo, pero tiene resultados permanentes y de efectividad real. La única diferencia que hace el carnet de refugiado es que no lo pueden devolver a su país de origen, nada más. Si no lo detectas rápidamente, lo puedes detectar aliándote a la propia comunidad de refugiados, en lugar de perseguirla.

“La Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, al recibir solicitudes de refugio manifiestamente infundadas o abusivas, podrá inmediatamente, o como máximo, hasta dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, declarar su inadmisión motivada a trámite, sin que para ello sea necesaria resolución por parte de la Comisión. En estos casos, se emitirá una certificación de presentación de la solicitud, que tendrá una validez de diez (10) días hábiles; y, con la notificación de inadmisión, se otorgará hasta treinta (30) días hábiles de plazo, para que la persona cuya solicitud no fuere admitida, regularice su situación migratoria o abandone el país.”

1


Revista Cooperamos | 19

Diagnóstico de la cooperación y resultados preliminares de la evaluación en Frontera Norte Por: Dirección de Enlace, Seguimiento y Evaluación – SETECI.

Antecedentes

T

anto por su nivel de conflictividad, inseguridad y violencia, como por los intereses coyunturales e importancia estratégica1, la Frontera Norte del Ecuador pasó a ser una zona con alto grado de protagonismo tanto en el orden nacional2 como en el internacional3. Considerando que se ha realizado una importante inversión para atender a la población fronteriza con fondos del presupuesto y de cooperación internacional es fundamental comprender si se han generado procesos de desarrollo en el territorio, si persiste un grave estancamiento o si existe un cierto nivel de retroceso. En esta lógica, se debe tener presente que el Estado ecuatoriano ha canalizado un monto de recursos representativo para los miles de desplazados y refugiados provenientes de Colombia. A pesar de los inmensos esfuerzos realizados por el Gobierno, el tratamiento de la problemática fronteriza aún no es suficiente, pues ha sido difícil emprender una acción efectiva, integral y de largo plazo para neutralizar las vulnerabilidades existentes y potenciar las capacidades de la zona. Por tal motivo, SETECI considerando el gran número de proyectos y programas financiados con Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) en la zona, ha planteado observar en campo y de voz de los beneficiarios y actores involucrados, si las intervenciones están generando desarrollo para enfrentar y erradicar el contagio guerrerista y delincuencial generado. Los más de 500 Km de frontera con Colombia son más que una simple línea divisoria entre países y que marca incidencia en las áreas colindantes. Se trata, más

bien, de un espacio territorial ampliado, en proceso de constituirse en una región, para lo cual el Estado ecuatoriano trabaja en el reconocimiento de sus condiciones, su diversidad y potencialidad, sin desentenderse de su problemática, con la finalidad de contrarrestar cualquier amenaza, y potenciar sus fortalezas y aprovechar oportunidades para superar sus debilidades. Es una zona con una amplia gama de posibilidades de producción agropecuaria, una importante presencia de recursos petroleros, una gran potencialidad turística y una invalorable riqueza ambiental, para lograr su desarrollo. El papel de la SETECI, en este marco, es el de apuntalar una intervención de la CINR más planificada y acorde a lo que el país y sus ciudadanos exigen, para lo cual ha considerado necesario tener una mirada real de los procesos llevados a cabo en este territorio particular, por parte de la cooperación internacional. Para ello se ha planteado realizar una Evaluación por resultados de la CINR en Frontera Norte.

Diagnóstico de la CINR en Frontera Norte Entre el año 2007 – 2011, se reportan alrededor de 600 proyectos y/o programas de CINR en Frontera Norte, muchos con un nivel de cobertura de más de una provincia, alcanzando un monto de cooperación plurianual de 343 millones de dólares. De esta manera, entre algunos de los principales datos se pueden presentar los siguientes:

1 Por su cercanía al canal de Panamá, sus salidas al Pacífico, el tránsito de la Panamericana y la presencia de pozos petroleros. 2 Considerar el artículo 249 de la Constitución (Paz y Desarrollo dentro de área de 40 Km) y el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir (Soberanía, paz e integración). 3 En Febrero de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, reafirma su compromiso de apoyo prioritario al gobierno ecuatoriano para Frontera Norte.


Cooperación en cifras | 20

Tabla 1

CINR en Frontera Norte por provincia (2007 – 2011)

Fuente: Base de datos SETECI | Elaboración: GS/DESE/SETECI

Las provincias que muestran el mayor monto de cooperación plurianual y número de proyectos en la zona son Esmeraldas e Imbabura; mientras que la que presenta un menor monto y número es Orellana.

Gráfico 1

CINR en Frontera Norte por cooperante y sector de intervención (2007 – 2011)

Fuente: Base de datos SETECI | Elaboración: GS/DESE/SETECI


Revista Cooperamos | 21

Estados Unidos, España, Naciones Unidas y Comunidad Europea son los principales cooperantes, tanto en monto de cooperación plurianual como en número de proyectos. Sin embargo, vale la pena mencionar que Italia presenta un mayor número de proyectos que la Comunidad Europea en calidad de organismo multilateral, aunque sus montos de cooperación son menores. Con respecto a los sectores de intervención, se ha puesto mayor énfasis en ambiente, desarrollo social, salud, educación y apoyo productivo.

Gráfico 2

CINR en Frontera Norte por tipo de ejecutor, tipo de entidad canalizadora y modalidad (2007 – 2011)

Fuente: BASE DE DATOS SETECI | Elaboración: GS/DESE/SETECI

Las entidades del Gobierno central son las que ejecutan el mayor monto de CINR en la zona, representando el 30% del total, seguidas por las ONG extrajeras registradas, con un 28%. Sin embargo, los fondos también son ejecutados por organismos oficiales bilaterales, gobiernos autónomos descentralizados, ONG nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil. Con respecto a la procedencia de los recursos, 43% proviene de fuente bilateral, 28% de multilateral y 26% de ONG extranjeras, entre otras. En relación con el número de proyectos ejecutados o en ejecución, tanto en el ámbito de las entidades ejecutoras y canalizadora de fondos, como de las fuentes de donde proviene la cooperación, las ONG extranjeras registradas son las que mayor presencia tienen en Frontera Norte.


Cooperación en cifras | 22

Finalmente, en cuanto a modalidades de cooperación, los recursos que tienen mayor proporción son los financieros no reembolsables, con un 44%, y los financieros no reembolsables y técnicos, con un 37%.

Proceso de evaluación En abril de 2011, la SETECI empezó la evaluación por resultados, con un proceso de monitoreo de los proyectos o programas implementados con CINR en el país, y como complemento que aportara a la consolidación y verificación de su metodología de evaluación. Inicialmente se realizó un mapeo de las intervenciones ejecutadas y en ejecución. Posteriormente se preseleccionaron 45 proyectos y/o programas, de los cuales se seleccionaron 15 para un levantamiento específico de información, utilizando un criterio de dispersión territorial y sectorial.

EVALHEXA; y, en casos particulares, por las características de los evaluados y de la zona, de forma manual. La ficha técnica de evaluación permite plasmar y analizar todo el ciclo del proyecto, desde su planificación, pasando por su implementación, hasta las perspectivas futuras4.

Resultados Considerando que se plantearon 105 preguntas, con un puntaje máximo de alcance de 525 unidades, para 8 de los 15 proyectos o programas que se seleccionaron para el proceso de evaluación se pueden observar los siguientes resultados preliminares: Indicadores de sumatoria por criterio Evaluación por resultados en Frontera Norte5

Tabla 2 Criterios

Proyectos (%) 1

2

3

4

5

6

7

8

Promedio

Coherencia y relevancia

67

70

77

75

68

69

83

96

76

Apropiación

46

54

77

23

56

53

83

92

61

Alineamiento

48

53

75

66

67

53

78

85

66

Armonización

51

55

66

37

10

43

78

90

54

Participación

71

70

85

91

67

65

88

96

79

Cobertura

63

67

72

85

65

53

86

93

73

Impacto

60

68

81

86

63

58

85

94

74

Pertinencia

72

73

83

95

74

70

89

94

81

Eficiencia

79

71

83

91

69

78

88

91

81

Eficacia

72

76

83

91

74

72

85

94

81

Sostenibilidad

66

62

72

87

65

60

83

92

73

Promedio

63

65

78

75

62

61

84

92

63

En resumen, se ha identificado que las intervenciones seleccionadas han sido financiadas por fondos de distintos orígenes como: Comisión Europea, Estados Unidos, Noruega, Naciones Unidas, Italia, Austria y Reino Unido. Las temáticas de su interés, básicamente se asientan en sectores como salud, desarrollo social, refugio, educación, ambiente, prevención de conflictos, turismo, apoyo productivo y desarrollo rural. Entre los ejecutores se encuentran: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Catholic Relief Services, Ayuda Popular Noruega, CARE Ecuador, Consejo Noruego para Refugiados, Azione Per Famiglie Nuove, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, The Nature Conservancy, etc. Las instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas que han coordinado con los ejecutores son juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales y direcciones provinciales de los ministerios, entre otras.

Las intervenciones alcanzan a nivel promedio porcentual el 63% del puntaje total de la evaluación. Así, el proyecto 8, presenta el mayor porcentaje de cumplimiento con un 92%; y, los proyectos 1, 2, 5 y 6, los menores porcentajes, 63%, 65%, 62% y 61%, respectivamente.

Para recolección de información puntual se solicitó a los cooperantes y ejecutores toda la documentación sobre el proyecto o programa seleccionado, para comprender a profundidad la intervención y plantear las agendas y rutas de las visitas respectivas que se realizaron. Luego, se levantó la información primaria en el área de influencia, mediante una metodología de puntos focales estratégicos y en el lugar donde se desarrolló el proyecto o programa. Este ejercicio se lo realizó mediante el sistema informático

Los indicadores que identifican falencias (menor al 70%) se presentan en los proyectos: 1 y 5 en coherencia y relevancia; 5 y 6 en participación; 1, 2, 5, y 6 en cobertura, impacto y sostenibilidad; 1, 2, 4, 5 y 6 en apropiación, alineamiento y armonización; y, 5 en eficiencia. Mientras que los proyectos que se encuentran con un mejor puntaje (mayor al 90%) son, el proyecto 4 en participación, pertinencia, eficiencia y eficacia; y, el 8 en todos los criterios excepto alineamiento y armonización.

Fuente: EQUIPO CONSULTOR | Elaboración: GS/DESE/SETECI

4. La ficha contiene: 10 preguntas de coherencia y relevancia, 5 de apropiación, 6 de alineamiento, 4 de armonización, 8 de participación, 4 de cobertura, 7 de impacto, 16 de pertinencia, 11 de eficiencia, 13 de eficacia y 21 de sostenibilidad. 5. Por efectos de facilidad de lectura solo se han enumerado los proyectos correspondientes a cada indicador.


Revista Cooperamos | 23

Gráfico 3

CINR Representación multi – objeto de los proyectos Evaluación por resultados en Frontera Norte

Fuente: EQUIPO CONSULTOR | Elaboración: GS/DESE/SETECI

En coherencia y relevancia los proyectos y programas alcanzan un indicador promedio del 76%, en apropiación del 61%, en alineamiento del 66%, en armonización del 54%, en participación del 79%, en cobertura del 73%, en impacto del 74%, en pertinencia, eficiencia y eficiencia del 81% y, en sostenibilidad del 73%. En este caso, el indicador de armonización frente a los demás es el que menor puntaje relativo presenta; mientras que con respecto a los demás criterios, si bien son superiores, muestran niveles porcentuales no muy representativos en relación a proyectos evaluados dentro del territorio nacional. Los niveles bajos de armonización indican que es necesario consolidar los niveles de coordinación entre organismos, entidades y organizaciones en territorio.

Conclusiones En general, esta zona del país ostenta una dualidad compleja, pues por un lado presenta, áreas con recursos naturales de importancia estratégica, turística y biológica,

una atractiva diversificación climática, étnica, cultural y de la producción; y, por otro lado, muestra un bajo grado de competitividad y de inversión, un insuficiente nivel educativo y de cohesión social, un alto nivel de pobreza, desnutrición, conflictividad social, inseguridad y depredación forestal y, una reducida institucionalidad pública y provisión de servicios básicos y sociales. Frente a esto, la CINR y sus formas de intervención, si bien buscan superar los problemas de desarrollo observados, también deben cumplir ciertos criterios y superar ciertas dificultades para que esto sea llevado a cabo de la mejor manera. Los datos obtenidos en el proceso de evaluación indican la necesidad de avanzar hacia la construcción de una política unificada y coordinada entre los diferentes actores con rectoría en el territorio, que permita armonizar de mejor manera las intervenciones de cooperación internacional, incluyendo aspectos de desarrollo humano, de las poblaciones fronterizas, así como aspectos relacionado con la re afirmación de la soberanía y la presencia del Estado en un territorio geopolíticamente estratégico.


Impactos | 24

Nacionalidad Waorani:

entre el Etnicidio y el desarrollo sustentable Por: Alejandro López – Unidad de Análisis Político SETECI.

E

l primer contacto del pueblo Waorani con la cultura occidental se produjo entre los siglos XVII y XVIII, con los colonizadores españoles, los primeros misioneros, los colonos, traficantes, recolectores de caucho y finalmente con los miembros del Instituto Lingüístico de Verano1, ya en el siglo XX (Fuentes: 1997). En 1956, cinco misioneros estadounidenses del ILV intentaron establecer contacto permanente con los Waorani arrojando regalos desde avionetas, lo cual marco la principal forma de contacto con esta etnia. Acercamiento que terminó con el lanzamiento de los misioneros y su muerte. Posteriormente, miembros del ILV —familiares de los misioneros muertos— con la ayuda de Dayuma, una Waorani bilingüe, ingresaron permanentemente a la vida de los miembros de las comunidades y, en 1958, establecieron un “protectorado” de 16.000 hectáreas en las orillas del río Tigüino. Lo cual fue el inicio de un etnocidio2 agresivo. El espacio reducido impidió la reproducción de las formas tradicionales de vida, la caza escaseó y el ILV se convirtió en el principal proveedor de recursos, implantó la noción de valor monetario, la monogamia, criminalizó las matanzas étnicas e introdujo nuevas enfermedades (Rivas-Lara, 2001). La situación del “protectorado” se hizo insostenible, se desataron algunas epidemias y se registraron 16 muertes por poliomielitis (Rivas-Lara, 2001:33-34). Ante lo cual,

por recomendaciones del antropólogo del ILV, Jim Yost, se desintegró el “protectorado” y se iniciaron los trámites frente al gobierno para que se reconozca el territorio ancestral Waorani —alrededor de 66.000 hectáreas—. En este territorio habitan dos pueblos que, actualmente, mantienen notoriedad y son motivo de discusión en torno a las reservas petrolíferas ubicadas en el parque Yasuní: los Tagaeri y los Taromenane. Con el descubrimiento de pozos petroleros rentables en la Amazonia ecuatoriana, los Waorani entraron en una fase de mayor contacto con la civilización occidental, el ILV y la Misión Capuchina se convirtieron en mediadores entre las empresas petroleras y los habitantes ancestrales de estos territorios. La entrega de regalos se hizo frecuente, los Waorani se dedicaban a “saquear” los campamentos en los caminos petroleros. En uno de estos encuentros la compañía petrolera CGG encontró algunos “bohíos” de grupos Waorani agresivos (Tagaeri). En 1987, monseñor Alejandro Labaka y la monja Inés Arango ingresaron vía helicóptero a las chacras de este grupo con el afán de mediar y evitar enfrentamientos entre los indígenas y los trabajadores petroleros que usaban armas de fuego. El resultado fue el acribillamiento de los dos misioneros. La explotación petrolera introdujo nuevas lógicas de relacionamiento entre los Waorani y el resto de la “sociedad nacional”. Los autores revisados (Cabodevilla, Ruíz, Rivas-Lara, Fuentes) determinan que el modelo

1 El ILV fue fundado a mediados de los años 30's y sus principios de funcionamiento están vinculados a las facciones más conservadoras del evangelicalismo norteamericano, a pesar de que se consideraban un instituto técnico–académico en la rama de la lingüística, sus propósitos se definían así: 1. La esperanza y base moral que proveen las Sagradas Escrituras está disponible para quienes la acepten libremente y produce autorrealización y satisfacción sin paralelo 2. Respeto a las culturas nativas pero deben tener el acceso a la Biblia para que la disfruten si lo desean 3. Los afortunados de este mundo deben de auxiliar en lo que puedan a los oprimidos estimando que ellos también tienen el derecho de desarrollarse como personas libres. Todo este “aparato conceptual” se afinca en concepciones cristianas conservadoras arcaicas que explican el devenir histórico en términos de desarrollo religioso, de ahí su militancia mesiánica por parte de sus miembros. (ALI, 1978). También se los ha vinculado con la familia Rockefeller y como una avanzada de las grandes petroleras ya que ingresan a los territorios para “civilizar” a sus habitantes, por eso el ILV fue expulsado del Ecuador en 1981 (Perkins, 2005). 2 Entendemos “etnocidio” como el “intento de destruir completamente la cultura de un pueblo, revestido a menudo de proclamas filantrópicas de ayuda al desarrollo” (Pujadas, 1993:86).


Revista Cooperamos | 25

asistencialista ha primado en la región, de esta forma la relación cotidiana que los Waorani mantienen con las empresas petroleras es de absoluta dependencia. La caza ha desaparecido de sus territorios, la vida tradicional ancestral Waorani ha sido modificada. Mediante el asistencialismo, los Waorani han sido fácilmente dominados y “administrados” por las empresas petroleras, los traficantes de madera, las operadoras turísticas, los organismos gubernamentales y no gubernamentales (Rivas, Lara: 2001:63). Respecto de la administración del territorio, en 1969 el Estado denominó a la zona del protectorado reserva étnica, para 1983 el gobierno otorgó 570 hectáreas más al pueblo Waorani bajo el título de Protectorado. La denominada Zona Intangible (ZI) dentro del Parque Nacional Yasuní3 se creó mediante el Decreto Ejecutivo Nº 552 del 2 de febrero de 1999, en el cual se estableció que estos territorios estarán vedados a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva.

Las consecuencias El modelo asistencialista introducido por las misiones y las petroleras, sumieron a los Waorani en una situación en la que sus modos de reproducción social no son suficientes para satisfacer sus necesidades y por tanto han quedado a expensas de traficantes de madera, de tierras, de la actividad petrolera y del ingreso de organizaciones internacionales que buscan aprender y aprehender los conocimientos ancestrales de este pueblo. Las relaciones entre los madereros y los Waorani “más contactados” tuvieron su fase de mayor violencia en contra de los clanes más apartados (Tagaeri-Taromenane) en el 2003, cuando un grupo de guerreros Waorani acometieron contra una familia Taromenane. Los autores (Cabodevilla, Smith y Rivas: 2004) concuerdan en que los guerreros fueron azuzados por los madereros para ahuyentar a los clanes “más agresivos”.

La ZI aparte de ser un territorio protegido de la explotación maderera y minera, se ha establecido como el espacio para la reproducción cultural de los pueblos “aislados voluntariamente”4.

Hepatitis en la Zona Intangible Como parte del proceso de evaluación de los proyectos y programas ejecutados por la cooperación internacional en la Frontera Norte del Ecuador, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) visitó a la comunidad Waorani de Tigüino en la provincia de Sucumbíos; el propósito fue conocer de cerca y evaluar en campo el proyecto “Salud Integral FONAKIN-FONAKISE ejecutado por la ONG RIOS en coordinación con el Ministerio de Salud. Tigüino se encuentra dentro de la Zona Intangible y está muy cercana a la antigua “reducción” establecida por el ILV en la década del 60. En este territorio los pozos petroleros son explotados por Petrobell, esta empresa está encargada de proveer infraestructura comunitaria, mantener los caminos e incluso ofrece servicio de ambulancia a los Waorani, mantiene la lógica asistencial de intervención e incluso controla el acceso al territorio. Las tuberías de petróleo, gases, aguas residuales y demás desperdicios del proceso de extracción del crudo contaminan los alrededores y la población cercana a estos peligrosos detritos. A menudo se presentan casos de intoxicación. Dentro de los convenios firmados con las comunidades Waorani y de colonos del área de influencia directa del bloque marginal Tigüino, Petrobell Inc Grantmining S.A., ha contemplado dentro de su plan de acción, los siguientes componentes correspondientes a su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), educación, salud, infraestructura y generación de empleo.

3 En 1979 se crea el Parque Nacional Yasuní, mediante Acuerdo Interministerial No 322 del 26 de julio de 1979, con 679.730 Ha. de las cuales, una tercera parte pertenece históricamente al Pueblo Waorani. Desde 1989 es declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO con la misma delimitación que el Parque. (Almeida, Proaño: 2008:37). 4 Este concepto ha sido cuestionado ampliamente desde varias esferas del pensamiento social y antropológico ecuatoriano, a razón de ¿Se les ha preguntado si voluntariamente se han aislado del quehacer nacional? Entre muchas otras causas. Revisar Cabodevilla (2008).


Impactos | 26

Por su parte, RIOS se ha concentrado en las siguientes áreas de trabajo durante su intervención: brigadas de salud, promotores de salud, farmacia y botiquines, medicina natural, parteras, organización de mujeres, mejoramiento alimentario, proyecto de tuberculosis, entre otras. En Tigüino se ha enfocado principalmente en el “Control de Hepatitis B y D en Comunidades Waorani”. La labor de RIOS se articula a la planificación del subcentro de salud, proveyendo apoyo logístico en brigadas de salud oral y preventiva, brinda apoyo técnico sobre el tratamiento de la enfermedad. La hepatitis viral ingresó en los territorios ancestrales junto con otras enfermedades como, gonorrea, sífilis, tuberculosis y trastornos cutáneos. Producto de la intervención sin adecuada supervisión y planificación estatal de colonos madereros, petroleros, turistas y misioneros. A nivel mundial esta enfermedad es una de las principales causas de muerte. Clásicamente se conocen las siguientes vías de transmisión de la HVB. • Percutánea. •Contacto con sangre o derivados sanguíneos a través de agujas, jeringas e instrumentos contaminados. •Picaduras por insectos, mordedura por murciélagos, considerados como probables vectores mecánicos. •Vertical (de madres portadores a sus hijos intraútero). •Perinatal (de madres portadoras a sus hijos en las primeras horas del alumbramiento). •Contacto sexual. La transmisión perinatal ocurre alrededor del parto y solo puede ser tratada mediante la aplicación de la vacuna que requiere estrictas medidas de conservación en un tiempo determinado, caso contrario la vacuna es ineficiente. El área de intervención es extensa, la enfermedad se registra en todas las comunidades Waorani: Toñampare, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Damuintaro,

Zapino, Tigüino, Huamuno, Dayuno, Quehueruno, Garzacocha (río Yasuní), Quemperi (río Cononaco) Mima, Caruhue (río Cononaco). En las comunidades aledañas a Tigüino el tratamiento de la enfermedad enfrenta dificultades logísticas y culturales, como se señaló anteriormente; el contagio perinatal del virus se puede contrarrestar con la aplicación de la vacuna, pero las comunidades se encuentran alejadas y el subcentro de salud no cuenta con un bote o lancha para poder acercarse al sitio donde se produce. Por otro lado, los Waorani se niegan a concurrir al subcentro para el proceso del alumbramiento por lo que no se ha podido contener el brote del virus y, a decir de los funcionarios del Ministerio de Salud y de RIOS, son tres generaciones de Waorani que están condenadas a morir por los efectos de la enfermedad, el virus produce cirrosis. Los peligros que corre este pueblo ancestral por su rápida e indiscriminada aculturación al mundo occidental no se reducen a esta enfermedad en particular, las intervenciones sin planificación y supervisión, los esfuerzos misioneros, la explotación de petróleo y madera y la contaminación amenazan a esta cultura.


Revista Cooperamos | 27

Consideraciones Finales En menos de 60 años, los Waorani han sido objeto de un sinnúmero de intervenciones desde la cultura, la religión, el imperialismo y el capitalismo empresarial occidental. La situación social en el territorio Waorani es marcada por la dependencia a las petroleras y una histórica baja presencia del Estado. Esto ha favorecido que las empresas petroleras emprendan actividades de carácter social y comunitario, así como la intervención de las ONG y la Cooperación Internacional. La responsabilidad social corporativa (RSC) de las petroleras ha mantenido el modelo asistencialista de intervención en el territorio, agudizando la dependencia, bajo el discurso de favorecer el desarrollo comunitario. Desde el “boom” petrolero, los gobiernos neoliberales han promovido la entrada de las empresas petroleras sin regulación, favoreciendo con legislación que ha reducido el área protegida de la explotación petrolera. La poca regulación corresponde al modelo de gobierno en el que el Estado reduce su tamaño y entrega sus responsabilidades como garantizador del cumplimiento de los Derechos Humanos a las empresas privadas.

Con el cambio de paradigma gubernamental a partir de la Constitución 2008, el Estado ha recuperado su rol regulador y planificador del desarrollo nacional. En este marco, la SETECI busca avanzar en la formulación de una política específica que direccione los esfuerzos de la cooperación en frontera al fortalecimiento del Estado y sus instituciones, con la finalidad de reducir los impactos negativos que producen intervenciones desarticuladas y desvinculadas del objetivo de construcción de un Estado plurinacional para el Buen Vivir.

Bibliografía

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Almeida, Alexandra José Proaño.Tigre, Águla y Waorani Una sola Selva una sola Selva. Acción Ecológica,Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica. Quito 2008

Cabodevilla, Miguel Ángel. Randy Smith. Alex Rivas - Tiempos de guerra Waorani contra Taromenane. Abya - Yala. Quito 2004.

Cabodevilla, Miguel Pueblos no contactados ante el reto de los derechos humanos, CICAME, Quito 2005.

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Narváez, Iván Huaorani vs. Maxus: el poder étnico vs. poder transnacional. Quito: FESO. 1996.

Ortiz, Juan. Los últimos Huaorani. CICAME 1996.

Perkins, J. Confesiones de un gángster económico. Ediciones Urano 2005.

Rivas, Alex. Rommel Lara. Conservación y petróleo en la Amazonía Ecuatoriana. Eco Ciencia Abya - Yala Quito 2001.

Ilustración del Pueblo Waorani basado en el monumento a su nacionalidad en Tiputini


A fondo | 28

Cooperación internacional, seguridad nacional, narcotráfico y Frontera Norte: una relación compleja Por: Carla Álvarez.*

L

os Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en el período comprendido entre 1945 y 1965 fundaron un orden mundial hegemónico con instituciones y doctrinas ajustadas a una economía mundial compleja y a sociedades nacionales más sensibles a las repercusiones políticas de las crisis económicas1. Durante este período, tuvieron como objetivo nacional garantizar la paz y la estabilidad en el orden mundial de la segunda posguerra, para lo cual, se planteó la consolidación de un sistema económico capitalista y la difusión de los valores liberales ampliamente aceptados por la sociedad norteamericana y occidental en general. En este contexto surge la Cooperación Internacional como una iniciativa norteamericana. Su creación constituyó uno de los elementos consensuales del liderazgo hegemónico mundial del momento. Detrás de su retórica de inocuidad, su función real era la de ayudar a evitar el colapso del sistema capitalista, en un mundo cuyos principales actores económicos se encontraban devastados por el reciente conflicto bélico y en el que la mayor parte de países se encontraban sumidos en la pobreza. En otras palabras, el dinero proveniente de la CI buscaba ser una inyección de recursos económicos para mantener activo el comercio mundial y además ser una garantía para el acceso a las materias primas de los países que recibían esta ayuda (Cox. 1983:156). En esta etapa, en su calidad de hegemón, Estados Unidos lideró el establecimiento de una nueva institucionalidad internacional orientada a regular los aspectos financieros y políticos del mundo. Además, contribuyó a la creación de las primeras organizaciones internacionales de coope-

ración internacional, como el Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) e iniciaron los proyectos de ayuda internacional como el Plan Marshall, el Punto Cuarto, y la Alianza para el Progreso, entre otros. En la segunda mitad de la década de los 60, la hegemonía norteamericana en el orden mundial comenzó a declinar, en consecuencia su capacidad para generar consensos y para universalizar sus intereses disminuyó, mientras que de forma paralela incrementó el uso de la coerción para la protección de sus intereses. Sin embargo, aunque el liderazgo norteamericano ha ido perdiendo sus características hegemónicas en el mundo y ha adquirido un papel más cercano a la dominación, para América Latina todavía es el hegemón continental, aunque con distintos matices. Para el caso específico del área andina, la hegemonía norteamericana comenzó a consolidarse desde fines del siglo XIX y principios del XX, y se mantiene hasta la presente fecha (Cfr Pike. 1977). Con el advenimiento de la Guerra Fría, el principal interés norteamericano sobre América Latina fue la contención del comunismo. En esta etapa, los programas norteamericanos de ayuda estuvieron destinados a conseguir el objetivo de la contención, dentro de una lógica que dictaba que la única manera de que estos países no cayeran bajo la influencia comunista, era lograr que alcancen mejores niveles de desarrollo. Una mirada retrospectiva permite ver que el objetivo del desarrollo nunca fue alcanzado, mientras que la contención se cumplió de manera eficaz. En este sentido, la cooperación trabajó de un modo más eficiente para conseguir los objetivos de política exterior norteamericana que para promover el desarrollo en las zonas periféricas.

1 Robert Cox. 1983. "Gramsci, Hegemony, and International Relations: an essay in method". En: Robert Cox. 1996. Approaches to World Order. Cambridge: Cambridge University Press. P.136.


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La caída del bloque socialista, y su consecuente desaparición como amenaza a los intereses nacionales norteamericanos, permitió la emergencia de una nueva problemática desafiante: el narcotráfico. Aunque los Estados Unidos, desde el siglo XIX comenzaron a tener una visión negativa sobre el uso y comercio de drogas en su sociedad, es a finales del siglo siguiente que la lucha contra las drogas adopta sus dos características actuales más relevantes: el despliegue de fuerzas en la Región Andina y su fijación en contra de la cocaína. En 1982, la declaratoria de Washington respecto a que el narcotráfico constituye una actividad atentatoria a los intereses nacionales norteamericanos, se fundamentó sobre la idea de su supuesta capacidad para generar corrupción, violencia y desorden. En este sentido, este país estaba en la obligación de utilizar todos los recursos materiales y simbólicos disponibles para presionar a los gobiernos latinoamericanos, especialmente a los de la Región Andina, para cooperar con sus iniciativas de erradicación del problema. Esta sería la mejor manera para proteger sus intereses nacionales, perpetuar la estabilidad y con ello el status quo. Desde este momento, el gobierno norteamericano comenzó a diseñar programas de cooperación internacional orientados a luchar contra el narcotráfico. La retórica de su acción dictaba que la cooperación ayudaría a evitar que los efectos nocivos del tráfico ilícito de drogas se reproduzcan tanto al interior de la sociedad norteamericana, esencialmente consumidora, como dentro de los países andinos principales productores de coca y cocaína en el mundo. Un balance después de más de 20 años de iniciativas destinadas a eliminar el narcotráfico presenta resultados parecidos a los del período de contención: el tráfico ilícito de drogas no ha podido ser erradicado, sin embargo, Estados Unidos ha logrado perpetuar su posición de liderazgo en Latinoamérica y la Región Andina. Ahora bien, la capacidad norteamericana para materializar sus intereses nacionales, en parte, se debe a su eficiencia para generar consensos. La cooperación como uno de los mecanismos productores de aquiescencia en el mundo subordinado requiere una revisión de cómo opera la hegemonía a nivel internacional. En otras palabras, ésta se deriva de la influencia de los modos de pensamiento y de acción de la clase dominante del país hegemónico sobre la clase dominante del país subordi-

nado. El ejercicio de esta influencia tiene lugar debido al reconocimiento que el hegemón, gracias a su función dentro del sistema productivo, ha ganado en las clases dominantes de los países periféricos (Cox. 1983:124-143). Para el caso específico del narcotráfico, Estados Unidos en su posición dominante, ha generado una retórica orientada a imponer un principio de visión negativa acerca de todas las actividades relacionadas con este problema, sobre los países productores de droga. El discurso utilizado se ha construido sobre formas altamente tecnificadas y racionalizadas que enfatizan en los efectos perversos de la producción, comercialización y uso de drogas. De hecho, la cuantiosa cantidad de recursos invertidos en la tarea de sustentar los argumentos y de justificar su tratamiento desde el plano bélico han sido elementos capaces de influir profundamente sobre las elites políticas de los países andinos. De tal forma que el discurso se ha inmunizado ante cualquier examen crítico, tanto por su coherencia como por los intereses materiales que ha puesto en juego. Por otra parte, si bien el proceso de expansión hegemónica norteamericano logró ganar consenso principalmente sobre las elites políticas, sobre el resto de la población, éstas últimas no han conseguido ganar adhesiones al mismo nivel. Fuera del plano político, esto encuentra sus razones en el hecho de que en los países andinos el consumo de hoja de coca, tiene una tradición histórico cultural ancestral. En este sentido, la base de la estructura productiva de coca conformada principalmente por campesinos, es más renuente a abandonar una práctica que siendo natural en su cultura, no tiene ninguna relación con el uso y abuso de drogas procesadas, como la cocaína. Los problemas para generar consenso social también están relacionados con las condiciones de pobreza. El contraste existente entre la eficiencia del narcotráfico como actividad generadora de recursos y el abandono estatal en las poblaciones en donde se registran los mayores cultivos de coca, ofrece motivos suficientes a la población para vincularse a este negocio ilegalizado. Además, diluye la disyuntiva moral creada artificialmente. Como bien lo explica Nadelmann: "Mientras los sectores legales de la economía no puedan ofrecer oportunidades y dividendos razonables, esta gente —de la que no se podría decir que tiene inclinaciones criminales en la


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mayoría de los casos— seguirá siendo susceptible a las tentaciones del mercado de drogas. De hecho, desde su punto de vista su obligación moral no es la de proteger al tonto consumidor extranjero de su producto, sino proporcionarle bienestar a su familia. Muchos de quienes nunca mataría o robarían por lograr un mejor ingreso, no consideran en absoluto inmoral su participación en la producción de drogas ilícitas". (Nadelmann. 1989:136). En lo que respecta al Ecuador, el hecho de que el cultivo de hoja de coca fuera erradicado varios siglos atrás hace que presente algunas similitudes con el resto de la región, pero también muchas particularidades. Así, aún cuando la inserción del Ecuador en el complejo productivo coca/cocaína ha sido tradicionalmente secundaria, las elites políticas ecuatorianas han demostrado mucha adhesión a la guerra contra las drogas desde la perspectiva de Washington. Esto en buena parte, ha sido consecuencia del sistema de premios y castigos que Estados Unidos ha establecido para fomentar la cooperación en este tema. Sin embargo, en virtud de que Ecuador por su falta de protagonismo en el problema, se le ha obligado a generar un discurso que le permita hacerse acreedor a las recompensas norteamericanas. De este modo, desde la década de los ochenta, los distintos gobiernos ecuatorianos han adoptado una posición común, en la que el país se asume y se presenta ante el resto de la comunidad internacional como una víctima de las actividades ilícitas que se practican en sus países vecinos, especialmente en Colombia.

por ahondarlo. Si bien, esto ha servido para que el país se haga acreedor a determinados beneficios, que de otro modo no hubiera obtenido, tales como su acceso al ATPA - ATPADEA; esto también ha legitimado la intervención norteamericana y sus formas violentas dentro de su territorio. Adicionalmente, la posición demandante de recursos abrió la posibilidad de aplicar condicionamientos directos y de convertir la asignación de recursos en un elemento de chantaje casi despojado de eufemismos. Un caso relevante resulta el pedido de apoyo para otorgar inmunidad ante la Corte Penal Internacional de Justicia a los soldados norteamericanos que operan en Ecuador, a cambio de cooperación militar. Por otra parte, la política ecuatoriana es altamente personalista, y sufre de constantes crisis de estabilidad, lo que se demuestra con los tres golpes de estado vividos en los últimos 10 años. Ante estas circunstancias, para los gobiernos de turno ha sido casi imprescindible contar con el aval de los Estados Unidos para mantenerse en el poder. En este sentido, ha sido muy funcional para la elite política ecuatoriana alinearse con Washington, en tanto su visto bueno asegura su reproducción como grupo dominante. De este modo, hasta hace un poco más de un lustro, para el débil y desestructurado sistema político ecuatoriano había sido poco funcional un alejamiento de los lineamientos norteamericanos y la formulación de una política estatal con un mayor grado de autonomía. No obstante, la política ecuatoriana actual ha ido alejándose de esta dependencia y ganando una saludable autonomía.

Es así que el gobierno ecuatoriano ha logrado ejercer una cierta presión para conseguir incrementos en los montos de cooperación que recibe, a manera de indemnización por daños y perjuicios. No obstante, este supuesto logro es directamente proporcional a la percepción de un mayor involucramiento del Ecuador en el problema del narcotráfico, tanto en calidad de víctima, como por la predisposición a acatar los lineamientos externos.

“Los distintos gobiernos ecuatorianos han adoptado una posición común, en la que el país se asume y se presenta ante el resto de la comunidad internacional como una víctima de las actividades ilícitas que se practican en sus países vecinos, especialmente en Colombia.

Los efectos negativos de esta situación han ocasionado que este flujo de recursos estrechamente ligado a los niveles de conflictividad interna despierten el deseo de algunos grupos por mantener el problema e incluso

No obstante, la política ecuatoriana actual ha ido alejándose de esta dependencia y ganando una saludable autonomía”.


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A todo esto se suma el hecho de que el consenso ganado sobre la elite dominante ecuatoriana, no solo tiene que ver con un sentido instrumental y oportunista de ésta última. También está relacionado con la eficacia del gobierno estadounidense para imponer sus propios principios de visión y división del mundo. En otras palabras, las personas encargadas de tomar las decisiones en Ecuador están realmente convencidas de los efectos nocivos del narcotráfico y de la efectividad de los medios que se emplean para combatirlos. Para clarificar esta idea resulta útil hacer un acercamiento al caso del Programa de Desarrollo en la Frontera Norte, el establecimiento de la Base de Manta, los efectos nocivos de las fumigaciones entre los campesinos de la zona fronteriza norte y el incremento de la presencia militar en esa región, han sido elementos que informan negativamente a la percepción ecuatoriana. Pese a lo dicho, los pobladores de la Frontera Norte demandan una mayor intervención de la cooperación norteamericana (y de otros donantes), especialmente en áreas más empobrecidas. Aún frente a la existencia de posiciones ambivalentes, la ejecución de programas de asistencia ha tenido repercusiones políticas y sociales importantes. La Frontera Norte pese a ser una región generadora de grandes riquezas para el Estado Ecuatoriano, debido a la explotación petrolera, vive en condiciones de precariedad extremas y de un histórico abandono estatal. Sin embargo, desde que fue identificada por los gobiernos ecuatoriano y norteamericano como un lugar vulnerable a sufrir los impactos del narcotráfico; y especialmente desde la creación de los primeros programas de asistencia tanto ecuatorianos como norteamericanos, los recursos fluyen en esta región aunque de manera moderada. Ante la incapacidad del Estado por crear mejores condiciones para esta zona, la cooperación de algún modo le ha tomado la posta, y se ha convertido en un mecanismo redistributivo, que tiene como finalidad hacer llegar los recursos a los lugares donde tradicionalmente no han llegado. A través de criterios de fortalecimiento de la institucionalidad local y de la participación ciudadana, los

norteamericanos intentan promover un mayor involucramiento de los gobiernos locales y de la población en general, en la formulación, diseño y ejecución de proyectos de desarrollo que supuestamente mantendrían alejados a la población del flagelo del narcotráfico. De este modo, los recursos son asignados justamente en donde existe una iniciativa concreta. El uso de esta fórmula, ha logrado organizar a la población entorno a la recepción de flujos mediante la creación de proyectos. En otras palabras, para acceder a los escasos recursos disponibles la población debe contar con proyectos de desarrollo. De alguna manera, esta situación ha podido cooptar a los líderes de las organizaciones comunitarias, a las organizaciones de base, a los gobiernos locales, etc. La cooptación se produce en tanto la generación de recursos obtenidos de la cooperación, y su posterior inversión en programas de desarrollo, constituyen una medida del éxito alcanzado por su trabajo a favor de la comunidad a la que representa. Como consecuencia, los líderes locales pierden su capacidad reflexiva, puesto que la producción de cambios está subordinada a la consecución de fondos. Para finalizar, los resultados conseguidos a través de la inversión modesta de recursos en el Ecuador ha permitido la consecución de resultados más beneficiosos para la elite política ecuatoriana y norteamericana que para la población de la frontera. Así, aún cuando el gobierno ecuatoriano ha apostado por una mayor autonomía frente a la política del hegemón, la debilidad social para presionar por un cambio en las políticas de Estado frente al narcotráfico y a la lógica del proyectismo, mina la posibilidad de que se produzca una mayor autonomía de la posición ecuatoriana y un distanciamiento claro de los lineamientos impuestos por los norteamericanos, no solo en materia de cooperación y narcotráfico sino también en otros temas, con realidades similares. En este sentido, y al menos momentáneamente, aunque existen pocas posibilidades de que surjan movimientos contestatarios, lo que facilita la reproducción del orden existente, la decidida posición ecuatoriana actual de distanciamiento con la política norteamericana, abre la posibilidad de generar un cambio.

* Máster en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales; Coordinadora académica de la Maestría en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales; docente; líneas de investigación: Seguridad Internacional, Educación en Seguridad y Defensa, importancia estratégica de la Antártida.


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Experiencias y perspectivas desde organizaciones de la sociedad civil acerca de la cooperación en Frontera Norte Por: Camilo Molina*

1. Marco de la Cooperación Internacional para la Frontera

P

ara comprender las acciones de la cooperación internacional al desarrollo (CI) en la frontera norte ecuatoriana (FN), es necesario un acercamiento desde las condiciones cambiantes de la geopolítica en las que se desenvuelve. Así, debe resaltarse que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) aún conserva algunas de las tensiones por la consecución de aliados por parte de los bloques dominantes durante la guerra fría. Esto a pesar de la caída del muro de Berlín y los compromisos alcanzados durante los 90 para que la AOD se dirija a la reducción de la pobreza, el llamado a los países más desarrollados económicamente para destinar el 0,7% de su PIB al financiamiento del desarrollo (Monterrey, 2002), y las exigencias de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). Pero estos consensos, dentro de un proceso globalizador neoliberal, no han logrado revertir la creciente desigualdad y pobreza a pesar del aumento del PIB mundial, ni evitar “los fracasos en las predicciones de las recientes crisis así como la falta de acierto en la resolución de problemas centrales del desarrollo” (Dubois) o el incumplimiento de las metas programadas.

Más bien, en la agenda se priorizan otros ejes, como el de seguridad, clave en las relaciones hemisféricas después del atentado del 11 de septiembre de 2001, y que gana espacio en la acción de la CI, hasta transformarla en “un poderoso instrumento cambiante que puede mantener países aliados con la política externa estadounidense (…) en sus "propias batallas en contra del terrorismo" (Fernández, 2006: 81); y que incluso se incorporó en las directrices avaladas por los miembros del OCDE –DAC1. América Latina no ha sido ajena a estos cambios, ya que existen intereses como el enfoque de la Doctrina de Seguridad Nacional para el área Andina, expresado en el combate a las organizaciones terroristas y al narcotráfico cuyos instrumentos más importantes son el Plan Colombia (con sus diferentes fases)2 y la Iniciativa Regional Andina. Esta visión influyó en el aumento significativo del flujo de AOD a la subregión a partir del 2002, convirtiéndose en principal destino en Latinoamérica3. Sin embargo, el contexto y consecuencias del Plan Colombia y la alta inversión (7.500 millones de dólares) por parte de E.E.U.U. —que hace de Colombia el tercer receptor de ayuda estadounidense—, principalmente en el reforzamiento militar, apoyo logístico y otras acciones destinadas a la erradicación de los cultivos en los departamentos limítrofes de Putumayo y Nariño, como las fumigaciones, han repercutido en la FN, cambiando su escena y desafíos.

1 La AOD se ha duplicado en la última década, pasando de USD 50.327 millones en el año 2000 hasta USD 128.728 millones en 2010. Después del 2001 aumentaron los gastos militares llegando, en 2009, a USD 1.464 billones. Cfr. SIPRI, 2010. 2 Aunque el Plan no tuvo inicialmente una gran acogida en Europa por la reticencia a involucrarse en una estrategia preponderantemente militar ya negociada con EEUU. Pese a ello, esta iniciativa abrió paso a una discusión sobre la orientación de la cooperación europea hacia Colombia que en el plano institucional tuvo como escenario relevante al “Grupo de Apoyo al proceso de paz”, al que se quería destinar USD€330 millones entre el 2002 y el 2006: USD 105 millones como aporte de la CE. Para algunos autores, a partir de 2004 la visión inicial del Plan Colombia se impuso sobre las otras propuestas de coordinación para la cooperación. Cfr. Ramírez, C (2006). 3 El cambio de tendencia de AOD hacia la Comunidad Andina se percibe en 2001 en que fue superior en un 36% al promedio del período 1993 - 2000, con un fuerte incremento hacia Bolivia, Colombia y Perú, y desde el año 2002 un aumento de las cifras, vinculado a la mayor AOD canalizada hacia Perú, Colombia y Ecuador (Cfr. Negrón, F: 2005). Para el caso de Ecuador, la CI no reembolsable ha presentado un comportamiento variable, con una baja en los años 2002 -2005, y con un ascenso significativo a partir de 2006, llegando un máximo en 2010 (323,48).


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Frente a esta tendencia, Ecuador ha generado iniciativas, destacando el Plan Ecuador (desde marzo 2007), que buscan otra alternativa a la intervención en la FN (que permita afrontar la inequidad, la falta de acceso a servicios, la debilidad institucional, el contrabando y la pobreza) y al tratamiento de los efectos del conflicto colombiano en la región (aumento en los índices de violencia y el desplazamiento y refugio). Así, teniendo presente la necesidad de mejorar las condiciones de vida, se contempla a la FN dentro de la seguridad y solidaridad humana como resultado de la construcción de la paz y el desarrollo; con una política de relaciones internacionales equitativa, solidaria y humanitaria; y una política de defensa basada en la protección de la población, de los recursos, el patrimonio, y un control efectivo del territorio nacional. Respecto a la CI, se requería mejorar los niveles de coordinación con las instituciones públicas nacionales, y estructurar una mesa de donantes para promover la ejecución de proyectos específicos en ámbitos que generasen mayor impacto y beneficio social y ambiental, en concordancia con las políticas del Gobierno y la recuperación de su rol rector en la planificación.

2. Experiencias previas desde las organizaciones de la sociedad civil En torno a este contexto, desde el 2006 el Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador impulsó, con otras organizaciones, una primera fase de mapeo sobre el estado de la CI en Esmeraldas, Carchi, Imbabura,

Sucumbíos y Orellana4. Se analizaron las dinámicas de intervención implementadas para dar respuesta a la problemática del refugio en la FN, si bien para ese momento, el acceso a la información sobre la CI era mínimo, y no se tenía un conocimiento sobre los impactos cualitativos y cuantitativos resultado de su intervención local. Luego, los datos se complementaron con un diagnóstico sobre el estado de la CI en la FN, con la información de 191 proyectos implementados entre 2000 - 20075. Se encontró que la inversión estimada llegaba a casi USD130 millones, siendo la provincia de Sucumbíos la que registraba mayor inversión (31%). El principal rubro era el de Acceso a Recursos6, seguido por los proyectos en Derechos y Nivel de vida. En relación a las agencias, por número de proyectos, el Sistema de Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Cooperación Española tenían la presencia principal. Mientras que por país, el orden era: España, Canadá y Estados Unidos. Esta información sirvió para complementar el trabajo cualitativo de evaluación del impacto de los proyectos en tres grupos poblacionales en Sucumbíos (ene-2007 a feb-2009): colonos - campesinos, afroecuatorianos y refugiados7. Se indagó la apreciación de la población” beneficiaria” sobre: los procesos sociales claves que ayudaron (o no) a mejorar su calidad de vida; los actores de la CI y su financiación al desarrollo, las posibilidades de participación en los proyectos, e identificación de los mecanismos de coordinación con los demás actores públicos y privados con respecto a la planificación y a la gestión de los proyectos8.

4 Mapeo sobre el estado de la CI en torno a la problemática del refugio en la frontera colombo-ecuatoriana; SJRM/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo (2007). 5 Datos recogidos mediante solicitud a los organismos presentes en la FN. Solamente en 109 proyectos se obtuvo el presupuesto. Con los demás proyectos se realizó un estimado aunque no se conoció si los montos fueron asignaciones o desembolsos. 6 Cabe recalcar que los proyectos señalan sus propios sub-criterios de intervención. Aquí se han clasificado según los criterios utilizados en el MAPP, con el propósito de poder comparar la información de la base de datos con la obtenida gracias a la aplicación de esta metodología. La clasificación se realizó de la siguiente manera: en Acceso a Recursos: acceso al mercado laboral (formal / informal), a créditos, al sistema de salud, al servicio de agua potable, infraestructura (vialidad, servicios básicos, centros educativos, etc.), producción, comercialización, investigación y acceso al territorio. En Derechos: integración étnica / binacional, participación en la gestión pública, seguridad (también alimentaria), fortalecimiento institucional, democracia, formación ciudadana, asistencia humanitaria, protección, género, acceso a justicia. En Conocimientos: preparación, capacitación laboral, becas, formación de líderes. Y Nivel de Vida: estado del medio ambiente y gestión de recursos naturales. 7 MAPP (Método para la Evaluación de Impacto de Proyectos de Alivio de la Pobreza). Se basa en la definición multidimensional de pobreza de A. Sen y trabaja con cuatro procesos sociales claves: la evolución de la calidad de vida, el acceso a recursos, las posibilidades de aumentar los conocimientos y los derechos humanos y ciudadanos. Su enfoque cualitativo permite considerar el contexto de los proyectos como punto de partida. En las entrevistas y talleres participaron 51 representantes y miembros de OSC locales (51% H. y 49% M). 8 Organizando las preguntas alrededor de: comprensión y valorización de la calidad de vida, salud, educación; acceso a recursos; infraestructura social; derechos humanos, convivencia e integración; e impacto de los proyectos.


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Como fruto de estas investigaciones, y a pesar de que se trabajó con una muestra pequeña, se observó un bajo impacto de los proyectos en los procesos sociales, destacando las siguientes reflexiones sobre las actuaciones de la CI en la FN: • Existía una subestimación del contexto en el cual se implementan los proyectos, atendiendo a factores micro que no resolvían los efectos de la crisis económica del 2000, la generación de empleo, capacitación laboral o una repuesta integral al incremento de personas refugiadas a partir de 2003. • Respecto al medio ambiente, el impacto del Plan Colombia, en su deterioro por las fumigaciones y sus efectos en la salud de la población se considera tardíamente. Además, no se había profundizado sobre la problemática causada por la explotación de petróleo y la minería, y la necesidad de mayores acciones para la mitigación de sus efectos negativos. • Las intervenciones de la CI y de la gestión pública eran fragmentadas, sin considerar, por ejemplo, la cadena completa de la producción hasta la comercialización en el sector agropecuario, la continuación de obras para el acceso al agua potable, o la coordinación con los planes de desarrollo locales. • Se percibían procesos de integración frágiles y que requerían acciones enfocadas en la problemática bifronteriza, a través del enfoque cultural y del mayor acceso a créditos. • Por parte de muchos actores y contrapartes, no existía un conocimiento acumulado y diversificado, que permitiera acciones más eficaces y coordinadas. En este sentido surgieron temas críticos que variaban en relación a los grupos poblaciones y sus necesidades: • Para el grupo campesino el problema central era la tierra, el empobrecimiento del suelo agravado por los índices de contaminación ambiental y la poca diversificación de la producción. • La población afroecuatoriana recalcaba el papel que la asociatividad ha significado en la solución de sus problemas, los altos índices de pobreza, una partici-

pación parcial y la inestabilidad institucional de los gobiernos locales. Asimismo, se pedía la transparencia en los proyectos que se ejecutan y rendición de cuentas de la inversión. • La población refugiada manifestaba una falta de atención en todos los ámbitos sociales y graves limitaciones en su nivel de vida, la necesidad de incluirse para mejorar sus condiciones, resolución de su situación legal y de convivencia con la población local para su inserción social y económica. Indicaban que los proyectos no tienen impactos a largo plazo ni solucionan eficientemente su permanencia en el país.

3. Reflexiones y puntos de análisis comparativos Para finalizar esta breve exposición, se realiza una comparación y seguimiento a las conclusiones de los estudios mencionados y el contexto actual. En primer lugar, se debe mencionar el cambio de institucionalidad en la gestión de la CI no reembolsable, que ha permitido, desde 2007, a la SETECI (anterior AGECI), tener un rol de liderazgo más eficaz. Gracias a ello, la construcción y acceso a la información ha mejorado notablemente, permitiendo un análisis concreto y actualizado. Además, este proceso ha ido de la mano con el seguimiento al Plan Nacional del Buen Vivir (y Desarrollo), que comprende a la FN desde una lógica territorial, Región 1, y desde el cual se articulan las nuevas políticas de CI, la implementación de la DP, y el funcionamiento del Plan Ecuador. Asimismo, es positivo que la SETECI y los diversos cooperantes fortalezcan el trabajo conjunto y la creación de nuevas metodologías para alcanzar sinergias efectivas para reflexionar sobre el papel de la CI, sus alcances, logros y limitaciones. Ejemplos de esto, son la Mesa de la Frontera Norte (Dic-2010) y la evaluación por resultados de la CI en la FN, a nivel territorial y sectorial para favorecer su gestión y transparencia (2011). Sin embargo, estos espacios de diálogo pueden ser más amplios y continuos, y desde las OSC se considera que la invitación a aportar con su reflexión enriquecerá el debate, ya que al ser actores del desarrollo y algunas veces ejecutoras de proyectos, poseen muchas luces que aportar y recibir.


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Los resultados del mapeo y los datos oficiales permiten comprender algunas dinámicas: entre 2000 - 2007 se mapearon USD 130 millones. Sin embargo, entre 2007 - 2009 el monto era de USD 197, 97 millones; en el período más reciente Esmeraldas es la principal receptora, con USD 67,31 millones, seguida por Imbabura con USD 53,45 millones (en el mapeo era Sucumbíos); los principales organismos de cooperación siguen siendo el Sistema ONU y la CE, pero ahora es la CE el principal (19,4%), aunque por países, E.E.U.U. se mantiene junto a España (18%). El principal rubro del mapeo —acceso a recursos— se asemeja al principal enunciado por el Gobierno como cobertura y calidad de servicios, que equivale a USD 87,64 millones (44%). Por último, en la Consulta de la Eficacia del Desarrollo de las OSC, realizada el pasado 21 de octubre una de las mesas de debate se concentró en la acción de la CI en la Frontera Norte. Allí se señaló la importancia de: • La necesidad de comprender y abordar los emprendimientos e intervenciones atendiendo la diversidad sociodemográfica y territorial de la FN. • Ahondar el enfoque de género que ha tenido resultados importantes en algunas localidades, como el caso de Sucumbíos. • Brindar un mayor fortalecimiento a las OSC que se encuentran en la línea de frontera. • El anterior punto se encuentra ligado a otro pedido: una mayor coordinación que reduzca la fragmentación de la ayuda por la multiplicidad de actores que actúan en la frontera, algunas veces sin conocimiento previo o permanencia. Algunas OSC expresaron incluso una creciente competencia por ingresar y generar alianzas en la zona para poder justificar y presentar proyectos desde la FN, así como una asimetría en la información entre las OSC locales, nacionales y las propias ONG internacionales.

• Fortalecer un enfoque más amplío que incluya una visión de fronteras (tanto la norte como la sur) para poder compartir experiencias y buenas prácticas, así como el de integración binacional. • Incidir en la opinión pública para que se evite la estigmatización de la zona y se tenga un enfoque de paz y seguridad humana que fomente a la FN como territorio de paz y destino turístico. • Impulsar a las veedurías y sistemas de apoyo de las organizaciones y la complementariedad de las acciones con los emprendimientos de otras regiones del país. En definitiva, se exhorta a los diversos actores de la Ayuda para que incluyan las expectativas e interpelación de los habitantes de la FN en su propio desarrollo9.

Bibliografía

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9 Agradezco la colaboración y reflexión previa a la que se refiere este artículo a Gabriela Weber y Carla Celi. De igual manera a ALOP-RealityofAid.

* Filósofo, Máster en Ciencias Sociales, desde 2007 es investigador del Observatorio de Cooperación al Desarrollo; colabora con el Grupo de Cooperación de ALOP y RoA-BetterAid. camimolinv@gmail.com


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Recuento y agenda Descentralizada la gestión de la cooperación internacional El Consejo Nacional de Competencias (CNC) transfirió la competencia para la gestión de la cooperación internacional a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), el 29 de septiembre de 2011. Al respecto, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) continuará realizando el seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de los cooperantes; y, capacitará a los GAD, para fortalecer su institucionalidad en las nuevas funciones.

La secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, manifiesta su apoyo a los GAD.

SETECI presentó el II Informe de actividades de ONG extranjeras 2010 El 16 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) realizó la presentación del II Informe de actividades de ONG extranjeras 2010. El documento contiene el detalle de las actividades que desarrollan 149 ONG extranjeras establecidas legalmente en Ecuador; y, servirá como insumo para transparentar y visibilizar su trabajo. La secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, durante la presentación del Informe de ONG extranjeras.

Ecuador - Italia aprueba la orientación de USD 4,2 millones para proyectos de Frontera Norte El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Embajada de Italia en Ecuador aprobaron el uso de 4,2 millones de dólares para proyectos de cooperación en Frontera Norte, el 22 de septiembre de 2011. La secretaria técnica, Gabriela Rosero, señaló que estos fondos contribuirán a reducir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en las zonas rurales y urbanas de la zona.

La secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, con el ministro (i) y viceministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.


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Género y desarrollo en la zona de

Frontera Norte

Por: Elizabeth Arauz Ortega - ONU MUJERES REGIÓN ANDINA

Género y desarrollo

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os estudios de género que han sido una contribución del pensamiento feminista, desarrollados desde los aportes de la antropología, la sociología y la psicología, nos otorgan las categorías analíticas para entender el entramado social y político de las relaciones entre hombres y mujeres. Analizan las condiciones socio culturales que definen los roles y conductas socialmente aceptados para cada sexo, como un producto de la cultura y sus expresiones normativas, las cuales nos determinan una identidad (Judith Butler, 1990). La teoría feminista hace uso del concepto de género para romper con el mito del condicionamiento biológico naturalista que legitima la opresión de las mujeres. El concepto de género nos ubica en un análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y parte del entendido generalizado de que la mujer por el simple hecho de ser mujer se encuentra en una situación de inferioridad, otorgándole mayor valor y posición social al hombre. Este entramado vincula directamente lo masculino con el espacio público, la toma de decisiones y el ámbito productivo y, de otro lado, lo femenino con el espacio privado, el ámbito reproductivo y la ausencia significativa en la toma de decisiones. Los estudios y acciones de género y desarrollo nos permiten analizar las oportunidades y condiciones de hombres y de mujeres al acceso, uso y control de los recursos; evidencian la responsabilidad de los estados para garantizar que dichas oportunidades y condiciones se den en igualdad; aportan en la visualización de las interacciones de las desigualdades por género con otras formas de exclusión como la clase, la etnia y edad; posibilitan que los estados cuenten con insumos de análisis de las relaciones, situaciones y decisiones que incrementan la desigualdad y desventajas de las mujeres en la sociedad y, en este sentido, aportan en la toma de decisiones adecuadas para la garantía de derechos.

Como insumos coadyuvantes para la garantía de los derechos de las mujeres y la búsqueda de su desarrollo, existen compromisos importantes en materia de derechos humanos, asumidos por la comunidad internacional y ratificados por el Estado Ecuatoriano. Varios de estos compromisos hacen referencia a la situación específica de las mujeres que habitan en territorios de frontera: • La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) por su carácter vinculante para los países que la ratifican y la repercusión fundamental que ha tenido en cuanto a género, derechos humanos (DDHH) y derechos sexuales y reproductivos. • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará” (1994). • Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994). • La Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995), clave del cambio en la última década. • La Cumbre de Derechos Humanos de Viena (1993). • La Cumbre de la Tierra en Río (1992), al integrar el enfoque de género como ineludible para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia en el mundo. • Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), suscritos en la Cumbre del Milenio de la ONU (2000), con sus objetivos 3.- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer y el objetivo 8:Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. • Y la más específica en materia de territorios de frontera la Resolución 1325 (2000), sobre mujeres, paz y seguridad, la cual provee de un marco amplio de protección de las mujeres y su rol fundamental en los procesos de paz de los Estados.


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Frontera Norte La Frontera Norte ocupa el 16.5% del total del territorio ecuatoriano, (está compuesto por las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi), hasta el momento no constituye una región articulada en sí misma, sin embargo se prevé que con la nueva división administrativa territorial pase a formar parte de la Zona de Planificación 1, en el marco de las Estrategias Nacionales 2010 – 2025, Agenda Zonal para el Buen Vivir. Las provincias de Frontera Norte se caracterizan por una alta diversidad étnica, con alta presencia de población indígena y afro ecuatoriana. Sucumbíos alberga población Kichwa, Shuar, Cofán, Siona y Secoya, siendo el cantón con mayor población indígena Lago Agrio. La provincia de Esmeraldas tiene alta presencia de población afro ecuatoriana y Carchi se caracteriza por la presencia de población mestiza y afro ecuatoriana mayoritariamente. Esta alta diversidad étnica supone especificidad en las demandas de la población hacia el Estado ecuatoriano, lo cual complejiza el entramado socio político del territorio. La Frontera Norte es un territorio de alta conflictividad, atravesado por relaciones de poder vinculado a la extracción de recursos naturales (petróleo, madera y minerales), la repercusión del conflicto armado colombiano que genera el desplazamiento de población colombiana hacia territorio ecuatoriano, sumado a tráfico de drogas, armas y alta movilidad de operativos militares, paramilitares y grupos irregulares. Se caracteriza por una baja presencia de la institucionalidad del Estado Ecuatoriano, y poca aplicabilidad de las leyes. Recepción de población migrante interna y externa que ha generado relaciones fronterizas y transfronterizas con economías particulares al margen del proyecto nacional (Carmen de la Cruz - PNUD UNIFEM, 2007), dificultad de la población para acceder a fuentes de ingresos y en las provincias amazónicas de frontera, convivencia con grupos étnicos originarios de estos territorios, los cuales de manera justa reclaman el derecho a su territorio y recursos naturales.

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Una de las políticas determinantes para la población ha sido el Plan Colombia, decretado en 1999 y operativizado a partir del año 2000, ha provocado estragos en las economías fronterizas, dado que una parte importante de la población se beneficiaba de economías vinculadas a las actividades ilícitas, las cuales han sido frenadas por el Plan Colombia. En la Frontera Norte ha aumentado la inseguridad, violencia y movilidad de la población, convirtiendo a los territorios de la frontera en zonas militarizadas (Carmen de la Cruz - PNUD - UNIFEM, 2007), lo cual para las mujeres de este territorio no es necesariamente un signo de seguridad y puede volver aún más vulnerable frente a las violencias a las que están sujetas. Otros temas relacionados y que afectan en particular la vida de las mujeres son la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, pues la Frontera Norte alberga población migrante, refugiada, desplazada y traficada1.

Las mujeres en la Frontera Norte ecuatoriana De acuerdo al Programa de Paz y Seguridad de América Latina de UNIFEM (ahora ONU MUJERES), el conflicto armado que caracteriza al territorio de Frontera Norte Ecuatoriana, tiene impactos diferenciados en la vida de los hombres y de las mujeres, y esto se relaciona con los diferentes roles que asumen cada uno en vínculo con la construcción social y cultural de las identidades femeninas y masculinas en la frontera. (UNIFEM, 2007) La alta conflictividad de la Frontera Norte de Ecuador, caracterizada por el desplazamiento de la población colombiana mayoritariamente femenina, cuyo principal rasgo son jefas de hogar con sus hijos e hijas, sujetas a procesos de migración e indocumentación, hace que la vida de las mujeres tanto ecuatorianas, en calidad de receptoras de población migrante, y de colombianas, en calidad de desplazadas, estén marcadas por un continuum de violencias de todo tipo.

El Ecuador es el país de América Latina con el mayor número de población refugiada. Para marzo del 2010, se registraron oficialmente 51.675 refugiados/as, existiendo alrededor de 135.000 personas con necesidad de protección internacional. El 98.5% de esa población es Colombiana. Fuente: ACNUR – SISTEMA DE NACIONES UNIDAS ECUADOR.


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Las violencias que se ejercen contra las mujeres en la Frontera Norte, en razón del género son múltiples y cotidianas2. Las mujeres, sobre todo las adolescentes localizadas en la Frontera Norte, están sujetas a situaciones de tráfico con fines de explotación sexual, esclavitud laboral y sexual, violaciones y embarazos forzados, son víctimas de violencia patrimonial, violencia económica, discriminación y racismo. Las múltiples violencias que afectan la vida de las mujeres de la Frontera Norte, se presentan en el ámbito privado y en el ámbito público, incluye violencia intrafamiliar, intimidación y persecución política de lideresas sociales, violaciones sexuales y violaciones de derechos. Esta violación de derechos humanos fundamentales de las mujeres están ligadas a situaciones de desplazamiento forzado e indocumentación. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción u otras formas de privación de la libertad. La explotación sexual de las mujeres ecuatorianas y colombianas en la Frontera Norte, se la ha relacionado principalmente con la presencia de trabajadores petroleros y otras industrias extractivas, así como la alta presencia de contingente militarizado. Los diferentes análisis dan cuenta de redes de explotación sexual y trata altamente articulados dentro del país. (Carmen de la Cruz - PNUD - UNIFEM, 2007). De acuerdo al estudio de G Camacho, citando el Estudio de Fundación Esperanza, se estima que en el Ecuador existen alrededor de 25.000 mujeres en estado de explotación sexual y que el 70% son inmigrantes de nacionalidad colombiana. Es importante mencionar que en el Ecuador existe un Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Laboral, Sexual y otros medios de explotación de personas, niños, niñas y adolescentes, que define a la trata, tráfico y explotación de las personas como “la obtención de utilidad y ganancia y la organización de los medios conducentes al aprovechamiento de los seres humanos, perpetuando la vigencia de delitos que atentan gravemente a la dignidad de las perso-

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nas, como es el caso de la esclavitud o el servilismo. Los seres humanos son considerados como objetos, valores de cambio, sobre los cuales se ejercen atributos inherentes a la propiedad, como la compra venta, trueque, alquiler o transferencia de cualquier índole”. (CNNA, 2006). De la mano de estas vejaciones tenemos otra vulnerabilidad que tiene que ver con sus derechos económicos. La alta conflictividad de la Frontera Norte, la indocumentación de las mujeres, su bajo nivel educativo y baja especialización, sumado a la discriminación y sexismo son factores coadyuvantes para que las mujeres ecuatorianas y colombianas tengan un acceso limitado al empleo formal, vinculándose principalmente al sector informal precario. La población económicamente activa (PEA) de Sucumbíos está compuesta de un 73.5% de varones y un 26.5% de mujeres; la PEA femenina en Esmeraldas es de un 25.5% y en Carchi se reconoce el 27% de la PEA femenina a nivel provincial. (INEC). En estos datos no existe un reconocimiento al trabajo reproductivo de las mujeres, ya que como se ha señalado, por la falta de acceso a oportunidades a lo largo de su vida las mujeres de la Frontera Norte, se ubican en el sector informal, precario e ilegal, sin garantías de derechos laborales. Las mujeres en la Frontera Norte a más de las tareas productivas continúan cumpliendo roles reproductivos y muchas veces comunitarios organizativos. Adicionalmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad se vinculan a formas de explotación sexual, siendo muchas veces adolescentes o madres jóvenes jefas de hogar y sin pareja. Saskia Sassen, hace referencia a estos episodios en la vida de las mujeres como conexiones sistémicas entre, por un lado, el crecimiento de los circuitos alternativos y el empobrecimiento de los países «en desarrollo» y, por otro, la feminización de los circuitos transfronterizos y el impacto de ciertas políticas económicas en estos mismos países. Estos circuitos pueden ser ilegales, como el tráfico para la industria del sexo, o legales, como las remesas remitidas por los migrantes de los países empobrecidos. (SASEN, 2003).

De acuerdo a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres – CEDAW, en su artículo 1, define a la violencia basada en género, como la violencia hacia la mujer por ser mujer o que la afecta de forma desproporcionada. (Carmen de la Cruz - PNUD - UNIFEM, 2007).


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Cabe mencionar que estas situaciones contra corriente en la que viven las mujeres, niñas y adolescentes de la Frontera Norte Ecuatoriana, son contrarrestadas con una agencia femenina, que ha permitido que las mujeres generen procesos organizativos con posibilidades alternativas de convivencia. Las mujeres organizadas han logrado canalizar demandas importantes, trabajar por el empoderamiento de las mujeres, acceso a oportunidades y en la actualidad trabajan por una mayor participación en los espacios de representación a través de la incidencia política desde las necesidades específicas de las mujeres. Las mujeres de la frontera colombo – ecuatoriana, discuten en la actualidad su rol como mediadoras de paz en los procesos de conflicto, pos conflicto y conflictos transfronterizos.

Norte. Adicionalmente, profundizar en la necesidad de que el Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Laboral, Sexual y otros medios de explotación de personas, niños, niñas y adolescentes contenga un enfoque de género consistente. Sería fundamental la generación de información estratégica clave y actualizada sobre la situación de las mujeres ubicadas en el territorio fronterizo norte de Ecuador, considerando la alta diversidad de la población, también sería importante la generación de estudios que nos entreguen una mirada actualizada y articulada de la situación de las mujeres que habitan en las provincias fronterizas, incluyendo a la Frontera Sur que tiene dinámicas propias, como insumos para la política pública.

Resulta importante resaltar que este accionar de las mujeres, debería estar acompañada de políticas públicas de atención direccionada a los problemas de violencias en la Frontera Norte, y a la sanción y judicialización de los casos de trata, explotación y delitos sexuales, junto a acciones de prevención y protección a las víctimas, en el entendido de que no es posible pensar en un desarrollo de las mujeres si no eliminamos las múltiples violencias de sus vidas. Una alternativa plausible para que el Estado Ecuatoriano determine vías de solución a la problemática de violencias de la que son sujeto las mujeres en la Frontera Norte, es la implementación efectiva del Plan Nacional de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, como el instrumento de política pública articulador de la acción de varios Ministerios, que posibilitaría acciones coordinadas en la Frontera

Bibliografía

Arboleda María, “Plan de Igualdad, no discriminación y buen vivir para las mujeres ecuatorianas – Marco Conceptual Ruta metodológica y Estrategia de Transversalización 2010 – 2014”, Gobierno Nacional de la República del Ecuador, Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género Quito, 2011.

Butler Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity - feminism and the subversion of identity, London, (1990).

Colectivo Migración y Refugio, “Refugiados Urbanos en Ecuador – estudio sobre los procesos de inserción urbana de la población colombiana refugiada, casos de Quito y Guayaquil”FLACSO Sede Ecuador – ACNUR, Quito 2011.

De la Cruz Carmen, Género y Frontera Norte, Programa de Desarrollo y Paz en la Frontera Norte del Ecuador, PNUD – UNIFEM (ONU MUJERES), Quito, 2007.

Saskia Sassen, Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfonterizos., Traficantes de sueños, Madrid. 2003.

Sisma Mujer, “Reparación para las mujeres en el Conflicto Armado . Una aproximación a los criterios para su determinación” ,Bogotá Colombia, 2010.


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Fortaleciendo las relaciones de cooperación

entre El Salvador y Ecuador Por: Dirección de Política y Negociación - SETECI

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a intención de acercar y fortalecer las relaciones del Ecuador con el gobierno salvadoreño se consolidó el 18 y 19 de julio de 2011, donde se realizó la I Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Ecuador y El Salvador. Este primer encuentro de cooperación que tuvo lugar en la ciudad de San Salvador se enmarca en la Cooperación Sur - Sur, uno de los puntales de la gestión de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) en los últimos años. En esta ocasión, el Ecuador se presentó en el dúplice rol de receptor y oferente de asistencia técnica, posicionando las experiencias exitosas de política pública recopiladas en el primer Catálogo de Asistencia Técnica Ecuatoriana. De esta manera, se definió un Programa de Cooperación Técnica y Científica entre El Salvador y Ecuador que incorpora demanda y oferta técnica ecuatoriana. Este espacio, se constituyó también en un foro oportuno para intercambiar la visión de cada uno de los países frente a la Cooperación Sur – Sur y definir la perspectiva bajo la cual trabajar de cara a los nuevos retos que enfrentan ambos países. Para el Ecuador, la Cooperación Sur - Sur es principalmente una herramienta de integración regional, para fortalecer lazos y establecer relaciones de solidaridad y complementariedad; se inserta en una clara reivindicación política de las asimetrías en la distribución del poder en el sistema político y económico internacional. La Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD) de El Salvador presentó 29 propuestas de proyectos que requieren asistencia técnica ecuatoriana, enmarcados en las siguientes áreas: equidad, inclusión social y reducción de la pobreza; reactivación económica; desarrollo sostenible; seguridad ciudadana; y, dimensiones especiales de desarrollo. Cabe resaltar que entre los requerimientos realizados por El Salvador se encuentran iniciativas incorporadas en el Catálogo de Asistencia Técnica Ecuatoria-

na, como son: Cursos de capacitación antinarcóticos; Programa de protección de bosques – Socio Bosque; Sistema Ecuatoriano de Calidad; y, Sistema Nacional de Planificación del Ecuador. La SETECI presentó seis propuestas de proyectos que requieren asistencia técnica salvadoreña, enmarcadas en las siguientes áreas: fortalecimiento institucional; medio ambiente; justicia y seguridad ciudadana; y, migración y movilidad humana. Los proyectos se implementarán en la modalidad de costos compartidos: las instituciones que envían la misión técnica financian los gastos de transporte internacional y de cobertura médica, mientras que la institución receptora cubre el hospedaje, alimentación y transporte interno de los expertos. Este es uno de los principios de la Cooperación Sur - Sur, que busca establecer relaciones de corresponsabilidad, fomentando intercambios horizontales de doble vía, dando y recibiendo lo mejor de la experiencia de cada socio. La consolidación de este programa de cooperación se inserta en la estrategia de Cooperación Sur - Sur desarrollada por la SETECI, la cual busca posicionar al Ecuador como país oferente de asistencia técnica, contribuyendo así a la construcción conjunta de una región más justa y equitativa que garantice la dignidad de los pueblos de América Latina.


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Los ríos limpios son vitales para las comunidades fronterizas Este niño es originario de La Chiquita. En un mar de palma aceitera la comunidad afroecuatoriana construye "geografías de esperanza": mantienen prácticas culturales, defienden conocimientos ancestrales, promueven la soberanía alimentaria y buscan procesos de "paz con justicia" contra las estrategias colonialistas de la agroindustria. Los habitantes de La Chiquita, conjuntamente con la Comunidad Awá de Guadualito, mantienen un litigio abierto contra las palmicultoras Los Andes y Ales Palma por la contaminación de sus ríos, que constituyen su fuente de vida, en violación a los derechos de la naturaleza y a los derechos de las comunidades al Buen Vivir.


FotografĂ­a: Julianne Hazlewood. Phd.



Revista Cooperamos 3