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EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA

PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A VIII · N 56 · J 2016

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Los desafíos para gobernar a las Fuerzas Armadas en democracia Páginas  y  ·  C P

ANÁLISIS: #NUM

Fotografía: gentileza Colectivo Manifiesto

Contra la violencia de género

UNA NUEVA ETAPA DE LOS JUICIOS: LAS CAUSAS POR COMPLICIDADES CIVILES

Movimientos en la causa de los magistrados

“El universo de la información se configura con un entramado que favorece los intereses quienes lo crearon.”.

MIENTRAS EN EL JUICIO LA PERLA LAS DEFENSAS DE LOS IMPUTADOS DESPLIEGAN SUS ALEGATOS, LA CAUSA QUE INVESTIGA LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA FEDERAL DE CÓRDOBA CON LAS TORTURAS Y ASESINATOS DE 31 PRESOS POLÍTICOS EN 1976, ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR –CON ALGUNOS RETRASOS– A JUICIO ORAL Y PÚBLICO.

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Las garras que apresan a Latinoamérica


EL JUICIO POR DENTRO

EDITORIAL

Los pasos hacia atrás Durante los últimos años hemos intentado a través de estas columnas objetivar, dentro de lo posible, logros en materia de DDHH desde una perspectiva política y teórica. Que la historia es cíclica no es ningún descubrimiento, tampoco que hay procesos en espiral donde la suma de cambios cuantitativos produce saltos cualitativos. Sin embargo, en esta etapa es difícil hallar una vía de escape a este retroceso sin fin. Con el veto a la ley de emergencia ocupacional, los despidos y tarifazos ejecutados por el ‘señor Mercado’ –que hasta ahora se ha dedicado a sacarle recursos a los trabajadores para darle beneficios a los sectores enriquecidos–, se asoman las sombras de un pasado que vuelve. Y resulta notable la ausencia de una conciencia social que no creímos que pudiera desaparecer: la de los derechos conquistados. Este descalabro social y económico viene acompañado de resoluciones que pasan desapercibidas y son el núcleo de la política neoliberal. Dos acontecimientos de gravedad institucional se sucedieron hace poco pero tuvieron poca repercusión: por una parte, el decreto 721/2016 que deroga la disposición tomada por Alfonsín en 1984 para restar autonomía a los militares y dejar en manos de los gobiernos democráticos las decisiones vinculadas a la órbita castrense. Por primera vez en democracia un presidente le devuelve a las FFAA la potestad para decidir designaciones y ascensos. Esto permitiría que vuelvan al ruedo efectivos con antecedentes vinculados a las dictadura, o que se de una formación antidemocrática en el ingreso. Por otro lado, la Cámara de Casación Penal anuló las condenas a perpetua de tres ex militares por la Masacre de Capilla del Rosario, en el año 1974 en Catamarca, donde fueron asesinados 14 militantes del ERP. El fallo provocó alarma entre abogados, integrantes de organismos de DDHH y fiscales por el tenor de su texto, que parece extraído de los Consejos de Guerra de las FFAA. No se habla de masacre, se habla de “excesos”, y se cuestionan las declaraciones testimoniales. Lo acontecido en este semestre nos deja un sentimiento de frustración. Pero debe servirnos también para alertar sobre el peligro de la inacción. Como ciudadanos y militantes de los DDHH sabemos que este desafío nos ayudará a encontrar nuevas estrategias para desarticular el proceso de regresión que estamos viviendo.

Junio de 2016 | Será Justicia

EL ÚLTIMO TRAMO DE ALEGATOS ANTES DE LA SENTENCIA • DEFENSORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS REPRESORES

La defensa alegó por los imputados S   ,         . Tal como lo establece la Constitución Nacional y las garantías procesales y penales propias de un juicio por delitos de lesa humanidad, la defensa de los imputados del juicio La Perla encabezó el tramo final de los alegatos en representación de los 45 imputados hoy sentados en el banquillo de acusados. Los abogados del Ministerio Público de la Defensa –a cargo de la Defensoría General de la Nación– junto a los defensores particulares, expusieron sus conclusiones luego de más de tres años de audiencias, donde pasaron 581 testigos, la mayoría de ellos sobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de víctimas de la megacausa. Los abogados solicitaron absoluciones, nulidades, y en varias ocasiones desacreditaron la labor de los fiscales y las querellas, bajo acusaciones tales como la carencia de objetividad y la utilización forzada de los testigos que declararon en el juicio. “Se piensa que el fin de alcanzar la justicia después de tanto tiempo, por su elevado valor en términos éticos, puede ser alcanzado de cualquier forma”, apuntó Natalia Bazán, a cargo de la defensoría pública y oficial. Pese al tumulto que generaron en la sala varias afirmaciones, los abogados desplegaron su estrategia fundada en material teóri-

D D “Me resisto a pensar que está todo resuelto y que mis defendidos ya están condenados desde el vamos. Anhelo como defensor, como hombre de Derecho, pero también como argentino, que se haga justicia en base a las pruebas recolectadas y se juzgue no sólo la triste historia que vivimos en los setenta”, señaló el defensor público Pablo Ferrari.

Mercedes Ferreyra

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Defensores. Representantes de los 45 imputados de la megacausa.

co, en fallos de la Corte Suprema, y en el análisis de las causas que reúnen a 716 víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba, por hechos cometidos entre 1975 y 1978. Varias de estas audiencias contaron también con la presencia de familiares de los acusados, quienes se acercaron a escuchar y formaron parte del debate. La ex defensora de Jorge Rafael Videla, que actualmente representa al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, criticó que tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas “se excedieron en su rol”, y que a lo largo del juicio los imputados fueron tratados como genocidas, perversos y malos cristianos, “cuando lo que se juzga no es su personalidad, sino

sus acciones”, afirmó. Bazán aseguró que a los imputados se les violó la garantía de ser juzgados en un tiempo “razonable”, y advirtió sobre una “errónea calificación del delito de genocidio, violando el principio de legalidad, sobre todo en hechos anteriores al golpe, que fueron catalogados como delitos de lesa humanidad”. F . En representación de los imputados pertenecientes a las jerarquías más bajas del Ejército y al personal civil de Inteligencia, el abogado Carlos Casas Nóblega, cuestionó: “Los fiscales se han alejado absolutamente del deber de objetividad que es inherente a su función. Se observó un alegato

plagado de subjetividades y convicciones íntimas”. “Estas posturas extremas y subjetivas –continuó– provocaron, entre una serie de violaciones de los derechos de los represores, que todos sean considerados torturadores, sin distinción de Fuerza Armada de pertenencia y campo de concentración donde desempeñaron sus tareas”. Casas Nóblega dejó sentada una posición de descrédito a la veracidad de la mayoría de los testimonios de sobrevivientes de la dictadura. “Los testigos consultaron libros fotográficos, organigramas, documentos, que contaminaron el conocimiento de lo que ellos recordaban cuando estaban detenidos”, cuestionó. La defensa constitucional de los imputados del juicio será la última en exponer sus alegatos. Luego de la feria judicial, se espera que el Tribunal Oral Federal dicte la ansiada sentencia.

JUICIOS EN EL PAÍS: MASACRE DE CAPILLA DEL ROSARIO (CATAMARCA) • EN 2013 HABÍAN SIDO CONDENADOS A PERPETUA

Un fallo inesperado absolvió a tres represores Cuando en 2013 la sociedad celebró la sentencia de la denominada Masacre de Capilla del Rosario, nadie sospechaba que tres años después la Justicia daría marcha atrás, dejando libres a los 3 represores condenados. Este juicio por delitos de lesa humanidad investigó el fusilamiento de 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el 12 de agosto de 1974. Tras cinco meses de debate y años de investigación de las querellas, la Secretaría de DDHH de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y Carlos Jiménez condenó a prisión perpetua a los ex militares Carlos Eduardo Carrizo, Mario Nagakama y Jorge Ezequiel Acosta por “homicidio calificado agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”. Uno de ellos, Acosta, es hoy imputado del juicio La Perla. El fusilamiento ocurrió en un intento de los militantes de copar el Regimiento Aerotransportado 17, cuando fueron sorprendidos por la Policía. Parte del grupo fue ejecutado luego de deponer sus armas. El tribunal com-

Presentes. Rostros de las 14 víctimas de la masacre.

prendió este hecho en el marco de los crímenes de lesa humanidad que comenzaron a propagarse en el país antes del golpe de 1976, al momento de la transición de un gobierno democrático presionado por los militares a un gobierno de facto. No lo consideraron así los camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 9 de junio de este año anularon por mayoría la condena, absolvieron a los represores y dispusieron su inmediata libertad. Eduardo Rig-

gi y Liliana Catucci sentenciaron: “La existencia de un plan sistemático previo al golpe no existe más que en la subjetividad de los señores magistrados y carece de sustento en las pruebas del debate”. Para ellos, la respuesta de las FFAA en 1974 “fue un acto de defensa de los poderes constitucionales ante el ataque de un grupo de insurgentes”. El tribunal “parcializó la prueba testimonial y descontextualizó los hechos”, acusaron. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz –que actualmente interviene en la causa La Perla y fue fiscal de dicho proceso– manifestó su completo desacuerdo con esta medida. “Hasta se dudó de los testigos, que no pueden ser tomados en cuenta porque son víctimas. Con el mismo criterio cualquier sobreviviente de La Perla, por ejemplo, no podría declarar porque su testimonio está afectado”, señaló. También mostró su preocupación el abogado Claudio Orosz, quien fue patrocinante de las víctimas. “Creo que el Poder Judicial es un poder aristocrático, que todavía no se ha adecuado a la reapertura y a la transición democrática que comenzó en 1983”.


EL JUICIO POR DENTRO

El diario de los Juicios en Córdoba| Año VIII · Nº 56

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DICTADURA CÍVICO - MILITAR • LOS EX MAGISTRADOS ESTÁN A PUNTO DE SER JUZGADOS, PERO LA QUERELLA PIDE APARTAR A UN JUEZ | Por Alexis Oliva

Ex jueces acusados de complicidad, rumbo a un juicio con sospechas La causa de los magistrados, donde se investiga la complicidad de funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba con las torturas y asesinatos de 31 presos políticos en 1976, está a punto de llegar a juicio oral y público. El mes pasado, la Cámara de Casación Penal dispuso que sea juzgada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF Nº2), formado por Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu (La Rioja) y Juan Carlos Reynaga (Catamarca). En principio, son éstos los únicos jueces en condiciones de llevar a término una causa que lleva casi nueve años de interrupciones por apartamientos, recusaciones, parálisis procesal y diversas trabas que revelan las dificultades del Poder Judicial para investigar la eventual conducta criminal de sus miembros. U  . Raúl Bauducco fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) frente a decenas de testigos, el 5 de julio de 1976. René Moukarzel murió tras ser estaqueado en la helada noche del 14 de julio. Otros 29 presos y presas “especiales” fueron acribillados entre el 30 de abril y el 11 de octubre, en ocho fusilamientos colectivos presentados a la Justicia y la prensa como ‘intentos de fuga’. Desde antes de estos hechos, varias de las víctimas y otros que luego sobrevivieron habían denunciado ante

Foto: gentileza TOF

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Imputado. El juez federal Carlos Otero Álvarez (izquierda), en la sentencia del juicio Menéndez 1, en julio de 2008.

los funcionarios judiciales a su cargo las torturas padecidas. El 22 de diciembre de 2010, los ex generales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, junto a una veintena de ex militares y policías, fueron condenados a prisión perpetua por estos crímenes. Ningún funcionario judicial se sentó entonces en el banquillo de los acusados, a pesar de que ya había una investigación penal en su contra. El 27 de septiembre de 2007 habían presentado la denuncia Luis Miguel Baronetto, ex preso político y esposo de Marta Juana González, asesinada luego de haber tenido a su segundo hijo en

U      Se les atribuye una conducta funcional a que pudieran perpetrarse y permanecer impunes los asesinatos de  presos políticos que estaban a su disposición en la cárcel de barrio San Martín. cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento; y Rubén Arroyo, abogado de derechos humanos. A  . Los acusados fueron Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, ex fiscales federales; Ricardo Haro y Luis Molina, ex de-

INSTANTÁNEAS I · RONDA AMPLIADA DE LOS ORGANISMOS EN LA PLAZA SAN MARTÍN

Foto: Mercedes Ferreyra

Siguen girando... A poco tiempo de la esperada sentencia del juicio La Perla, los organismos de derechos humanos se reúnen los segundos jueves de cada mes en la plaza San Martín de la capital cordobesa, preparando la antesala de lo que será seguramente un momento histórico. En cada encuentro en la plaza, los pañuelos blancos y las pancartas con los rostros de los desaparecidos se entremezclan con el paisaje de la ciudad, reivindicando las banderas de Memora, Verdad y Justicia. Al finalizar la feria judicial, el

Tribunal del juicio La Perla - La Ribera dictará el veredicto, luego de más de tres años de debate oral y público, y  testigos que prestaron su declaración

por los hechos que involucran a las  víctimas de la megacausa. La sentencia tendrá un valor social único para la sociedad cordobesa y para el país.

fensores oficiales; y Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 –que presidía Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984– y por entonces vocal del TOF Nº 1 de Córdoba. Salvo Alí, desafectado por incapacidad, hoy están procesados en la causa Cornejo, Antonio Sebastián y otros s/a de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (Art. 274) y encubrimiento (Art. 277). D  . A instancias de otra denuncia presentada por Baronetto en abril de 2008 –antes de que Otero Álvarez integrara el tribunal que impuso a Menéndez su primera condena a prisión perpetua–, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación expresó que los actos que se le imputaban “sin lugar a dudas, constituirían causal de mal desempeño ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y una falta de apego a los principios constitucionales”. A su vez, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba consideró en abril de 2011 que los delitos que se atribuyen a los acusados

“guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”. El fallo habilitó la instrucción, que tras varios apartamientos y recusaciones quedó a cargo de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta y el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien en septiembre de 2012 procesó y ordenó detener a los cinco ex funcionarios judiciales. Luego de un largo e intrincado derrotero, el último movimiento procesal data de un año atrás, cuando la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo y revocó el sobreseimiento parcial de Otero Álvarez y la falta de mérito en beneficio de Haro y Molina. Además, ordenó investigar al camarista Luis Rueda, a quien varios testigos de la megacausa La Perla - La Ribera acusaron de haberlos presionado para que no declaren contra los represores luego del retorno democrático. “Hay una gran sensación de impunidad y de que los acusados se refugian en los pliegues y repliegues de las normas procesales”, dijo en aquella audiencia Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, la Cámara impulsó la causa hacia el juicio oral, pero ya casi no había jueces que pudieran conducirlo. L   . El 31 de mayo pasado, los querellantes solicitaron el apartamiento del juez Falcucci por “temor de parcialidad”. En representación de Baronetto, Ceballos, Elba Pucheta y Raquel Altamira, los abogados Patricia y Jorge Chalup y Adriana Gentile plantean que Falcucci integra desde noviembre de 2011 el TOF Nº 1, presidido por Jaime Díaz Gavier, quien opinó públicamente que el acusado Otero Álvarez –ex vocal de ese tribunal– es inocente. Cuando en septiembre de 2012 fue detenido en la cárcel de Bouwer, Díaz Gavier declaró a Radio Mitre que Otero Álvarez era un colega “intachable” y que los “episodios de los cuales se lo acusa son infundados, claramente no ajustados a derecho”. Por ese motivo, según informó Gentile a Será Justicia, “sin dudar de la condición moral e intelectual” de Falcucci, las querellas consideran que “debería inhibirse de intervenir”.


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ACTUALIZANDO LA CUESTIÓN MILITAR EN LATINOAMÉRICA: POL

Junio de 2016 | Será Justicia

INFORME ESPECIAL • EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA | Por César Pucheta

La cuestión militar, otra vez

Ilustración: Hernán Cappelletti

E   271     M M                    F A    ,     R A. E  ,               271/2016        . Ley de Defensa Nacional”, señala Elsa Bruzzone, secretaria del CEMIDA consultada por Será Justicia. “Este decreto lleva orden administrativo hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Sigue diciendo que están subordinadas al poder civil, cosa que de hecho, es así. Para ascender a coronel o a cualquiera de todos los cargos superiores de las fuerzas, se necesita el acuerdo del Senado. Para los integrantes que vayan a ser jefes de Estado Mayor o jefe de cada una de las fuerzas, se necesita el mismo trámite, en el que los senado-

esde la salida de los procesos militares que se impusieron en América Latina durante la década del setenta, los diferentes procesos políticos de la región comenzaron a trabajar para reconvertir a las Fuerzas Armadas de modo tal que pudiesen adaptarse a los procesos democráticos nacientes. El desarrollo común avanzó en la unión entre las estructuras militares y los procesos políticos propios de cada nación. ¿Qué pasa hoy en la Argentina?

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LEGISLATURA CBA • CONVOCATORIA DE LOS ORGANISMOS | Por C. P.

Repudio al decreto de Macri Foto: Mercedes Ferreyra

E  271. Durante la dictadura de Onganía se dictó la Ley de Defensa Nacional 16.970. Allí no se dividía la defensa exterior de la seguridad interior, lo que implicó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, que derivaron en represión y en los resultados por todos conocidos. Con el regreso definitivo de la democracia, mientras se determina la forma que tendría una nueva Ley de Defensa, Alfonsín firmó una serie de decretos para tener el control total sobre las FFAA. El proceso continuó con la promulgación de la ley a mediados de los 80, que fue reglamentada por el kirchnerismo casi dos décadas más tarde. Según señalan desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), a partir de esa reglamentación y de la derogación del Código de Justicia Militar, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil se concreta. “En ese marco, en la práctica, los decretos de Alfonsín dejan de tener validez porque todo está reglado por la Constitución y por la

res deben realizar las investigaciones y todo lo necesario de acuerdo a lo que marca la constitución. O sea, el Estado marca quiénes son los que ascienden. Los planes de estudios siguen en manos del Ministerio de Defensa y de Educación. Las hipótesis de conflicto que el país pueda tener las sigue fijando el gobierno nacional, que también determina las estrategias y los planes de movilización. Nada de eso cambia”, detalla la especialista en geopolítica y defensa. Al analizar los mismos puntos, el aboga-

Con amplia convocatoria, los organismos de derechos humanos sumaron la adhesión de legisladores y dirigentes de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles para repudiar la medida del presidente Mauricio Macri de recortarle control civil a las Fuerzas Armadas. En el encuentro en la Legislatura de Córdoba acordaron líneas de acción en común, como la firma de un documento público entre los presentes y una presencia multitudinaria en lo que será la histórica sentencia del juicio La Perla. En este marco, la megacausa fue considerada una de las conquistas más importantes

en materia de derechos humanos. El legislador de Córdoba Podemos, ex secretario de Decechos Humanos de la Nación, Martín Fresnesa, cuestionó que “era innecesaria una decisión de esta naturaleza, que echa por tierra los valores fundacionales que Raúl Alfonsín diseñó en el momento más difícil de Argentina, recuperada la democracia. Fue una decisión valiente porque allí estuvo la planificación de la Ley de Defensa de la Nación y la democratización de las fuerzas, quitándole a las Fuerzas Armadas el autogobierno y empoderando al Ministerio de Defensa”.

do querellante de los organismos de derechos humanos en los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba, Claudio Orosz, tiene una interpretación distinta. “A fines prácticos, a lo militares se les devuelven los traslados, los ascensos y la posibilidad de recontratar al personal que ya pasó a retiro para asumir tareas que los vuelven a la actividad. Me parece que ese enorme poder administrativo interno era lo que se quería que esté bajo la visión, la supervisión y la dirección política de civiles”, afirma el letrado, quien además remarca que “si hubo retrasos en los últimos años o si hubo alguna madeja burocrática que hizo que algunas de las cosas no se realizaran todo lo rápido que se tenían que realizar, me parece que lo que habría que hacer es oxigenar y mejorar los mecanismos democráticos y no devolverle la autonomía a los militares”. Para el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, “sólo hay cambios en la parte administrativa. El Ministerio de Defensa entrega algunas atribuciones al jefe del Estado Mayor Conjunto, que él mismo designa”. Según su interpretación, “de Defensa siguen dependiendo algunos cargos superiores, y deja libertad para que el Estado Mayor Conjunto se haga cargo de las otras designaciones. Hay que prestar atención a la reglamentación, porque no establece cuáles son, pero han de ser designaciones de estructura, que hacen al funcionamiento del Estado Mayor, por lo que los altos mandos y la política de defensa continúan en ma-


LÍTICAS DE ESTADO HACIA LA RECONVERSIÓN DE LAS FUERZAS.

BASES MILITARES • POLÍTICA Y RECURSOS NATURALES | Por Alexis Oliva

nos de la conducción política. Así que el 271 no es un decreto fatal”, afirma. L F A . Tomando algunas experiencias latinoamericanas no tan alejadas en el tiempo, cabe volver a preguntarse por la forma en que los gobiernos abren la participación de las Fuerzas Armadas en los procesos internos de las naciones y en la forma en que esas decisiones contrarían, incluso, las propias normativas vigentes en base a garantías constitucionales y acuerdos internacionales. En ese aspecto, el decreto 271 puede esconder otras intenciones. “Hay que estar atentos porque esto puede ser un globo de ensayo para luego avanzar en la reforma de la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior para permitir la participación de los militares en esa área”, advierte Enrique Font, especialista en seguridad y vicepresidente del Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU. “Esto no es un tema nuevo, ya en los 90 había una presión muy fuerte de los EEUU sobre Argentina detrás del discurso de ‘las nuevas amenazas’. Esa presión no aflojó”. La idea de la participación militar en los conflictos internos también es advertida por el CEMIDA. “Ha habido mucha preocupación por este decreto, creo yo que a partir de una mala interpretación. Nadie se ha preocupado por el discurso que Mauricio Macri pronunció en el último acto por el Día del Ejército. El presidente dijo que era hora de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esos son problemas de seguridad interior y como tales deben ser resueltos por las fuerzas de seguridad y no por militares”, advierten. “Hay que estar alerta porque él puso de manifiesto una intención. No vaya a ser que mañana o pasado nos encontremos con un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) donde a la Ley de Defensa le pongan un agregado que habilite a los militares a participar en la seguridad interior o una nueva ley de defensa en la que se autorice a las Fuerzas Armadas a desempeñarse en esas cuestiones”, afirma Bruzzone, quien también señala que este tipo de medidas solicitadas por el Departamento de Estado a través del Comando Sur ya han sido aplicadas en México, en Colombia y en Honduras. Saín va un poco más allá. Para él, no se trata sólo de manifestaciones que desnudan intenciones, sino que Macri ha avanzado sobre el tema al autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en el marco de lo que se dio a conocer como la Emergencia de Seguridad Pública. De todos modos, también señala que hay antecedentes previos al respecto. “En el operativo Escudo Norte, el general Milani, un hombre muy bien referenciado por la embajada norteamericana, habilitó a unos 4.000 integrantes del Ejército como parte de brigadas de patrullamiento, violando la ley de seguridad interna. En ese sentido, no hay ruptura con las ideas actuales”, advierte. Con una lectura similar, que no se arriesga a determinar cuánto más lejos ha ido la actual gestión en materia de militarización en comparación con la anterior, Font advierte que “la preocupación actual es si el gobierno nacional no está pensando en tener un reaseguro y un resguardo en las Fuerzas Armadas para prevenir una situación social compleja generada por un plan económico que ya se está aplicando y sobre el que tienen la decisión de pro-

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VIII · Nº 56

El regreso de la intervención estadounidense en la región «El presidente dijo que era hora de involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero esos son problemas de seguridad interior. Deben ser resueltos por las fuerzas de seguridad y no por militares.» Elsa Bruzzone, del CEMIDA fundizar”. A pesar de asegurar que en la Argentina hay un consenso multipartidario muy fuerte en torno a mantener a las Fuerzas Armadas lejos de la seguridad interna, el criminólogo dice que, además, habría que entender estos movimientos “en relación a otras leyes que han tenido un impacto político-simbólico muy fuerte”, y ejemplifica con el Protocolo de Seguridad para la protesta social. “Yo quiero creer que Bullrich era consciente de que eso no se iba a poder aplicar. Todas esta sumatoria de actuaciones abre muchas preguntas y siembra verdaderas preocupaciones”, señala. Por su parte, Saín es tajante al resaltar la importancia de la toma de decisiones políticas en esta materia. “Hay que ser claros: si el poder político no quiere conducir, no conduce. En este país, la última vez que el poder político se hizo cargo de la conducción de las Fuerzas Armadas fue durante la gestión de Nilda Garré. Ella le hizo firmar a Néstor Kirchner la directiva de estrategia militar que fue un hito y, además, fue ella quien impulsó la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional después de que estuviese dieciocho años esperando. Eso sucedía porque los sucesivos gobiernos dejaban librado al azar la posibilidad de contar con las Fuerzas Armadas para que participen en seguridad interior. Nilda termina con eso porque deja bien claro cuáles son las funciones del Ejército. Después de ella, ni Puriccelli ni Rossi hicieron nada ¿O vos te crees que Rossi manejaba a Milani?”, afirma el especialista a Será Justicia. Con la atención puesta en los procesos locales que se emparentan con los regionales, Claudio Orosz traza un paralelo con lo sucedido en tiempos de la Doctrina de Seguridad Nacional. “Eso tenía que ver con un plan político y económico que enseñoreó toda Latinoamérica y que necesitó de la acción de lo que se conoció como los ‘partidos militares’. A mí me da la sensación de que hoy por hoy, esa posibilidad de acción no existe”. En su lectura, esa necesidad de adecuación de las poblaciones a los esquemas neoliberales y financieros hoy es “ejercida desde el monopolio de los medios de comunicación, y desde el sistema financiero y la fuerza de adecuación al esquema agroindustrial y extractivo de nuestra América en la división mundial de tareas”. Y señala que “muchos de esos valores ya han sido metidos en nuestras cabezas, incluso en la de aquellos que nos pensamos más libres”.

Desde la madrugada de la historia, el imperialismo consiste en pretender reinar sobre territorios y pueblos ajenos. Por definición, para conservar el suelo conquistado el conquistador debe destinar tropas que lo defiendan de eventuales rebrotes independentistas. Esa es la función esencial de las bases militares, al menos desde Alejandro Magno y Julio César para esta parte. Las bases militares son a la vez el principal símbolo y el gran problema del imperialismo, porque en ellas se condensa el hambre de libertad y venganza del conquistado y el malestar de ese soldado que acaso ama “ir, ver y vencer”, pero prefiere el retorno triunfante a su patria y hogar a quedarse ahí y ser el blanco de esa hostilidad que brota hasta de los huesos y cenizas. Como esos legionarios romanos que nunca se ofrecen como voluntarios para intentar doblegar a la aldea irreductible de Astérix el galo. Con el devenir histórico y en el contexto del capitalismo, las bases no perdieron su función militar originaria, pero sumaron otras. Y también adquirieron una coartada benéfica, que explica por qué un país soberano es capaz de ceder territorio para instalar bases extranjeras sin antes haber perdido una guerra. “Ayuda humanitaria”, “investigación científica”, “protección frente a catástrofes naturales”, “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, son algunos de los cosméticos que encubren los verdaderos –viejos y nuevos– objetivos de estos enclaves y permiten presentar su radicación como una buena noticia, llamadora incluso de la panacea de la inversión privada extranjera. “América [es decir, Estados Unidos], trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio”, se informa a sí mismo Jorge Luis Borges en el cuento El Otro, situado en  y publicado en . En esa genial ironía radica la fórmula que el Tío Sam encontró para justificar su política exterior imperialista con el discurso de los valores de la democracia republicana, que en su calidad de sheriff o superhéroe global asume la potestad de imponer allí donde lo crea necesario. Desde ese rol –idealizado por la industria hollywoodense–, encuentra en países como el nuestro dirigentes políticos

dispuestos a abrir las puertas a su ingerencia política, su inversión especulativa… y sus bases militares. Luego del arreglo con los fondos buitres y la visita de Barack Obama justo en el  aniversario del golpe de Estado del  de marzo de , no sorprende que el gobierno de Mauricio Macri aliente la instalación de dos bases estadounidenses en territorio argentino. “Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, anunció al diario La Nación el viceministro de Defensa Ángel Tello, antes de partir a mediados de mayo a Washington con el fin de promover un intercambio bilateral “natural y rutinario” en materia militar. Ushuaia es la capital de una provincia que comprende a Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina, donde se encuentra la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo. Además de la riqueza en minerales e hidrocarburos, es el puerto más austral del Océano Atlántico y como tal, un objetivo militar clave. La segunda base se instalaría en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, una zona geopolítica conflictiva por el tráfico de drogas y armas, la trata de personas y el contrabando, además de la sospecha de ser un enclave del yihadismo islámico en la región. Allí también está el tercer reservorio de agua dulce del mundo: el Acuífero Guaraní. Más allá de la justificación oficial de los poco publicitados acuerdos firmados durante la estadía de Obama, el objetivo no dicho es recuperar la menguada capacidad de intervención política estadounidense en Latinoamérica. Y el control de los recursos naturales. Durante esa visita, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz , le escribió una carta abierta a su par : “Si nos gratificarás con la noticia de que van a cerrar el «Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica» (WHINSEC) y la «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» (ILEA), herederos de la Escuela de las Américas. Y que cerrarás las bases militares que tiene EEUU en América Latina. Entonces serás bienvenido cualquier día a la Argentina”. Para su anfitrión, las condiciones eran exactamente opuestas.

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EN PROFUNDIDAD

Junio de 2016 | Será Justicia

OTRA MOVILIZACIÓN MASIVA • LAS CIFRAS DE FEMICIDIOS DEMUESTRAN LA URGENCIA DE POLÍTICAS DE ESTADO Y CONCIENCIA SOCIAL | Por Agostina Parisí

Ni Una Menos: violencia que no da tregua L             . L        E   J         .

A   J. Yael Funes nunca imaginó que este año iba a ser una de las oradoras de la marcha Ni Una Menos que se desarrolló en Córdoba y el país el 3 de junio. La foto de su hermana, junto a la de centenares de víctimas, apareció en las pancartas. Mujeres, hombres, familias y organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantes, caminaron desde Colón y Cañada hasta la ex plaza Vélez Sarsfield pidiendo justicia. “Mi cuerpo es mío”, “Puta

Fotografía: gentileza Colectivo Manifiesto (www.colectivomanifiesto.com.ar)

“Mi hermana me pedía que me quede tranquila, que tenía orden de restricción, que ya no se le iba a acercar”, recuerda Yael, la hermana de Lis Funes. La ex pareja de Lis era una persona violenta, que durante y después de la relación la había hostigado con amenazas. En 2014 decidió separarse de él, por episodios reiterados de violencia de género. Sin embargo, la pesadilla no cesó al cortar aquel vínculo afectivo intoxicado. Con templanza, Lis le había pedido a su hermana que se quede tranquila. El 2016 la había encontrado con proyectos de vida renovados y con un nuevo amor, del cual estaba comenzando a contarle a sus seres queridos. Por mayor seguridad, vivía en el country La Estanzuela, ubicado en La Calera. Lis tenía 44 y era abogada y profesora de música en dos colegios. Planeaba hacer algún viaje para descansar, pese a que amaba su trabajo, sobre todo el canto y la música. Hacía dos años que ya no estaba en pareja con Elías Iván Lesta, siete años menor que ella. Dentro de su tarea como abogada, defendía casos de violencia de género. No fue esa misma templanza la que Lis le transmitió a la Justicia la quinta vez que se presentó a pedir ayuda por la violencia de su ex. En su última denuncia penal, declaró que estaba “asustada y desesperada”. Tenía tres órdenes de restricción contra Lesta, pero no había logrado acceder a un botón antipánico. La noche del 27 de abril dormía en su habitación junto a su novio cuando, tras romper un alamabrado e ingresar a la vivienda con violencia, Lesta se adentró furtivamente a su cuarto y la apuñaló. En medio del ataque también intentó acuchillar a su pareja, pero el hombre sobrevivió a las heridas. Lis falleció.

Contra la violencia patriarcal. Miles de personas de todas las edades y géneros, acompañaron en Córdoba y en el país el reclamo durante las marchas del 3 de junio.

pero no tuya”, “Aborto legal y seguro”, rezaban los carteles de los manifestantes. “A mi hermana se la olvidaron entre los expedientes. Su caso es un claro ejemplo de la ausencia del Estado”, dijo Yael a Cba24n horas antes de respirar profundo y dirigirse hacia la marcha. El patrocinio de la familia se encuentra a cargo del abogado Carlos Nayi, quien será querellante en la causa que juzgue el femicidio de Lis. C   . De acuerdo a un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, en un año se produjeron en el país 275 femicidios, la mayoría de ellos en manos de parejas o ex parejas. Córdoba se encuentra entre las provincias con más crímenes por violencia de género. El de Funes no fue un episodio aislado este año. También murieron en manos de agresores hombres Leonela del Valle Cabrera (16), Lorna Mateluna Sala (43), Micaela Gutiérrez (26), Yamila Candela Garay (21), María Elizabeth Balmaceda (44), y en mayo ocurrió el crimen de Carina Drigani (43), que aún investiga la Justicia. El grito colectivo Ni Una Menos genera conciencia social, pero no se traduce en un freno a los femicidios. Crimen tras crimen se entremezclan los rostros, los casos, los nombres. Las cifras demuestran una situación alarmante. La problemática estructural de la desigualdad de género genera debate y reflexión, pero parece el

M C: “L J  ” La periodista especialista en violencia de género y autora del libro Maltratadas, Mariana Carbajal, advierte desde hace años sobre la necesidad urgente de políticas integrales y a largo plazo, ante una problemática compleja como la violencia de género. “Es lo que adeuda la gestión kirchnerista y parece agravarse con la actual”, dijo a Radio Universidad. Sobre el rol de la Justicia, reflexionó: “No alcanza con una orden de restricción si no se controla que esta se cumpla. Y si hay un incumplimiento (por parte del agresor), la Justicia no lo registra como un delito aunque este lo sea. Si nosotros hacemos la vista gorda, se da un mensaje de impunidad. Y ellos

halo final en una lucha que llevará mucho tiempo, si es que se gana. L . Exactamente un día antes de la marcha del 3 de junio –organizada en Córdoba por más de 40 organizaciones– y en función del reclamo y las críticas, el gobierno provincial finalmente adhirió a la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio-

actúan así, impunemente, cebados, metiéndose en las casas de las mujeres que los denuncian”. Para Carbajal, la problemática se agrava en una sociedad donde no existe el patrocinio jurídico para las víctimas y las mujeres muchas veces no son amparadas por el sistema. “Una de las deudas más importantes es que la Justicia deje de ser machista y misógina”, plantea. “Hay falencias por todos lados, hay desconocimiento, resistencia. Los jueces no aplican la Ley nacional ., pero sí aplican la . de violencia doméstica. Hay quienes ponen en duda las denuncias, y hay medidas cautelares de protección que son insuficientes”.

lencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Pese a las demandas por bajo presupuesto, la ley busca eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, y aborda la violencia de género como una problemática que se expresa de la manera más trágica en la consumación del femicidio, pero que se manifiesta desde la violencia machista y más cotidiana.


EN PROFUNDIDAD

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VIII · Nº 56

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INSITUCIONAL · LA LÍDER DE LA TUPAC ESTÁ PRESA DESDE EL 16 DE ENERO EN LA CÁRCEL DE MUJERES DE ALTO COMEDERO | Por Prensa Tupac Amaru

La organización Tupac Amaru está de pie L               , ,         M S. A lo largo de dos jornadas, se concretó el Congreso Nacional de la organización barrial Tupac Amaru, en Jujuy. Tras el encuentro, donde concurrieron cerca de mil dirigentes nacionales, se ratificó la conducción de Milagro Sala y se denunció su condición de presa política, al igual que la de los otros siete militantes detenidos. En el documento del encuentro, quedó sentado un pronunciamiento a favor de la continuidad de la campaña a nivel nacional e internacional por la liberación de todos los detenidos, y el compromiso de renovar la lucha por la defensa y reinstauración urgente de políticas de inclusión social y laboral para los sectores populares. Al cierre de la jornada del sábado 11 de junio, los participantes del congreso partieron en una caravana al Penal de Mujeres de Alto Comedero, donde los Curas en la Opción por los Pobres realizaron una misa y una delegación ingresó a la cárcel para darle a conocer el documento final a Milagro Sala. La dirigente social jujeña se encuentra privada de su libertad desde el 16 de enero por una serie de acciones judiciales tan inauditas como ilegales, y que han sido fuertemente criticadas por numerosas or-

A 5 meses de la detención de Milagro Sala. El Congreso Nacional de la Tupac Amaru se dio cita en Jujuy.

ganizaciones de derechos humanos y especialistas en Derecho. Milagro Sala fue detenida luego de que la organización social realizara un acampe pacífico durante casi dos meses en la plaza central de San Salvador de Jujuy para solicitarle un canal de diálogo al nuevo gobierno de Gerardo Morales, que había anunciado que al asumir no continuaría con los convenios de trabajo en las cooperativas de las organizaciones sociales. A partir de ahí, se sucedieron innumerables y continuas acciones

policíacas en contra de la organización, que incluyeron allanamientos, detenciones, golpes, torturas, hostigamientos y amenazas a todos los integrantes de la organización Tupac Amaru de Jujuy. En los días previos al congreso de la Tupac, desde el Penal de Mujeres de Alto Comedero, donde se encuentra Milagro Sala, se conocieron las pésimas condiciones de detención. Las internas alojadas allí confirmaron que estuvieron durante 21 días sin agua caliente, hasta que –luego de la

denuncia hecha pública en los medios de comunicación–, finalmente, el martes 6 de junio instalaron un calefón. A su vez, denunciaron la reclusión en celdas de castigo, conocidas dentro del penal como ‘chanchos’. Muchas internas son castigadas entre 14 y 20 días en esas celdas en las que cuentan con una cama de chapa y un colchón finito, que la mayoría de las veces está húmedo. La comida se las entregan fría y fuera de horario. Además, quienes se encuentran recluidas allí, no tienen posibilidad de comunicarse con nadie. En condiciones parecidas y en otras dependencias, también se encuentran los otros siete detenidos pertenecientes a la Tupac Amaru, en Jujuy, por quienes los abogados de la organización hicieron distintas presentaciones judiciales que fueron desestimadas por las autoridades. En este contexto también se reunieron integrantes de los Comités por la Libertad de Milagro Sala, que se conformaron en las distintas provincias del país para reclamar la liberación de la diputada del Parlasur y dirigente social. Entre otros puntos, resolvieron promover ante el Congreso Nacional la intervención del Poder Judicial jujeño por la vulneración sistemática de derechos constitucionales y la ley vigente, y definieron el inicio de una campaña en contra del nombramiento de la ministra Susana Malcorra como Secretaria General de Naciones Unidas, por considerar que una funcionaria cuyo gobierno tiene una presa política no puede ocupar un cargo de semejante responsabilidad.


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CONTRATAPA

EL GOLPE PARLAMENTARIO PARA DESTITUIR A DILMA ROUSSEF

Por Juan Carlos Romero López

Junio de 2016 | Será Justicia Consultor en tecnología y comunicación. Director editorial del portal informativo latinoamericano Página Popular - Noticias de la Patria Grande.

La Patria Grande en la encrucijada uego de más de una década de gobiernos emancipatorios y progresistas en la región, el embate de los sectores concentrados de la economía mundial se muestra en toda su magnitud y potencia. La nueva derecha gobierna ya la Argentina, se ha hecho provisoriamente del gobierno en Brasil y, en una expresión más moderada que el Uribismo, también gobierna Colombia. Por otra parte, embiste ferozmente contra Venezuela, Bolivia y Ecuador e intenta desestabilizar a Cuba, empleando una política de penetración suave antes de desplegar su universo de recursos comunicacionales. Los golpes de Estado, tradicionales en la región hasta los años 70 del siglo XX, han sido reemplazados por sutiles mecanismos de dominación mental. Son verdaderos golpes mediáticos, ejecutados por los medios locales tributarios del poder económico tradicional y los medios internacionales sintonizados con las políticas imperialistas de las grandes cadenas. Es cierto que tampoco los métodos de dominación y control social posteriores a la toma del poder son de la misma magnitud ahora que en los ‘años de plomo’. A la sistemática violación de los derechos humanos, al despliegue del terrorismo de estado han sobrevenido técnicas más refinadas de control social y acoso político. Los medios de comunicación hegemónicos, con su elenco estable de paramilitares mediáticos trabajan sobre la segmentación profunda de las capas sociales, culturales y demográficas generando agendas, discursos y contenidos especiales para cada caso. Trabajando sobre la idea fuerza de 'comunidades de interés', se valen de renovadas herramientas de manipulación, especialmente las que trabajan sobre las redes sociales. Los usos y costumbres de la población migran hacia esos tipos de relacionamiento y le permiten a los dueños de internet (porque internet, sí tiene dueños), afianzarse en la consolidación de modelos de aprobación o desaprobación de políticas, de modas, de tendencias culturales. El universo de la información y las telecomunicaciones se configura con un entramado que favorece siempre los intereses de las minorías que lo crearon.

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E     . Los gobiernos progresistas de América Latina convirtieron a millones de pobres en consumidores. Demasiado ocupados en generar trabajo y consumo, esos gobiernos populares no pudieron despertar la conciencia suficiente y dar el salto a la ciudadanía real. Pero entonces regresó la nueva/vieja derecha, que si de algo entiende es de cómo seducir consumidores. Y empezó a ganar elecciones. El consumo es aquí el gran elemento diferenciador. Consumir o no consumir, esa es la cuestión. Donde nace un consumidor, en alguna parte cede un ciudadano que se aleja del terreno de la subjetividad política para adentrarse en la lógica puramente material. Si crece el consumo de las clases más desposeídas, son las clases más favorecidas quienes ven acortarse las diferencias, aunque se eleven ellas mismas en una espiral virtuosa. He ahí la trampa con la que

los grandes medios operan sobre el sentido común: importa más la diferencia de clase que el beneficio en sí mismo. "No me importa ser pobre si alguien lo es más que yo". Cómo es lógico, eso ayuda a que se acepten mayores niveles de pobreza en favor de los beneficiados de siempre, toda vez que pueda castigarse a los chivos expiatorios, vagos de toda vagancia que 'viven' del 'esfuerzo' ajeno. Colisionan entonces dos realidades que no deberían colisionar, dado que a mayor consumo general, más trabajo y bienestar material. Sin embargo lo que molesta es que esos 'cabecitas' se sienten en los mismos restaurantes y comen lo mismo que la clase pudiente, usen ropa de marca o, aún mejor, porten celulares de alta gama.

He ahí la grieta fabricada, la falsa grieta que divide en partes más o menos iguales a la sociedad. Pero la verdadera grieta es otra, y tiene una relación distina, digamos, de noventa y nueve a uno. Es la grieta que separa a los que concentran el capital, los medios de producción, del resto de los mortales. Sin embargo "la grieta" tan mentada en los medios de comunicación se fabrica captando la motivación aspiracional propia del consumidor capitalista, que ve el origen y final de sus logros materiales en su propio bolsillo y esfuerzo. El truco consiste en impedir que esos logros se ubiquen en un entramado de actores sociales, fuerzas económicas, relaciones laborales y políticas de Estado de las que todo ciudadano forma parte. En Latinoamérica, otro elemento favorable a los intereses de las minorías es la fenomenal inserción de una estética globalizada. El marketing arrollador que nos ofrece un mundo feliz si usamos tal ropa o tomamos tal gaseosa, dispositivos luego calcados en la comunicación política de la derecha, como se vio en las campañas electorales de los últimos dos años. Mientras el progresismo y las izquierdas regionales intentan competir en las cabezas de los consumidores con una estética de barricada, apoyada en valores trascendentes, muchos de los votantes están pensando en su futuro smartphone, cuyas publicidades son a veces difíciles de diferenciar de las del candidato de turno. Mismos colores, rsotros jóvenes y sonrientes, globos de colores... Pero ahora viene un tiempo en que las derechas en los gobiernos volverán a fabricar pobres. Y serán pobres los que voten, y serán las fuerzas populares las que sabrán cómo hablarles, claro que esta vez, al mismo tiempo de reinsertar a los pobres en una vida digna habrá que romper de una vez ese círculo vicioso de avances y retrocesos. El desafío regional será conformar mayorías más amplias, también unidas regionalmente. Nada podrá hacerse en este sentido si no logramos establecer el paradigma de la comunicación como un derecho humano, y no como la propiedad privada de los sectores del poder concentrado.

E D   J    L H  C

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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Mercedes Ferreyra · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: María Laura Villa, Matilde Nasser, Colectivo Manifiesto, Juan Carlos Romero López Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com

Tirada de esta edición: 10.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)

Santa Fe 11, Bº Alberdi · Córdoba · Tel: (0351) 425 6502 Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar

Secretaría de Prensa y Difusión: Betty Argañaraz (3515551949) Contacto Será Justicia: info.serájusticia@gmail.com facebook.com/diarioserajusticia

Será Justicia Nº 56  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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