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EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA

PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A VII · N 49 · J 2015

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¿Cuándo le toca al Poder Judicial? LA CAUSA DE LOS MAGISTRADOS, QUE INVESTIGA LA COMPLICIDAD DE JUECES CORDOBESES CON LA DICTADURA EN EL FUSILAMIENTO DE PRESOS POLÍTICOS, TODAVÍA SIN FECHA DE JUICIO. Páginas  y  · P A O

Restituciones

Mercedes Ferreyra

VOLVIERON CON SUS FAMILIAS LOS RESTOS DE LOS ESTUDIANTES SECUESTRADOS EN 1975 Y HALLADOS POR EL EAAF EN LOS HORNOS DE LA PERLA.

Página  · P C P

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Para no bajar los brazos “Llevamos un reclamo por la notoria marcha atrás que se ha dado respecto del juzgamiento de los civiles responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad”. P P L · Página 

LUIS ALBERTO QUIJANO

EDITORIAL

El protagonismo de los movimientos sociales Una vez más, proponemos reflexionar sobre los sentidos de los juicios por delitos de lesa humanidad para la sociedad en nuestro país, en nuestra patria grande y en el mundo, convencidos de que trascienden ampliamente el reclamo de justicia por las víctimas del terrorismo de Estado. En tiempos de crisis y de grandes cambios epocales, donde sectores políticos y sociales advierten la necesidad de estos cambios; en tiempos en que la más alta jerarquía de la Iglesia católica hace un llamado a los movimientos sociales de nuestra América, a ser protagonistas de transformaciones para construir una sociedad mejor, los movimientos de derechos dumanos, constituidos en motores de esos movi-

mientos, tenemos un protagonismo histórico innegable. En este contexto de nuevos protagonismos sociales y políticos es que redimensionamos la importancia histórica, política, ética y social de los juicios, que indudablemente significan un salto cualitativo de ética, democracia y una nueva dimensión antropológica. En esta batalla ganada, después de más de treinta años, contamos con el acompañamiento no sólo de un sector social que hizo suyas nuestras banderas, sino con una dirigencia política que comprendió nuestro reclamo, y su trascendencia como proyección hacia el futuro. Sabemos que es ciclópea la tarea; no sin altibajos, y disputas. Son muchos los intereses con-

trapuestos, y necesitamos constancia, fortaleza y el acompañamiento de todos los hombres y mujeres dispuestos a apostar por la ética y la justicia. Hoy el Poder Judicial tiene en este sentido el desafío histórico de estar a la altura de tamaña responsabilidad. Vemos que gran parte de la maquinaria judicial da muestras de sus debilidades y contradicciones, y de su histórico papel al servicio del poder. No obstante, vemos con alguna esperanza los posicionamientos que aparecen dentro de este Poder Judicial. Apostamos a tensionar las fuerzas emergentes que nos permitan ver juzgados y condenados a los ejecutores del plan sistemático, y a sus mentores y beneficiarios.

Declaró en el juicio el hijo de un represor A LOS 15 AÑOS FUE OBLIGADO POR SU PADRE, EL REPRESOR YA FALLECIDO LUIS ALBERTO CAYETANO QUIJANO, A TRABAJAR PARA LOS MILITARES. PRESENCIÓ ALLANAMIENTOS Y VISITÓ LA PERLA Y LA RIBERA.

Mercedes Ferreyra

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EL JUICIO POR DENTRO

Julio de 2015 | Será Justicia

PERIODISTA Y CINEASTA • INVESTIGÓ EL PLAN CÓNDOR Y LA DOCTRINA FRANCESA

Minutos antes de su declaración, la sala de audiencias pudo apreciar a través de un proyector parte de su documental audiovisual, también libro: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa. Allí, Robin logró dar cuenta de cómo la doctrina de guerra francesa impactó de lleno en el armado del plan sistemático de exterminio de personas y de “reorganización nacional” que llevó adelante la dictadura argentina. “Me interesaba realizar una investigación del Plan Cóndor, y descubrí la historia de la doctrina francesa, la cual es muy famosa a nivel mundial”, relató. En 2003, la periodista decidió estudiar este proceso en Argentina: “No fue fácil llegar a los generales de este país. Me interesaba hablar con Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, que estaban libres, pero se escondían por los escraches”. En años de plena impunidad, la agrupación H.I.J.O.S utilizaba el escrache como un modo de obtener, al menos, condena social. “Me comunicaba con Horacio Verbitsky, quien me decía que no se sabía dónde estaban los militares”, comentó. Utilizando algunos artilugios

Mercedes Ferreyra

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Marie-Monique Robin. “Es un ejemplo para el mundo que se juzgue a los militares”.

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Fue secuestrado en septiembre de  en Tucumán. Era abogado y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Se decretó una orden que me dejaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y estuve detenido hasta ”, relató. “Tenía un compromiso con las ideas de militancia. Un día volaron mi estudio jurídico”, dijo. Fue llevado a Rawson, Devoto y Córdoba. “En La Ribera tenía los sentidos agudizados por no ver. Una vez nos enteramos de que la Cruz Roja había exigido que los dejaran entrar”, recordó.

Declaró sobre la desaparición de su hermano, Omar Enrique Carreño, secuestrado el  de mayo de . Era militante sindical y del Poder Obrero. La testigo contó los trámites que realizó su familia para encontrar a su hermano, en ministerios, reparticiones militares, la Iglesia... sin obtener respuestas. “Quique vive en todos nosotros”, expresó Norma Carreño ante el tribunal.

R T periodísticos, Robin llamó al Círculo Militar. “Le di algunas noticias de sus amigos franceses a Díaz Bessone y aceptó que lo entreviste”, dijo. Robin viajó a Argentina y dialogó con Bessone, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, Harguindeguy y Alcides López Aufranc, ex generales de división. “Me dijeron que todo era enseñanza de los franceses”, sintetizó la periodista. “Harguindeguy me dijo que los desaparecidos fueron los daños colaterales de la guerra sucia”. Según las entrevistas, una convención de asesores franceses arribó al país en 1959, y permaneció hasta antes del fin de la dictadura. “Se quedaron en el sexto piso de la sede del Ejército de Buenos Aires. Bignone me confesó que la batalla que dieron

en Argentina fue una copia de la de los franceses en Argelia”, expresó. La autora explicó que fueron los franceses quienes implementaron el uso de la tortura como método para conseguir información, algo que luego fue exportado mundialmente, al igual que los ‘vuelos de la muerte’. “Harguindeguy me dijo que no se arrepentían de lo hecho. Me asustó bastante la firmeza de sus declaraciones”, confesó Robin. La periodista consideró que el hecho de que en Argentina se juzgue a los militares a través de los juicios por delitos de lesa humanidad es “un ejemplo para el mundo”. Luego de su declaración, expresó: “En mi país nunca se juzgó a los responsables de los crímenes perpetrados en la guerra de Argelia, donde nació la famosa escuela francesa”.

ANTONIO MORALES MINDT Y MARIO LEIVA• LA ACTUACIÓN DE PUGA, RUEDA Y Z. LEDESMA

La complicidad de los jueces

Fue citada a declarar por el destino que corrió quien era su pareja, David Zarco Pérez. En septiembre de , un grupo armado allanó su domicilio y lo secuestró. “Yo estaba embarazada de dos meses y vinieron a ayudarme mis vecinos”, contó. “La madre de David realizó las averiguaciones. A mi él nunca me había demostrado miedo, sólo tenía la precaución de que le avise adónde iba cuando salía de casa”, recordó.

I S G Fue secuestrada días después del golpe junto a su madre, en Villa La Bolsa. “Nos detuvieron por una supuesta averiguación de antecedentes. Nos llevaron a un lugar donde pasamos la noche”, relató. “Me acusaban de comunista y a mi madre también”, dijo. Madre e hija fueron trasladadas sin razones a La Ribera y al Buen Pastor, hasta que recuperaron su libertad.

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Mercedes Ferreyra

No es la primera vez que son mencionados en el juicio algunos de los jueces que actuaron en complicidad durante la dictadura en Córdoba, algunos de ellos hoy implicados en la causa de los magistrados (ver informe especial en páginas 4 y 5). Los testigos Antonio Juan Morales Mindt y Mario Antonio Leiva también pudieron dar cuenta de ello a través de sus declaraciones en el juicio. Mindt era militante de la Juventud Peronista (JP). Fue privado de su libertad en 1976. A partir de ese momento, pasó por distintos centros clandestinos, y atravesó siete años de cárcel y torturas hasta recuperar su libertad. “En medio de esos años, tomé conocimiento de que tenía una causa en mi contra. El secretario del juzgado era Miguel Ángel Puga, y quien me tomó declaración en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) fue Luis Rueda”, re-

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Antonio Morales Mindt. Privado de su libertad durante siete años.

cordó. Por su parte, Leiva declaró a través de videoconferencia desde Roma, lugar donde se exilió. El testigo era delegado de SMATA, y antes del golpe, comenzó a sufrir persecuciones. Al igual que Morales Mindt, atravesó su cautiverio en el D2 y la UP1. Leiva señaló: “Estábamos (él y

sus compañeros) a cargo del juez Zamboni Ledesma”. “Una vez nos tomaron declaración en el juzgado, y un señor robusto con anteojos me preguntó si me habían golpeado, yo le mostré mis hematomas y se rió sarcásticamente en mi cara, y me dijo que cualquier cosa diga que me había caído de una escalera”, relató.

Relató el secuestro de su hijo, Juan Carlos Santa Marina. “Terminó el secundario a los  años y entró a trabajar en la Guarnición, frente a la Escuela de Aviación. Le faltaba sólo una materia para recibirse de abogado. Nadie podía creer que lo hayan detenido”, afirmó su madre. La testigo declaró haber recibido llamados anónimos con amenazas luego del secuestro de Juan Carlos, el  de marzo de . Su esposo era un oficial del Ejército, sin embargo, no pudo salvar la vida de su hijo.

P C Hija de militantes políticos, fue citada a declarar por haber conocido a Charo Aredes. “Ella era amiga de mi padre, cuando a él lo secuestran en , Charo fue muy importante para la familia”, relató. “Ella nos sostuvo emocionalmente mientras mi padre estuvo desaparecido”, recordó Patricia. Aredes era gremialista y trabajaba en el Frigorífico Mediterráneo de Sierras Chicas. Fue secuestrada el  de marzo de .

I R La testigo declaró por Elsa Alicia Landaburu, quien fue su vecina durante la infancia, según expresó. “Ella vino a Córdoba a estudiar Medicina, y empezamos a militar en la Juventud Peronista. Teníamos el espíritu de cambiar el mundo”, relató. “Perdimos contacto un tiempo porque nacieron mis hijos. Supe que ella, junto a su pareja, aparecieron fusilados en un enfrentamiento que no fue tal”, explicó Inés.

G  S Fue novia de Juan Carlos Yabbur, razón por la que fue citada a declarar. “Éramos novios, lo conocí en ”, afirmó. Tres años después, Juan Carlos debía asistir a una fiesta familiar en casa de la testigo, y nunca se presentó. “Su madre me contó que un grupo armado lo había buscado. Y un tiempo después, supe por sus hermanos que estuvo secuestrado aproximadamente un mes en La Perla”, explicó. La testigo habló sobre las secuelas que le produjo aquel episodio: “Es muy difícil, éramos muy jóvenes. Esa incertidumbre quedó para siempre. Fueron muchos años de espera”.

E       : Ana María Miniello, Norma Teresa Romero, Mirta Posseto de Soro, Silvia Haydé Petiti, Julio Suárez, Laura Marrone, Oscar Huniken, Ana Pirrone, Dionisio Iácono, Carlos Jorge Kopp, Dionisio Lescano.

Fotografías: Mercedes Ferreyra

Marie-Monique Robin en el juicio

TESTIMONIOS


EL JUICIO POR DENTRO

El diario de los Juicios en Córdoba| Año VII · Nº 49

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TESTIMONIO DEL HIJO DEL GENDARME LUIS ALBERTO CAYETANO QUIJANO • A LOS 15 AÑOS FUE OBLIGADO POR SU PADRE A TRABAJAR PARA LOS MILITARES

Luis Alberto Quijano: La historia del hijo de un represor A  16 , L A Q     ,    ,     . P    ,      L P  L R. nar con una máquina picadora de papeles cualquier documentación perteneciente a los detenidos-desaparecidos: DNI, libretas universitarias, títulos, fotografías, libros, etc. S    J. Luis Alberto se presentó decidido a contar su verdad. Una disposición del Código Penal no le permitió vincular directamente a su padre, pero sí pudo narrar ante los jueces lo que él vivió en aquellos años. Quijano solicitó declarar sin la presencia de los imputados, muchos de los cuales conoció durante su juventud. Recordó varios nombres: ‘Palito’ Romero, ‘Chubi’ López, Manzanelli, ‘Texas’, Diedrich, Yáñez, Barreiro, Vergéz y otros. El testigo recordó su adolescencia, signada por la violencia de su padre. A los 15 años, Quijano ya conocía todo sobre la utilización de armas o cualquier armamento de guerra. A cada lugar que iba, llevaba su pistola, a veces ametralladora. En varias ocasiones, acompañó a grupos armados a realizar secuestros o allanamientos. Porque la tarea

Mercedes Ferreyra

Luis Alberto Quijano fue citado a declarar por los hechos que presenció durante la dictadura, cuando fue obligado por su padre, el represor Luis Alberto Cayetano Quijano, a trabajar para los militares y ser partícipe de hechos que fueron parte del terrorismo de Estado en Córdoba. Quijano se presentó ante la Justicia de manera voluntaria para contar su verdad. En 2011, luego de 35 años de guardar tan enorme secreto, se acercó a la Fiscalía Federal de Córdoba, donde fue recibido por Graciela López de Filoñuk. Allí reveló por primera vez las atrocidades que vivió y a las que fue sometido, casi sin saberlo, durante su adolescencia. Su padre, fallecido hace unos meses, fue un oficial de Gendarmería especializado en Inteligencia. A partir de 1976, comenzó a integrar la temible ‘patota de La Perla’, y a trabajar en el Destacamento de Inteligencia. Había sido desafectado del juicio La PerlaLa Ribera por razones de salud. Ese mismo año, también su hijo se sumó al Destacamento. Con 16 años, comenzó haciendo tareas ‘administrativas’, como elimi-

Quijano hijo. A lo largo de los años, el testigo pudo rearmar su vida de nuevo, y no volvió a tener contacto con sus padres.

R    “Los militares tenían la facultad para fusilar gente. No se usaba orden de allanamiento. Eran dueños de la vida y de la seguridad de todos”, manifestó Luis Alberto Quijano. ‘administrativa’ no era la única que le tocaba. En más de una ocasión, fue campana mientras los militares realizaban allanamientos. Con arma en mano, el pequeño Quijano cuidaba el vehículo y ahuyentaba a cualquiera que pasara por allí. “Recuerdo una im-

RAFAEL Y HORACIO RAMÓN FLORES • UNIDOS BAJO EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES

“Luchamos contra la burocracia” L  R  H R F      . D  ,        C. Los dos hermanos integra- Horacio Flores. ron la Mesa de Gremios en Lucha, tal como lo expresaron ante el tribunal. Rafael Flores fue secretario general del Sindicato del Caucho. En 1974, durante el Navarrazo, fue detenido por primera vez y trasladado junto a sus compañeros al Departamento de Informales Agustín Tosco y Tomás Di ciones de la Policía (D2). “Nos dimos cuenta de que to- Toffino. “Nos unían los motivos do era parte de un plan militar”, de redención social”, expresó. Rafael pasó su cautiverio deteaseguró a través de videoconferencia desde España, donde se nido en el D2, donde fue salvajeexilió inmediatamente después mente torturado por el ‘Gato’ Gómez, y en la cárcel de barrio de lo ocurrido. El testigo rememoró a sus San Martín, hasta que recuperó grandes compañeros y ejemplos su libertad y se exilió en España. Su hermano, Horacio Ramón de lucha, los dirigentes gremia-

Flores, fue detenido tres veces, entre el 74 y el 76 . “El sindicato era nuestra casa y allí luchábamos contra la burocracia sindical”, dijo. “En el D2 me golpearon hasta el momento de mi liberación. Estaba muy mal y no me podía mover. Fui al Hospital de Urgencias y un médico que era de Perkins, me atendió. Supe con el tiempo que fue desaparecido y estuvo en La Perla”, recordó. Luego de los hechos, Horacio Ramón Flores consiguió el testimonio de Graciela Geuna, una sobreviviente de La Perla, donde pudo dar con el destino de muchos de sus compañeros sobre los que no había vuelto a oír.

prenta clandestina en barrio Observatorio, que pertenecía a Montoneros. Agarré una estrella federal de madera, que tenía escrita la frase «Libres o Muertos», y me la llevé”, relató. En otra oportunidad, comentó sobre un operativo cerca de las vías del ferrocarril: “Se armó un tiroteo, y creo que murieron tres personas. Me quedé cuidando el coche”. “Los hurtos eran una cosa de todos los días”, expresó. Contó que actualmente conserva en su hogar muchos objetos que tomó por su propia cuenta, o que robó su padre, pertenecientes a distintos detenidos. Quijano también presenció un asesinato en manos de su propio padre. “El hombre fue sacado de la Décima. Lo llevamos cerca de la Difunta Correa, por el camino de la Fuerza Aérea y el Tropezón. Vi cuando cayó de un tiro en la cabeza”, afirmó.     . Quijano convivía con el accionar delictivo de su padre y sus compañeros. Para él era algo cotidiano. Sólo después de muchos años logró ver que detrás de lo vivido había un plan de terrorismo de Estado, que había marcado la historia de un país. “Me daban casetes con sesiones de tortura para oírlos. No era algo agradable, pero estaba acos-

tumbrado. Dos amigos también los escucharon. Los llevaba en el bolsillo, para mí era algo normal. Ya no los tengo porque se me ordenó destruirlos”, describió. Y explicó que pese a haber ido a centros clandestinos, nunca vio una tortura: “Sé que a los presos se los ataba de pies y manos a la cama, y se les ponía el voltaje directo. También que nadie se resistía a la picana”. En cuatro oportunidades visitó La Perla, y en una de ellas pudo ver ‘la cuadra’. “Desde la puerta vi la gente y las colchonetas”, recordó, hasta que su padre le advirtió: “¡Deja de mirar, pelotudo!”. También visitó La Ribera, y recordó que en aquellos días compartidos con los militares, escuchó hablar del ‘pozo’. “Sacaban gente de La Perla, cargaban los camiones de la Brigada. Los llevaban a cavar pozos, los mataban y los enterraban”, afirmó. “Sé que cuando llegó Alfonsín se trajeron máquinas para abrir los pozos. Se molió todo: los cuerpos y la tierra. Decían que nadie iba a encontrar nada”, agregó, y continuó: “También sé que en algunos casos se llevaban los cuerpos a fosas comunes en los cementerios”. De chico, estudiaba en el Colegio Deán Funes. “Tenía muchos problemas de conducta, pero me salvaba porque era hijo de militar, sino me echaban”, aclaró. Hace dos meses, se enteró a través de Facebook de la muerte de su padre, con quien ya no hablaba hacía años. Quijano demostró ante una sala de audiencias colmada su deseo de colaborar con la Justicia.


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EL MAL SUEÑO DE LA SAGRADA FAMILIA: SE INVESTIGA LA COMP

Julio de 2015 | Será Justicia

INFORME ESPECIAL • EL TORTUOSO CAMINO PARA LLEVAR A JUICIO A LA CORPORACIÓN JURÍDICA QUE COLABORÓ CON LA REPRESIÓN | Por Alexis Oliva

La causa de los magistrados, en el laberinto del Poder Judicial A   ,         ,      J F  C      . E    S B   C  A                   S. Sagrada familia: dícese de la corporación judicial cordobesa, proclive al conservadurismo, el matrimonio endógeno, el nepotismo y la complicidad con los poderosos. Por caso, su colaboración con el poder dictatorial, rol que a casi 40 años de los hechos se define con las figuras de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento”, por las que están acusados varios ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba en la llamada causa de los magistrados. Los delitos no perseguidos ni denunciados fueron 119, entre los que se cuentan detenciones y allanamientos ilegales (por carecer de orden judicial), robos, tormentos, abusos sexuales, un caso de aborto inducido por golpizas y los homicidios de los treinta detenidos ‘especiales’ en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de barrio San Martín. Los crímenes más graves sucedieron entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976, lapso en que treinta presos políticos a disposición de la Justicia Federal y del Poder Ejecutivo Nacional fueron asesinados por el Ejército y la Policía. Uno fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la UP1 y ante decenas de testigos (Raúl Bauducco); otro murió luego de ser estaqueado a la intemperie en la helada noche del 14 de julio (René Moukarzel); y los demás, acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como ‘intentos de fuga’. Así, en dosis de muerte precedidas por anuncios a las víctimas, hasta se permitieron dejar con vida a Eduardo De Breuil para que relate cómo fusilaron a su hermano Gustavo, a Higinio Toranzo y a Hugo Vaca Narvaja (h). Así se cumplieron las palabras del general Juan Bautista Sasiaiñ apenas perpetrado el golpe de Estado, que los presos hicieron conocer a los funcionarios judiciales: –En nombre mío y del Chacal, vengo a informarles que están todos condenados a muerte. Pero no se pongan contentos. Van a ir muriendo muy lentamente de ma-

nera que se arrepientan de haber nacido. El 22 de diciembre de 2010, los ex generales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados por estos crímenes junto con una veintena de ex militares y policías. Pero no se sentó en el banquillo de los acusados ningún juez ni funcionario judicial responsable de aquellas víctimas, a pesar de que ya había una investigación penal en su contra. L  . El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, ex preso político y esposo de Marta González, asesinada el 11 de octubre del 76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, abogado e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento; y Rubén Arroyo, abogado de derechos humanos, habían presentado la denuncia en el contexto de la causa UP1. La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado y la tituló “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. Es que se trataba de conspicuos miembros del Poder Judicial: Miguel Ángel Puga, ex titular del

Juzgado Federal Nº 2; Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, ex fiscales federales; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales; y Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 –que presidía Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984– y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba.

LA POLÉMICA EN TORNO AL FALLO DE LA CÁMARA FEDERAL | POR A. O.

Un terremoto en el edificio judicial “¡Es una felonía lo que está pasando, la última de las traiciones que merece el peor de los infiernos, porque todos aquí hemos sido sus discípulos o hemos trabajado con ellos!”, clamó el abogado Benjamín Sonzini Astudillo ante los miembros de la Sala B de la Cámara Federal de Acusaciones de Córdoba. “Ellos” son los magistrados acusados y el tono dantesco dirigido a los “traidores” expresa el carácter herético de esta causa, en un ámbito donde se acostumbra a juzgar pero nunca ser juzgado. En esta ocasión, el ribete más polémico es la inclusión del camarista Luis Rueda entre los sospechados de contribuir a la impunidad del terrorismo de Estado. En declaraciones a los SRT, el propio Rueda lo atribuyó, en general, a la “feroz interna judicial” en la torre del parque Sarmiento, y en

particular, a una venganza de Liliana Navarro, porque él se negó a “interceder ante (la fiscal) López de Filoñuk y (el juez) Sánchez Freytes para que no detengan a su marido”. Se refería al ex comisario Pedro Nolasco Bustos, condenado a prisión perpetua en la causa del Comando Radioeléctrico por el fusilamiento de Ana Villanueva, Jorge Diez y Carlos Delfín Oliva. Para Rueda, eso motivó lo que describe como “un desvío de poder, de salirse de lo que está en la causa y tratar de ingresar groseramente a un funcionario”. Apenas fue denunciado por los testigos de la megacausa La Perla-La Ribera, el magistrado había declarado a Será Justicia: “¿Cuál es el pecado –entre comillas– que yo habría cometido? Que fui un joven secretario en el último momento de la dictadura militar”.

Salvo Alí, desafectado por incapacidad, hoy están acusados en la renominada “Cornejo, Antonio Sebastián y otros s/a de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (Art. 274) y encubrimiento (Art. 277)”. Desde su inicio, la causa judicial fue varias veces interrumpida por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces y funcionarios actuales con sus pares acusados. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, la instrucción derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. En abril de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones –en su anterior composición– rechazó la prescripción de los delitos, al considerar que “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”. En agosto de 2012, a pedido de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Puga y Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer, y a Cornejo, Haro y Molina en prisión domiciliaria. Meses después, recuperaron la libertad y la causa


PLICIDAD DE JUECES DE CORDOBA CON LA DICTADURA MILITAR

“Los crímenes no hubieran podido cometerse sin el auxilio o cooperación de los magistrados”, sostiene el fallo de la Cámara de Apelaciones.

Ilustración: Hernán Cappelletti

volvió a estancarse, cuando los abogados de Puga, Otero Álvarez y Cornejo apelaron sus procesamientos y la fiscalía apeló la falta de mérito dictada para Haro y Molina. Luego de dos años y medio de parálisis, la Cámara de Apelaciones –integrada desde diciembre de 2014 por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos– convocó en mayo pasado a las partes. “U    ”. En la audiencia, los fiscales rechazaron la falta de mérito dictada para los dos ex defensores oficiales Haro y Molina. “Debieron haber denunciado estos homicidios y torturas, y también la inacción de los magistrados que debían investigarlos. Hubo un doble quiebre de esa obligación”, afirmó Gonella. Por su parte, Jorge Auat reprochó: “El proceso penal tiene un cometido de orden y paz social. Y en esta causa hay una gran sensación de impunidad y de que los acusados se refugian justamente en los pliegues y repliegues de las mismas normas procesales”. Al turno de las defensas, Justiniano Martínez, abogado de Molina, dijo que la representación de los entonces asesores letrados “caducaba con el fallecimiento” de quienes defendían, y eso los eximía de la

obligación de denunciar. “Eso le correspondía al juez y al fiscal –añadió–. Además, ¿por qué él (Molina) iba a dudar de esos comunicados de autoridades que afirmaban que sus defendidos habían muerto en un enfrentamiento?”, preguntó. A su vez, Marcelo Brito, defensor del ex secretario Otero Álvarez, planteó: “¿A qué se refiere la obligación del juez y los funcionarios de denunciar? ¿Qué es una denuncia? No es lo que expresa un imputado en su declaración indagatoria. Denuncia es una noticia criminis que se lleva ante un órgano competente. En el momento de los hechos no existía una norma que de manera concreta impusiera al fedatario, o sea al secretario, formular una denuncia porque alguno de los declarantes hubiera sido víctima de un hecho criminoso”. U    . En un fallo categórico, los jueces de la Cámara destacaron “la relación directa existente entre la actuación de estos funcionarios judiciales y la comisión de los aludidos crímenes de lesa humanidad, padecidos por quienes estaban imputados en causas judiciales en las que habrían actuado los nombrados”. Esos crímenes “no habrían podido cometerse sin el auxilio o cooperación

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 49

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UN GIRO SORPRESIVO • LO ACUSAN TESTIGOS DE LA MEGACAUSA | Por A. O.

La Cámara Federal ordenó investigar al juez Luis Rueda

Luis Rueda. Testigos del juicio La Perla lo recuerdan como el secretario que firmaba actas e interrogaba.

Mientras la causa de los magistrados dormía, durante los dos años y medio que lleva el juicio oral por la megacausa La Perla-La Ribera, varios sobrevivientes han cuestionado al juez Luis Rueda –actual integrante de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones– por su actuación cuando era funcionario del Juzgado Federal Nº . Le imputan el tratar de obstaculizar las investigaciones y presionar a los testigos víctimas de la represión, luego del retorno a la democracia; y –en un caso– validar durante la dictadura una declaración bajo tortura. Luego de cada acusación, Rueda se presentó espontáneamente en el juzgado de instrucción, donde a pedido de la fiscal Graciela López de Filoñuk, los cargos fueron desestimados por el juez Alejandro Sánchez Freytes. El fallo de la Sala B de la Cámara incluyó una dura crítica a esas resoluciones, las anuló y ordenó al Juzgado Federal Nº  –a cargo de Hugo Vaca Narvaja– investigar la actuación de Rueda. En primer lugar, cuestiona que las acusaciones se hayan tramitado por separado “como si se tratara de hechos aislados, que no guardan relación entre sí”. Además, reprochan a la fiscal y al juez que no hayan citado a los testigos “para que brindaran detalles y precisiones”, de lo que deriva una desestimación prematura, “sin los requisitos mínimos del debido proceso”. Por otra parte, considera que por haber sido la fiscal López secretaria penal

de los magistrados o, al menos, no habrían tenido lugar con la impunidad con la que se llevaron a cabo”. En los fundamentos, explicaron que “los acusados formaban parte de los que ejecutaban el plan sistemático, pues con sus omisiones permitieron la impunidad de los hechos que las propias víctimas les denunciaban, y constituían actos que conllevaban la finalidad de aniquilar a una parte de la población civil”. “Tales omisiones funcionales fueron realizadas a conciencia, es decir, no hicieron porque no qui-

del Juzgado Federal Nº  en  “no pudo intervenir en la presente investigación”, ya que “podría ser citada a declarar, cuanto menos como testigo”. También sostiene que el juez Sánchez Freytes “debió acumular las causas y apartarse del conocimiento de las mismas”, por haber sido mencionado por la sobreviviente de La Perla Nidia Teresita Piazza de Córdoba como quien le tomó declaración, junto con Rueda. Por ello, la Cámara ordenó al juez Vaca Narvaja acumular las causas, citar a los nueve testigos que acusaron a Rueda y evaluar “la legalidad de las intervenciones” de López y Sánchez Freytes. Entre esos testigos, está Gustavo Contepomi, quien al declarar en la megacausa, relató: “El entonces () fiscal federal (Antonio) Cornejo, el juez federal (Gustavo) Becerra Ferrer y su secretario Luis Rueda, fabricaron un proceso en mi contra con el objetivo de impedir mis denuncias. Me acusaron de asociación ilícita calificada sin ningún tipo de pruebas (…) Amenazaron a otros sobrevivientes para que no denuncien y declaren en mi contra; filtraron mis declaraciones y las de otros testigos al Destacamento de Inteligencia ; tergiversaron nuestras declaraciones; intentaron violar mi derecho a defensa cada vez que pudieron citándome a declarar sin la presencia de mi abogado (…) El objetivo principal no era probar la asociación ilícita, sino hacerme callar. Y no lo consiguieron".

sieron hacer”, sentenciaron. Sobre esa base, por unanimidad, la Cámara revocó la falta de mérito dictada por el juez de instrucción para los ex defensores Haro y Molina y el sobreseimiento parcial de Otero Álvarez, y confirmó el procesamiento de Puga y Cornejo. Al confirmar los procesamientos y habilitar la posible ampliación de la nómina de acusados (ver aparte), el fallo dejó a la causa en condiciones de ser elevada a juicio y poner fin a la impunidad corporativa denunciada por los fiscales.


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MEMORIAS EN PRESENTE

Julio de 2015 | Será Justicia

FAMILIARES SE REENCONTRARON CON LOS RESTOS DE SUS SERES QUERIDOS • EL HALLAZGO FUE EN CERCANÍAS DE LA PERLA | Por César Pucheta

Devolver identidad a los desaparecidos

Lila Rosa Gómez Granja, Ricardo Saibene, Alfredo Felipe Sinópoli y Luis Agustín Santillán Zevi fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1975. Charlaban al pie del monumento a Dante Alighieri en el parque Sarmiento cuando un grupo de tareas comandado por Héctor Pedro Vergez coartó su futuro en nombre del Comando Libertadores de América. Eran estudiantes de Medicina, militaban en la Federación Universitaria Peronista (FUC). Desde entonces no se supo de ellos, hasta el pasado mes de marzo cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó como suyos los restos encontrados en octubre de 2014 en los hornos ubicados en La Ochoa, en el predio militar de La Perla. “Siempre tenemos que pensar la restitución como fruto de un largo proceso de trabajo y de lucha, sobre todo en espacios cercanos a los lugares como lo es el predio de La Perla”, comenta a Será Justicia Emiliano Fessia, director del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos La Perla. “Lo del año pasado fue muy significativo, ya que prácticamente no hay dudas de que muchas de las víctimas de La Perla fueron asesinadas e inhumadas en ese mismo territorio. Después de 10 años de lucha, haber llegado a eso gracias, entre otras muchas cosas, a ciudadanos que quebraron el miedo y fueron a los juzgados a contar lo que vivieron es algo muy importante. Eso nos permitió llegar a los hornos y en ellos encontrarnos con los restos de cuatro compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos en 1975, lo que también nos da la pauta de que ese territorio fue utilizado para ocultar cuerpos que fueron asesinados incluso antes del comienzo del golpe. Esas características hacen que la significación del hallazgo sea enorme”. El mes pasado, los restos fueron entregados a sus familiares tras una disposición del Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. “Como toda restitución, lo más profundo e importante es lo que vive la familia. Poder tener parte

Mercedes Ferreyra

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En los hornos de La Perla. Los familiares de las víctimas visitaron el lugar donde hallaron los restos de sus seres queridos, acompañados por Emiliano Fessia y el EAAF.

“U       ” Más allá del valor emotivo y simbólico que significa encontrar restos, identificarlos y restituirlos a sus familiares, el caso deja al descubierto una realidad que desde hace tiempo viene siendo desarrollada como línea de investigación en torno a los crímenes de lesa humanidad en Córdoba. “Lo más probable es que estos cuatro militantes hayan estado en La Ribera y que el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos se hayan dado en La Perla” (ver nota central), afirma Emiliano Fessia; pero eso es, por ahora, una hipótesis de investigación. Según los datos que se conocen hasta la actualidad, en ese momento, La Perla no funcionaba como centro clandestino de exterminio, pero el hallazgo aporta elementos que pueden dar pautas en torno a cómo venía la organización y la sistematicidad de lo que luego sería el terrorismo de Estado a gran escala. Para Fessia, “una vez más queda al descubierto una gran interconexión de todos los centros clandestinos. Sabemos que en Córdoba el trabajo del secuestro y las torturas ilegales comenzó mucho antes con la Policía y que La Ribera es el primer centro clandestino que funciona específicamente como tal, y luego, en febrero o marzo del , ya comienza a funcionar La Perla y los otros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la planificación sistemática del exterminio del opositor venía de mucho antes del  de marzo, tal cual lo demuestra este caso”. Los trabajos en los hornos han terminado y no se han encontrado más restos, de todas maneras el hallazgo en la Ochoa intensificó el trabajo en la zona por varios testimonios que fueron surgiendo posteriormente. Para Fessia, el caso debe ser un punto de inflexión: “Esperemos que esto sea un llamado para que aquellos que vieron, vivieron o estuvieron obligados a ver este tipo de cosas se acerquen a los espacios de memoria y nos pasen el dato, que aunque ellos crean que es insignificante, aporta muchísimo para la verdad y la justicia”.

de los restos de sus seres queridos después de 40 años es algo trascendente. Siempre decimos que lo más macabro y perverso de la desaparición forzada es que se roban la vida y la muerte al mismo tiempo”, señala Fessia. Como en otros casos similares, la intensidad de los sentimientos se encuentra entre el dolor, la paz, la tranquilidad de haber encontrado después de tantos años de espera a sus seres queridos. “Lo duro es que muchos

de ellos tenían a sus padres fallecidos y recordaban que lo último que expresaban en su lecho de muerte era ese deseo inconcluso de encontrar algo de sus hijos. Ahí uno ve la trascendencia en términos de humanidad y de dignidad humana que tiene el hallazgo y la restitución de los restos de desaparecidos a sus familiares”. La decisión del Juzgado acompañó la restitución de los restos de un proceso de reconocimiento que contempló una visita

de los familiares al predio de La Perla y a la zona de los hornos en que Lila Rosa, Ricardo, Alfredo y Luis Agustín fueron encontrados. Para Fessia, la decisión tiene algunos puntos interesantes para destacar: “Uno, es la modalidad que adoptó el Juzgado a cargo de Vaca Naravaja, que presenta un acto abierto al público con las familias, me parece que le da un contexto muy interesante a la restitución. Haber ido con los familiares y el EAAF hasta los hornos, nos hizo dar cuenta de la importancia que tiene llegarse hasta el lugar para sacar fantasmas y correr fantasías en torno a estos lugares. Hay algunos familiares que pensaban que los hornos eran como los que se ven en los documentales, en los campos de concentración nazis. Estas cosas quedaron en miles de familias que no sabían qué había pasado con sus seres queridos, y el hecho de haber podido llegar a ese lugar y ver en dónde habían quedado los restos fue algo muy fuerte. “Por otro lado, el acto simbólico de plantar árboles y cerrar ese día tan intenso en el espacio de memoria hace que los familiares siempre estén llenos de agradecimiento hacia nosotros, y esto no es un autohalago, sino que es algo que nos da fuerza para seguir trabajando día a día en esos lugares llenos de historias tan terribles. Eso nos marca el camino de que esta iniciativa de poder hacer rituales de memoria es otro granito de arena más en el intento de reparación por tanto dolor y sufrimiento”.


EN PROFUNDIDAD

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 49

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UN MANUAL PENSADO PARA LOS JÓVENES · DE LA SECRETARÍA DE DDHH DE LA NACIÓN, SOBRE DETENCIONES IRREGULARES | Por Agostina Parisí

¿Qué hacer frente a la violencia institucional? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboró un manual donde explica que la violencia institucional abarca desde la detención por “averiguación de antecedentes” hasta las formas más extremas de la violencia, como el gatillo fácil y la tortura física y psicológica. El manual está destinado a escuelas primarias y secundarias de todo el país. El objetivo es que a través de su lectura, tanto niños como adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y puedan tener herramientas para defenderse frente a casos de violencia institucional. Se explica que las prácticas consideradas violentas son las que dan cuenta de “acciones tanto individuales como colectivas, organizadas o espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales”. El manual parte de principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. “En materia de violencia institucional tenemos que desandar la herencia de la dictadura militar. La violencia institucional es la deuda más grande que tenemos los argentinos. Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas al poder político elegido por el pueblo. La violencia no deja de

Violencia institucional. El manual se destina a los jóvenes, para que conozcan cuáles son sus derechos.

ser una práctica de una matriz cultural de fuerzas policiales que comprenden cuál es su rol en la sociedad y que probablemente se guíen desde la impunidad y el autoritarismo”, anticipa el prólogo. La violencia institucional –explica– se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguri-

Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:

dad, Fuerzas Armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.). El concepto hace alusión a situaciones que involucran tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura), funcionarios públicos que llevan adelante o prestan aquies-

cencia y contextos de restricción de autonomía y libertad (detención, internación, instrucción). “Este tipo de prácticas se fundamentan en distintos ‘motivos’ que varían a lo largo del tiempo y los lugares: el color de la piel, el lugar de nacimiento, los ingresos familiares, el sexo y la identidad sexual. Estas formas de violencia tienen como presupuesto la consideración de que los seres humanos no son igualmente dignos”. El manual explica el derecho de todos a circular libremente y expresar opiniones, que nadie puede ser detenido sin orden judicial, y que en caso de serlo, tiene el derecho a negarse a declarar, a negarse a la extracción de sangre y también a reconocer objetos secuestrados. El derecho a llamar a un abogado, y en caso de ser menor, a volver con sus padres. Se aborda la discriminación como “un conjunto de prácticas que sobre la base de la asignación de atributos estereotipados, tienen como resultado menoscabar, restringir o anular la capacidad de las personas para gozar plenamente de sus derechos. Estas prácticas incluyen desde la difusión de estereotipos hasta el hostigamiento y maltrato de personas, incluyendo el establecimiento de distinciones jurídicas. Debemos entender que la violencia institucional se ejerce con mucha más fuerza sobre estos grupos de personas”.


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CONTRATAPA

Julio de 2015 | Será Justicia

Por Pablo Llonto

Pablo Llonto es periodista y abogado especializado en derechos humanos. Cubrió el histórico juicio oral y público a la Junta Militar.

La larga marcha de los juicios de la Comisión Interpoderes que se haría a fines de agosto, para considerar estas cuestiones. Muchos ejemplos se le expusieron en la reunión, entre ellos, la situación de los juicios en San Martín: Tribunal Oral que no realizó ningún juicio en 2015 y tiene 12 juicios en “lista de espera” desde hace 3 años, y también el caso de Jujuy. Al cierre de esta edición, abogados de todo el país trabajaban en la confección de la problemática de cada zona para entregarle a Lorenzetti este mapa de las dificultades y ver si se logra un avance en el segundo semestre del año. La Jornada, que contó con la enorme ayuda de legisladores, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Procuración, el Ministerio de Justicia, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y los organismos, sirvió para estrechar nuestros sentimientos e ideas por una Justicia que tenga memoria, pero también celeridad. Resulta cada vez más necesario que actuemos en conjunto y no sólo para apurar el trámite de los juicios, sino en defensa de cada lucha en cada provincia contra la impunidad. También se le pidió a Lorenzetti que traslade a la Corte Suprema el pedido de nuestro colectivo de abogados de contar con una profunda autocrítica del Poder Judicial sobre el rol cómplice de la casi totalidad de los jueces y fiscales durante la dictadura. Le expresamos al titular de la Corte que, aunque tardíamente, en 2013 la Corte chilena realizó un reconocimiento de las “acciones y omisiones” del Poder Judicial chileno con la dictadura pinochetista y que aquí, en cambio, el Poder Judicial no ha dicho una palabra. Se comprometió a trasladar esta inquietud al resto de los miembros de la Corte. Veremos.

sa pero que no son resueltos por el andamiaje judicial, más una serie de elementos diversos y con distintos responsables, conspiran con el necesario avance, a mayor velocidad que los juicios comunes, que deberían tener nuestras causas. La impunidad biológica es una espada que cada día hace más daño a la memoria de los compañeros desaparecidos. A esta altura, observamos con preocupación que no era exagerado el pronóstico de un juez federal de La Plata que aseguró, en 2007, que al ritmo que iban las causas teníamos “para 100 años de juicios de lesa humanidad”. Nadie en la Argentina de hoy puede vaticinar cuánto tiempo nos queda de juicios, sólo sabemos que todos los meses, en todas las provincias, se suman presentaciones, denuncias, querellas y remisiones a juzgamientos en etapa dos, tres o cuatro de un centro clandestino. La magnitud del terrorismo de Estado recién se podrá calibrar en unos años y también en unos años se podrá saber, con cierta exactitud, cuántos miles de miles de víctimas hubo. No sólo es necesario un despliegue de conocimientos, sino también un despliegue de herramientas y recursos que puedan acelerar todos los casos al mismo tiempo. Los logros extraordinarios de esta etapa de la democracia argentina no deben encontrarnos sin inspiración para empujar el pesado tren de la Justicia. Ojalá que estas experiencias colectivas de los organismos, el movimiento de Derechos Humanos y los abogados encuentren la forma de enriquecer el camino de los juicios hasta lograr la más rápida condena de todos y cada uno de los responsables. Con y sin uniforme. Ilustración: Hernán Cappelletti

na enorme coincidencia recorre todos los escenarios judiciales de lesa humanidad en la Argentina: hemos avanzado mucho en el juicio y castigo a los genocidas, pero ¡cuánto aún nos falta! La celebración de la reciente Tercera Jornada Nacional de abogados y abogadas en causas por crímenes de lesa humanidad realizada en la ex ESMA tuvo como punto central la discusión de las enormes demoras en todas las jurisdicciones –tanto en Instrucción, como en la etapa de Juicio Oral–. De allí salieron algunos mandatos para llevar adelante una campaña de acciones tendientes a obtener respuestas, en especial del Poder Judicial. No hay dudas de que la principal responsabilidad es de muchos jueces, camaristas y miembros de la Corte que miran para otro lado. Por ello, el 15 de julio pasado, una delegación de la Jornada se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para trasladarle la preocupante situación de los juicios y la necesidad de una solución nacional al tema. Se le explicó que hay una perspectiva de centenares de causas iniciándose y muchos juicios orales ya trabados en diversas provincias con inconvenientes para llevar adelante los debates. También se planteó la necesidad de que la Comisión Interpoderes (organismo que agrupa a representantes de los tres poderes para monitorear el estado de los juicios de lesa humanidad) comprendiera la gravedad del problema y estudiase soluciones. Algunas de nuestras ideas centrales se concentran en el mejoramiento de la Acordada 1/12 (conocida como Reglas prácticas) y en la formación de una comisión encargada de estudiar la viabilidad de una reforma de normas procesales por vía legislativa que introduzca mecanismos excepcionales para el desarrollo de nuestros juicios. En respuesta, Lorenzetti ha solicitado que los abogados le presentemos un panorama de cada jurisdicción con las dificultades que hay para estas causas y se comprometió a llevarlo a la próxima reunión

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Todo ello en el marco de nuestro reclamo por la notoria marcha atrás que se ha dado en los últimos meses en el país respecto del juzgamiento de los civiles responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad (entre otros casos, Blaquier, Ernestina de Noble, Héctor Magnetto, Massot de La Nueva Provincia de Bahía Blanca). La propia estructura burocrática de la Justicia, la serie de jueces con pasado golpista y con presente antidemocrático, los obstáculos que se colocan desde la defen-

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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Mercedes Ferreyra · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Ernesto Torres, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: Delia Galará, Matilde Nasser, María Laura Villa Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com

Tirada de esta edición: 30.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)

Santa Fe 11, Bº Alberdi · Córdoba · Tel: (0351) 425 6502 Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar

Secretaría de Prensa y Difusión: Betty Argañaraz (3515551949) Contacto Será Justicia: info.serájusticia@gmail.com facebook.com/diarioserajusticia

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Será Justicia Nº 49  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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