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EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA

PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A VII · N 47 · M 2015

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FUERZAS POLICIALES FUERA DE CONTROL: LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD IMPULSADAS POR UN GOBIERNO PROVINCIAL LANZADO A LA PUGNA ELECTORAL DESATARON EN CÓRDOBA UNA OLA REPRESIVA SIN PRECEDENTES, QUE ESTIGMATIZA Y PERSIGUE A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES. Páginas  y  · P A O

OSVALDO RAVASSI FUE SECUESTRADO EN SU DOMICILIO

EDITORIAL

Inseguridad, ¿para quién? do se diluyen en cada uno de los testimonios. Y en cada una de las noticias del día. Los que ayer fueron secuestrados y desaparecidos tenían un denominador común: eran jóvenes, estudiantes o trabajadores, por lo tanto, “subversivos y guerrilleros”. Hoy, el joven morocho, estudiante, trabajador, humilde o no, es detenido sospechado de delincuente y ladrón. Hay una parte de la sociedad que reclama con carteles en las calles la falta de efectivos de la Policía, es cierto. Pero también hay un sector importante que marcha por las calles en contra de esta (no) política de seguridad. La manipulación del discurso no es absoluta ni infalible. Se demues-

tra a corto plazo: la política sobre seguridad declamada por los dueños de las fuerzas, responde ideológicamente a políticas de dominación. En una provincia donde un funcionario formó parte del genocidio y un gobernador promete mayor seguridad. ¿A quién se está refiriendo? ¿De qué seguridad nos está hablando? Una sociedad dominada es una sociedad sometida, y en la historia de las revoluciones siempre el ser humano dio la vida por el valor más preciado: la libertad. Y hoy, hay valores relevantes en juego. Son épocas de prestar atención al discurso político para no caer en el facilismo de la consigna o la promesa. Son tiempos de creatividad política. Otra construcción es posible.

Mercedes Ferreyra

Históricamente los sectores que más han sufrido la inseguridad son los sectores dominados, simplemente porque quienes tienen el poder de dominación son los dueños de los aparatos represivos. Entonces queda claro que quien no tiene una política de distribución, inclusión y seguridad institucional tiene que aplicar la mano dura o el gatillo fácil, pero siempre en defensa de una falsa dicotomía: “seguridad -inseguridad”. Si retrocedemos en la historia, para enmarcar la crónica de estos días, vemos pasar como relatos cinematográficos las similitudes en las categorías utilizadas al momento de definir quiénes son los dueños de la seguridad. El ayer y el hoy, el terror y el mie-

Una lucha de mujer MIRTA PIZZOLATO RELATÓ EL SECUESTRO DE SU ESPOSO, MESES ANTES DEL GOLPE. SU TESTIMONIO ES EL DE MUCHAS MUJERES QUE ASUMIERON EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL TERRORISMO DE ESTADO.

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Toniolli, HIJO de la militancia

“Los hechos tienen más de treinta años, a la agencia judicial se le terminaron los tiempos”.

EL ACTUAL DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE SANTA FE, EDUARDO TONIOLLI, DECLARÓ EN EL JUICIO, Y DIALOGÓ SOBRE LOS DESAFÍOS FUTUROS EN MATERIA DE DDHH

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Página  · C P

C: La estrategia del olvido


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EL JUICIO POR DENTRO

Mayo de 2015 | Será Justicia

EL RELATO DE LOS HERMANOS GOROSITO • NUEVAMENTE IMPLICADO EL JUEZ MIGUEL ÁNGEL PUGA, EX FISCAL DEL JUZGADO FEDERAL Nº 2

A  M G          . D     UP1,       : M Á P. Un año después de instaurado el terrorismo de Estado en el país, en septiembre de 1975, un grupo armado allanó la casa en donde vivían, junto a su madre, los hermanos Ana y Mauro Gorosito. Aquella madrugada, ambos fueron violentamente golpeados, vendados, cargados en un auto y trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Mauro era un militante del gremio ferroviario que adhería al sindicalismo combativo, según explicó en su testimonio. “Yo apoyaba a los grandes líderes, como Agustín Tosco y René Salamanca”, afirmó. Mientras que su hermana estaba a punto de graduarse de la carrera de Medicina

en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde tenía su grupo de militancia. “Recuerdo un lugar oscuro, y una pared con ganchos, de donde me colgaron. Me torturaban, me hacían mojarrita. Sé que en algún momento de todo eso, me desmayo. Escuchaba los gritos de mi hermana. Me decían que la estaban violando. Pero mi hermana me animaba, me decía a los gritos que sea fuerte”, relató Mauro Gorosito. Los dos hermanos fueron llevados a la ex cárcel de barrio San Martín (UP1) y trasladados luego a distintas dependencias hasta recuperar su libertad en Buenos Aires, tres años después, en 1979. J . “De la UP1 recuerdo a Gloria Di Rienzo, Miriam Salvador y otras compañeras”, relató Mauro Gorosito. Y continuó, “también recuerdo a un juez, de apellido Puga, que reco-

Mercedes Ferreyra

La actuación del juez Puga en la dictadura

Ana Gorosito. “En aquella época, ser joven y estudiante era sinónimo de subversivo”.

noce que me habían torturado y maltratado. Él pudo ver los informes de la UP1, en donde me habían tomado declaraciones y obligado a firmar”. “Sé que a mi hermana la detienen por mí, ella sólo tenía militancia universitaria”, reflexiona el testigo. Ana Gorosito declaró recordar

TESTIMONIOS I

SOBREVIVIENTES APORTARON DATOS • MIGUEL STREGER

Las historias del día a día de las audiencias J A

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I B

La testigo relató ante la audiencia cómo fue el secuestro de su hermano, Carlos Felipe Altamira. En , Carlos se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. “Él tenía convicciones políticas muy férreas. Y su coherencia se puso de manifiesto con las actividades que comenzó a realizar, trabajando con obreros y sindicalistas. Era vocal del Colegio de Abogados de la provincia, y en una oportunidad acompañó a su titular a una entrevista con Menéndez para pedirle por los abogados detenidos”, explicó Josefina. “Además, compartía el estudio jurídico con el abogado Gustavo Roca, de la empresa cordobesa Mackentor”, dijo.

En , González trabajaba en Complementación Educativa, en la Isla Crisol. Allí conoció a Carlos Escobar, víctima del juicio. “Comenzamos a tener participación gremial en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Una mañana estábamos trabajando y llega Escobar. Un momento después, aparecieron personas con armas, preguntando quién era Escobar. Nos intimidaron y se lo llevaron”, relató. El testigo dijo que en aquel momento la directora de Complementación Educativa, María del Carmen Cognini, “entregaba” personas y colaboraba con los militares. En , González participó de una reunión política en Carlos Paz, donde se encontraba Héctor Vergez, imputado del juicio, quien le dijo que Escobar estaba muerto y enterrado en La Perla.

La testigo pidió declarar sin la presencia de los imputados. A los  años, Inés se había recibido de la carrera de Turismo y estudiaba Historia en la UNC. En agosto de , fue secuestrada y trasladada a La Ribera, donde permaneció cautiva dos semanas. “Estábamos en condiciones infrahumanas. Podía ver a través de la venda a otras personas detenidas. Luego me llevan al Buen Pastor, donde había monjas y detenidas lastimadas y embarazadas”, contó. Finalmente, desde la UP es trasladada en avión hacia la cárcel de Devoto.

Fotografías: Mercedes Ferreyra

R O. G Fue privado de su libertad el  de junio de . “Primero me llevaron en un Torino hasta Boulevard San Juan y Cañada, en donde me torturaban y preguntaban por Carlos Velázquez, mi amigo y vecino de toda la vida. Teníamos militancia en el peronismo de base”, explicó. “Me sacaron sus datos a través de la tortura. Eso fue lo más denigrante. Me pegaban patadas en los testículos”, dijo. Ricardo fue trasladado a La Perla. “Tiempo después, mi hermano se encontró con el hermano de Carlos Velázquez, quien le dijo que nunca más apareció”, relató.

el mismo apellido. “El juez nuestro era Puga”, afirmó. Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº2, es actualmente uno de los jueces acusados de haber colaborado con la dictadura en 1976 en el fusilamiento de treinta presos políticos en la UP1, dentro de la llama-

da causa de los magistrados (ver nota de contratapa). Ana Gorosito explicó que debido a las golpizas recibidas en el D2, le habían dado unos medicamentos para que se curara los hematomas del cuerpo. “Me amenazaban con que si no los tomaba, no me iban a recibir en la cárcel”, contó la testigo. También dijo recordar a la ‘Cuca’ Antón, la única mujer imputada en el juicio La Perla-La Ribera, conocida torturadora del D2. “Mis compañeras del calabozo estaban muy golpeadas. Recuerdo que una compañera tenía anemia y perdía muchísima sangre. En un momento se la llevaron al hospital”, afirmó. “Actualmente, ser joven, pobre y morocha es sinónimo de sospechoso. En aquella época, ser joven y estudiante era sinónimo de subversivo”, reflexionó Ana Gorosito. “Yo quiero rendirle un homenaje a la familia, que tanto sufrió por nosotros”, finalizó.

L L Lázaro declaró por el secuestro de su padre, Jacobo Lerner, a los  años en la localidad de Cosquín. “Lo ataron con el mantel de la cena, y se lo llevaron. No supimos más nada de él. Mi madre quedó en condiciones terribles”, relató desde videoconferencia. “En el baño de la terminal de Cosquín había aparecido un anónimo de la Triple A, con una lista de nombres de quiénes iban a ser ajusticiados por traición a la patria. Mi padre era el primero allí. Nadie imaginaba que esto ya estaba previsto”, rememoró el testigo. Lázaro fue secuestrado tiempo después, y trasladado a La Ribera, a la UP y a Sierra Chica, donde fue duramente torturado.

A L Alcira fue citada a declarar por la desaparición de una de sus hermanas durante la dictadura. Luego de haber sufrido un allanamiento, “mi hermana Elsa Alicia fue secuestrada el  de marzo de  junto a Hugo Osvaldo López, su pareja, en Alta Córdoba, en donde vivía una familia amiga”, detalló. “Aparece en los diarios la noticia de un enfrentamiento, con un listado de gente fallecida, entre ellos, Elsa y su pareja”, narró la testigo, y continuó: “Supimos que fueron trasladados a La Perla, antes de ser asesinados. Graciela Geuna nos ayudó a reconstruir lo que había pasado”. Tiempo después, secuestraron a Leonor Rosario, otra hermana de Alcira.

El destino de Streger

Retrato familar. Mónica Streger junto a su hermano Miguel durante la infancia.

Mónica Streger fue citada a declarar por videoconferencia desde Buenos Aires por la desaparición de su hermano, Eduardo Miguel Streger. Miguel fue secuestrado en 1977, junto a su esposa Noemí Mopty. Ambos fueron llevados a La Perla. “Nosotros con mi familia no nos enteramos inmediatamente del secuestro porque vivíamos en Buenos Aires”, explicó la testigo. “La información que obtuvimos sobre ellos fue a través de Graciela Geuna, Liliana Callizo y Piero Di Monti, sobrevivientes de La Perla que se exiliaron en el exterior, y que al volver la democracia, invitaban por medio de notas publicadas en los diarios a aportar datos, ofreciendo ellos testimonios. Tenían información concreta sobre el campo de concentración La Perla”, relató Mónica Streger. Al ponerse en contacto con Geuna, Callizo y Di Monti, la familia pudo saber cuál era la suer-

te que había corrido Miguel Streger: había sido fusilado el 29 de mayo de ese año, junto a Noemí Mopty, su compañera de vida y militancia, para conmemorar el día del Ejército argentino. Tiempo antes de conocer el destino que habían padecido ambos, la familia presentó un hábeas corpus colectivo junto a otros familiares de desaparecidos. Miguel Streger era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ese mismo día, Liliana Teplizky, su primera esposa, también declaró por videoconferencia. “El primer indicio que tuve sobre la desaparición de Eduardo Miguel fue que no llamó para el cumpleaños de nuestro hijo. No conocía su dirección, pero sé que estaba en Córdoba. Yo para ese entonces estaba detenida, desde 1975, hacía dos años. Él era un militante muy comprometido. Y ya era víctima de persecuciones”, explicó.


EL JUICIO POR DENTRO

El diario de los Juicios en Córdoba| Año VII · Nº 47

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LA FAMILIA DE OSVALDO RAVASSI ORGANIZÓ SU BÚSQUEDA POR CÓRDOBA Y BUENOS AIRES • LUCHA INCANSABLE DE SU ESPOSA, MIRTA PIZZOLATO

“Que este juicio saque del ropero un poco de la verdad” Mercedes Ferreyra

M P       . A  29 ,      ,          . no sabía cómo le iba a decir a mis hijos. Quería volver a mi casa y encontrar al Flaco”, expresó. El matrimonio vivía en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield. Desde ese mismo domicilio, un grupo armado se había llevado, hacía sólo unas horas, a Osvaldo Ravassi.

“Hoy estoy aquí, después de 39 años. Al quitarle la vida a Osvaldo, le quitaron la posibilidad de decir su palabra, pero yo voy a hablar por él”, le dice Mirta Pizzolato al tribunal del juicio. Lleva varios papeles y documentación ordenada consigo. Hace décadas espera el momento de declarar ante jueces que investiguen el secuestro y la desaparición de su marido, Osvaldo Ravassi, o el ‘Flaco’, como lo nombra cariñosamente a lo largo de toda su declaración. Dos meses antes del golpe de 1976, el matrimonio se encontraba junto a sus pequeños hijos y otros familiares descansando en las sierras de Córdoba. Habían compartido la noche de Reyes, y el 6 de enero, Osvaldo debía volver a la ciudad junto a su cuñado. “Esa noche, al regresar a Córdoba, mi esposo fue desaparecido. Los vecinos fueron a avisarle a mi hermano. Y él inmediatamente volvió a las sierras para contarnos”, dijo Mirta, con la memoria casi intacta sobre cómo vivió aquel momento “bisagra” de su vida, tal como lo sintetizó. “Tuve la certeza de que había pasado algo horrible y peligroso, y de que estaba sola. El viaje de regreso a la ciudad fue tremendo. Nos hacíamos miles y miles de preguntas. Me di cuenta de que

L . “Llegamos a casa, estaba todo tirado y desparramado por el suelo. La imagen era terrible. Se respiraba atropello y desprecio. Hasta los juguetes de mis hijos estaban por todos lados. Las sábanas rasgadas y había cigarrillos aplastados contra el piso. Habían robado cosas, como el radiotransmisor de mi esposo, que lo tenía en una piecita. Pensé en las manos en las que había caído el Flaco. Sabía que era un antes y un después”, reflexionó la testigo. “Nos organizamos para buscarlo. Mi vecina de al lado me había detallado todo el allanamiento, impresionada por la cantidad de militares armados que bloquearon la cuadra y arribaron al domicilio tirando, desde los autos, volantes del Comando Libertadores de América. El gerente de la empresa Pasquini de Petris, donde había trabajado el Flaco, hizo la denuncia. Mi hermano fue a la seccional décima. Dos amigos

Juntos. “Mirta Pizzolato y sus hijos, quienes se sentaron muy cerca de ella en la sala de audiencias durante su declaración”

“V    ” Así le decían los militares a Héctor Cólomo durante su cautiverio en Campo de La Ribera. “Entre ellos debatían acerca de en qué parte del cuerpo pegarme”, dijo el testigo ante el tribunal. del radioclub averiguaron en Buenos Aires. Pero un militar relacionado con la SIDE, conocido de un familiar, dijo que no lo busquemos porque ya no estaba. Y un capellán nos dijo lo mismo”, recordó Mirta. “Empecé a sentir ganas de ser invisible. Me pienso en aquel momento, con 29 años y de la mano de dos chiquitos. Hubiéramos necesitado un recreo de todo aquello”, expresó. Mirta supo que su esposo había estado en Campo de La Ribe-

ASESINADA EN 1975 • RAÚL LUIS LUNA DECLARÓ POR EL SECUESTRO DE SU HERMANA

Mercedes Ferreyra

“Yo no sabía que mi hermana militaba. En ese entonces no vivía en Córdoba. El 12 de diciembre de 1975, encontraron el cuerpo de mi hermana envuelto en una bandera del ERP en la puerta principal del Hipódromo de Córdoba”, relató Raúl Luis Luna, hermano de Susana Elena Luna. Su hermana fue secuestrada en el domicilio donde vivía con sus padres. “Mi madre me contó que un grupo armado había violentado las puertas de las piezas, y que había tirado panfletos del ERP por toda la casa”. El testigo explica que, en medio de aquella situación caótica, su madre agredió en el rostro a su hija, preguntándole a los gritos qué había estado haciendo para que la busca-

Amenazas. Luna declaró que después del asesinato estuvo “en la mira” de los militares

ran los militares. “Toda la vida le dolió mucho a mi madre haber hecho eso. Porque después la devolvieron muerta a mi casa, para que la velemos. Yo me volví a vivir con mis viejos, para ver si así

tenían un poco de paz. Me traje mis arreglos de zapatería a la casa y a veces trabajaba ahí. Me acuerdo de que la noche del velorio, estuvo todo el barrio”, expresó Raúl Luis Luna.

D. Héctor Cólomo surgió a partir de la declaración de Mirta, por lo que fue citado a declarar. “En enero escuché por la radio que había sido secuestrado Osvaldo. Entré en shock. Teníamos una amistad muy fluida. Yo trabajaba con curas ter-

TESTIMONIOS II · EL INVESTIGADOR GUSTAVO MORELLO

Persecución a religiosos Sociólogo, escritor y sacerdote, Gustavo Morello fue citado a declarar como testigo de contexto, debido a sus estudios e investigaciones sobre la situación de persecución sufrida por los seminaristas de La Sallette durante la dictadura y el contexto político e histórico de la Iglesia Católica al momento de la instauración del terrorismo de Estado. Morello explicó ante el tribunal haber entrevistado a varios seminaristas tercermundistas de la Opción por los Pobres, algunos de ellos fueron secuestrados y privados de su libertad en el Departamento de Informaciones de la Policía (D) y en Campo de La Ribera. Entre ellos, el norteamericano Santiago Weeks, quien fue secuestrado junto a otros seminaristas que luego se exiliaron en EEUU. “La persecución a los curas comenzó mucho tiempo antes del  de marzo. Desde  a , cuento apro-

Mercedes Ferreyra

Envuelta en una bandera del ERP

ra. Hipólito Cólomo, un sacerdote tercermundista amigo de Osvaldo, había estado detenido, y durante su cautiverio, los militares le hablaban sobre Ravassi.

cermundistas y él tenía un gran acercamiento hacia lo que hacíamos, siempre nos daba una mano”, recordó Cólomo. “Cuando me llevan a La Ribera, me dicen que Ravassi me había delatado. No creí que fuera cierto. Y les dije a los militares que en todo caso, siendo torturado, eso no podía controlarse”, explicó. “Yo me disocié. Era una Mirta para los demás, y yo. Estas personas le robaron a mis chicos su identidad y su madre, porque no volví a ser la misma mujer. «Vos cuando vas a una casa, ¿lo buscás a papá adentro del ropero o debajo de la cama?», me preguntaban. Quiero que en este juicio saquen del ropero un poco de verdad”, finalizó Mirta Pizolatto.

Gustavo Morello. Hall de audiencias

ximadamente unas  víctimas fatales, todos ellos religiosos. El caso paradigmático del obispo Angelelli es un ejemplo de esto”, explicó el testigo. El autor del libro Dónde estaba Dios describió el marco teórico en el que se desenvolvieron sus estudios sobre los tercermundistas y la Iglesia Católica.


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LA DEMAGOGIA DE LA SEGURIDAD CORDOBESA: CONSTRUCCIÓ

Mayo de 2015 | Será Justicia

INFORME ESPECIAL • LA OLA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL DESATADA EN CÓRDOBA | Por Alexis Oliva

La invasión azul C      “ ”    C  F,  P  C                   “   ”. L       ‘’   G    . a Policía de la Provincia de Córdoba se superó a sí misma y logró en 48 horas un récord digno del Guinness: 1.500 efectivos movilizados, 12 barrios ocupados, 350 detenidos… Fue la apoteosis de un modelo de ‘seguridad’, exacerbado por el contexto preelectoral, que se apoya en el inconstitucional Código de Faltas y los llamados “operativos saturación”, lo que generó un virtual estado de sitio en el que todo joven, pobre y morocho fue culpable hasta que pudo demostrar lo contrario. El fin de semana del 2 y 3 de mayo pasados, el ejército policial copó los barrios Argüello, Autódromo, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo, Villa El Nylon, San Roque, Sol Naciente, Villa El Libertador, Villa Urquiza, San Vicente, Müller y Yapeyú. Como resultado de las razzias callejeras y allanamientos ilegales –los juzgados de Control 4 y 5, de turno en esos días, negaron haber librado órdenes–, al menos 345 personas fueron detenidas por supuestas contravenciones al Código de Faltas y sólo a una se le imputó una figura del Código Penal, según un relevamiento de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC (1). Los detenidos pasaron entre 12 y 20 horas hacinados en comisarías de los barrios afectados y en las unidades de “contención del aprehendido” del Centro, Alta Córdoba y Cáceres. “Pórtense bien, no salgan a la calle, porque los operativos van a seguir hasta las elecciones”, les advertían cuando los liberaban, según varios testimonios (2). El caso de Mariano Mollica, 31 años, arrestado sin causa a pesar de ser ciego y portar un certificado de discapacidad, golpeado y recluido durante cinco horas, desnudo y esposado en una celda de la comisaría de Villa Allende (3), se convirtió en el para-

L

digma de la arbitrariedad y brutalidad con que se actuó. El mismo sábado 2, el jefe de Policía Julio César Suárez explicó a Cadena 3: “Queremos batallar contra el delito. Estamos haciendo una ocupación territorial de estos lugares que son peligrosos. Tratamos de encontrar armas, drogas y vehículos con pedido de secuestro, todo relacionado con gente que se maneja haciendo daño a la ciudad”. “Este fin de semana en Córdoba se disfrazó de operativo policial contra el ‘delito’ a una verdadera ‘razzia’ que tuvo por objetivo discriminar y abusar de cientos de ciudadanos cordobeses, en su mayoría jóvenes de barrios populares a quienes se detuvo sin motivo alguno”, denunciaron el Observatorio de DDHH de la UNC, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, la Central de los Trabajadores de la Argentina, la Mesa Provincial de Trabajo por los DDHH, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y una veintena de organizaciones sociales y centros de estudiantes universitarios. “Denunciamos también la existencia de prácticas vejatorias no sólo al momento de las detenciones y allanamientos, sino también dentro de los lugares de encierro –añadía el comunicado–. Relatos de los propios afectados dan cuenta de golpizas, amenazas y maltratos. Estos hechos cobran aún más fuerza con la negativa del personal policial a dejar entrar a nuestros abogados, quienes se encontraban legalmente autorizados para hacerlo”. A pesar de las críticas de numerosos actores sociales, la repercusión periodística nacional y la multitudinaria marcha de protesta del jueves 7, el fin de semana si-

Mercedes Ferreyra

INSTANTÁNEA • MILES DE CIUDADANOS MARCHARON POR LA CIUDAD

“De la Sota: ¡Basta de represión y gatillo fácil!”, fue la consigna de la convocatoria a la marcha en la ciudad de Córdoba para repudiar el accionar de la Policía de la Provincia durante los primeros días de

mayo. La marcha tuvo la concurrencia de miles de ciudadanos, referentes de organizaciones sociales, militantes gremiales, organismos de DDHH, estudiantes universitarios y la comunidad toda.

guiente continuaron las razzias. En esa ocasión, le tocó a los barrios Kennedy y Colón, con alrededor de 90 detenidos. El lunes 11 ingresó al Juzgado de Control Nº 6, a cargo de Gustavo Rinaldi, un habeas corpus colectivo y preventivo contra los “operativos saturación”. Lo presentó Hugo Omar Seleme, investigador del Conicet y director del Programa de Ética y Teoría Política del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho. El juez lo consideró pertinente y solicitó a la Jefatura de Policía la información sobre cantidad de detenidos, lugares de procedencia, causas y tiempo de detención. Al cierre de esta edición, se desconocía si hubo respuestas por parte de la Policía y si el pasado fin de semana los procedimientos se suspendieron. “Hablar de ocupación territorial convierte a la policía en una fuerza de ocupación, y esa no es la idea de una policía democrática, que no avanza sobre territorios que están vacíos sino que debe proteger a los ciudadanos de ese territorio. Si a esto se le agrega que el Código de Faltas permite que se detenga gente y se la pueda mantener presa hasta cinco días solo con la orden de un comisario, ya es un combo explosivo”, explica Seleme. T  “”. A principios de la década pasada, la Policía de Córdoba solía publicitar sus estadísticas de detenciones en presentaciones de power point enviadas a los medios de prensa, política interrumpida cuando en 2005 una investigación periodística reveló que varios jefes policiales exigían a sus subordinados “hacer número” para demostrar eficiencia en la prevención del delito (4). A fines de 2009, Adela Coria, entonces legisladora del Frente Cívico y Social, y Horacio Etchichury, docente de Derecho

Constitucional e investigador universitario, pidieron un informe sobre la aplicación del Código de Faltas a la Jefatura de Policía, que respondió en 2010. “Durante 2007, según datos de la Policía, se practicaron 15.000 arrestos por faltas en nuestra ciudad. Al responder el pedido de informes, la fuerza señala que en 2009 esa cifra subió a 27.000. Aumentó un 80%, lo que resulta inexplicable. ¿Acaso se redujo en un 80% la delincuencia?”, planteaban Coria y Etchichury en el documento donde sintetizaban los datos obtenidos. Además, señalaban que “en toda la provincia, la Policía efectuó (en 2009) 54.223 arrestos. Cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Esto se acentúa en la ciudad de Córdoba, donde el porcentaje se eleva hasta casi el 70%” (5). A pesar de que los datos oficiales “son pocos, mal construidos e incompletos”, los investigadores del Observatorio de DDHH de la UNC pudieron establecer en el informe Mirar tras los muros (5) que en la provincia se arrestó por contravenciones a 8.968 personas en 2005, 54.782 en 2009, 72.164 en 2010 y 73.100 en 2011; en la ciudad, a 5.201 en 2004, 15.083 en 2007, 27.015 en 2009, 37.979 en 2010 y 42.700 en 2011 (no hay información oficial de los años faltantes). Semejante trepada es correlativa del incremento del personal policial, que en el decenio 2003-2013 pasó de 13.000 a 22.000 efectivos (y actualmente ronda los 25.000). “Este crecimiento exponencial, tiene varias consecuencias: La policía de Córdoba es hoy una policía joven, casi sin formación (esta consiste en un curso de 9 meses antes de salir a la calle), y con un fuerte componente de aprendizaje en prácticas ‘callejeras’ vinculadas al uso del Código de Faltas. Esto da cuenta de la falta de profesionalización de la base de la


N DE PODER ELECTORAL POR MEDIO DE LA REPRESIÓN SOCIAL

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 47

5 Ilustraciones: Hernán Cappelletti

“«Pórtense bien y no salgan a la calle, porque los operativos van a seguir hasta las elecciones», les advertían a los jóvenes detenidos cuando los liberaban”. estructura policial”, señala el estudio. Como contracara, –en respuesta a lapregunta de Coria y Etchichurry– el informe del Observatorio dice que “la tasa de delitos en Córdoba en el 2006 era de 4.054,40 cada 100.000 habitantes (en total 133.093 delitos) y en el 2008, de 4.307,73 (143.880). Es decir, que pese a la implementación de la ‘guerra contra el delito’ que se viene aplicando, la tasa de delitos registrados no ha disminuido”. En otro relevamiento académico titulado Promoción de derechos humanos en materia de Código de Faltas (7), se encuestó entre febrero y julio de 2012 a 900 jóvenes de entre 18 y 25 años, en nueve barrios de Córdoba representativos de estratos sociales con ingresos alto, medio y bajo. Respectivamente, el 68,7, el 72,5 y el 95,8% de los encuestados de cada sector dijeron haber sido demorados al menos una vez por la policía por no portar su DNI. En el total de encuestados que dijo haber sido detenido por aplicación del Código de Faltas, las diferencias se acrecentaban: 20,0% pertenecían al sector alto, 25,4 al medio y 54,6 al bajo. Al interior de cada nivel, los porcentajes eran del 22,5 (alto), 29,2 (medio) y 67,1 (bajo). Asimismo, los alguna vez detenidos dijeron haber recibido “maltratos físicos o de otro tipo” en un 68,4%, (en barrios de clase baja), 60,7 (media) y 35,0 (alta). Otro dato interesante es que el 33,33% de quienes sufrieron alguna detención recordó que entonces portaba gorra o capucha. Una de las responsables de ese informe, Romina Frontalini, sostiene que las encuestas probaron “la selectividad discriminatoria del Código de Faltas, aplicado en mayor medida a los chicos de barrios pobres, no solo en la calle, sino también durante la detención, en cuanto a los maltratos y la duración de la detención, que en muchos casos supera los plazos ya inaceptables que prevé el Código”. Actualmente, una segunda parte del estudio procura establecer el grado de acceso a la

Justicia y “qué herramientas jurídicas tienen a mano los ciudadanos para defenderse de estas situaciones”, cuenta Ramiro Ceballos, otro de los coordinadores, al periódico Será Justicia. “Hemos relevado unos 300 hábeas corpus presentados en los últimos tres años. Son pocos y todos han sido rechazados ‘por formulario’; sin ninguna argumentación por parte de los jueces”, resalta. Justamente, la legisladora Coria y el investigador Etchichury advertían que “el aumento de detenciones se agrava porque en Córdoba no hay una ley que reglamente específicamente la garantía constitucional del hábeas corpus y su vigencia, por ejemplo, en horario nocturno o en los fines de semana”. C  . Más allá de los rasgos estructurales del modelo policial cordobés, una secuencia de acontecimientos vinculados con la Policía en los últimos dos años ayuda a comprender estas razzias y derrumba la consigna con que el gobernador De la Sota se publicita como precandidato presidencial: “La seguridad es la asignatura pendiente en la Argentina que viene. Para crear un clima de seguridad, ante todo, hay que prevenir”. La cadena causal de iniquidades tuvo su primer capítulo en septiembre de 2013 con el narco-escándalo policial, los presuntos suicidios de los uniformados Juan Alós y Dámaris Roldán, y las renuncias del Ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe de Policía Ramón Frías; el segundo fue el acuartelamiento policial y los saqueos que en diciembre de ese año se cobraron dos víctimas locales y precipitaron el despido de la ministra Alejandra Monteoliva y el jefe César Almada, además de exportarse a otras 14 provincias y dejar un saldo total de 18 muertos en el país; la serie siguió en abril de 2014 con los linchamientos a supuestos delincuentes atrapados por vecinos “hartos de la inseguridad”, lo que motivó los “operativos saturación” y

requisas masivas a presuntos “moto-chorros” (en agosto, mientras informaba por Twitter de un procedimiento policial, el periodista Dante Leguizamón recibió un del jefe de Policía Julio C. Suárez: “Yo mismo me voy a encargar de vos”). Lógica y terrorífica, la secuela fue el bro-

te de “gatillo fácil” en el que siete jóvenes cayeron por balas policiales en nuestra ciudad en 2014, la misma cifra registrada en lo que va de este año. Tal vez a eso se refería aquel policía que al firmarse el acuerdo salarial a fines de 2013, gritó: “¡La ciudad es nuestra!”.

F: ) “Operativos humillación para tapar la ola de inseguridad”, Dante Leguizamón, www.cban.com.ar, SRT, //. ) “«Cuando preguntaba por qué estaba preso, me hacían callar con un chirlo»”, Waldo Cebrero, www.infojusnoticias.gov.ar, //. ) “Ni la ceguera lo salvó de la ‘razzia’”, Alejo Gómez, Día a Día. ) “Policías salen a la calle con orden de hacer cinco detenciones diarias”, María Fernanda Villosio y Bettina Marengo, La Mañana de Córdoba,  de agosto de . Al día siguiente, Villosio recibió un mensaje de texto que decía: “El silencio es salud. Sería una lástima que perdiera físicamente la buena salud”. ) “Código de Faltas Córdoba - Comentarios a partir de la respuesta a un pedido de informe legislativo”, Adela Coria y Horacio Etchichury, . ) “Policía, seguridad y Código de Faltas”, Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli, en Mirar tras los muros (Capítulo IV), observatorios de derechos humanos de las universidades nacionales de Córdoba y Río cuarto y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, . ) Promoción de derechos humanos en materia de Código de Faltas, proyecto de cooperación entre la Universidad de La Rioja (España) y la UNC, directores: Fabián I. Balcarce (UNC), Marcelo Bernal (UNC) y Ana Vega Gutiérrez (UR), .

SE EVITÓ POR EL MOMENTO LA DEMOLICIÓN DE LA CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN • POR RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL MIGUEL HUGO VACA NARVAJA

Un logro de la memoria: La UP1 no se privatiza cisión tiene que ver con las evidencias, relacionadas con delitos de lesa humanidad, que pueden encontrarse en ese lugar y que guardan relación con causas que se están tramitando en la actualidad. El edificio es un elemento de prueba central y sólo su preservación es garantía del debido proceso en el camino hacia la búsqueda de verdad y justicia. Horas más tarde de conocerse el fallo, las autoridades provinciales señalaron que iban a insistir con el proyecto de creación de un parque que reemplace la actual estructura carcelaria. A propósito de eso, López reconoce que “el trabajo también es político, porque el barrio también entra en contradicción. Como todo sector social, hay intereses cruzados. Lo que nosotros no queremos es que eso se transforme en un emprendimiento inmobiliario. Nosotros no nos oponemos a tener un parque. Pero hay que trabajar para que esos intereses se conjuguen y que el espacio siga siendo público y no pierda el valor histórico, que no tiene que ver solamente con la verdad y la justicia. Ese lugar tiene una historia muy grande”.

Mercedes Ferreyra

Finalmente, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó suspender la demolición de la ex Unidad Penitenciaria Nº (UP) a través de un fallo que hace lugar a un pedido de los organismos cordobeses en defensa de los derechos humanos y de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba. “Lo imprevisto del accionar de la Provincia nos hizo movilizar. Estábamos en la manifestación en repudio al accionar policial de la semana pasada, cuando un compañero de Familiares nos avisa que estaban trabajando y ya estaban empezando a levantar los techos de la parte de atrás, lo que se llama ‘La Industria’. Ahí decidimos que el tema central de la reunión semanal de la Mesa de Trabajo por los DDHH, iba a ser ese”, cuenta ‘Toto’ López a Será Justicia. En esa reunión se definió un plan de acción legal y político, que derivó en una presentación concreta: “Cuatro compañeros fueron recibidos de muy buena manera por el juez Vaca Narvaja, que había tomado nuestra presentación y había agregado algunas otras cosas para ordenar no innovar y, de esa forma, parar los trabajos”. La principal razón que el magistrado esgrime en su de-

No innovar. El predio de la UP1 no será demolido por el momento.


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MEMORIAS EN PRESENTE

Mayo de 2015 | Será Justicia

MILITANTE REFERENTE DE LA AGRUPACIÓN HIJOS • EDUARDO TONIOLLI NACIÓ DÍAS DESPUÉS DEL SECUESTRO DE SU PADRE, EDUARDO JOSÉ TONIOLLI

“La política en derechos humanos no retrocederá, esté quien esté en el gobierno” E T,      S F,                  2015. Militante y actual diputado provincial, Eduardo Toniolli declaró en el juicio La Perla-La Ribera por la desaparición de su padre, Eduardo José Toniolli. Es la segunda vez que lo hace. Ha sido uno de los querellantes en el juicio por lo sucedido en la Quinta de Funes, en Santa Fe, en las causas Garrieri I y II. Eduardo Toniolli entiende su testimonio ante el tribunal como “una posibilidad”, a la que considera “histórica”. A la vez, comprende que no se trata de una posibilidad que se abre sólo ante él, sino que también la entiende como una cuestión colectiva, para todo el pueblo argentino. Eduardo se reconoce como perteneciente a una familia que “en sus distintas generaciones, todos han sido militantes políticos y sociales”. Él mismo se hizo cargo de esa trayectoria cuando la militancia lo encontró en la juventud y la historia de su vida hizo que fuese uno de los primeros militantes de la agrupación H.I.J.O.S. Eduardo fue reconstruyendo su historia lentamente. Eduardo José Toniolli, su padre, había sido responsable de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) durante un tiempo, luego de Montoneros. Su madre, Alicia Gutiérrez, militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Eduardo José fue detenido el 9 de febrero de 1977, junto a una compañera de militancia. En ese momento, su madre, que estaba embarazada, decidió irse y se instaló en las sierras de Córdoba, en donde vacacionaban sus abuelos maternos. Las primeras averiguaciones sobre el paradero de Eduardo José se realizaron directamente frente al Tercer Cuerpo de Ejército, durante las semanas que le siguieron a la desaparición. Al mes, nació Eduardo. En su testimonio frente al tribunal, recordó que vivieron “en la clandestinidad, en diferentes localidades de las sierras, durante casi un año”. Luego se fueron a Capital Federal. “Hacia el año 80, nos trasladamos a la ciudad de Río (de Janeiro), en Brasil. Vivimos en calidad de refugiados. Luego estuvimos tres o cuatro años en Francia, con la colaboración de organismos internacionales. En el año 85, vol-

vimos a Argentina, a Rosario, de donde es toda la familia”. En medio de todo ese periplo, “empezamos a tener algunas informaciones, relacionadas a La Perla, de boca de testimonios o a través de contactos que tenía mi abuelo. Mi abuelo también fue uno de los fundadores de Familiares en Rosario e integrante de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), por lo que tuvo contacto con muchas personas”. Los testimonios empezaron a ensamblarse y la historia fue tomando su forma. “Según los testimonios, mi padre estuvo aproximadamente tres meses en La Perla, sometido a torturas y en grave estado de salud. Luego fue trasladado a Rosario, fundamentalmente por ser montonero, en donde tenía un rol de conducción. Según un sobreviviente de La Perla, lo habrían traído de vuelta a La Perla y luego otra vez a la Quinta de Funes”. AMENAZAS EN DEMOCRACIA. La Quinta de Funes era un centro clandestino que funcionó en las afueras de Rosario entre 1977 y 1978. La Quinta fue desarmada por las mismas Fuerzas Armadas cuando uno de los detenidos –‘Tucho’ Valenzuela– logró escapar. Rápidamente denunció en dónde quedaba el lugar. Ese centro fue entonces desarmado y trasladado a una escuela de Rosario, cuyo director estaba ligado a la Triple A. Los testimonios que se han podido reconstruir dan cuenta de que todos los trasladados desde Funes habrían sido fusilados y, junto a otros militantes, arrojados al mar. Entre ellos, estaría Eduardo José Toniolli. “Mi experiencia en H.I.J.O.S, como creo que la de la mayoría de mis compañeros, estuvo marcada por mi recorrido personal, pero también a la par del calor de la revisión que hicimos como pueblo de la historia y el pasado reciente. Eran momentos en que la militancia político-partidaria era un espacio mucho más restringido. Los partidos tradicionales y populares habían sido cooptados por el liberalismo y nosotros no encontrábamos un espacio cierto para expresarnos. H.I.J.O.S, para

Eduardo Toniolli. “Hoy hay un nivel de conciencia y organización en el pueblo argentino”.

muchos de nosotros, fue una herramienta de expresión política que trascendía el reclamo formal de justicia”, dice Toniolli conversando con Será Justicia. La militancia política y las luchas libradas expusieron a Eduardo a amenazas con las que fue aprendiendo a convivir tanto él como sus compañeros de militancia en los organismos. Estos intentos de amedrentamiento empezaron por carta, pasaron por textos en latín (“Era un inciso de la Summa Teológica, de Santo Tomás de Aquino. Era una metáfora sobre el cuerpo y la gangrena, que había que extirparla. Entendí al cuerpo como la sociedad, a la que había que sacarle una parte”, dijo en su testimonio), hasta llegar a las agresiones personales. Toniolli reconstruyó uno a uno esos momentos en la sala de audiencias: “Yo tenía un cybercafé en Rosario. Recibí atentados. Uno fue días después del discurso de Néstor. Se robaron una placa de mármol del Bosque de la Memoria, y la tiraron por la ventana del cyber. Días después, tiraron una granada fechada en 1976. Sin espoleta, pero con carga. Otra vez me rompieron el vidrio”. Ya había aparecido Néstor Kirchner en la vida política argentina y a Eduardo lo

había sorprendido gratamente cuando “en la ONU se reconoció como nieto de las Abuelas de Plaza de Mayo”. Hoy es diputado provincial en su provincia y el proceso electoral le insume la mayor cantidad de su tiempo. La pregunta en torno al futuro del país surge casi con naturalidad, a la hora en que la conversación llega al punto de mirar al horizonte. Será Justicia: ¿Qué imaginás que puede pasar si el color político del próximo gobierno varía con respecto a los últimos años? Eduardo Toniolli: Me parece que va a haber un intento de retroceso. Creo que hay un nivel de conciencia y organización en el pueblo argentino que excede a la conducción del Estado y que va a marcar un límite de lo que se pueda hacer o boicotear desde la cabeza o la conducción del Estado. Conociendo la representación de las fuerzas políticas con chances claras de disputar la Presidencia de la Nación, tengo claro que algunos actores, particularmente Macri, por prácticas y antecedentes, va a intentar hacer retroceder la política de derechos humanos. Pero me parece que hay un pueblo conciente que no va a dejar que eso suceda, esté quien esté en el gobierno.


EN PROFUNDIDAD

El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 47

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INSTITUCIONAL: OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS · LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN CÓRDOBA

Desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de emergencia que vive el sector de salud mental en Córdoba, especialmente en el Hospital Neuropsiquiátrico de nuestra ciudad. A partir de la sanción de las nuevas leyes de salud mental a fines de 2010, junto a diversos colectivos sostenemos la necesidad de la plena implementación de este marco normativo para garantizar el derecho a la salud mental en nuestra provincia. En diversos informes, analizamos los escasos avances de la actual gestión y señalamos que este gobierno, en cuatro años, no ha avanzado en el proceso desmanicomializador que se propone. Frente al plan de transformación que declaman las autoridades, diversos actores del campo de la salud mental, organismos de DDHH, trabajadores, usuarios, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y gremiales; venimos requiriendo proyectos escritos, precisiones que nos permitan conocer y acompañar esta transición. En los últimos años, incluso, se realizaron innumerables propuestas que la Dirección Provincial de Salud Mental no tuvo en cuenta, las respuestas siempre gravitaron en torno a la falta de recursos económicos o a la escasez de otro tipo de apoyos. Sobre las numerosas sugerencias que realizamos, en el mejor de los casos, hemos

Foto: Mercedes Ferreyra

El derecho a la salud mental en Córdoba

El Hospital Neuropsiquiátrico. La disputa en torno a las refacciones de algunos de los espacios del hospital.

recibido respuestas evasivas; nos han ignorado o descalificado. Lo cierto es que desde hace años sostenemos que hay que derribar los muros de los manicomios. Pero como lo expresamos desde el principio, entre los muros y el abandono, debe haber una red de dispositivos. En el caso del Hospital Neuropsiquiátrico, las refacciones que hoy se están haciendo, sin planificación transformadora, de ningún modo tienen que ver con tirar abajo el manicomio, sino, sencillamente, con derribar paredes que sólo generan abandono. No se ha avan-

Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:

zado en la creación de dispositivos sustitutivos a los manicomiales ni en la previsión de recursos para estas reformas. Basta mencionar algunas situaciones de extrema gravedad que se viven allí para ilustrar con contundencia la situación: • Reformas edilicias de distintas áreas dentro del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial con usuarios y trabajadores habitando en su interior. • Cierre de habitaciones, pabellones y salas dentro del hospital. • Traslados de usuarios a otros hospitales monovalentes del interior sin resguardo por los vín-

Por miembros del Observatorio de Salud Mental y DDHH de Cba.

culos familiares, laborales o terapéuticos logrados y en clara oposición a la efectiva implementación de las leyes. • Usuarios en situación de calle, durmiendo en los bancos de las salas de espera o en los mismos techos del hospital (nuevamente abandono, ante la clara inexistencia de instersectorialidad que permita el abordaje de las situaciones propias que atañen a los pacientes sociales). • Recorte de raciones de comida y suspensión de cena a usuarios externados. • Persecución a trabajadores y organizaciones que promueven estrategias alternativas al manicomio acorde a la normativa vigente. • Frente a la urgente necesidad de cerrar las salas de aislamiento, sólo se proponen más medidas de sujeción, sin ninguna discusión clínica y ética profunda. Solicitamos a las autoridades que frenen este desmantelamiento al sistema de salud pública, informen de las medidas que están tomando y se convoque a la participación de toda la comunidad hospitalaria para la planificación y toma de decisiones conjuntas que garanticen los derechos de los usuarios y los trabajadores. Pedimos esto para que la desmanicomialización no se convierta en un discurso funcional al recorte y al vaciamiento de la salud pública. Ya conocemos experiencias donde el mal uso del discurso desmanicomializante se ha utilizado de modo perverso para operativizar el abandono humano.


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CONTRATAPA

Mayo de 2015 | Será Justicia

Por Jorge Auat y Carlos Gonella

Auat y Gonella son fiscales del Ministerio Público Fiscal. Jorge Auat es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ambos con vasta experiencia en las causas por crímenes de lesa humanidad. Gonella es además titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación (Procelac).

La estrategia del olvido

in duda que no terminan de superarse los obstáculos para avanzar en las causas por los crímenes de la dictadura, sobre todo cuando se trata de investigar la responsabilidad de sectores del Poder Judicial y económicos. Desde luego que era previsible ese escenario. La causa de los magistrados de Córdoba tiene casi ocho años de trámite. Esto es inadmisible, el riesgo de impunidad es enorme. Los hechos tienen más de treinta años. A la agencia judicial se le terminaron los tiempos. Como dijimos en la oportunidad de la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, no hay más lugar para seguir dilatando el trámite de una causa que se inició en el año 2007. Es hora de la discusión jurídica: ¿hay o no hay responsabilidad penal en los imputados? Sólo las espadas de la acusación y la defensa van a revelar la verdad. Esa discusión es perentoria. Lo merecen las víctimas y lo necesita la sociedad. Cuando se trata de investigar el terrorismo, no se puede prescindir de la complicidad de los sectores que tomaron parte en el plan. Es irritable un apartheid o una selectividad cuando se trata de investigar el terrorismo de Estado entre ejecutores y cómplices civiles. La única forma de comunicar cabalmente la dimensión de los crímenes de la dictadura es investigando la totalidad del crimen. Es un imperativo moral que no puede ser dejado de lado, y que tiene que ver con la víctima y su resignificación. Es parte del ejercicio de memoria. En la investigación está el recuerdo y no recordar es

S

Ilustración: Hernán Cappelletti

olvido y ese olvido es revictimización, porque es un modo de banalizar el crimen, y consecuentemente, a su víctima. Una forma cruel de invisibilizarla. ¿La estrategia de trámite eterno será un correlato de la propia negación? Porque no es casual que todas las causas padezcan la misma patología. “Cuanto más se alejan los acontecimientos, más crece y se perfecciona la estructura de la verdad acomodaticia (…) es

más fácil impedir la entrada de un recuerdo, que librarse de él después de haber sido registrado”. “Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegase a sobrevivir, la gente dirá que los hechos son demasiado monstruosos para ser creídos” (Primo Levi, Los hundidos y los salvados). Entendemos que es plausible una especulación semejante a la luz de la magnitud y del tipo de crimen. Eternizar el trámite

es no llegar nunca a conocer lo que realmente pasó. No hay sentencia. No hay sentencia en el sentido de la negación. Lo dijimos muchas veces, la impunidad viene desde la propia maqueta del plan criminal, el ocultamiento del crimen en el terrorismo de Estado fue precisamente parte de la matriz. Como el autor es el propio Estado criminal, la maquinaria es completa, y con todos los recursos a su alcance niega el hecho, por un lado, y por el otro, le quita importancia. Es lo que Walter Benjamin llama la muerte hermenéutica o segunda muerte. Esa estrategia es explicada por el filósofo español Manuel Reyes Mate Rupérez en el sentido de pensar a la víctima como costo. No se puede entender la trascendencia de estos juicios sin la víctima, pero no sólo en el sentido del derecho penal, sino en el sentido profundo de hacer justicia. Lo que le pasó fue injusto y en consecuencia la demanda de justicia es un deber incuestionable. La importancia de estos juicios está, como dice Reyes Mate, en el relato, en la anécdota como sustancia, es ahí donde se visibiliza la víctima. En definitiva, no se nos ocurre otra forma de leer esta finalidad de llevar los procesos a una cronicidad de tal magnitud. Desde luego que el desenlace no es otro que la impunidad. Acaso, como decía el historiador estadounidense Yosef Hayim Yerushalmi, “¿No será que lo que se opone a olvido no es recuerdo sino justicia? Si así fuera, el sinónimo de justicia sería memoria y su antónimo, olvido”.

E D   J    L H  C

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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Mercedes Ferreyra · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Ernesto Torres, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: Miguel Magnasco, Matilde Nasser, Jacinta Burijovich, María Laura Villa Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com

Tirada de esta edición: 30.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)

Santa Fe 11, Bº Alberdi · Córdoba · Tel: (0351) 425 6502 Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar

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Será Justicia Nº 47  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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