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LA POLICIA DEL GATILLO FACIL: UN RECORRIDO SOBRE LOS CA

Agosto de 2014 | Será Justicia

ANÁLISIS • EL “GATILLO FÁCIL”, LA HERENCIA VIGENTE DE LA POLICÍA DICTATORIAL | Por Alexis Oliva

Disparos del pasado N “”  “ ”,                     . L         . La bala policial que mató a Fernando ‘Weré’ Pellico (17 años) el sábado 26 de julio pasado en barrio Los Bulevares es la misma que el 25 de enero de 2003 mató a Pablo Luján (21) en barrio Mariano Fragueiro y el 29 de junio de 1996 mató a Ariel Lastra (19) en barrio Ayacucho. Los tres jóvenes, los tres de sectores populares, los tres por la espalda, los tres desarmados y los tres en democracia. Sus victimarios, respectivamente: agente Lucas Chávez, “imputado por homicidio calificado (por ser policía en actividad) y agravado (por el uso de arma de fuego)”; oficial principal Josefa Pereyra, cabos primero Claudio Moyano y Nolberto Cepeda y cabo David Vega, acusados de “homicidio simple”, luego liberados por haber actuado “conforme a las atribuciones inherentes a su función”; y cabo Elio Enrique Fernández, condenado a 22 años de prisión por “homicidio simple”. La disparidad de las consecuencias judiciales contrasta con la similitud de los hechos, acaso por la relatividad de criterio de funcionarios judiciales sensibles a los vientos políticos y mediáticos, o demasiado respetuosos del “brazo armado de la ley”. Como sea, más allá de su responsabilidad personal, quienes apretaron los gatillos han sido en realidad los instrumentos humanos de esa bala asesina serial, como en aquel cuento de Borges en que dos “niños bien” se baten a duelo con dagas de colección para consumar el rencor de sus antiguos dueños. Así también la bala que terminó con estas jóvenes vidas es un proyectil que proviene del pasado, blindado con una sólida aleación de formación ideológica autoritaria e impunidad institucional. Su velocidad y capacidad destructiva obedecen a que ha sido disparada en tiempos dictatoriales, cuando la Policía de Córdoba se subordinó al poder militar para salir a reprimir a sus enemigos con sus grupos “Calle”, “Fábrica” y “Facultad”(1). Con el retorno democrático, se dejaron de lado esas elocuentes denominaciones, pero en los hechos el “Grupo Calle” permaneció. Corregido, aumentado, eufemísticamente denominado como Comando de Acción Preventiva en “operativos de saturación”, y reorientado hacia un enemigo ya no ‘subversivo’ sino ‘delincuente’, categoría invariablemente identificada con jóvenes de sectores sociales marginados. T  . Entre los derechos y deberes que la ley establece para el policía de esta provincia, figuran: “El personal policial está facultado para emplear la fuerza en la medida de lo necesario como último arbitrio para imponer su autoridad

en los procedimientos o intervenciones lícitas, resistidos violentamente por los delincuentes o infractores. (…) El personal policial usará el arma en legítima defensa de su vida y derechos y de terceros”(2). Para intentar salvar este abismo entre discurso y realidad, se han elaborado dos teorías: la de los ‘excesos’ y la del ‘caso aislado’. La más reciente formulación de la primera fueron las declaraciones del jefe de Policía, Julio César Suárez, luego de la muerte de Pellico: “Entre el accionar correcto, eficaz y en base a derecho, que tiene un policía como misión, y el exceso, hay una línea muy delgada. Hay gente que

al exceso lo nombra como gatillo fácil. Si hay excesos policiales, nosotros estamos dispuestos a darle conocimiento a la Justicia y no tapar nada”(3). Cuesta definir como ‘exceso’ a la emboscada que describe Maximiliano Peralta, el primo de ‘Weré’, que manejaba la moto y recibió un balazo en una pierna: habían salido del cortadero de ladrillos de su abuelo, donde ambos trabajaban, para ir a comprar bebidas a un kiosco cercano; al regresar, el móvil policial los esperaba con las luces apagadas, y por temor a ser detenidos, trataron de escaparse sin pensar que serían baleados por la espalda. Y

CAUSAS Y EFECTOS • DEL NARCO-ESCÁNDALO AL GATILLO FÁCIL | Por A. O.

Una trama de impunidad policial Desde septiembre del año pasado, una secuela de hechos relacionados con la Policía ocupó los titulares de la prensa local y nacional: narco-escándalo, ‘suicidios’ de Juan Alós y Dámaris Roldán, renuncias del Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía, acuartelamiento policial, saqueos, sanciones e imputaciones, linchamientos, ola de gatillo fácil… ¿Es esta serie una cadena de causas y efectos? Entre algunos eslabones la relación es evidente. En otros, hay una carencia de información indispensable: por ejemplo, para afirmar con cierto rigor que los presuntos suicidios de los policías Alós y Roldán fueron en realidad silenciamientos para frenar la investigación del narco-escándalo. Habrá que esperar las autopsias. En realidad, no se trata de una cadena que coincide con la línea cronológica. Es más bien una trama de eslabones unidos

por un tejido complejo. Al reconstruir esa malla, es posible advertir que el narco-escándalo es apenas un vislumbre jurídico-mediático de una corrupción estructural más vasta; que el acuartelamiento no fue un reclamo laboral, sino una reacción política para recuperar impunidad; que los saqueos no fueron el efecto no deseado de la medida de fuerza, sino el resultado de una extorsión colectiva; que los linchamientos no fueron “justicia por mano propia”, sino la consecuencia de una suerte de privatización de la seguridad alentada por el Gobierno provincial y sus voceros mediáticos. Entonces, el actual pico de gatillo fácil es la lógica consecuencia del plan de “saturación” que, con el pretexto de devolver a los uniformados la iniciativa en el combate del delito, terminó restituyéndoles una suerte de permiso para matar.

menos, al posterior intento de justificar la versión oficial del “intenso tiroteo”, cuando dos policías acudieron a un taller mecánico cercano en busca de un arma “para plantarle” al muerto, según denunciaron familiares de Pellico(4). Tampoco cuadra en la definición un emblemático caso de los 90: el 4 de octubre de 1995, Sergio Raúl Pérez (18) fue ultimado de un tiro por la espalda por el policía César Cruz, condenado luego a nueve años de prisión. Fue un ‘silenciamiento’, porque Pérez había sido testigo de la muerte de Miguel Rodríguez (15) –también provocada por disparos policiales en julio del 94–, por la que el suboficial Mario Romero sería condenado a ocho años. Es que los presuntos ‘excesos’ no sólo se han cometido con las armas. ¿Pueden definirse así las torturas seguidas de muerte de que fue víctima Mario Omar Sargiotti en la propia Jefatura de Policía el 12 de diciembre de 1990? ¿O el caso de la trabajadora sexual Sandra Viviana Torres (24), en el que varios testigos vieron a dos policías arrojar a un basural su cadáver maniatado y con la cabeza destrozada a golpes? ¿O la ‘Tragedia del Precinto 5’, en la que siete jóvenes murieron calcinados el 22 de enero de 1999, luego de quemar los colchones de la celda en protesta por las vejaciones padecidas? Por otra parte, el argumento del “caso aislado” se desmorona ante la reciente secuela de muertos por balas estatales que precedió al caso Pellico: Martín Carrizo (35), el 3 de enero en barrio Residencial Vélez Sarsfield; Exequiel Barraza (20), el 24 de marzo en barrio 1º de Mayo; un menor de 15 años, el 6 de abril en Villa Corina, baleado por un empleado del Servicio Penitenciario provincial (no se informaron las identidades de víctima y victimario); Lautaro Torres (16), el 12 de abril en Las

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Será Justicia Nº 40  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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