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PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA · AÑO I · NÚMERO 3 · CÓRDOBA · ARGENTINA · 16 DE NOVIEMBRE DE 2009

Las complicidades comienzan a salir a la luz Cuando finaliza el primer mes de audiencias, el juicio a Menéndez y la patota del D2 avanza en los carriles que esperaban las querellas y la fiscalía. A partir de los testimonios de los casos Morales y Moyano, se pudo reconstruir el andamiaje represivo y sistemático de la Inteligencia policial, con detenciones sin orden judicial, traslados al D2 y luego reubicaciones en otros Centros Clandestinos de Luego de cuatro semanas y once audiencias, el Juicio Menéndez II va dejando su marca memorable. Aprendizajes, algunos optimistas y otros dolorosos, que escapan de la solemnidad de la sala y se cuelan en la vida cotidiana de la comunidad. En alguna medida, el juicio se constituye como un reflejo de la sociedad y sus expresiones más determinantes. Ese tópico empezó a vislumbrase con más claridad en esta última semana, en el testimonio de los protagonistas de los casos “Morales” y “Moyano”. En su mayoría, delegados gremiales y militantes de base, los testigos sufrieron las torturas impartidas en el D2 y convivieron, durante más de treinta años, con la impunidad y con el silencio imperante en los primeros años de democracia. En la voz de los sobrevivientes, se fueron hilvanando los giros de una historia compleja y controvertida, revelando la actuación de importantes actores de la sociedad civil implicados en el Terrorismo de Estado. La justicia y su accionar cómplice, la iglesia que bendijo los crímenes, la Policía Federal, todos actuaron como guardianes de la brutalidad policial y del poder político y económico que se ocultaba tras ella. Con su significativo avance en la última década, la madurez democrática destrabó los engranajes más conservadores de la justicia, posibilitando que la sociedad reconstruya el tejido de memorias colectivas en el recuerdo de los sobrevivientes. Un aceitado mecanismo Con la policía provincial como denominador común, son varios los testimonios que aportaron elementos claves para reconstruir el modo en que operaban las brigadas de inteligencia. Aparece así el registro de las patotas integradas por agentes 'de civil', caracterizados a veces por el uso de barba y vestimenta oscura, sin ninguna orden de captura, reprimiendo sobre todo a dirigentes gremiales y militantes de ba-

EDITORIAL

Detención. Hasta el momento, ya son tres las víctimas que pudieron ver cara a cara al “Gato” Gómez en las sesiones de torturas. También quedaron al descubierto las diferentes complicidades que vincularon a algunos sectores de la justicia y la iglesia con la dictadura militar. Se demuestra que estas corporaciones, de diferentes modos, eran funcionales al aparato represivo en Córdoba.

se. Ya en el Departamento de Informaciones Policiales (D2), ubicado en el Pasaje Santa Catalina, frente a la Catedral, los detenidos eran sometidos a intensas sesiones de tortura, en parte para extraerles información y en parte como amedrentamiento. Luego de un tiempo de detención, que en general no superaba los diez días, eran trasladados a los centros clandestinos de detención La Perla o La Ribera. Hasta marzo de 1976, en algunos casos este proceso era 'legalizado', y los detenidos quedaban a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, siendo trasladados al Penal de Barrio San Martín (Unidad Penitenciaria Nº1). “Si de cada diez perejiles podemos pescar a uno, estamos hechos”, le confió un policía a la testigo Stella Maris Morales, cuando se atrevió a preguntar sobre su

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imputación, durante su cautiverio en el D2. Todo parece indicar que esa fue la consigna con la que actuaron las brigadas en muchos de sus operativos, y fue este modus operandi lo que se confirmó con los testimonios de esta semana. Entre esos operativos, los efectuados el 19 enero de 1977 no fueron la excepción. Ese día, dos patotas con efectivos encapuchados y fuertemente armados secuestraron, en diferentes domicilios, a 8 personas: Carlos Jacinto Moyano, Manuel Reynoso, Rubén Gilli, Carlos Hugo Antón, Ramón Hugo Guevara, Isolina Tránsito Guevara, Manuel Américo Nieva y Delia Lidia Torres de Nieva, las víctimas que conforman el caso denominado “Moyano”. El destino de cada uno de ellos y los tormentos que recibieron en el D2, conmovieron al tribunal en las últimas jornadas.

Culminado otro tramo del juicio, un elemento emerge con fuerza en el relato de los distintos testigos de la semana: la complicidad de diferentes sectores sociales con el genocidio. En estos días se completó el caso Morales y comenzó Moyano, los que junto al caso Albareda (asesinado por el D2) integran este juicio caratulado como Menéndez II. Se trata de los hechos sufridos por nueve sobrevivientes del terrorismo de Estado que atravesaron avatares similares: detenciones ilegales, encierro clandestino en el D2 con todo tipo de torturas incluidas, y luego unos años en la cárcel. Las mismas víctimas se transformaron en los testigos más valiosos, aportando elementos indiscutibles para comprender la maquinaria terrorista. En los pormenores relatados fueron apareciendo distintas formas y grados de complicidad de la sociedad civil para con el plan sistemático de exterminio. Dilucidar y denunciar esta trama es una de las grandes deudas que las instituciones tienen con nuestra democracia. Los “servicios” de instituciones como la Iglesia, la SIDE, la Policía Federal, el propio Poder Judicial y empresas privadas, quedaron evidenciados como eslabones de una cadena de persecución, espionaje y muerte. Con sólo transitar el pasaje Santa Catalina podemos apreciar los pocos metros que separan al ex centro clandestino con el patio de “reflexión y lectura” de la Catedral. Si los detenidos, vendados, esposados y devastados a golpes no dudaron en percibir lo cerca que se encontraban de la sede eclesial, ¿cómo podemos imaginar que la cúpula clerical cordobesa desconocía lo que Telleldín y su patota hacían frente a ellos? Como corolario, un ex juez federal asumió la sumisión que tenía hacia los dictadores, “por encima de ellos no había nada”, reconoció. Muchas veces hemos escuchado hablar de la complicidad como un punto de partida necesario para la ejecución del terrorismo de Estado, pero en pocas, muy pocas, alguien asumió la responsabilidad de decir las cosas -declarando bajo juramento- con nombre y apellido. En esta oportunidad, fueron las mismas víctimas quienes tuvieron el valor de plantarse ante un tribunal constitucional para denunciarlo.

Todos los imputados

Testimonios

CONTRATAPA

Quiénes son los militares y policías imputados en el Juicio. De qué delitos se acusa a cada uno. Los que fallecieron Página 2

Extractos del emotivo testimonio de Raúl Ernesto Morales, y las palabras de tres mujeres, víctimas del “Gato” Gómez. Página 3

El General de la Muerte y sus sádicos soldados POR LUIS RODEIRO


Lunes 16 de Noviembre de 2009 Gato acorralado Ya se ha reconocido a Miguel Ángel Gómez, imputado junto a Menéndez en el Caso Moyano, como uno de los principales torturadores del D2. Muchos detenidos lo pudieron identificar, escuchar su particular voz e incluso observarlo en el centro clandestino de la inteligencia policial. Uno de ellos, el abogado Oscar Samamé, recordó “el rostro diabólico del 'Gato' Gómez, la vez que me pidió que lo observara. Esa mirada cruel no la olvido jamás”. El abogado querellante Hugo Vaca Narvaja, por su parte, analizó positivamente los testimonios, las historias y las vivencias aportados a en la última semana. “Ya son varios los testigos que confirmaron la participación de Gómez en las torturas. Durante la época, se lo ubica en el D2 por la información aportada desde la policía, por lo que es indudable su participación. Y también los testigos han dicho que él era quien daba las órdenes en los interrogatorios”, concluyó Vaca Narvaja. Doce días son los que Isolina Guevara estuvo en cautiverio, pocos metros separaban su celda de la Catedral cordobesa. Ante el tribunal, recordó una de esas oscuras jornadas, donde uno de los represores le quitó la venda que llevaba siempre so-

bre sus ojos y le ordenó: “Levantá la cabeza y mirame, quiero que veas quién es tu torturador”. El de la voz desafiante era, una vez más, el Gato Gómez, demostrando la impunidad con que actuaba. Luego la interrogó y la golpeó sin preocuparse de que su víctima pudiera identificarlo. El guiño de la justicia El jueves 5, cuando Raúl Ernesto Morales declaró ante el tribunal, confirmó que luego de ocho meses de detención, en noviembre del año 1976, el ex Juez Federal del Bell Ville Eudoro Vázquez Cuesta le tomó declaración testimonial en su lugar de detención. El escenario descripto por el albañil no se asemejaba en absoluto a una intervención judicial, con las garantías prescriptas en cualquier Estado de Derecho. En el propio Penal de San Martín, el juez que estaba a cargo de la causa “Capuano, Martínez y otros”, interrogó a Morales escoltado por tres militares armados. Tras la declaración, la querella no tardó en citar a declarar al ex magistrado. Con un testimonio medido y apelando a olvidos producto del paso del tiempo, Vázquez Cuesta afirmó que “los jueces debíamos actuar bajo la disposición imperante”, pero negó que hubiesen participado militares durante sus indagatorias.

“¿Cómo podíamos oponernos a las decisiones de la Junta? Por arriba de ellos, no había nada”, se excusó finalmente. En la siguiente audiencia, el testigo Olegario Martínez, un ex policía perseguido y torturado por el D2, puso en contradicción los dichos del juez, al afirmar que también fue interrogado ante la presencia militar. “Además, le manifesté las torturas y las lesiones recibidas, pero nunca apareció eso cuando revisé la causa. Incluso firmé con los ojos vendados”. También consta en los autos de la causa Morales, que el entonces Juez Federal de Bell Ville interrogó al Sargento Primero del D2, Carlos Hugo Villarruel. Ante la pregunta de Vázquez Cuesta sobre la reacción de los detenidos al ser interrogados, Villarruel contestó: “Al principio negaban toda participación en la subversión, pero después de un 'insistente interrogatorio', los detenidos aceptaban los hechos, narrando las responsabilidades que tenía cada uno en las organizaciones extremistas”. Contra los testimonios de las víctimas, que soportaron la desidia cómplice de algunos magistrados federales, Vázquez Cuesta confirmó con su silencio los secuestros ilegales y las torturas recibidas por los presos acusados de subversión.

En el banquillo de los acusados Luciano Benjamín Menéndez Alias “Cachorro”. Casado. 82 años. Militar retirado con el grado de General de División. Cumple dos condenas de prisión perpetua (Córdoba y Tucumán) en el penal de Bouwer. Desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979 fue Comandante en Jefe del III Cuerpo de Ejército. Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, y abarcaba 10 provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba. Impartía las órdenes y generaba las condiciones para que se cumplieran. Establecía los objetivos, suministraba los medios y evaluaba a sus subordinados. Una de sus políticas fue el “Pacto de Sangre”: hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades para que no se “dieran vuelta” y declararan contra Menéndez y los oficiales del Destacamento. De acuerdo a los legajos de inteligencia incautados por la justicia, Menéndez presidía la denominada “Comunidad Informativa” en donde confluían, entre otros, autoridades de todas las Fuerzas de Defensa y Seguridad como el Ejército, la Policía Provincial, la Policía Federal y SIDE. En 1988 fue procesado, pero con la Ley de Punto Final, la Corte Suprema de Justicia lo desprocesó en algunas causas. Luego, en 1990, el entonces presidente Menem lo indultó, salvándolo de unas 700 causas que había en su contra. En 2003 con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se reabrieron muchas de las causas por la que está procesado (homicidios calificados, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegales de la libertad y sustracción de menores).

Rodolfo Aníbal Campos

Después de 25 años de democracia, son muchos los jueces cuestionados por su actuación durante la dictadura. Hace sólo unos días, por caso, fue finalmente capturado Guillermo Federico Madueño, un ex juez federal de Bahía Blanca que está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad. Madueño fue denunciado en 2005 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Poco después renunció a su cargo, y se encontraba prófugo desde abril de este año. Se lo imputa, en el marco de la “Causa Ejército”, por avalar secuestros y torturas a detenidos, y rechazar sistemáticamente los recursos de hábeas corpus solicitados por los familiares. Un derrotero similar al de estos magistrados, colmado de encubrimientos y complicidades, siguió en Córdoba, en esa época, el Colegio de Abogados, que recomendaba a sus afiliados mediante notificaciones, “no defender a delincuentes subversivos”. Con el paso de las audiencias, el cuerpo probatorio se acumula ratificando los posicionamientos de las querellas, y va quedando cada vez más acreditada la participación de importantes sectores sociales y gubernamentales que fueron impulsores, cómplices y encubridores de los delitos del Terrorismo de Estado.

PERFILES Causa por causa, un informe completo sobre los represores imputados en el Juicio Menéndez II

César Armando Cejas Casado, 4 hijos. 70 años. Policía de Córdoba, retirado en 1983 con el grado de Comisario Mayor. Subdirector de la Dirección General de Inteligencia de la Policía (D2). Evaluaba y calificaba a sus subordinados (entre ellos, los imputados Flores y Britos) siendo responsable directo de su accionar.

Hugo Cayetano Britos

Sobreseídos por fallecimiento: Arturo Gumersindo Centeno Gral. de Brigada y Comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Era 2º jefe del Estado Mayor del Área 311 cuando Albareda fue secuestrado y asesinado.

Alberto Rosas Senen Jefe de la Policía de Córdoba desde el 17 de enero de 1977 hasta el 27 de febrero de 1979.

Ernesto Cesario

Subjefe de la Policía de Córdoba desde el 15 de marzo de Alias “Pelado Miky”. Separado, 4 hijos. 1976 hasta el 6 de junio de 1978. 69 años. Raúl Pedro Telleldín Policía de Córdoba, retirado en 1986. En 1975 se hace cargo de la Dirección Gral. de Inteligencia. Afronta su primer juicio. Desde 1978 hasta 1980 fue Inspector General de la D2. Fue Integró la Dirección General de Inte- el que concretó el asesinato de Albareda. ligencia (D2). Junto a Yanicelli y Jabour eran los oficiales que dirigían las briga- Juan Reynoso das del D2. Los tres eran los encargados de supervisar rota- En 1977 sucedió a Telleldín en la jefatura del D2. En 1979 tivamente el funcionamiento de Casa de Hidráulica. El 25 era Director de la Dirección Gral. de Inteligencia. de septiembre de 1979, Britos participó del secuestro, las Fernando José Esteban torturas, el asesinato y la desaparición de Albareda. Subjefe del D2 desde abril de 1975 hasta junio de 1979.

Miguel Ángel Gómez

Américo Pedro Romano

Alias “Gato” o "Cacho". Casado y sepa- Responsable del Centro de Operaciones Tácticas (COT) del rado, actualmente en pareja. 62 años. D2. Fue uno de los que secuestró y torturó a Albareda en Casa de Hidráulica. Cabo de la Policía de Córdoba, exoneAntonio Héctor Carabante rado en 1978 por delito común. Está preso en la cárcel de Bouwer en el Miembro de la Dirección Gral. de Inteligencia. Fue uno de marco de esta y otras causas que lo tie- los que el 25 de septiembre de 1979 torturó a Albareda en nen como imputado. Integró la patota Casa de Hidráulica. Allí tenía la función de guardia. del D2. Pese a su bajo rango, contaba con mucho poder al interior de Inteligencia. Era uno de los encargados de los in- CASO ALBAREDA: Menéndez, Campos y Cejas: partícipes necesaterrogatorios. Recordado por la severidad de sus torturas. rios y autores mediatos de los delitos de privación ilegítima de la

Las imputaciones:

Calixto Luis Flores

Viudo. 81 años. Alias “Chato”. Casado, 4 hijos. 70 años. Militar retirado con el grado de Suboficial mayor de la Policía de la proCoronel. Afronta su primer juicio. vincia de Córdoba, jubilado en 1995. Entre el 28 de febrero de 1979 y el 6 de Miembro de la patota del D2. Cubría al enero de 1980 fue la máxima autoripersonal ausente en caso de enfermedad de la Policía de Córdoba. Por debadad o licencia. El 25 de septiembre de jo de Campos estaba la Dirección Gral. 1979, cuando secuestran a Albareda, de Inteligencia. La orden de secuestrar y desaparecer a estaba en funciones y participó del operativo. Años desRicardo Fermín Albareda nunca hubiese podido salir del D2 pués, junto con Britos fue parte de “el Gremio”, sección sin el consentimiento y la complicidad de Campos. que hacía inteligencia sobre distintos sectores sociales.

libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado. Britos: imputado por los mismos delitos en calidad de coautor. Flores: privación ilegítima de la libertad, como coautor. CASO MOYANO: Menéndez: privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en perjuicio de Carlos Jacinto Moyano, Delia Lidia del Carmen Torres, Manuel Américo Nieva, Ramón Hugo Guevara, Isolina Tránsito Guevara, Carlos Hugo Antón, Manuel Reynoso y Rubén Gilli. Gómez: imputado por imposición de tormentos agravados sufridos por Delia Torres, Manuel Nieva, Ramón Guevara e Isolina Guevara. CASO MORALES: Menéndez y Gómez: imposición de tormentos agravados con lesiones gravísimas en perjuicio de Raúl E. Morales.


Lunes 16 de Noviembre de 2009 EXTRACTOS DEL TESTIMONIO DE RAÚL ERNESTO MORALES

EL JUICIO, DÍA X DÍA

«Arruinaron mi vida»

MARTES 10/11

Amén Stella Maris Morales declara que en el D2, la noche se distinguía porque “era increíble el estado de excitación y locura, había corridas, golpes, gritos”. Sus torturadores solían tener “olor a alcohol”. A Olegario, católico y detenido en la UP1, le llama la atención un hecho. En una visita de Primatesta a la cárcel, algunos compañeros fueron a buscar ayuda espiritual. Resultó ser un pedido de informe, un interrogatorio, para nada espiritual.

MIÉRCOLES 11/11

El “ex General”, otra vez Como en la semana pasada, Menéndez se siente ofendido y se queja. En su declaración el testigo Carlos Zúñiga reconoce a Menéndez como “el ex general”. Esas palabras provocan un enojo en el imputado, que corrige en voz alta diciendo: “General Retirado”. El ex policía Zúñiga fue detenido en noviembre del '76, acusado de “asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En aquellos años, estudiaba medicina y psicología.

JUEVES 12/11

Cuidado con el Gato Al momento de reconocer a los imputados, Isolina Guevara es intimidada por el Gato Gómez, que se para frente a ella, a pocos centímetros, sorprendiendo a toda la audiencia y al propio tribunal. Díaz Gavier, reprende rápidamente al imputado y le ordena volver a su asiento. Isolina es contundente. Asegura haber sido torturada sin vendas en los ojos.

OPINIÓN

Gato, Gato, Gatito...

por Jorge Vasallo

Miguel Ángel Gómez se acomoda y posa para el reconocimiento de los testigos. Permanece en la sala durante todas las audiencias, parece escuchar con atención las declaraciones. Si habla, lo hace con vocabulario cuidado, sin furcios, con cordialidad y respeto. Sin embargo, todos los detenidos que pasaron por el D2 del Pasaje Santa Catalina, se acuerdan del Gato. Él, que cuando declaró afirmó que nunca había torturado, que ni siquiera había escuchado los gritos de quienes eran alojados en esa dependencia. Ocurre que en sus años mozos, Gómez se encargó de resaltar su presencia en el lugar. Se vanagloriaba de saber hasta dónde dar, y de hacer hablar hasta a los más duros. Entraba a las oficinas de Telleldín, Esteban o Tissera sin pedir permiso. “Cuidate con el Gato”, le advirtieron a Olegario Martínez. “Es el Gato el que está dando máquina ahí”, escuchó Stella Maris Morales mientras la traían del baño. Fueron años de euforia y excitación, en los que el Gato se emborrachaba de poder. A más de treinta años, Gómez no se arrepiente de nada. No muestra el mínimo atisbo de culpa. Hasta destila talento de buen actor… de muy buen actor. Todo aquello fue demasiado perverso como para asimilarlo. Y, que yo sepa, de la psicopatía nadie vuelve. ¡Ah!, antes de terminar, con todo respeto, Señor Gómez, le puedo preguntar… ¿Cómo anda la moral revolucionaria?

La noche del 22 de marzo de 1976, cuando Raúl Ernesto regresó a su casa, supo que nada volvería a ser igual. Eran las once, y se habían llevado a su hermana Stella Maris y a su cuñado Olegario Martínez. “Ahora me vendrán a buscar a mí, pensaba yo, salgo al patio y me gritan ¡no te movás o te cortamos al medio, montonero hijo de puta!”. Para los policías que ingresaron a su casa cualquier explicación era en vano: “pero por qué me llevan si no cometí ningún delito, yo no soy montonero” manifestaba Morales, “serás, o no serás, pero te vamos a hacer boleta lo mismo” le decían. Eran ocho, no había orden de allanamiento, sólo se identificaron como 'Brigada de Investigaciones'. Bastó su condición sencilla, de albañil y militante de base de la Juventud Peronista, para su captura. Su participación en el peronismo venía dada por tradición familiar, pero también por la “inquietud de hacer algo, militábamos a nivel de trabajo comunitario”. «Se ensañaron conmigo» Luego del secuestro, pasa una noche en la Comisaria de Santa Rosa, y es trasladado: “Yo tenía un susto bárbaro, no sabía nada hasta que llegamos al D2. Me pasaron adentro y me pegaron una patada en el estómago, caí al suelo. Me levantaron de los pelos y me tiraron contra una pared”. Morales recuerda al detalle lo que vivió. Su andar lento, trabajoso, ayudado por un bastón, le impide olvidar esas noches de cautiverio. “Ahora vas a empezar a cobrar

hasta que cantes lo que sabés”, le decían, pero no tenía nada para contar: “no sé por qué se ensañaron conmigo”. Durante los diez días que estuvo en el D2, fue sometido a todo tipo de vejámenes. Las trompadas y puntapiés, las quemaduras con cigarrillo y la 'mojarrita' (asfixia con agua sobre el rostro) fueron una constante. Atado con alambres, soportó incluso un torniquete en la pierna, que tiene aún hoy consecuencias en su movilidad. Rodeado por el tenso silencio de la sala de audiencias, declaró al tribunal uno de los hechos más cruentos que oyeran los asistentes. En una ocasión, lo desvistieron y quemaron sus genitales con alcohol encendido. Morales supo que uno de sus captores era el “Gato” Gómez: “él mismo lo decía, '¿sentiste hablar del Gato, lo conocés?', yo le contestaba inocentemente que no, 'ahora lo vas a conocer, conmigo hablan todos”. La voz del Gato era particular, “prepotente, tenía una risa burlona”. Es por eso que lo recuerda, y lo acusa: “me arruinó para toda la vida, perdí los dos riño-

VÍCTIMA Y QUERELLANTE EN EL JUICIO

nes”. Y el recuerdo lo quiebra en lágrimas. La vida después de la muerte Una vez en libertad, le diagnosticaron insuficiencia renal. Se sometió a un trasplante en 1981, pero no pudo recuperar lo que perdió. Morales no puede trabajar porque tiene las defensas bajas, que lo hacen vulnerable a las enfermedades: “Hasta el día de hoy estoy medicado, de por vida. Nunca tuve asistencia del Estado. Se me hizo un tumor de tanto tomar las drogas”. Durante su detención tampoco recibió atención médica. Tras diez días en el D2, es trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1). Allí lo revisa un médico que no tiene en cuenta su estado. Cuando fue al baño, orinaba sangre, “cada día peor, fue muy triste”. Estuvo 8 meses en la UP1 y luego dos años en La Plata a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN). El 25 de noviembre de 1978 quedó en libertad. Los años pasaron y aquel joven de 26 años, albañil y militante de base, nunca fue el mismo. “Me arruinaron la vida”, dice, y su declaración deja al descubierto el modus operandi y la impunidad del genocidio. Raúl Ernesto Morales tiene hoy 59 años, abandonó su participación política y no puede trabajar. Sin embargo, conserva la enorme dignidad que le ha dado su humilde condición, y su historia cobra la dimensión de un testimonio preciso. El testimonio de ese horror que se ensañó con los trabajadores y que, amparado en la indiferencia y el miedo, asoló nuestro país.

El “Gato” Gómez. Cuando el sadismo genera poder. Muchos testigos han implicado directamente a Miguel Ángel “Gato” Gómez, y todos coinciden en señalar su crueldad. A pesar de ostentar un bajo rango, el Gato comandó la patota represiva en Río IV y se supo mover con total impunidad, trabando relaciones personales con los jefes del Departamento de Inteligencia de Córdoba. El nivel de brutalidad de su accionar, puede relacionarse a la estructura represiva de la policía. En ese esquema clandestino, muchos agentes rasos, que en el estatus formal no tenían posibilidades de ascensos, se granjeaban la estima de sus superiores a fuerza

“Reconforta verlo en el banquillo de acusados”

Stella Grafeuille Cuando me detienen en agosto de 1975, yo tenía 17 años y estudiaba en un secundario nocturno, donde era delegada estudiantil. Esa era básicamente mi militancia, con afinidades al PRT. Nos detiene la patota comandada por el Gato Gómez y fuimos a parar a la comisaría de Río IV. Ahí tenían tal impunidad que te golpeaban y te podían hacer cualquier cosa. De hecho, el Gato podía hacer cualquier cosa. Era el único que iba a los calabozos en donde estábamos las detenidas. Por eso recordamos bien su cara. Entraba vestido de negro, bien nazi, era una persona consustanciada con lo que hacía. Iba a darnos charla, sabiendo que éramos muy jóvenes, él nos torturaba con golpes y también con el manejo de la palabra. Ver que se le terminó la impunidad, es una satisfacción muy grande. Es algo reconfortante después de todo lo que nos hizo.

TESTIMONIOS

de bravuconadas y sadismo. Gómez, por caso, siempre se jactó de ser un hábil torturador y actuando incluso a cara descubierta. Las tres mujeres consultadas por Será Justicia resaltan algunas particularidades que lo distinguen de otros represores: la obsesión y ensañamiento para con sus víctimas (especialmente las mujeres), el creerse dueño de la vida de sus prisioneras, la perversión en los interrogatorios con torturas físicas y psicológicas. A su vez, intercalaba su función represiva con otras diversas actividades delictivas, formando parte de estructuras mafiosas amparadas por la policía.

“Se manejaba con una gran impunidad”

Norma Comba Al Gato Gómez lo veía cuando me citaba a la policía y nos encontrábamos cara a cara. Yo nunca recibí torturas físicas pero padecí la tortura psicológica común de este genocida. Se manejaba con gran impunidad, él dejaba el arma arriba de la mesa y me preguntaba por el ERP. Yo tenía sólo 16 años y no entendía nada de eso. Se ensañó muchísimo con mi mamá, que buscaba a mi hermano, desaparecido en 1975. En esos días comenzó a visitar mi casa, hasta que secuestra a mi vieja en el '78, una noche de enero. En la comisaría de Río IV la torturan y la matan. Luego la llevan cerca del cementerio de Alcira Gigena y la queman. El cuerpo lo encontró a la madrugada siguiente un baqueano que pasaba por ahí. Yo tuve que ir a la morgue a reconocerla. Fue un momento muy difícil tener que reconocer el cadáver de mi madre en las condiciones en que estaba.

“Era despiadado, cruel y muy jetón”

Soledad García El 9 de marzo de 1976 me secuestran, en días previos a una movilización de la Mesa de Gremios en Lucha, y me llevan al D2, donde permanecí hasta el 22 de ese mes. Desde que llegué me vendaron y comenzaron a pegarme entre muchos, pero el Gato Gómez era particular. Era despiadado, cruel, exhibicionista y muy jetón. Cantaba todo el tiempo y tenía una voz fuerte y trabajada. Jugaba a que podías caer presa de su seducción, porque estabas en sus manos. Un día me levantó la venda y me dijo: “mirame a la cara, yo no tengo ningún problema con que me conozcas”. Al tiempo, me enteré de que era cabo. Pero parecía un tipo de mucho protagonismo, era 'capo' en la patota. Cuando me torturaban entre varios, a veces yo me resistía y tiraba patadas, entonces el Gato me decía: “hija de puta, dónde haces las prácticas de tiro, estás fuerte”.


Lunes 16 de Noviembre de 2009 CONTRATAPA · por Luis Rodeiro

“Soldados” El Segundo Juicio al general de la muerte, Luciano Benjamín Menéndez, y la cúpula policial del trágicamente célebre D2, nos ha puesto una vez más frente a frente con la tortura, como centro de la estrategia de lo que se ha denominado como el “poder desaparecedor” que implantó la dictadura instaurada en 1976. Es cierto, la tortura contra los militantes populares fue utilizada frecuentemente en la parte oscura de la historia política de los argentinos. Pero lo que nos pone en evidencia el juicio es la adopción de la tortura como principio generalizado de la represión. Con organicidad y preparación, como elemento consustancial al plan de exterminio del disidente. Escuchar los testimonios de los testigos nos remite a un nivel superlativo, sádico, de la tortura. Un “sistema” de tortura no se improvisa. Requiere de una cuidadosa preparación. Requiere de mentes perversas planificando, de adiestramiento en técnicas de humillación, de grupos de contención de los torturadores, de transmisión de supuestas justificaciones éticas. El artífice de ese “sistema”, en Córdoba y en las otras provincias que integran Tercer Cuerpo de Ejército fue, sin duda, Luciano Benjamín Menéndez. Pero Menéndez, responsable mayor de la política de exterminio, que ordenaba, bendecía, estimulaba y premiaba la tortura, no manejaba en forma directa la picana. Sus manos no hundían la cabeza del militante para hacer el 'submarino', no cortaban los testículos del compañero Albareda. El “sistema de tortura” impuesto por la dictadura tenía la impronta militar. Para ello -como dice Luis de Giácomonecesitaban “soldados” que, como en la

guerra, ofrecieran su “cuerpo y alma” para derrotar a sus contendientes. Con el agravante de que en esta estrategia represiva, los “soldados” debían actuar frente a enemigos inermes, atados, encadenados, para llevarlos a la humillación y la muerte. El aporte de Giácomo, desde la psiquiatría, es -como este juicio lo muestra con

inusitada claridad- que los torturadores por lo general son individuos de rango medio o bajo en la estructura militar o pertenecientes a fuerzas de menor jerarquía, como puede ser la policía. Los generales de la muerte diseñaron un sistema en el que los torturadores eran en su mayoría suboficiales y oficiales con

grado de capitán o equivalente. Mientras tanto, abrían las puertas de los grupos de tareas a policías que se esmeraban en ser más orgullosamente violentos, sádicos e inescrupulosos. Un “sistema de tortura” como el impuesto por los generales de la muerte requiere un cuidadoso esfuerzo de adiestramiento. Hay que prepararlos -según dice Eduardo Pérez Arza, experto chileno en el tema- en la deshumanización del enemigo, en la habituación a la crueldad, en la obediencia automática, en la oferta de impunidad y en la oferta de poder. Esto nos habla de la dimensión de la política de exterminio. Fue necesario que hubiera especialistas en técnicas de destrucción, estudiosos que transmitieran los puntos exactos de mayor dolor, que tuvieran -como de hecho lo tuvieron- ideólogos que los convencieran de la justeza de su causa, médicos que los auxiliaran en los límites queridos de la tortura, sacerdotes que los fortalecieran espiritualmente convenciéndolos de que sus atrocidades eran para mayor gloria de Dios. Esa preparación, y su práctica infame, produjeron estos monstruos que vemos en el juicio luciendo una aceitada insensibilidad emocional, una frialdad inaudita, una simulación perfecta. Nada estuvo librado al azar. El golpe militar se preparó, se diseñó y se ejecutó minuciosamente. Es por eso que si la Justicia está a la altura de las circunstancias habrá castigo a los culpables y la larga lucha de los organismos de derechos humanos, de Familiares, de Madres, de Abuelas y de H.I.J.O.S, tendrá una función reparadora, un viento de dignidad. Sólo así sabremos que los desaparecidos del odio reaparecen una y otra vez.

OPINIÓN · LOS CONTRAPUNTOS DE LA JUSTICIA

A doña Ramona ¿le darán la razón en 2039? El 24 de julio de 2008, la justicia federal de Córdoba puso fin a la impunidad, y mandó a la cárcel común a ocho represores encabezados por el ya octogenario Luciano Menéndez. Treinta días antes de esa sentencia, una Cámara Penal de Cruz del Eje también había condenado a ocho personas. Eran campesinos provenientes de varias familias de El Chacho, un pueblo situado en el límite entre Córdoba y La Rioja, en la frontera entre la pobreza y la indigencia. Se les aplicó una pena de cinco meses de prisión en suspenso y se les quitó el campo cuya posesión compartieron durante generaciones. Hoy, el contraste vuelve a repetirse. Mientras avanza otro ejemplar proceso judicial contra Menéndez y cinco integrantes del ala policial del terrorismo de Estado, un tribunal de Deán Funes acaba de absolver a los desalojadores de doña Ramona Bustamante, un emblema de la resis-

tencia campesina que si hoy tiene algo de prensa es por la férrea y coherente militancia del Movimiento Campesino de Córdoba en defensa de los derechos del campesino desplazado. Ahora podría repetirse aquella escena de diciembre de 2003, con el inhumano desalojo policial y el derrumbe del rancho de Ramona en el campo Las Maravillas. Además, el 17 de este mes se iniciará en Cruz del Eje otro juicio, esta vez contra la familia Godoy, del paraje Represa Morales, acusada de “usurpar” la tierra que poseen desde siempre y defienden desde hace cuarenta años. Otra vez se sentará en el banquillo al “otro campo”, ese que raras veces aparece en televisión. Ese campo del interior profundo, de un norte cordobés en donde el avance de la frontera agropecuaria causado por la fiebre sojera profundiza desigualdades y conflictos históricos por la tenencia de la tierra, donde la resistencia de los pobladores termina inva-

por Alexis Oliva riablemente llevándolos ante la justicia penal. Luego del desenlace del caso de Ramona, la expectativa no es alentadora. Y menos en un palacio judicial que todavía no digiere aquella histórica absolución de diciembre de 2007 a once campesinos acusados de desalambrar un campo en Cañada Larga frente a la intención despojadora de un comerciante. Desde entonces, parece estar grabado a cincel sobre su lustroso mármol el axioma de que no saldrá de allí otro fallo a favor del campesinado pobre. Contra ello, como dijo alguna vez el cura Carlos Julio Sánchez -imputado en aquella causa de Cañada Larga- hay sólo un antídoto: la organización. Sí, la misma herramienta que permitió concretar los juicios a los genocidas. Porque Doña Ramona -que tiene hoy exactamente la misma edad que Menéndez- no puede esperar treinta años a que la justicia le dé la razón.

Será Justicia es una publicación periódica propiedad de la Asociación civil sin fines de lucro Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Tirada de esta edición: 10.000 ejemplares • Dirección: Comisión de Prensa de Familiares Córdoba, H.I.J.O.S. Regional Córdoba • Coordinación Editorial: Betty Argañaraz, para Familiares y Martín Notarfrancesco, para H.I.J.O.S. • Editor responsable: Sebastián Puechagut • Redacción: Waldo Cebrero, Pablo Luro • Asistente de redacción: Matilde Nasser • Fotografía: Manuel Bomheker Colaboradores: Alexis Oliva, Luis Rodeiro, Jorge Vasallo, Rep • Diseño y Producción Gráfica: Usina Creativa (0351) 4271736 • Impresión: Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda.

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Será Justicia Nº 03  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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