Page 1

“AÑO DEL DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”

“UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES” FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TEMA

ELEMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO CÁTEDRA CATEDRÁTICO

: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN : DR. JESUS PIZHIULE RAEZ

ALUMNA

: ZARA RAMOS HUAMÁN

CICLO

:

SEGUNDO Huancayo - 2017

SECCION: A2


LAS FUENTES DEL DERECHO. LA DIVISIÓN DE PODERES 1.1.- Las divisiones del derecho Dentro del Derecho se distinguen grupos o conjuntos de normas que, por referirse a sectores individualizados de la vida social y por apoyarse en unos principios comunes, los diferencian de otros grupos de normas. Tradicionalmente se divide el Derecho en Derecho Público y Derecho Privado, subdivididos a su vez en diferentes ramas, que son las que aparecen en el cuadro 1.1 CLASES DE DERECHO RAMAS DEL DERECHO Derecho Administrativo Derecho Político Derecho Internacional Público DERECHO PÚBLICO

Derecho Penal Derecho Procesal Derecho Fiscal Derecho Comunitario Derecho Laboral Derecho Internacional Privado

DERECHO PRIVADO

Derecho Civil Derecho Mercantil

a) El Derecho Público: Regula la actividad del Estado y de los entes públicos entre sí, así como sus relaciones cuando actúan de forma aoficial con los particulares. El Derecho Público está dividido en una serie de ramas que responden a aspectos concretos de las relaciones del Estado. La vertiente del Derecho Público que más nos interesa es el Derecho Administrativo, que contiene las normas que rigen las actividades y el funcionamiento del Estado y de los


órganos creados para su ejecución. En torno al Derecho Administrativo gira el contenido de este libro. b) Derecho Privado: Regula las relaciones entre particulares, o de éstos y del Estado y los organismos públicos cuando actúan de forma privada. Como se puede observar en el cuadro 1.1 el Derecho del Trabajo ocupa una posición intermedia entre el Derecho Público y el Derecho Privado, pues se trata de una rama del ordenamiento jurídico que comprende normas de Derecho Público y de Derecho Privado.

1.2. -Las Fuentes del Derecho Cuando se habla de fuentes del Derecho nos referimos a quién hace el Derecho, de dónde surge y cómo se manifiesta en el exterior dicho Derecho. En nuestro sistema jurídico se pueden clasificar las fuentes en directas e indirectas, como se puede ver en el Cuadro 1.2. FUENTES DIRECTAS: a) Las leyes y las normas provenientes del legislativo o del ejecutivo. b) La costumbre. c) Los principios generales del Derecho. FUENTES INDIRECTAS: a) Los Tratados o Convenios internacionales. b) La Jurisprudencia.

1.2.1. -La Ley Se puede definir la ley como la norma dictada por la autoridad competente, con las debidas formalidades, de carácter común, justa, estable y suficientemente promulgada. La potestad de elaborar y aprobar las leyes le corresponde en España a las Cortes Generales (Congreso y Senado). No obstante, en determinadas circunstancias, el Gobierno puede elaborar leyes bajo el control de las Cortes Generales. Las Comunidades Autónomas también tienen la potestad de dictar leyes, pero dentro del ámbito de su territorio y sobre materias cuyas competencias les hayan sido transferidas en los Estatutos de Autonomía, o en otras leyes del Estado de transferencia o delegación.


1.2.2. - La Costumbre Desde el punto de vista jurídico llamamos costumbre a la norma de conducta nacida de la reiterada y constante práctica social, y considerada como obligatoria por la comunidad. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. La costumbre ha de ser alegada y aprobada por parte de quien la invoque ante los tribunales, puesto que éstos no están obligados a conocerla.

1.3.3. - Los Principios generales del Derecho Son aquellas ideas y fundamentos que, sin estar escritos, constituyen la base del ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes. En el Código Civil se dice: << Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.>> Los principios generales del Derecho actúan en una doble vertiente; por un lado, actúan cuando no existe ley o costumbre aplicables, por otro, permiten un recto entendimiento de las normas mediante elementos de ética, equidad, lógica y sentido de la realidad y de la justicia.

1.3.4. - La Jurisprudencia Se denomina Jurisprudencia a los criterios que de modo reiterado manifiesta el Tribunal Supremo en sus sentencias. El Código Civil establece que <<complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho>>. Para que exista Jurisprudencia no basta con una única sentencia sino que son necesarias reiteradas resoluciones de idéntica índole dictadas por el Tribunal Supremo. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sirve como pauta de interpretación en las actuaciones de los jueces y tribunales inferiores que, en sus sentencias, se cuidarán de no contradecir las sentencias del más alto tribunal, ya que, de no hacerlo así, el particular insatisfecho podría interponer recursos alegando la infracción de la doctrina interpretativa del mencionado tribunal.

1.3.5. - Los Tratados internacionales Los Tratados son acuerdos regidos por el Derecho Internacional, celebrados entre España y otro u otros Estados, o entre España y un organismo u organismos internacionales; también se pueden denominar Convenios, Acuerdos, Convenciones, Protocolos,etc.


Los Tratados dentro de España tienen rango de ley y quedan sometidos a la Constitución; la aprobación de cualquier Tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa modificación constitucional.

1.4. - La División de Poderes El Estado de derecho que nace con la Revolución francesa parte de una estricta separación entre las funciones de creación y aplicación de las normas, surgiendo de esta forma los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- que van a desarrollar las funciones legislativa, ejecutiva y judicial respectivamente. La garantía del respeto de las libertades individuales y el ejercicio de la soberanía popular es la separación y la independencia de los órganos que ostentan los poderes legislativo (Cortes Generales), ejecutivo (Gobierno) y judicial (Jueces y Magistrados). DIVISÓN DE PODERES LEGISLATIVO EJECUTIVO JUDICIAL

1.4.1. - El Poder Legislativo La constitución Española en su artículo 66 establece que: <<Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.>> El Congrso se compone de un número mínimo de 300 y máximo de 400 diputado ( en la actualidad 350) y el Senado de 208 senadores; los diputados y senadores son elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos Generales del Estado, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables, lo que significa que no pueden ser objeto de control, represión o actuación que limite los poderes que constitucionalmente le están atribuidos. Los miembros de las Cortes gozan de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

1.4.2.- El Poder Ejecutivo


La potestad ejecutiva es ejercida por el Gobierno, que es el órgano que dirige la politica interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y con las leyes. El Gobierno está compuesto por el presidente, los vicepresidentes , los ministros y por los demás miembros que establezca la ley. El gobierno se forma mediante el procedimiento de investidura de su presidente y cesa por la celebración de elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria ( moción de censura o cuestión de confianza ), dimisión o muerte de su presidente. La Administración Pública se corresponde especialmente con la función ejecutiva, hasta el punto de que en muchas ocasiones se confunden Administración Pública y poder ejecutivo. El artículo 103 de la Constitución establece los principios a los que se debe ajustar la Administración en sus actuaciones de la siguiente forma: << La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.>> En ocasiones, el poder ejecutivo también realiza funciones legislativas ( aprobando decretos, reglamentos, etcétera) y funciones judiciales ( resolviendo recursos como fase previa a la intervención de los jueces ).

LA JURISPRUDENCIA es el conjunto de derechos constitucionales de la carta magna de los tribunales sobre una materia determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. [cita requerida] Tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales; esto es lo que se conoce como el principio unificador. Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado (por lo general, el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia) que se repite en más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas basado en las sentencias que han resuelto casos basándose en esas normas. El estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo es la mejor manera de conocer las evoluciones en la aplicación de las leyes, quizás con mayor exactitud que el mero repaso de las distintas reformas del derecho positivo que en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial.


En el derecho anglosajón es una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o vulnerar sus principales derechos. En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país. Es así que en algunos casos, los fallos de cierto tipo de tribunales superiores son de aplicación obligatoria para supuestos equivalentes en tribunales inferiores; en otros, las decisiones de instancias jurisdiccionales similares no son por lo regular vinculantes para jueces inferiores, excepto que se den ciertas circunstancias específicas a la hora de unificar criterios interpretativos uniformes sobre cuestiones determinadas en materia de derecho (como en el caso de las sentencias plenarias en el derecho argentino). Finalmente, y como alternativa más extendida en los Estados que ostentan estos sistemas jurídicos, puede que los fallos de nivel superior, en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque sí suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición determinada frente a los tribunales inferiores. En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias nos da la medida exacta de la realidad del Derecho porque ocurre que en ocasiones y por diversas razones las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse. Esto es así especialmente cuando el Poder Judicial entra en colisión con otros poderes del Estado moderno como el ejecutivo y el legislativo, y aunque compromete el principio de separación de poderes es un fenómeno que no puede desconocerse completamente al elaborar una teoría del derecho, a riesgo de que aparezca como totalmente separada de la realidad jurídica y social. La jurisprudencia se inspira en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos que la realidad presenta a los jueces.

DEL GOBIERNO CENTRAL MARCO CONSTITUCIONAL 1993 Constitución Política del Perú - Artículo 74º Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. MARCO LEGAL


Decreto Legislativo nº 771 El

Sistema

Tributario

Nacional

El

se

encuentra

comprendido

Código

por:

Tributario

Los Tributos: clasificados en Impuestos, Tasas y Contribuciones TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Impuestos Impuesto a la Renta

Impuesto General a las Ventas

Impuesto Selectivo al Consumo

Derechos Arancelarios

Régimen Único Simplificado

Impuesto de Solidaridad a favor de la Niñez Desamparada.

Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional

Impuesto a las Transacciones Financiera

Impuesto Temporal a los Activos Netos

Contribuciones Contribución de Seguridad Social.

Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI.

Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO. Tasas

Tasas por la prestación de servicios públicos, tales como los derechos por tramitación de procedimientos administrativos

GOBIERNOS REGIONALES Perú son los que se encargan de las instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos.1 Son considerados personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos: un Consejo Regional y un


Gobernador Regional (hasta antes de 2015 se usó el término de Presidente Regional).2 Según el ordenamiento jurídico peruano, la gestión de los Gobiernos Regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de gobierno fue introducida en la legislación peruana con la puesta en vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma que en la actualidad lleva a partir de los años 2000, al modificarse la constituciónpara añadirla. En el proceso que se contempla en ella y en el orden jurídico peruano, todos los departamentos del país han de integrarse para conformar regiones mediante referéndum hasta que la totalidad del territorio se encuentre regionalizado, salvo la Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, territorio último el cual cuenta con autonomía regional por ser la sede de la capital, Lima, por cuanto la Municipalidad tiene tanto funciones de Gobierno Regional como de Municipalidad Provincial. De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública. 3 Índice [ocultar] 

1Estructura

2Financiamiento

3Asamblea de Gobiernos Regionales

4Véase también

5Referencias

6Enlaces externos Estructura De acuerdo con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú4 la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales está conformada de la siguiente manera: 

Gobernador Regional

Consejo Regional

Consejo de Coordinación Regional

El Gobernador Regional constituye el órgano ejecutivo y sus funciones incluyen proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de gobierno, promulgar decretos y resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas regionales.5 El Consejo Regional debate y


vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al presidente, su vicepresidente y a cualquier miembro del consejo. 6 El Consejo de Coordinación Regional está integrado por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil y tiene un papel consultivo en los asuntos de planeamiento y presupuesto, no tiene poderes ejecutivos ni legislativos. 7 El Gobernador Regional y el Consejo Regional sirven por un periodo de cuatro años.8 De acuerdo con la Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, el Gobernador Regional y el Vicegobernador Regional no pueden ser reelectos inmediatamente, aunque transcurrido un período como mínimo, pueden volver a postular. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales estipula la transferencia gradual de las funciones del gobierno central a las regiones, una vez determinada su acreditación como capaz de embarcarse en esas tareas. 9 Para supervisar este proceso, la Ley de Bases de la Descentralización creó el Consejo Nacional de Descentralización.10 Sin embargo, esta institución fue criticada de ser burocrática e inefectiva por el gobierno de Alan García, expresidente del Perú. Por eso, el 24 de enero de 2007, el consejo fue abolido y reemplazado por la Secretaría de Descentralización, una dependencia del despacho del Primer Ministro.11 Dos meses después, los presidentes regionales reunidos en la ciudad de Huánucoestablecieron una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como una institución de coordinación alternativa, independiente del Gobierno Central.12 Financiamiento Son bienes y tributos de los gobiernos regionales: 13    

Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento, que se establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. Los tributos creados por Ley a su favor. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones que otorguen,y aquellos que perciban del gobierno nacional por el mismo concepto.

Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional.

Los recursos asignados por concepto de canon.

El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. Sus ingresos propios y otros que determine la ley.


Asamblea de Gobiernos Regionales Artículo principal: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales La ANGR es un organismo coordinador integrado por todos los presidentes regionales. Busca generar nuevos caminos para la descentralización y la formación de macrorregiones. La asamblea designa a un coordinador, quien es uno de los presidentes de región. Puede sesionar en cualquier lugar del país con el fin de discutir temas importantes para el país, generar acuerdos y proponer distintos proyectos al gobierno central. Con cierta regularidad, las sesiones plenarias se realizan con las presencia del presidente y/o del primer ministro, sobre todo para discutir el presupuesto anual.

LA CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ DE 1979 fue la undécima carta magna de la República del Perú que fue redactada en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por el mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia, tras más de una década de gobierno militar. Dicha Asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Partido Aprista. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori en cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1993. Índice [ocultar]

1La Asamblea Constituyente de 1978

2Estructura

3Principales disposiciones

4Derogación

5Referencias

6Bibliografía

7Véase también

8Enlaces externos

La Asamblea Constituyente de 1978[editar] Como primer paso de la transición y regreso a la democracia, mediante Decreto Ley N° 21949 del 4 de octubre de 1977, el gobierno del general Francisco Morales Bermúdezconvocó a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente cuya misión sería dar al país una nueva Carta Magna, en reemplazo de la Constitución de 1933, aunque dejando claramente expresado que su contenido debía institucionalizar las


transformaciones revolucionarias del gobierno militar. Los ciudadanos peruanos elegirían a cien representantes que formarían dicha Asamblea. «Artículo 2°.- La Asamblea Constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dación de la nueva Constitución Política del Estado, la que contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas.»1

Las elecciones se fijaron para el 18 de junio de 1978 y los partidos y movimientos políticos recolectaron firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El expresidente Fernando Belaúnde Terry no quiso que su partido, Acción Popular, participara en la contienda electoral al no estar de acuerdo que el gobierno pretendiese «parametrar» a la Asamblea, al condicionarla con la institucionalización de las reformas revolucionarias. Participaron el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano(PPC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), y varios grupos de izquierda, entre ellos el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular (FOCEP), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Partido Comunista Peruano (PCP), el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) y la Unidad Democrática Popular (UDP). Más de cuatro millones de peruanos concurrieron a las urnas en comicios que se desarrollaron sin mayores contratiempos. Terminado el conteo de los votos, el APRA sumó 1.241.174 votos, mientras que el PPC obtuvo 835.294. Sorprendió, asimismo, la alta aceptación de los grupos de izquierda entre la población, como el FOCEP, que logró 433,413, el PSR con 232.520 y el PCP con 207,612. El Frenatraca obtuvo 135.552. Finalmente, el presidente del JNE, Ulises Montoya Manfredi, proclamó a los ganadores. El Apra obtuvo 37 escaños, correspondiéndole a su líder Haya de la Torre, de 83 años, presidir el hemiciclo al lograr la mayor votación preferencial. El PPC obtuvo 25 escaños, el FOCEP 12, PSR y PCP 6 cada uno y los restantes estaban repartidos entre los grupos minoritarios. El 28 de julio de 1978 se instaló la Asamblea Constituyente. Victor Raúl Haya de la Torre, en su discurso inaugural, hizo públicas críticas al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. «El pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución: recuperar el ejercicio de una soberanía que le fuera negada hace diez años», exclamó para agregar luego que solamente si la Asamblea «es autónoma, soberana y libre podrá cumplir el claro mandato renovador con el que la ha investido el pueblo». Dijo, de manera terminante: «La Asamblea Constituyente no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros; ningún mandato extraño a su seno puede recortar sus potestades; no reconoce poderes por encima de ella misma». Los legisladores concluyeron su trabajo con la promulgación de la nueva Constitución Política del Perú el 12 de julio de 1979. Haya de la Torre, ya muy enfermo, la firmó en su lecho de moribundo.

Estructura[editar] Consta de 307 artículos, ordenados en 8 títulos con sus respectivos capítulos, además de un preámbulo. 

Preámbulo.

Título I: Deberes y derechos fundamentales de la persona. 

Capítulo I: De la persona.

Capítulo II: De la familia.

Capítulo III: De la seguridad social, salud y bienestar.


Capítulo IV: De la educación, la ciencia y la cultura.

Capítulo V: Del trabajo.

Capítulo VI: De la función pública.

Capítulo VII: De los derechos políticos.

Capítulo VIII: De los deberes.

Título II: De la Nación y el Estado. 

Capítulo I: Del Estado.

Capítulo II: De la nacionalidad.

Capítulo III: Del territorio.

Capítulo IV: De la integración.

Capítulo V: De los tratados.

Título III: Del régimen económico. 

Capítulo I: Principios generales.

Capítulo II: De los recursos naturales.

Capítulo III: De la propiedad.

Capítulo IV: De la empresa.

Capítulo V: De la hacienda pública.

Capítulo VI: De la moneda y la banca.

Capítulo VII: Del régimen agrario.

Capítulo VIII: De las comunidades campesinas y nativas.

Título IV: De la estructura del Estado. 

Capítulo I: Poder Legislativo.

Capítulo II: De función legislativa.

Capítulo III: De la formación y promulgación de las leyes

Capítulo IV: Del presupuesto y la cuenta general.

Capítulo V: Poder Ejecutivo.


Capítulo VI: Del Consejo de Ministros.

Capítulo VII: De las relaciones con el poder legislativo.

Capítulo VIII: Del régimen de excepción.

Capítulo IX: Poder Judicial.

Capítulo X: Del Consejo Nacional de la Magistratura.

Capítulo XI: Del Ministerio Público.

Capítulo XII: De la descentralización, gobiernos locales y regionales.

Capítulo XIII: De la defensa nacional y del orden interno.

Capítulo XIV: Del Jurado Nacional de Elecciones.

Título V: Garantías Constitucionales.

Título VI: Reforma de la Constitución.

Título VII: Disposición final.

Título VIII: Disposiciones generales y transitorias.

Principales disposiciones 

El sistema político. Se implementó la democracia representativa. El presidente, los dos vicepresidentes y los miembros del Congreso serían elegidos cada cinco años (se abolieron las anteriores renovaciones parlamentarias por tercios o mitades). No se contemplaban mecanismos de «democracia directa» (referéndum u otro tipo de consulta popular) entre elección y elección.

El Presidente de la República.- Se corrigieron los excesivos poderes parlamentaristas otorgados por la Constitución de 1933, y se reforzó la autoridad del Presidente de la República. Este podía observar «en todo o en parte» los proyectos de ley aprobados en el Congreso y podía disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba a tres consejos de ministros. Podía también conceder indultos y conmutar penas. El derecho de amnistía quedó reservado al Congreso. Se le otorgó también mayor poder en materia presupuestal, lo cual le permitió una mayor capacidad de implementar sus políticas.

El Congreso bicameral. El Congreso se compondría de dos cámaras: la de senadores y diputados. El Senado, de 60 miembros, sería elegido por las regiones (mientras estas se implementasen, serían elegidos por distrito electoral único). Además, serían senadores vitalicios los expresidentes constitucionales de la República. La Cámara de Diputados, de 180 miembros, serían elegidos por las circunscripciones (departamentos). Solamente la Cámara de Diputados podía interpelar, censurar o negar confianza a los Ministros. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los Ministros debía ser presentada por no menos del 25 % del número legal de diputados, y su aprobación requeriría del voto de más de la mitad de dicho número. Por su parte, el Presidente de la República


estaba facultado de disolver la Cámara de Diputados si esta censuraba o negaba la confianza a tres Consejos de Ministros. 

El Poder Judicial. En lo concerniente a este poder, se mantuvo casi la misma organización dispuesta en la anterior Constitución, incluyendo el nombramiento de los magistrados por los poderes políticos (lo cual de algún modo le restaba independencia). El Consejo Nacional de la Magistratura sería el organismo encargado de proponer ante el Presidente de la República a los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. Asimismo, se restableció el Ministerio Público cuya función sería velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia, así como la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Segunda vuelta electoral.- Instauró la segunda vuelta en las elecciones para presidente de la República: éste debía ser elegido por más de la mitad (el 50% más uno) de los votos válidamente emitidos. Si el candidato que resultaba con mayor votación no lograba esa mayoría absoluta, entonces debería procederse a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes (en 1984 se especificó que se contaban a partir del momento en que el Jurado Nacional de Elecciones publicaba sus resultados) entre los candidatos presidenciales que hubieran obtenido el primer y segundo lugar en los comicios de la primera ronda. La primera vez que se dio cumplimiento a esta norma fue durante las elecciones generales de 1990.

Ciudadanía a los 18 años.- En su artículo 65, estableció la ciudadanía para todos los peruanos a partir de los 18 años. Se rebajó así la edad, que anteriormente era de 21 años. El ciudadano debía inscribirse en el Registro Electoral y recabar su documento de identidad personal (libreta electoral) para ser considerado como tal.

Voto de los analfabetos.- Todos los peruanos mayores de 18 años, que estuvieran en el goce de su capacidad civil, tendrían el derecho al voto, que sería de carácter personal, secreto y obligatorio. Quedó así derogada la restricción al voto de los analfabetos, consignada en la anterior Constitución. Solo los miembros de las fuerzas armadas y policiales en servicio activo no podían votar ni ser elegidos.

Abolición de la pena de muerte (salvo en caso de traición a la patria en guerra exterior).

Derechos constitucionales.- A diferencia de la anterior constitución, esta carta era extensa y explícita en cuanto a derechos constitucionales, incorporando una amplia gama de ellos. Sumada a las libertades clásicas (personal, de reunión, de expresión, de tránsito, inviolabilidad del domicilio) y a otros derechos sociales ya tradicionales (seguridad, cobertura de riesgos, protección de minusválidos), añadió importantes normas sobre derechos del trabajador a la educación, a la ciencia y la cultura, así como un tratamiento moderno a la familia. Inclusive, se consideró que la declaración de derechos en el texto no era taxativa, sino que éstos estaban amparados constitucionalmente.2

Derecho a la insurgencia.- Se recogió el principio de la desobediencia civil: «Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen». Además, «son nulos los actos de toda autoridad usurpadora». En definitiva, «el pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional». Tal derecho de insurgencia (para defender el orden constitucional y no para alterarlo o quebrantarlo) ha sido motivo de las más caprichosas y extravagantes interpretaciones, hasta el día de hoy.


Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como órgano de control de la Constitución. Estaría controlado directa e indirectamente por los poderes del Estado, los cuales también elegían a sus miembros (nueve en total).

Se establecieron dos figuras para los regímenes de excepción: 

El estado de emergencia, en caso de la perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe u otra grave circunstancia. Suspendía las garantías por 60 días, prorrogables, asumiendo las Fuerzas Armadas el control del orden interno.

El estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. Se suspendía por 45 días todos los derechos, salvo los que expresamente se mantuvieran en vigencia.

El sistema económico. En este aspecto, las reglas básicas serían la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. «Se recogieron las transformaciones ocurridas en las décadas anteriores, pero bajo una normatividad ambigua entre un régimen liberal y un régimen donde el Estado cumplía un importante rol empresarial y de regulación de las relaciones sociales...»3 Esta ambigüedad del modelo económico permitió, durante la vigencia de esta Constitución, hasta tres políticas económicas distintas: una moderada (1980-1985), otra populista (1985-1990) y otra neoliberal (iniciada en 1990).

Derogación En 1992, el Congreso Constituyente Democrático elegido luego del autogolpe de 1992, derogó la Constitución de 1979, reemplazándola con la Constitución de 1993. Hay que destacar que en su artículo 307, la Constitución de 1979 dejaba establecido que no perdía su vigencia aún cuando fuese derogada «por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone». Esto ha llevado a que muchos sostengan que la Constitución de 1993 tiene un origen ilegal, al haber sido impuesta sin seguir los mecanismos de reforma constitucional contemplados en la Constitución de 1979. Hay sectores políticos en el Perú que actualmente reclaman la restitución de la Constitución de 1979, pues consideran que es la legítima. Una de las ofertas iniciales de la campaña electoral del presidente Ollanta Humala del 2011 fue derogar la Constitución de 1993 y restituir la Constitución de 1979, para sobre la base de ella hacer las reformas consideradas necesarias. Incluso, en la ceremonia del traspaso del mando del 28 de julio de 2011, Humala juró por el «espíritu de la Constitución de 1979», siendo imitado por sus dos vicepresidentes. Posteriormente, dejó en suspenso tal proyecto, presionado por la opinión pública, mayoritariamente reacia a realizar tal cambio. Cabe señalar que en el año 2003 el abogado Alberto Borea Odría y cinco mil ciudadanos presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de derogar la Constitución de 1993. Dicha acción fue declarada improcedente por el referido Tribunal.

LAS RELACIONES ENTRE LAS FUENTES DEL DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE HORACIO ANDALUZ Profesor de Derecho Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Resumen: La recientemente en vigor Constitución boliviana de 2009 trae consigo cambios en la


estructura del sistema jurídico. Este artí- culo analiza dichos cambios a través de las relaciones formales entre las distintas fuentes del derecho y expone la estructura unitaria y a la vez territorialmente descentralizada inaugurada por la Constitución. Además de un marco teórico previo, el artículo está dividido en dos partes principales: la primera se ocupa de la Constitución como fuente del derecho, e incluye las consecuencias jurídicas de su supremacía, los límites de la cláusula de interpretación de la Constitución y el carácter vinculante de los precedentes del Tribunal Constitucional; la segunda parte presenta las fuentes de derecho ordinario, sus res LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA JURÍDICO: LAS RELACIONES ENTRE LAS FUENTES DEL DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE HORACIO ANDALUZ Profesor de Derecho Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Resumen: La recientemente en vigor Constitución boliviana de 2009 trae consigo cambios en la estructura del sistema jurídico. Este artí- culo analiza dichos cambios a través de las relaciones formales entre las distintas fuentes del derecho y expone la estructura unitaria y a la vez territorialmente descentralizada inaugurada por la Constitución. Además de un marco teórico previo, el artículo está dividido en dos partes principales: la primera se ocupa de la Constitución como fuente del derecho, e incluye las consecuencias jurídicas de su supremacía, los límites de la cláusula de interpretación de la Constitución y el carácter vinculante de los precedentes del Tribunal Constitucional; la segunda parte presenta las fuentes de derecho ordinario, sus respectivas posiciones en la estructura del sistema y las relaciones formales entre ellas. Palabras clave: Supremacía constitucional, continuidad del sistema jurídico, fuentes del derecho, estructura del sistema jurídico, relaciones formales entre fuentes, jerarquía, competencia, poderes normativos. Abstract: The recently in force Bolivian Constitution of 2009 brings a change in the structure of the legal system. This paper analyzes such change through the formal relations among the legal sources and exposes the structure of the Unitarian and territorially decentralized State shaped by the Constitution. Besides a previous theoretical frame, the paper is divided into two main parts: the first one regards HORACIO ANDALUZ 40 © UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 5, 2009 the Constitution as a legal source, and includes the legal consequences of its supremacy, the limits of the interpretation clause of the Constitution and the application of the stare decisis doctrine to the Constitutional Court precedents; the second part exposes the ordinary legal sources, its respective position in the structure of the legal system and the formal relations among them. Key words: Constitutional Supremacy, Continuity of the Legal System, Sources of Law, Structure of the Legal System, Formal Relations among sources of Law, Hierarchy, Jurisdiction, Normative Powers. Sumario: I. Introducción.– II. Cuestiones conceptuales previas.–II.1. La estructura del sistema jurídico: la teoría formal de las fuentes del derecho.–II.2. La continuidad del sistema jurídico: la validez del derecho preconstitucional y la competencia formal de los órganos preconstituidos.– III. La Constitución como fuente del derecho.–III.1. La supremacía de la Constitución y el bloque de constitucionalidad.–III.2. La lectura jurídica de la Constitución: la reconstrucción de la cláusula de interpretación.–III.3. El carácter normativo de los precedentes constitucionales: sus efectos vinculantes.–IV. las fuentes de derecho ordinario.–IV.1. Los tratados.–IV.2. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.–IV.3. El derecho consuetudinario: el derecho indígena originario campesino.–IV.4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.–V. Conclusión: la estructura del sistema jurí- dico boliviano. I. INTRODUCCIÓN La estructura de un sistema jurídico se determina por las relaciones entre sus fuentes. Esto supone que el derecho regula su propia creación. Pero también


que el significado material de sus normas depende de las formas normativas que las albergan. Así, la determinación del significado jurídico de una norma depende de su posición en la estructura del sistema y de sus relaciones con las demás formas normativas del mismo. De manera que en el pensamiento jurídico el conocimiento formal del sistema antecede a su conocimiento material, pues lo segundo viene determinado por lo primero. De ahí la relevancia de las fuentes en la teoría general del derecho. Ahora bien, que el estudio de un sistema positivo deba hacerse desde su norma fundacional, obedece a que la norma fundacional determina las condiciones de validez del sistema, y en esa medida determina también las relaciones entre sus formas normativas. Estas relaciones son las que configuran la estructura específica de cada sistema positivo. Que el estudio positivo de las fuentes deba hacerse desde el derecho constitucional, responde al hecho de que son las constituciones las que, al establecer las condiciones de validez para la pluralidad de normas que articulan, dan configuración estructural a los sistemas positivos que fundan. En este orden de ideas, lo que aquí se presenta es un análisis de las fuentes del derecho y de sus relaciones en el marco normativo de la Constitución vigente. El análisis ha sido efectuado desde una teoría formal de las fuentes, porque sólo un enfoque bajo el criterio formal permite identificar la estructura positiva de un sistema jurídico1. Además, es sólo bajo el criterio formal que se puede incorporar en la categoría de fuentes tanto a la costumbre como a los precedentes judiciales. La inclusión de la costumbre es necesaria para la compresión estructural del sistema jurídico boliviano. Respecto a los precedentes judiciales, su carácter normativo deriva de la unidad del sistema jurídico. Esto los hace exigibles en cualquier sistema positivo. II. CUESTIONES CONCEPTUALES PREVIAS II.1. La estructura del sistema jurídico: la teoría formal de las fuentes del derecho La estructura formal de los sistemas jurídicos se configura a partir de las relaciones entre sus fuentes del derecho. Las «fuentes» revelan que el sistema jurídico regula su propia creación. Esto se da al someter la producción de normas jurídicas al cumplimiento de determinadas condiciones. De este hecho es que el normativismo deriva LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA JURÍDICO: LAS RELACIONES... © UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 5, 2009 41 1 Las teorías tradicionales definen las fuentes atendiendo o bien al criterio sustantivo o bien al de la eficacia erga omnes. Por el primero, son fuentes las normas generales y abstractas; por el segundo, lo son aquellas cuya oponibilidad es absoluta. Ambos criterios tienen carácter meramente teórico, útiles únicamente a efectos de una exposición de las distintas formas normativas, pero carecen de relevancia jurídico-positiva, lo cual no puede ser de otra manera pues la diferenciación entre «actos fuente» y «actos no fuente» no comporta consecuencias jurídicas, ya que el sistema jurídico no atribuye especificidades propias a las normas por el hecho de su clasificación como fuentes del derecho. Frente a las teorías tradicionales está la teoría formal, para la cual todas las normas son fuentes, y donde el término fuente se toma como mera forma de referirse a las condiciones de validez que una norma impone para la creación de otra. Como se verá en el texto principal, es a partir de este régimen que se construye la estructura de los sistemas positivos. la unidad del sistema jurídico. Tal unidad resulta de la existencia de normas que determinan los elementos que componen el sistema. Por servir como método para la identificación de otras normas, las fuentes son denominadas «meta normas», «normas sobre la producción jurídica» o, en términos de Hart2, «reglas secundarias». Estas normas regulan la introducción de nuevo derecho al sistema jurídico. El proceso ocurre a través de: (1) normas de competencia formal, que atribuyen a un órgano la competencia para producir derecho (verbigracia el artículo 158.I.3 de la Constitución, que atribuye a la Asamblea Legislativa Plurinacional la competencia para dictar leyes); (2) normas de


procedimiento, que disciplinan el curso procesal para el ejercicio de la competencia formal (para las leyes, el procedimiento legislativo de los artículos 162 a 164 de la Constitución en cuanto a la producción de leyes); (3) normas de competencia material, que determinan la materia en que puede ejercerse la competencia normativa (verbigracia el artículo 411.II de la Constitución, que atribuye competencia al órgano legislativo para reformar parcialmente la Constitución); y (4) normas de contenido, siempre que sean superiores a las normas producidas por la fuente objeto de análisis (así, las leyes están condicionadas por el contenido de la Constitución y los decretos por el contenido de la Constitución y las leyes). Las tres primeras condiciones son criterios de validez de tipo dinámico (formal). Su infracción produce, respectivamente, vicios de competencia formal, de procedimiento y de competencia material. Estos vicios operan respecto de disposiciones jurídicas como formas continentes (cuyo contenido son las normas jurídicas). En cambio, la cuarta condición de validez es de tipo estático (material), cuya infracción produce un vicio material o sustantivo, que opera respecto de las normas jurídicas contenidas y no respecto de las formas continentes (disposiciones jurídicas). Habida cuenta que todas las normas son resultado de un proceso de interpretación de las disposiciones que las contienen, el vicio material no significa que sea inválida la disposición que contenga una norma inválida, sino la disposición que no contenga ni una sola norma (ni una sola interpretación posible) válida. Este es el principio de conservación de la norma, que consiste en preferir la construcción interpretativa que conserve la validez de una disposición, a la que concluya en su invalidez. Y que si en materia constitucional deriva de interpretar el ordenamiento conforme a HORACIO ANDALUZ 42 © UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 5, 2009 2 El de Hart es el mejor intento orientado a construir una teoría del conocimiento jurídico alrededor del carácter dinámico del derecho, a partir de su diferenciación entre reglas primarias (normas de conducta) y secundarias (normas de competencia). la constitución, para la teoría general del derecho es un imperativo en razón de la unidad del ordenamiento. Para la teoría formal de las fuentes del derecho, son fuentes los actos autorizados por una norma jurídica del sistema para producir, innovar o derogar el derecho vigente. Esta es la concepción iniciada por Merkl en sus Prolegómenos de una teoría de la construcción escalonada del derecho (1931). Kelsen, cuya teoría del derecho para entonces se encontraba atrapada en una concepción estática del fenómeno jurídico, introdujo a su teoría la concepción dinámica de su «querido alumno»3, en que se mantuvo desde la primera edición de su Teoría pura del derecho (1934). Para Merkl, el análisis estructural del fenómeno jurídico puede hacerse según el contenido de las normas o según su fuente de producción (forma). A diferencia de las formas, los contenidos en el derecho son inagotables. En cambio, sostiene, hay una «economía de la forma», ya que con vasta que fuese la multiplicidad de formas, frente a la diversidad de su contenido siempre tendrá un límite cierto. De ahí su fórmula: «la forma es finita, el contenido infinito»4. En razón de la forma, (1) la relación entre una fuente y otra se expresa en términos de delegación de poder: una fuente sólo tiene poder normativo en la medida en que le haya sido delegado por otra fuente y dentro de los límites de tal delegación; (2) cada delegación de poder determina las condiciones de validez de una norma; (3) puesto que la norma es creada por aplicación de otra (aquella que determina las condiciones de validez), la norma deriva de aquella que la autoriza, por lo que, al estar condicionada, le es inferior; formándose así, entre normas subordinantes y normas subordinadas, una cadena de validez que le da al sistema jurídico una estructura jerárquica: esta es una jerarquía lógica, que deriva de una concepción de la filosofía del derecho sobre el proceso de producción jurídica, y que, en tanto tal, es la única estructura ínsita del sistema jurídico, pues se forma a partir de las relaciones de validez


entre sus normas; (4) consecuencia de lo anLA ESTRUCTURA DEL SISTEMA JURÍDICO: LAS RELACIONES... © UNED. Revista de Derecho UNED, núm. 5, 2009 43 3 Uno de los primeros discípulos de Kelsen en la Universidad de Viena fue Merkl. Kelsen llegó a considerarlo «cofundador» de la teoría pura del derecho al reconocer el «gran significado de su obra». De hecho, escribió que «el mérito de haber concebido y expuesto el orden jurídico como un sistema genético de normas de derecho que van concretándose gradualmente desde la constitución, pasando por la ley y el decreto y demás fases intermedias, hasta los actos jurídicos individuales de ejecución, corresponde a Adolf Merkl» (cit. por MAYER, Heinz; La teoría de la construcción jurídica escalonada, en WALTER, Robert; Problemas centrales de la teoría pura del derecho, 1. a edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 63). 4 Cit. por MAYER, Heinz; en ob. cit. en nota al pié 3 p. 65. terior es que todo acto jurídico es a la vez la aplicación de una norma y la creación de otra, poniéndose fin a la distinción entre creación y aplicación del derecho; y, por último, (5) se disuelve la distinción conceptual entre «actos fuente» y «actos no fuente»: ya que si todos los actos normativos también crean derecho, y no sólo lo aplican, todos son también fuentes del derecho. Como filosofía del derecho, la teoría formal de las fuentes es sólo un instrumento para el conocimiento y la explicación del derecho positivo. Nada más. Es, por tanto, un error confundir la teoría con su representación gráfica en forma de pirámide. En consecuencia, es erró- neo evaluar la solvencia científica de esta teoría compulsando tal representación esquemática con la estructura positiva de un sistema determinado5. Siendo cierto que la graficación piramidal depaupera la teoría que pretende representar, también lo es que no se puede confundir una filosofía del derecho, como instrumento de conocimiento, con el derecho positivo, como objeto de conocimiento6 . La teoría formal de las fuentes sólo hace visibles los vínculos entre las

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

oncordancia: Código Procesal Constitucional (Ley N°28237; DOEP, 31MAY2004), que regula las accione e garantía constitucional previstas en este título de la Constitución Política

t�culo

200.- Acciones

de

Garantía

Constitucion

on garantías constitucionales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autorida funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionale conexos.

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autorida funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitució con excepción de los señalados en el inciso siguiente.

No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimien regular.

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autorida


funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y de la Constitución.

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leye decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionale de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en fondo.

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamento normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad d la que emanen.

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acat una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

na ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la decleración d constitucionalidad o ilegalidad de las normas.

ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de lo gímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.

uando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, gano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. N orresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

tículo

201.- Tribunal

Constitucion

Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. S ompone de siete miembros elegidos por cinco años.

ara ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de orte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las misma errogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelecció mediata.

os miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el vot vorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados d ibunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.

tículo

202.- Atribuciones

del

Tribual

Constitucion

orresponde al Tribunal Constitucional: 1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, ampar hábeas data, y acción de cumplimiento.

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme ley.


tículo

203.- Personas

facultadas

para

interponer

Acción

de

Inconstitucionalida

stán facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 1. El Presidente de la República; 2. El Fiscal de la Nación; 3. El Defensor del Pueblo; 4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma e una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos d respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firma anteriormente señalado;

6. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma e una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos d respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firma anteriormente señalado; 7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

tículo

204.- Sentencia

del

Tribunal

Constitucion

a sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. A a siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.

o tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, un orma legal.

tículo

205.- Jurisdicción

Supranacion

gotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoc uede recurrir a los tribunales u organismos internacionales

Derecho adaministartivo  
Derecho adaministartivo  

aprendiendo a usar issuu

Advertisement