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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CATEDRA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN II TEMA ELEMENTOS BASICOS DEL DERECHO ADMNISTRATIVO PARTE I DOCENTE DR. JESUS PIZHIULE RAEZ ALUMNO JHONNY FELIX PARIONA PAUCAR SEMESTRE II HUANCAYO


Fuentes del derecho La palabra “fuente” aplicada al derecho tiene multitud de acepciones. En un sentido instrumental puede entenderse como fuente de conocimiento de los ordenamientos jurídicos (documentos, inscripciones...), es decir, el conjunto de medios conducentes al conocimiento del derecho ya creado. Un segundo sentido es el filosófico que entiende la fuente como fundamento del derecho, su origen o su causa última. Por último, y esta es la acepción que ahora nos interesa, se entiende por fuente del derecho, aquello de donde él mismo se origina. Un sistema de fuentes no es producto del azar o del capricho sino consecuencia de múltiples factores políticos, sociológicos e ideológicos y a través del mismo se transparenta un conjunto de ideas y hechos dominantes en la comunidad en que se aplica. Actualmente y en el ordenamiento español el predominio de la ley como fuente del derecho indica la intensidad creciente del poder del estado y de su organización y actividades frente a las normas espontáneas de creación del derecho como en otras épocas pudo ser la costumbre. Las fuentes del Derecho, son todo tipo de norma, escrita o no, que determina que tan vinculado se encuentra el comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular y las prescripciones para la resolución de conflictos. En general, cuando se habla de fuentes del derecho, se refiere a todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas (de hacer o no hacer) a los habitantes de un Estado. El conjunto de las fuentes del Derecho es muy heterogéneo. La jerarquía de las fuentes hace que en la llamada pirámide normativa, la cúspide de nuestro Derecho se encuentre ocupada por la Constitución, como norma de normas. Bajo ella, rigen las normas que cuentan con carácter de ley formal, mientras que en la base de dicha pirámide hallamos los reglamentos. Por ley se entiende la norma escrita de carácter general emanada de un Parlamento; la costumbre es la reiteración de conductas aceptadas por la sociedad por gozar de obligatoriedad jurídica; y los principios generales del Derecho son las reglas comunes, muchas veces no escritas, que una comunidad entiende que rigen toda la realidad jurídica y que informan y dan valor a todo el ordenamiento (como la irretroactividad de normas sancionadoras, la defensa de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos o la presunción de inocencia). En nuestro sistema jurídico no es fuente del Derecho la jurisprudencia o doctrina emanada de la reiteración de decisiones judiciales en un mismo sentido. Por otra parte, las distintas ramas del Derecho (civil, penal, administrativo, internacional…) cuentan con un sistema propio de fuentes. Destaca el caso del Derecho penal, donde no existe la costumbre y sólo se aplica la constitución y la norma penal con rango de ley orgánica, con el fin de establecer las garantías necesarias de protección de los ciudadanos. En Derecho administrativo, la costumbre juega un reducidísimo papel, limitado a la organización de la sociedad y bienes de comunidades rurales (uso por los vecinos de tierras y montes comunales), a la vez que prima la ley ordinaria, desarrollada por innumerables reglamentos.


Además, las fuentes del Derecho pueden emanar de la distinta organización territorial. Cada uno de ellos cuenta con su propio sistema de fuentes y juega con el resto de los ordenamientos de un modo diferente. Decimos entonces que "fuentes del Derecho" son los hechos, actos, doctrinas o ideologías que resultan determinantes para la creación, modificación o sustitución del Derecho, tanto desde su perspectiva histórica, como de los mecanismos necesarios para la producción de nuevas disposiciones jurídicas que se adecuen a los jueces, los legisladores, los funcionarios administrativos. Inclinando su voluntad en un sentido determinado en el acto de crear normas jurídicas. En Venezuela, fuentes históricas, serian, por ejemplo, las leyes de India; el Código del Licenciado Aranda, inspirador de nuestro Código Adjetivo Civil, etc. Buscando más en el tiempo, son antecedentes y por tanto fuentes de nuestro ordenamiento: El Derecho Romano, el Código Napoleónico, etc. Entre las fuentes actuales merece la pena que mencionemos a la Constitución Nacional, norma de la norma y fundamento de todas las demás; la legislación, actividad encomendada al Poder Legislativo que es el hacedor de leyes por antonomasia; y el poder Reglamentario reservado a la Asamblea Nacional, para que elabore total o parcialmente los reglamentos de cada ley "sin alterar su espíritu, propósito y razón". Igualmente son fuentes: Los Consejos Municipales, que elaboran las ordenanzas; los ministerios, que toman resoluciones, etc.

La Ley Se puede definir la ley como la norma dictada por la autoridad competente, con las debidas formalidades, de carácter común, justa, estable y suficientemente promulgada. La potestad de elaborar y aprobar las leyes le corresponde en España a las Cortes Generales (Congreso y Senado). No obstante, en determinadas circunstancias, el Gobierno puede elaborar leyes bajo el control de las Cortes Generales. Las Comunidades Autónomas también tienen la potestad de dictar leyes, pero dentro del ámbito de su territorio y sobre materias cuyas competencias les hayan sido transferidas en los Estatutos de Autonomía, o en otras leyes del Estado de transferencia o delegación. 1.2.2. - La Costumbre Desde el punto de vista jurídico llamamos costumbre a la norma de conducta nacida de la reiterada y constante práctica social, y considerada como obligatoria por la comunidad. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. La costumbre ha de ser alegada y aprobada por parte de quien la invoque ante los tribunales, puesto que éstos no están obligados a conocerla. 1.3.3. - Los Principios generales del Derecho


Son aquellas ideas y fundamentos que, sin estar escritos, constituyen la base del ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes. En el Código Civil se dice: << Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.>> Los principios generales del Derecho actúan en una doble vertiente; por un lado, actúan cuando no existe ley o costumbre aplicables, por otro, permiten un recto entendimiento de las normas elementos de ética, equidad, lógica y sentido de la realidad y de la justicia.

I LALEY Ley en sentido amplio significa Derecho o norma jurídica en general; en sentido estricto significa aquella norma jurídica imperativamente impuesta por el Estado, y aún en un sentido más estricto puede referirse a un conjunto de normas que reúnan determinadas características materiales o formales. En el Estado moderno y en nuestro ordenamiento jurídico la Ley es la primera de las fuentes del Derecho, con decisiva supremacía frente a cualquier otra fuente creadora del derecho. En toda ley pueden distinguirse dos elementos o requisitos: uno de naturaleza interna que consiste en su finalidad tendente a la organización jurídica de una comunidad, y otro externo consistente en provenir de la autoridad que le confiere poder soberano. Característica de la Ley es sin duda alguna la taxa tividad, como resultado de la creación deliberada de normas jurídicas en palabras taxativas. Y a su vez podemos distinguir entre leyes en sentido amplio y estricto, según emanen del poder ejecutivo o del poder legislativo, correspondiéndose esta distinción con la que diferencia entre leyes propiamente dichas y disposiciones con rango inferior a la ley según emanen del poder legislativo o ejecutivo. Pero desde luego, el artículo 1.1 de nuestro Código Civil se refiere a las leyes en su sentido más amplio, comprendiendo por tanto a aquellas de rango inferior. También puede distinguirse entre leyes en sentido formal que equivalen a todas las reglas jurídicas cualquiera que sea su contenido, y leyes en sentido material que son aquellas que establecen reglas generales y obligatorias. La ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, fuente de principios de todas las demás leyes, con eficacia derogatoria de las disposiciones normativas anteriores a la vez que condiciona la de las ulteriores. Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y a ella habrán de ajustarse todas las normas de rango inferior. Así, cuando algún Juez o Tribunal considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución y no sea posible, por vía interpretativa, la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional, planteará la cuestión de inconstitucionalidad. Los artículos 81 a 86 de la Constitución regulan la elaboración de las leyes distinguiendo entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las primeras se encuentran reservadas a regular los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía, las referidas al régimen Electoral General y las que la Constitución prevea expresamente que deben adoptar esa forma. Su aprobación y modificación exige mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. También contempla los casos de delegación legislativa en el artículo 82.1, 2 y 3; las leyes de bases


en el artículo 82.4; los textos refundidos en el artículo 82.5, los decretos legislativos en el artículo 85; los decretos leyes en el artículo 86 y los Reglamentos en el artículo 97. Las Comunidades Autónomas tienen también pleno poder legislativo y reglamentario dentro del ámbito de sus competencias sin que puedan invadir aquellas reservadas al Estado (artículos 148 y 149 de la Constitución). Las normas que dicten dentro de su ámbito competencial tendrán carácter preferente a las estatales si bien éstas tendrán carácter supletorio respecto de aquellas.

III. LA COSTUMBRE La costumbre puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme, dentro de un ámbito social determinado bien territorialmente o por otra circunstancia que lo defina, conducta que es observada por los miembros de dicho grupo como si de norma jurídica se tratase, considerándose por tanto obligados por la misma. De Castro la define como fuente jurídica creada ex factis por las agrupaciones sociales no incluidas en el mecanismo estatal, mediante una actuación uniforme y continuada a la que han acomodado su conducta por estimarla reguladora de su proceder.

1. Requisitos De acuerdo con el artículo 1.3 de nuestro Código Civil, para que la costumbre tenga el carácter de fuente del derecho es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público, requisito que ya tradicional e históricamente se exigía, y que sea probada. Respecto de la prueba de la costumbre parece razonable entender que el objeto de dicha prueba ha de recaer sobre la actuación uniforme y continuada, debiendo quedar al arbitrio del juzgador la prueba de la convicción de ser dicha conducta obligatoria y reguladora de su proceder. Es razonable pensar que las partes podrán servirse de todos los medios a su alcance para probar la costumbre y que, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo, esta necesidad de prueba lo será sin perjuicio de la facultad que tiene el juzgador de poder aplicar la costumbre de oficio cuando su vigencia le constare a ciencia propia.

LA JURISPRUDENCIA Se entiende por jurisprudencia en un sentido amplio el conjunto de pronunciamientos o sentencias de los Tribunales en cuanto deciden puntos de derecho y por tanto con cierto valor de precedente. En sentido estricto se entiende por jurisprudencia la doctrina emanada de las Sentencias del Tribunal Supremo, que puede alegarse ante dicho Tribunal cuando un tribunal inferior se haya apartado de la misma y que viene constituida por al menos dos Sentencias del Alto Tribunal que decidan algún punto jurídico en un mismo sentido. Ciertamente la Jurisprudencia no es una fuente del derecho equiparable a las anteriormente estudiadas porque no enriquece al ordenamiento jurídico con nuevos preceptos, sino que complementa al ordenamiento jurídico, función que le asigna el artículo 1.6 del Código Civil, expresión del sumo valor que tienen en la práctica las Sentencias del Tribunal Supremo. La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2003 ya declaró, con cita de 22 de julio de 1944 dictada por dicha Sala que cuando la jurisprudencia ha fijado una determinada interpretación legal, ésta debe ser mantenida en aras de la certidumbre y seguridad de las


relaciones jurídicas en tanto no se demuestre de modo indubitable la autonomía de ella con el verdadero contenido de la ley.

LA CONSIDERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO La asignación de la condición de fuente del derecho a la Jurisprudencia es un debate no exento de polémica, que admite distinta solución según el período histórico en que se estudie. Históricamente, en etapas anteriores a la época legisladora, la Jurisprudencia tenía una función indudable de fuente del derecho. En la época moderna, desde que se produjo el movimiento codificador, no resulta procedente atribuirle esa función de fuente del derecho, porque la interpretación y aplicación de la norma que compete a los Tribunales ha de acomodarse a lo dispuesto en la norma, que será la verdadera fuente del derecho, sin que en el ejercicio de esa función pueda incluirse la creación de nuevas reglas jurídicas. Actualmente, con la enorme cantidad de normas jurídicas que se dictan y la nebulosa que, en muchos casos, encubre los perfiles jurídicos difusos de las materias que regula, que produce el uso frecuente de conceptos jurídicos indeterminados, la función jurisdiccional no puede quedar encerrada en una aplicación mecánica de la ley, sino que la actuación de los Tribunales se configura con un cierto matiz complementario de la voluntad legislativa, aunque su actividad, en ningún caso, puede crear normas jurídicas y menos de carácter general, porque la decisión que adopte en sus resoluciones solo concierne al caso concreto sometido a su consideración y a los litigantes del mismo y nunca a quienes no sean parte o tengan relación con el proceso en que se pronuncie. De forma que la Jurisprudencia se sitúa en una posición intermedia, en la que, sin ser verdadera fuente del derecho, tiene un cierto valor en la conformación de la voluntad de la ley para adaptarla a la vida real en los casos concretos que resuelve, que permite calificarla de actividad complementaria de las auténticas fuentes del derecho. Ese posicionamiento ha servido para que, a veces, sea calificada como fuente indirecta del derecho. Y esa condición le otorga el Código Civil en su artículo 1.6 cuando dice "La Jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho". La Exposición de Motivos de la Ley 31 de mayo de 1974, que introdujo ese párrafo en el Título Preliminar del Código Civil, indicaba al respecto "A la Jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes del derecho, se le reconoce la misión de complementar el ordenamiento jurídico. En efecto, la tarea de interpretar y aplicar las normas en contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulación por el Tribunal Supremo de criterios que si no entrañan la elaboración de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente auténticos y dignos, con su reiteración, de adquirir cierta trascendencia normativa". Esas palabras confirman la ambigüedad que se tribuye a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, aunque carece de la naturaleza de verdadera fuente del derecho, se le reconoce un valor fáctico vinculante y orientativo para los Tribunales inferiores.


La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2003 establece cuándo cumple su función complementa dora: "Para que la jurisprudencia cumpla su función complementaria es necesario que posea los siguientes requisitos, según doctrina constante del Tribunal Supremo: - Una cierta dosis de estabilidad de los criterios o doctrinas, manifestada en la reiteración de su utilización o aplicación. - Es necesario que los criterios o doctrinas hayan sido utilizados como razón básica para adoptar la decisión ("ratio deciden di"). No tiene, por consiguiente, valor de jurisprudencia las afirmaciones que el Tribunal Supremo puede haber hecho con carácter incidental o como argumentaciones subsidiarias o a mayor abundamiento ("o bíter dicta").

Clases de jurisprudencia Jurisprudencia técnica La jurisprudencia técnica es la sistematización de las reglas que constituyen un ordenamiento jurídico. Su finalidad es exponer de forma ordenada, precisa y coherente los preceptos jurídicos vigentes en un sistema de Derecho. Jurisprudencia vinculante El concepto de jurisprudencia vinculante significa que las sentencias o resoluciones judiciales sientan un precedente. Algunos de los motivos por los que forma son por la reiteración de criterios o para su unificación. Se da especialmente en casos en las resoluciones efectuadas por órganos jurídicos que afectan a otros órganos dependientes o de menor orden jerárquico. Jurisprudencia constitucional El concepto de jurisprudencia constitucional hace referencia, de una forma genérica, a las sentencias emitidas por un Tribunal Constitucional. Aunque su valor puede variar en función de cada país, debido a la naturaleza propia del órgano judicial que las emite, pueden sentar precedente y constituir una fuente del Derecho. Jurisprudencia laboral La jurisprudencia laboral es la jurisprudencia referida a las sentencias judiciales propias del Derecho Laboral o del sistema jurídico del Trabajo. La temática se centra en estudios jurídicos que tratan, por ejemplo, aspectos referidos a los derechos de los trabajadores como el despido improcedente o las indemnizaciones.

Estructura del Estado Peruano: Características Más Importantes Por Ricardo Canaan La estructura del estado peruano consta de tres poderes principales y varios ministerios. El estado ejecuta el gobierno de la República del Perú, y el Poder Constituyente es el máximo poder del estado, aprobado mediante referéndum y ejecutado en 1993.


El Imperio inca fue un estado del antiguo Perú. No fue una nación, ya que su estructura política estaba organizada pero no tenían conocimientos sobre la organización de la nación jurídicamente y de las funciones ejercidas con cierta autonomía Después, el Imperio español implementó el Poder Judicial en el Perú, que fue dividido por la Audiencia de Charcas y la Real Audiencia de Lima. No fue hasta la llegada de Simón Bolívar que se creó el Poder Judicial mediante la Corte Superior de Justicia de Lima, Huamanga y el Cusco, además de la Corte Superior de la Libertad. Perú nace como estado independiente en 1821 y aprueba su primera Constitución en ese año. Se denomina un país pluralista, de múltiples culturas y razas; independiente y soberano, conformado por regiones, departamentos, provincias y distritos. El gobierno central del Perú actualmente está conformado por tres sectores independientes integrados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; también se encuentran los organismos constitucionales autónomos. Los 3 poderes de la República del Perú

1- Poder Ejecutivo Es un órgano autónomo que se encarga de ejecutar, administrar y hacer cumplir las leyes. Además, está obligado a responder eficazmente al funcionamiento de los servicios públicos para el bienestar de la población. El Poder Ejecutivo está integrado por el jefe del estado, es decir el presidente de la República, elegido por medio del voto en un acto de sufragio; también por los vicepresidentes y ministros del Estado. Para que un ciudadano peruano pueda optar a ser candidato a la presidencia de la República debe cumplir con el requisito de ser mayor de 35 años de edad. El presidente puede ejercer su mandato por un periodo de cinco años, y terminado el mismo puede ser reelegido de inmediato por un periodo adicional, aunque también un ex presidente puede volver a postularse. Entre las funciones más importantes del presidente de la República se encuentran cumplir y ejecutar la Constitución, las leyes, los tratados y las prácticas legales. Además, debe representar al Estado fuera y dentro de la nación, dirigir una política general, velar por el orden interno y la seguridad del país, establecer decretos, soluciones y convocar elecciones. Al mismo tiempo, entre sus atribuciones se encuentran tener relaciones internacionales, administrar el Sistema de Defensa Nacional, y organizar y disponer de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De igual manera, podrá declarar guerra y firmar la paz con la autorización del Congreso. El Poder Ejecutivo tiene 18 ministerios, los cuales debe liderar y coordinar. Entre los mismos se encuentran:


Ministerio de Agricultura. Ministerio Comercio y Turismo. Ministerio de Defensa. Ministerio de Economía. Ministerio de Educación. Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Interior. Ministerio de Justicia. Ministerio de la Mujer. Ministerio de Producción. Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo. Ministerio de Transporte. Ministerio de Comunicaciones. Ministerio de Viviendas. Ministerio del Ambiente. Ministerio de Cultura. Ministerio de Desarrollo Social. 2- Poder Legislativo El Poder Legislativo es parte del Congreso que está conformado por cámaras únicas de 130 miembros. Entre estos están los Juzgados de Paz no letrados, las Cortes Superiores, y la Corte Suprema de Justicia. Sus atribuciones son dar leyes y resoluciones legislativas, como también modificar, interpretar y anular las leyes existentes. Asimismo, se encarga de respetar la Constitución, las leyes, implementar y hacer pagar las responsabilidades de los infractores. También aprueba el presupuesto y la cuenta general, ejerce el derecho de amnistía, y autoriza al presidente de la República para salir del país. De mismo modo, el presente órgano se encarga de hacer las publicaciones de la Ley en el Perú, como también dar consentimiento al ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la república sin afectar al país.


Este poder se encarga de aprobar los tratados de conformidad a la Constitución. También es responsable de la aprobación de las demarcaciones territoriales propuestas por el Poder Ejecutivo. Además, se encarga de autorizar los anticipos conforme a la Constitución, y lidera la subcomisión de acusaciones constitucionales por infracciones y por delitos cometidos. El Congreso está dividido en tres sesiones. La primera es el periodo anual de sesiones, que comienza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda sesión es el periodo ordinario de sesiones que empieza el 1 de marzo del siguiente año y culmina el 15 de junio. La tercera sesión es el periodo de sesiones extraordinarias.

3- Poder Judicial El Poder Judicial del Perú es autónomo, político, administrativo y económico. Se encarga de gestionar la justicia mediante los órganos jurisdiccionales vinculados por medio de la Constitución y las leyes, garantizando la seguridad, los derechos y la paz de la nación. Esta organización está desarrollada jerárquicamente por instituciones administrativas como la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. También se encuentran las Cortes Superiores de Justicia, encargadas del Distrito Judicial. Por último, en la escala jerárquica, se hallan los Juzgados de Primera Instancia, conformados por los Juzgados de Paz. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú está integrada por 18 vocales supremos. Los juzgados civiles, penales y especiales se encargan de proponer a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, la política general del Poder Judicial, así como aprobar el plan de desarrollo. Al mismo tiempo se propone fijar el número de vocales supremos titulares, y a su vez aprobar los proyectos de presupuesto del Poder Judicial y ejecutar las sanciones legalmente. Además de emitir informes solicitando a la Corte Suprema de Justicia sobre los asuntos que competen a sus funciones, el Poder Judicial se encarga de supervisar la conservación de los bienes incautados y la solución de los juicios penales acordes a la ley. Este órgano se divide en los juzgados: civil, penal, agrario, familiar y laboral, que resuelven los conflictos penales y buscan conciliar las partes en pleito mediante procedimientos judiciales, además de actividades jurisdiccionales en asuntos de valores y propiedades.

Gobiernos Regionales del Perú En el Perú, los Gobiernos Regionales son las instituciones autónomas encargadas de la gestión pública de las regiones y departamento s del país. Son consideradas personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Este nivel de gobierno fue introducido en la legislación peruana con la puesta en vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma que en la actualidad lleva a partir de los años 2002. La Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, territorio último el cual


cuenta con autonomía regional por ser la sede de la capital, Lima, por cuanto la Municipalidad tiene tanto funciones de Gobierno Regional como de Municipalidad Provincial. 1. Estructura Los gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos: un Consejo Regional y un Presidente Regional. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen El desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública Los gobiernos regionales están compuestos de un presidente y un consejo, los cuales sirven por un periodo de cuatro años; adicionalmente, existe un consejo de coordinación integrado por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. El Presidente Regional es el jefe de gobierno; sus funciones incluyen Proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de gobierno, promulgar decretos y resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas regionales. El Consejo Regional debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al presidente, su vicepresidente y a cualquier miembro del consejo. 2. Funciones Sus funciones son: • Función normativa y reguladora: Elaboran y aprueba normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. • Función de planeamiento: Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa. • Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. • Función de promoción de inversiones: Incentivan y apoya las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin. • Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 3. Financiamiento


Son bienes y tributos de los gobiernos regionales: •

Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

• Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento, que se establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. •

Los tributos creados por Ley a su favor.

Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional.

Los recursos asignados por concepto de canon.

• El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. •

Sus ingresos propios y otros que determine la ley.

4. Elección de autoridades La elección de los miembros del Consejo Regional-inclusive el presidente y el vicepresidente- se realiza por sufragio directo por un período de 4 años. Sus mandatos son irrenunciables, pero revocables.

Municipalidades del Perú En la política del Perú, las Municipalidades son las instituciones públicas encargadas de la prestación gestión de las provincias y sus distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones. Se constituyen como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. De acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, corresponden al gobierno a nivel local. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas se clasifican en Municipalidades provinciales y Municipalidades distritales. Las provinciales tienen además funciones de distritales dentro del cercado, es decir, del distrito capital, el cual carece de municipalidad distrital. Estructura El Consejo, compuesto por el alcalde y los regidores, es el ente normativo y fiscalizador. La Alcaldía, en cambio, es el organismo ejecutor. Los órganos de coordinación: •

El consejo de coordinación local (provincial o distrital)

Las Juntas de Delegados Vecinales

Estructura orgánica administrativa está compuesta por: la gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto. Elección de autoridades


La elección de los alcaldes y regidores se realiza por sufragio universal para un periodo de cuatro años, desde el año 1998, anteriormente desde el año 1980 se elegía por un período de tres años. El número de regidores es definido por el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipalidades.

Organismos públicos Derecho Administrativo La Ley 6/1997, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, de 14 de abril, busca, entre otros objetivos, racionalizar la llamada Administración institucional, formada por una constelación de entes instrumentales diversos. Para ello, el legislador trató de reconducir las personificaciones jurídico-públicas a una categoría genérica, la de los organismos públicos, que agrupa en ella todas las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado. Su creación ha de efectuarse mediante ley. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, sus leyes de Administración y gobierno, prevén la existencia de organismos públicos equivalentes, aunque su denominación varíe. La Ley citada concibe los organismos públicos, como Entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, como organizaciones instrumentales en relación con los fines y objetivos que tengan específicamente asignados por sus estatutos, para cuyo cumplimiento les corresponden las potestades administrativas precisas, salvo la expropiatoria. Tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o de gestión, tanto administrativa, como de fomento o de prestación, o la realización de actividades de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine. Además de tener personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, disponen de autonomía de gestión, en los términos previstos en la Ley. Partiendo de este concepto general se distinguen dos modelos básicos: organismos autónomos, que realizan actividades fundamentalmente administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos y que se someten plenamente al Derecho Administrativo. Actúan en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de un Ministerio. El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para el personal de la Administración. Sus actos y resoluciones son susceptibles de ser recurridas en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El segundo modelo es el de las Entidades públicas empresariales, realizan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica. Aun cuando son regidos en general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento. El personal al servicio de las Entidades públicas empresariales se rige, con ciertas particularidades, por el Derecho Laboral. Contra los actos dictados en ejercicio de potestades administrativas por las Entidades públicas empresariales, caben los recursos administrativos previstos en la Ley 30/1992.


Los organismos públicos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que tienen por objeto realizar actividades de ejecución o gestión reservadas a la Administración. Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado , bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia ( art. 88 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ). •

1 Naturaleza de los organismos públicos

2 Clasificación de los organismos públicos

3 Normas comunes de los organismos públicos

4 Otras figuras en los organismos públicos

5 Ver también

6 Recursos adicionales

o

6.1 En doctrina

7 Legislación básica

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL SISTEMA JURIDICO NORMATIVO DEL PERU Ordenamiento Jurídico Según Hans Kelsen, es el "Sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que traducidas a una imagen visual se asemejaría a una pirámide formada por varios pisos superpuestos. Esta jerarquía, demuestra que la norma "inferior" encuentra en la "superior" la razón o fuente de su validez. La Constitución Política del Perú, establece una rígida sistematización jerárquica del ordenamiento jurídico peruano y a continuación se conceptualizan cada una de ellas de acuerdo a su relevancia:

1. Constitución Política del Perú.

Es la norma primaria del ordenamiento legal, constituye el marco dentro del cual deben ubicarse las normas jurídicas. Contiene entre otros, los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como la organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado. Prima sobre cualquier otra norma jurídica y es expedida por el congreso constituyente.


2. Ley Orgánica. Es la que delinea la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la constitución, así como las materias que está expresamente contempla que se regulen por tales leyes. Para ser aprobadas se requiere el voto de más de la mitad del Congreso.

3. Ley Ordinaria. Es la norma escrita de carácter general que emana del congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la constitución. Son de las más variadas ramas: civiles, tributarias, penales, etc.

4. Resolución Legislativa. Se expiden con una finalidad específica del Congreso, y por sus características especiales tienen fuerza de ley. El jurista Chirinos Soto, las ha definido como la "ley del caso particular".

5. Decreto Legislativo. Es una norma "sui generis" que se deriva de la autorización expresa y facultad delegada del Congreso al Poder Ejecutivo en base a una ley específica, que en doctrina se llama "legislación delegada". Su emisión debe sujetarse a la materia en cuestión y dictarse dentro del término que señala la ley autoritativa. El Presidente de la República, debe dar cuenta al congreso o comisión permanente, de los Decretos Legislativos que dicta.

6. Decreto de Urgencia. Es expedido por el poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico - financiero, cuando así lo requiera el interés nacional.

7. Decreto supremo. Es un precepto de carácter general expedido por el poder Ejecutivo. Con este dispositivo se reglamentan las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Llevan la firma completa del presidente de la República son refrendadas por uno o más ministros según la naturaleza del caso.

8. Resolución Suprema. Es una norma de carácter específico, rubricada por el Presidente y refrendada por el Ministro del Sector respectivo que conlleva decisiones de importancia gubernamental a nivel nacional.

9. Resolución Ministerial. Son dispositivos que permiten formular, ejecutar y supervisar la política general del Estado, dentro del ámbito de su competencia. Son expedidos por los Ministros del ramo respectivo.

10. Resolución Vice ministerial. Regulan aspectos específicos de un sector determinado, y son dictadas por la autoridad inmediata a un ministro de estado.

11. Resolución Directoral.


Son actos que se expresan situaciones adoptadas por el funcionamiento del nivel respectivo. Es expedida por los Directores administrativos en función a las atribuciones que señala las respectivas leyes orgánicas del sector y reglamentos de organización y funciones LA TEORÍA PURA DEL DERECHO DE HANS KELSEN DENTRO DEL DERECHO POSITIVO DESARROLLO PIRAMIDAL DE KELSEN DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NIVEL FUNDAMENTAL LA CONSTITUCIÓN: Es la verificación en el derecho positivo, del contrato social, asumiendo para sí la Teoría Contractualita de Juan Jacobo Rousseau, con la finalidad de crear un ente denominado ESTADO, que vigile y supervise la conducta de los individuos para la obtención de la seguridad jurídica, el orden público y la paz social. También puede definirse como la "ley fundamental, esté escrita o no, de un ESTADO, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial). Le garantiza al pueblo ciertos derechos. Es la cristalización jurídica de un acto constituyente. Es un concepto político, dada su fundamentación en una decisión del poder constituyente y es un concepto jurídico, pues posee una configuración jurídica. PARTES DE LA CONSTITUCIÓN PREÁMBULO: Son los principios que rigen al Estado, en él se recoge una proclamación filosófica y poética de los ideales y valores más sentidos; recoge sintéticamente postulados doctrinarios, principios y valores que desarrolla en su articulado la Ley Superior. Algunas de sus características son: •El sujeto creador de la constitución es el pueblo como poder constituyente originario, que adquiere realidad con la aprobación directa de la Constitución mediante referéndum popular. •El señalamiento a la refundación de la república como fin supremo del constituyente, en función de la realización de un amplio abanico de principios, intenciones, valoraciones y curo de acción, que se especifican luego en la normativa constitucional. DOGMÁTICA: Referida a la Forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y las garantías constitucionales. ORGÁNICA: Establece la organización del Estado, Poderes Públicos, los entes que los representan, la función de ésos órganos, protección de la constitución y modalidades para su reforma. NIVEL LEGAL: LEYES ORGÁNICAS: Son las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. LEYES GENERALES: Instrumentos Jurídicos de rango legal, sancionado por el órgano representativo de la rama legislativa del Poder Público (Asamblea constituyente) de conformidad con la facultad de legislar que le consagra la constitución y cuya finalidad no es otra que la de regular o normar una determinada rama del derecho.


CÓDIGOS: Son las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a una determinada materia. Ej. Código Procesal Penal, Código Civil del Perú. TRATADO INTERNACIONAL: Es un instrumento jurídico reconocido entre países u entes internacionales. Se requiere la aprobación mediante ley por la Asamblea Nacional para poder ser ratificado por el Ejecutivo Se presenta una Excepción en la constitución de 1993, que explicita que los Tratados Internacionales sobre materia de Derechos Humanos, suscritos por la República tiene rango Constitucional LEY APROBATORIA: Es el permiso que da la Asamblea Nacional, para que el Ejecutivo apruebe un Tratado Internacional, empréstitos, créditos adicionales LEYES HABILITANTES: Es cuando la Asamblea Nacional delega sus actividades de creación y aprobación de leyes al Ejecutivo Nacional. CONSTITUCIONES ESTATALES: Son aquellas que hacen referencia a los poderes públicos Estatales No es una figura propia del Derecho positivo, proviene del Derecho Monárquico Español, el cual ideó los ESTATUTOS DE AUTONOMÍA, los cuales establecían que las comunidades españolas podían hacer convenios con otros países sin afectar al Estado Español. El Tribunal Constitucional Español al observar que este estatuto traía a la larga problemas, crea el denominado BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. LEYES ESTATALES: Tienen preferencia sobre la Ley Nacional, salvo cuando no tienen carácter privativo (es decir que colindan con la ley nacional) ORDENANZAS MUNICIPALES: Son los actos sancionados por las cámaras municipales o cabildos, cuya aplicación son para regular las actividades del municipio. DECRETOS LEYES: Actos administrativos dictados por la rama ejecutiva del Poder nacional (Presidente de la República) fundamentado en el otorgamiento previo de una Ley Habilitante por medio de la cual, la rama legislativa delega temporalmente la potestad de legislar sobre aquellas materias establecidas en el marco normativo de la Ley (habilitante) en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, determinada. LEYES DE BASE: Son aquellas que establecen los postulados fundamentales para la regulación de una materia o institución determinada. LEYES DE DESARROLLO: Son leyes que establecen los planes de orientación y planificación territorial. Desarrollan el contenido de las leyes de Base. NIVEL SUB-LEGAL REGLAMENTOS: Actos administrativos de efectos generales emanados por el órgano representativo de la rama ejecutiva de cualquiera de los Poderes Públicos en ejercicio de su competencia y cuya finalidad es de desarrollar los contenidos expresos en la ley sin alterar el espíritu, propósito y razón del legislador. El ejecutivo no puede reglamentar contrariando los preceptos


REGLAMENTOS AUTÓNOMOS: Son actos administrativos de efectos generales que pueden ser emanados tanto por el ejecutivo y legislativo y cuya finalidad es la de regular las materias que tengan un vacío de ley. Ej. Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional DECRETOS EJECUTIVOS: Son actos administrativos de efectos generales dictados por los entes ejecutivos de cualquiera de las ramas del Poder Público, en atribución de sus facultades legales. Ejemplos: Decretos de salario mínimo, Días de Duelo y Fiesta Nacional, Aumento del Pasaje, Decreto sobre la creación de Ministerios. ACUERDOS: Actos administrativos de efecto particular, emanados del órgano representativo de la rama Legislativa del Poder Público (Nacional, Estatal, Municipal) en el ejercicio de sus competencias. Ejemplo: Condecoraciones RESOLUCIONES: Actos Administrativos de efectos particulares, emanados del órgano representativo de la rama Ejecutiva del Poder Público en el ejercicio de sus competencias. Ejemplo: Designación de Ministros, Ascensos de Coronel en adelante (Ejército). ÓRDENES E INSTRUCCIONES: En su esencia es lo mismo, aunque algunos doctrinarios afirman que la principal diferencia radica en el medio por la cual se imparte (la orden es escrita y la instrucción es verbal). CONTRATOS: Es un convenio celebrado entre dos o más personas que permite constituir, reglar, modificar o transmitir entre ellos un vínculo legal. Siempre tiene aplicación preferente a la Ley, nunca pueden violar el contenido de la misma. Algunos tipos de Contrato: •Contrato Colectivo-Individual •Contrato Verbal o Escrito •Contrato Determinado o Indeterminado SENTENCIA: Es el acto concreto de la Ley. Es donde se carnifica la misma. Emana de los órganos jurisdiccionales correspondientes. LAUDO ARBITRAL: Son actos concretos de Ley emanados por órganos jurisdiccionales ordinarios (Ad-Hoc) Ej. Justicia

GARANTIAS CONSTITUCIONALES Las garantías constitucionales son el conjunto de medios que la Constitución Nacional, entendida como la cumbre de las Leyes que un estado establece, pone a disposición de los habitantes a efectos de sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, y frente a otros individuos o grupos sociales. Son el mecanismo por el que se limita y se pone un freno a la arbitrariedad y al carácter 1.

Habeas corpus

2.

La Acción de Amparo


3.

La Acción de Habeas Data

4.

Acción de Cumplimiento

5.

Acción de Inconstitucionalidad

6.

Acción Popular

Habeas corpus La acción de hábeas corpus es una garantía constitucional que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella (Const., arto 200 inc. 1). Esta acción se ejerce con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de la libertad individual (Ley N° 23506, arto 1). El hábeas corpus, en estricto, es una garantía constitucional destinada a proteger directamente derechos constitucionales, y en cuanto protege derechos reconocidos en la norma constitucional, pretende la vigencia plena de la norma constitucional como norma jurídica y fundamental. El derecho que conforma objeto de protección del proceso constitucional que se comentará en este Título II es la libertad individual y sus derechos conexos (artículo 200.1 CP). Esta libertad individual es la libertad personal a la que se refiere el artículo 2.24 CP y que tiene como derechos conexos los ocho apartados en los que se compone este artículo. Este derecho de la persona viene igualmente reconocido en el artículo 7.1 CADH, que dispone que "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales". La acción de hábeas corpus puede ser interpuesta por la propia persona perjudicada o cualquier otra en su nombre, sin necesidad de poder, papel sellado, boleta de litigante, derecho de pago, firma de letrado o formalidad alguna (Ley Nº 23506, arto 13). Cuando se trata de menores de edad (niños o adolescentes) que han sido detenidos, estos no solo pueden impugnar la orden que los ha privado de su libertad, sino también ejercer directamente la acción de hábeas corpus, cuando se trata de una detención arbitraria (Ley Nº 27337, arts.185 y 186). La acción de hábeas corpus se interpone contra cualquier autoridad, funcionario o persona; si bien las personas naturales y jurídicas son emplazadas directamente, la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público la asume el procurador público que corresponda. La competencia para conocer de la acción de hábeas corpus es: Juez Especializado en lo Penal.

La Acción de Amparo El amparo procede en defensa de los siguientes derechos como son de igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole, este artículo es correlato del artículo 2.2 CP en el que se establece que toda persona tiene derecho "[a la igualdad ante la ley.


Ninguna persona puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". A diferencia de lo que ocurría en el proceso constitucional del hábeas corpus en el que se permitía que la demanda fuese interpuesta no sólo por el afectado en su derecho constitucional o por su representante sino también por cualquier otra persona sin acreditar representación ni interés alguno; en el amparo la regla general-con el matiz que se comentará más adelante acerca de los llamados derechos difusos-la demanda constitucional sólo puede ser interpuesta por la persona natural o persona jurídica afectadas en su derecho constitucional, ya sea él mismo o a través de su representante. De esta manera, la legitimación para demandar y seguir un proceso se basa en la titularidad del derecho en que se sustenta la pretensión (Iegitimatio ad causam). La acción de amparo se interpone contra cualquier autoridad, funcionario o persona; si bien las personas naturales y jurídicas son emplazadas directamente, la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público la asume el procurador público que corresponda

La Acción de Habeas Data La acción de hábeas data es una garantía constitucional que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza el derecho a solicitar y recibir, sin expresión de causa, la información que se requiera de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido; derecho contemplado en el inc. 5) del arto 2 de la Constitución (Const., arto 200 inc. 3; Ley N° 26301, arto 1 y ss.), exceptuándose las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Asimismo, la acción de hábeas data procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza el derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar; derecho contemplado en el inc. 6) del arto 2 de la Constitución (Const., arto 200 inc. 3). Esta acción de garantía se ejerce, pues, con la finalidad de que se otorgue la información solicitada o que se impida la divulgación de información que afecte la intimidad personal o familiar. Es importante indicar que, de acuerdo a la Ley N° 26470 -modificatoria del inc. 3 del arto 200 de la Constitución de 1993-, quedó expresamente establecido que se halla fuera del ámbito de la acción de hábeas data la protección de los derechos al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, a la voz e imagen propias, ya la rectificación de informaciones inexactas y agravios; derechos contemplados en el inc. 7 del arto 2 de la Constitución, ya que la protección de estos derechos se solicita por la vía de la acción de amparo, lo cual es ratificado por la Ley N° 26775 modificada por la Ley N° 26847 (Ver Capítulo II, Acción de Amparo, rubros I y /1). Además, es pertinente mencionar que cuando se trata de una violación se requiere la verificación de un acto (u omisión) de un tercero (autoridad, funcionario o persona) y que se produzca, además, un efectivo atentado contra los derechos antes descritos. Cuando se trata de una amenaza de violación se requiere que esta (por acción u omisión) aparezca como cierta y de inminente realización (Ley N° 25398, arto 4).


Esta garantía constitucional está regulada en la Constitución de 1993, arts. 200 inc. 3), 202 inc. 2) y 205. . Ley N° 26470 (12/06/95) Ley que modifica el inc. 3 del arto 200 de la Constitución de 1993. . Ley N° 26301 (3/05/94) Ley de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, arts. 1, 2, 3, 5, 6, disp. trans. y disp. Final Tenemos como titulares de la acción al propio afectado o su representante, o el representante de la entidad afectada si el agraviado es una persona jurídica. En casos de imposibilidad física para interponer la acción, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por hallarse ausente del lugar o cualquier otra causa análoga, podrá ejercer la acción cualquier tercero sin necesidad de poder expreso, con cargo a ratificación posterior del afectado, una vez que se halle en posibilidad de hacerla (Ley N° 23506, arto 26 párrs. 1° Y 2°). La competencia para conocer la acción de hábeas data corresponde, a elección del demandante, al Juez Especializado en lo Civil: a) Del lugar en donde tiene su domicilio el demandante; b) Del lugar donde se encuentran ubicados los archivos mecánicos, telemáticos, magnéticos, informáticos o similares; o, c) Del lugar que corresponda al domicilio del demandado, sea esta persona natural o jurídica, pública o privada (Ley N° 26301, arto 1 párr. 1°). Si la afectación de derechos se origina en archivos judiciales, sean jurisdiccionales, funcionales o administrativos, cualquiera sea la forma o medio en que estos estén almacenados, guardados o contenidos, conocerá de la demanda la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que encargará el trámite a un Juez Especializado en lo Civil. El fallo en primera instancia, en este caso, será pronunciado por la Sala Civil que conoce de la demanda. Este mismo precepto regirá para los archivos funcionales o administrativos del Ministerio Público (Ley N° 26301, arto 1 párr. 2°).

Acción de Cumplimiento Es una garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo -sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurra por ese hecho- (Con5t., arto 200 inciso e. 6; Ley N° 26301, arto 1 y ss.), con la finalidad de que dicha autoridad o funcionario cumpla con lo dispuesto en el precepto legal o administrativo, ya que en el fondo lo que protege esta acción es el derecho genérico a la vigencia del orden jurídico, el mismo que siempre ha de ir acompañado de un derecho específico cuya inobservancia es la que se reclama. Esta garantía constitucional está regulada en la Constitución de 1993, arts. 200 inc. 6), 202 inc. 2) y 205. . Ley N° 26301 (3/05/94) Ley de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, arts. 4, 5 Y 7. . Ley N° 26545 (13/11/95) Ley que deroga el inc. b) del arto 5 de la Ley de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento.


La competencia para conocer la acción de cumplimiento corresponde Es a elección del demandante, al Juez Especializado en lo Civil: a) Del lugar en donde tiene su domicilio el demandante; b) Del lugar que corresponda al domicilio del demandado, sea esta persona natural o jurídica, pública o privada

Acción de Inconstitucionalidad Es la garantía constitucional que procede interponerla contra las normas que tienen rango de ley, cuando estas contravienen la Constitución en la forma o en el fondo (Const., arto 200 inc. 4 y Ley N° 26435, art 20), con la finalidad de que, en tal caso, la norma inconstitucional quede sin efecto para el futuro (ir retroactivamente) y con alcances generales, garantizando de este modo la primacía de la Constitución. Esta garantía constitucional está regulada en la Constitución de 1993, arts. 200 inc. 4), antepenúltima párrafo., 202 inc. 1), 203 Y 204. . Ley N° 26435 (10/01/95) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, arts. 2, 4, 20 a 40; 53 a 63, 3° Y 7°

Acción Popular Es la garantía constitucional que procede interponerla contra las normas de menor jerarquía, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, que contravengan la Constitución o las leyes por la forma o por el fondo (Gonst., arto 200 inc. 5; Ley N° 24968, arto 1), con la finalidad de hacer efectivo el control de la constitucionalidad y legalidad, por lo que en tal caso, la norma impugnada quedará sin efecto para el futuro (ir retroactivamente) y con alcances generales (Ley N° 24968, arts. 1, 2 Y 22). Esta garantía constitucional está regulada en la Constitución de 1993, arts. 200 inc. 5), antepenúltima. párrafo


5.-Organismos públicos contemplados en la constitución

Organismos públicos Derecho Administrativo

La Ley 6/1997, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, de 14 de abril, busca, entre otros objetivos, racionalizar la llamada Administración institucional, formada por una constelación de entes instrumentales diversos. Para ello, el legislador trató de reconducir las personificaciones jurídico-públicas a una categoría genérica, la de los organismos públicos, que agrupa en ella todas las Entidades de Derecho públicodependientes o vinculadas a la Administración General del Estado. Su creación ha de efectuarse mediante ley. Por lo que se


refiere a las Comunidades Autónomas, sus leyes de Administración y gobierno, prevén la existencia de organismos públicos equivalentes, aunque su denominación varíe.

La Ley citada concibe los organismos públicos, como Entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, como organizaciones instrumentales en relación con los fines y objetivos que tengan específicamente asignados por sus estatutos, para cuyo cumplimiento les corresponden las potestades administrativas precisas, salvo la expropiatoria. Tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o de gestión, tanto administrativa, como de fomento o de prestación, o la realización de actividades de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine. Además de tener personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, disponen de autonomía de gestión, en los términos previstos en la Ley.

Partiendo de este concepto general se distinguen dos modelos básicos: organismos autónomos, que realizan actividades fundamentalmente administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos y que se someten plenamente al Derecho Administrativo. Actúan en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de un Ministerio. El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para el personal de la Administración. Sus actos y resolucionesson susceptibles de ser recurridas en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El segundo modelo es el de las Entidades públicas empresariales, realizan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica. Aun cuando son regidos en general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento. El personal al servicio de las Entidades públicas empresariales se rige, con ciertas particularidades, por el Derecho Laboral. Contra los actos dictados en ejercicio de potestades administrativas por las Entidades públicas empresariales, caben los recursos administrativos previstos en la Ley 30/1992.

Los organismos públicos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que tienen por objeto realizar actividades de ejecución o gestión reservadas a la Administración. Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado , bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de


producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia ( art. 88 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ). •

1 Naturaleza de los organismos públicos

2 Clasificación de los organismos públicos

3 Normas comunes de los organismos públicos

4 Otras figuras en los organismos públicos

5 Ver también

6 Recursos adicionales

o

6.1 En doctrina

7 Legislación básica

8 Legislación citada

Organismos constitucionales autónomos Administración pública del Perú La Constitución política, para la salvaguardia del estado de derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos organismos autónomos, que no dependen de ninguno de los poderes del Estado:

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

Tribunal Constitucional (TC)

Ministerio Público (MP)

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Contraloría General de la República (CGR)

Defensoría del Pueblo (DEPU)

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS)


6 Organismos pĂşblicos no incluidos en la constituciĂłn

Tic ll  

TRABAJO DE INVESTIGACION

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