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LABORAL ELSIGLO 4 DE MARZO DE 2011
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Además de constituir un atentado contra el medioambiente de la zona, la explotación del yacimiento carbonífero, recién aprobado por el Servicio de Evaluación, infringe normas éticas básicas, dada la maraña de conflictos involucrados, incluyendo los intereses del primer mandatario. donde están enmarañados los intereses de los peces más gordos del país.
Analizando los intereses en juego Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda., esta última perteneciente al grupo de empresas Ultramar; el monopolio naviero de los hermanos Sven y Wolf von Appen. En el directorio de Minera Isla Riesco está Marcos Büchi, actual director de Codelco y hermano del ministro de Hacienda de la dictadura Hernán
Büchi Buc, quien privatizó COPEC. El propio presidente de la república es uno de los mayores accionistas individuales de empresas COPEC, tal como cualquiera puede comprobar en su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010. Piñera posee 785.609 acciones de la ex empresa estatal distribuidora de combustible, privatizada por Hernán Büchi, cantidad que a la fecha de publicado equivalía a 4.543 millones de pesos, al día de hoy unos 9,7 millones de dólares. Luego de la aprobación del proyecto Isla Riesco en Magallanes, las acciones de Piñera en COPEC subieron alrededor de 1,26%. El tema no es sólo un con-
flicto de interés pasivo. El propio Piñera respaldó públicamente el proyecto de la Minera Isla Riesco, el pasado 5 de noviembre, al incluirlo dentro del Plan Magallanes. En esas condiciones ¿se podrían oponer al proyecto, secretarios regionales ministeriales subrogantes?
ares de Piñera
Pero eso no es todo. A través de las sociedades de inversión Santa Cecilia y Bancard Inversiones, Piñera posee alrededor del 5% de Quiñenco, la sociedad matriz del grupo Luksic. Hasta el momento de ser designados por Piñera, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas COPEC, mientras que en el de Quiñenco se sentaba el actual ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine Talavera. Sobre la desamparada Isla Riesco confluyen los intereses más conspicuos del insaciable empresariado chileno. El hecho de que en virtud del fideicomiso tuerto los réditos de estas inversiones no se depositen mensualmente en la cuenta corriente de Piñera, no significa que se prive de ejercer influencias el los negocios de su interés, más aún cuando está blindado por el silencio del sistema mediático. Pero, hay más. Entre sus empresas relacionadas, ANTAR Chile, matriz de empresas COPEC, controla el 25% de Empresa Eléctrica Guacolda, la cual detenta el contrato exclusivo de abastecimiento de carbón para su central termoeléctrica de Huasco, por la Minera Isla Riesco. El otro 25% está en poder de COPEC, y el 50% restante es de AES Gener. Ex gerente general de AES Gener, hasta el momento de ser designado, era Sergio del Campo, actual subsecretario de Energía. El propio biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, fue ejecutivo de esa empresa a mediados de la década de los 90, mientras que su hija Daniela se desempeña como analista de control financiero de esa misma empresa.
¿Demasiadas casualidades o inevitables causalidades de un modelo económico? Javiera Stipicic, de la organización ambientalista Alerta Isla Riesco, afirma: “Me parece impresentable que un presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas. Estas personas no deberían participar por estar involucradas en cargos del gobierno y hacerlo me parece una vergüenza pública. Necesitamos que se esclarezcan estos intereses, porque cualquier ciudadano querrá saber si apoyar estos proyectos es para beneficiar al bien público o a algunos privados”. A su turno, el senador del Partido Socialista Pedro Muñoz, apuntó: “Acá hay, claramente, un conflicto de intereses. El gobierno de Sebastián Piñera aprobó esta industria, que pertenece y de la que es accionista el mismo Piñera”. Muñoz agrega que en el Plan Magallanes, eje de trabajo de la actual administración, figura el incentivo y el apoyo a la industria carbonífera en Isla Riesco: “Esta es una decisión de gobierno. Antes de cualquier estudio o investigación este proyecto ya contaba con el visto bueno del gobierno central, que es dirigido por uno de los accionistas de la empresa que presenta dicho proyecto. Si esto no es conflicto de interés, ¡qué es!”. Aunque a primera vista parezca una paradoja, los intereses que están detrás del proyecto carbonífero de Isla Riesco son tan poderosos, pero al mismo tiempo tan espurios e ilegítimos, que deben impulsar a redoblar la intensidad de la lucha.