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ENTREVISTA CON LA JUEZA MARIANA MOTA

“La obligación de investigar no se cumple” La Suprema Corte de Justicia trasladó a la jueza Mota de su cargo en la sede penal a la órbita civil, cuando aún debía resolver cerca de cincuenta casos de terrorismo de Estado y el expediente del avión de Air Class. La magistrada dijo a Brecha que sintió la campaña político-mediática en su contra, que el Poder Judicial no defiende su independencia ante el poder político y que su traslado viola la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman al obstaculizar las investigaciones de derechos humanos. Hoy, a las 10 de la mañana, cuando preste juramento para su traslado, se realizará una manifestación frente al Palacio Piria contra los ministros de la Suprema Corte. Walter Pernas —¿Cómo le comunicó la SCJ que sería trasladada a un juzgado civil? —Me llamaron por teléfono y me dijeron: “¡Felicitaciones! La Corte la designó para prestar funciones en un juzgado civil”. Me informaron el día y la hora del juramento ante la Suprema Corte para cumplir con el traslado. —¿Qué sintió en el momento de la comunicación? —Un sentimiento de impotencia... de sorpresa. Sentí también que después de todo lo que hice, tengo que empezar de nuevo. —¿En qué sentido dice esto último? —Hace siete años que estoy en la materia penal, estudié, me profesionalicé, hice cursos, me preocupé por especializarme en lo penal y en materia de derechos humanos vinculados con lo penal, algo que la SCJ no promueve. Y de buenas a primeras me pasan a civil, entonces tengo que empezar otra vez. —La SCJ entiende que los jueces deben pasar por todas las materias. —Ese es un concepto enciclopedista que no se debe mantener en ningún lugar del mundo, pero bueno... En la medida en que uno se especializa en algo, es mejor en lo que hace y puede tener un mejor rendimiento. Yo busqué ser cada vez mejor en lo que hago, pero ahora me tengo que ir. A los jueces nunca se nos pregunta qué es lo que nos gusta, en qué materia nos sentimos cómodos, si queremos ser trasladados a otra materia. Hace 21 años que soy jueza y esto pasa así... —Si habláramos en tercera persona, ¿por qué diría usted –a quien la quisiera escuchar– que la SCJ no debió trasladar a la jueza Mariana Mota? —Cuando un juez o jueza está con determinadas causas complicadas es importante que siga un hilo conductor hasta el final, salvo que esté haciendo las cosas muy mal, entonces ahí estaríamos hablando de una incompetencia, o de una inidoneidad, pero yo creo que no es mi caso... —¿Entonces? —Se debería explicar por qué sería recomendable, para otorgar un buen servicio de justicia, trasladar a un juez en estas circunstancias... Acá lo mejor sería tener jueces que se especializaran en lo que están haciendo y sigan por esa vía, para cumplir mejor con su trabajo. Y si algún día quieren salir de penal porque ya no soportan atender el teléfono día y noche, porque creen que ya no podrán ser eficientes, entonces sería bueno un traslado, con tiempo para que el magistrado comience a estudiar, a prepararse para el cambio de materia. Pero yo nunca pedí el cambio, porque me gusta mucho lo que hago y trato de hacerlo cada día mejor.


—La Corte alega que el cambio es por razones de “mejor servicio”. —Eso es una formalidad. —¿Le explicaron cuál era esa razón de mejor servicio? —No, nunca te explican. Y la verdad es que yo me quedé helada. No me salieron las palabras para pedir esa explicación... —¿Cuántas de las llamadas causas de derechos humanos tiene a su cargo? —Casi cincuenta. —Todas o casi todas paralizadas. —Sí. En realidad no está bien que yo diga “paralizadas”. Se han presentado recursos de inconstitucionalidad en casi todas las causas, lo que implica que se debe esperar a que la Suprema Corte resuelva el recurso para seguir las actuaciones en el juzgado. —¿Cuánto hace que se mantiene esta situación en esas decenas de causas? —El recurso más antiguo es el del general retirado Pedro Barneix (N de R: militar a punto de ser eventualmente procesado por el homicidio en 1974 de Aldo Perrini. La scj pudo haber rechazado de plano, en el momento, el recurso del indagado aplicando su propia jurisprudencia). Se presentó en junio del año pasado, y a partir de ese momento comenzaron a presentarse recursos y más recursos en las demás causas... —Hace ocho meses que el caso Barneix está paralizado, y hay otros en situación similar, porque la Corte no resuelve. Parece imperativo que lo haga... —Si la Corte resuelve, los expedientes vuelven al juzgado y se sigue trabajando. —En los últimos tiempos usted ha tenido entredichos con el Ministerio de Defensa. Uno, por la negativa –luego subsanada– a la orden de realizar una inspección ocular al centro de detención clandestina llamado “300 Carlos”. Y otro, porque Defensa se negó a seguir buscando los cuerpos de los dos pilotos muertos y los restos del avión de Air Class que se hundió en el Río de la Plata. ¿Cuál fue la resolución que dictó en los días previos al inicio de la feria judicial por el caso de la aeronave? —La resolución intimó al Ministerio de Defensa a cumplir con la orden de presentar a los peritos que entendían que ya no había que seguir buscando nada, y de reemprender la búsqueda como lo había dictado el juzgado, lo que en forma reiterada se había omitido. —¿La intimación fue bajo apercibimiento de que el titular pueda ser conducido por la fuerza pública en caso de negativa? —Sí, fue así, porque se estaba violando el mandato del Poder Judicial. Defensa alegaba que no había necesidad de seguir, que lo que ya se había encontrado era relevante para su investigación, y que la tarea de sacar del agua los restos del avión era de la aerolínea y no de ellos. Nadie reparaba en que hay dos muertos en todo esto, y que hay que hacer todo lo posible para llegar a saber qué pasó, por qué pasó... Para la sede había que volver a la búsqueda. Al final se presentaron y me dijeron que iban a volver a buscar, pero porque ellos querían... —¿Y el buzo Héctor Bado, el que encontró la primera caja negra? —Llegó y me dijo que podía hacer el trabajo en forma honoraria. Y yo ordené que las Fuerzas Armadas coordinaran el trabajo con él. —Hubo algunas investigaciones administrativas que la tuvieron como centro: una porque la vieron en el lugar donde se cumplía la marcha de familiares de detenidos desaparecidos; otra por unas declaraciones a Página 12 en las que usted señaló que a Uruguay le hacía falta una política de derechos humanos contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, y porque creía que el presidente José Mujica y el ministro Eleuterio Fernández Huidobro no podían ser objetivos con estos temas al haber sido víctimas de ese período represivo. En un editorial del semanario Búsqueda de marzo de 2011, el periodista Claudio Paolillo pidió que la echaran del Poder Judicial porque –según escribió– usted exigía a un militar indagado que se autoinculpara, a lo que siguió una conferencia conjunta del ex presidente Jorge Batlle y del ex


vicepresidente Gonzalo Aguirre pidiendo también que rodara su cabeza. ¿Qué pensó en esos momentos, cuando se vio en el ojo de la tormenta mediática? —Yo nunca dije que el militar Carlos Calcagno (procesado por la desaparición forzada en 1976 de dos militantes del PVP) se tenía que autoinculpar; apliqué jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Según esa mirada, que comparto, al igual que la entonces fiscal Mirtha Guianze, un ex agente del Estado tiene el deber de decir la verdad, de entregar la información respecto de las violaciones de derechos humanos. Calcagno tuvo su defensa, que en esta sede siempre fue respetada, y el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que dicté, pero eso no se publicó en los medios que me cuestionaron, ni se aclaró qué era exactamente lo que yo decía en el fallo. Entonces me di cuenta de cómo venía la intención y de que, cuando uno se mete en cosas fuertes como éstas, cada uno juega su juego. Aquello fue el inicio de una campaña muy dura en mi contra. —La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman ordenó al Estado que no se obstaculizaran las investigaciones en las causas de derechos humanos. A usted la acaban de trasladar a un juzgado civil cuando debía resolver en decenas de causas. ¿Cómo analiza esta decisión de la Suprema Corte a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana? —Quienes deban interpretar qué se está cumpliendo y qué no de la sentencia del caso Gelman lo van a decir mejor que yo. Pero creo que se están obstaculizando las investigaciones, y no es por quien venga en mi lugar (la jueza suplente de Montevideo, Beatriz Larrieu), que es una muy buena magistrada, sino porque necesariamente tiene que empezar desde el desconocimiento de las causas, y debe ordenar la cabeza y ver cómo estamos en casi cincuenta causas de no menos de 600 fojas cada una, más los legajos militares y los archivos de miles de fojas digitalizadas de los tribunales militares en cada caso. Tendrá que pasarse mucho tiempo leyendo no sólo los expedientes, sino jurisprudencia, doctrina, convenciones, convenios internacionales, asociar hechos o declaraciones de unas causas con las de otras, trazarse estrategias de investigación según las circunstancias de cada caso. —¿Qué le diría hoy usted a quienes están esperando una respuesta del Poder Judicial respecto de sus familiares desaparecidos? —Que el Poder Judicial no puede darles la respuesta que piden desde hace muchos años. Que yo... perdón... (Su voz se quiebra, le brotan lágrimas.) Que yo no pude darles todas las respuestas que pedían... La gente llega pidiendo esa cosa gigante que es la justicia, y el Poder Judicial tiene el deber de investigar y de hacer todo lo posible para tratar de colmar esa expectativa... y yo siento que el Poder Judicial no lo está haciendo... Yo sé que hice todo lo que pude, pero no llegué a cumplir con todo lo que era necesario... —Los represores más viejos y conocidos hoy están presos: Gregorio Álvarez, Gavazzo, Silveira... Pero cuando la justicia comienza a arrimarse a militares que aún hoy ocupan lugares de poder parece que todo se frena. ¿Cómo lo analiza usted? —Eso se lee de una sola manera: independencia del Poder Judicial. La independencia que deben respetar los otros poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que no pasa sólo por decir “no quiero meterme con la independencia del Poder Judicial”. —¿Se está haciendo valer o no la independencia del Poder Judicial? —Yo creo que no. —¿Por qué? —Lo digo, desgraciadamente, en el caso del avión o en el expediente del “300 Carlos”, las contestaciones del Ministerio de Defensa que yo recibí como representante del Poder Judicial fueron públicas, se conocieron. Ahí correspondía que el Poder Judicial saliera a defender su independencia, y señalara con claridad que se debía cumplir con la orden que había impartido una jueza, pero yo no sentí nada de eso. —Cuando se la cuestionó por el caso de la marcha o por sus declaraciones en Página 12 sí se escuchó la voz de algún ministro de la Suprema Corte, por ejemplo la de Jorge Chediak, que hizo declaraciones en su contra. —Sí, habló decididamente en mi contra. Mujica le reclamó a la Corte que hiciera algo con esta jueza por aquellas declaraciones. Se tergiversó lo que dije. Sin embargo, hoy sigo pensando


que no hay una intención del Estado real en el sentido de adoptar políticas públicas para garantizar, proteger y desarrollar los derechos humanos, todos los derechos humanos y no sólo los relacionados con la dictadura. Y que Mujica y Huidobro en tanto víctimas de la represión no pueden mirar esos temas con objetividad, lo que es algo lógico. —A usted se la ha acusado de no tener una mirada imparcial en los casos de terrorismo de Estado. ¿Qué puede señalar en su defensa? —No he hecho lugar a pedidos de procesamientos porque creí que no había suficientes elementos, y he retrasado otros porque la defensa me solicitó que tomara algunas otras declaraciones antes de decidir. Para esos casos el fallo aún se encuentra en suspenso. Se puede ver en los expedientes cómo los abogados de los indagados podían participar de las audiencias con todas las garantías. A pesar de que este sistema del proceso penal es una farsa, porque yo, como jueza, debería estar sólo para decidir, luego de escuchar y ver las pruebas de la Fiscalía y la defensa, pero hace años que se habla de modificar el Código del Procedimiento Penal y no se hace. —La SCJ aún no ha señalado que lo que se investiga en estos casi cincuenta casos y en otros similares son crímenes de lesa humanidad, y por tanto son imprescriptibles, inamnistiables. ¿Qué opina usted? —Que es una decisión que se ha ido evitando y desconozco por qué. Después de una excelente sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, sólo rescato el voto discorde del ex ministro Leslie van Rompaey, el único que dijo que se puede aplicar la figura de desaparición forzada en estos casos. Eso ubica a Uruguay muy atrás en la jurisprudencia latinoamericana de derechos humanos: argentinos, bolivianos, paraguayos, entre tantos, desde hace muchos años se han acompasado a la evolución internacional, pero no Uruguay. —¿Usted va a recurrir el traslado? —Sí. —Si tuviera la oportunidad de alegar frente a todos los ministros de la Corte en una audiencia pública, ¿qué les diría? —Que tengo a mi cargo muchas causas de importancia, que creo no haber cometido errores, que no pedí traslado, que me parece que por el mejor servicio de justicia debería continuarlas porque tengo conocimiento de los expedientes, y porque tengo mucho más para dar, puedo seguir, sí, puedo seguir... —En caso de que el recurso no prosperara, ¿acudiría a algún tribunal internacional? —Podría manejarlo. Pienso en lo que este traslado significa para el control de cumplimiento de la sentencia del caso Gelman en cuanto a la orden de no obstaculizar las causas. La obligación de investigar no se cumple. Hay archivos militares que permanecen ocultos... —¿Cómo lo sabe? —Algunos militares lo han dicho en este juzgado. Los archivos existen, pero no dicen dónde están. Algunos declaran que hace veinte años estaban en tal lugar o en otro, para que no los encontremos. En el corredor algunos han alardeado con que esos archivos ocultos son su salvoconducto. —Sabe que se está organizando una manifestación frente a la SCJ para protestar contra su traslado a la misma hora que usted esté jurando allí, en el Palacio Piria. ¿Qué espera de ese momento? —Me va a emocionar mucho, y me va a quedar la sensación de que, si me dejaban, podía haber trabajado mucho más.


“La obligación de investigar no se cumple”