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POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTRAMADO SOCIAL Y COMERCIO INFORMAL: ESTUDIO COMPARATIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ Y MEDELLÍN. CASO SAN VICTORINO - EL HUECO Sonia Marcela Galeano Rojas Socióloga. Universidad Nacional de Colombia. Estudiante Maestría en Estudios Urbano-Regionales smgaleanor@unal.edu.co Arley Bernardo Beltrán Camacho Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. abbeltranc@unal.edu.co

INTRODUCCIÓN El análisis de las nuevas realidades urbanas pone en evidencia la necesidad de conciliar la formulación e implementación de políticas públicas con la forma en que se organizan e interactúan cotidianamente los actores sociales en su medio. Esta relación, en el contexto actual de las ciudades colombianas, no es aún directa cuando se hace referencia al comercio informal y su localización en el espacio público; si bien se han encontrado algunos avances en cuanto a nuevos enfoques de tales políticas, dirigidos al reconocimiento de necesidades sociales, la configuración del entramado social y su dinámica, enmarcada en el funcionamiento de normas sociales, no resulta relevante dentro de un marco operativo, generando incertidumbre en torno a los efectos de dichas políticas. Esta ponencia presenta los resultados de una investigación realizada en Bogotá y Medellín, en la cual se examina por un lado las políticas públicas, desarrolladas en estas dos ciudades durante la última década, que están relacionadas con el comercio informal, la regulación y el control del espacio público y, por otro lado, la configuración de un entramado social a partir de la cotidianidad de actores sociales inmersos en dinámicas de carácter informal en los espacios de San Victorino y El Hueco. A partir de éste análisis, se hace necesario establecer hasta qué punto en estas ciudades se han reconocido o desconocido las dinámicas sociales en el planteamiento de leyes y políticas públicas frente al comercio informal, mostrando la necesidad de conciliar éstas con el capital social entendido como un elemento que garantiza su eficacia y eficiencia. Respecto al tema, existen debates teóricos encaminados a establecer la relación entre políticas públicas y normas sociales, los cuales han llegado a comprender de una u otra forma la manera en que estos dos factores se influencian entre sí. El tema del orden social resulta relevante aquí en la medida que éste es el propósito que pretenden alcanzar las políticas públicas y las leyes, siendo estas emitidas desde el Estado; sin embargo, en esta búsqueda intervienen otros sujetos y agentes sociales mediante la generación –consciente o inconsciente- de normas que proporcionan


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cierta organización en ámbitos sociales y espaciales; de allí la necesidad de caracterizar el entramado social propio del comercio informal. Teniendo en cuenta el enfoque sociológico del presente estudio, la generación de una nueva lectura del concepto de informalidad nos lleva a desligarlo del enfoque económico, para revisar sus manifestaciones particulares en el contexto del comercio informal y en la generación de normas sociales en el espacio público. Con este fin, nos remitimos a dos casos particulares, las ciudades de Bogotá y Medellín, las cuales por su grado de importancia en el sistema urbano – regional colombiano, se convierten en núcleos de este tipo de comercio y sus políticas públicas en modelos de intervención frente al fenómeno de la informalidad a nivel nacional. Para el caso de Bogotá, el proceso de intervención del espacio público se ha centrado en temas como el desarrollo de infraestructura y de proyectos de alto impacto, el fortalecimiento de la cultura ciudadana, la revitalización de la economía y la recuperación de zonas de ocupación ilegal. Así mismo con relación a este espacio, el tema de la informalidad ha ido tomando relevancia en los últimos años, al llevarse a cabo un reconocimiento de nuevos actores que más allá de necesidades individuales, representan acciones colectivas, lo cual significa un gran avance de las políticas al identificar el carácter social de la actividad informal. De esta forma se entiende la informalidad como una alternativa precaria al problema del desempleo, a los bajos ingresos que representa el sector formal y a las barreras de entrada al mercado comercial, reconociéndola así como una problemática que permite la subsistencia y la inserción de ciertos sectores sociales. En Medellín, actualmente se desarrollan grandes proyectos urbanísticos encaminados a la renovación estética, social y cultural de la ciudad, los cuales buscan nuevas formas de inclusión de población vulnerable a las dinámicas propias de una ciudad en crecimiento. Las políticas públicas enfocadas en el comercio informal plantean un reconocimiento de los actores a través de su cuantificación y de la cualificación de sus condiciones de vida, dando paso a diagnósticos y censos poblacionales, que determinan la ubicación de vendedores en zonas denominadas “reguladas” y “transparentes”. Como resultado, se identifican procesos de concertación sobre las formas de regulación y control del espacio público y procesos de formación de líderes y organizaciones sociales relacionadas con el comercio informal. De esta manera, se observa en los dos casos un reconocimiento del carácter social del fenómeno de la informalidad, abriendo la posibilidad de generar políticas públicas con este mismo enfoque. Sin embargo, este reconocimiento está basado en la formulación de soluciones a necesidades sociales inmediatas y encuentra limitantes al intentar plantear una influencia más activa de las normas sociales en la formulación de políticas públicas, ya sea por desconocimiento de las dinámicas propias del entramado social o por considerarlas irrelevantes en la implementación de las políticas, sin tener en cuenta el carácter complejo de la interacción social. Es así como la redefinición del concepto de informalidad y el análisis de la interacción social en el contexto del comercio informal, presentan alternativas para la generación de políticas públicas en estas ciudades con respecto a la forma de afrontar el fenómeno, entendido ya no como un residuo de las economías formales característico de las economías de mercado, sino como un espacio de construcción de la vida social. En este sentido, el análisis de la configuración del entramado social propio del


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comercio informal proporciona respuestas y alternativas para el desarrollo de políticas públicas, dando lugar a estrategias de fortalecimiento de las economías locales. Esta ponencia plantea en su primera parte un marco teórico de referencia en la que se presenta una relación entre dos componentes generadores de orden social, las políticas públicas y las normas sociales. En la segunda parte, se hará una descripción de las políticas de espacio público formuladas en las ciudades de Bogotá y Medellín durante la última década, en especial aquellas enfocadas en el comercio informal, para examinar el proceso de consolidación del concepto de espacio público y la integración de la dimensión social en éste. En la tercera parte, se examina el proceso ocupación y apropiación socioespacial que realizan diversos agentes en el espacio público, con el fin de caracterizar un entramado social propio del comercio informal. En la cuarta parte se examinan los casos San Victorino y El Hueco, para realizar una revisión comparativa de la intervención pública reciente en centros comerciales urbanos con tradición informal. Finalmente, a modo de conclusión, se presenta el entramado, las normas y el capital social como elementos determinantes en la construcción de políticas para la intervención del espacio público en estas ciudades.

1. LA CONSTRUCCIÓN DE ORDEN SOCIAL: UNA RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE LEYES Y NORMAS SOCIALES Muchas han sido las posturas teóricas en torno al tema del orden social, si tenemos en cuenta que su fundamento parte incluso desde la dicotomía individuo – sociedad; este ha sido un punto crucial para las ciencias sociales, económicas y políticas generando un debate en el que intervienen elementos de tipo normativo, jurídico y económico como determinantes de la acción humana. Cada una de estas ciencias ha formulado diversas explicaciones que acuden a principios como el de racionalidad, sociabilidad y legalidad y sus contrarios, dando paso a la posibilidad de generar relaciones entre elementos puntuales como las normas sociales y las leyes. Son precisamente estas relaciones el eje del análisis teórico siguiente, en el cual los elementos centrales son las normas sociales como parte constitutiva del entramado social, las leyes como referencia categórica de las políticas públicas y la economía informal como el contexto particular en el cual este trabajo se desarrolla; todos estos elementos relacionados entre sí por la existencia casi imperativa de la regulación, que pretende proveer aquel orden social. Así, cada uno de estos elementos funciona como mecanismo regulador del sistema en el cual se encuentra inmerso, es decir, las normas sociales en su interacción con otros elementos como las creencias, los valores, los desarrollos cognitivos, entre otros, son parte fundamental del sistema social. Del mismo modo, podemos considerar las leyes y en particular las políticas públicas como instrumentos de regulación del sistema político y la economía informal como parte reguladora del sistema económico. Por su relevancia para los propósitos de este trabajo, el debate en torno a la relación entre las normas sociales y las leyes es el punto inicial. Autores como Richard H. Pildes (1996), Cass Sunstein (1996) y Robert Ellickson (1998), han reflexionado en torno al tema planteando diversos tipos de relación entre las normas sociales y las leyes. Este debate, sin embargo, está precedido por reflexiones anteriores acerca del papel del Estado en la sociedad moderna; por un lado, el Estado es considerado el principal guardián del orden después que el control social de las sociedades


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premodernas fue incapaz de regular el comportamiento humano en sociedades más amplias y diversificadas. Por otro lado, el Estado es visto simplemente como garante de los derechos de propiedad, es decir, como un actor pasivo que se encuentra bajo el dominio de normas sociales surgidas de una apropiada descentralización del poder. Esta doble visión acerca del papel del Estado se reproduce a su vez en la discusión en torno al papel de las leyes, un papel que puede ser activo o pasivo según la argumentación de cada autor. Robert Ellickson, autor del texto “Order without law: How Neighbors Settle Disputes”, argumenta que “las normas sociales y las leyes son dominios paralelos, altamente segregados e irrelevantes uno del otro” (Pildes, 1996: 2056). Así, el mantenimiento del orden social está dado por unos agentes sociales, por unas sanciones y unas reglas que se relacionan en mayor medida con las normas sociales más que con leyes. Estas últimas, tan solo constituyen uno de los cinco subsistemas del control social, por lo cual actúan en los mismos términos que la ética personal, los contratos a “dos partes”, el control informal y el control organizacional. Desde el punto de vista contrario, Cass Sunstein argumenta que las leyes conducen e influencian las normas sociales y, va más allá, al enfatizar en la ley estatal como una forma de producir y reformar normas sociales. Así, sigue considerando estos dos elementos como sistemas paralelos, sin embargo, pone en evidencia una relación entre estos que tiene como objetivo principal de cada uno hacer unas leyes más efectivas. El énfasis entonces está en que las normas y las leyes trabajen independiente, pero productivamente, con el propósito general de alcanzar la máxima eficiencia posible de las leyes y políticas públicas; a esto se debe el mantenimiento del orden social, en contraste con la propuesta de R. Ellickson en la cual priman las normas y su relación con las reglas, los vínculos sociales, los valores, las creencias, las construcciones psicológicas, entre otros. Richard Pildes está de acuerdo con parte de la propuesta de Sunstein, en la medida en que plantea una relación entre las normas sociales y las leyes. Sin embargo, su estudio profundiza en la interdependencia existente entre estos dos elementos; afirma que “aun en el Estado administrativo moderno, las normas continúan siendo la forma central de creación y sustento de la interacción económica, social y política” (Pildes, 1996: 2060) Su estudio, centrado en la interdependencia entre normas sociales y leyes, pretende mostrar una relación que no tiene el carácter positivista que Sunstein otorga a la función de las leyes. Para Pildes el trabajo que realizan las leyes puede no ser productivo, afectando las normas sociales sobre las que tienen influencia, hasta el punto de alcanzar la destrucción del capital social Este, entendido como “un conjunto de valores o normas informales compartidas entre los miembros de un grupo que permite la cooperación entre los mismos” (Fukuyama, 1999: 36), se convierte en un punto central en el debate en torno al orden social, al permitir la configuración de redes sociales construidas en torno a intereses comunes. El capital social, como lo afirma Fukuyama, se considera un elemento fundamental en la creación de una sociedad civil saludable, ya que permite la constitución de grupos y asociaciones que se ubican en una posición intermedia entre la familia y el Estado, al fortalecer vínculos de tipo cooperativo que van más allá de los lazos afectivos propios de una estructura familiar, pero no logran ser sustituidos por leyes y regulaciones impartidas por un sistema legal formal, como la honestidad, las relaciones de confianza y las prácticas de reciprocidad.


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El capital social, entonces, influye directamente en el desarrollo de la acción colectiva, sea esta de carácter trivial o complejo, llegando a tener un impacto no solo en la esfera social sino también, política y económica, si tenemos en cuenta que logra impactar incluso sobre el desarrollo económico local, la provisión de bienes públicos locales y el rendimiento de agencias públicas, como se afirma en el World Bank Development Report 1997 (Fedderke, 1999: 709). Así, el entramado social considerado aquí como el conjunto de relaciones sociales basadas en normas, prácticas de reconocimiento, cooperación y reciprocidad, se constituye como una parte fundamental de la organización social, así como la formulación de leyes y políticas públicas, al determinar de manera directa la acción colectiva; lo anterior, en contraposición a la idea de las normas sociales como elementos predominantes del orden social. De acuerdo con lo anterior, Pildes afirma que las leyes formales así como las normas no son independientes e irrelevantes entre sí, sino que su relación es determinada por la influencia recíproca. Sin embargo, en su explicación en torno a esta relación sigue siendo predominante el papel estructurante de las leyes formales sobre las normas, idea en torno a la cual desarrolla el argumento mencionado anteriormente, de las leyes como destructoras del capital social. El buen funcionamiento del sistema político y económico se torna incierto cuando el capital social es destruido por el Estado, al no reconocer y tener en cuenta la relevancia de su función. Así, este autor propone tres caminos por los cuales las leyes y políticas pueden destruir el capital social (Pildes, 1996: 2067-2076); el primero, está relacionado con el desconocimiento del contexto y el proceso por el cual unas prácticas recurrentes logran establecer normas sociales, es decir, el desconocimiento de las condiciones necesarias para su existencia. El Segundo, a través de “ataques directos sobre las normas de reciprocidad”, a través de la “racionalización” de aquello que la gente necesita o ha construido, es decir, el capital social. El tercero, está relacionado con la forma desigual en el que se conciben las normas sociales y las leyes en cuanto a su complejidad como mecanismos de control social ya que, según Pildes, el “no poder reconocer la dinámica y características estructurales de las normas sociales como un sistema de control social puede conducir a las políticas a quebrantar este sistema normativo”. De esta manera, la comprensión de la forma en que las leyes atentan contra las normas sociales, para el caso particular, la forma en que las políticas públicas anulan o restan importancia a vínculos sociales, producto de la interacción cotidiana, ha comenzado a ser esencial en la investigación social, no solo en términos académicos sino a la vez prácticos. Así, si el entramado social no es tenido en cuenta en su complejidad, se corre el riesgo de obtener resultados imprevistos y por tanto no controlados, restando eficiencia y eficacia a dichas acciones políticas. Pildes contribuye en la construcción de esta perspectiva al plantear el carácter autodestructivo de las leyes cuando estas quebrantan normas sociales, en su búsqueda por hacerse más efectivas. Sin embargo, el camino en el cual la destrucción de las normas, como mecanismos de un control que podríamos llamar informal, resta eficiencia a dichas políticas no es explícito en su argumentación. Respecto a esto último, Fukuyama muestra cómo las normas sociales –informalespueden llegar a reducir los costos de transacción de los acuerdos formales, es decir, los costos que implican monitorear, contratar, adjudicar e implementar tales acuerdos,


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a través de la facilitación de procesos tales como la adaptación de grupos y la innovación. Así, podemos afirmar que la destrucción de las normas sociales a través de mecanismos formales tiene ese mismo efecto destructivo sobre sí mismos, por lo cual el análisis sobre la interdependencia entre las normas y las leyes, debe estar centrado también en el efecto de las normas sociales, como alternativas de control social, sobre las leyes y las políticas publicas; en primer lugar, es necesario retornar al punto en el cual las normas se encuentran en el mismo nivel de las leyes en cuanto a mecanismos de mantenimiento del orden, con el fin de establecer hasta qué punto las normas sociales que constituyen un entramado social tienen efectos, es decir, influyen y hasta garantizan el orden perseguido por las leyes. Así, podemos referirnos al efecto “auto-destructor” de las leyes, mencionado por Pildes. Si bien este análisis, enuncia una mirada dialéctica del problema, aun no es claro el papel y el efecto de las normas sociales frente a las políticas públicas. Para alcanzar una explicación integral de la interdependencia entre las normas y la leyes, podemos ubicar esta relación en el contexto de la economía informal, en un estudio realizado por Saskia Sassen en el cual se propone develar la relación entre economía y regulación, con el fin de dar una mirada al papel de lo que puede entenderse como “informal” frente a lo “formal”. La autora presenta la economía informal como aquellas “actividades generadoras de ingresos que tienen lugar fuera del marco regulatorio del Estado”, pero tienen analogías con este; es decir, su interpretación está sujeta a la definición de la economía informal en contraposición a la economía formal. Sin embargo, a lo largo de su estudio Sassen muestra como una estructura formalizada puede llegar a cumplir sus propósitos a través de la existencia de una estructura informal, es decir, reconoce las “contribuciones” generadas por una economía informal al sistema en general y a la economía formal en particular. Esta relación dada en vínculos sistémicos entre la economía informal y lo que Sassen denomina “condiciones estructurales del capitalismo avanzado”, hace posible una mirada compleja de un fenómeno que, usualmente, es visto como anormal, pero en la realidad resulta siendo una parte constitutiva del sistema en el que se desarrolla. Así, un análisis de las normas como mecanismos de control informal, en contraposición a las leyes como mecanismos de control formal, en el sistema social resulta imprescindible, ya que las normas existentes en un entramado social al igual que las leyes pueden proporcionar ciertos bienes públicos a una comunidad, que no son del todo cubiertos por el Estado o el sistema político. Lo anterior, está relacionado con la afirmación de Sassen acerca de la inexistencia de una medida de la informalidad debido a que “los límites de la regulación del Estado son los que determinan su informalización”. Así mismo, los límites que tiene el Estado en cuanto a control social, son cubiertos en gran parte por las normas sociales y viceversa. Esta relación recíproca entre normas y leyes, entonces, debe ser descrita en términos de las dinámicas que hacen posible la existencia de mecanismos de control informal a pesar de las regulaciones formales en torno al control social. Además, su análisis debe centrarse en la forma en que estos dos mecanismos de control social se afectan mutuamente de manera tanto positiva, como negativa, con el fin de captar la complejidad del fenómeno. Por último su puesta en marcha en un contexto real a partir de la planeación debe, como fue dicho en la introducción, conciliar la aplicación de leyes con la existencia de normas sociales o por lo menos evitar que su interacción sea auto-destructiva con el fin alcanzar los resultados propuestos, garantizar la eficiencia y eficacia de las políticas publicas y, además, preservar el entramado social,


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sus características y dinámicas, como fundamento de la sociedad en tanto garante del orden social.

2. EL CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS: UNA TRANSICIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FÍSICOFUNCIONAL HACIA UN ENFOQUE SOCIOESPACIAL. La noción de espacio público y su forma de vinculación en las políticas públicas se ha transformado durante la última década en las ciudades colombianas, dejando de ser un espacio residual y convirtiéndose en eje estructurante tanto de la construcción de la ciudad como del ejercicio de la ciudadanía. Dicha transición está relacionada con la formulación de la Ley 388 de 1997, la cual influyó de manera directa en la formulación de los Planes de Desarrollo y en la forma de dirigir la ciudad, introduciendo en la planificación urbana más allá de disposiciones y discursos políticos, instrumentos de intervención, administración y gestión urbana. Como parte de la trayectoria histórica de la noción de espacio público, la referencia al espacio privado sugiere la base de un planteamiento cada vez más complejo; en principio, los espacios privados se asocian a lugares íntimos, no visibles y construidos individualmente, el espacio público por tanto es residual, aquello que es externo a espacios privados, por consiguiente, con menor carga valorativa. A esta concepción responde la ciudad colombiana antes de los años noventa, razón por la cual sus dirigentes y políticos atendían principalmente los requerimientos físicos que implica la propiedad como eje central de las actuaciones urbanísticas, entre ellas la dotación de servicios públicos domiciliarios, la construcción y mejoramiento de infraestructura vial y la generación de proyectos de vivienda. El surgimiento de una nueva concepción de espacio público y su consolidación durante los años noventa, se relaciona con la emergencia de nuevas formas de concebir el territorio, en las cuales los intereses generales prevalecen sobre los particulares y la propiedad deja de cumplir funciones netamente privadas y pasa a ser comprendida a través de su función social. De esta forma, el espacio público se consagra en el marco de la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991 como derecho constitucional colectivo, siendo deber del Estado “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular”, tal como se especifica en el Artículo 82. A su vez, la Ley 388 de 1997 y su fundamento en la Ley de Reforma Urbana, hace énfasis en el espacio público como derecho colectivo, de forma tal que la regulación y mantenimiento de éste adquiere gran importancia en la ordenación del territorio. Así, la noción de espacio público ha logrado consolidarse en el marco de la política pública, dejando de ser aquel espacio residual mencionado al comienzo de su trayectoria histórica y convirtiéndose en un eje estructurante de la ciudad, al cual le apuestan las Alcaldías Municipales a través de los Planes de Desarrollo y el Gobierno Nacional. Como eje estructurante de ciudad, la mirada del espacio público se amplía y su campo de acción se relaciona con otras esferas urbanas. Así, un recorrido por los planteamientos de los Planes de Desarrollo formulados para Bogotá y Medellín en los últimos cinco periodos de Alcaldía, muestran como poco a poco se han venido incorporando nuevas formas de comprender e intervenir el espacio público a través de


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la identificación de relaciones con la movilidad, el empleo, la recreación, la educación y la cultura ciudadana. De este modo se reconoce su carácter colectivo, ya no exclusivamente desde el enfoque de la función social de la propiedad, sino desde su reconocimiento como una esfera en la cual los habitantes urbanos practican el derecho a la ciudad. 2.1 Revisión histórica del concepto de espacio público en Bogotá y Medellín El espacio público emerge como concepto central en el planteamiento de los Planes de Desarrollo de de las ciudades colombianas en la década de los años noventa; para el caso de Bogotá y Medellín se tomará como herramienta de información los planes propuestos por las últimas cuatro administraciones, abarcando el periodo comprendido entre 1995 y 2007. Esta revisión hace énfasis en el enfoque general que cada Plan tiene sobre el espacio público y, en particular, sobre la ocupación de éste por parte del comercio informal, con el fin de examinar las estrategias, los proyectos y programas formulados para su intervención. Periodo 1995 – 1998 En el caso de Medellín, el espacio público se considera parte del ordenamiento físico de la ciudad, reconociendo como parte de la problemática urbana tres situaciones que afectan dicho espacio: su posibilidad de agotamiento, el deterioro en ciertas zonas de la ciudad y su ocupación por parte de ventas callejeras. En el primer caso, se reconoce la escasez de espacios públicos en áreas tanto centrales como periféricas, por lo cual se propone el incremento en el índice de espacio público y se introduce la utilización del subsuelo y el aire como alternativa para evitar el agotamiento. En el segundo caso, el Plan de Intervención del Centro presenta la necesidad de recuperar el espacio público para el ciudadano, por lo cual plantea el reordenamiento de éste a través de un proceso de planificación continua, especialmente en áreas deprimidas del sector. En el tercer caso, se propone dar un manejo integral a la ocupación del espacio público por parte de ventas callejeras, por medio de su reorganización espacial, del control a la proliferación de venteros, de la constitución de organizaciones asociativas y la vinculación de venteros en edad de trabajar a programas de reubicación laboral desarrollados por la Administración a través de capacitaciones. En Bogotá se implementa el Plan de Desarrollo “Formar ciudad” el cual toma como eje central la cultura ciudadana; el espacio público surge como prioridad en el marco de la acción distrital, en él se identifican tres componentes, los físicos correspondientes a la forma, los funcionales que tienen en cuenta el uso, manejo y mantenimiento y los estructurales bajo los cuales se establece la relación con los otros sistemas de la ciudad. En esta administración el espacio público se convierte en escenario para la formación de ciudadanía, la ciudad y en especial los espacios públicos se plantean con relación a la formación de sus habitantes, de sus ciudadanos en un intento por establecer normas y autorregulaciones que garanticen lazos de identidad y sentido de pertenencia con la ciudad y que favorezcan el buen comportamiento ciudadano. Es así como el proyecto de ciudad que concibe cada una de las administraciones establece el camino para alcanzar las metas; siendo para Medellín el ordenamiento físico uno de los propósitos generales, el principal agente en la transformación urbana resulta ser la Administración Municipal. En el caso de Bogotá, el eje cultura ciudadana plantea y permite la articulación entre la acción de la Administración Distrital y la ciudadanía en general. Así mismo, las actuaciones frente al espacio público resultan


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distintas; por un lado si el objetivo se orienta principalmente en la organización físicoespacial, las estrategias estarán encaminadas a la recuperación, renovación y a la construcción de nuevos espacios, objetivos en los cuales la actuación estatal predomina. Si como prioridad se establece la formación ciudadana, la interacción entre actores y agentes sociales fomenta la participación activa de los ciudadanos, posibilitando y potenciando cambios en sus comportamientos típicos en el espacio público. Periodo 1998 – 2001 En el Plan de Desarrollo de Medellín “Por una ciudad más humana” el espacio público es considerado factor educador, por tanto es preponderante como elemento integrador del desarrollo urbano. De esta forma, se entiende como referente fundamental en la construcción de ciudadanía, adquiriendo un carácter funcional en términos de la formación de ciudadanos, objetivo al cual responde la intervención urbanística de los espacios públicos. Así, se reconocen estos espacios como ámbitos educadores y su creación y conservación como una forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de fortalecer la democracia. Desde este punto de vista, fenómenos como las ventas callejeras en el espacio público representan una problemática urbana que afecta principalmente el centro de la ciudad convirtiéndolo en un lugar inhabitable, deteriorado y subutilizado, por lo cual la reubicación de las ventas callejeras, enmarcada en acciones urbanísticas, adquiere una mayor urgencia. En el caso de Bogotá, el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que queremos” entiende el espacio público como el espacio donde se comparte socialmente la ciudad, por lo cual surge como necesidad su recuperación como parte del proceso de resocialización del hombre con su entorno y sus conciudadanos, es decir, de la revitalización de la vida en común. En este sentido, los proyectos y estrategias se centran en la recuperación, mantenimiento y ampliación del espacio público, teniendo como eje principal la infraestructura física de la ciudad; sin embargo, se reconoce el carácter social de problemáticas como la ocupación de andenes por parte de vendedores informales, para quienes se plantea la opción de la formalización. Es en este periodo en el cual se propone crear una entidad encargada exclusivamente de la defensa y el control del espacio público, además de la creación de mecanismos para su regulación. Si bien en esta época en las dos ciudades se reconoce la importancia del espacio público en la formación de ciudadanos y como elemento dinamizador de la vida en común, existe todavía un marcado énfasis en las intervenciones de orden urbanístico, tales como la adecuación y mantenimiento de andenes, parques, plazas, etc. De la misma forma, la recuperación de espacios públicos, sobre todo en el centro de la ciudad, se constituye en una acción prioritaria, que responde a la lectura de la informalidad como un fenómeno negativo por el cual las personas tienden a privatizar espacios públicos y a deteriorar zonas de la ciudad; por tanto, a través de acciones como el mejoramiento de infraestructura física y el control permanente del espacio público, se pretende recuperar el espacio para el disfrute ciudadano. Periodo 2001 - 2004 En el marco del Plan de Desarrollo “Medellín competitiva”, el espacio público se reconoce como la razón de ser de la ciudad, como el escenario de experiencias, intercambios, integración colectiva y lugar de expresión de las manifestaciones


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sociales; es el eje estructurante de la ciudad, por tanto constituye una de las tres líneas base del plan. De tal modo, la intervención urbanística de este sistema debe garantizar la libre circulación, la disponibilidad de acceso a los equipamientos colectivos, el disfrute de un ambiente sano y la valoración del patrimonio cultural de de la ciudad. En este contexto se propone como eje de intervención la recuperación del espacio público, identificando los instrumentos legales para esto; además, se enuncian tres estrategias básicas para su recuperación como son: la alta negociación política con los actores que actualmente intervienen en el tema de las ventas informales; la alta gobernabilidad mediante la cual el manejo del espacio público debe convertirse en una gran escuela de gobierno y la alta responsabilidad donde se plantea la corresponsabilidad de los actores involucrados con el objetivo de plantear soluciones concretas y productivas, entre ellas la generación de empleo para evitar la ocupación del espacio público. Entre los subprogramas establecidos para esto, se identifican procedimientos concretos entre los cuales se encuentran los Bazares móviles que buscan establecer un mercado rotativo en distintos barrios, las microconcesiones del espacio público dirigido a comerciantes formales que se comprometen a ejercer labores de vigilancia y cuidado del espacio recuperado, las Microconcesiones de microsectores dirigido a vendedores a los cuales se les ofrece ubicaciones temporales de corta duración en espacios de alto tráfico peatonal como plazas, parques, etc. y una campaña de sensibilización para que las personas que ocupan cualquier tipo de amoblamiento en el espacio público debidamente autorizado, adquieran el compromiso de coadyuvar en la tarea de las autoridades de vigilar que éste no sea ocupado por personas que carezcan de permiso. En Bogotá se adopta el Plan de Desarrollo “Bogota para VIVIR todos del mismo lado”, que si bien no presenta una línea específica sobre espacio público, lo incluye en el eje de cultura ciudadana. Esta relación y el reconocimiento de factores como la multiculturalidad y la pluralidad, amplía la visión del espacio público, en tanto se reconoce como el espacio para el encuentro ciudadano, en el cual se fortalecen vínculos de solidaridad, pertenencia, respeto e identidad. Con este enfoque, los pactos sociales resultan una herramienta primordial en la construcción de lo público, de la cultura, de las normas sociales, de la autorregulación y por tanto de la autonomía de los ciudadanos; a su vez, elementos como el abordaje de conflictos y la sanción social constituyen y dinamizan la vida social. En cuanto al tema del comercio informal, su formalización sigue siendo la línea estructural del cambio y la transformación; sin embargo, mediante la consolidación y el fortalecimiento de asociaciones se promueve la participación de grupos sociales en la generación de políticas públicas. De esta forma en las dos ciudades el espacio público se entiende desde una visión integral, en la cual tanto las estructuras físicas como las expresiones culturales conforman manifestaciones de la vida colectiva. Desde este punto de vista, entonces, comienzan a generarse políticas de tratamiento e intervención diferentes o alternativas a las que se presentaban años atrás, reconociendo la existencia de actores sociales que estructuran el espacio público de forma paralela a la acción estatal. De acuerdo con lo anterior, surgen estrategias de negociación, participación y responsabilidad conjunta, a través de las cuales se pretende organizar y controlar los espacios públicos urbanos.


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Si bien existe una similitud en la construcción y el fundamento de los discursos en esta etapa para las dos ciudades, las estrategias enfocadas en el uso y control del espacio público difieren ampliamente, más aún si se toma en cuenta el propósito general de los planes, en el primer caso la competitividad y en el segundo la ciudadanía y su participación. Estos fundamentos a su vez generan formas distintas de comprender la ciudad y por tanto de administrarla, por un lado se propone una mirada competitiva, lo cual sugiere la existencia de unos referentes de comparación, en el cual la ciudad se “mira desde afuera” y, por otro lado, se apuesta a la construcción de la ciudad a partir de esferas de participación local, en la cual los elementos endógenos son el punto de partida y de llegada. Periodo 2004 - 2007 El Plan de Desarrollo “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía” vincula el espacio público con la convivencia ciudadana bajo el principio del disfrute colectivo, a través de programas educativos y de capacitación que buscan garantizar la vigilancia, el control y el uso apropiado de éste por parte de todos los ciudadanos. En este sentido, articula la actuación de diferentes actores sociales entre los que se encuentran los venteros informales, quienes se involucran en la organización del espacio público a partir de capacitaciones, sensibilizaciones y la realización de pactos que pretenden estimular la autorregulación de esta población y el autocontrol y manejo de los sitios definidos para este uso en la ciudad, como son las zonas transparentes y las zonas reguladas en el área central, las cuales reglamentan el uso comercial de diversos espacios. Plantea además el aprovechamiento, mantenimiento y administración de espacios públicos por parte de del sector privado, como actor y agente social, abriendo la posibilidad de concertaciones sobre el uso comercial de éste. En el fundamento filosófico del Plan, el espacio público se identifica como un tema de un profundo contenido político basado en tres principios fundamentales, la equidad, la democracia y la inclusión, que a su vez se relacionan con la consciencia del espacio en sus aspectos físicos y sus efectos sobre la vida del ciudadano, procurando que éste trascienda como elemento esencial en la solución de diversas problemáticas que aquejan a la ciudad. En Bogotá, el Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” tiene como base política la inclusión social y como principios la solidaridad, la autonomía, la diversidad, la equidad, la participación y la probidad. En este periodo se implementa el Plan Maestro de Espacio Público, con vigencia de quince años (2005 -2020), lo cual constituye un avance importante en el planteamiento de política pública a largo plazo, que separa las actuaciones sobre el espacio público del carácter inmediato que pueden tener ciertos proyectos. En este Plan, el espacio público se formaliza como la dimensión que estructura y articula los sistemas urbanos y territoriales y las actuaciones urbanísticas, integrando elementos de orden político, social y económico, que antes permanecían aislados. Se incluye en esta forma de intervención del espacio público, el concepto de administración ligado a la posibilidad de regulación y aprovechamiento del espacio público desarrollada por la Administración Distrital, en la cual tanto asociaciones de vendedores como empresas mixtas y entidades públicas adquieren un papel importante.


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En los dos casos las políticas enfocadas en el espacio público han adquirido un carácter social, no sólo al plantear proyectos y programas enfocados en la población sino a través del fortalecimiento de lo público y de la atención a diversas problemáticas sociales que conducen necesariamente a la ocupación e invasión de espacios públicos. La equidad social, la participación y la inclusión se constituyen en referentes de las políticas públicas tendientes a administrar el espacio, entendido ya no exclusivamente en términos urbanísticos sino también como parte constitutiva de la esfera social, de allí su enfoque hacia la convivencia, la democracia y la educación. Los actores sociales por tanto se reconocen como garantes del orden social, convirtiéndose por medio de su participación en procesos de asociación, negociación y concertación en actores políticos.

2.2 La consolidación del enfoque social en la construcción del espacio público Las políticas públicas descritas anteriormente permiten entrever un cambio no solo en el concepto de espacio público, sino también en la forma de intervenir dicho espacio, evidenciando un cambio en la visión de las administraciones municipales en la concepción de lo público que a su vez se ve materializado en la definición del espacio común a la ciudadanía. Aunque los avances sobre esta materia son progresivos a lo largo de la historia de las dos ciudades, es a mediados de la década de los años noventa donde se evidencian transformaciones más radicales, que son el rastro de nuevas formas de enfocar la política. Se observa entonces una transición desde una administración centrada en la cobertura de servicios básicos e infraestructura a una que sin, descuidar estas necesidades básicas, se basa en la promoción de la formación del ciudadano para la participación política; en este contexto el espacio público emerge como el lugar donde estos ideales se materializan como escenario de lo público. Los nuevos discursos políticos hacen alusión a la intervención y creación de espacios públicos por medio del fortalecimiento de políticas de participación ciudadana, siendo uno de los propósitos de diferentes administraciones la apertura de espacios para el encuentro ciudadano. Lo social, entonces, emerge en el intento de construir ciudadanía, entendiendo que la responsabilidad del Estado va más allá de intervenir físicamente la ciudad. Por tanto, a la vez que se contempla la modernización de la infraestructura urbana, se presenta como objetivo la respuesta a diversas necesidades colectivas, tanto económicas como sociales, culturales, recreativas y políticas. De allí, el nuevo énfasis de los Planes de Desarrollo tanto en Bogotá como en Medellín y, en consecuencia, en los Planes de Desarrollo de otras ciudades del país. La participación ciudadana se constituye también a lo largo del tiempo en un principio que guía el ejercicio político-administrativo y la gestión pública, convirtiéndose en un referente importante en la consolidación de los Planes de Desarrollo. En este sentido, la intervención del Estado deja de ser la única alternativa en la construcción de la ciudad y se reconoce el papel de otros agentes sociales en este proceso, en el planteamiento de caminos posibles hacia el propósito de la justicia social, la equidad y la igualdad de derechos, teniendo como punto de partida ya no aquella ciudad ideal de la cual parten los discursos políticos, sino la ciudad real en la cual confluyen prácticas cotidianas, relaciones sociales, conflictos, intereses, expectativas, lógicas y problemáticas distintas, todos estos componentes de una dimensión socio-cultural.


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3. LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO: UN ACERCAMIENTO AL ENTRAMADO SOCIAL. El espacio público, desde una perspectiva sociológica, se constituye como el escenario de múltiples interacciones, en el que se crean y recrean permanentemente estilos de vida, siendo el anonimato y la individualidad generalizada características permanentes y dinámicas de los espacios urbanos. En el espacio público se hace visible el ejercicio de la ciudadanía, es el espacio de encuentro y socialización, donde se reivindican derechos y se demandan deberes, donde las acciones e interacciones resultan altamente codificadas, permitiendo la conformación de sujetos sociales colectivos, de normas, valores y expectativas propias de grupos sociales. Es posible entonces hacer referencia a la construcción de entramados sociales 1 en el espacio público, caracterizados por la organización social y la construcción colectiva de pautas, códigos normativos, formas de comunicación, apropiación y control socioespacial que no se construyen de manera inmediata, son el resultado de procesos que aquí catalogamos de larga duración, en los cuales prácticas sociales y vivencias cotidianas se interiorizan y se legitiman a través del tiempo, con la permanencia en un lugar y el fortalecimiento de vínculos afectivos basados en la confianza, la cooperación, las relaciones de reciprocidad y la solidaridad. En el caso del entramado social propio del comercio informal, el punto de partida es la redefinición del concepto de informalidad como preámbulo a su caracterización. La informalidad entendida como el contexto en el que se desarrollan prácticas cotidianas habitar, trabajar, comprar o movilizarse, entre otros- surge desde una perspectiva sociológica como un espacio de construcción de la vida social, como espacio de socialización, en el cual se producen y reproducen prácticas y normas sociales entre actores, que se extienden a diversos ámbitos de la vida pública y privada. En este sentido, la informalidad deja de ser considerada como lo no formal y adquiere un carácter propio, en el cual su característica principal pasa de ser “el no tener forma” a convertirse en una de las formas de construcción de la “ciudad real”. Así pues, el entramado social propio del comercio informal surge ante la ausencia histórica de una normatividad clara que regulara los usos del espacio público, por lo cual actores sociales como los vendedores crearon formas de ejercer y controlar dicha actividad, generando procesos de ocupación y apropiación de este espacio. En su dimensión simbólica dicho proceso es el resultado de factores históricos como el hecho fundacional, el cual constituye uno de los hitos que transcienden en el tiempo y que generan un sentido de pertenencia e identidad mayor de los vendedores hacia el espacio, y la construcción colectiva de elementos significantes como el lenguaje tanto verbal como no verbal, compuesto por señas, gestos, sonidos y palabras que tienen un significado específico para el contexto.

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El concepto de entramado social se entiende como el conjunto de relaciones sociales que conforman una estructura extensa, caracterizada por la existencia de roles, normas, valores, intereses y expectativas compartidas entre actores sociales, que se consolida a través del tiempo en un espacio determinado.


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En su dimensión práctica, el proceso de apropiación del espacio se manifiesta, por un lado, en la regulación que de éste hacen los vendedores creando parámetros de ocupación, a partir de la negociación, la asociación y la confrontación con otros vendedores que pretenden obtener un lugar en el espacio público. Los pactos resultan a su vez una forma de acceder y controlar el espacio, dado que en este contexto el espacio se hereda, se presta, se alquila o se cede, respetando normatividades creadas socialmente. De esta forma acceder a un lugar en el espacio público implica obtener el reconocimiento del grupo ya sea a partir de su construcción histórica o por la conexión con personas que ya estén ubicadas allí. Los procesos de ocupación del espacio público tienen a su vez un componente de control social que es paralelo al control espacial mencionado; este se caracteriza por la consolidación de relaciones de poder a través de factores como la jerarquía, en donde la posición social se adquiere por distintos caminos: ser miembro de una organización formal, el tiempo de antigüedad en el lugar o simplemente por prestigio profesional, este último construido socialmente bajo la creencia que es mejor ser vendedor formal que informal y, en este gremio, es mejor ser vendedor estacionario a vendedor ambulante. En estos casos, se establecen posiciones de unos actores frente a otros que constituyen el status. La solidaridad intragrupal funciona a su vez como mecanismo de control social, en la medida que determina quién hace parte de un grupo y quien no, desencadenando acciones de defensa frente a agresiones de distinto orden. De esta manera, el control social responde a pautas colectivas de pertenencia a un grupo, el cual hace parte de la estructura de relaciones de poder que, además establece otros mecanismos de control como la sanción verbal, las restricciones y, en el peor de los casos, la agresión física. Sin embargo, el elemento de la pertenencia a un grupo no resulta definitivo; estos varían de acuerdo a una situación específica de amenaza, al género del vendedor, a los días de la semana, etc., en general a aspectos como “la frecuencia de interacción entre pares”, que determinan el reconocimiento mutuo. Más allá de la construcción, la apropiación y control del espacio público sugieren la existencia de un sujeto social colectivo, que toma parte en actuaciones individuales las cuales se generalizan e interiorizan en los actores sociales que ocupan un espacio, de allí su carácter social y colectivo a la hora de enfrentar amenazas y conflictos comunes. En esta esfera de la construcción colectiva de sujeto social, las normas sociales toman un papel relevante al definir los parámetros que guían tanto la acción individual como las acciones sociales, estableciendo un orden social propio del comercio informal que se consolida en la organización socio-espacial del espacio público. A su vez, la construcción de sujetos individuales se manifiesta en la generación de expectativas, motivaciones e intereses que si bien adquieren un carácter común –generalizable-, hacen parte del propio ser de los actores individuales. El proceso de ocupación y apropiación del espacio público, entonces, obedece a distintos elementos de orden social que, si bien no tienen un origen claro se extienden en diversos espacios a través de la generación de pautas y normas sociales que permanecen en el tiempo, se producen y reproducen constantemente impulsadas por el aprendizaje, la transmisión entre generaciones, la organización grupal y el conflicto mismo. Así, el espacio público es resultado de procesos de carácter social, a través de los cuales se legitiman prácticas y se interiorizan normas; no es construido solamente por las estructuras físicas, no adquiere su característica de público a priori, es


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producido socialmente, a partir de interacción entre ciudadanos y específicamente del ejercicio de la ciudadanía, del reconocimiento que los habitantes hacen de su “derecho a la ciudad”. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar la constante disputa entre las formas de apropiación, regulación y administración institucionalizadas del espacio público generadas a partir de la intervención estatal y la existencia del entramado social y la forma –consciente o inconsciente- en que los actores sociales generan orden social de manera autónoma en espacios públicos a través de procesos históricos de legitimación. Esta disputa es más evidente en aquellos espacios tradicionalmente ocupados por las ventas de carácter informal, por su carácter histórico y particularmente por el grado de consolidación del entramado social.

4. SAN VICTORINO – EL HUECO: UNA REVISIÓN COMPARATIVA DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA RECIENTE EN CENTROS COMERCIALES URBANOS CON TRADICIÓN INFORMAL. San Victorino es reconocido como un sector tradicional del centro de la ciudad de Bogotá; se encuentra delimitado por, las Carreras Décima (10) al oriente, la Carrera Catorce (o Avenida Caracas) al occidente, la calle Trece (Avenida Jiménez) (13) al norte y la calle Décima al sur. El sector es un punto neurálgico en el centro de la ciudad con un amplio movimiento comercial, altos niveles de contaminación visual y auditiva y altos flujos vehiculares y peatonales. Se caracteriza además por su alto nivel de intercambio comercial, asociado generalmente con ventas al por mayor y al detal para las clases medias y bajas, por lo cual el lugar se ha constituido como un sector de medianos y pequeños centros comerciales, que se subdividen en muchos locales con diversidad de mercancía; es por tanto un centro comercial de la ciudad, sin un carácter especializado pero con una amplia tradición histórica. La invasión del espacio público en este sector, no sólo en la carrera décima como eje principal sino también en otras calles secundarias, es evidente con la ubicación de gran cantidad de personas que comercializan diversos tipos de artículos, medias, confites, libros, revistas, música, artesanías, juguetes, maletas, bolsos, perfumes, relojes, entre otros, en andenes entre 3 y 4.5 metros de ancho; esto significa que el espacio de circulación peatonal se reduce alrededor de 2 metros en muchos lugares, minimizando su proporción real. El sector de San Victorino constituye un sector con una alta densidad de ocupación, en especial los fines de semana y en temporada escolar y navideña, en los cuales el comercio en Bogotá aumenta considerablemente. En esta perspectiva, este sector representa un gran reto para las políticas públicas en la medida en que allí se concentra y se mueve una gran parte del capital económico de la ciudad, sin embargo la actividad comercial se desenvuelve en medio del caos y la aparente desorganización social y espacial. El Hueco es una zona del centro de Medellín conocida tradicionalmente por su trayectoria histórica comercial; se encuentra delimitada por la Avenida San Juan (o calle 44) en el sur, la Avenida del Ferrocarril (Carrera 57) al occidente, la Avenida Colombia (Calle 50) hacia el norte y la Avenida Oriental (Carrera 46) por el oriente. En las divisiones administrativas locales esta zona incluye a los barrios Guayaquil, San


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Benito, Candelaria y Colon, pertenecientes a la Comuna Diez (la Candelaria). La zona tiene como características tener un gran movimiento comercial, con niveles altos de contaminación ambiental, auditiva y visual. Este sector se caracteriza por un proceso de expansión acelerada, el cual en sus inicios se reconoce como un centro comercial, posteriormente en una cuadra y actualmente un sector que abarca una gran parte del centro de la ciudad, no solo de manera físico-espacial sino también simbólica. Es así como en los espacios aledaños a los diferentes centros comerciales se ubican venteros informales que ofrecen distintos tipos de productos, entre estos zapatos, bolsos, alimentos, suministros veterinarios, ropa, telas, productos escolares, artículos de ferretería, etc. Existen además zonas de ocupación permanente, denominadas “zonas reguladas”, que cuentan con permiso de la Subsecretaria de Defensoría del Espacio Público, entre ellas la zona conocida como “T”, ubicada entre las calles Alhambra con Bombona. Al igual del caso San Victorino en Bogotá, la actividad informal en el Hueco, se caracteriza por tener una apariencia caótica y desorganizada; sin embargo en los dos lugares se identifica la existencia de entramados sociales consolidados a través del tiempo, con vínculos afectivos y tradicionales fuertes y formas asociativas y comunicativas afianzadas. Si bien, la lectura del fenómeno de la informalidad ha sido la misma en ambas ciudades, es decir como problemática, se observan diferencias en las formas de intervención sobre la ocupación del espacio público; en Bogotá la existencia del entramado social se ha visto afectada por iniciativas relacionadas con la implementación de políticas de reubicación y desalojo, que desconocen la existencia y trayectoria histórica del entramado social y, por tanto, conllevan a su ruptura y posterior ocupación e invasión de otros espacios públicos. Actualmente, como se mostró en la segunda parte de este trabajo, las intervenciones y las políticas públicas han alcanzado un nivel de integridad mayor y por tanto se adelantan acciones encaminadas a “lograr la reconciliación y la armonización entre la protección del espacio público y el derecho al trabajo del grupo de los vendedores informales” 2 , reconociendo distintas formar de ejercicio de ciudadanía en la ciudad. En este sentido se constituye el Instituto para la Economía Social IPES el cual es la “entidad gestora de la política de generación de ingresos e inclusión económica y social de los vendedores informales, mediante la promoción y formación de competencias y capacidades empresariales y el fortalecimiento de las formas asociativas”, creada como el producto de la transformación del Fondo de Ventas Populares FVP, el cual tenía como objetivo principal “obtener recursos financieros para la atención de programas relacionados con los vendedores ambulantes y estacionarios y, preservar el uso colectivo del espacio público”. El nuevo enfoque de las políticas públicas, caracterizado principalmente por una visión ampliada de la dinámica de los espacios públicos ocupados por las ventas informales, ha incursionado en San Victorino a través de la implementación de estrategias como la capacitación en competencias básicas (alfabetización, validación primaria) y en competencias laborales y empresariales de los vendedores informales, en convenio con entidades gubernamentales, con el fin de estimular su organización y su 2

“Primer Estudio Técnico y la Estructura Organizacional” Instituto para la Economía Social IPES. Secretaria de Desarrollo Económico. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Diciembre de 2006. Pág. 5


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capacidad empresarial y asociativa, la creación de empleos temporales en programas como “Misión Bogotá”, la generación de microcréditos destinados a la formación de pequeñas y medianas empresas y la puesta en marcha de programas de ordenamiento y relocalización de actividades informales en el espacio público. En Medellín, los procesos de conciliación entre la alcaldía y los vendedores informales han facilitado la organización en asociaciones, pre-asociaciones y pre-cooperativas de vendedores reconocidos de esta forma como agentes de negociación. La política de calles transparentes y reguladas ha permitido, por un lado, la definición de zonas en las que se restringe de forma absoluta la presencia de vendedores informales y en las que se permite esta actividad bajo la regulación de la Administración Municipal y la entidad encargada del control del espacio público denominada Subsecretaría de la Defensoría del Espacio Público; por otro lado, “la consolidación progresiva de un circuito de las principales vías del centro” 3 que permite la recuperación de espacios para la circulación peatonal en lugares como El Hueco. Entre las estrategias para la intervención de los espacios públicos ocupados por las ventas informales se encuentran el proceso de canetización, la reubicación en centros comerciales, el Programa Saltarines, el Programa de Emprendimiento Empresarial y el Programa de Capacitación y Sensibilización desarrollados por la Alcaldía, los cuales son visibles sobre todo en el centro de la ciudad. En El Hueco especialmente el proceso de reubicación de vendedores se ha realizado por medio del traslado de vendedores desde unas calles a otras, con el fin de descongestionar vías estructurantes y permitir su actividad en vías secundarias pero reconocidas históricamente. En este proceso, el proyecto de carnetización resulta fundamental en el momento de determinar quiénes hacen parte del proceso y quiénes no, regulando y garantizando que el aprovechamiento del espacio público beneficie a aquellas personas para quienes las ventas informales son su única fuente de subsistencia y no a aquellas que pretenden tener varios negocios informales obteniendo ganancias a partir de la evasión de impuestos. La reciente intervención pública en estos centros comerciales urbanos con tradición informal, como se ha mostrado, evidencia las múltiples formas de abordar la ocupación del espacio público, desde la atención básica a los actores sociales en cuanto a sus necesidades primarias como en el fortalecimiento de formas organizativas, reconociendo su presencia y trayectoria histórica y, en cierta medida la existencia de un entramado social propio del comercio informal. Si bien, estos avances proporcionan un ejemplo de regularización y manejo del espacio público en áreas centrales de la ciudad, aún se observan dificultades en cuanto al aumento de la población dedicada a este tipo de actividad y en consecuencia el aumento de ocupaciones del espacio, al deterioro de zonas céntricas de la ciudad, al congestionamiento de vías vehiculares y peatonales y a la creación de organizaciones que se aprovechan de la necesidad de los vendedores y establecen rubros por acceder al espacio público y por garantizar espacios de manera ilegal.

5. CONSIDERACIONES FINALES

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Periódico COMPROMISO Edición No 3 Gerencia del Centro. Alcaldía de Medellín. Agosto de 2006. Pág. 2


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Se ha pretendido a lo largo de este documento establecer una relación entre políticas públicas enfocadas en la intervención del espacio público y la existencia de un entramado social propio del comercio informal, específicamente para dos ciudades colombianas, las cuales constituyen un paradigma en las acciones tendientes a regular, mejorar y administrar el espacio público en el país. Para esto se establece, de manera teórica, un marco de referencia que presenta la relación entre normas y leyes, con el fin de observar los caminos posibles en la formulación de políticas públicas y en la consideración del entramado social que conlleven al mantenimiento de un orden social en el espacio público, constituido y producido por la diversidad de relaciones, la multiplicidad de actores e interacciones y las diferentes formas de ejercicio de la ciudadanía. De este modo se encuentra que existen intervenciones públicas que no garantizan dicho orden, haciendo alusión a los planteamientos de Richard Pildes, debido a que conllevan a la destrucción del capital social. El desconocimiento del entramado social brevemente descrito aquí tiene como resultado la ineficiencia de políticas públicas, especialmente aquellas aplicadas en el espacio público, dado que desconocen la generación de capital social en procesos de ocupación y apropiación de espacio público y, así mismo, los bienes públicos como la seguridad, los vínculos de solidaridad, confianza y respeto, a los cuales da lugar dicho entramado social. A su vez los intentos de “racionalizar” o formalizar estructuras propias de la informalidad a través de la formulación de políticas, resultan insuficientes para abarcar la complejidad de la dinámica que representan los procesos sociales de tipo informal, limitando los alcances de las políticas públicas a una parte reducida de la población para la cual están formuladas. En este caso pensar en la formalización y capacitación de la totalidad de personas vinculadas al comercio informal, resulta una meta inalcanzable, sobre todo en ciudades como las nuestras en las cuales las condiciones de inequidad, desempleo y pobreza aumentan cada vez más, convirtiendo la informalidad en un fenómeno inestable y voluble. El desconocimiento de la generación de normas sociales y, en consecuencia, del orden social que provee el entramado social puede “conducir a las políticas a quebrantar este sistema normativo”, de forma tal que las intervenciones sobre el espacio público que ignoran la existencia de un sistema de control social previamente establecido, generan rupturas tanto en la forma de organización social como espacial, fragmentando redes sociales fundamentales en la construcción de lo público. De esta forma, la comprensión de las estructuras sociales existentes en los espacios públicos constituye un paso previo a la formulación de políticas y, así mismo, a la generación de soluciones. Por tanto, en el caso del comercio informal y la ocupación del espacio público por parte de éste, es necesario reconocer que ésta no es solo una problemática relacionada con los vendedores y el comercio ambulante, estos solamente son la manifestación de un fenómeno que, desde su compleja estructura, permite identificar factores de carácter global y local que se interrelacionan, convirtiendo el sector informal regional en la última fase de una larga cadena productiva. Además es fundamental propiciar una redefinición del concepto de informalidad, teniendo en cuenta los distintos factores que contribuyen en el fortalecimiento del fenómeno, no sólo aquellos que hace parte de las carencias económicas, sino


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aquellos que surgen de necesidades sociales como la solidaridad, la confianza en el otro, la cooperación, la equidad, entre otras. En este sentido, en este texto hemos tratado la informalidad como un espacio de construcción de la vida social, esperando contribuir en la generación de una nueva mirada del concepto que trascienda el espacio físico y la lectura económica y se inserte en las prácticas cotidianas de actores y sujetos sociales, tanto en ámbitos públicos como privados. Así, creemos posible la inserción de nuevas miradas de lo que hasta ahora se han catalogado como problemáticas urbanas en la formulación de políticas públicas, con el fin de aumentar la efectividad de las actuaciones institucionales, de ampliar los alcances de dichas políticas y, además, de garantizar la existencia de los entramados sociales propios de cada contexto, reconociendo la importancia del capital social en la generación y mantenimiento de orden social en el espacio público.


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BIBLIOGRAFÍA Certeau, Michel De (2000). “La Invención de lo Cotidiano”. Universidad Iberoamericana-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. México. Escobar, Arturo (1998). “La Invención del Tercer Mundo: reconstrucción del desarrollo”. Grupo Editorial Norma. Bogotá.

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Plan de Desarrollo de Medellín 1995-1998 Alcalde Sergio Naranjo. Plan de Desarrollo de Medellín 1998-2001 “Por una ciudad más humana” Alcalde Juan Gómez Martínez. Plan de Desarrollo de Medellín 2001-2004 “Medellín competitiva” Alcalde Luís Pérez Gutiérrez. Plan de Desarrollo de Medellín 2004-2007 “Medellín compromiso de toda la ciudadanía” Alcalde Sergio Fajardo Valderrama.

POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTRAMADO SOCIAL Y COMERCIO INFORMAL  

ESTUDIO COMPARATIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ Y MEDELLÍN. CASO SAN VICTORINO - EL HUECO

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