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derechos y equidad de gĂŠnero en el distrito federal


dere ch os y equida d de g én ero en el di s t ri to fe d e r a l Partido de la Revolución Democrática

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a Decidir, A. C.

coordinación editorial: Marina Villagómez edición: Abril Castillo diseño: Estudio Mano de Papel isbn: 978-607-95029-6-6 Primera edición: enero de 2012


Derechos y equidad de gĂŠnero en el Distrito Federal


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p res e ntaci ó n

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La compleja situación que vivimos actualmente en México vuelve necesaria la reflexión y análisis acerca de los hechos que afectan los derechos humanos de la población mexicana y la equidad de género. Gracias a un gobierno democrático de izquierda, que no ha dudado en apoyar las reivindicaciones históricas de estos sectores, el 24 de abril de 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, y el 21 de diciembre de 2009, se aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Los derechos y libertades ganados en la ciudad de México en los últimos cinco años son el resultado del trabajo comprometido de activistas por la defensa de los derechos humanos, de legisladoras y legisladores sensibilizados, así como de autoridades gubernamentales conscientes de la desigualdad y discriminación de que han sido objeto históricamente las mujeres, las lesbianas y los homosexuales. Los logros en estos terrenos son fruto de un complejo proceso que debe ser documentado. La documentación de las experiencias de lucha no es muy frecuente y es necesaria no solo para la memoria histórica, sino porque es una manera de compartir y transmitir esas experiencias a otras personas y grupos que luchan por las mismas causas. Los objetivos en materia de equidad de género que el gobierno de la ciudad se trazó, se cristalizaron en avances históricos como los que se analizan en el presente libro.


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Sin embargo, estos avances no han sido parejos, pues en otros temas de violación a derechos humanos hay serios rezagos. El caso de la trata de personas y del comercio sexual infantil, por ejemplo, es un tema que ha suscitado sonados escándalos y que al día de hoy es un negocio millonario cubierto por el manto de la impunidad y el encubrimiento de altos funcionarios y políticos. Este problema requiere reflexiones serias y compromisos valientes, pues aún falta mucho por hacer para erradicarlo. El libro que presentamos se compone por la compilación de las ponencias presentadas en tres foros-debate sobre estos temas, organizados por la Fundación Heberto Castillo Martínez con la colaboración de Católicas por el Derecho a Decidir, entre octubre y noviembre de 2011. La iniciativa y el entusiamo de María Teresa Juárez de Castillo al frente de la Fundación, quien desde su origen organiza cada año debates sobre diversos temas actuales con la participación de expertas y expertos de distintas disciplinas, se sumó a la entusiasta participación de activistas y expertos que compartieron su experiencia y sus puntos de vista sobre temas centrales para la vigencia de los derechos humanos, que generan mucha polémica. A este trabajo colectivo nos unimos las Católicas por el Derecho a Decidir, en el apoyo en la coordinación del evento. Este esfuerzo colectivo también incluye a quienes organizaron la logística, y a la entrega y compromiso de Marina Villagómez. Durante los foros tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios y reflexiones de quienes han sido protagonistas de la lucha por el derecho a decidir de las mujeres, de los derechos de lesbianas y homosexuales a la igualdad jurídica en la formalización de sus relaciones sexo-afectivas y al derecho de adopción, así como de defensoras y defensores de las víctimas de trata y comercio sexual infantil.


El primer capítulo comprende las ponencias de la primera mesa sobre matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo, en la que los protagonistas de esta iniciativa de ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal —cuya constitucionalidad y vigencia en todos los estados de la república fueron ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ocasiones—, exponen su visión y experiencias, y las implicaciones positivas que este cambio jurídico tiene para la comunidad lésbica y homosexual. Un elemento común a estas presentaciones es la perplejidad, el asombro, el revuelo que causó este indudable avance en la sociedad y el regocijo e inmensas satisfacciones para la comunidad lgbtti y para quienes defendemos esta causa. Participaron en esta mesa Jaime López Vela, Judith Vázquez, Ana Francis Mor y Javier Cabral, y cada uno aportó su perspectiva de análisis y su experiencia de trabajo por esta causa de justicia. El segundo capítulo recoge las ponencias presentadas en la mesa el derecho a decidir de las mujeres y las políticas públicas del Distrito Federal. En esta mesa tuvimos la oportunidad de escuchar diversos aspectos de la despenalización del aborto en la ciudad de México, un logro histórico para la salud y la vida de las mujeres mexicanas. María Eugenia Romero nos comparte el proceso de trabajo que lidereó la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (andar) para sensibilizar a tomadores de decisión y medios de comunicación acerca del tema del aborto, posicionándolo como un asunto de salud pública, justicia social y democracia, contribuyendo así a la desestigmatización del tema y a la decidida voluntad de legisladores y lesgisladoras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pusieran los derechos humanos de las mujeres por encima de otras consideraciones.

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Rosa María Yáñez, por su parte, hace un recorrido por la construcción del marco constitucional para que fuera posible la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, y analiza la trascendencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de inconstitucionalidad presentada por el procurador general de la República y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las reflexiones de Rosa María Yáñez explican con toda claridad las implicaciones de tal determinación con un lenguaje accesible al público, explicación necesaria para poder difundir los beneficios de este logro. Alude también a la necesidad de contrarrestar la idea propagada por los medios de comunicación acerca del inicio de la vida, y termina afirmando el papel de abogadas y abogados en estos procesos, un papel que ella define como de acompañamiento, nunca de sustitución. Oriana López reflexiona sobre el derecho a la información de jóvenes para poder acceder a un aborto seguro, y expone la historia del Fondo de Aborto para la Justicia Social maria, un proyecto impulsado por una organización de jóvenes con el objetivo de apoyar a mujeres de escasos recursos provenientes de otros estados de la República con la necesidad de acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo en la ciudad de México. También se refiere a la enorme desigualdad en la que están las y los jóvenes en lo que se refiere a servicios de salud sexual y reproductiva y a la afectación específica que sufre este sector en este campo: altas tasas de embarazo no deseado, de infecciones de transmisión sexual incluyendo el vih y el sida y de consecuencias en su salud y su vida debidas a abortos inseguros. Xipatl Contreras, la última en participar en esta mesa, nos ilustra con resultados de encuestas realizadas por el Population Council, México, el creciente apoyo de la opinión pública a la ley que despenalizó el aborto en el Distrito Fe-


deral. Las cifras que presenta sorprenden y son el resultado de encuestas hechas con la metodología científica que se requiere; demuestran así el cambio de opinión logrado debido a los cambios legales y a las campañas de información que la sociedad civil ha impulsado. La tercera y última mesa se centró en la trata de personas; el tema de la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual habla de la urgente necesidad de abordar esta tragedia humana vigente en México en dimensiones alarmantes, la cual a pesar de las declaraciones de buenas intenciones no ha sido atendida con la debida eficacia, dejando a niñas y jóvenes expuestas a ser sujetas de abuso y trata. Esta mesa fue coordinada por la diputada Maricela Contreras, quien apoyó de manera entusiasta la organización de la misma. La mesa empezó con la participación de Rosa María Álvarez, quien hace un recorrido por los instrumentos jurídicos nacionales, locales e internacionales para la prevención, combate y sanción de la trata de personas y la explotación infantil, y llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de que el gobierno mexicano ha ratificado los protocolos facultativos de convenciones relacionadas con este tema, en la práctica no hay mayor eficacia para combatir el problema. Por otra parte, a pesar de la gravedad del problema, el gobierno mexicano no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, una de las herramientas más importantes para enfrentar el problema con eficacia. Rosa María Álvarez hace un listado de las convenciones internacionales firmadas por México, y de los cambios y reformas en el marco jurídico nacional que se han hecho para enfrentar este drama humano que ha adquirido dimensiones alarmantes. Una de las razones que se ha esgrimido para explicar esta ineficacia es la impunidad asociada a estos crímenes debida en

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gran parte al involucramiento de funcionarios y políticos que protegen a las redes del tráfico de personas. Guadalupe Cabrera, por su parte, centra su participación en las relaciones entre los derechos humanos y la niñez, víctima de la trata y explotación. Empieza señalando que, de acuerdo con datos del inegi, alrededor de 16 mil niños y niñas son esclavizados y explotados sexualmente en nuestro país cada año. Guadalupe analiza el caso de la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual, y la explotación sexual comercial infantil del Distrito Federal. Menciona que esta ley incluye artículos específicos que vinculan los derechos de las niñas y los niños en relación con este fenómeno, y toma en cuenta acciones importantes y necesarias de prevención y apoyo, así como la máxima protección por parte de todos los órganos de gobierno y de las instituciones; establece también la prevención contra cualquier forma de abuso sexual y explotación comercial infantil. Reconoce que esta ley marca un importante paso adelante en el Distrito Federal, pero señala que todavía falta mucho por avanzar pues una legislación, por sí misma, no garantiza el pleno ejercicio de los derechos. Guadalupe hace un llamado para que se lancen campañas educativas de prevención dirigidas a niñas y niños en los medios de comunicación, y para que el tema sea trabajado con seriedad en las escuelas. Ella alude a una responsabilidad colectiva para enfrentar realmente esta tragedia. Aquiles Colimoro contribuye con la experiencia de su participación en una casa que brinda atención a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, víctimas de violencia y en situación de calle, a través de un servicio profesional de atención integral con valores como el amor, la libertad, el conocimiento, la responsabilidad y el respeto para lograr la equidad. Este albergue tiene programas de capacitación para que las víctimas puedan ser colocadas en trabajos de diversa índole.


Aquiles hace un listado muy útil de los tratados internacionales que abordan el tema, y termina con una afirmación que describe muy bien uno de los obstáculos más importantes para encarar este grave problema: “Consideramos que mientras los países que han suscrito toda esta serie de tratados y convenciones no se comprometan a defender de manera franca y abierta a todos y cada uno de los preceptos contenidos en ellos, la erradicación de esta práctica criminal no podrá ser posible.” La experiencia del Distrito Federal, una de las más avanzadas del país, es comentada por Dylcia García, quien además hace referencia a un estudio que se hizo con hombres de diversas edades y estratos sociales, muchos de los cuales consideraban normal tener relaciones sexuales con niñas entre 13 y 15 años, una evidencia que ella aprovecha para hablar de la necesidad de un cambio cultural como uno de los pasos necesarios para erradicar el problema, pues considera que la falta de respuestas adecuadas se explica en parte por esto. Alude al hecho de que los impartidores de justicia están imbuidos de esos roles marcados por la cultura, y que este factor influye en la forma como se enfrenta el problema. Esto, sumado a la corrupción que permea todo el sistema de justicia, hace que la situación sea más complicada. Dylcia termina su intervención anunciando la creación en el Distrito Federal de un centro especializado de atención a víctimas de trata, en donde se les proporcione un trato más personalizado, así como el impulso al trabajo con las redes y organizaciones que trabajan este tema. Finalmente, Teresa Ulloa aborda el tema en el que ha lidereado importantes procesos, haciendo un análisis crítico de la legislación existente, así como de la falta de cumplimiento de los protocolos para abordar el problema. La autora termina sugiriendo la necesidad de “un intenso y extenso trabajo

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preventivo y punitivo de una perspectiva generosa-sensitiva hacia estas poblaciones que son de por sí ya vulnerables”, para enfrentar con eficacia el problema. Con esta breve revisión, esperamos motivar la lectura de los trabajos que se reúnen aquí. El libro cubre varios objetivos que son compartidos por sectores cada vez más amplios de la sociedad, dispuestos a unirse en la denuncia y difusión de situaciones en las que se vulneran derechos humanos. Invitamos a todas y todos a leerlo ya compartirlo. María Consuelo Mejía Directora de Católicas por el Derecho a Decidir

Derecho y equidad  

Revista de divulgación en derecho

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