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Viernes, 16 de diciembre de 2011

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Responsable de la edición de hoy: Patricia Fernández de Lis p ciencias@publico.es

DOÑANA S.A. El Gobierno socialista deja en herencia al nuevo Ejecutivo del PP la decisión final sobre tres megaproyectos empresariales que amenazan la protección del parque

La laguna de Santa Olalla, en pleno corazón del Parque de Doñana. eduardo abad / efe OLIVIA CARBALLAR

SEVILLA

3 “El Parque Nacional de Doñana es el único espacio protegido de Andalucía que está declarado Patrimonio de la Humanidad (1994, Unesco). Desde 1995 está reconocido, por el Consejo de Europa, con el Diploma Europeo de áreas protegidas, que viene dado por el estado de conservación, planificación y gestión integrada de los recursos naturales. Es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y, en consecuencia, es Espacio Protegido Red Natura 2000. También recaen las figuras de Reserva de la Biosfera (1980) y Sitio RAMSAR (1982)”. Son todos los galones, recogidos en la página web de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, que acumula Doñana, un es-

pacio paradójicamente amenazado por golosas actividades empresariales que, en caso de aprobarse, harían de un símbolo virgen de la naturaleza, reconocido internacionalmente, una gigantesca sociedad mercantil. El Gobierno de Zapatero deja en herencia tres grandes patatas calientes al nuevo Ejecutivo del PP: el oleoducto previsto por el grupo extremeño Alfonso Gallardo, el dragado del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, y un almacén de gas en el subsuelo del parque proyectado por Petroleum & Oil Gas, de Gas Natural. Los tres promotores, que niegan el riesgo ambiental, esgrimen la creación de empleo. Y los tres están pendientes de la autorización del Gobierno central, más acosado que nunca por los millones de parados.

Ayer, el Consejo de Participación de Doñana, el órgano de coordinación y representación de los sectores sociales, políticos y económicos del parque, volvió a poner en evidencia la contradicción entre la protección que requiere y las actividades empresariales que lo amenazan, una paradoja que se repite incluso en la propia estructura del Consejo: Felipe González, presidente del orgáno, es a su vez consejero independiente de Gas Natural. Los ecologistas han pedido su dimisión no por esta razón, sino porque no acude a las reuniones donde se debaten, además de asuntos cruciales para la sostenibilidad de Doñana, los temas espinosos, como ocurrió ayer. El último punto del orden del día abordó la Refinería Balboa, que incluye el oleoducto desde el puerto de Huelva a la

El oleoducto recibió ayer un revés claro en el Consejo de Participación Gas Natural pretende usar el subsuelo como almacén El dragado del Guadalquivir también está en cuarentena

comarca extremeña de Tierra de Barros. El Consejo aprobó, por primera vez con rotunda mayoría en una votación sobre este polémico proyecto que llegó a defender Zapatero, una moción de apoyo a los últimos informes de la Junta de Andalucía, cuyas conclusiones pueden resumirse en la inviabilidad: los potenciales efectos de un vertido, advierten, suponen unos riesgos muy serios tanto para los ecosistemas marinos de Doñana como para las economías que de ellos dependen. Intereses particulares

Tras la votación –el representante del Ministerio de Medio Ambiente fue el único que no participó por considerar que la tramitación aún está abierta en su departamento– los grupos ecologistas instaron a la ministra en funciones, Rosa

Aguilar, a emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa. Salvo sorpresa –tipo decisión indulto a banquero– fuentes del Ministerio explicaron que el expediente lleva su curso. “El cerco cada vez es más estrecho. El señor Gallardo debe ir pensando en la reconversión de su proyecto en energía renovable”, afirmó Juan Romero, de Ecologistas en Acción en Huelva, quien insiste en que la conservación de Doñana debe estar por encima de los “intereses particulares de los empresarios”. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, sostuvo que el parque “está perfectamente defendido y en muy buenas manos con el Consejo y la Consejería”, informa Efe. Otro proyecto bajo lupa, también recordado ayer en el Consejo de Participación –con


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la ausencia de González–, es el que promueve Gas Natural, que lleva desde hace años investigando y haciendo prospecciones en la zona, una actividad autorizada y compatible con el parque. Lo que pretende ahora la empresa es utilizar artificialmente los huecos vacíos del subsuelo para almacenar gas procedente de otros lugares y transportarlo mediante gasoductos, un proyecto ya autorizado por el Ministerio de Industria, mediante real decreto, pero pendiente también de la DIA. ¿Es compatible esta actividad en Doñana? Según un informe de la Consejería de Medio Ambiente, el proyecto tiene dudosa viabilidad jurídica en una zona en concreto, la denominada A, considerada como la de mayor vulnerabilidad según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Doñana. Esta normativa fue aprobada en 2005, posterior a la concesión de los primeros permisos a la empresa, en los años ochenta. Gas Natural alega que no incumple ninguna normativa porque no se trata de ninguna actividad nueva y se remite a Industria, que considera el proyecto como “urgente”. Además, insiste en que el almacenamiento no supone ningún impacto ambiental negativo en la zona. “Los estudios realizados demuestran que se protege el ecosistema”, afirman fuentes de Gas Natural en Andalucía. Rechazo al almacén

La opinión de los ecologistas es diametralmente opuesta. “Es una locura. En lugar de hacer tanques en el puerto de Huelva, se pretende rellenar el subsuelo de un parque natural con gas de otros lugares. Estamos presumiendo de

Doñana todo el rato y ahora pretendemos convertirla también en ¡un almacén de gas!”, añade Juan Romero. El coordinador de WWF en Doñana, Juan José Carmona, apunta directamente a una cuestión meramente filosófica: “Aparte de que hubiera unos permisos previos, la actividad estaba prevista como temporalmente limitada. Si se ejecuta el nuevo proyecto, cambiará todo y la empresa pasará de extraer gas a volver a recargar de forma artificial los huecos, es decir, convertirá la zona en almacén”, explica Carmona. “Lo que iba a ser temporal se convertirá ahora en permanente en la zona A”, añade el ecologista. El grupo Mesa de la Ría también viene denunciando desde hace tiempo los “desmanes empresariales” en Doñana. “[El proyecto de Gas Natural] supone un desprecio absoluto a los riesgos medioambientales en un espacio con las máximas protecciones, en una zona caracterizada por una considerable actividad sísmica y un desprecio a quienes viven en las inmediaciones”, asegura. El tercer proyecto en cuarentena es el dragado del Guadalquivir, cuyas obras tendrían también un efecto negativo en el río, su estuario y Doñana, según las conclusiones de un informe de la Comisión Científica. Ese documento ha llevado recientemente al Ministerio de Medio Ambiente a pedir un nuevo proyecto que requerirá, por tanto, una nueva evaluación de impacto ambiental, ya bajo el Ejecutivo de Rajoy. La primera DIA, que arrojó dudas e hizo que la entonces ministra Cristina Narbona pidiera el informe, fue concedida en 2003 también con un Gobierno del PP. D

De Ginés Morata a Felipe González El primero, científico, un prestigioso biólogo Premio Príncipe de Asturias. El segundo, político, expresidente socialista del Gobierno con intereses en una empresa que opera en el parque, Gas Natural. La sustitución de Ginés Morata por Felipe González al frente del Consejo de Participación de Doñana, a finales de 2009, cosechó la crítica y la indignación de los ecologistas. Tras darle un voto de confianza, ayer volvieron a manifestar su rechazo. Según denunciaron, de las cuatro reuniones celebradas, González sólo ha asistido a dos, las de 2010. El consejero andaluz de Medio Ambiente, su compañero de partido Juan José Díaz Trillo, lo excusó alegando problemas de agenda y de salud. Los eco-

Felipe González. logistas, sin embargo, califican las ausencias como falta de compromiso. “Debería dar paso a una persona con una agenda más libre y que pueda dedicarse a la defensa de Doñana con más rigor y seriedad”, dijeron. Muchos vieron en el relevo de Morata un castigo por haberse posicionado desde el minuto cero en contra del oleoducto.

...Y Boliden sigue sin pagar

Protestas en las obras de la M-501 en 2006. c. velasco

El Guadiamar, tras el vertido, en 1998. afp

Crónica

La Administración no hizo caso a las advertencias sobre la mina de Aznalcóllar o. carballar

El Supremo anula el acuerdo por el que la Junta le reclamó casi 90 millones

sevilla

3 Las advertencias de los ecologistas sobre el peligro de las minas de Aznalcóllar (Sevilla) no lograron frenar un proyecto que terminó cuajando y derramando millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a las puertas de Doñana, en 1998. “La contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las presas, corre el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias, ya que el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa el Parque Nacional de Doñana”, avisó el ingeniero de minas Aguilar Campos en 1995, como ocurrió después. La Junta de Andalucía financió las labores de restauración y todavía hoy, 13 años después de uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, sigue sin cobrar un euro de los 89,9 millones que reclamó a Boliden, la empresa contaminante. En las dos últimas semanas, el Tribunal Supremo ha dictado dos resoluciones que no sólo siguen librando a la empresa de pagar sino que condenan a la Administración a sufragar, entre ambos fallos, 7.000 euros de costas. Según el Supremo, la Junta se equivocó al pedir el dinero mediante un acuerdo en Consejo de Gobierno debido a que carece en este caso de competencias de “autotutela”. Además, considera que la Ley de Minas en la que se basó no le autoriza a pedir el reinte-

Los ecologistas opinan que la Junta no ha aprendido de los errores

La UE condena a España por el impacto de una carretera de Aguirre Se incumplieron dos directivas sobre protección del medio ambiente en la M-501 <font

bruselas daniel basteiro

corresponsal

gro porque “no existe precepto legal” que le habilite para exigir “la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado”. Imputados

Ayer mismo, tras una denuncia de Ecologistas en Acción por vertidos procedentes de las antiguas balsas de Aznalcóllar, el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) tomó declaración, como imputados, al director de la empresa pública Egmasa y a dos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente por la presunta comisión de un delito de vertidos y de establecimiento de productos tóxicos al Arroyo Los Frailes, cuyas aguas desembocan en el Guadiamar, el río arrasado hace 13 años. A sólo diez kilómetros de aquella tragedia, en Gerena (Sevilla), la Junta tiene ahora sobre la mesa otra mina en cuestión. Cobre Las Cruces, de Inmet Mining, ha sido expedientada en multitud de ocasiones y está actualmente en los tribunales acusada por la Fiscalía de contaminar un acuífero. Los ecologistas consideran que la Administración continúa sin aprender de los errores del pasado. D

3 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer a España por ignorar las advertencias de la Comisión en cuanto al impacto ambiental de una carretera de Madrid. El tribunal, con sede en Luxemburgo, dictaminó que España incumplió dos directivas sobre protección del medio ambiente en las obras de la carretera comarcal M-501, conocida como la “carretera de los pantanos”. La sentencia denuncia que la Comunidad de Madrid dio luz verde al proyecto ignorando las exigencias comunitarias de un informe de impacto ambiental en la zona, que está protegida por la presencia de los encinares de los ríos Alberche y Cofio. En ellos viven especies protegidas como el águila imperial y el lince ibérico. El Ejecutivo de Aguirre consiguió parar el expediente de la Comisión Europea, que ya había trasladado el caso al tribunal comunitario en 2007. El Gobierno de la Comunidad prometió hacer una evaluación de impacto de los tramos afectados, pero presentó después un recurso ante la Justicia madrileña, que dio visos de legalidad a las obras por cuestiones de interés público. La

Comisión retomó su demanda judicial contra la Comunidad y ayer fue respaldada por los jueces comunitarios. En la sentencia, la Justicia europea concluye que España ha vulnerado la directiva de hábitats y la directiva de evaluación de impacto por no haber efectuado una evaluación de impacto previa y completa de los efectos sobre el medio ambiente de las obras. El tribunal recuerda que la directiva sobre los hábitats prevé efectivamente la posibilidad de realizar un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, pero un Estado miembro sólo puede recurrir a esta posibilidad después de haber analizado las repercusiones de un plan o de un proyecto. La sentencia obliga de momento a España, el interlocutor de la corte, a hacer cumplir la legislación europea, por ejemplo llevando a cabo los estudios pertinentes y cambiando el trazado en caso de que haya un grave perjuicio para las especies protegidas. Si no se cumple la sentencia, la Comisión podría abrir otro expediente contra España. La segunda sentencia podría ir acompañada de una multa millonaria. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) anunció ayer que tomará todas las medidas para que se ejecute la sentencia. “Esta zona tiene uno de los hábitats más adecuados para la cría de linces de toda Europa”, recordó el coordinador de conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, a EFEverde. D


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