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24/04/2007

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Gasto farmacéutico por persona Enero 2006 - Diciembre 2006

Galicia

282,25

C. Valenciana

281,82

Asturias

280,82

Extremadura

271,78

Aragón

267,51

Castilla - La Mancha

261,74

Murcia

259,93

Castilla León

manera precipitada, sin la participación, fuera de lo legalmente exigible en la tramitación de cualquier Ley, de los agentes implicados y, por tanto, sin el consenso necesario”, afirma. En su opinión, “no resuelve aspectos importantes” en la utilización de medicamentos y deja abierta una serie de cuestiones que, “de no resolverse adecuadamente en los desarrollos reglamentarios, pueden poner en riesgo el actual y eficiente circuito de los medicamentos”.

247,77

Navarra

239,62

País Vasco

238,87

La Rioja

238,37

Cataluña

237,19

Cantabria

236,69

Canarias

231,75

Andalucía

218,08

Baleares

186,19

Madrid

184,7

Ceuta

166,38

Melilla

145,65 0

50

100

150

200

250

300

Fuente: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia

viable y, en este sentido, “la firma del Convenio con la empresa pública Red.es, dentro del Plan Avanza, está aportando la agilidad y los medios necesarios para que en un breve periodo de tiempo comiencen las pruebas de pilotaje de este sistema”. Por último, Jiménez explica que la Consejería está “requiriendo al Ministerio para que facilite los sistemas de interoperabilidad e interconectividad entre los proyectos de las diferentes Comunidades Autónomas”. El uso racional de medicamentos implica básicamente que el paciente utilice el fármaco indicado para su patología, durante el tiempo preciso, minimizando los riesgos de su utilización y al menor coste para él y para la Comunidad. En este contexto, la opinión de la Dirección General de Farmacia frente al consumo de genéricos es que éstos son “un buen instrumento para avanzar en el uso racional, y así lo ha entendido la Consejería de Sanidad, que los ha potenciado desde hace años”. Asimismo, en los contratos de gestión de los distintos centros del Servicio Murciano de Salud se ha potenciado la prescripción de genéricos mediante incentivos a los facultativos basados en la mejora de la calidad de prescripción. Al mismo tiempo, en el programa informático de apoyo a la prescripción se ha facilitado la de medicamentos integrados en la guía farmacoterapéutica regional, donde los principios activos con especialidades genéricas en el mercado suponen un porcentaje elevado. Jiménez hace también una valoración de uno de los aspectos más controvertidos del ámbito farmacéutico, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. “Excepto en los aspectos a los que nos obliga la legislación comunitaria, la Ley se ha elaborado de

Jiménez añade que la Ley “es poco innovadora, excesivamente intervencionista, dificulta la labor asistencial de algunos profesionales sanitarios y además tiene en escasa consideración a las Comunidades Autónomas, siendo éstas las principales financiadoras de la prestación farmacéutica”. Asimismo considera que, mediante la tramitación de esta Ley, “se ha perdido una oportunidad, porque no responde a las necesidades actuales, ni tampoco a las legítimas expectativas de los distintos sectores afectados, en especial, de los profesionales y de los pacientes”. En este sentido, ofrece un dato: la inversión de los distintos laboratorios en I+D+i de acuerdo con los datos recogidos en el Plan Profarma 2006 “se encuentra en el 50 por ciento de las previsiones que hizo el Gobierno para este periodo”. Casimiro Jiménez habla también del gasto farmacéutico. La Comunidad de Murcia presenta unas características sociodemográficas muy concretas que han supuesto un crecimiento de la población cercano al tres por ciento anual, debido, principalmente, al establecimiento en la Región de una cantidad importante de inmigrantes. Jiménez comenta que estas personas presentan unas condiciones de salud “acordes a sus países de origen, y ello implica una utilización de los servicios sanitarios, una vez se han establecido en nuestra Región, más frecuente y con mayores complicaciones que el resto de los ciudadanos”. Así, para tratar estas patologías “se precisan medicamentos más eficaces y por tanto mas caros, lo que conlleva que tengamos no el precio medio por receta más elevado del país, sino un incremento de ese precio anual de los más elevados, puesto que el punto de partida de la Comunidad en este indicador era de los mas bajos de España”. En el momento de la negociación con el Ministerio de Sanidad para la realización de las transferencias sanitarias a la Comunidad durante 2001, el modelo de financiación establecía la actualización de ésta de acuerdo con el incremento del número de habitantes en cada territorio. Desde entonces, la población se ha incrementado de una manera notable y, desde el Ministerio, “no se ha procedido a actualizar las cuantías a transferir en función de este crecimiento, por lo que es la propia Comunidad quien está haciendo frente a ese aumento de la financiación sanitaria, cuando en palabras de Jiménez- realmente debe ser el Estado el que garantice una inversión adecuada de estos servicios para evitar que se produzcan problemas de sostenibilidad”.

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