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El informe preliminar sobre el caso BTR de la Megacomisión que investiga casos de presunta corrupción durante la segunda presidencia de Alan García, contuvo varias sorpresas, algunas de las cuales han pasado desapercibidas hasta ahora.

Por Romina Mella.-

De Petrotech a Savia Uno de los aspectos más importantes del informe concierne a las derivaciones del caso Petrotech. Esta compañía fue acusada por algunos implicados en el caso BTR y Petroaudios de haber estado detrás del ‘chuponeo’ de las comunicaciones. En esos meses el entonces presidente Alan García expresó una manifiesta hostilidad hacia Petrotech.


Mientras los funcionarios de la compañía negaban la acusación, su dueño, William Kallop, se apresuró en poner a la venta la empresa, desde Estados Unidos. A inicios de 2009, pocos meses después de desatado el escándalo de los Petroaudios, Kallop vendió la empresa a un consorcio formado por Ecopetrol, de Colombia; y National Oil Corporation (KNOC), de Corea del Sur. El precio de venta fue de 900 millones de dólares. Alan García había tratado de impedirla. Un día antes de la transacción, el 26 de enero del 2009, García se reunió en Palacio de Gobierno con Kanee Young Won, presidente de la compañía coreana. El 23 de enero, tres días antes, conversó con Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol. García intentó persuadirlos para cancelar la compra de Petrotech. “Les dije (a los representantes de Colombia y Corea del Sur) que no le parecía al Gobierno de Perú muy conveniente y que resultaba hasta extraña y sospechosa esa venta. Hay varias multas que Osinergmin ha planteado a la empresa Petrotech y cumplo con señalarles que si hubiera responsabilidad en este caso de ‘chuponeo’ habría dinero que pagar como tercero civilmente responsable”, indicó García en una rueda de prensa.

Ex presidente Alan García. (Foto: Agencia Andina).

A pesar de las advertencias presidenciales, la venta se cerró. El Ejecutivo acusó a Petrotech de eludir el pago de impuestos por haber vendido la compañía en el extranjero. García pidió al


Congreso que investigara el caso, tras lo cual se conformó una comisión investigadora convenientemente presidida por un parlamentario aprista. Sin embargo, García fracasó en impedir la venta. Kallop cobró y el nuevo consorcio asumió las operaciones de la compañía y le cambió el nombre a Savia. Poco después, pese a los desagrados presidenciales, las relaciones de Savia con el Gobierno aprista se tornaron no solo cordiales sino lucrativas. El ex ministro aprista, Hernán Garrido Lecca tuvo, como en tantas otras ocasiones, un papel en ese proceso. Garrido Lecca pasó de ser lobista y consultor de Global CST (ver las investigaciones sobre el caso de IDL-Reporteros) a consultor de Savia en 2010. Es importante señalar que no fueron los coreanos sino los colombianos quienes contrataron al ex ministro popularmente conocido como ‘Llanta Baja’. ¿Cuánto le pagó Savia? Ahí hay una discrepancia de cifras, aunque ninguna es modesta. Garrido Lecca declaró a la Sunat haber recibido 395 mil soles. Savia, sin embargo, informó a la Megacomisión haber pagado US$69,555.56 a Garrido Lecca a través de tres recibos de honorarios profesionales girados el 15 de febrero, 20 de abril y 4 de mayo de 2010. Lo extraño en este caso es que Garrido Lecca haya declarado a la Sunat una cantidad superior a la que Savia dice haberle pagado.

Hernán Garrido Lecca, ex ministro de Vivienda y de Salud. (Foto: Congreso de la República).


¿Y qué valía tanta plata? Garrido Lecca dijo que negoció con los maricultores de Sechura un acuerdo de responsabilidad social, que no tuvo resultado alguno. Con base en esta discrepancia, el informe de la Megacomisión recomienda investigar la contratación de Garrido Lecca, en tanto su gestión podría configurar patrocinio ilegal a favor de terceros. Como se recuerda, Garrido Lecca tuvo un papel protagónico en el caso Global CST, en el que actuó como lobista para la adjudicación de un contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. IDL-Reporteros reveló que Global CST le pagó a Garrido Lecca 369 mil soles por una consultoría en Guinea, vinculado a temas de saneamiento, luego de sus gestiones con funcionarios del sector Defensa. Savia Perú, a su turno, logró importantes negociaciones con el Gobierno justamente hacia la época en que Garrido Lecca trabajó como consultor. Una de las primeras cosas que lograron, fue que les permitan reabrir y operar la Planta Criogénica de Gas de Pariñas, en Talara, que el Gobierno le había cerrado a Petrotech en 2008. Cuando el Gobierno aprista le cerró la planta de gas a Petrotech, en 2008, esta compañía tenía líos judiciales con la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA), del grupo español ENDESA. Mientras García le tenía ojeriza a Petrotech, ENDESA sostenía litigios judiciales con aquella. El 2010, ENDESA fue favorecida por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, del 5 de enero del 2010, que estableció beneficios para las compañías eléctricas generadoras de centrales de Reserva Fría de Generación, entre ellas la filial piurana de ENDESA. Dos años más tarde, ENDESA le pagó 60 mil dólares a Alan García, el 24 de setiembre de 2012, por una conferencia dictada en Madrid. Según García, se trató de un evento multitudinario en términos ejecutivos, pero de acuerdo con la Megacomisión, la intervención de los 60 mil dólares fue en un evento interno de la empresa. Por ello, el informe recomienda que “los órganos competentes investiguen el presunto patrocinio ilegal” en este y otros casos que, como podrá ver cualquier observador alerta, empiezan a confluir y, lo más importante, a revelar.

Echaíz acusada Una de las conclusiones más importantes y sorprendentes del informe es la aseveración de que García, junto con la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz; el ex premier Jorge del Castillo, y el general PNP (r) Miguel Hidalgo (entonces jefe de la Dirandro), entre otros, formaron parte nada menos que de una “organización delictiva” de encubrimiento, para evitar que se conozca la participación de ex ministros y funcionarios públicos, en actos de corrupción.


Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación. (Foto: Inforegión).

El informe recomienda denunciarlos por el delito de asociación ilícita para delinquir. Lo inesperado en esta acusación es haber incluido a la ex fiscal de la Nación (junto con los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación) como la cabeza de esta red de poder en la Fiscalía cuyo objetivo, se sostiene, fue manipular la investigación del caso BTR. Según el informe, en enero de 2009 Alan García le pidió a Echaíz que ejecute el descerraje, allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes en una de las sedes de inteligencia de la Marina, en San Isidro. En esta diligencia, según indica la investigación, no participó ningún perito informático ni se realizó una auditoría de lo encontrado.

La salida de los colaboradores Otro asunto de importancia es la contratación de Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, los primeros informantes del gobierno en el caso BTR, en consulados peruanos en Estados Unidos, luego de excluirlos de la investigación fiscal por chuponeo. Matta, quien trabajó para Business Track, dio a las autoridades la información que llevó a la captura de Carlos Tomasio, Manuel Ponce y Giselle Gianotti. Además entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que nunca fue incluido como medio probatorio dentro del proceso judicial. Según el informe, está lacrado en la Fiscalía hasta el día de hoy.


Inicialmente, Matta habría informado a Amengual que algunos de los audios chuponeados por BTR comprometían a Del Castillo. Amengual, que trabajó como agente de seguridad del ex premier en 1985-86, cuando este fue prefecto de Lima lo habría alertado.

Ex canciller José Antonio García Belaunde. (Foto: La República).

Prontamente, los dos informantes fueron excluidos del caso y contratados por el ministerio de Relaciones Exteriores como funcionarios en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, durante dos años y medio, lo que representó un desembolso de US$ 377,000.00. ¿Quién los contrató? En una comunicación enviada a la Megacomisión, el ex canciller José Antonio García Belaunde sostuvo que sí estuvo informado de la contratación de ambos. “No descarto que haya sido el propio señor Jorge del Castillo (quien solicitó la contratación)”, indicó García Belaunde. En la parte final el informe de la Megacomisión recomienda que Del Castillo sea investigado por este caso♦


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