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Borrador de trabajo. FUNDAMENTOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA

Concebimos la política como una actividad de servicio dirigida a la realización del bien común, y, por tanto, al logro de la felicidad, espiritual y material, de la persona humana. En este sentido, la política cumple una función social indispensable, pues sin ella toda sociedad devendría en el caos al que conduce la existencia de conflictos insuperables generados por el juego de los intereses particulares y la ambición de riqueza y poder, que engendran desigualdad e injusticia para las mayorías. La conquista y ejercicio del poder y las técnicas para el gobierno eficiente de las instituciones y los recursos, son los medios a través de los cuales la política debe cumplir su función social. Por ello, no puede concebirse una acción política carente de fundamentos, esto es de valores, principios y fines que le den sentido y coherencia y, al mismo tiempo, constituyan la base de su legitimidad y factor de cohesión ética de quienes conforman la organización o partido que institucionaliza y expresa dicha política. Sin fundamentos, la acción política es una simple aventura para llegar al poder y aprovecharse de él, cuando no el ejercicio de un oportunismo irresponsable que manipula las necesidades y esperanzas de la gente, especialmente de los grupos excluidos y postergados, para favorecer a caudillos, cúpulas políticas o grupos económicos, que ven en el poder un medio para su propio beneficio. Además, la ausencia de fundamentos, conduce al pragmatismo, que utiliza la voluntad popular para encumbrarse al poder para luego, si le es necesario, recurrir al autoritarismo e, incluso, a la dictadura para mantenerse en él, traicionando a la democracia. El Perú ha vivido en época reciente estas traumáticas experiencias y por ello, el futuro del país y de su democracia reclama organizaciones políticas con fundamentos claros y firmes, que la ciudadanía pueda conocer y, en su momento, cotejar con la conducta de los hombres que dicen encarnarlos. De allí, la denominación y finalidad de este documento: expresar los fundamentos con los que ORDEN se presenta ante el pueblo peruano para pedir su confianza.

1. UNA POLÍTICA BASADA EN EL HUMANISMO CRISTIANO 1.1 La política reclama una nueva visión para afrontar los retos del siglo XXI. De una parte, el derrumbamiento de los socialismos reales ha permitido constatar el fracaso de las recetas colectivistas o totalitarias, al mismo tiempo que el desastre humano y social que provocaron. Por otra parte, las pretensiones de una ideología neoliberal y presuntamente única, legitimadora del proceso de globalización, ha demostrado sus carencias para crear economías con rostro humano y sociedades justas y solidarias. Compartimos, por ello, la afirmación de la Encíclica “Centesimus Annus”: “La crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia 1y de opresión existentes, de las que se alimentaba el marxismo, instrumentalizándolas” Por ello, sostiene la misma carta, la doctrina social cristiana representa una respuesta para “quienes hoy día buscan una nueva y auténtica teoría y praxis 2 de liberación”.


1.2 Los avances técnicos, la revolución de las comunicaciones, el proceso de globalización de la economía mundial y la cada vez mayor interconexión de nuestras realidades nacionales exigen respuestas nuevas. Estamos convencidos de que en el humanismo cristiano se encuentran los valores y principios sobre los cuales construir propuestas adecuadas para gobernar el proceso de cambios del siglo XXI. 1.3 Es claro que nos debe caracterizar la convicción de que la política basada firmemente en valores y principios humanistas y democráticos no consiste sólo en fórmulas de gestión administrativa, por eficaces que puedan ser, sino en decisiones sustentadas por proyectos políticos viables que pueden y deben responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Ello implica una nueva visión política que exige políticos de convicción con propuestas nuevas. 1.4 En el Perú durante los últimos cincuenta años, gobiernos democráticos y dictadura militares y civiles, han ensayado diversas respuestas para superar la aguda crisis económica y social que desde mediados del siglo pasado hacía presagiar graves convulsiones sociales y políticas. También, al margen del Estado, otras alternativas basadas en la violencia se han ofrecido como presuntas soluciones radicales a la profunda injusticia, desigualdad y atraso que caracteriza a la sociedad peruana. Unas y otras han fracasado e incluso, algunas como el terrorismo de la década del 80 y la dictadura de Fujimori, han llevado a la sociedad peruana a niveles impensables de violencia, destrucción, violación de los derechos humanos, corrupción y empobrecimiento, que han colocado a nuestro país en una situación de extrema inestabilidad social, económica y política, en medio de una creciente desconfianza en sus dirigentes políticos, instituciones y hasta de su propio futuro. 1.5 Tras la recuperación de la democracia y el inicio de un proceso de crecimiento económico sostenido los ciudadanos reclaman cada vez más que las exigencias de inversión, productividad y competitividad se acompañen de equidad, justicia y solidaridad. Reclaman, también que al mismo tiempo que se satisfagan sus necesidades materiales, se respete su dignidad y sus derechos como personas y que no se les manipule y engañe mediante el uso irresponsable de los medios de comunicación, el secretismo de la gestión de gobierno y hasta el propio aprovechamiento de sus necesidades básicas para exigir adhesiones a proyectos políticos profundamente contrarios al interés popular. Los hombres y mujeres de nuestra patria quieren ser personas y ser tratados con dignidad y no meros números en el diseño de políticas económicas o proyectos políticos. La política no está respondiendo de manera suficiente a estas exigencias. Demasiadas veces trata a la gente como si sólo importaran las cosas a su alcance, nueva forma de alienación de las expectativas ciudadanas. O bien se reduce a la mera administración competitiva en el marco de las eficiencias en la lógica de un pensamiento que no privilegia a la persona humana ni a sus comunidades. La política tradicional, pero también la política tecnocrática que se ofrece como alternativa a ésta, con frecuencia desconocen que la cultura que la envuelve abarca lo tecnológico, pero tiene su núcleo en una vivencia ética, abierta a lo trascendente. Dicha vivencia ha de inspirar la política para que ésta contribuya al sentido de vida de la gente. 1.6 Una política guiada por la ética. Para poder responder a estas exigencias, hay que comenzar a respetar la moralidad y seriedad de la cosa pública. Ello implica evitar caer en la política-espectáculo, que rechaza la ideología para reducirse a la ideología, bajo un predominio mediático impregnado de pragmatismo. Hay que rescatar la ética propia de la verdadera política, es decir la que se conduce desde una


honda convicción personal y desde la voluntad de contribuir al destino de la comunidad a la que se pertenece. (A) Por ello, a la vez, es indispensable introducir valores en lo que hacemos políticamente, ir más allá de lo contingente y superar toda visión limitadamente materialista y/o tecnocrática. Los valores son bienes públicos que merecen protección e invitan a la creatividad social para promoverlos, tales: la dignidad humana la libertad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, la honestidad y la paz. Hay que superar el facilismo y las simplezas en la política con respecto a la cosa pública. Es preciso ir más allá de lo trivial y de las modas del momento y no reducir la ética al campo de lo privado, mientras en el público prevalece un paradigma tecnocrático o pragmático. Para nosotros el bien común debe guiar el interés general, sino es así, los comportamientos se relativizan y los vicios públicos se refuerzan: el abuso del poder, la corrupción generalizada, las mezclas indebidas de lo público y lo privado, que generan en los ciudadanos la apatía, frustración y desengaño en la política. (B) La política debe estar al servicio de grandes tareas, cuyo eje sea la persona humana, tales como: la humanización y fortalecimiento de la sociedad civil a través de una renovada ciudadanía, que aúne el sentido de pertenencia a lo local y de pertenencia a lo nacional; el ejercicio más amplio e irrestricto de los derechos y libertades y el logro de la equidad, sobre todo entre mujeres y hombres, pobres y ricos y gentes de diferentes etnias; la potenciación de las comunidades de base y gobiernos locales y regionales como complementos del Estado nacional; la apertura a la economía de mercado y la valoración de las iniciativas de las personas emprendedoras, así como la erradicación de la pobreza; la promoción de la igualdad de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación y de exclusión social; la participación en la sociedad del saber; y, en el horizonte más lejano pero no utópico, la construcción de una sociedad solidaria y una democracia ciudadana. 2. LA PERSONA: CENTRO DE LA ACCIÓN POLÍTICA 2.1 La persona humana es el eje del proyecto político que proponemos. Este proyecto parte de la convicción en la dignidad de la persona y en el respeto por los derechos que emanan de la naturaleza humana. Busca impulsar el crecimiento personal, para lo cual la libertad es esencial, la democracia es indispensable, la igualdad de oportunidades es una condición, la vida en comunidades es una necesidad y el Estado debe tener la capacidad y la eficiencia para cumplir con su papel, tanto subsidiario como solidario, de gerente y garante del bien común. La globalización, el surgimiento de la post- modernidad y la velocidad de los cambios en el mundo en que estamos insertos, requieren equilibrios efectivos en favor de la integridad de la persona como centro de la vida política, social y económica. La ausencia de estos equilibrios suscita reacciones extremas, como la violencia y el terrorismo, que atentan contra la vida y las libertades de la persona. 2.2 El respeto a los derechos humanos, partiendo del derecho a la vida, debe defenderse en toda circunstancia y animar tanto a la sociedad civil y al Estado. Nuestra primera tarea es trabajar por este respeto, que constituye la base de la democracia. 2.3 Desarrollo humano sustentable y educación (A) Al mismo tiempo, hemos de dedicarnos a lograr un desarrollo humano sustentable que beneficie a los hombres y mujeres comunes y corrientes. Toda obra de gobierno debe evaluarse según que mejore o no la calidad de vida de todas


las personas y de toda la persona. No se trata de que la gente sobreviva, sino de que viva bien, en el espíritu de Aristóteles, prefiriendo propiciar la vida buena de todos sobre la buena vida de unos pocos. (B) En la medida en que hacemos de la persona el centro de la acción política, debe constituir una prioridad el proporcionar a toda persona la mayor cantidad y la mejor calidad posible de oportunidades de educación y de capacitación. Estas han de permitirle mejorar su nivel de vida, compartir la vida en comunidad de manera más fraterna y encontrar su sentido de vida en el contexto de la sociedad globalizada del saber. En aras de proporcionar tales oportunidades hemos de tener el coraje de renovar a fondo nuestros sistemas formales e informales de educación. (C) Uno de los objetivos centrales de este desarrollo humano es la creación de empleos en cantidad y calidad adecuada para proporcionar trabajo productivo y bien remunerado a nuestros conciudadanos, especialmente a los jóvenes y las mujeres, que actualmente tienen las tasas más altas de desocupación y subempleo.

3. UNA SOCIEDAD CIVIL HUMANISTA Y SOLIDARIA. 3.1 Frente a los que privilegian el mercado o el Estado o simplemente mezclan ambos, añadiendo el uso de los medios de comunicación en una suerte de tecnosistema central, nuestro proyecto reivindica la importancia de la sociedad civil a partir de la cual las personas hacen valer sus iniciativas y su corresponsabilidad, a las que deben ordenarse el mercado y el estado como instrumentos y no como fines en sí mismos. Sobre la base del respeto por la dignidad y la integridad de la persona, apoyamos firmemente el desarrollo de una sociedad civil fuerte. En organizaciones autónomas, en comunidades intermedias, la persona fortalece su responsabilidad junto con las de sus vecinos y vecinas. Una sociedad civil fuerte no sólo crea un clima de desarrollo económico favorable, sino que es el sustento de una democracia participativa. 3.2 Las comunidades son espacios indispensables A. La naturaleza humana requiere que las personas vivan sus vidas en múltiples comunidades, que ocupan un lugar intermedio entre el individuo y el Estado, superando así la estrecha concepción del Estado liberal. Por ello la sociedad debe respaldar su constitución y desarrollo, así como respetar su ámbito propio, en virtud del principio de subsidiariedad. Por otro lado, este es un dato de la realidad, pues el Estado contemporáneo contempla el desarrollo incesante de estas formas de organización social autónoma. B. Nuestra propuesta promueve el desarrollo de las estas comunidades y el respeto a su autonomía e iniciativa, en particular de las “organizaciones de solidaridad” (clubes de madres, cocinas populares, vaso de leche) así como de la comunidad educativa, -en la que los padres deben asumir más responsabilidades, tanto derechos como deberes, que actualmente-, los sindicatos y los gremios de trabajadores y empresarios, los colegios profesionales, las cooperativas, los clubes sociales y deportivos, las asociaciones culturales y artísticas, las juntas de vecinos y tantos otros más. C. Reconocemos la necesidad de promover una intensa dinámica asociativa, que supere la sociabilidad individualista o la meramente familiar, a través de la formación en las virtudes sociales de la laboriosidad, confianza y corresponsabilidad. Esta sociabilidad libremente asociativa es indispensable para el buen funcionamiento de la


democracia y ha de corregir una carencia básica del neoliberalismo en el sentido de favorecer la vitalidad de la comunidad. D. Sostenemos que estas organizaciones deben constituir canales efectivos para la participación ciudadana en los asuntos públicos y que por ello deben tener acceso y participación en los niveles de gobierno que correspondan a su ámbito de actividad, tales como los gobiernos locales y regionales 3.3 La familia: comunidad fundamental. A. Es imprescindible adoptar políticas sociales y públicas destinadas a fomentar, respetar, proteger y fortalecer la familia para que se integre donde ha persistido en la informalidad y se consolide donde se ha integrado, de manera que sea efectivamente la comunidad en la cual cada uno de sus miembros cuenta por lo que es: una persona. B. La familia, basada en la pareja estable entre el hombre y la mujer, es donde se centran por excelencia las relaciones interpersonales, la solidaridad y el amor. En la familia comienza la humanización de nuestra sociedad. Concedemos la máxima prioridad a la protección efectiva de los derechos de la infancia, a la prevención del maltrato y a la integración social de los menores en situaciones de especial dificultad. Es indispensable, para ello, que la educación inculque el valor de la familia y que toda política social, especialmente la política laboral, diseñe sus orientaciones básicas, y las ejecute, teniendo a la familia en mente. 3.4 Equidad entre mujeres y hombres. El papel socio-cultural que afecta a la mujer se traduce en una sobrecarga de responsabilidades en la familia que dificulta su participación en el trabajo fuera del hogar y en la política. De allí que la equidad entre hombres y mujeres es una exigencia fundamental que requiere profundas adaptaciones de los roles en la familia y un más equitativo reparto de responsabilidades entre marido y mujer, tanto en el campo doméstico como en el laboral. Gracias a ello se abrirán a las mujeres nuevas perspectivas en la política. Estar en ORDEN supone colocarse a la vanguardia de esta promoción de un nuevo papel de la mujer. Por ello, se propiciará legislación que garantice la igualdad dentro del matrimonio, la prevención y sanción de la violencia familiar, condiciones laborales compatibles con la maternidad y una decidida apertura al liderazgo femenino en la política. 3.5 Igualdad de oportunidades y no discriminación. El logro de una democracia real supone la efectiva igualdad de oportunidades y la erradicación de toda forma de discriminación. La igualdad formal o igualdad ante la ley es insuficiente para corregir la existencia de las profundas desigualdades económicas, sociales y culturales que atraviesa nuestra sociedad. En esta subsisten, además, situaciones discriminatorias, en particular las originadas en el sexo, el color, la raza y la edad de las personas. Se requiere, por ello, una eficaz política social del Estado que posibilite convertir en realidad los derechos sociales relativos a la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y el bienestar de los peruanos, para lo cual es indispensable que el Estado brinde en estos campos servicios eficientes y de calidad, para que los peruanos de escasos recursos puedan acceder a ellos y tener la posibilidad de desarrollarse como personas y ciudadanos. Ello supone, necesariamente, reconocer a los sectores educación y salud una atención prioritaria y asignarles los recursos presupuestales requeridos para superar el estado de postración en que actualmente se encuentran. En estos campos, debe merecer un esfuerzo especial el mundo rural, que es el más abandonado.


Cuando resulte indispensable, el Estado debe adoptar políticas que contengan acciones positivas – o de discriminación inversa- a favor de los sectores sociales que son objeto de discriminación, con el objeto de equipar su situación con los demás grupos sociales y, de esta forma, promover su desarrollo y la realización de la igualdad sustancial entre los peruanos.

6. Dignidad del trabajo, protección social y relaciones laborales justas. 1. Desde la perspectiva del humanismo cristiano el trabajo no es solamente un medio de subsistencia, personal y familiar, sino el medio por el cual la persona desarrolla su humanidad, perfecciona su vocación de persona y colabora en la obra de la Creación. Por eso el trabajo posee un sentido ético: su valor no deriva del tipo de trabajo, sino del hecho de que quien lo ejecuta es una persona. La dignidad del trabajo se origina en su dimensión subjetiva, es decir en el hecho de representar una actividad de la persona. Por ello no puede concebirse como una mercancía, objeto de la oferta y la demanda en el mercado: “(…) el peligro de considerar el trabajo como una “mercancía sui géneris”, o como una anónima “fuerza” necesaria para la producción (se habla incluso de “fuerza de trabajo”, existe siempre, especialmente cuando toda la visual de la problemática económica esté caracterizada por las premisas del economismo materialista” (Labórem Excercens, 7). De este modo, se afirma la primacía del trabajo subjetivo sobre el objetivo (capital), constituyendo una injusta inversión de los valores subordinar el primero al segundo, pues éste es sólo instrumento de aquel. “Es el principio de la prioridad del “trabajo” frente al “capital”. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el “capital”, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental.” (Labórem Excercens, 12) B. La concepción humanista cristiana del trabajo supone el reconocimiento de los derechos que brotan del trabajo y su exaltación como verdaderos derechos humanos: “Los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona.” (Labórem Excercens, 16). Estos comprenden tanto el respeto y garantía de los derechos específicamente laborales, reconocidos en la mayoría de constituciones, como el de los derechos fundamentales de la persona dentro de la relación laboral, ya que la nota de subordinación del trabajador, propia de ésta, no puede significar el desconocimiento de los derechos de la persona. Un justo sistema de relaciones laborales, es una condición del equilibrio social y de la democracia, así como elemento indispensable del desarrollo de la persona mediante el trabajo. Los fundamentos de este sistema han de ser, en primer lugar, el salario justo, el cual se convierte, así, en criterio de “verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo funcionamiento” (Labórem Excercens, 19). El salario debe poseer una dimensión personal y familiar y contribuir al bienestar del trabajador como parte y, muchas veces, sustento principal de la familia. Por ello, “(…) la fijación del salario ni puede abandonarse en absoluto a la libre competencia, ni es lícito que la determine el arbitrio de los poderosos, sino que


en esta materia deben observarse estrictamente las normas de justicia y de equidad.” (Mater et Magistra, 71) Asimismo, el sistema justo de relaciones laborales debe tener como pilar fundamental la libertad sindical, pues los sindicatos “Sí son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres según las distintas profesiones.” (Labórem Excercens, 20). Son, además, componentes necesarios del sistema democrático porque garantizan el pluralismo social, propio del estado social de derecho. El derecho de huelga forma parte, también, del elenco básico de elementos del sistema de relaciones laborales, pues constituye “(…) un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites”. (Labórem Excercens, 20). Entre éstos últimos, figura el caso de los servicios esenciales, en los cuales su utilización no debe ser abusiva ni contraria al bien común. Desde la perspectiva del humanismo cristiano, es lícito propiciar la participación de los trabajadores en la empresa a través de distintas formas, ya que “(…) es legítimo el deseo de los obreros de participar en la vida de las empresas a las que están incorporados y en las que ponen su trabajo.” (Mater et Magistra, 91). Se trata de “(…) propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la empresa, al llamado “accionariado” del trabajo y otras semejantes” (Labórem Excercens, 14).

4. UNA ECONOMIA BASADA EN LA EQUIDAD 4.1 El objetivo de la economía es garantizar la satisfacción de las necesidades, presentes y futuras, de las personas que conforman la sociedad, en otras palabras, asegurarles una calidad de vida compatible con su dignidad. De allí que se afirme, con razón, que la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. 4.2 Para alcanzar este objetivo es necesario un sistema económico que: a) valore las iniciativas privadas que conduzcan al crecimiento del producto, a la asignación de recursos entre presente y futuro, y a la conservación y mejoramiento del medio ambiente con el fin de asegurar la sustentabilidad del desarrollo; b) que valore, igualmente, el rol del Estado como garante del bien común. Ha de reconocerse, y garantizarse, el rol de los empresarios y trabajadores en la creación de riqueza para el país, pero también el rol promotor, regulador y fiscalizador del Estado, para garantizar una asignación de recursos que promueva conjuntamente un crecimiento ambientalmente sustentable y la equidad en la distribución de los beneficios, especialmente entre el capital y el trabajo. 4.3 Se debe utilizar el impulso de la iniciativa y el talento de las personas como elemento importante en la organización de la economía, sin perjuicio de que la exigencia de la solidaridad sea, también, parte sustantiva de la forma en que se desarrolla el proceso económico. Esto hace posible que el estímulo del mercado libre se inserte en el contexto de la sociedad solidaria. En tal sentido es preciso un mercado lo más competitivo posible, reservando al Estado un rol corrector de las imperfecciones que atentan contra el bien común. El Estado asume un rol subsidiario ante el caso de situaciones monopólicas, oligopólicas o de posiciones dominantes en el mercado.


El Estado tiene el papel de promover y organizar los elementos básicos de la competencia, apoyar la iniciativa privada dentro de regulaciones preestablecidas, combatir la pobreza y la exclusión social, mejorar la distribución del ingreso nacional, enfatizando la previsión de recursos de capital, especialmente inversión en las personas, que eviten la transmisión de la pobreza hacia las siguientes generaciones. Asimismo, al Estado corresponde impulsar la descentralización económica, propiciando una adecuada distribución y localización de la inversión y los centros de producción en todo el territorio nacional, así como el desarrollo de proyectos para la explotación de recursos naturales y el mejoramiento de la infraestructura. 4.4 La concentración del poder económico en el Estado o en determinados grupos privados, nacionales y transnacionales, atentan contra la libertad personal, ya que genera un poder desequilibrador y amenazante. Por eso es necesario regular el accionar de tales grupos, a través de instituciones y procedimientos democráticamente representativos. Uno de los objetivos básicos de la política económica estará dirigido a promover la difusión del poder económico, a través de la participación ciudadana en la propiedad de las empresas, estimulando para ello el mercado de valores, así como el acceso de toda la sociedad a los beneficios generados por el sistema. 4.5 En función de lo anterior, es preciso construir el sistema económico social sobre las siguientes bases:

4.5.1 Una administración de la política económica que mantenga los equilibrios básicos, especialmente de las finanzas públicas (que evite la inflación y desempleo crónicos) y que aseguren el mantenimiento de mercados competitivos en áreas claves;

2. La propiedad privada de los medios de producción, exigiendo el cumplimiento de su función social para evitar su uso contrario al bien común, la concentración de la riqueza y la afectación del medio ambiente. Para el pensamiento humanista cristiano, la propiedad se adquiere mediante el trabajo. Por ello los medios de producción “no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer” (Labórem Excercens, 14) Su título legítimo es que sirven para el trabajo y en ello reside, precisamente, su función social. Una forma de lograr que los medios de producción sirvan para el trabajo es, precisamente, estimular formas de propiedad no estatal como las cooperativas y las empresas asociativas, que permiten la unión del trabajo y el capital. Asimismo, se respetará y protegerá las formas ancestrales de propiedad comunitaria de las comunidades andinas y nativas, especialmente respecto a la tierra. 4.5.3 El rol empresarial del Estado estará subordinado al principio de subsidiariedad. El Estado puede realizar actividad empresarial siempre que no impida la participación eficiente del sector privado o en áreas consideradas estratégicas en la economía. En tales casos, la participación en la gestión de dichas empresas de los trabajadores y de los usuarios, cuando ello corresponde, debe ser un criterio fundamental.


4.5.4 El reconocimiento de la libertad de contratación y de la plena movilidad de capitales, empresas y personas en el territorio nacional, pero en igualdad de condiciones para todos. 4.6.5 La existencia de organismos reguladores de los servicios públicos prestados por empresas privadas, conformados en forma independiente del Estado y de los grupos económicos, en los que debe tener papel preponderante la sociedad civil.

5. LAS CIUDADES Y EL MEDIO AMBIENTE, PREOCUPACIONES PRIORITARIAS 5.1 Políticas para las ciudades Más del 70% de la población peruana vive en las ciudades y éstas experimentan un crecimiento explosivo y desordenado que colapsa sus estructuras y disminuye la calidad de vida. Se debe por ello otorgar preferencia a políticas que fomenten la planificación urbana, la participación y el sentido comunitario. Ello implica desde una política de seguridad ciudadana contra la delincuencia, una política de transporte público realmente efectivo y accesible, una política de planeamiento urbanístico de viviendas, centros de trabajo y espacios públicos y una política de recolección y procesamiento de basura, hasta una política de fortalecimiento descentralizado de los gobiernos locales. Lo que se busca es humanizar la vida en las ciudades de manera que los ciudadanos y sus familias se sientan acogidos, seguros y corresponsables por sí mismos. 5.2 El medio ambiente La preocupación por las ciudades se entrelaza con la preocupación por el medio ambiente. Tal es su deterioro actual, que no se trata solamente de preservarlo, sino en muchos casos de mejorarlo. Se debe hacer por razones variadas: de salud pública, de las necesidades de nuestro comercio exterior y, más profundamente, porque se concibe la naturaleza como parte de un orden de creación o de humanidad en que el hombre se integra a un todo. El compromiso ambiental va más allá de las necesidades actuales, pues implica una responsabilidad por la suerte de futuras generaciones y envuelve una concepción de la persona humana en su vocación como salvaguarda de la naturaleza y de la vida. En este aspecto, la preservación de la Amazonía y de los bosques naturales, incluyendo el respeto a la vida animal que en ellos existe, debe ser una prioridad, para impedir la destrucción y depredación de hoy amenaza a dichas áreas y a las especies que habitan en ellas.

6. POR UNA DEMOCRACIA CIUDADANA. La democratización es un proceso permanente, que consiste en la participación de los ciudadanos en las instituciones y en las decisiones que afectan su vida, así como en hacer efectivo su derecho a controlar a quienes ejercen el poder. Nuestro propósito en construir una DEMOCRACIA CIUDADANA, que superando los a veces estrechos límites de la democracia representativa, promueva la participación real, efectiva y permanente de los ciudadanos en el Estado y los gobiernos regionales y locales, evitando que estas instituciones sean entes abstractos y esferas ajenas a la vida cotidiana y, por el contrario, se conviertan en estructuras abiertas, transparentes y participativas. 6.1 En el plano nacional y local


(A) Por ello, la democracia requiere ser constantemente perfeccionada, vía su profundización, gracias a la creación de nuevos espacios de participación, incluso con la ayuda de nuevas tecnologías de comunicación. Para crear estos nuevos espacios es necesario emprender un proceso de desconcentración y descentralización del aparato estatal. A un nivel más hondo, la participación a darse en el plano local, no únicamente en relación con el Estado, sino en el mismo seno de la sociedad civil. Conviene por ello aprovechar el surgimiento de múltiples organizaciones de base que el Estado debe apoyar. Una tarea esencial es la de profundizar y consolidar el proceso de descentralización para poner fin al agobiante centralismo que durante la vida republicana ha sido una de las causas principales de nuestro atraso y de la debilidad congénita de la democracia. Fortalecer los municipios, transfiriéndoles atribuciones y recursos, y constituir auténticos gobiernos regionales, sobre la base de grandes espacios económicos y sociales con potencial de desarrollo propio, dotándoles de amplios atributos de administración y de recursos económicos, es una tarea prioritaria e impostergable para descentralizar y democratizar el Estado peruano. (B) Las instituciones del Estado, y nuestro quehacer político, han de buscar profundizar la democracia hasta alcanzar lo más plenamente posible el Estado Social y Democrático de Derecho, al que entendemos como un Estado sujeto a la ley, legítimamente establecida por el poder constitucional -, que promueve y garantiza los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Queremos construir una democracia en que además de la igualdad (jurídica) ante la ley, haya igualdad efectiva de oportunidades y en que el Estado asuma la tarea de remover los obstáculos que impiden esta igualdad; en que la propiedad obligue, tenga una hipoteca social y su gestión sea participada; y en la que se encuentre proscrita toda discriminación basada en el color, la raza, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen , la condición económica y cualquier otra semejante. (C) La construcción de una democracia ciudadana exige ampliar las formas tradicionales de participación del ciudadano, generalmente limitadas al sufragio, y establecer mecanismos de participación directa como el referéndum, la iniciativa popular -legislativa y constitucional-, la revocatoria de autoridades y remoción de funcionarios, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la asignación de recursos en las comunidades locales, el derecho de petición y de información a las autoridades utilizando nuevas tecnologías de comunicación como el Internet, y otras semejantes. Nuestra Constitución contempla varios de estos mecanismos, pero su aplicación se ha visto seriamente limitada por la práctica autoritaria de la década del 90, así como por la rigidez de algunos requisitos señalados para su ejercicio. Por ello, urge que se dicten todas las normas que faciliten su utilización y que se difunda adecuadamente a la ciudadanía los procedimientos para poner en marcha esos mecanismos. Una cultura de la participación debe ser el fundamento para construir una democracia de participación, en suma, una democracia de ciudadanos. (D) También es necesario para ampliar la participación y para ésta sea auténtica y no de fachada, que se dé un alto grado de transparencia en la gestión pública y en las principales instancias civiles. Para ello cabe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, promover el ejercicio responsable de los mismos y asegurar el pluralismo de los medios de comunicación.


6.2 En el plano mundial (A) Esta mayor participación democrática ha de darse no sólo hacia lo local, sino también hacia lo mundial. Se debe prestar atención a las oportunidades que ofrecen las instituciones internacionales y el desarrollo de organizaciones multilaterales entre los Estados. También se debe prestar atención a la llamada gobernanza informal que ejercen organizaciones paraestatales de índole internacional o transnacional. Se favorece el papel mediador que juegan los procesos de integración regional en la medida en que refuerzan la vigencia del pluralismo dentro de la globalización. Se considera beneficiosa la búsqueda de procedimientos y mecanismos que velen para que los beneficios del proceso de globalización alcancen a todos los países y se eviten los accesos de inestabilidad financiera a la que está expuesta la economía mundial y como consecuencia la de nuestros países. Se piensa que es válida la preocupación acerca de normas laborales y ecológicas en relación con las reglas del libre comercio, siempre y cuando se compensen las economías de los países de menor desarrollo con su acceso efectivo a los mercados de los países de mayor desarrollo. (B) Las violaciones graves a los derechos humanos constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Se necesita fortalecer la efectividad de la Organización de Naciones Unidas y específicamente de un Consejo de Seguridad más representativo. Dicho organismo debe poder actuar a tiempo para prevenir graves violaciones a los derechos humanos. En los casos donde esta prevención no ha sido posible o efectiva, debe poder actuar eficazmente para poner fin a tales violaciones. Es necesario encontrar maneras de superar eventuales vetos en el Consejo de Seguridad que impidan una acción humanitaria efectiva en nombre de la comunidad mundial.

7. PRIORIZAR LA CULTURA, LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGIAS. 7.1 Se ha iniciado un nuevo milenio. De hecho desde la caída del Muro de Berlín y el final de la confrontación este-oeste, no sólo se dan cambios políticos, económicos y del sistema internacional importante. Se experimenta, además una gran transformación cultural, tan o más profunda que la transformación que se dio al inicio de la modernidad, debido al alcance de la actual revolución científico-técnica. Esta transformación puede ser el comienzo de una nueva etapa de la modernidad o bien la transición hacia la postmodernidad. Los cambios en la cultura y en los estilos de vida correspondientes condicionan la vida política, la vida económica y la vida internacional. 7.2 De allí la importancia que se reconozca a los creadores y a la inteligencia en nuestras sociedades. El cultivo de las ciencias y la tecnología son claves en la nueva sociedad del saber que se gesta, pero con la conciencia que se ha adquirido de los límites epistemológicos y axiológicos que ellas tienen como creaciones humanas. Las personas y la sociedad debemos por ello ahondad más que nunca en los fundamentos de nuestra cultura, lo que significa escudriñar los misterios de la existencia humana en estos nuevos tiempos. Ello requiere de un diálogo respetuoso entre religiones y convicciones de vida y entre sus respectivas implicaciones para construir y habitar un Globo que se convierta en un Mundo más humano. 8. UNA NUEVA FORMA DE HACER POLITICA. 8.1 Estamos convencidos que la política necesita una nueva visión que, partiendo de un humanismo abierto a la trascendencia y comprometido con la solidaridad, ofrezca a nuestro pueblo renovada esperanza en un futuro mejor y renovada confianza en sus representantes


políticos. Por ello, planteamos este perfil de un nuevo centro progresista como proyecto de nuestros esfuerzos. 8.2 Se requiere así nuevos modos de “hacer política” para superar el creciente desprestigio de la misma y recuperar su sentido como labor de “servicio” para el bien común. Este nuevo estilo debe estar marcado por varios rasgos entre otros: a) La ética como fundamento de la actividad política, desterrando el uso del poder y los cargos públicos para el provecho personal o grupal de los políticos mediante la corrupción y el engaño. b) La franqueza en la expresión: el discurso político no debe servir para encubrir la realidad o engañar con falsas promesas, sino para analizar los problemas reales y proponer soluciones viables; c) La transparencia, para contrarrestar la mentira, el conflicto de intereses y el secretismo en el ejercicio de la función pública, dando a la gente la posibilidad de tener acceso pleno e inmediato a la información d) La preocupación permanente y preferente por la gente común y corriente, por sus necesidades y aspiraciones, para superar el ensimismamiento en el que tiende a caer la política, cuando en vez de servir a la gente sirve sobretodo a los políticos; e) La austeridad y el recurso a lo que Jacques Maritain llamaba "los medios pobres", para evitar el derroche escandaloso de los escasos recursos del Estado y la erradicación de la frivolidad y la ostentación. f) Este nuevo estilo, finalmente, debe estar sustentado por la esperanza, que transmite una confianza fundamental en la gente y la convicción de que la historia humana tiene sentido y que la democracia es, también, un estilo de vida basado en la austeridad y la honestidad. 8.3 Participación, transparencia y competencia en la política. La exigencia medular de una nueva forma de hacer política debe alcanzar a los propios partidos políticos, como instrumentos concebidos para canalizar la participación ciudadana en la vida pública. Lamentablemente, en nuestro país, los partidos, antes que instituciones democráticas de participación, han sido meras plataformas electorales o de apoyo a caudillos políticos, cuando no instrumento al servicios de oligarquías o cúpulas que han ahogado o suprimido toda forma de democracia interna en aras del “interés del partido”, el cual muchas veces no era otra cosa que una forma de encubrir las ambiciones de caudillos mesiánicos u oligarquías partidistas. En una democracia ciudadana, es decir, participativa, los partidos deben ser democráticos y participativos, pues constituye una evidente contradicción que las organizaciones que aspiran a gobernar el estado democrático no sean democráticas en su estructura interna, aunque su ideología y programa adhieran al sistema democrático. Por ello, creemos que los principios de democracia interna, participación, y transparencia deben incorporarse en la vida interna de los partidos, a través de algunos mecanismos como los siguientes:

1. La elección periódica de los dirigentes del partido en todos los niveles, por procedimientos democráticos y transparentes y el ejercicio de su mandato por períodos con una duración razonable. Deben establecerse límites a la posibilidad de reelección inmediata en los cargos.

2. La designación de los candidatos del partido a los cargos de elección popular (presidente, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, consejeros regionales y regidores) en elecciones primarias, bajo el principio “un militante, un voto”, y bajo la supervisión de la ONPE.


3. La garantía de la libre discusión interna para la adopción de las estrategias, propuestas y programas del partido.

4. El desarrollo de estrategias de comunicación entre la dirigencia y los afiliados, utilizando las modernas tecnologías de comunicación, generando un flujo permanente de información de y hacia, dirigentes y militantes.

5. La transparencia en las finanzas del partido, declarando la fuente de todos los ingresos y haciendo públicos los estados financieros. Estos principios inspiran nuestra propia organización y actuación política, pues queremos ofrecer al país el ejemplo de una democracia partidaria como título legítimo para pedirle su respaldo en la tarea de construir una democracia ciudadana.

9. POR UNA DEMOCRACIA CIUDADANA EN UNA SOCIEDAD SOLIDARIA. Nuestro proyecto político para el país es realizar la democracia en sus dimensiones política y social. En el caso de la primera, aspiramos a superar el estrecho molde de la democracia representativa – la cual, sin embargo es indispensable- para enriquecerla y ampliarla con la savia de la participación ciudadana, a través de la cual deberá superarse el creciente divorcio entre las instituciones políticas y el ciudadano, que han conducido a la crisis de la representación y, consiguientemente, al debilitamiento de la democracia. Propugnamos, por ello, una DEMOCRACIA CIUDADANA, en la que las nociones de “representación” y “participación” no sean expresión de realidades opuestas, sino elementos complementarios, de una rica síntesis que nos conduzca a vivir una democracia más plena y genuina. Ello no será posible, sin embargo, si la sociedad peruana en su conjunto no es solidaria, esto es, sino es capaz de superar las actuales situaciones de exclusión social, pobreza y discriminación que caracterizan a nuestro país. Sólo a través de la solidaridad efectiva, que supone la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fin de toda discriminación, la igualdad de oportunidades y la realización de los derechos sociales, será posible alcanzar esa meta, aún lejana, y construir una sociedad en la que no existan entre los peruanos más diferencias que las que nacen del mérito y del esfuerzo personal. Esta es la medida de nuestro compromiso con el Perú. Para construir una DEMOCRACIA CIUDADANA EN UNA SOCIEDAD SOLIDARIA, surgimos a la vida pública, diciendo nuestra palabra con claridad y ofreciendo a todos los peruanos de buena voluntad, que tienen esperanza en el futuro del país, una nueva oportunidad para forjar ese futuro por nosotros mismos, sintiéndonos en esa tarea orgullosos de ser peruanos.

1 Carta Encíclica de Juan Pablo II, 1991, Nº 26. 2 Ibidem.


Fundamentos para la acción política