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Capítulo II. Políticas macroeconómicas y desarrollo rural en Honduras

favorable para las inversiones privadas junto con una política fiscal prudente que dé suficiente cabida a la inversión pública. Lamentablemente, hemos visto que esto no ha sido el caso en los últimos años. Durante el período 1998–2002, los ahorros públicos han menguando en forma constante (de un 4 por ciento del PIB en 1998 a un 0,2 por ciento en 2002) y se ha registrado un aumento persistente en el déficit fiscal neto (de un 1,1 por ciento del PIB a un 4,8 por ciento). En lugar de aumentar, los ingresos tributarios han disminuido de un 16,7 por ciento del PIB en 1998 a un 15,9 por ciento en 2002. Asimismo, el sistema tributario en vigencia en Honduras es sumamente regresivo, con un 86 por ciento del total de ingresos fiscales proveniente de impuestos indirectos (lo que constituye una carga desproporcionada para los pobres) y una proporción muy baja de personas que pagan impuestos sobre la renta15.

Reformas a la política agropecuaria Además de la reforma macroeconómica, a principios de los noventa dio inicio un proceso de reforma a las políticas del sector agrícola, el cual se espera que continúe en el contexto del TLC. Como resultado de ello, se ha restringido considerablemente el papel del gobierno en este sector y entre las reformas se incluyen drásticas reducciones en instituciones del sector público como los servicios de extensión16. Los cambios en las instituciones y políticas del sector agrícola tuvieron su sustento legal en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que entró en vigencia en 1993 reemplazando la Ley de 15 Incluso los impuestos directos los pagan mayormente por los grupos de ingreso medio, mientras que aquellos con los ingresos más altos no pagan casi nada o, en ocasiones, hasta se convierten en beneficiarios netos de los fondos del gobierno en la forma de bonificaciones para la exportación y otros subsidios. 16 El sistema de extensión pública, que nunca llegó a más del 10 por ciento de todos los agricultores (Díaz y Cruz 1993), fue privatizado en 1992, a raíz de la creación de la DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria). El Fondo para Productores de Ladera, establecido por el Banco Mundial en el año 2000, es la única fuente de asistencia técnica para los agricultores en las laderas, pero la cobertura se limita a unos 6.000 hogares en las provincias de Yoro, Olancho y Francisco Morazán (Hanson, Just y Laínez 2003).

Reforma Agraria de 1975. Uno de los principales objetivos de la Ley de Modernización es hacer más segura la tenencia de la tierra (Thorpe 2000)17. Luego de más de tres decenios de fuerte intervención gubernamental apoyando la distribución de la tierra y la provisión de crédito en las zonas rurales (Salgado y otros 1994), se introdujo una serie de iniciativas de liberalización del mercado de la tierra (véase en el Recuadro 2.1 el problema de la tierra en Honduras). Asimismo, se liberalizaron las tasas de interés en las zonas rurales en un esfuerzo por estimular la concesión de préstamos por parte de bancos comerciales. Además, se abolieron gradualmente las medidas de apoyo directo como los subsidios al consumidor para alimentos de primera necesidad (que tenían un efecto regresivo debido a que beneficiaban mayormente a residentes de las zonas urbanas que, de por sí, estaban en mejores condiciones) y los precios garantizados para los productores, lo que culminó en la extinción del antiguo Instituto de Mercadeo Agrícola. Durante un breve período se subvencionó el crédito al sector agropecuario, pero debido a problemas típicos como una focalización deficiente, altas tasas de morosidad y la falta de un marco institucional sostenible, estos programas fueron eliminados. Las distorsiones en los mercados para productos de exportación tradicionales (por ejemplo, los impuestos a las exportaciones de café y banano) fueron corregidas (en forma parcial), mientras que las políticas agropecuarias dejaron de hacer énfasis en la seguridad alimentaria (por ejemplo, el cultivo de granos básicos) y en las exportaciones tradicionales para concentrarse en la producción de cultivos para la exportación no tradicionales y de alto valor. Junto con las reformas macroeconómicas y sectoriales, a principios de los noventa se inició un proceso de descentralización, mediante el cual no solo se transfirió a los gobiernos municipales una buena parte de la autoridad presupuestaria, sino que además se cedió a los municipios cierta responsabilidad por las zonas boscosas pertenecientes 17 También se lograría una mayor seguridad en la tenencia de la tierra a través del fortalecimiento de los derechos de propiedad individual, ampliando los esfuerzos de titulación, incluida la privatización de tierras cooperativas, activando los mercados de alquiler de tierras y los mercados privados de crédito, así como separando al gobierno de todos los esfuerzos directos de redistribución de tierras que no contaban con mecanismos de mercado. Entre 1994 y 2001, aumentó la desigualdad en el dominio y en la operación de la tierra utilizada en Honduras (Barham, Boucher, y Useche 2002), aunque no necesariamente como resultado de la Ley de Modernización Agrícola.

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Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de la tierra en las zonas de ladera de Honduras  

Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de la tierra en las zonas de ladera de Honduras

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