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f o n t a n e r ía y c a le f a c c ió n

inform ática

francisco lópez gonzález

christian delgado von eitzen

perito industrial_ foncalor_ tel. 986 263 627_ fralogon@gmail.com

Ingeniero de telecomunicaciones_ tel. 600 588 098_ christian_dve@terra.es

I nterpretación normativa

M anifestación 1.0 vs . 2.0

El R.D. 1027/2007 aprobó el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que tienen un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresa los requisitos que deben satisfacer las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni impidiendo la introducción de nuevas tecnologías. Posteriormente en el B.O.E. se fueron publicando algunas correcciones de errores. Dada la gran dificultad de interpretación de algunos puntos de esta normativa, se trasladaron muchas preguntas a la Comisión Asesora del R.I.T.E., que según el Artículo 44, tiene entre sus funciones analizar los resultados y proponer criterios para su correcta interpretación. Después de muchas preguntas formuladas y contestadas, quedan algunos casos como: Si en un edificio de cinco plantas y cinco viviendas, hay dos que tienen calefacción más A.C.S. con caldera mural y salida de gases a patio desde hace diez años. Si ahora uno de los otros vecinos quiere montar calefacción, quemando igualmente gas, con caldera mural, la ley no le permite sacar gases a patio por no ser “reforma de instalación existente”. No parece justo. Si en el caso anterior saca los gases a cubierta sí está permitido, pero como al pasar de 2 calderas en el edificio, la potencia total instalada para de los 70 kw, es necesario hacer proyecto. No parece justo que este propietario lo tenga que pagar el solo. Como las otras ya pagaron la carpetilla y tasas para legalizar sus instalaciones, también parece justo que se nieguen a pagar el proyecto. En conclusión, que es un verdadero problema interpretativo. Si una instalación de calefacción y A.C.S. va a quemar gasóleo, y el instalador presenta la documentación en la Delegación de Industria y le devuelven el “certificado de instalación” registrado, pero la instalación de combustible tiene deficiencias, que no se permite su uso; el usuario de la instalación presenta a la compañía distribuidora el “certificado” anteriormente indicado, procediendo la compañía al suministro regular de energía. En este caso la compañía cumple con lo exigido aunque la instalación de combustible esté incorrecta. No parece justo. Entendemos que se debería corregir el R.I.T.E. en este sentido. Las instalaciones se inspeccionaran por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad Autónoma, o por entidades o agentes que determine este órgano;: que podrá acordar cuantas inspecciones juzgue necesarias a lo largo de la vida de la instalación. Como nos consta que estos órganos no disponen de medios ni personales adecuados suficientes, se encargaran las inspeccionas a esas entidades o agentes autorizadas. El problema se presenta en la interpretación de quién paga el servicio de estos agentes. No parece justo que se cargue al usuario el costo de una inspección que debería hacer el órgano competente y no hace por falta de medios. El tiempo nos dará la razón o no de esta sospecha que puede traer problemas. En la disposición transitoria segunda, dice que, las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas a la entrada en vigor de este R.D., mantendrán su condición y se inscribirán de oficio en el registro de empresas autorizadas. Esto no se está cumpliendo, porque para renovar el D.C.E. de la empresa exigen que haya un oficial con carné de instalaciones térmicas en edificios. No parece justo. Lo que antecede es una pequeña muestra del sin fin de casos de difícil interpretación para la aplicación del R.I.T.E.

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en España una convocatoria de huelga general. El objetivo de esta columna no es, ni mucho menos, comentar su motivación ni valorar sus resultados sino plantear algunas reflexiones. En la era industrial una huelga de estas características podía llevar a detener prácticamente la actividad de un país si además los piquetes, más o menos violentos, recorrían las ciudades “animando” a no ir al trabajo. Todo cambia y hoy en día ya no es exactamente así. Ya no es posible paralizar totalmente un país. Las actividades a través de Internet no se detienen: por ejemplo las tiendas virtuales pueden seguir abiertas cuando las reales cierran la persiana por miedo a daños o a ser acusados de insolidarios con la causa, los vendedores que optan por trabajar pueden seguir contactando por teléfono o email con los clientes sin tener que desplazarse, etc. No recuerdo haber visto ese día ninguna página “cerrada por huelga”, ni siquiera los periódicos que no llegaron a salir en papel a la calle. De momento no existen los “ciberpiquetes”. Otro tipo de manifestación muy diferente a la huelga general tuvo lugar unas semanas después. Hastiados de que ciertos lobbies se empeñen en mantener vivos modelos de negocio obsoletos en la era de Internet a través de cánones, leyes a medida y criminalizando a la sociedad entera como presunción inicial, muchos ciudadanos coordinados por un grupo en Internet, Anonymous, decidieron, como medida de protesta, “atacar” las webs de la SGAE, Promusicae y la página del Ministerio de Cultura, que permanecieron caídas un buen número de horas. El ataque consistió en que miles de usuarios concurrentes lanzaron de manera continua solicitudes a la página, acto que se repitió a lo largo del tiempo. Dado que los servidores están diseñados para soportar un cierto número de accesos y, ante el aluvión de peticiones, todo comenzó a fallar y así estuvo varias horas. Tras la tempestad llega la calma y con ella las reflexiones y, como siempre, hay opiniones para todos los gustos: ¿fueron ciudadanos manifestándose o gamberros? La legislación española, por el momento, no tipifica ese tipo de acciones como delito, si bien se considera la modificación de la ley (en breve) para que sí lo sea. No obstante dudo que un acto colectivo como éste pueda ser un delito algún día ¿detener a alguien por ir a visitar una web? Y si han participado 10.000 personas ¿todas a la cárcel? ¿No sería comparable a una manifestación legal delante de las sedes en la que se corten algunas calles y se colapse el tráfico?, ¿Qué ocasiona mayor perjuicio para los ciudadanos que quieren ejercer también sus derechos de ir al trabajo, a casa, a recoger los niños al colegio?: ¿una manifestación o que una cierta página no funcione? Estas entidades alegan también, haciendo balance, que los costes técnicos han sido elevados y hablan de “lucro cesante”. Dado que una de ellas es pública, los “costes” nos afectan a todos. Otro tema sería si un ataque como ése de Denegación de Servicio (que es como se llama técnicamente) fuese lanzado por organizaciones o mafias con el objetivo de perjudicar a una entidad, física o jurídica, con la finalidad de obtener un beneficio (y no como reivindicación). Con todo esto no pretendo defender ni animar a este tipo de acciones sino plantear la nueva realidad. Parece que muchos ciudadanos, cansados de que no se les escuche, se manifiestan directamente contra el objetivo de sus protestas y, en este caso, la repercusión mediática ha sido muy grande, casi tanto como la huelga general, lo que permite presagiar que no hemos visto más que el comienzo de este tipo de actos… si no tiempo al tiempo.

Aproin 67  

Revista de la Asociacion de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra

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