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Declinar juicios de la CFE
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CIUDAD
Pide Lorena Beurregard a jueces
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LEANDRO DE LA O RUMBO NUEVO
La parlamentaria priísta dijo que dichos juzgados deberán declararse incompetentes porque la materia administrativa no está comprendida en el Código de Procedimientos Civiles.
Viernes 20 de enero de 2012
a diputada Lorena Beurregard de los Santos propuso al congreso local exhortar al Poder Judicial local y en especial a los juzgados civiles, mixtos y de paz, a declarar su incompetencia de inicio en las diligencias de medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve en contra de sus usuarios. Durante la sesión de la Comisión Permanente que preside Agustín Somellera Pulido, insistió que los juzgados civiles deben declinar a competencia en juicios promovidos por la paraestatal. En un documento la parlamentaria priísta dijo que dichos juzgados deberán declararse incompe-
La legisladora priista insistió que los juzgados civiles deben declinar a competencia en juicios promovidos por la paraestatal
tentes porque la materia administrativa no está comprendida en los presupuestos normativos a que se refieren los artículos 23 y 24 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación con el artículo 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Lo anterior se sustenta en una nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó que el amparo bi-instancial ya no era la vía para impugnar los cobros contenidos en el aviso-recibo, sino la vía contenciosa administrativa, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo agotamien-
to del recurso de revisión contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, asienta la propuesta. Además se establece que en los cobros contenidos en los avisosrecibos, la CFE aplica cargos por ajuste de facturación. Como argumento se dijo que en la mayoría de los casos dichos ajustes los hace de manera arbitraria y unilateral, al no dar oportunidad al consumidor de presentar un perito en la materia para corroborar la existencia de anomalías en el registro del consumo de electricidad; y en consecuencia, la CFE impone diferencias que arrojan cantidades exorbitantes, imposibles de pagar por los consumidores.