ESTRATEGIAS JURÍDICO-POLÍTICAS PARA AFRONTAR EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA: LOS AVATARES DE LA DECISIÓN POLÍTICA
Derecho penal de acto a un claro Derecho penal de autor: ante la noticia de un crimen, ante hechos ocasionados por actores armados y, lo que es más grave, ante situaciones claras de disidencias políticas, se comenzó a hablar de acciones propias de “terroristas”. El terrorismo fue —y es utilizado aún después de dejar de ser presidente por la cabeza del ejecutivo de aquel entonces—como un recurso ideológico para descalificar a los enemigos políticos.
El adjetivo de “terrorista, se convirtió prácticamente en una especie de apellido para gran número de personas, tanto para actores que cometían crímenes — pero que en ningún caso eran acciones de terrorismo— como —y esto es lo más grave— para sindicalistas, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de defensa de los derechos, miembros de partidos de oposición, entre otros. El uso demagógico de la noción de terrorista se convirtió en una costumbre desde el poder ejecutivo, lo cual contribuyó a degenerar la polarización del país en épocas de Uribe Vélez.
Hoy se ha sabido que la persecución política agenciada desde el gobierno, que se apuntaló en el discurso con el uso indiscriminado de la noción de terrorismo, se manifestó, por ejemplo, en la masificación de las llamadas “escuchas ilegales”, que fueron usadas desde las más altas esferas del gobierno contra periodistas, miembros de organizaciones de derechos humanos, contra políticos de oposición e, incluso, en un hecho de gravedad inusitada: contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se encontraban investigando hechos relacionados con la posible participación de políticos ligados al presidente en hechos criminales promovidos por miembros de grupos irregulares, especialmente de grupos paramilitares.
Para el mes de febrero del 2012, incluso se ha sancionado a una mujer, perteneciente a la agencia de inteligencia estatal, que contrató los servicios de personas muy cercanas a los magistrados, que los apoyaban en labores cotidianas, para que introdujeran ilegalmente micrófonos en los salones de decisión y así poder seguir las discusiones de los magistrados. Tales escándalos hoy han llevado, incluso, a la desaparición de dicha agencia denominadas DAS, pues desde ella se generalizó una verdadera persecución política. Y aquello que más sirvió a este propósito fue justamente la denominación genérica de terroristas para los más simples criminales, hasta para miembros de la sociedad civil que se oponían al gobierno. En este escenario oscuro, para el gobierno resultaba muy importante asegurar, además, en la propia Constitución, un ámbito supralegal para el terrorismo. Se trató del último intento que ha vivido el país por reformar la Carta Política y usarla en función de la persecución de los enemigos políticos. Pero la Corte 244