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DIP. LEOPOLDO TORRES GARCÍA. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. P R E S E N T E.

La que suscribe, C. Diputada María De Los Ángeles Sahagún Morales, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el articulo 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y el artículo 8 fracción I y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicito

poner

a

consideración

de

esta

Honorable

Asamblea, la presente iniciativa de Decreto que “Reforma los artículos 33 fracciones XXX y XXXI, y 49 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, con base en la siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura pugna siempre por el ejercicio correcto de la administración pública, procurando que el mismo se cumpla

con

los

principios

básicos

de

certidumbre,

transparencia, fiscalización y utilidad pública, los cuales son los ejes rectores de toda buena administración. El control de poderes es un postulado constitucional y doctrinal, necesario para la gobernabilidad y legalidad de los actos de gobierno, del cual deriva el funcionamiento de cualquier estado moderno. El control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo, se encuentra postulado desde la doctrina de Montesquieu que da origen a la concepción de estado. Las relaciones de poder y de autoridad, derivan de la rendición

de

cuentas,

responsabilidades,

y

la

control

delegación de

de

poderes,

funciones, de

estos

principios se compone la verdadera funcionalidad de un sistema de gobierno democrático. En nuestro país, la división de funciones y el control de poderes, esta estipulado en la Constitución Política Federal, de ella deviene la facultad de revisión de los tres poderes entre ellos, dentro de las más importantes se encuentra, la facultad del Poder Legislativo de fiscalizar a los otros dos poderes.


En la Constitución Política Federal, se estipula para el Poder Legislativo, este tipo de fiscalización como atribución de naturaleza financiera directa en el articulo 73 fracciones VIII y X. Por lo que se refiere a la fracción VII del mismo artículo, se considera que es financiera en razón de que determina que el Congreso Federal debe dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, aprobarlos, reconocerlos y, en consecuencia, mandar pagar la deuda nacional. A tal facultad se establece una limitante y tres excepciones; así, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del articulo 29 de la Carta Magna.

(Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos, Comentada y Concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM).

Las facultades de celebrar empréstitos se constituyen como parte integral de la actividad financiera del Estado, y como recurso a través del cual se provee el cumplimiento de sus funciones.


Los empréstitos son celebrados por el Ejecutivo pero las bases las fija el Congreso; de esta manera, una vez que el Ejecutivo concerta el crédito, debe turnarlo a la aprobación de la Cámaras, iniciando este procedimiento en la Cámara de Diputados, la cual, conforme al articulo 72, inciso h, Constitucional, debe ser la que funja como Cámara de origen; así a través de este procedimiento la Constitución garantiza plenamente los interese nacionales protegiéndolos de contratos gravosos. En esencia puede decirse que la fracción VIII del articulo 73, constituye un mecanismo de control económico del Legislativo sobre el Ejecutivo, uno de los llamados matices parlamentarios de nuestro sistema presidencial, en el sentido que los empréstitos que contrate este último, se ocupen en la "ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos". Por lo tanto se entiende que el control del Legislativo para con el Ejecutivo, por cuanto hace a la fiscalización del recurso público, es un postulado que deviene de la Constitución Federal. En los Estados, esta atribución del Poder Legislativo es vigente, pero en la realidad incompleta, toda vez que las mayorías

parlamentarias controlan completamente el

funcionar del Congreso, violentando esta facultad de control.


Veracruz no es la excepción, toda vez que la composición del Congreso comúnmente es manejada por la mayoría de la cual deviene el Gobernador en turno, y en la práctica se aprueba casi sin análisis u objeción las solicitudes de enajenación presentadas por Ejecutivo. Con lo anterior en la práctica no se lleva al cabo el postulado Constitucional de control de poderes, toda vez que la praxis, las minorías parlamentarias no pueden ejercer

control

alguno

sobre

las

atribuciones

de

fiscalización del Congreso. Por lo tanto se propone que para la afectación de cualquier bien de propiedad Estatal y para adquirir o reconocer deuda pública, la autorización del Congreso deberá ser por mayoría calificada. Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de “Reforma los artículos 33 fracciones XXX y XXXI, y 49 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Para quedar como sigue:


ÚNICO: se “Reforma los artículos 33 fracciones XXX y XXXI, y 49 fracción XII de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, para quedar como sigue: Artículo 33. (…) I. a XXIX. (…) XXX. Mediante, el voto las dos terceras partes de sus integrantes, dar las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos por el Poder Ejecutivo, con cargo al crédito del Estado, así como señalar los fondos con que deberán pagarse; XXXI. Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al Ejecutivo del Estado a enajenar, a titulo oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes de propiedad estatal, en los términos que fije la ley; (…) Artículo 49. (…) I. a XXI. (…) XXII.

Comprometer el crédito del Estado, previa

autorización sancionada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, en los términos de esta Constitución y la ley; y (…)


TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Decreto.

ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES SAHAGÚN MORALES Xalapa, Ver. A 10 de Noviembre de 2009.

hola  

hola mi nombre es Charles

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