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TEPANTLATO

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Publicación mensual • 4a. época • Número 38 • OCTUBRE 2012

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Alumnos de la Maestría en Derecho de Amparo para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que se imparte en la Universidad Tepantlato presentando el libro: Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica.


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PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL de octubre 2012 (JUICIOS ORALES) jornada de actualización jurídica Informes e Inscripciones: Preferentemente vía electrónica: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/r_ jornada.html Depósito en cuenta: A nombre del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores S.C. BBVA Bancomer: 0161998846 Clabe interbancaria: 012180001619988462 HSBC: 04035642990 Clabe interbancaria: 021180040356429906 Una vez hecho el depósito deberá registrarse en: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/r_ jornada.html y posteriormente enviar la ficha escaneada al correo electrónico: bety_r@universidadtepantlato.edu.mx o directamente en la Universidad Tepantlato ubicada en: Av. Baja California 157, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06760. Tel. 5564-8373 Ext. 105 En ambos casos debe incluir: nombre completo, teléfono y correo electrónico. HORARIO DE LA JORNADA: Registro: 7:30 a 8:00 hrs. Inauguración: 8:00 hrs. Clausura y entrega de Diplomas: 16:20 a 16:30 hrs. DONATIVO: Alumnos con credencial: $250 Exalumnos y público en general: $500 Se deberá llevar el comprobante de depósito original el día del evento, en caso contrario no se entregarán constancias. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 18:00 hrs. Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.

PONENTES:

TEMAS:

Dr. Javier Raúl Ayala Casillas Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

1. Proyecto del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza Agente del Ministerio Público Supervisor en Funciones de Instructor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dr. Ciro Betancourt García Juez Noveno Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Mauro Morales Sánchez Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Enrique Gallegos Garcilazo Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. José Eligio Rodríguez Alba Juez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Héctor González Estrada Juez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Arturo Baca Rivera Investigador de la Escuela Judicial del Estado de México y de la Universidad Tepantlato. Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

2. Etapa de Investigación en el Proceso Penal Acusatorio. 3. Principio de Oportunidad y Justicia Restaurativa en el Proceso Penal Acusatorio. 4. Medidas Cautelares en el Proceso Penal Acusatorio. 5. Etapa Intermedia en el Proceso Penal Acusatorio. 6. Etapa de Juicio en el Proceso Penal Acusatorio. 7. El Sistema Acusatorio en relación a los Menores en Conflicto con la Ley. 8. Problemática de los Códigos Estatales que prevén el Proceso Penal Acusatorio. 9. Los Derechos Humanos en relación con el Proceso Penal Acusatorio y Control Difuso de la Constitución. SEDE: Auditorio Carlos Pérez del Toro, Facultad de Contaduría y Administración, Circuito Exterior S/N entre la Facultad y Anexo de Ingeniería y la Escuela de Trabajo Social, en Ciudad Universitaria. Contamos con estacionamiento.


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rEFORMAS al procedimiento CIVIL-MERCANTIL de octubre 2012 EN EL JUICIO ORAL jornada de actualización jurídica Informes e Inscripciones: Preferentemente vía electrónica: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/r_ jornada.html Depósito en cuenta: A nombre del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores S.C. BBVA Bancomer: 0161998846 Clabe interbancaria: 012180001619988462 HSBC: 04035642990 Clabe interbancaria: 021180040356429906 Una vez hecho el depósito deberá registrarse en: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/r_ jornada.html y posteriormente enviar la ficha escaneada al correo electrónico: bety_r@universidadtepantlato.edu.mx o directamente en la Universidad Tepantlato ubicada en: Av. Baja California 157, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06760. Tel. 5564-8373 Ext. 105 En ambos casos debe incluir: nombre completo, teléfono y correo electrónico. HORARIO DE LA JORNADA: Registro: 7:30 a 8:00 hrs. Inauguración: 8:00 hrs. Clausura y entrega de Diplomas: 16:20 a 16:30 hrs. DONATIVO: Alumnos con credencial: $250 Exalumnos y público en general: $500 Se deberá llevar el comprobante de depósito original el día del evento, en caso contrario no se entregarán constancias. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 18:00 hrs. Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.

PONENTES:

TEMAS:

Mtro. Felipe Alfredo Fuentes Barrera Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

1. Generalidades Parte I Competencia, Rectoría del procedimiento, Medios de apremio, Supletoriedad, Peticiones de las partes (escritas y orales).

Mtro. Neófito López Ramos Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro. Arturo Ramírez Sánchez Magistrado del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Gonzalo Hernández Cervantes Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro. Felipe V Consuelo Soto Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Lic. Fernando Rangel Ramírez Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

2. Generalidades Parte II Emplazamiento, Notificaciones, Incidentes, Nulidades, Impugnación de documentos, Irrecurribilidad, Vigencia. 3. Etapas Fijación de la litis, Demanda, Contestación, Reconvención, Contestación, Desahogo de vista de estas. 4. Principios del juicio oral Oralidad, Publicidad, Igualdad, Inmediación, Contradicción, Continuidad, Concentración.

Mtro. Indalfer Infante Gonzales Magistrado del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

5. Audiencia preliminar Depuración del procedimiento, Conciliación de las partes, Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, Fijación de acuerdos probatorios, Pronunciamiento del juez respecto de la admisión de pruebas y citación para la audiencia del juicio.

Mtro. Francisco Javier Sandoval López Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

6. Audiencia del juicio Recepción y desahogo de pruebas, Alegatos, Citación para sentencia, Sentencia.

SEDE: Auditorio Alfonso Caso, Torre II de Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, a un costado del Edificio B de la Facultad de Economía. Contamos con estacionamiento.

7. Pruebas en Particular Confesional,Testimonial, Instrumental, Pericial, Prueba Superviniente.


contenido

Director Enrique González Barrera Editor responsable Enrique González Barrera Consejo editorial Héctor González Estrada Sergio Cárdenas Caballero Javier Antonio Flores Arturo Baca Rivera

36. Comentarios con motivo de la presentación del libro: Non bis in idem y reincidencia. Estudio comparado sobre derechos fundamentales en España y México Dr. Alejandro Sosa Ortiz

4. Editorial 5. In Memoriam Francisco H. Ruiz

Diseño editorial Tomás Barragán Abreu

6. Firma del convenio

Corrección de estilo Alejandro López Jiménez Ricardo Liberato Torres

de colaboración

44. Te invito a leer un libro

8. Contenido jurídico

Coordinación de arte y cultura Reyna Zapata Valdez

10.

Canal cultural Ary Correa Medina Nancy Estrada Gaspar Rubén Morales Alfaro Roberto Pérez Hernández

49. Licenciatura, Maestrías y Doctorado

Historia de la escritura y la prueba pericial en la grafoscopía Mtro. David Troncoso González

63. Correspondencia

24. Actuación policiaca en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio en la Ciudad de México Mtro. Reynaldo Sandoval Sánchez

Tepanradio Claudia Nava Enrique Cuéllar Programación revista digital Rodrigo Rodríguez Romero Distribución logística José Pérez Servín

Nuestra portada: Alumnos de la Maestría en Derecho de Amparo para Magistrados y Jueces con el fondo de la Rectoría de la UNAM. REVISTA TEPANTLATO, Difusión de la Cultura Jurídica, Época 4, N°. 38, Octubre 2012. Publicación mensual. Editada por Enrique González Barrera, Av. Baja California 157, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760. Tel. 5574-3860. www.tepantlato.com.mx; suscribetepan@gmail.com. Editor responsable: Dr. Enrique González Barrera. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo N° 04-2004-072316190000-102, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título 10354 y Licitud de Contenido 7274, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Distribuida: en el D.F. y Área Metropolitana por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón e Incija Ediciones; y en el resto de la República por SEPOMEX con registro No. PP09-1636. Número de tiraje: 25,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del editor responsable.

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Presidencia de la República Secretarías de Estado Gobernadores Constitucionales Jefatura de Gobierno del D.F. Cámaras de Diputados y Senadores Asamblea de Representantes Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Secretarios de Estudio y Cuenta de cada Ministro Poder Judicial Federal, Magistrados y Jueces Federales Tribunales del Fuero Común, Magistrados y Jueces Tribunales Supremos de los Estados Procuraduría General de la República Procuradores de cada Estado Procuraduría General de Justicia del D.F. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

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Delegados Políticos Organizaciones Sociales Delegados de la Procuraduría General de la República en cada Estado Titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de cada Estado Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal Universidades Públicas y Colegios de Extensión Universitaria Embajadas y Oficinas Consulares Bancos y Casas de Bolsa Notarías Públicas Despachos de Abogados Distribuidores Independientes de Literatura Jurídica

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Compañías de Seguros y Fianzas Hoteles Compañías Radiodifusoras y Televisoras Restaurantes Suscriptores Universidades Públicas de Alemania, España, Italia, Argentina, Chile, Brasil y Colombia Aerolíneas Agentes del Ministerio Público Estaciones de Radio Autobuses Abogados postulantes Secretarios de Acuerdos Secretarios Proyectistas Actuarios, Conciliadores

Fotografía: Ing. Edgar González Salgado, Fotografías Universitarias, Yugoslavia 7, Bosques de Aragón. Tel. 5766•0543. e-mail: edgaresunam@hotmail.com ¿Qué es Tepantlato? En el Códice Florentino (cap. IX: “Hechiceros y trampistas") hay una referencia a la actividad del tepantlato; en náhuatl significa “el que habla o ruega por otros”. Proviene de “tepan”: intercesor o abogado, y “tlatoa”: hablar. Por lo tanto, la palabra tepantlato alude al abogado y, a su vez, a la actividad que desempeña. Hablar por otros no impide su palabra, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el guía que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del Derecho.


El Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Fes, Aragón, A.C.

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Postula a tus candidatos participa Mérito Jurídico Mérito Académico Docente Mérito Académico Estudiante Mérito Servidor Público Mérito a la Trayectoria en Beneficio del Desarrollo Social Esperamos tu opinión bety_r@universidadtepantlato.edu.mx

Informes en: Av. Baja California 157, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F. Tel. 5564•8373 Ext. 105


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la semana, el mes y también la venta del libro “Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica”, que el grupo especial de la maestría de jueces y magistrados de la Universidad Tepantlato presenta al foro jurídico de nuestro país. Con la edición del libro por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, se logró abatir costos y ponerlo a la venta con un precio de $325.00, lo que permitirá que tanto estudiantes, profesionistas y cualquier persona interesada tengan mayor acceso para adquirir la obra. También garantiza una amplia distribución en el territorio nacional y facilitará el establecimiento de un diálogo eficiente entre los operadores jurídicos de la Ley de Amparo. Ese diálogo se hace indispensable para disipar dudas, examinar proposiciones en la interpretación del texto del proyecto y la difusión de trabajos temáticos y monográficos, o simplemente para dar a conocer los puntos de vista de los interesados en la institución del juicio de amparo. Será de gran interés el análisis de la obra que se realice en las aulas universitarias, que alumnos y maestros discutan y se pronuncien públicamente sobre la eficacia de la nueva Ley de Amparo en nuestro ámbito interno y sobre todo en aspectos de derecho comparado. Es muy importante conocer la opinión de los abogados litigantes, consultores y gestores de la ley, así como de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil pues son quienes al realizar trámites ante autoridades de la más variada índole, pueden resentir violaciones de derechos humanos y tendrán necesidad de hacer valer las normas contenidas en el proyecto de Ley de Amparo. Los juzgadores, indiscutibles aplicadores de la ley, actualmente en una dinámica aún inconclusa, tendremos un mejor panorama en nuestro correspondiente quehacer. La Universidad Tepantlato, por conducto de su rector, Enrique González Barrera y el grupo especial de la Maestría en Derecho de Amparo, tenemos la intención de propiciar un diálogo constructivo que permita a todos los operadores jurídicos el máximo aprovechamiento del conocimiento especializado, expuesto de manera libre y respetuosa. Para llevar a cabo este diálogo ponemos a tu disposición un sitio web al que puedes ingresar en la siguiente dirección electrónica: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/ley_amparo/index.html en la cual se pueden apreciar dos barras de opciones, una horizontal en la que están los siguientes instrumentos que consideramos indispensables para comprender en mayor dimensión el contexto del proyecto. 1.- Iniciativa 2.- Versión Estenográfica 1 3.- Versión Estenográfica 2 4.- Versión Estenográfica 3 5.- Dictamen Senadores 6.- Proyecto de dictamen 1 7.- Proyecto de dictamen 2 8.- Proyecto de dictamen 3 9.- Comentarios

La iniciativa se refiere a la publicada en la Gaceta Parlamentaria 208 del 15 de febrero de 2011; las versiones estenográficas 1, 2 y 3 son las correspondientes a las sesiones del 22 de septiembre, 11 y 13 de octubre de 2011 de la Cámara de Senadores, en las cuales se aprobó el dictamen de la iniciativa publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de ese mismo mes. Finalmente, la última opción “Comentarios” solamente índica el submenú, contenido en la barra vertical en la cual de manera directa se puede ingresar a los artículos que en cada opción se precisa (1-32, 33-69, 70106, 107-124, 125-138, 139-189, 190-230 y 231-271) de modo que a guisa de ejemplo, si tú quisieras ver las opciones del artículo 50 tendrías que elegir la segunda opción. Si se pretende (que es lo deseable) enviar opiniones, comentarios, trabajos o estudios monográficos, ponemos a tu disposición el correo electrónico comentaLA-2011@tepantlato.com.mx. Para ello, debes proporcionar nombre o seudónimo, dado que los diálogos se realizan entre personas identificadas; en todos los casos se procurará corroborar el envío por el remitente, si no se corrobora no se publicará, a menos que por su importancia se considere prudente hacerlo, pero en este caso, se pondrá la nota de que no fue corroborado por el remitente. Nuestra intención es generar un diálogo productivo y no la crítica insana o inocua, sino que buscaremos propiciar una discusión académica constructiva en beneficio de los justiciables y para el mejoramiento de nuestro sistema de control constitucional a través del juicio de amparo. Publicaremos comentarios, trabajos o estudios monográficos que se envíen al sitio web que se ha mencionado, y de ellos, los que se estimen convenientes por su trascendencia y contenido académico serán publicados en esta revista, con la mención de su autor o seudónimo. El resultado del debate que se genere será procesado y sistematizado con la misma metodología a la empleada para hacer propuestas en las Cámaras del Congreso de la Unión, el grupo especial de la Maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato hará llegar en su oportunidad a la Cámara de Diputados o la instancia que corresponda ese resultado, y desde luego, que también lo publicará tanto en la página como en esta revista. Ojalá seamos capaces de generar un diálogo libre, científico y con resultados materiales. Conoce el camino, transítalo y si es necesario apártate de él. Ricardo Romero Vázquez


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Francisco H. Ruiz Nació

en Sayula, Jalisco en 1872. Se tituló en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara (1899). Posteriormente, se le expidió la cédula de notario para ejercer sus funciones en esa ciudad. En su entidad natal fue concejal y secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, procurador de Justicia y secretario general de Gobierno. Fungió también como gobernador interino. Durante cuatro años fue miembro de la Comisión Técnica de Legislación de la Secretaría de Gobernación, y vocal de la Comisión Nacional Bancaria. Juez de Primera Instancia en diversos Partidos Judiciales de Jalisco; juez de lo Civil en Colima, Zacatecas, Guadalajara y la ciudad de México; magistrado y presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de Colima, Veracruz y Jalisco. Fue juez de Distrito en Jalisco y el Estado de México. El presidente provisional de la República Emilio Portes Gil lo designó ministro de la SCJN (1928). Integró la Tercera Sala, y resultó electo presidente del Alto Tribunal (1934). Ejerció su cargo hasta 1940. Se le comisionó para participar como miembro de la Comisión redactora del proyecto de Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928. En la Escuela Preparatoria de la Universidad del Estado de Jalisco impartió, entre otras, Lógica, Psicología y Moral, y ocupó el cargo de director (1911-1923). En la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara impartió Derecho Civil, Mercantil y Constitucional, y también fungió por algún tiempo como director. Catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UNAM (desde 1941), recibió la titularidad de la cátedra de Derecho Civil (1945), que impartió casi hasta su muerte. Dirigió el Seminario de Derecho Civil y fue consejero de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Derecho Comparado, hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM. Escribió, entre otros, La socialización del Derecho privado. Murió en la ciudad de México en 1958.

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Firma del Co nvenio de Co labora ción

pasado 18 de septiembre del año en curso se realizó la firma del Convenio de Colaboración para la edición de la obra titulada Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tepantlato. Dicho convenio refuerza los compromisos de colaboración entre ambas instituciones privilegiando siempre a la comunidad universitaria. La edición de esta obra a cargo de nuestra Máxima Casa de Estudios garantiza no sólo la calidad de la edición, sino también la voluntad de promover y acercar al gran público el trabajo académico de los Jueces y Magistrados que participaron en la elaboración de este libro. Cabe destacar la importancia que tiene, a nivel nacional, este análisis a la Nueva Ley de Amparo realizado por destacados miembros del Poder Judicial de la Federación, en un diálogo fructífero y profesional, realizando sugerencias de modificaciones, incorporando circunstancias pragmáticas que cada expositor tomó de su experiencia judicial para así, contribuir a la difusión de este nuevo sistema de control constitucional que prepondera el anhelo de toda sociedad moderna de perfeccionar un marco normativo acorde a las circunstancias histórico-sociales en que vivimos. La distribución y el costo del libro está a cargo de la Universidad Nacional. El libro podrá encontrarse en las librerías de la UNAM, en librerías de prestigio así como en la Universidad Tepantlato. Los recursos recaudados por las ventas serán destinados a becas de titulación para alumnos con excelencia académica de todas las escuelas y facultades de la UNAM, y particularmente para trabajos de restauración de la Preparatoria 4, Vidal Castañeda y Nájera.

De izquierda a derecha: Dr. Luis Raúl González, Abogado General de la UNAM; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Quinta Región, A.C. y Coordinador de la Maestría en Derecho de Amparo; y el Dr. Enrique González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato en la firma del Convenio de Colaboración para la edición de la obra titulada Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica.


De izquierda a derecha: Dr. Enrique González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato; Lic. Silvia Jurado Cuéllar, Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria; Dr. Luis Raúl González, Abogado General de la UNAM; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Quinta Región, A.C.; Dr. Enrique Guadarrama López, Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM y Lic. Abel Velázquez Cuevas, Coordinador de Gestión de la Oficina del Abogado General de la UNAM.

Lic. Silvia Jurado Cuéllar, Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria.


Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Auxiliar del Poder Judicial de la Federación desde el año 2000 a la fecha.

Auxiliar del Poder Judicial de la Federación

Trayectoria Laboral

Mtro. David Troncoso

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Maestría en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estudios en Grafoscopía y Grafometría. Diplomado en Criminalística. Aspectos Teóricos y Prácticos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

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Trayectoria Académica


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grafoscopía

Historia de la escritura y la prueba pericial en Mtro. David troncoso gonzález

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actividad cotidiana y común en nuestros días es la escritura, pero al igual que todo aquello que conocemos y usamos también tiene una historia y evolución, pero antes de pasar a ella considero que es importante tener algunos términos claros y precisos, es por ello que pasaré a definir y diferenciar entre las palabras escribir y escritura. Escribir: Representar palabras, sonidos e ideas mediante el trazo de signos sobre papel u otro material. Escribir: Figurar el pensamiento por medio de signos convencionales. Escritura: Sistema gráfico de notación del lenguaje mediante ideogramas, pictogramas o signos representativos de fonemas. Escritura: Acción o efecto de escribir.

Considero que la escritura es el resultado evolutivo de diversos elementos tangibles e intangibles, entre los elementos tangibles tenemos al objeto inscriptor, pluma fuente, bolígrafo, etc., el soporte es el papel, tinta y el último de ellos se puede interrelacionar entre los elementos tangibles e intangibles y me refiero al cerebro humano, es tangible por el hecho de que fue necesario que el cerebro aumentara en sus dimensiones para evolucionar, pero no sólo es el tamaño del cerebro lo que importa, puesto que si así

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fuera los elefantes y las ballenas estarían por encima de nosotros en el aspecto evolutivo, el aspecto intangible del cerebro radica en su capacidad de aprendizaje, razonamiento, abstracción, la creación de objetos por medio de los cuales el ser humano modificó su entorno para un mejor desarrollo. La primera manifestación de comunicación empleada por el hombre, en que dejó plasmadas sus ideas y que perduró a su creador, fue la realizada entre 65,000 y 16,500 años a.C, me refiero a los dibujos rupestres conocidos también como pictogramas, dejados en las paredes y techos de las cavernas empleadas por el hombre primitivo. Rupestre: Se dice de lo relacionado con las rocas, especialmente de las pinturas y dibujos prehistóricos que se han encontrado en las rocas y cavernas. Pictogramas: Signo de la escritura de figuras o símbolos.

Dibujo rupestre.

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


revista@tepantlato.com.mx

Dibujo rupestre.

Si bien es cierto que esta es la primer forma de comunicación de la humanidad, también es cierto que es imperfecta; esto es claro si recordamos que estamos ante la primer manera de comunicación humana, ¿y por qué digo esto?, es muy simple, puesto que a través de este tipo de dibujos el autor no podía transmitir en forma fidedigna su idea, por el contrario, cada uno de los observadores de estos dibujos le da un significado distinto a cada dibujo basándose primordialmente en sus propias experiencias y creencias. Fue necesario que transcurrieran no años sino siglos para que el ser humano pudiese crear una escritura abstracta en donde los signos fueran expresados por medio de sonidos o sílabas, y no se tratase simplemente de un dibujo representativo y que al ser relacionados en forma conjunta expresaran objetos, animales, acciones y cuestiones abstractas como sentimientos, deseos, etc., siendo aceptados y reconocidos en forma comunitaria o social. Aproximadamente en el año 5,000 a.C, en Asia Menor, se desarrolló la civilización babilónica, la cual se conformó de diversos grupos étnicos como los semitas, asirios y fenicios, entre otros; fue el pueblo babilónico quien desarrolló la escritura Cuneiforme, la cual recibe este nombre por el hecho de

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que para escribir se empleaba un pedazo de madera, hueso o metal en forma de cuña, el soporte empleado para escribir eran tablillas de arcilla, se escribía mientras que la arcilla se encontraba húmeda y por lo tanto blanda; al terminar de escribir la tablilla era secada al sol y en otras ocasiones se cocía a fuego, lo que le daba mayor durabilidad. Gracias a esta escritura es que se conocen muchos aspectos del pueblo babilónico. El rey babilónico Hammurabi fue el creador del primer código conocido por la humanidad, siendo llamado Código de Hammurabi. Sin lugar a duda, la escritura cursiva fue la primer escritura elaborada por el ser humano y la cual no era una representación de dibujos, ya fuese de acciones o animales, se trataba realmente de la abstracción de objetos, conocimientos e ideas de la persona, lo que realmente fue revolucionario para su época, sin embargo la misma no fue la base de la escritura tanto en Europa como en Asia, puesto que por su complejidad la misma quedó en desuso, perdiéndose en el tiempo.

Escritura cuneiforme.

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Durante siglos se desconocieron los orígenes o bases de la escritura de Europa y Asia, sin embargo, en 1906 se encontraron en las minas del Monte Sinaí escrituras egipcias clasificadas como las formas más primitivas de la escritura jeroglífica, las cuales son el enlace entre la escritura egipcia y la escritura siria. El inicio de la escritura egipcia fue pictográfica, retomando lo que fueron los dibujos rupestres y posteriormente evolucionó a una escritura ideográfica fonética en donde los dibujos se refinaron expresándose por sílabas y sonidos aislados que al interrelacionarse entre sí expresaban ideas abstractas, acciones, objetos y nombres de personas. Ideográfica: Representación de un concepto valiéndose de una imagen convencional.

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La interrelación del pueblo egipcio con los otros pueblos, ya fuese por cuestiones comerciales, culturales, belicistas, etc., hace que se conozcan los fundamentos y principios de la escritura egipcia, adaptándola y modificándola a sus costumbres, fonética, deseos, etc. Desprendiéndose de la egipcia, surgieron las escrituras hebrea, árabe, fenicia, siria y griega, entre otras. Fueron los fenicios quienes difundieron los principios de la escritura, esto gracias a que ellos eran ávidos navegantes y comerciantes y que al llegar a las ciudades no sólo intercambiaban mercancías sino también conocimientos y técnicas. Me concentraré en la evolución de las escrituras griega y romana y no por hacer menos a los demás pueblos y sus escrituras, sino porque de estas escrituras se deriva el Español, siendo esta la escritura que se emplea actualmente en México. Los fenicios se establecen en las islas de Tera y Beocia alrededor del siglo XII a.C., siendo este territorio lo que posteriormente se conocería como Grecia. El pueblo griego se Evolución de la escritura Egipcio

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componía de grupos humanos pertenecientes a distintas tribus, entre ellos se encontraban los carios, lidios, licios, pelagos, etc., al agruparse formaron lo que se conoce como ciudades-Estado, independientes entre sí en su administración, y que al mismo tiempo tenían una misma lengua, adoraban a los mismos dioses y compartían las costumbres, pero que al existir un conflicto con pueblos ajenos a su comunidad de ciudades, se agrupaban para formar un frente común. Independientemente de sus similitudes o diferencias, todas las ciudades griegas adoptaron la escritura fenicia después de la guerra del Peloponeso, 403 a.C., la cual podía ser escrita de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También era efectuada en forma espiral de adentro hacia fuera, ya fuese a la derecha o hacia la izquierda. La escritura era realizada en forma continua, es decir, que no se dejaban espacios en

blanco entre palabras, tampoco eran empleados signos de puntuación ni acentos; después de Alejandro Magno (356-323 a.C.) se comienzan a dejar espacios en blanco entre las palabras y se emplean en forma rudimentaria los primeros signos de puntuación y acentos. Si bien es cierto que los griegos adoptan y modifican la escritura fenicia, también es cierto que la enriquecieron al determinar que la altura de la letra tendría que ser del doble de su ancho; en esta etapa de la historia existían únicamente letras mayúsculas.

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La presente gráfica es únicamente para que el lector tenga una visión más detallada de las dimensiones generales de las letras y no quiere decir que estas dimensiones o forma de medir eran empleadas por los griegos en su escritura. La cultura romana tiene un inicio tímido y a la sombra de las grandes culturas de su tiempo; en un inicio los romanos fueron sometidos por los etruscos. En el año 281 a.C. se liberan del dominio etrusco y nace lo que propiamente se puede considerar como la cultura romana en forma incipiente, pero con metas fijas, con la fuerza de la espada conquista a sus vecinos; entre Roma y Grecia coexisten tres tipos distintos de escritura: Capital: Se empleaba en los primeros manuscritos, posteriormente se utilizó para los títulos y sobreescritos. Uncial: Con ella se realizaban los libros y los calígrafos experimentados la empleaban para rollo y códices. Cursiva: Por ser realizada en forma descuidada, irregular, suelta y dispersa se empleaba para cartas privadas, contratos y en cuentas. Las dos aportaciones que los romanos hacen a la evolución de la escritura es que establecen que la misma se efectúe obligatoriamente de izquierda a derecha, y la segunda de ellas es que diseñan las letras minúsculas pero con el mismo principio de los griegos. Los romanos no realizan la adaptación de la escritura tan uniformemente como los griegos, es por ello que en un mismo momento en el tiempo coexisten diversos tipos de escrituras o alfabetos empleados en diversas zonas del imperio, lo que dificultó la comunicación.

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Umbriano: Empleada en el este de los Apeninos. Etrusco: Al norte del Tiber. Osco: Utilizada en Campania. Falisco y Latino: En una zona comprendida entre el Etrusco y el Oseo. Mesapino: Empleada para las inscripciones de Calabria. Los diversos alfabetos poseían sus propias letras y fonética independiente, lo cual perduró durante los primeros tres siglos del Imperio, llegando con el tiempo a prevalecer sólo uno de ellos: el Latín. Dentro de los muchos territorios conquistados por los romanos se encuentra la península ibérica, lo que después se conoció como España. La firma y la rúbrica, como elementos de validez de nuestra voluntad y actos jurídicos, tiene su propia historia la cual data de la época del Imperio Romano. El texto de los contratos romanos era realizado por medio de tinta de color negro, pero las firmas que calzaban los mismos era plasmada por medio de tinta de color rojo, y la cual contenía como texto el nombre de la persona, a este color se le nombraba RÚBEUS, de esta palabra latina se deriva el nombre rubí y que se le da a la piedra preciosa de color rojo, sin embargo, como el ser humano tiende a simplificar las actividades que realiza procurando que prevalezca su eficacia, es que posteriormente se elabora la firma con color negro y se enmarcaba la misma con tinta de color rojo. La siguiente simplificación se da cuando la firma continuó plasmándose con tinta de color negro, pero en este caso se subrayaba la misma con tinta color rojo.

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En un momento determinado a alguien le pareció que únicamente el empleo del nombre de la persona y subrayado del mismo era muy simple, por tal motivo sustituyó la línea horizontal por movimientos horizontales ondulatorios, verticales, espirales, circulares, etc., lo cual perduró por muchos años, y se consideraba que el nombre y apellidos del firmante era la firma de la persona y las figuras geométricas eran clasificadas como la rúbrica. Sin embargo, en el siglo XX se llevaron a efecto cambios en la manera en que se realizaban las firmas, en la cual las personas ya no insertaban su nombre y apellidos como firmas, siendo sustituidas por figuras geométricas, y la rúbrica se concibió como un fragmento existente de la firma. En la península ibérica se instalaron diversos pueblos como fueron los ligures, celtas, griegos, cartagineses y fenicios, cada una de estas comunidades llevaba consigo una lengua y escritura propias; fueron los fenicios los que llamaron a la península ibérica Span o Spania, que significa “oculto o lugar escondido.” Los romanos se instalan en España y controlan la península por dos siglos (202-409 d.C.) los pobladores de la península adoptan con facilidad el latín, independientemente de que se hablase y escribiera en sus lenguas nativas de cada región, mientras que lo que podríamos llamar la clase noble, comerciante o adinerada, aparte de hablar también escriben en latín, siendo España el pueblo que mejor asimiló y defendió el uso de la lengua y escritura latina después de la caída del Imperio Romano. Después de la caída del poderío de los césares, España se ve sujeta a pequeñas guerras internas e invasiones efímeras como las realizadas por los suevos, alanos y francos; la

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última incursión militar es realizada por los visigodos y tuvo una duración de tres siglos (414-711 d.C.), tal ocupación trae consigo influencias en la lengua y escritura. Posteriormente, los árabes sustituyen a los visigodos en el dominio y control de España; en esta etapa los árabes permanecen por ocho siglos (711-1492 d.C.) debido a la interrelación entre los dos pueblos en todos los ámbitos surge lo que se conoce como el aljamía, que es una mescla de lengua y escritura entre el árabe y el latín. Durante la historia de intervención de los pueblos en España, diversos idiomas o dialectos y las propias escrituras internas de la península, poseen pequeños o grandes momentos de predominio, los cuales se van alternando paulatinamente. En los siglos VIII y IX d.C. se habla el asturiano, en el siglo X d.C. y principios del XI el leonés, y del siglo XI d.C. hasta el presente el castellano, la prevalencia de este último dialecto y hoy idioma se debe a que su fonética es más sencilla y fácil de aprender, por su parte la escritura se puede modificar o adaptar a la lengua sin mucha dificultad. Gracias al esfuerzo de Fernando III, “El Santo” y a Alfonso X, “El Sabio” es que los diversos reinos se unen para formar una nación, lo que hoy se conoce como España, y por otro lado dan un gran impulso para la difusión y aprendizaje del castellano. La primera escritura que se clasifica como castellana data del siglo X, d.C. y la cual es una oración incluida en las llamadas Glosas Emilianenses, dichas glosas son anotaciones hechas al margen de un escrito cualquiera, y la cual se encontró en el monasterio español de San Millán de la Cogolla y que aclara parte de un texto en latín de San Agustín.

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A través del tiempo y en diversos pueblos se han creado distintos tipos de escritura, ente ellas tenemos:

nes del siglo XV d.C. y principalmente en el siglo XVII d.C. es una variante de la escritura procesal, se caracteriza por la deformación de las letras, el objeto con que se escribía se separaba en pocas ocasiones del papel durante la ejecución del renglón correspondiente. 9. Gótica: Se emplea desde el siglo XV d.C. hasta mediados del siglo XX d.C., la característica de esta escritura es lo excesivo de sus adornos. 10. Redonda: Surge a fines del siglo XVIII d.C. en Francia, los ingleses la retoman y crean la escritura cursiva, las características de este tipo de escritura son los trazos curvos o redondos realizados en forma consecutiva y separando la pluma del papel al concluir cada palabra; dicha escritura es empleada en la actualidad.

1. Visigoda: Desarrollada por los visigodos en el siglo V d.C. 2. Rústica: Fue empleada por los romanos del siglo I, a.C., en donde se cuidaban los detalles de su configuración, aunque la misma es sencilla y espontánea se encuentra principalmente en códices. 3. Uncial: Se empleó entre los siglos IV y IX, d.C., era utilizada principalmente para códices y traducciones latinas de la Biblia, mezclándose elementos mayúsculos y minúsculos, presentando influencia romana y griega. 4. Carolingia: Se considera que este tipo de escritura tuvo su origen en el imperio de Carlo Magno a fines del siglo VIII a.C. y de la cual se desprenden todas las ramificaciones de la escritura romana que se emplearon hasta el siglo XIII, d.C. 5. Cortesana: Se le dio dicho nombre por ser empleada en escritos de la corte durante los siglos XIV y XV d.C., las letras son menudas y los nexos son irregulares, el trazo final era amplio y envolvía a la palabra. 6. Humanista: Se empleó durante el siglo XV, d.C., su importancia radica en el hecho de haberse empleado en toda Europa y en todas las nuevas tierras descubiertas hasta ese momento. 7. Procesal: Empleada en el siglo XV, d.C., se deriva de la escritura cortesana, se mezclan letras mayúsculas con minúsculas, es más extensa y sin proporción, ligaduras y abreviatura incorrectas, se empleó principalmente en documentos públicos y actuaciones judiciales. 8. Procesal Encadenada: Empleada a fi-

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Al conquistar España las tierras de América, África y Asia llevan e imponen su lengua, escritura y costumbres a los nuevos territorios. En la actualidad en México se emplean dos tipos de escritura, la cursiva y la de imprenta. Cursiva: Las letras ya sean mayúsculas o minúsculas son realizadas por medio de trazos predominantemente curvos, por otro lado la escritura tiende a ser continua, es decir, que la pluma se separa del papel al momento en que se termina de efectuar la palabra y entre la palabra la separación suele ser mínima o nula. Las letras expuestas a continuación pueden ser clasificadas como cursivas, sin embargo, lo que las define o clasifica como tales son los trazos curvos y el hecho de que la pluma se separa del papel hasta el momento en que

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se efectúa la última letra de cada palabra, en forma intermedia la separación de la pluma es mínima o nula. ABCDEFGHIJKLM N Ñ O P Q R ST U V X Y Z abcdefghijklmnñopqrstuvxyz

Imprenta: En este tipo de escritura predominan los trazos rectos, la pluma es separada del papel al momento de concluir la realización de cada letra, independientemente si esta es la última letra de la palabra o si se ubica al inicio o parte intermedia de la misma. En esta escritura existen tres tipos de trazos: rectos, curvos y mixtos. Trazos rectos

Trazos curvos

Trazos mixtos

A E F H I K L M N ÑT V W X Y Z

COS

BDGJPQRU

Por su parte las siguientes letras pueden ser clasificadas como de imprenta, sin embargo lo que las define realmente como tales es el hecho de que al concluir cada letra la pluma es retirada del papel. ABCDEFGHIJKLM

este de Alejandría, descubriéndose por obras una piedra de basalto pulido de color negro y que en su superficie presentaba tres tipos de inscripción distintos en un número igual de escrituras o lenguas, estos eran jeroglíficos egipcios, escritura cuneiforme y escritura griega, sin lugar a duda la última de ellas fue la más fácil de leer y traducir. Dicha inscripción hace referencia a una decisión tomada por una asamblea de sacerdotes de Menfis en el año 196 a.C., durante el reinado de Ptolomeo V en donde se eximía a los súbditos de determinados impuestos, es por ello que los sacerdotes decidieron hacer del conocimiento del pueblo tal decisión, por lo cual realizaron la transcripción de tal decisión en tres lenguas o escrituras distintas: egipcio, cuneiforme y griego en un solo monolito de piedra, la Piedra Rosetta, y colocar cada una de estas piedras en los templos más importantes. Sin embrago, la escritura egipcia y cuneiforme era imposible de poder leerlas por el hecho de que las mismas correspondían a lenguas muertas y se desconocía el significado e interpretación de los diversos signos empleados en las mismas.

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Si bien es cierto que se ha visto la evolución de la escritura a través del tiempo, también es cierto que es necesario que al narrar un evento importante y transcendental en el entendimiento y estudio de la escritura, y fundamentalmente me refiero a la escritura egipcia y cuneiforme, me refiero al hallazgo de la Piedra Rosetta. Durante la incursión militar de Napoleón en 1799 en Egipto, se realizan obras de fortificación en la ciudad portuaria de Rosetta, al

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Piedra Rosetta, se encuentra en el Museo Británico de Londres

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El primero de los investigadores no logró ningún resultado en la búsqueda de la interpretación de ambas escrituras desconocidas. El sueco David Akerblad, orientalista y diplomático, logró pequeños avances en el desciframiento de la escritura egipcia, por lo tanto se le conoció como el primer egiptólogo. El médico y naturalista Thomas Young, de nacionalidad inglesa, logró también pequeños avances al determinar el nombre del faraón Ptolomeo y descifrar otros tres jeroglíficos. Fue necesario que pasaran varias décadas y grandes esfuerzos realizados por el profesor francés Jean-François Champollion, el cual tenía gran habilidad para hablar diversas lenguas y dialectos como el hebreo, árabe, sirio, sánscrito, persa, chino y español, entre otros. Por lo cual Champollion dio las bases lingüísticas y estructurales para poder leer e interpretar la escritura jeroglífica.

El texto de la Piedra Rosetta en los tres tipos de escritura era el mismo y correspondía al decreto real del faraón Menfis del 27 de marzo del año 196 a.C., a saber:

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Bajo el reinado del joven que recibió la soberanía de su padre, Señor de las Insignias reales, cubierto de gloria, el instaurador del orden en Egipto, piadoso hacia los dioses, superior a sus enemigos, que ha restablecido la vida de los hombres, Señor de la Fiesta de los Treinta Años, igual a Hefaistos el Grande, un rey como el Sol, Gran rey sobre el Alto y el Bajo país, descendiente de los dioses Filopáteres, a quien Hefaistos ha dado aprobación, a quien el Sol le ha dado la victoria, la imagen viva de Zeus, hijo del Sol, Ptolomeo. Viviendo por siempre, amado de Ptah. En el año noveno, cuando Aetos, hijo de Aetos, era sacerdote de Alejandro y de los dioses Soteres, de los dioses Adelfas, y de los dioses Euergetes, y de los dioses Filopáteres, y del dios Epífanes Eucharistos, siendo Pyrrha, hija de Filinos, athlófora de Berenice Euergetes; siendo Aria, hija de Diógenes, canéfora de Arsínoe Filadelfo; siendo Irene, hija de Ptolomeo, sacerdotisa de Arsínoe Filopátor, en el (día) cuarto del mes Xandikos o el 18 de Mekhir de los egipcios…

Para el derecho, la firma es: nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con rúbrica o sin ella, al pie de un escrito como señal de autenticidad. Actualmente en el Código Civil del Distrito Federal hay diversos artículos que señalan lo siguiente:

Jean-François Champollion, (1790-1832)

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“…Artículo 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones…” “…Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos…” En forma general podemos decir que para que el derecho le dé validez a un documento y con ello surta todos sus efectos legales, es necesario que dicho documento presente la firma o firmas de las personas que intervienen en un contrato. Hago referencia a una o más firmas en el párrafo que antecede, esto debido a que en un pagaré sólo es necesario que se aprecie la firma del deudor, mas es necesario que en dicho documento se encuentre presente la firma del acreedor. Por otro lado en diversos contratos como el de compra-venta, sí es necesario que obre tanto la firma del comprador como del vendedor. En cualquier juicio se pueden ofrecer diversos tipos de prueba, como serían confesionales, testimoniales, inspecciones judiciales, documentales, etcétera. Sin embargo, hay ocasiones en que una de las partes pone en duda la autenticidad de la firma que obra en algunos documentos, ya sea que estos sean públicos o privados; por lo tanto es necesario el ofrecimiento de la prueba pericial en materia de un especialista en el área de grafoscopía.

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La grafoscopía es el área del conocimiento humano que tiene como finalidad el estudiar la escritura y firma de las personas, empleando para ello instrumentos de aumento como son lupas, lentes, microscopios, fotografías, etc., y determinar el origen gráfico de la misma, es decir, determinar si la escritura o firma estudiadas pertenecen al puño y letra de la persona a la cual se le atribuye la misma; para tal efecto, es necesario que el especialista en cuestión analice en forma detallada y minuciosa aquellos elementos gráficos que la individualizan, como son inicios, finales, enlaces, intersecciones, presión muscular y velocidad, entre otros. Al momento de ofrecer esta prueba es necesario que cubra diversos requisitos que estipula el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, como son: señalar la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual versará la prueba. Los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la prueba pericial: • La cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito. • Nombre del perito. • Domicilio del perito. • La relación de esta prueba con los hechos y qué es lo que pretende acreditar con la misma.

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El juez conocedor del proceso deberá dar a conocer a la contra parte la prueba pericial, y pedirle que se manifieste sobre la misma, es decir, que indique si está de acuerdo o no con ella, que ofrezca perito de su parte y si así lo desea que amplíe el cuestionario propuesto por su contra parte. Si el ofrecimiento de la prueba pericial se encuentra sujeto a derecho, el juez admitirá la misma, otorgando a los peritos de las partes un término de tres días para que presenten por escrito la aceptación y protesta del cargo conferido, debiendo cubrir los siguientes requisitos de ley: Bajo protesta de decir verdad, los peritos deberán manifestar:

Si el perito es nombrado en un juicio mercantil, de arrendamiento o en un incidente, el término para la presentación del dictamen será de cinco días. Por su parte, si el especialista es nombrado en un juicio ordinario, el término de presentación del dictamen sí será de diez días. Otro aspecto que puede hacer que el perito solicite una prórroga para la presentación de su dictamen, se origina en el hecho de que los elementos indubitados y dubitados no se encuentren en el local del Juzgado correspondiente, por lo cual será necesario la expedición de oficios o exhortos, dependiendo del caso y su debida tramitación. La presente obra posee una dualidad especial, primeramente se expone la historia de la escritura y de las firmas, a continuación los requisitos de ofrecimiento de la pruebas pericial, al igual que los requisitos de aceptación del cargo por parte del perito y por último los términos para la presentación del dictamen encomendado al especialista, al igual que aquellas circunstancias en las cuales se puede solicitar una prórroga para la presentación del dictamen por parte del especialista. Esta dualidad se origina por la inquietud de hacer del conocimiento del lector que los hechos, eventos, historias y desarrollos de la humanidad no son cuestiones aisladas, sino que por el contrario todo ello se concatena en un punto específico del quehacer o actividad humana y que las consecuencias de nuestras acciones o no acciones tendrán repercusiones en el futuro.

• Su fiel y leal desempeño. • Anexar copia certificada de la cédula profesional o de los documentos que acrediten su calidad de peritos en el arte, técnica o industria, para el que se les designó. • Manifestar que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial. • Que tienen capacidad suficiente para emitir dictámenes sobre el particular. A partir de que el perito acepta el cargo conferido tiene diez días para la presentación de su dictamen, este término podemos decir que es relativo, esto por lo siguiente:

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Reynaldo Sandoval S谩nchez

Fiscal Desconcentrado de Investigaci贸n en la Delegaci贸n Gustavo A. Madero de la Procuradur铆a General de Justicia del Distrito Federal


Trayectoria Académica

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Derecho Penal auspiciado por la Universidad de Girona, España en colaboración con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato. Doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato. Actividades Académicas

Profesor de la asignatura “Conceptos Jurídicos Fundamentales” en la Licenciatura de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en diversos Diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación A.C. Trayectoria Profesional

Miembro fundador del Despacho Jurídico Sandoval y Molina A.C., en donde ha sido distinguido como abogado postulante en el ámbito penal. Subdelegado de Averiguaciones Previas en las Delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco y la entonces Miguel Hidalgo-Cuajimalpa de la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en esta última fungió como Fiscal de Homicidios y asuntos relevantes. Fiscal Desconcentrado en las Delegaciones de Iztacalco, Cuauhtémoc y Coyoacán de la propia PGJDF. Servidor Público en la Procuraduría General de la República, en donde ocupó los cargos de Subdelegado de Procedimientos Penales Federales en los Reclusorios Norte, Sur y en la Zona Centro área de Detenidos de la Delegación en el Distrito Federal de esa Institución de Procuración de Justicia Federal. Actualmente se desempeña como Fiscal Desconcentrado de Investigación en la Delegación Gustavo A. Madero de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.


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e d a m e t s i s l e a l n e n e a c o a i i r c i o l t o a p s u ac ón i l c a a n u t e c p A o t n e i m a enjuici de México Ciudad SU

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I. Introducción

II. Sistema procesal acusatorio y eficiencia policiaca en la Ciudad de México.

Mtro. Reynaldo sandoval sánchez III. Herramientas jurídicas para la eficiencia policiaca en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio (caso Ciudad de México) IV. Conclusiones V. Bibliografía Hipótesis

Si

se ofrece a las corporaciones policiacas herramientas jurídicas y metodológicas de actuación que se circunscriban a protocolos diferenciados por tipo de actividad policial, permitirá mejorar su actividad y provocará adaptabilidad al nuevo sistema de enjuiciamiento penal que retroalimente sus resultados en la consecución de elementos de prueba científicamente adquiridos, con pleno respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad de México.

I.- Introducción

En

todo el país, se ha desatado en los últimos años una ola creciente de criminalidad como resultado de la estrategia equivocada de enfrentamiento enarbolado

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por las Autoridades Federales en contra del denominado Crimen Organizado, Delincuencia Organizada o Enemigos del Estado. Más allá de pretender confrontar la estrategia de militarización asumida por el Gobierno de la República, lo que este trabajo pretende ahora, es evidenciar que a partir de las herramientas normativas con las que se cuenta en la Ciudad de México, es factible atender la criminalidad del orden común que en la capital de la República se presenta todos los días, con la finalidad de contener a esa criminalidad, además de coexistir con las necesarias políticas de prevención del delito que cada sociedad requiere habilitar para ofrecer a sus comunidades el clima de paz, tranquilidad y seguridad que todos merecemos. A partir de este criterio y en la medida de su fortalecimiento mediante la implementa-

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ción de políticas públicas muy pragmáticas en las cuales se destaque el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entonces sí, podremos intentar subir de nivel al diseño de estrategias más elaboradas en contra de la alta criminalidad sin que debamos enfrentar en escenarios de guerra a las Instituciones armadas de este país con los miembros de la llamada delincuencia organizada. Estoy de acuerdo que no deberíamos esperar a poner orden en la casa para poder atender la delincuencia que se conoce como Crimen Organizado, sin embargo, la sociedad mexicana toda se encuentra en la actualidad bajo la zozobra y en un clima de incertidumbre tal, que pareciera que para vivir en paz ya no debemos salir de la Ciudad de México, como si ya estuviésemos derrotados por culpa de aquellas equivocadas decisiones de lucha contra el crimen, que nos han sumido, al interior de la República, en un clima de desesperanza ante la cada vez mayor presencia de nuevos miembros de grupos delincuenciales que se enseñorean por las páginas de los periódicos y las notas rojas de todos los medios de comunicación masivos, por tanto, comenzar por casa parece una oportunidad de demostrar que podemos enfrentar a la delincuencia con las herramientas jurídicas con las que contamos, sólo que debemos provocar que los operadores del subsistema de justicia penal se esfuercen y trabajen bajo el amparo de una visión común. Ofrecer una propuesta de Plan Integral de Combate al Delito, a partir de las herramientas normativas (es decir, jurídico-penales) con que a la fecha contamos en la Ciudad de México, intenta inscribirse en el ámbito del sistema de Justicia Penal moderno como una opción a seguir a fin de fortalecer la idea del

Derecho Penal de mínima intervención, en su afán de encuentro del Estado Social y Democrático de Derecho.

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II.- Sistema procesal acusatorio y eficiencia policiaca en la Ciudad de México

El

advenimiento del sistema de enjuiciamiento penal de corte liberal y democrático, acusatorio adversarial, sugiere por supuesto la implementación de políticas públicas en materia de actuación policial a partir de las cuales, el trabajo de investigación permita la integración de datos que posteriormente se presenten ante los órganos judiciales como elementos de prueba pertinentes, y resistan en el seno del proceso público y contradictorio las críticas a su obtención mediante mecanismos lícitos en franco respeto de derechos fundamentales de los gobernados. Este anhelo desde luego que fortalece a un sistema de enjuiciamiento novedoso, no obstante la historia insoslayable del quehacer policial en el México posrevolucionario que se había caracterizado por signos de abuso, prepotencia e incluso en ocasiones de tortura, debido principalmente entre otras causas a la existencia de un sistema penal de corte inquisitivo, opaco y cerrado que convenía a los fines del derecho penal autoritario. Las políticas públicas a implementar en prácticas policiales, desde luego que obligan a revisar las características esenciales del sistema acusatorio instaurado en nuestra Constitución Política a partir de la gran reforma del año 20081, con el propósito de ofrecer meca-

1 Dagdug Kalife, Alfredo. La prueba pericial al amparo de un nuevo modelo de justicia predominantemente acusatorio. Coedición Ubijus e Instituto de Formación Profesional de

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nismos que permitan empatar el quehacer de investigación ministerial y policiaco a la luz del nuevo sistema de justicia penal con la esencia del sistema acusatorio. Un Estado Social y democrático de Derecho, para que se asuma como tal se caracteriza por una serie de principios que le sustentan en el Plano Constitucional y en el respeto y cumplimiento de Normas de Convencionalidad admitidas y suscritas por ese Estado, primordialmente y entre otros, los principios eje del debido proceso penal, a saber, el Principio de Presunción de Inocencia, según el cual este derecho se erige como Derecho Fundamental de los gobernados. Pero no sólo la Presunción de Inocencia fortalece al debido proceso, sino además, los principios de legitimidad, culpabilidad, principio de acto, de bien jurídico, legalidad, irretroactividad, exacta aplicación de la ley, litis cerrada, defensa adecuada, y non bis in idem.2 Ahora bien, en materia probatoria, precisamente este sistema permite contraponer al Estado de manera franca y pública la legítima obtención de cualquier dato que posteriormente se pretenda asumir en el proceso como medio de prueba para trastocar aquel principio de Presunción de Inocencia, ya que al pretender limitarse ese derecho fundamental, los representantes del Estado deberán cela PGJDF. México. 2012. Al respecto este autor afirma: “ A partir de la citada reforma Constitucional, se sentaron las bases para unificar las bases para unificar los sistemas de justicia criminal, estructurando el desarrollo probatorio, en el sentido de que durante la etapa de investigación, única y exclusivamente se deberán realizar diligencias de investigación para obtener fuentes de prueba, salvo pruebas anticipadas y durante la fase del juicio, se deberán practicar todos los medios de prueba que se pretendan adquieran valor probatorio”. p. 20. 2 Aguilar López, Miguel Ángel. Presunción de Inocencia. Principio fundamental en el sistema acusatorio. 2ª. edición. Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal A.C., México. 2009.

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ñirse a reglas claras de obtención y preparación de elementos probatorios con los cuales se logre restringir aquel derecho fundamental. En esto precisamente radica la actuación policial, que de manera científica deberá vincular cualquier dato obtenido para imputar fundadamente al gobernado la comisión de un hecho ilícito y que en aras de fincar un adecuado procesamiento con nuevas reglas de obtención de tales datos, se verá obligado a mejorar técnicas de actuación policial en respeto ineludible a los derechos fundamentales de cualquier persona. Así, podemos afirmar con Hidalgo Murillo que: “…El Principio de Inocencia es un principio de conveniencia procesal en tres sentidos; en primer lugar, porque el imputado puede verse sometido a proceso sin haber adecuado su conducta a un tipo penal; en segundo lugar, porque el imputado puede haber sido víctima de una sociedad que, incoherente, lo hace delincuente y en tercer lugar, porque partir de la “hipótesis de inocencia” se asegura potenciar la “hipótesis fáctica” actualizando la carga de la prueba que “desmienta” esa hipótesis.”3 El proceder policial deberá, por tanto, constreñirse, sin excepción alguna, a la obtención legal de datos que permitan posteriormente incorporarlos al proceso penal como medios de prueba legales, aptos y pertinentes para persuadir al órgano jurisdiccional de la necesaria limitación al derecho fundamental del gobernado imputado de ese derecho subjetivo de presunción de inocencia, pero siempre sin menoscabo de la legalidad de la prueba obtenida. 3 Hidalgo Murillo, José Daniel. Debido Proceso Penal en el Sistema Acusatorio. Coedición Flores Editor y Distribuidor y Universidad Panamericana, México. 2011. p. 284.

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Al respecto, Javier Jiménez Martínez afirma: “Una de las primeras actividades que deben realizar las partes en materia de pruebas es la verificación de la legalidad de las pruebas que van a llevar al juicio oral. Lo mismo hará la autoridad, determinar la legalidad del medio de conocimiento ofrecido por las partes, y lo hace confrontándolo con las garantías constitucionales del debido proceso y los derechos fundamentales, e incluso, con los requisitos formales del medio establecidos en la legislación penal procesal.”4 Luego entonces, el objetivo principal del quehacer policial será la consecución de elementos probatorios cuya obtención se sujete a los parámetros constitucionales y legales tendientes a fortalecer las acusaciones a los imputados de hechos criminales pero siempre en el marco del respeto de derechos fundamentales (a fin de evitar convertir esos elementos probatorios en ilícitos) así como del respeto a las normas legales (a fin de no propiciar pruebas ilegales).

a) El cumplimiento irrestricto de la ley, es decir, el fortalecimiento de un Estado garantista5; b) La tutela de los derechos fundamentales de los gobernados6 a fin de discriminar con toda claridad en su actuar el proceder de los tipos de delincuencia que atenta en contra de la paz y tranquilidad de la comunidad afectada, y c) La sujeción del actuar de los órganos estatales involucrados en el tema de la paz pública, a un régimen de transparencia absoluto y un sistema simple de rendición de cuentas.7

III.- Herramientas jurídicas para la eficiencia policiaca en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio (caso Ciudad de México)

La

consecución del Estado Social y Democrático de Derecho pasa necesariamente por la sujeción de las agencias gubernamentales en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia por tres aspectos fundamentales que deben caracterizar su actuar, a saber: 4

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5 Véase a Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. A. Edición. Editorial Trotta. Madrid, España. 2009. “Garantismo designa un modelo normativo de derecho: precisamente, por lo que respecta al derecho penal, el modelo de estricta legalidad. Sistema Garantista propio del estado de derecho, que en el plano epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los ciudadanos”. (pp. 851-852). 6 Sobre este particular destaca la opinión en México de Carbonell, Miguel en su obra Los Derechos Fundamentales en México, 4ª. Edición, Coedición Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2011, p. 5, apunta: “En términos generales puede decirse que los derechos fundamentales son considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna; siguiendo a Ernesto Garzón Valdés podemos entender por bienes básicos aquellos que son condición necesaria para la realización de cualquier plan de vida, es decir, para la actuación del individuo como agente moral”. 7 Sobre este particular, Guillermo O´Donell en “Democracia y Estado de Derecho” en Ackerman, John M. (Coordinador) “Más allá del acceso a la Información”, Transparencia y Rendición de cuentas y Estado de Derecho. Editorial Siglo XXI, México, 2008. pp. 89 y ss. afirma “Un Estado democrático de Derecho también establece redes de accountability (o, en traducción aproximada, “rendición de cuentas”). Es decir, otro aspecto del estado Democrático de Derecho es que nadie es de legibus solutus; es decir, nadie, ni siquiera los gobernantes, debe quedar fuera de la legalidad.”

Jiménez Martínez, Javier. Aspectos básicos sobre la prueba en el Juicio Oral. Editorial Raúl Juárez Carro. México, 2011. pp- 57-64.

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La medición al cumplimiento de estos tres aspectos inducirá en la ciudadanía la confianza suficiente que incluso permita la participación directa de órganos no estatales en la comprobación del avance en la operación del sistema operativo y funcional de seguridad pública y procuración de justicia implementados. La expresión gráfica de este inicio de modelo podría evidenciarse de la manera siguiente:

Estado social y democrático de derecho

respeto a los derechos humanos

privilegiar el cumplimiento de la ley

propiciar régimen de transparencia y rendición de cuentas

Ahora bien, los acontecimientos de violencia suscitados en los últimos tiempos, aunados a la exagerada difusión que sobre los mismos han realizado los medios masivos de comunicación –más por cuestiones de carácter económico y de morbo que por sana preocupación– han provocado un sentimiento colectivo de desesperanza, como si la delincuencia organizada ya hubiese derrotado al Estado mexicano con el consecuente mensaje de vulneración a la paz y tranquilidad sociales, arrebatando incluso a la ciudadanía la certidumbre de cohabitación con sus semejantes, ocasionando un terrible malestar y sospecha por el vecino de al lado que incluso nos obliga a encerrarnos en el clima de desconfianza muy contrario al espíritu de solidaridad que siempre había manifestado el mexicano y peor aún, ha provocado la emigración de las ciudades de todos aquellos ciudadanos que han vivido muy de cerca el clima de violencia desatado por las políticas erradas

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expresadas principalmente en regiones del norte y occidente del país.8 Al reconocer estos datos, esa expresión de hartazgo en primer lugar y de desesperanza colectiva en segundo sitio, han generado la proliferación de movimientos sociales encabezados por personajes de la vida pública, que han pasado en carne propia por las terribles experiencias de la expresión violenta de los delincuentes, sin embargo, carentes de información suficiente por ser ajenos a temas de seguridad y procuración de justicia, más enarbolan movimientos declarativos y contestatarios a las políticas públicas de los gobiernos que propuestas específicas que auxilien verdaderamente al fortalecimiento del Estado, que nos permita la recomposición social y la detección temprana de los delincuentes que seguramente en sus carreras ascendentes del submundo criminal llegarán a ser criminales mayormente lesivos a la comunidad si no reaccionamos a tiempo.9 Esta reacción estatal, precisamente, es la que debemos atemperar mediante la implementación de mecanismos que respondan como Estados modernos para contrarrestar esas carreras delictivas, si y sólo si toda acción estatal y respuesta estratégica las pasamos por el tamiz del respeto irrestricto de la Ley, comenzando por los propios servidores públicos encargados de operar los subsistemas de seguridad y procuración de justicia, así como supervisar que sean éstos quienes se encar8

Datos estadísticos publicados en el mes de enero del año 2011 permiten desenmascarar el manejo indiscriminado de datos relativos a la tasa de homicidios a nivel nacional. Véase: Escalante Gonzalbo, Fernando. “Homicidios 2008-2009. La muerte Tiene Permiso” en Revista Nexos, Núm. 397, enero, México, 2011. pp- 36-49. 9 Para una explicación muy objetiva acerca del ciclo de vida de una organización criminal, consultar a Guerrero Gutiérrez, Eduardo. “Cómo reducir la violencia en México” en Revista Nexos, Núm. 395, noviembre, México, 2010. P. 24.

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guen de velar por el respeto a los derechos fundamentales de toda persona, incluso de los propios delincuentes y su función se constriña desde luego a mecanismos de transparencia en todos los actos y de rendición de cuentas, con el propósito de que sean los ciudadanos quienes lleven a cabo esas labores de contrapeso en las decisiones gubernativas, de tal suerte que se impida el ensanchamiento de espacios públicos proclives a aquellas carreras ascendentes de los criminales. Es decir, en la medida en que podamos afirmar o no tales mecanismos, podremos considerar que construimos un Estado fuerte o en el peor escenario un Estado débil, para atender la conceptualización que sobre el Estado moderno ha formulado atinadamente Joel Migdal:10 “El Estado es un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de violencia y conformado por: 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese territorio, y 2) las prácticas reales de sus múltiples partes.” Los Estados reales están determinados por dos elementos, imágenes y prácticas. “Primero es la imagen. La imagen –decía Shils– amalgama las numerosas instituciones a las que pertenecen los actores y en pro de

las cuales ejercen la autoridad, en la imagen de un centro de la sociedad, dominante y único. En esta definición la imagen del Estado es la de una entidad autónoma, integrada y dominante que controla, en un territorio determinado, la creación de reglas, ya sea directamente a través de sus propios organismos o indirectamente permitiendo que otras organizaciones autorizadas –negocios, familias, clubes y similares– generen ciertas reglas de alcance limitado.” “La imagen postula una entidad que tiene dos tipos de fronteras: 1) fronteras territoriales entre el Estado y otros Estados, y 2) fronteras sociales entre el Estado –sus organismos y actores (públicos)– y aquellos sujetos a sus reglas (privados).” “Después de la imagen, el segundo aspecto clave de la definición del Estado son las prácticas. El desempeño cotidiano de los organismos y actores del Estado, sus prácticas, puede reforzar la imagen del Estado o debilitarla; puede consolidar o neutralizar la noción de las fronteras territoriales y las que existen entre lo público y lo privado.” Esa reacción estatal al llevarse a cabo sin corresponsabilidad puede impulsar la generación de políticas públicas de endurecimiento de la acción punitiva que en nada fortalece al sistema democrático y si por el contrario, deslegitima el actuar de las agencias encargadas constitucional y legalmente de contrarrestar el clima de violencia en las calles de nuestras ciudades, retroalimentando involuntariamente el ciclo de violencia y por ende el ciclo de vida de toda estructura criminal.” Sobre este particular, Kleiman11 sostiene:

10 “Una nueva definición de Estado” en: Estados débiles, Estados fuertes. Migdal S. Joel. Fondo de Cultura Económica. México, 2011, p. 34. Para una definición tradicional: Cfr. Alfonzo Jiménez, Armando en Acerca del Estado, 2ª. Edición, Editorial Ubijus, México, 2012. pp. 35-36, quien citando a Reyes Heroles, Jesús, distingue los elementos formales: Principio de Legalidad, Principio de Obligatoriedad, Principio de Supremacía de la Carta Magna y Principio de Responsabilidad del Estado de sus elementos materiales: Principio de División de Poderes, Sistema Representativo, Derechos Humanos y Leyes en sentido material, y afirma: “Estado que no reúne todos y cada uno de los elementos mencionados no puede identificarse como Estado”.

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11 Kleiman, Mark. “Contención del crimen organizado y no organizado” en serie Conferencias Magistrales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2011.

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“De acuerdo con la teoría clásica, los libros de criminología suelen establecer que un sistema de justicia penal puede controlar la delincuencia de cuatro modos: 1) incapacitando al delincuente, recluyéndolo para que no vuelva a delinquir, 2) reforzando las normas públicas, es decir, con un enfoque mecánico de castigo que le demuestre que la sociedad desaprueba su comportamiento y, con ello, se movilice la conciencia individual y el control social e informal, pues éstos al final hacen la mayoría del trabajo; 3) castigar a los delincuentes para reivindicar a las víctimas y que el Estado sustituya la venganza privada, y 4) poniendo en práctica la disuasión, un concepto de la criminología basado en la amenaza y el castigo para disminuir los comportamientos y conductas delictivos.” Se concuerda con este autor al implicar que esta visión de tan sólo castigo para el delincuente distorsiona la pretensión de consecución de paz social, ya que se soslaya que el anhelo en todo caso fuera “disminuir al máximo las conductas delictivas” más que lo primero y para su logro se ha de partir de fortalecer el sistema de procuración de justicia en que los conceptos de “prontitud y certeza” constituyan una retroalimentación positiva en la búsqueda de lograr esos objetivos. Por tanto, empatar las políticas públicas tendientes a lograr la disminución de criminalidad, necesariamente deberán enfocarse en que los esfuerzos estatales habrán de ceñirse a identificar, concentrar, advertir y dar seguimiento a los esfuerzos operacionales de las agencias gubernativas encargadas de la prevención y la procuración de justicia. Enseguida se muestra la expresión gráfica de esa pugna en la cual aparentemente se

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encuentra sometido el anhelo de un Estado contemporáneo:

Estado social y democrático de derecho

exigencia ciudadana (reclamo social)

estado garantista

¿Qué nos proponemos demostrar con este trabajo? Precisamente que esta aparente pugna puede reducirse a niveles aceptables, en tanto reconozcamos que efectivamente tenemos frente a nosotros una falsa disyuntiva, habida cuenta que si bien por un lado el favorecer el Estado Garantista o de respeto absoluto a los derechos fundamentales del ser humano, pareciera que origina facilidades a la criminalidad en perjuicio de la ciudadanía, y por tanto se encuentra el Estado Garantista confrontado al reclamo social por su exigencia natural de mayor tranquilidad y paz públicas, no menos cierto resulta que antes de tal pugna, debemos considerar si ese Estado ha cumplido efectivamente con niveles razonables de efectividad policial y atención social a la búsqueda de equilibrios en temas de insana desigualdad económica y social. Por ello, en la búsqueda de herramientas jurídicas pertinentes para atender la creación de equilibrios, en donde las entidades gubernativas se encuentren cerca de las comunidades, este trabajo demuestra que en la Ciudad de México, sí se cuenta con tales herramientas que desde luego, no se encuentran perfeccionadas, pero que sin embargo la optimización de su utilización permitirá a

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la autoridad gubernamental en primer lugar, tender los puentes de comunicación constante con los ciudadanos y en segundo término la construcción de diagnósticos eficaces en espacios específicamente delimitados, que generen consecuentemente respuestas operativas certeras, en plenitud de respeto al marco de la Ley. Así, con esta óptica, comunitaria si se quiere, de trabajar en cada demarcación territorial, en la construcción de diagnósticos que permitan el diseño de estrategias policiacas eficaces, se revelarán las necesidades de índole social primariamente, para enseguida, con los resultados obtenidos de los diagnósticos citados, provocar eficiencia policial que en cada periodo determinado se ponderen, se retroalimenten y en su caso se reconstruyan. La expresión gráfica de la búsqueda de ese equilibrio, podría observarse así:

incluso militares en escenarios de guerra en contra de los miembros de la Delincuencia Organizada, y por la otra el discurso político jurídico de fortalecimiento de ese Estado confrontado con planteamientos de tutela de los derechos fundamentales de los gobernados, incluyendo a aquellos que merecen ser sancionados por conductas tipificadas como delictivas, es decir el Estado Garantista. ¿Cómo plantear una respuesta que atempere esa presunta confrontación entre la exigencia social y el fortalecimiento de un Estado Garantista?, como ya se esbozaba, en primer lugar tender un puente de comunicación entre las entidades gubernativas de una demarcación territorial específicamente delimitada, y por otro lado, con la operación cotidiana de las entidades gubernativas involucradas en la materia de seguridad pública y procuración de justicia, cuyas representaciones se reúnan diariamente para la formulación y evaluación, paso a paso, de las acciones operativas a implementar. En un segundo momento, con la participación de las representaciones vecinales o ciudadanas que nos permita la conformación de una plataforma de trabajo homogéneo, en la cual se construyan los diagnósticos comunitarios y no oficialistas, que permita in situ, proponer las mejores soluciones a los reclamos sociales, de manera colectiva pero a partir de una visión común ante los diagnósticos generados. Esta fase en la construcción del modelo operativo funcional de coordinación operativa entre las entidades gubernativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, permite entonces arrancar la plataforma en la construcción de una visión común a las problemáticas planteadas por la comu-

Estado social y democrático de derecho

exigencia ciudadana (reclamo social)

eficiencia policial

estado garantista

atención social

Hasta ahora, con lo expuesto no hemos avanzado sustancialmente en la consecución de una estrategia para combatir el crimen en la Ciudad de México, ya que hasta este momento tan sólo hemos expuesto un diagnóstico de la aspiración del Estado, que aparentemente se encuentra confrontado por una parte entre la exigencia o reclamo social cotidiano, ante la incesante ola de violencia desatada con motivo de la política pública errada de confrontación de las instituciones

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nidad en materia de incidencia criminal, que busque la identificación clara y objetiva de esa presencia criminal en un espacio territorial delimitado, que obligue a las autoridades competentes a dar respuesta pronta y certera a esa problemática identificada, de tal suerte que su inhibición, tan sólo sea el arranque en la construcción de bases de datos informativos contundentes para conocer el estatus criminal en una zona territorial determinada. La expresión gráfica de ese inicio de plataforma entonces se representa de la manera siguiente:

exigencia ciudadana (reclamo social)

eficiencia policial

estado garantista

propuesta metodológica

operaciones cotidianas de entidades gobernativas plataforma cotidiana de trabajo

Esta plataforma cotidiana de trabajo, desde luego que implica una obligatoriedad para cada una de las entidades gubernativas concentradas en reunión de trabajo que permita de modo constante el planteamiento de identificación de la presencia delictiva por zona territorial. La Ciudad de México cuenta con el instrumento jurídico mediante el cual la autoridad máxima de la propia Ciudad de México, instruye a los representantes de la autoridad en cada zona territorial de cada demarcación político-administrativa, para llevar a cabo precisamente esos diagnósticos indispensables para la consecución de información, la cual por supuesto se encuentra confrontada por los miembros de la comunidad o grupos so-

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ciales representativos de cada demarcación de las anteriormente aludidas, a fin de ponderar que tal información generada, cumpla con un mínimo de certeza que permita tomar a cada representante de la autoridad de la zona, aquello que lo involucra acorde a sus facultades legales.12 Este diagnóstico obtenido de zonas bien delimitadas, con información claramente sistematizada, permitirá la construcción de políticas operativas reales y de corto alcance, pero que documenta, para el caso de su debido seguimiento, la criminalidad imperante y con la cual se pueden provocar acciones estratégicas en donde la característica esencial sea la explotación de mecanismos de inteligencia policial que redunden en un mínimo de acciones operativas funcionales pero de alto grado de contundencia y efectividad. La expresión de esta fase operacional puede verse así:

USO DE TECNOLOGÍA

ANÁLISIS DELITO A DELITO

VISIÓN INTEGRAL DE COMBATE AL DELITO

Rep. Jefe de Gobierno

P.G.J.D.F. Responsable de Agencia y Mando de Policía de Investigación

Representante del Jefe Delegacional

S.S.P. Jefe de Sector

Representante Subsecretaría de Participación Ciudadana

= plataforma

Consejería Jurídica y de Servicios Legales Juez Cívico

12 Véase: Acuerdo por el que se crean las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de fecha 14 de marzo de 2007.

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Representante de Secretaría de Salud


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En términos de la construcción de esta visión común territorial para la elaboración de diagnósticos de criminalidad en áreas específicamente delimitadas, podemos expresarlo de acuerdo a la normatividad vigente para la administración pública local en el Distrito Federal del siguiente modo:

ma de enjuiciamiento penal que propugna por un Estado fuerte y democrático de naturaleza acusatorio y adversarial, permitirá la retroalimentación que apuesta necesariamente por la fortaleza de los colaboradores iniciales del sistema penal, es decir, los cuerpos policiacos que deberán sujetar su proceder a reglas constitucionales y legales con sustento científico, ya que serán expuestos de modo público a la vista de una sociedad cansada de abusos y con el propósito de limitar los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, sólo en aquellos casos en los cuales la presunción de inocencia quede confrontada lícitamente por los elementos probatorios legítimamente obtenidos. Lo anterior, sólo se conseguirá si aportamos aunque sea un poco, al ofertar el cómo le van a hacer en la vida real tales cuerpos policiacos, más allá de todo discurso político que si bien en múltiples análisis nos ofrecen causas, condiciones y limitaciones del quehacer policial, distantes quedan cuando se trata de enunciar la forma en que esos cuerpos policiacos pueden acercarse a empatar su actividad cotidiana con los requerimientos del nuevo sistema de enjuiciamiento penal derivado de la Reforma Constitucional de 2008.

USO DE TECNOLOGÍA

ANÁLISIS DELITO A DELITO

VISIÓN INTEGRAL DE COMBATE AL DELITO

= plataforma

coordinaciones territoriales de seguridad pública del gobierno del distrito federal

IV.- Conclusiones

Buscar

la homologación del quehacer policial con la incursión del sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio y adversarial en México, es provocar nuevos modos de comportamiento en los agentes de la autoridad en la parte inicial de todo el sistema de justicia penal. Es, precisamente, reconocer que su actuar deviene del sistema inquisitivo obsoleto cuya característica esencial lo constituye la opacidad que pregona fuertemente un Estado autoritario. Ofrecer nuevas herramientas a los cuerpos policiacos para su acoplamiento al siste-

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Ahora se ofrece de manera muy pragmática un modelo de actuación, que bien podrá acrecentarse en la medida en que los esfuerzos cotidianos de las autoridades involucradas en el sistema de seguridad pública y procuración de justicia, articulen sus trabajos con la participación ciudadana afectada en territorios específicamente delimitados, de tal suerte que las medidas operativas ofrezcan como propone Kleiman, prontitud y certeza.

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Legislación Consultada: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Acuerdo por el que se crean las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia del Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 14 de marzo de 2007.

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Comentarios con motivo de la presentación del libro:

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Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo Magistrados Jorge Higuera Corona y Diógenes Cruz Figueroa Señoras y Señores:

manera frecuente de escuchar sus agudas intervenciones en clase e intercambiar comentarios sobre los temas de las distintas materias. Como se podrá advertir, es un libro que es producto no sólo de un detenido y reflexivo estudio, y de una acuciosa investigación acerca de los trascendentes temas que aborda, sino también es la feliz conjunción de su experiencia como juzgador y docente acostumbrado a ser didáctico en sus exposiciones. En el primer tema tratado: non bis in idem, expone con valentía y de manera razonada, pero porqué no decirlo con mesura y elegancia, su legítima preocupación como juzgador por un criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la incompetencia del tribunal hecha valer en amparo directo, da lugar a un amparo liso y llano, que equivale a la absolución del quejoso, lo cual genera que el eventual infractor de la ley penal quede sin castigo. Punto de vista con el cual estoy totalmente de acuerdo. Esta expresión de coincidencia no es un alabo oportunista a la obra, tan no es así que en el año 2000 en un trabajo escrito con motivo de la convocatoria para elaborar propuestas para la nueva Ley de Amparo, sostuve, si se quiere un poco a la ligera, esa misma crítica, desde luego sin toda la lúcida argumentación y trabajo de investigación de derecho comparado, que realiza en su obra Jorge Higuera y que hace que su postura resulte harto convincente y razonada. Es constante el señalamiento de que, con razón, la sociedad realiza al Estado acerca de la desbordante impunidad, según las últimas cifras del año pasado avaladas por la Agencia para el Desarrollo Internacional, en México por cada 100 delitos denunciados, sólo el 6% de los presuntos delincuentes son presenta-

Muy buenas tardes a todos. Agradezco cumplidamente al autor del libro motivo de este magno evento académico su gentileza de invitarme a realizar algunos comentarios en torno a su obra Non bis in idem y reincidencia, principalmente porque he disfrutado enormemente su lectura y porque mucho me honra el compartir esta mesa con quienes coincidiéramos, por fortuna, como jueces de distrito en una época en la ciudad de Toluca. Fue precisamente, en aquel entonces, por el año de 1994, cuando conocí a Jorge Higuera Corona, quien como se ha dicho, después de haberse desempeñado como secretario en Juzgados y Tribunales Colegiados en materia administrativa, y secretario de estudio y cuenta en la Tercera Sala de la SCJN, acudía al entonces Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, para familiarizarse con la tramitación de los juicios penales federales, y el amparo penal; y quien ya venía precedido de un prestigio por su excelente desempeño en las funciones que había realizado dentro del Poder Judicial de la Federación. Prestigio que como se habrá advertido de la lectura de su currículum, se ha venido acrecentando vertiginosamente, siendo sin lugar a dudas, este libro que hoy nos reúne, otro de sus muy importantes logros. Esta obra, como se ha dicho, es su tesis doctoral que elaboró como culminación del máster internacional en derecho penal, constitución y derechos, auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en el cual fuimos condiscípulos y tuve la oportunidad de

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dos ante los órganos jurisdiccionales, y del mismo total de los delitos denunciados, sólo el 1.3% son condenados. Desde luego, son múltiples y de muy diversa índole los factores que contribuyen a tal situación, pero mucho se avanza si se empieza por reconocer, como lo hace el magistrado Higuera, que ciertos criterios jurisprudenciales generan sin justificación, impunidad. Y, cómo dejar de reconocer esto cuando estando el acusado confeso del delito que se le atribuye, sin haber invocado siquiera su inocencia, y, por ende condenado, le basta acudir al amparo alegando haber sido juzgado por autoridad incompetente para obtener su inmediata libertad y dejar insubsistente el fallo condenatorio, lo que se traduce para efectos prácticos en una absolución, sin haber entrado al fondo del asunto. ¿En dónde quedan los derechos de la víctima, entre otros el de la reparación del daño, elevado a garantía constitucional? Nada puede hacer ésta ante una determinación de esta naturaleza. Ya Honoré de Balzac sentenciaba “dejar marchar impune a un malhechor es hacerse culpable de sus crímenes futuros”. El libro que nos congrega esta tarde, inicia refiriéndose a la definición gramatical del principio non bis in idem, para continuar con sus dos vertientes: formal o procesal y material o sustantiva, su proceso evolutivo y su distinción con el diverso de la cosa juzgada y el concurso de leyes. Posteriormente, aborda en el capítulo II su desarrollo jurisprudencial en España. Al respecto destaca los señalamientos que la Segunda Sala del TC realizara en la sentencia 152/2001, para empezar a respaldar su postura, en la que resolvió que no se infringía el non bis in idem, a pesar de haberse impuesto una sanción administrativa y después otra penal por los mismos hechos,

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en la que adujo que conforme a la legislación vigente el hecho de que se encuentre pendiente un proceso penal, constituía un impedimento legal para la simultánea tramitación de un procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos, lo cual era conocido por el recurrente, quien a pesar de ello no lo hizo valer ante la administración sancionadora, sino que esperó a ser sancionado para, a continuación, intentar que se dejara sin efecto el proceso penal. Y dicha Sala concluye “el silencio del actor, puede encontrar explicación, que no justificación, en una táctica defensiva, consistente en tolerar la vulneración actual del principio non bis in idem, para utilizar la sanción administrativa como defensa ulterior frente a la condena penal; pero una explicación tal, lo que evidencia es una manipulación del principio non bis in idem, en vez de una atendible reclamación de su respeto.” Siempre he considerado acertado asomarnos a las soluciones que en otras latitudes se dan a las diferentes problemáticas jurídicas que se nos presentan y más a sistemas como el español que guarda con el nuestro notorias semejanzas, desde luego no en un afán de adoptar automáticamente tales respuestas y denostar las nuestras, las cuales en varias ocasiones he estimado mejores, sino de abrevar reflexivamente de sus experiencias. En el capítulo III, el autor da noticia puntual de la evolución jurisprudencial en México del principio non bis in idem, para lo cual hace un recorrido desde la Quinta Época, hasta el último criterio de la Novena, contenido en la jurisprudencia 1ª./J.21/2004. A través del cual advertimos cómo en los temas polémicos a menudo se sustentan criterios, que al pasar el tiempo se asumen superados, pero que al fi-

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nal se acaban retomando. En la jurisprudencia que nos refiere el autor se considera que en el caso que nos ocupa: juzgamiento por tribunal incompetente, la concesión del amparo para efectos de que el quejoso fuere juzgado por autoridad competente no sólo vulneraría el principio non bis in idem, sino también de manera indirecta el diverso non reformatio in peius, pues se le estaría juzgando dos veces y se abriría la posibilidad de agravar su situación. Al respecto Jorge Higuera anuncia la opinión que más adelante sostiene y respalda con sólidos argumentos: “en relación con el principio non bis in idem hay casos límite, que a decir verdad son los menos, como el referente al juzgamiento por tribunal incompetente, en el que los contornos de dicho principio no son nítidos, pues aun cuando el otorgamiento del amparo es para que se deje insubsistente lo actuado ilegalmente y el tribunal competente inicie un nuevo proceso, al menos es dudoso que se infrinja ese principio, no sólo porque durante muchos años la Primera Sala de la SCJN haya sostenido su no quebrantamiento en casos así -primordialmente por la vigencia del principio que dice que todo lo resuelto por tribunal incompetente es nulo de pleno derecho- sino porque hay algunos aspectos que falta explorar, aun cuando para ello deba remarse contracorriente.” Y vaya que Jorge Higuera está en lo cierto, cuando afirma que su postura es un remar contracorriente, pues en la época actual en la que se pone énfasis en los derechos del inculpado y apenas, por fortuna, se empiezan a reconocer e instrumentar los de la víctima, el foro y parte de la doctrina simpatiza más con la referida jurisprudencia que con la opinión contraria. Es por ello, que en el capítulo siguiente da respuesta a la eventual crítica

que se le pudiere hacer desde la óptica de que su postura vulnera los principios de un Estado social y democrático de derecho y sostiene: “lo hasta aquí referido me permite concluir este capítulo con la claridad de que dentro de un Estado social y democrático de derecho, la regla general es la operancia del principio non bis in idem, sin embargo ello no excluye la posibilidad de que, de manera excepcional, exista algún caso en el que no opere dicho principio, como acontece específicamente con el juzgamiento por tribunal incompetente, sobre todo en delitos graves, cuando ni el órgano jurisdiccional ni las partes durante el proceso alegaron ese vicio del procedimiento, ya que de admitirse su operancia en un caso así, se estaría tolerando la impunidad, en virtud de que una estrategia de ese tipo, si fuere premeditada, encontraría el camino seguro para lograr en el amparo la insubsistencia del juicio anómalo y propiciar la impunidad.” Conducta procesal que refiere el autor pudiera encuadrar en la perspectiva de fraude a la ley. En el capítulo V apuntala su opinión dando noticia de la normatividad del derecho internacional y de los criterios emanados de diferentes tribunales regionales e internacionales. Al respecto destaca como una diversa excepción al principio non bis in idem, en la Corte Penal Internacional, la debida observancia del diverso principio de complementariedad, que confiere la oportunidad de actuar en contra del infractor en primer lugar a las jurisdicciones nacionales, y si no lo hacen o actúan en forma simulada, de manera complementaria puede actuar la CPI, de tal suerte que aunque el acusado pudiera formalmente haber sido juzgado e incluso condenado, no se infringe el referido principio non bis in idem,

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al ser juzgado de nueva cuenta por la CPI. Así Jorge Higuera sostiene inteligentemente que en nuestro caso, a pesar de que el condenado por el delito de genocidio por tribunal incompetente, pudiera haber obtenido su libertad mediante la concesión del amparo en observancia a la citada jurisprudencia 1ª./J.21/2004, ello no sería obstáculo para que fuera sometido por la CPI a un nuevo proceso, precisamente con el argumento de que no habría habido juzgamiento alguno dada la incompetencia del órgano que lo juzgó. El autor investiga el criterio que al respecto ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y da noticia de que en el caso Cesti Hurtado en el año de 1999, habiéndose ésta pronunciado en el sentido de que indebidamente las autoridades militares conocieron del procedimiento, resuelve que lo actuado por ésta se anulara, sin perjuicio que las autoridades competentes adoptaren, en su caso, decisiones acerca de la responsabilidad penal del acusado. El doctor Higuera agrega que si de manera frecuente en vía de amparo directo, se otorga la protección constitucional, para efectos de reponer el procedimiento y en observancia a ésta, se tramita de nueva cuenta el juicio y se dicta otra sentencia, sin que se aduzca vulneración al principio non bis in idem, de manera análoga al quedar insubsistente el procedimiento y sentencia por haber sido tramitado y dictada por tribunal incompetente, la concesión de la protección constitucional para que el acusado sea juzgado por autoridad competente, tampoco vulnera tal principio. Tocante al argumento de la jurisprudencia que cuestiona el doctor Higuera, en el sentido de que la postura contraria a ésta

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vulneraría el diverso principio non reformatio in peius, responde de la siguiente manera: “no existe parámetro legal alguno que fuera válido para impedir que éste, el tribunal competente impusiera la pena que en derecho correspondiera, debido a que es el único órgano facultado y capacitado para ponderar y sopesar las circunstancias que determinen el grado de responsabilidad y el quantum de la pena por imponer, facultad y capacidad legales de las que carecía el tribunal que actuó sin tener competencia, siendo así que no puede hablarse de una posible reformatio in peius, debido a que la penalidad que éste hubiere impuesto carece de sustento legal y no puede alegarse como un elemento objetivamente válido.” Y más adelante concluye: “lejos de vulnerarse el principio de seguridad jurídica, se genera la certeza de que el inculpado será juzgado y en su caso sentenciado con la penalidad que en derecho proceda, realmente por el órgano competente.” Por último, en torno al diverso argumento de la mencionada jurisprudencia, que cuestiona el magistrado Jorge Higuera, que sería perjudicial una concesión para efectos de que el tribunal competente despliegue sus facultades, para el inculpado que estuviera “a punto” de compurgar la pena impuesta por el tribunal incompetente, responde que es una simple especulación carente de sustantividad, porque no se acredita que fuera la regla dominante en este tipo de asuntos y por otro lado, porque se le atribuye una confiabilidad incomprobada a la actuación del órgano competente, como si fuera el legalmente capacitado para determinar con precisión la penalidad por imponer, cuando esa es una atribución exclusiva del tribunal competente, respecto de la cual no se podría prejuzgar, sino que

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para poder aquilatarla habría que esperar a que la ejerciera. Respecto a lo anterior, yo me permitiría agregar un argumento más a favor de la postura que defiende Jorge Higuera: siempre estará la defensa en libertad ante un panorama así (en el que el quejoso juzgado por tribunal incompetente se encuentra a punto de compurgar su sentencia), de considerar la conveniencia de interponer el amparo, asumiendo que el efecto del amparo será que se deje insubsistentes el juicio y sentencia seguidos ante el juez incompetente y que sea juzgado por el competente con la proyección de que si es inocente obtener una sentencia absolutoria, que es mejor que una libertad decretada por el mero vicio de haber sido juzgado por tribunal incompetente, y en el peor escenario a ser condenado y que se le abonara la pena compurgada, o no interponer amparo alguno, terminar de compurgar su sentencia y quedarse con el estatus de condenado. Esto es, nadie le obliga a promover el amparo, pero a la vez se impide que si opta por su promoción obtenga su libertad y de facto su absolución sin haber sido juzgado, generando una eventual impunidad. Traigo a colación la máxima del derecho húngaro que refiere el autor “nadie debe ser juzgado dos veces, pero tampoco nadie debe ser dejado de juzgar,” entendida ésta en el sentido de que una vez que se han reunido los requisitos para ser juzgado, el juicio debe culminar con sentencia válida dictada por tribunal competente. Concluyo el tratamiento de este tema con una reflexión del pleno de nuestro más alto tribunal al resolver la contradicción de tesis 30/90, “Todo rigorismo técnico estará subordinado siempre a la observancia del fin

supremo esencial de impartir justicia.” Que viene creo yo, a respaldar la postura del magistrado Higuera Corona en este tema del juzgamiento por autoridad incompetente. Esto es, si la interpretación extensiva de un principio o norma no conduce necesariamente a la realización del bien justicia y atropella los derechos de la víctima, llámese particular o sociedad en general, habrá que descartar tal alcance, más aun cuando la defensa tuvo la oportunidad, como es el caso que nos ocupa, de haber remediado el vicio que hasta ahora invoca alegando la inobservancia de dicho principio, y no lo hizo. En la segunda parte del libro, el doctor Higuera Corona aborda la polémica institución de la reincidencia, que resulta emparentada con el principio non bis in idem, en la medida que se ha considerado que su aplicación es un sancionar dos veces la primera conducta. El autor con pulcritud reseña su surgimiento y evolución histórica, al mismo tiempo que va cimentando las sólidas premisas con que habrá más adelante de fijar su razonada postura: la agravante de reincidencia no es incompatible con un Estado social y democrático de derecho, si se regula dentro de los márgenes del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena, sin exceder nunca el límite del máximo legalmente previsto, lo que excluye cualquier equiparación a tipos de autor. Si se respeta dicho principio lo que castiga no es el primer delito, sino el nuevo cometido en sí mismo considerado, sin el cual es inviable hacer cualquier pronunciamiento sobre la condición o el carácter de un sujeto no culpable de delito alguno; y de existir aquél, la calidad de reincidente es un dato más a considerar entre todos los que deben tomarse en cuenta para la correcta de-

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terminación de la pena a imponer, conforme a los parámetros fijados por la ley para el caso concreto.1 1 Opinión contraria parece sostener la Primera Sala de la SCJN mediante la reciente jurisprudencia 1ª/J.10/2011 (9ª): “CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO. A través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, al artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para efectos de la individualización de la pena, se abandonó el criterio de peligrosidad adoptándose el de determinación del grado de culpabilidad, acorde con el cual la pena debe imponerse por lo que el delincuente ha hecho y no por lo que es o por lo que se crea que va a hacer, pues se trata de un derecho penal de hecho y no de autor. Por otra parte, el artículo 51 del Código Penal Federal (vigente) establece la regla general para la aplicación de sanciones, al prever que los juzgadores deben tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del procesado; en tanto que el numeral 52 del mismo ordenamiento prevé la regla específica para la individualización de sanciones, señalando los elementos que los juzgadores deben considerar para realizarla, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, así como los factores que deben tener en cuenta a fin de individualizar las penas y medidas de seguridad con base en dichos elementos. Ahora bien, las circunstancias exteriores de ejecución, referidas en la regla general de aplicación de sanciones corresponde, en la regla específica de individualización de penas y medidas de seguridad, a los factores por los que se precisa la gravedad del ilícito, los cuales se contienen en las fracciones I a IV de dicho artículo 52, y las circunstancias peculiares del delincuente, también señaladas en la mencionada regla general, en la individualización de penas y medidas de seguridad, se observan al verificarse los factores contenidos en sus fracciones V a VII, y así fijar el grado de culpabilidad del agente. Así, son circunstancias peculiares del procesado, su edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas (fracción V); y si bien es cierto que los motivos que lo impulsaron a delinquir (fracción V), su comportamiento posterior al hecho ilícito (fracción VI) y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de cometer el delito (fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras de su personalidad -que pudieran conducir a establecer que la individualización de las penas y medidas de seguridad atiende a un derecho penal de autor-, también lo es que tal revelación de la personalidad únicamente puede considerarse en relación con el hecho cometido, ya que la individualización de las penas y medidas de seguridad, con base en el grado de culpabilidad, implica la relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual conduce a establecer dicho grado de culpabilidad con base en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello. Por tanto, los antecedentes penales no pueden incluirse entre los factores que los juzgadores deben atender para determinar el grado de culpabilidad, pues no tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a una característica propia de él, además de que entre esos factores no se hace alusión a conductas anteriores al hecho delictivo.”Solicitud de modificación de jurisprudencia 9/2011. Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de tres votos.

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El doctor Higuera recurre de nueva cuenta al estudio del derecho comparado e informa que en España la reincidencia no incide en la gravedad del nuevo delito sino en la responsabilidad o culpabilidad criminal del agente. Para finalizar, De Lege Ferenda realiza interesantes sugerencias para modificar la regulación normativa en torno a esta institución, entre ellas la de que en la hipótesis de segunda o doble reincidencia, la pena a imponer invariablemente tenga como tope el límite máximo señalado para dicha conducta, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Espero que estos breves y someros comentarios inviten a los aquí presentes a la lectura del libro Non bis in idem y reincidencia, la cual seguramente disfrutarán tanto como yo y les llevará seguramente a formular sus propias reflexiones, que podrán o no coincidir con el autor, pero que a final de cuentas ensancharán su panorama acerca de los tópicos tratados. Felicito sinceramente al autor Jorge Higuera Corona por esta importante aportación a la bibliografía jurídica, de fácil lectura y abundantemente documentada, que por sobrados méritos obtuvo de la Universidad Autónoma de Barcelona la máxima calificación excellent cum laude, y que con certeza se constituirá en un referente obligado de consulta acerca de los temas de non bis in idem y reincidencia.

Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Visible en el libro V, febrero de 2012, tomo 1, página 643 del SJF y su Gaceta.”

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Cultura Jurídica. De los Seminarios de la Facultad de Derecho de la UNAM. Número 3. VV. AA

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Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo LXII Número 257 Enero-Junio 2012. VV. AA

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esta obra el lector podrá encontrar los diferentes seminarios y artículos que diversos profesionistas del quehacer jurídico presentaron en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en el periodo de julio a septiembre de 2011. En este libro encontramos las ideas de reconocidos juristas como el Dr. Juan Manuel Saldaña, Dr. Manuel Ruiz, maestra Carina Gómez, Dr. Porfirio Marquet, Lic. Pedro Ojeda y la Dra. Elssie Núñez, entre otros distinguidos profesionistas, vertidas en forma de interesantes seminarios que versan sobre varios temas del derecho en sus diferentes ramas, en donde abundan en temas como la expropiación de bienes ejidales comunales, el informe presidencial, la regulación fiscal de las operaciones en aguas internacionales y el derecho a la información y democratización de los medios de comunicación, entre otros. Sin duda, este es un magnífico glosario de temas actuales de considerable importancia y utilidad para quienes están involucrados en el quehacer legal no sólo en nuestro país, sino en otras latitudes del mundo.

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esta edición número 4 de octubre a diciembre de 2011 encontramos valiosas aportaciones de reconocidas figuras del medio jurídico. En este número son el Lic. Pedro Noguerón, Lic. Miguel Ángel Vázquez, Dra. Socorro Apreza, Dra. María Elena Mansilla y el Dr. José Pablo Patiño, entre otras personalidades del quehacer legal, quienes sin duda enriquecen con sus aportaciones el acervo cognitivo en los diferentes aspectos jurídicos. Entre los seminarios podemos encontrar, por ejemplo, Problemática jurídica sobre el comercio exterior, El juicio oral mercantil, El nuevo sistema de enjuiciamiento penal mexicano, Necesidad de revisar el sistema de pensiones de retiro, Convenio sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, entre otros interesantes temas que por ende marcan la pauta en la actual convivencia humana, y es precisamente por su valor ideológico y práctico por lo que estas dos obras merecen ser revisadas con detenimiento por quienes están inmersos en estos menesteres jurídicos.

esta edición se engloba todo lo que en este periodo se expuso sobre temas de interés jurídico en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es sin duda una interesante recopilación de los diferentes tópicos expuestos por algunas de las más renombradas personalidades del quehacer jurídico, como la Dra. María Leoba Castañeda, Emilio Buendía Díaz, Lorenzo Córdova Vianello, José Barroso Figueroa, Sergio García Ramírez, Eva Leticia Orduña, Santiago Nieto Castillo y Luis Espíndola Morales, entre otros, quienes aportan en cada uno de sus trabajos la semblanza del tema, algunos de sus pormenores así como sus reflexiones sobre el tópico que tratan. Entre los temas de este trabajo podemos encontrar Dilemas del IFE para el modelo de comunicación político-electoral en México, El proceso monitorio europeo, El recurso de amparo en el ordenamiento jurídico español, Responsabilidad patrimonial del Estado: algunas consideraciones, y Los derechos de los niños desde el Derecho Internacional, entre otros más de considerable importancia para quienes desean estar al día en la siempre actualizable temática jurídica tanto a nivel nacional como internacional.

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PLAN DE ESTUDIOS de la LICENCIATURA EN DERECHO • • • • • •

1er semestre Introducción al estudio del Derecho Sociología Derecho romano I Técnicas de investigación Teoría económica Prevención del delito I

• • • • • •

2o semestre Historia del pensamiento económico Derecho romano II Teoría general del Estado Derecho civil I Metodología jurídica Prevención del delito II

• • • • • •

3er semestre Derecho penal I Derecho civil II Historia del derecho mexicano Derecho constitucional Deontología jurídica Teoría política

• • • • • •

4o semestre Derecho penal II Derecho mercantil I Derecho civil III Teoría general del proceso Garantías individuales y sociales Derechos humanos

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5o semestre Derecho mercantil II Derecho civil IV Derecho procesal penal Derecho procesal civil Derecho administrativo I Derecho de justicia de menores

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6o semestre Derecho mercantil III Práctica forense del derecho penal

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Práctica forense del derecho privado Derecho notarial y registral Derecho administrativo II Derecho canónico

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7o semestre Derecho agrario Derecho del trabajo I Práctica forense de derecho administrativo Derecho ambiental Régimen jurídico del comercio exterior Legislación sanitaria

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8o semestre Derecho de amparo Derecho internacional público Derecho del trabajo II Derecho fiscal Derecho de la seguridad social Derecho del deporte

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9o semestre Práctica forense del derecho de amparo Derecho procesal constitucional Derecho internacional privado Filosofía del derecho Práctica forense del derecho del trabajo Práctica forense del derecho fiscal Medicina forense

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10o semestre Derecho de autor y propiedad industrial Derecho electoral Derecho municipal Criminología Derecho penitenciario Proyecto de investigación

Planta docente Dr. Armando Valdez Rodríguez

Distinguido abogado postulante con maestría y doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados en Derecho. Dr. José Refugio Vite Palma

Distinguido abogado postulante, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato. Dr. Mauro Morales Sánchez

Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Raúl García Domínguez

Secretario de acuerdos del Juzgado Trigésimo Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato. Lic. Alfredo Yáñez Pérez

Licenciado en filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lic. A. Molina Martínez

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato. Lic. Eduardo Aristeo Torres Sánchez

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Lic. Enrique González Cerecedo

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador de la Universidad Tepantlato. Lic. Hugo Morales de la Rosa

Juez Oficial Administrativo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Lic. Jazmín Arellano Mendoza

Secretaria Proyectista del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


revista@tepantlato.com.mx

Planta docente de la LICENCIATURA EN DERECHO Lic. Juan Manuel Gutiérrez Guereca

Lic. Ricardo Brígido Moreno

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.

Distinguido abogado postulante. Lic. Roxana Trigueros Olivares

Distinguida abogada postulante. Lic. Julio César Medina Rodríguez

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Constitucional en la UNAM.

Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes

Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias Penales y especialización en Criminología.

Lic. Marco Antonio Pérez Vargas

Secretario del Juzgado Sexto de Amparo Penal del Distrito Federal, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Mtra. Johana P. Robles Carriles

Lic. María Eugenia Peñaloza Macías

Mtra. Miriam Eliud Huerta Gutiérrez

Distinguida abogada postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.

Distinguida abogada postulante, egresada de la maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato.

Lic. Martín Gutiérrez del Monte

Mtra. Mónica Mellado Tapia

Pasante de Derecho en el Juzgado Cuadragésimo Primero Familiar, realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.

Juez Penal Oral de Cuantía Menor de Chimalhuacán, Estado de México, egresada de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la misma Universidad.

Lic. Mayela Cortéz López

Distinguida abogada postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.

Distinguida abogada postulante, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Mtra. Mónica Nava de Ávila

Distinguida abogada postulante, doctorando en Derecho Constitucional.

Lic. Omar Escartín Garrido

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.

Mtra. Nadia Ángeles Velazquillo Sánchez

Lic. Pedro López Hernández

Mtro. Apolonio Fuentes Ambríz

Supervisor de la Dirección de Justicia Cívica, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Lic. Raúl Alcantar Estrada

Mtro. David Salvador López Soto

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.

Secretario de Juzgado del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.

www.tepantlato.com.mx

Distinguida abogada litigante, realizando estudios de Derecho Civil.

2012 OCTUBRE

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Planta docente de la LICENCIATURA EN DERECHO Mtro. Esli Josué Domínguez de la O

Mtro. Juan Manuel Alcantar Mendoza

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la misma Universidad.

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato. Mtro. Marco Antonio Negrete Galicia

Mtro. Héctor Antonio Ruíz Ángel

Asesor en la Comisión de Aduanas en la Cámara de Diputados, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Distinguido abogado postulante, con especialidad en Ciencias Penales y egresado de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Mtro. Martín Torres Contreras

Mtro. Héctor Hugo Negrete Galicia

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad Tepantlato.

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato. Mtro. Óscar Daniel Flores Ramírez

Mtro. Holbin Guadalupe Pérez López

Secretario Proyectista del Juzgado Septuagésimo Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato. Mtro. Sergio Cárdenas Caballero

Secretario Proyectista de Juzgado de Paz Adscrito al Juzgado Cuadragésimo Tercero de Paz Civil del Distrito Federal.

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la misma Universidad.

Mtro. Iván Ojeda Salazar

Mtro. Ubaldo Jesús Serrano García

Secretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Tepantlato y realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la misma Universidad.

Subdirector de Procesos y Procedimientos Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mtro. Javier Bautista Vilchis

Mtro.Víctor Manuel Morales Pozo

Distinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.

Distinguido abogado postulante.

Mtro. Isaac Ortíz Nepomuceno

Mtro.Víctor Iván Ramos Solís

Distinguido abogado postulante, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.

Mtro. David Efrén Romero Sastre

Distinguido abogado postulante. Mtro. Jorge Manuel Orona Negrete

Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la misma Universidad. Mtro. José Luis López Pérez

Lic. Ángel Cruz Gutiérrez

Distinguido abogado postulante. Mtro. Raúl Díaz Rodríguez

Distinguido abogado postulante. Doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Tepantlato.

Abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato.

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OCTUBRE 2012

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


Doctorado en Derecho Constitucional

rvoe 20121434

plan de estudios:

6 cuatrimestres horario:

viernes de 17:00 a 21:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. inscripción:

hasta el 15 de octubre inicio DE CLASES:

19 de octubre PROMOCIÓN:

hasta el 15 de octubre descuento del 25% en inscripción y colegiatura Documentación: Carta de exposición de motivos Síntesis curricular 6 fotografías tamaño infantil b/n 4 fotografías tamaño diploma b/n 8 fotografías tamaño título b/n Copia del grado de la maestría Copia de cédula de la maestría Copia del CURP Original de acta de nacimiento certificada Original del certificado de estudios totales de la maestría Módulos: • Teoría de la Constitución • Metodología e investigación jurídica • Sistema político y estructuras de gobierno • Seminario de argumentación e interpretación constitucional • Sistemas electorales, partidos políticos y participación ciudadana • Temas selectos del derecho constitucional mexicano • Seminario sobre la competencia constitucional de las entidades federativas • Seminario sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno • Teoría del control de la constitucionalidad • Derecho constitucional comparado • Temas selectos del juicio de amparo • Sistemas de control de la constitucionalidad comparados

universidad tepantlato

Catedráticos: Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Miguel Covián Andrade Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, en Ciencia Política y en Control de la Constitucionalidad. Dr. Gustavo Moscoso Salas Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Metodología e Investigación Jurídica y en Derecho Constitucional. Dr. Armando Hernández Cruz Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y en Control de la Constitucionalidad. conferencistas: Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor por la Universidad Tepantlato, catedrático de ésta y miembro del Consejo Académico. Lic. Luis María Aguilar Morales Ministro de la Suprema Corte de Justicia, catedrático de la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dr. Noé Castañón León Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Doctor Honoris Causa por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato. Lic. Fauzi Hamdan Amad Rector de la Escuela Libre de Derecho. Dr. Máximo Carvajal Contreras Ex-director y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Coordinador GENERAL ACADÉMICO Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca Coordinador administrativo Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco

Multilínea: 5564•8373 Av. Baja California 157, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 www.universidadtepantlato.edu.mx Informes@universidadtepantlato.edu.mx


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Documentación: Carta de exposición de motivos Síntesis curricular 6 fotografías tamaño infantil b/n 4 fotografías tamaño diploma b/n 8 fotografías tamaño título b/n Copia del título profesional Copia de cédula profesional Copia del CURP Original de acta de nacimiento certificada y 3 copias Original del certificado de estudios totales de licenciatura y 3 copias PLANTA DOCENTE Dra. Laura Contreras Navarrete Subdirectora de Logística de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República. Dra. Ma. del Rosario Ruíz González Distinguida Catedrática de la Universidad Tepantlato y de la UNAM Dra. Mónica Ibarra González Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. (CAMDF SEP) perteneciente a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP). Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias Penales especializada en Criminología.

El periodo de inscripción se abre una vez al año porque privilegiamos la calidad y la excelencia académica. Multilínea: 5564•8373 Av. Baja California 157, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 www.universidadtepantlato.edu.mx Informes@universidadtepantlato.edu.mx

Proceso de selección 2013/1 Inicio de clases: 20 de octubre Horario: sábados de 8:00 a 12:00 hrs. Examen de admisión: 3, 5, 10 y 12 de octubre a las 7:00 o 18:00 hrs. Resultados del examen de admisión: al siguiente día de realizado Costo del examen de admisión: $300.00 Promoción: hasta el 15 de octubre descuento del 25% en inscripción y colegiatura Plan de estudios en 4 semestres Plan de Estudios Maestría en Educación 1er. Semestre • Epistemología de la Educación • Sociedad y Educación • Modelos Educativos • Psicología Cognitiva • Instituciones y Procesos Educativos 2do. Semestre • Métodos y Técnicas de Investigación Educativa • Globalización y Educación • Educación Basada en Competencias • Desarrollo del Personal Docente •Currículum y Educación 3er. Semestre • Estadística Aplicada a la Investigación Educativa • Tecnologías de Información y Comunicación en Educación • Creatividad e Innovación en el Proceso de Enseñanza • Didáctica y Competencias Docentes • Evaluación y Educación 4to. Semestre • Seminario de Investigación • Desarrollo de Instrumentos de Evaluación de Competencias • Seminario de Integración Docente • Productividad y Calidad en Organizaciones Educativas • Organismos y Procesos de Acreditación y Certificación


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Nuestro claustro de maestros está conformado por especialistas en cada una de las materias de nuestras maestrías y cuentan con amplia trayectoria en la función pública como lo son: Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, así como abogados postulantes especialistas en la materia, distinguidos académicos e investigadores de la Universidad Tepantlato.


revista@tepantlato.com.mx

Planta docente de la maestría en DERECHO DE AMPARO Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor por la Universidad Tepantlato, catedrático de ésta y miembro del Consejo Académico.

Dr. Juan Carlos Ortega Castro Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Mtro. Manuel Ernesto Saloma Vera Consejero de la Judicatura Federal.

Dr. Humberto Manuel Román Franco Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Dr. Ricardo Romero Vázquez Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Mtro. Neófito López Ramos Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Lic. Fernando Sánchez Calderón Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Dr. Horacio Armando Hernández Orozco Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Mtro. Javier Cardoso Chávez Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Mtro. Fernando Rangel Ramírez Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Mtro. José Martínez Guzmán Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Mtra. Angélica Marina Díaz Pérez Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Mtra. María de Lourdes Lozano Mendoza Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Mtro. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Mtro. Daniel Horacio Escudero Contreras Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Mtro. Felipe Alfredo Fuentes Barrera Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

Dr. Indalfer Infante Gonzales Magistrado del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Dr. Alejandro Sosa Ortíz Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito.

Dr. Fernando Córdova del Valle Juez Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Mtro. Miguel Enrique Sánchez Frías Magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Doctorando Carlos López Cruz Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Mtra. María Gabriela Rolón Montaño Magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Doctorando Óscar Alejandro López Cruz Juez Segundo de Distrito, especializado en ejecución de penas con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana.

Mtro.Víctor Manuel Méndez Cortés Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con residencia en Naucalpan, Estado de México. Mtro. Francisco Javier Sandoval López Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro.Víctor Francisco Mota Cienfuegos Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Mtro. Felipe V Consuelo Soto Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Lic. Víctor Ausencio Romero Hernández Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Dra. Mónica Ibarra González Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. (CAMDF SEP) perteneciente a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP).

Dr. Gonzalo Hernández Cervantes Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. www.tepantlato.com.mx

2012 OCTUBRE

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Planta docente de la maestría en DERECHO FAMILIAR Mtro. José Antonio Navarrete Hernández

Mtra. Rebeca Florentina Pujol Rosas

Juez Trigésimo Séptimo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Magistrada de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Mtro. Óscar Gregorio Cervera Rivero

Mtro. David Suarez Castillo Agente del Ministerio Público Supervisor en funciones de Responsable de la Tercera Agencia de Procesos en Juzgados Familiares.

Magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Óscar Barragán Albarrán

Secretario Proyectista de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Presidente de Sala.

Mtro. Germán Felipe Campos Mier

Mtro. Eduardo García Ramírez

Mtra. María de Jesús Jacaranda Solís Ledezma

Juez Noveno en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura

Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María Teresa Cruz Abrego

Maestra en Derecho Familiar, distinguida Investigadora de la Universidad Tepantlato. Mtro. Eduardo Vélez Arteaga

Juez Décimo Tercero en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María Elena Ramírez Sánchez

Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Margarita Gallegos López

Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Juez Vigésimo Cuarto del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.

Juez Vigésimo Segundo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Gloria Rosa Santos Mendoza

Juez Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco

Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Mtro. Alejandro Tadeo Villanueva Armenta

Secretario del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Mtro. José de Jesús Delgado González

Secretario Actuario de la Segunda Sala Familiar. Dra. Rosario Ruíz González

Distinguida Catedrática de la Universidad Tepantlato. Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes

Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias Penales especializada en Criminología.

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OCTUBRE 2012

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


revista@tepantlato.com.mx

Planta docente de la maestría en DERECHO CIVIL Dr. Juan Carlos Ortega Castro

Mtra. Flor del Carmen Lima Castillo

Dr. Gonzalo Hernández Cervantes

Mtro. Francisco René Ramírez Rodríguez

Mtro. Fernando Rangel Ramírez

Mtra. María de los Ángeles Rojano Zavalza

Mtro.Víctor Francisco Mota Cienfuegos

Mtro. Alejandro Tadeo Villanueva Armenta

Mtro. Edmundo Vásquez Martínez

Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura

Mtro. Álvaro Augusto Pérez Juárez

Mtra. Lidia Barrera Santiago

Mtra. María del Socorro Vega Zepeda

Mtro. José Luis De Gyves Marín

Mtro. Eliseo Juan Hernández Villaverde

Mtro. Francisco Neri Rosales

Mtro. Juan Ángel Lara Lara

Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco

Mtra. Minerva Tania Martínez Cisneros

Mtro. Iván Ojeda Salazar

Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado por M.L. en la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Magistrado de la Octava Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Magistrada de la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Noveno de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Segundo de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María del Rocío Martínez Urbina

Juez Décimo Noveno en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Juez Sexágesimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Octogésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Magistrada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Secretario del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Septuagésimo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Quincuagésimo Quinto en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez Trigésimo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Secretario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Secretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Raúl García Domínguez

Mtra. María Elena Galguera González

Juez Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Secretario de Acuerdos del Juzgado Trigésimo Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato.

Mtro. Juan Hugo Morales Maldonado

Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes

Juez Octogésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Guillermo Álvarez Miranda

Juez Vigésimo Sexto de Paz del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

www.tepantlato.com.mx

Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias Penales especializada en Criminología. Dr. Jaime Daniel Cervantes Martínez

Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato.

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Planta docente de la maestría en ciencias penales Dr. Humberto Manuel Román Franco

Dr. Héctor González Estrada

Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Juez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dr. Rafael Guerra Álvarez

Dr. Nemecio Guevara Rodríguez

Magistrado de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Juez Vigésimo Primero Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Mtro. Javier Raúl Ayala Casillas

Dr. Mauro Morales Sánchez

Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles

Dr. Ciro Betancourt García

Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Juez Noveno Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dr. Héctor Pichardo Aranza

Mtro. Marcelino Sandoval Mancio

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México adscrito a la Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México.

Responsable de la Agencia en la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Dr. Leobardo Miguel Martínez Soria

Dr. José Antonio Yáñez Rosas

Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con residencia en Texcoco.

Asesor en materia de Capacitación de la Procuraduría General de la República.

Doctorando Carlos López Cruz

Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Dra. Mónica Ibarra González Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. (CAMDF SEP) perteneciente a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP).

Doctorando Óscar Alejandro López Cruz

Juez Segundo de Distrito, especializado en ejecución de penas con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana.

Dra. Laura Contreras Navarrete

Dr. José Eligio Rodríguez Alba

Dr. Juan Alejandro Suárez Velázquez

Juez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido Catedrático e Investigador de la Universidad Tepantlato.

Doctorando Jesús Reyes Hernández

Dr. Amado Azuara González

Juez Octavo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido Catedrático e Investigador de la Universidad Tepantlato.

Subdirectora de Logística de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República.

Dr. Enrique Gallegos Garcilazo

Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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OCTUBRE 2012

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


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Planta docente deL DOCTORADO EN CIENCIAS PENALES Dr. Humberto Manuel Román Franco

Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza

Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dr. Rafael Guerra Álvarez

Agente del Ministerio Público Supervisor en funciones de Instructor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Magistrado de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dr. José Antonio Yáñez Rosas

Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles

Asesor en materia de Capacitación de la Procuraduría General de la República.

Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Dr. Arturo Baca Rivera

Dr. Leobardo Miguel Martínez Soria

Investigador de la Escuela Judicial del Estado de México.

Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con residencia en Texcoco.

Dra. Rosario Ruiz González

Dr. Héctor González Estrada

Dr. Juan Jesús Raya Martínez

Juez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato.

Distinguida Catedrática de la Universidad Tepantlato.

Dr. Juan Alejandro Suárez Velázquez Dr. Enrique Gallegos Garcilazo

Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido Catedrático e Investigador de la Universidad Tepantlato. Dr. Amado Azuara González

Dr. Mauro Morales Sánchez

Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Distinguido Catedrático e Investigador de la Universidad Tepantlato.

Dr. José Eligio Rodríguez Alba

Juez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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OCTUBRE 2012

Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica


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Temuco, 02 de agosto de 2012 Sr. Enrique González Barrera Revista Tepantlato Presente De mi consideración: Junto con tener el agrado de saludarle, me es grato hacer llegar a usted a título de canje o donación, un ejemplar de la Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, correspondiente al Volumen 3, número 1, Enero – Julio 2012 y un ejemplar del Volumen 2, número 2, Agosto – Diciembre 2011. Agradecemos a usted acusar recibo del ejemplar en cuanto le sea posible, a través del correo electrónico derechoycienciapolitica@uct.cl o a través de nuestra dirección postal, Calle Manuel Montt 056, Campus San Francisco Universidad Católica de Temuco, Edificio E, Piso 3º. Le reiteramos nuestra satisfacción por la favorable acogida de este intercambio. Cordialmente le saluda Diego A. Muñoz Mardones Coordinador. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de Temuco, Chile México, D.F., a 17 de septiembre de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Estimado Dr. González Barrera: Hago propicio el conducto para agradecerle el envío del ejemplar de la revista TEPANTLATO “Difusión de la Cultura Jurídica” correspondiente al mes de septiembre del presente año. Considero que este material será de gran apoyo de consulta para el trabajo legislativo de un servidor, así como para enriquecer el acervo bibliográfico de mi oficina. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ATENTAMENTE Sofío Ramírez Hernández Senador de la República. LXII Legislatura México, D.F., a 17 de septiembre de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Estimado Enrique: Por este medio agradezco cumplidamente la revista “Tepantlato” que generosamente me hiciste llegar, la cual analizaré minuciosamente por la importancia de su contenido. Hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo. ATENTAMENTE Arely Gómez González Senadora de la República. LXII Legislatura

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La Universidad Tepantlato expresa sus más sinceras condolencias al Magistrado Dr. Gonzalo Hernández Cervantes, por el sensible fallecimiento de su señora madre

Prof. Francisca Cervantes Orea

Descanse en Paz


La Universidad Tepantlato, en su Galería José Vasconcelos, presenta la exposición Hommo-Cyborg de Lilián López y Ana Belén Limón


Magistrados y Jueces expositores del Anรกlisis de la Nueva Ley de Amparo


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