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•Febrero 2011

Publicación Mensual

Época 3

No. 19•

DIFUSIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA

J o r g e M a r i o Pa rd o Re b o l l e d o Nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


8va. Jornada de Actualización Jurídica

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO 2 de abril de 2011 Registro de alumnos INAUGURACIÓN Temas

07:00 a 08:00 hrs. Ponente Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito

La incongruencia de la Reforma Constitucional

Mtra. Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Magistrada del segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

La Integración del objeto de Protección Constitucional de los Derechos Humanos

Dr. Humberto Manuel Román Franco, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

La procedencia del Juicio de Amparo por omisiones (legislativas, Administrativas y judiciales)

Dr. Noe Adonai Martínez Berman, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Matería Civil del Segundo Circuito (por confirmar)

Juicio de Amparo Directo en relacion con las violaciones procesales y la creación del amparo Adhesivo

Mtro. Neofito López Ramos, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Los conceptos de interés legítimo, individual o colectivo

Dr. Juan Carlos Ortega Castro, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito

Intelección de la reforma al Articulo 103, Fracción I, constitucional, el concepto leyes por el de normas generales, en ese mismo precepto y en el 107

Dra. Sonia Rojas Castro, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez

Declaración General de Inconstitucionalidad de la Ley a traves de la Jurisprudencia

Dr. Alejandro Sosa Ortiz, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito

Facultad del Consejo de la Judicatura Federal para establecer mediante acuerdos generales, Plenos de Circuito. Explicación de su naturaleza, atribuciones y fines

Mtro. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito Lic. Fernando Rangel Ramirez, Juez noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito

El cumplimiento de las sentencias de Amparo a la luz de la Reforma Constitucional El Juicio de Amparo como medio de control concreto de la Constitucionalidad de los actos del poder politico

Reflexiones sobre la inclusión, a nivel Constitucional, de la apariencia del buen derecho en materia de suspensión de los actos reclamados en el Juicio de Amparo

CLAUSURA

16:50 hrs.

Para obtener tu constancia deberás inscribirte antes del 25 de marzo

Los fondos recaudados seran destinados a becas de titulación para alumnos con alto rendimiento académico de la UNAM Costo del donativo $250.00 para Alumnos con credencial y de $500.00 para Exalumnos y Profesionistas Sede: Auditorio Gustavo Baz Prada del Antiguo Palacio de Medicina, Av. República de Brasil #33, Esq. Belisario Domínguez, Col. Centro Del. Cuauhtémoc.

INFORMES: UNIVERSIDAD TEPANTLATO e-mail: informes@universidadtepantlato.com.mx, Tel.: 55648661, 55648373 y 52658860 Fax: 55648373 Ext.: 110 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00hrs., Sábado de 9:00 a 13:00hrs.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: e-mail: pvejornada@exalumno.unam.mx, dirigido a Elvia Ventura Tel.: 56226181 y 56226186 Fax: 56226058 Horario de atención: Lunes a V iernes de 9:30 a 18:00hrs. Depósitos en la cuenta: UNAM Vinculación Exalumnos 00102532077 Banco: Scotiabank, clave interbancaria 044180001025320776


DIRECTOR Enrique González Barrera CONSEJO EDITORIAL Héctor González Estrada Sergio Cárdenas Caballero Javier Antonio Flores Arturo Baca Rivera COORDINACIÓN DE REVISTA Leobardo Regalado Vázquez Guadalupe Aguilar Espinosa JEFE DE REDACCIÓN Héctor González Estrada COORDINACIÓN DE ARTE Y CULTURA EN LA REVISTA Y EN SITIO WEB Reyna Zapata EDITOR RESPONSABLE Enrique González Barrera ARTE Y DISEÑO Isaura Selene Lara Espinoza CORRECCIÓN DE ESTILO Alejandro López Jiménez DIRECCIÓN COMERCIAL Verónica Osorno Rojas DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA José Pérez Servin PRODUCTOR DEL CANAL CULTURAL Jerónimo Miranda M. DEPTO DE AUDIOVISUAL Carlos Antonio Tinoco García SISTEMAS Y WEB MASTER Rodrigo Rodríguez Romero DISEÑO DEL CANAL CULTURAL Nancy Yenitzel Cruz Reza www.tepantlato.com.mx

Editorial

Como lo anunciamos en la editorial de nuestro número pasado, las asociaciones de egresados de la UNAM, encabezadas por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Fes Aragón, en un esfuerzo conjunto por llevar la cultura y el saber a toda la república mexicana, se unen para dar origen al Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la UNAM, cuyo motivo principal es la difusión de la cultura. Las asociaciones que integramos el Colegio, fieles a la misión humanista que nuestra máxima casa de estudios inculcó en nuestro espíritu, creemos firmemente que la única forma de ayudar a que nuestro país progrese es a través de la educación y el conocimiento. Por ello, el Colegio Nacional busca crear una red de colaboración con las principales instituciones educativas de cada estado con el propósito de, entre todos, realizar jornadas de actualización, talleres, eventos y conferencias que promuevan la cultura. Creemos que si logramos consolidar un proyecto educativo nacional, humanista e integral, con un espíritu de servicio y progreso, estaremos ayudando a construir una realidad social mejor para todos. Para esto, necesitamos la colaboración, como se dijo, de las principales instituciones educativas del país, en especial de las Universidades públicas estatales, ya que consideramos que es a través de estas instituciones como podremos acceder a un mayor número de estudiantes y maestros. Estamos convencidos de que el impulso a la educación es la clave para transformar al país. Nuestra fe en la educación se basa en que uno de los mayores triunfos de la Revolución Mexicana fue el derecho a la educación de todos los mexicanos sin excepción alguna, el cual sigue vigente cien años después. Una forma de corresponder a ese derecho que nos legaron hombres insignes, y que nosotros ahora ejercemos para conservarlo, es devolver a la sociedad un servicio público. Todos los que hemos sido beneficiados con una educación gratuita, incluido el nivel superior, tenemos la responsabilidad de retribuir ese privilegio. Por lo mismo, uno de los objetivos del Colegio Nacional es la creación de un fondo para becas de titulación a estudiantes de excelencia, como una muestra del compromiso social que tiene el Colegio. ¡Qué ideal sería que el compromiso, la conciencia social, el espíritu humanista y de servicio que se transmite a través de la educación universitaria, se reflejara en los servidores públicos, que como el cargo lo dice, su principal misión debe ser servir a la sociedad! POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU Alejandro López Jiménez


¿Qué es TEPANTLATO? En el Códice Florentino, capítulo IX, cuyo título es de los “Hechiceros y Trompistas”, se hace referencia a la actividad del Tepantlato, que en lengua náhuatl significa Tepan, intercesor o abogado y Tlatoa, hablar; es decir, Tepantlato: el que habla o ruega por otros.

Por lo tanto, la palabra Tepantlato hace referencia al abogado y, a su vez, a la actividad que él mismo desepeña, hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el guía que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del Derecho.

Maestrías y Diplomados en

Línea

Informes: Av. Baja California No. 157, Col Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P., 06760, México, D.F. Multilínea: 52 65 88 60 Tels. 5564-8373 5564-8661 E-mail: escolares@universidadtepantlato.com.mx informes@univerisdadtepantlato.com.mx

En portada Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, felicitando al nuevo Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

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TEPANTLATO


Índice

In Memoriam

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Teodosio Lares

MGDO. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO DISCURSO ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

CENTRALES

PROGRAMACIÓN Canal Tepantlato

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ESTUDIO AZUL

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CARTAS DE

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AGRADECIMIENTO

JURISPRUDENCIA

MGDO. FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en

Contenido Jurídico

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FECHAS

Materia Administrativa del Segundo Circuito

EL AMPARO JUDICIAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS FRANCÉS Y ESPAÑOL

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LICENCIATURA EN DERECHO ABRIL Y OCTUBRE

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HUMOR

MGDA. MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ

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Magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (DF)

JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

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MTRO. LUIS ENRIQUE VILLATORO MARTÍNEZ

MAESTRIAS Y DOCTORADO PRESENCIAL Y EN LÍNEA

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Gerente de Seguridad Institucional del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México

El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

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•Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la UNAM A.C.

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•Instituto en Tecnologías de la Información •UNIVERSIDAD TEPANTLATO

Facultad de Derecho Instituto de Ciencias Pedagógicas Instituto en Tecnologias de la Información

DISTRIBUCIÓN

XÓLOTL POLO ARTISTA VISUAL

EL ORGULLO MEXICANO

•Poemas de Nezahualcóyotl El Dador de la Vida

ARTE Y CULTURA

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LOGÍSTICA

˙Presidencia de la República ˙Secretarías de Estado ˙Gobernadores Constitucionales ˙Jefatura de Gobierno del D.F. ˙Cámaras de Diputados y Senadores ˙Asamblea de Representantes ˙Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ˙Secretarios de Estudio y Cuenta de cada Ministro ˙Poder Judicial Federal, Magistrados y Jueces Federales ˙Tribunales del Fuero Común, ˙Magistrados y Jueces ˙Tribunales Supremos de los Estados ˙Procuraduría General de la República y ˙Procuradores de cada estado ˙Procuraduría General de Justicia del D.F. ˙Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ˙Delegados Políticos ˙Organizaciones Sociales

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TE INVITO A LEER UN LIBRO •EL DOLO PENAL •NEZAHUALCÓYOTL

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˙Delegados de la Procuraduría General de la República en cada estado ˙Titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de cada estado ˙Comisión Nacional de Derechos Humanos ˙Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal ˙Universidades Públicas y Colegios de Extensión Universitaria ˙Embajadas y Oficinas Consulares ˙Bancos y Casas de Bolsa ˙Notarías Públicas ˙Despachos de Abogados ˙Distribuidores Independientes de Literatura Jurídica ˙Compañías de Seguros y Fianzas ˙Hoteles ˙Compañías Radiodifusoras y Televisoras ˙Restaurantes ˙Suscriptores ˙Universidades Públicas de Alemania, España, Italia, Argentina, Chile, Brasil y Colombia. ˙Lugares cerrados en el D.F. y Zona

DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES

•Diplomado en -Evaluación del Aprendizaje -Estrategias para la educación por competencias -Desarrollo Humano

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•Taller -Herramientas Básicas para hablar en público sin ser orador -La especialidad de ser padre

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•Curso de Acompañamiento Tanatológico

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Metropolitana, así como al interior de la República Mexicana Por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón. 04-2001-061210401600-102, expedido por la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Número de Certificado de Licitud de Título No. 7274, Número de Certificado de Licitud de Contenido No. 003744/97. Distribuido por: Universidad Tepantlato y SEPOMEX con registro No. PP09-1636 Impreso por Lithográfica mundo empresarial, calle Manuel M. J. Othon No. 115 - B, Col Obrera Del. Cuauhtémoc México, DF, C.P 06800, Tel. 41 47 34 83. El contenido de cada artículo es responsabilidad exclusiva de su autor. Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo del Título “TEPANTLATO” Número de tiraje: 5.000 ejemplares. Año 2011. TEPANTLATO

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Teodosio Lares

Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación (gobierno de Santa Anna) de 1853 a 1855 Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia (gobierno conservador) de 1858 a 1860 Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (de la Regencia del Imperio) en 1863 Presidente titular del Supremo Tribunal de Justicia (del Imperio) de 1865 a 1867

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Nace en Mineral de Nuestra Señora de los Ángeles, de los Asientos de Ibarra, Aguascalientes, el 29 de mayo de 1806. En la ciudad de México se recibe de abogado y pronto se distingue por su inteligencia. Es miembro prominente del Partido Conservador. 1 El 20 de abril de 1853 Santa Anna presta juramento como presidente de la República. Poco después, el 6 de junio, designa como presidente de la Suprema Corte a José Ignacio Pavón, y realiza –sin aprobación del Congreso que no existía desde el decreto de 19 de enero- los siguientes cambios: nombra ministros propietarios a Teodosio Lares y José Julián Tornel, en lugar de Juan Bautista Morales y José María Figueroa que se jubilan. El 15 de junio, Lares y Tornel presentan juramento como ministros y al día siguiente, Guadalupe Arriola sustituye como interino a Lares durante todo el tiempo en que es ministro de Justicia. El Poder Judicial queda totalmente en manos del presidente Santa Anna y específicamente del ministro de Justicia, Teodosio Lares, quien no sólo interviene en cuestiones administrativas, sino en la interpretación misma de la ley. El 21 de diciembre de 1853, queda instalado el nuevo Supremo Tribunal de Justicia y Teodosio Lares es designado magistrado propietario, cargo que ocupa

hasta 1855.2 El 30 de enero de 1858 es nombrado propietario de la Segunda Sala, del Supremo Tribunal de Justicia, del gobierno conservador, junto con José María Bocanegra y Marcelino Castañeda, cargo que ocupa de 1858 a 1860.3 Por decreto del 20 de julio de 1863

1Cárdenas de la Peña, Enrique. Mil personajes en el México del siglo XIX. 1840-1870. p. 319 2 Cabrera, Lucio A. La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX. T. I, p. 243. 3 Cabrera, Lucio A. La Suprema Corte de Justicia. La república

y el Imperio. p. 341. 4 Cabrera, Lucio A. La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX. T. I, p. 102 5 Vid: “Teodosio Lares y la Corte Suprema durante el régimen constitucional de Santa Anna. Y La legislación de Lares y la

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y publicado en El Diario del Imperio el 23 de ese mes, la Regencia hace los nombramientos que integran al Supremo Tribunal de la Nación. José Ignacio Pavón es designado Presidente de la Corte y Teodosio Lares sexto magistrado del Alto Tribunal.4 El Supremo Tribunal de Justicia del Imperio principia el 18 de diciembre de 1865, al entrar en vigor la Ley Orgánica de los Tribunales y Juzgados del Imperio. El martes 2 de enero de 1866 aparece en la publicación oficial Diario del Imperio la designación hecha por Maximiliano para integrar el Tribunal de la siguiente forma: Teodosio Lares: presidente, Antonio María Salonio y Urbano Tovar, vicepresidentes; Antonio Morán, José Rafael Insunza, Juan Manuel Fernández de Jáuregui, Manuel García Aguirre, Ignacio Boneta, Juan Manuel Olmos, José Romero Díaz y Mariano Domínguez, magistrados; Marcelino Castañeda, Juan B. Lozano y Mariano Hierro Maldonado, magistrados supernumerarios. Teodosio Lares permanece en la presidencia del Alto Tribunal hasta 1867.5 A la caída del Imperio se dirige a La Habana, de donde no vuelve sino poco antes de su muerte, misma que ocurre en la capital mexicana de 22 de enero de 1870.6 Suprema Corte de Justicia”, en Lucio Cabrera A., La Suprema Corte de Justicia a mediados del siglo XIX. p. 81-89. 6 Cárdenas de la Peña, Enrique. Op. Cit.


JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO RATIFICANDO SU COMPROMISO DE SERVIR A MÉXICO COMO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACIÓN , ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

CURRICULUM VITAE TRAYECTORIA ACADÉMICA * Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. * Curso de Especialización Judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. * Maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores (hoy Universidad Tepantlato). * Doctorado en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores (hoy Universidad Tepantlato). DOCENCIA * Es coordinador de la maestría en Derecho de Amparo para Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, de la Universidad Tepantlato.

* Es catedático Tepantlato.

de

la

Universidad

* Ha impartido el curso de “Amparo Civil”, en el Instituto de Capacitación y Especialidad Judicial, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; “Amparo Civil”, Instituto Federal de Defensoría Pública; “Amparo Civil” y “Amparo Administrativo”, Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Toluca, Estado de México; “Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito” y “Especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito”, Instituto de la Judicatura Federal. TRAYECTORIA LABORAL * Pasante en el Despacho Jurídico Cortés de la Huerta. * Actuario Judicial y Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. * Secretario de Estudio y Cuenta del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. * Juez Segundo de Distrito en el Estado de

México; Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. * Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. * Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. * Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. * Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito a partir de 1997.1 PREMIOS Y DISTINCIONES * Distinciones: “Valor Juvenil 1975”, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. * Presea Tepantlato al Mérito Académico en 2006.2

1 http://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/Fichas/ FichasJueMag/6851.html 2 Revista Tepantlato Marzo 2007, Nº 31, Epoca 7.

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DISCURSO DEL MAGISTRADO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DISCURSO DEL MAGISTRADO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES Señoras y señores Senadores de la República: En el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de nuestra Constitución, tengo el alto honor de comparecer ante esta Soberanía, en el proceso de elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponer, brevemente, los motivos que sustentan mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional de México.

Por tanto, las leyes que rigen la vida en sociedad representan la fuente para distinguir lo que es justo.

esta una

El acto de juzgar representa el compromiso de hacer realidad el valor abstracto de la justicia en cada controversia que se resuelve. A través de la aplicación e interpretación de las normas, tanto constitucionales como legales, debe lograrse el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde.

La sociedad mexicana, en forma recurrente, ha expresado su insatisfacción con el sistema de impartición de justicia.

En el desempeño de tan grave responsabilidad, el juez enfrenta, en ocasiones, el dilema entre impartir justicia o atenerse a la aplicación estricta de la ley.

Me permito iniciar exposición compartiendo reflexión personal.

Tenemos que reconocer que es necesario incrementar la confianza de la sociedad, en la labor de sus jueces. Se ha abierto una brecha profunda entre una aplicación de la ley, a veces reducida al registro de unos cuantos aspectos formales, y el clamor por una justicia digna de ese nombre. La justicia constituye un valor esencial, para la convivencia social armónica. Debe ser una constante en las relaciones entre el poder público y los particulares.

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la garantía de que todo acto que emana de las autoridades, estará impregnado con el valor fundamental de la justicia y se ajustará a los principios establecidos en nuestra Carta Magna.

En un estado constitucional democrático, la actividad del Poder Judicial, debe estar regulada en un marco normativo, que proporcione la seguridad de que los funcionarios públicos no abusarán del poder que les ha sido delegada. Las leyes deben establecer, con claridad y precisión, las atribuciones y los límites del ejercicio de la función judicial. Estableciendo procedimiento, a fin de que el juez desempeñe su función con apego a derecho.

nuestro país, es encontrar el equilibrio perfecto entre la impartición de justicia en abstracto y la aplicación de la ley; pues sólo así podremos responder a las expectativas que se generan, respecto del servicio público de administración de justicia. Hasta hoy, esas expectativas suelen quedar insatisfechas y el sistema judicial se devalúa a los ojos de la gente. Por tanto, resulta indispensable incrementar la confianza de la sociedad en sus jueces. Confianza que debe cimentarse en la capacitación de excelencia, en la actualización permanente y, sobre todo, en la cercanía con la sociedad, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Confianza que también debe provenir del reconocimiento a la carrera judicial y la exigencia de los principios de independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia que la rigen. Confianza que debe descansar en la vigilancia estricta al trabajo de los jueces y en la certeza de que cuando se demuestre que algún impartidor de justicia ha traicionado los valores que son inherentes a la función jurisdiccional, reciba la sanción correspondiente, a la falta cometida.

La Constitución, por su parte, es el compendio de los principios y valores indiscutibles, que nos definen como nación y dan razón de ser al Estado mexicano.

No obstante, con frecuencia nos percatamos de que la sociedad no queda satisfecha con aquellas resoluciones judiciales en las que el sentido de la decisión, depende del cumplimiento o no de una serie de requisitos o formalidades establecidas en la ley.

Confianza que, finalmente, debe lograrse con base en la definición del perfil de juzgador que la sociedad exige: honesto, honorable, con vocación de servicio, sensible, sencillo, valiente y con un alto sentido de la responsabilidad.

El pueblo, como depositario original del poder, debe contar con

Desde mi perspectiva, el gran reto de los juzgadores en

La Suprema Corte mexicana, por medio de sus criterios, orienta la

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DISCURSO DEL MAGISTRADO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

tarea de dignificar la función judicial frente a la sociedad. Mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional, se sustenta exclusivamente en la trayectoria que he construido dentro de la carrera judicial. Para la administración de justicia mexicana, representa una pérdida irreparable la partida del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Resulta imposible llenar el vacío que deja, en la labor interpretativa de la Constitución desde nuestro máximo tribunal. Quienes tuvimos el privilegio de tratarlo, siempre daremos testimonio de su inteligencia, capacidad, independencia y profesionalismo; así como de su gran calidad humana. Con cariño y respeto, envío un abrazo a su familia. Consciente del inmenso reto que implica ocupar el lugar que dejó tan prestigiado ministro, pretendo ocupar ese cargo, poniendo a disposición de la sociedad, mi experiencia como juzgador y el compromiso de unir mi esfuerzo, en la consecución del mejoramiento del sistema de administración de justicia. Soy un Magistrado de Circuito, que desde la labor discreta, pero trascendente que realiza el Tribunal Colegiado que integro, recibe la gran distinción de participar en este procedimiento de designación. En un acto que trasciende a las personas y constituye un reconocimiento al principio de carrera judicial, establecido en nuestra Constitución. La posibilidad de llegar a ser Ministro de la Corte se ha construido con el trabajo de 27 años dentro de la Judicatura Federal, a través del

paso por las diversas categorías que la integran; con el esfuerzo diario y los sacrificios que implica el desempeño adecuado de esta función; con la solidez moral que me da un expediente limpio y con la madurez que proviene de enfrentar el conocimiento y resolución, con absoluta independencia e imparcialidad de casos de alto impacto en la opinión pública nacional e internacional. Tuve el honor y la gran responsabilidad de ser investido como Juez Federal, al cumplir la edad mínima que exige la ley para ese cargo. He compartido el ejercicio de la función, con generaciones anteriores de juzgadores, que me dejaron grandes enseñanzas. Viví la experiencia de la transición que representó la reforma judicial de 1994, y formo parte del proceso de modernización que ha experimentado la justicia constitucional en los últimos años. Tengo arraigados los valores tradicionales de la judicatura; pero también conozco, comparto y practico las nuevas tendencias de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Estoy convencido de que a la Suprema Corte, en su función de Tribunal Constitucional, le corresponde la misión de dar vida a los contenidos de la Carta Magna; garantizar un ámbito propicio para el desarrollo y respeto absoluto a los derechos humanos y contribuir en la consolidación democrática de nuestra nación.

árbitro de conflictos entre los poderes públicos de los distintos niveles, que en garante de la vigencia de los derechos fundamentales de los gobernadores, poniendo especial énfasis en aquellos grupos o sectores vulnerables de la sociedad que se encuentran en estado de desventaja frente a los demás. De igual manera hace sentir su indiscutible legitimación como órgano impartidor de justicia en los casos relevantes que atrae a su conocimiento y genera seguridad jurídica, resolviendo las contradicciones que pudieran existir entre los criterios que emiten los tribunales de circuito y las salas que lo componen. La experiencia adquirida como juzgador federal me ha proporcionado los elementos necesarios para poder enfrentar la delicada responsabilidad que implica asumir el puesto de Ministro de la Suprema Corte. La oportunidad de intervenir en la resolución de diversos casos emblemáticos de la historia judicial de nuestro país, me ha dado la oportunidad de confirmar y fortalecer mi vocación como juzgador. Las presiones mediáticas y de todo tipo en asuntos que captan la atención de la opinión pública son un factor que los jueces debemos aprender a manejar adecuadamente.

Es innegable el relevante papel que juega el máximo tribunal, en el diseño, el funcionamiento y el desarrollo actual del Estado mexicano.

La solución del caso concreto con base en el análisis minucioso de las constancias que lo integran, el estudio y conocimiento profundo del derecho aplicable y de manera destacada el ejercicio pleno de la independencia y objetividad, representan los instrumentos que me han ayudado para cumplir con las funciones que me han sido encomendadas con dignidad y profesionalismo.

Lo mismo se constituye en

Acostumbrado

al

trabajo

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DISCURSO DEL MAGISTRADO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO ANTE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

colegiado desde hace 14 años en la función de magistrado de circuito, pongo a su consideración mi capacidad de trabajo en equipo y la preocupación constante por encontrar la mejor solución a las controversias que se deben resolver. La humildad y la honestidad intelectual para reconocer una opinión con mayor sustento que la propia, forman parte del debate cotidiano en el máximo tribunal y enriquecen la relación que las instituciones de justicia deben tener con la sociedad a la que nos debemos como servidores públicos. Todas las razones antes expuestas, ninguna otra, son las que legitiman mi pretensión y explican mi inclusión en esta terna. Antes de concluir quisiera expresar mi reconocimiento a los indiscutibles méritos de los señores magistrados Higuera Corona y

Pérez Dayán, así como a todos mis compañeros jueces de distrito y magistrados de circuito que cotidianamente compartimos el privilegio de administrar justicia a nuestro semejantes y garantizar el orden constitucional en el Estado mexicano. Soy un hombre forjado en la cultura del esfuerzo. Mis anhelos por llegar a la Suprema Corte son ajenos a cualquier protagonismo o interés mezquino. Tengo la tranquilidad que deriva de la rectitud en el actuar y atesoro como valor fundamental la congruencia en todos los aspectos de mi vida. Señoras y señores senadores, la integración completa de la Suprema Corte no admite mayor dilación. La defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y la vigilancia del orden constitucional no

acepta margen de espera. Consciente de la gran responsabilidad que implica la designación de un integrante de nuestro máximo Tribunal en este ejercicio republicano de colaboración entre poderes, estoy seguro de que la decisión a la que llegue este Senado será la que consideran mejor para la nación. En caso de alcanzar la distinción de ser nombrado Ministro por esta soberanía, refrendo mi compromiso de desempeñar las funciones correspondientes al cargo con la vocación, la entrega y la responsabilidad que exige el pueblo de México. En esta nueva oportunidad de dirigirme a la máxima representación de la nación y a la sociedad mexicana, deseo reiterar que mi único compromiso es con la justicia; mi único vínculo es con la Constitución y mi principal objetivo es servir a mi patria. Muchas gracias.

TOMA DE PROTESTA DE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO COMO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CÁMARA DE SENADORES EL 10 DE FEBRERO DE 2011


MGDO. FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO

EL AMPARO JUDICIAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS FRANCÉS Y ESPAÑOL

CURRICULUM VITAE TRAYECTORIA ACADÉMICA * Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. * Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. *Especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma del Estado de México. *Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación. *Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito. *Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito.

*Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Taller de Actualización en Materias de Juicios Ordinarios Civiles Federales. TRAYECTORIA LABORAL *Ejecutivo de Cuenta en Afianzadora Insurgentes, S.A. *Gerente de Sucursal en Afianzadora Insurgentes Serfin, Grupo Financiero Serfin, S.A. de C.V. *Titular de Despacho en García, Gómez, Morales y Sánchez, Abogados. *Oficial Judicial en la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México. *Actuario Judicial en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

*Secretario del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. *Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. *Juez Cuarto de Distrito “A” en el Estado de México. *Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México. *Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Ocupa el cargo de Magistrado de Circuito a partir de febrero de 2009. TRAYECTORIA ACADÉMICA *Catedrático de la Universidad Tepantlato en la Maestría en Derecho de Amparo.

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EL AMPARO JUDICIAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS FRANCÉS Y ESPAÑOL

SUMARIO: 1.- LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL. 2.- EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA ESPAÑOL. 3.- EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA FRANCÉS. 4.- LA CASACIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RECURSO DE CASACIÓN. 6.- EL RECURSO DE CASACIÓN EN ESPAÑA. 7.RECURSO DE CASACIÓN EN FRANCIA. 8.- RECURSO DE CASACIÓN Y AMPARO EN MÉXICO. BIBLIOGRAFÍA 1.- LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL La administración de justicia es una de las mayores aspiraciones de los gobernados, la cual se persigue regulando jurídicamente la conducta de relación entre los hombres, pero cuando ocurre la violación de las normas primarias, sustantivas o materiales, es menester acudir a los preceptos instrumentales, procesales, adjetivos o secundarios (cronológicamente) para que el derecho objetivo cumpla con su misión imperativa de respeto al mandato legal. Empero, la resolución judicial puede contener un error in judicando (de fondo) o un error in procedendo, que aleja la finalidad de la justicia. Es aquí dónde y cuándo aparece la función de los recursos. Supuesta la condición falible humana, el derecho y concretamente el derecho procesal han creado estos instrumentos, llamados medios impugnativos y recursos, con la finalidad definida de procurar corregir los yerros de juzgamiento que se alegan cometidos en el proceso heterocosmopositismo de los litigios ya juzgados. Se ha afirmado que el principio de inmutabilidad de la sentencia es consecuencia de su condición de instrumento productor de certeza, puesto que en puridad el 10

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funcionamiento llamado a decidir debe estimar como inconmovible su resolución, sin embargo, tal principio tiene que ceder ante la posibilidad de una decisión injusta, por eso se han establecido los medios impugnativos como medios idóneos para alcanzar el fin supremo del derecho que es la justicia. Los recursos han atravesado por una serie de etapas en el devenir histórico, así, en el derecho antiguo, los medios de impugnación o los recursos son inimaginables debido a al carácter religioso de las sanciones y decisiones que dirimían conflictos, me refiero a que el juicio mismo es una expresión de la divinidad teniendo ese carácter infalible. En una etapa posterior ya surgen los recursos como un medio de revisión de la sentencia.

La administración de justicia es una de las mayores aspiraciones de los gobernados El antiguo proceso español tenía en este sentido un ansia ilimitada de justicia, por ello la cosa juzgada era tan débil que siempre existía la posibilidad de plantear otro recurso. Las especies de medios de impugnación se determinan por el tipo de procedimiento impugnativo y por su relación con el proceso principal. Ésta es una materia en las que las leyes procesales suelen ser menos sistemáticas y congruentes, siendo esta la razón que constituye una de las mayores dificultades que la doctrina enfrenta para determinar y caracterizar las especies de medios de impugnación. 1 2

Algunos tratadistas1 como José Ovalle Favela señalan que las especies de medios de impugnación se pueden identificar en tres; los incidentes, los recursos y los procesos impugnativos. Los incidentes impugnativos y los recursos tienen la característica común de que son medios de impugnación que se interponen y resuelven dentro del mismo proceso principal. Los incidentes son procedimientos que se siguen dentro de un mismo proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, y que a través de ellos se puede impugnar la validez de los actos del órgano jurisdiccional. Regularmente los incidentes deben ser resueltos por el mismo juzgador que emitió el acto impugnado. Por tanto, los incidentes impugnativos normalmente tienen carácter horizontal y suelen ser medios de anulación. Para Couture2, (citado por Ovalle Favela) el recurso es el medio técnico de impugnación y subsanación de los errores que eventualmente pueda tener una resolución judicial, dirigida a provocar la revisión de la misma, ya sea por el juez que la dictó o por otro de superior jerarquía. A diferencia de los incidentes impugnativos, los recursos pueden ser tanto horizontales como es el caso de la revocación, en la mayor parte de los ordenamientos procesales, así como verticales, como es el caso de la apelación, la queja, la denegada apelación, la revisión. Se puede afirmar que los recursos más importantes son precisamente los verticales. A través de los incidentes se impugna la validez de las actuaciones judiciales; por medio de los recursos se combate la ilegalidad, por esa razón los incidentes impugnativos normalmente son medios de anulación; los recursos, por su parte, regularmente son medios de

Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, 4ª Ed. Oxford, México 2000, p. 332. Ovalle Favela, José, Op. Cit., nota 1, p. 333


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sustitución o de control, y a diferencia de los incidentes impugnativos, son medios que se hacen valer una vez que ha concluido, mediante sentencia firme (con autoridad de cosa juzgada), el proceso al que pertenece el acto o el procedimiento combatido. El proceso impugnativo se inicia con una nueva demanda, en la que se expresa una pretensión distinta de la del proceso original. Una vez que se admite la demanda y se lleva a cabo el emplazamiento, se constituye y desarrolla una nueva relación jurídica, la cual terminará normalmente con una sentencia, por ejemplo, la apelación extraordinaria y el juicio ordinario de anulación de la cosa juzgada fraudulenta en materia civil; así como el reconocimiento de la inocencia o indulto necesario en materia penal. Los medios de impugnación pueden clasificarse en razón de la generalidad o especificidad de los supuestos que pueden combatir, así, encontramos ordinarios, especiales o excepcionales, los primeros, son los que se emplean para combatir la generalidad de las resoluciones judiciales, los especiales son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales, señaladas en concreto y los excepcionales, son los que se utilizan en la mayor parte de los países, las legislaciones prevén que las resoluciones judiciales podrán reclamarse mediante los recursos de reposición o revocación, apelación y casación. El recurso de reposición o revocación tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó una providencia o auto, lo revoque, es decir, se pretende que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución la modifique y revoque por ser contraria al derecho. De esta manera el juez subsana el anterior pronunciamiento errado, con una nueva providencia o auto interlocutorio.

El recurso de apelación es un medio que permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución considerada injusta, con la finalidad de que la modifique o revoque según el caso, es decir, es un medio de defensa procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior y generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o de la prueba. Sobre el recurso de casación, sin perjuicio de que posteriormente se aborde su análisis de manera más amplia por ser el objeto de este estudio en los sistemas español y francés, tiene como finalidad atacar la sentencia de segundo grado cuando alguna de las partes consideren que el juez o tribunal, a tiempo de resolver la litis, infringieron leyes expresas y terminantes. Este recurso en los sistemas judiciales que lo regulan tiene mucha importancia puesto que es una facultad reservada al Tribunal Supremo, declarándolo improcedente, infundado, anulado o casando la resolución objeto de la casación. Con antecedentes en los procedimientos de nulidad e injusticia de la sentencia en el derecho romano, la querella nulitatis del derecho estatutario italiano, y en la impugnación ante el Conseil des partiés de la monarquía francesa, surgió el Recurso de Casación, en un principio como una instancia ante el Tribunal de Casación dependiente de la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa para asegurar la unidad de la interpretación del derecho objetivo, hasta que se creó la Corte de Casación como el órgano supremo del sistema judicial francés y de ahí, la institución se extendió por casi todos los países europeos y posteriormente, a través del derecho español, a la mayoría de

los ordenamientos latinoamericanos. 2.- EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA ESPAÑOL En algunos sistemas jurídicos se prevé como medio de impugnación o recurso subsidiario, mediante el cual se impugnan violaciones a los derechos y libertades, el denominado Recurso de Amparo, como es el caso de España. Este recurso subsidiario exige que, con anterioridad, se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales ordinarias pertinentes antes de acudir al tribunal constitucional. En el caso de la vía judicial, basta una interposición previa de recurso de casación. El caso del recurso de amparo español resulta significativo destacar que fue introducido en la Constitución Republicana del 9 de diciembre de 1931 (art. 121-b), debido a las enseñanzas del constitucionalista mexicano Rodolfo Reyes Ochoa (hijo del General Bernardo Reyes y hermano del escritor y diplomático Alfonso Reyes) que radicó cerca de cuarenta años (1914-1954) en territorio español por las diferencias políticas con el entonces presidente Victoriano Huerta, no obstante haber sido ministro de justicia al inicio del mandato de éste. La influencia se hace patente en la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 1933 y en el Reglamento de dicho tribunal, en los diversos supuestos de procedencia y legitimación, y en la tramitación de un incidente de suspensión similar al mexicano; aunque también el recurso de amparo español influyó en la creación del amparo mexicano, sobre todo por la asimilación jurídico-cultural de tres siglos y por la influencia de la casación, que constituye uno de los sectores en que se divide la institución tutelar mexicana. Según la actual Constitución española de 1978, el recurso de amparo puede TEPANTLATO

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ser interpuesto por todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como por el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos reconocidos en los artículos 14º a 29º de la Constitución y de la objeción de conciencia al servicio militar prevista en el artículo 30º de la misma, los cuales se citan en forma textual: “Artículo 14.- Derecho de igualdad ante la ley. Conforme al cual todos los ciudadanos que se encuentren en la misma situación de hecho debe corresponder un tratamiento jurídico igual, con el fin de evitar los privilegios y las desigualdades discriminatorias”. “Artículo 15.- Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se traduce en la obligación de los poderes públicos y en especial del legislador, de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes frente ataques de terceros.” “Artículo 16.- Libertad ideológica, religiosa y de culto. Consiste en el derecho que tiene el gobernado de practicar la religión y forma de vida que más le convenga, y la obligación del Estado de respetar ese derecho y garantizar su ejercicio frente a otras personas o grupos sociales.” “Artículo 17.- Derecho a la libertad y a la seguridad personal. La primera se entiende como la libertad física, la libertad frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que quede comprendida una libertad general de autodeterminación individual, pues esta última sólo tiene protección del recurso de amparo en aquellas concretas manifestaciones a las que la Constitución les concede la categoría de derechos fundamentales. La seguridad personal se refiere a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de detención o de otra similares, que pueden restringir la libertad personal o ponerla en peligro.” 12

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“Artículo 18.- Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. El derecho al honor se traduce en el derecho a la buena reputación, que como la fama pública y la honra consisten en la opinión que la gente tiene de una persona, buena o positiva, si no van acompañadas de adjetivo alguno; el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen, son derechos estrictamente vinculados con la personalidad, derivados de la dignidad de las personas, los cuales implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y reconocimiento de los demás. El derecho a la propia imagen, como son la imagen física, la voz o el nombre, son cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible de toda persona humana.” “Artículo 18.2.- Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Garantiza el ámbito de privacidad de la persona, dentro del espacio limitado que elige y que se caracteriza por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública. Es el derecho a que contra la voluntad del titular y salvo delito flagrante, no haya penetración en el propio domicilio, sin una autorización judicial, cuya concesión y realización se somete, además, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la existencia de determinados requisitos.” “Artículo 18.3.- Derecho al secreto de las comunicaciones. Este derecho puede conculcarse tanto por la interpretación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje –con conocimiento o no del mismoo captación, de otra forma, de proceso e comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo).”

“Artículo 19.- Libertad de residencia y de circulación, y a entrar y salir libremente de España. Este precepto reconoce el derecho de los ciudadanos de elegir libremente su residencia en territorio español, entendiéndose por residencia de acuerdo con el artículo 40º del Código Civil Español, el lugar donde la persona se encuentra accidental o transitoriamente sin llegar a la permanencia domiciliaria. Dicho derecho alcanza la posibilidad de poseer más de un domicilio personal.” “Artículo 20.1 a.- Derecho a la libertad de expresión y difundir libremente los pensamientos. Garantiza la opinión pública libre, como elemento del pluralismo político de un Estado democrático. Comprende no sólo las informaciones consideradas inofensivas o indiferentes o que se acojan favorablemente, sino también aquellas que pueden inquietar al Estado o a una parte de la población.” “Artículo 20.1.b.Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Se refiere a los diversos ámbitos en que se manifiesta la libertad de pensamiento y de expresión.” “Artículo 20.1.c.- Libertad de cátedra. Se traduce en la prohibición del docente de dar a su enseñanza una orientación ideológica, es decir, un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social. La libertad de cátedra es incompatible con la existencia de una ciencia o doctrina oficiales.” “Artículo 20.1 d.- Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Son titulares de este derecho no sólo los órganos o medios de difusión de la información y los profesionales del periodismo, sino la colectividad y cada uno de sus miembros.”


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“Artículo 21.- Derecho de reunión y manifestación. Es un derecho autónomo intermedio entre los derechos de libre expresión y de asociación. Es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria.” “Artículo 22.- Derecho de asociación. Comprende tanto el derecho de asociarse como el de no asociarse.” “Artículo 23.1.- Derecho a participar en los asuntos públicos. Es el derecho a elegir a los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del pueblo, así como la participación en el Gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente.” “Artículo 23.2.- Derecho a la igualdad de acceso a las funciones y cargos públicos. Implica el derecho a no ser removidos de los cargos o funciones públicos a los que se accedió si no es por causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos.” “Artículo 24.1.- Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, o derecho a la jurisdicción. Garantiza el derecho de los recurrentes a ser oídos y obtener una decisión fundada en derecho, favorable o adversa, así como la igualdad de las partes en el proceso, y el derecho a que éste se desarrolle con las debidas garantías.” “Artículo 24.2.- Derecho a un proceso con todas las garantías. Entraña el derecho a tener un juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de la acusación formulada en su contra, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, la posibilidad de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar en contra de sí mismo, a no

confesarse culpable y a la presunción de inocencia.” “Artículo 25.- Derecho al principio de legalidad en la imposición de penas o sanciones y en su cumplimiento. Implica la existencia de una ley anterior, que describa el supuesto del hecho determinado.” “Artículo 27.- Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza Comprende la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica.” “Artículo 28.1.- Derecho a la libre sindicación. Se traduce en la posibilidad de fundar organizaciones sindicales y de afiliarse a los sindicatos ya creados y todos los actos que dentro de dicha expresión pueden encuadrarse.”

Su función, del recurso de amparo, es la protección de los derechos reconocidos en la Constitución “Artículo 28.2.- Derecho a la huelga. Implica la perturbación en el desarrollo normal del proceso de producción de bienes y servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso.” “Artículo 29.- Derecho de petición individual y colectiva. Consiste en el derecho a dirigir peticiones a los poderes públicos, solicitando favores expresando súplicas o quejas, sin que implique el derecho a obtener respuesta favorable.” “Artículo 30.2.- Derecho a la objeción

de conciencia. Entraña la excepcional exención del deber de defender a España, que impone el artículo 30.1 de la Constitución, que debe ser declarada efectivamente existente en cada caso, por lo que de no mediar tal declaración sería exigible bajo coacción.” El recurso de amparo español se prevé en los artículos 161º, del Título IX y 53.2º de la Constitución Española y se desarrolla en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979, y su conocimiento en el ámbito nacional corresponde al Tribunal Constitucional por disposición expresa del artículo 48º de la citada ley orgánica, como intérprete supremo de la Constitución, el cual consta de dos Salas, integradas cada una por seis magistrados nombrados por el Pleno de dicho Tribunal, las cuales conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean competencia del Pleno, en términos de la cláusula general del artículo 11.1 de la citada ley orgánica. Las sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven sobre los recursos de amparo suelen limitarse a reconocer o no la lesión del derecho alegado y a disponer las medidas necesarias para asegurar su efectivo cumplimiento. Este recurso controla las decisiones o actos sin valor de ley, emanadas de las Cortes Generales o Asambleas de las Comunidades Autónomas, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Estas se recurrirán en el plazo de 3 meses. También controla as violaciones de derechos y libertades de origen inmediato y directo de un acto u omisión de un órgano judicial. Su función, del recurso de amparo, es la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, los Derechos fundamentales- recogidos TEPANTLATO

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en el Título Preliminar y en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero- el derecho a la igualdad del artículo 14º y la objeción de conciencia del artículo 30º. Protege a los ciudadanos en los términos que la ley establece, frente a las violaciones de derechos y libertades originadas por las disposiciones y actos jurídicos del Estado o de las Comunidades Autónomas, por violación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas relacionados en el art. 53.2º de la Constitución, es decir, por violación de las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14º a 29º de la Constitución, ambos inclusive, y por la objeción de conciencia al servicio militar, prevista en el art. 30º. En términos del artículo 2.1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para interponer este recurso el afectado, el Defensor del Pueblo o Ombudsman, el Ministerio Fiscal, y cualquiera que sea parte de un proceso judicial que cree indefensión. En el escrito del recurso se debe exponer de forma clara y concisa el hecho y preceptos que este estime que se infringen y argumentarlo, ya que la carga procesal es de quien pide amparo al Tribunal Constitucional. No se admite el recurso cuando lo presente quien no esté legitimado, cuando se inste respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo, cuando carezca de contenido que justifique una decisión sobre el fondo. El recurso de amparo o acción de amparo es una acción constitucional que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y que reconoce y falla un Tribunal Constitucional o Corte Suprema, cumpliendo una doble función: da protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la 14

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inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En general, el amparo es una acción judicial cuyo objetivo consiste en proteger todos los derechos diferentes de la libertad física o ambulatoria (estos se encuentran protegidos específicamente por el habeas corpus). Así como el habeas corpus garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, el amparo tiende a garantizar cualquiera de los derechos fundamentales. De modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución o, en su caso, en tratados internacionales. No obstante que el artículo 41.1º, primera parte, delimita el ámbito objetivo del amparo constitucional a los mencionados derechos y libertades, así como a los comprendidos en el artículo 30º de la propia norma fundamental, existen otros derechos no comprendidos en la Sección Segunda del Capítulo Primero del Título Primero, que dada su íntima vinculación con aquellos, son también susceptibles de ser protegidos por el recurso de amparo, como sucede con el derecho a crear partidos políticos que señala el artículo 6 de la Constitución, que no es posible desligar del derecho de asociación que prevé el artículo 22 constitucional, como lo ha reconocido la sentencia del Tribunal Constitucional. En sentido contrario, no todas las previsiones contenidas en los artículos 14º a 29º pueden fundar el recurso de amparo, pues resulta necesario que el correspondiente precepto constitucional se refiera efectivamente a un derecho fundamental. Tal es el

caso de la disposición contenida en el apartado VIII del artículo 27º de la Constitución, que establece que “los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”, o la prevención contenida en el artículo 16.3º de la propia ley fundamental, que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, respecto de las cuales el Tribunal Constitucional ha considerado que no establecen derecho fundamental alguno protegible en vía de recurso de amparo. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado” con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Muy importante ha resultado para el funcionamiento y operancia del recurso de amparo en la doctrina y en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, dada la deficiente regulación –sustantiva y procesal- en la legislación positiva; sin embargo, la amplitud de esas jurisprudencias resulta tan abundante en la actualidad que se va haciendo necesario que los principios contenidos en ella se recojan en la legislación positiva a fin de facilitar la aplicación de las normas que regulan dicho medio extraordinario de defensa.


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En la actualidad, en España, se encuentra abierta una intensa polémica entre civilistas y constitucionalistas al respecto de la inclusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la categoría de las fuentes del Derecho. A favor de dicha inclusión se aduce que sus resoluciones crean verdaderas normas, aún en defecto de regulación estatal como lo sucedido con el Servicio Militar Obligatorio y la objeción de conciencia. De hecho, es un legislador negativo ya que puede excluir leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico por considerarlos contrarios a la Constitución. El Tribunal Constitucional también puede innovar el Derecho a través de lo que se conoce como “Sentencias Interpretativas”, que indican el sentido preciso que debe tener la interpretación de una determinada norma para no ser contraria a la Constitución, aunque en ocasiones pudiera parecer que el Tribunal Constitucional es de mayor rango que el Tribunal Supremo, esto no es así. Su relación no es jerárquica sino competencial. El Tribunal Supremo es el de más alto rango dentro del Poder Judicial, sin embargo, el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jerarquía y forma una categoría propia, con reconocimiento diferenciado en la Constitución. Su obligación es velar por el cumplimiento de la Constitución y para ello tiene potestad para declarar nulas las leyes inconstitucionales y para defender al ciudadano de violaciones de sus derechos fundamentales (recurso de amparo). 3.- EL RECURSO DE AMPARO EN EL SISTEMA FRANCÉS En los orígenes del constitucionalismo moderno se consideró que la simple consagración de los derechos fundamentales y de los límites a

quienes ejercían las atribuciones de los órganos del Estado era suficiente para garantizar su respeto. La experiencia histórica ha demostrado lo contrario. Para la plena vigencia de los mandatos constitucionales no basta la enunciación de los derechos fundamentales, el establecimiento de las facultades de los órganos del Estado, las relaciones entre ellos y los controles recíprocos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se requieren instrumentos que obliguen a los detentadores del poder público a ceñirse a lo mandado por la Constitución, sin los cuales, en palabras de Kelsen, una Constitución no es plenamente obligatoria en un sentido técnico. Por ello, todas las constituciones modernas prevén instrumentos de control constitucional encargados a órganos imparciales que aseguren el respeto de los mandatos constitucionales. A lo largo del siglo XX se consolidan los controles de tipo jurisdiccional frente a los controles encargados a órganos de tipo político. La historia demuestra que los sistemas de justicia constitucional son los más adecuados para lograr una efectiva protección constitucional. Entre otras ventajas pueden destacarse las siguientes: a) el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante para gobernantes y gobernados, requiere un control jurisdiccional mediante el método jurídico que le dé racionalidad y justificación; b) la naturaleza misma de la función jurisdiccional permite la realización de los derechos fundamentales y la actualización del texto constitucional; c) la justicia constitucional coadyuva al fortalecimiento de los regímenes democráticos, ya que evita la dictadura de la mayoría respetando, ante todo, la supremacía de la Constitución. Un régimen democrático requiere el respeto a las minorías, pues como 3

ha dicho Giovanni Sartori:3 “los derechos de las minorías son condición necesaria del proceso democrático mismo”; y, d) la neutralidad política partidista de los tribunales de constitucionalidad equilibra el predominio metaconstitucional de uno de los poderes propiamente políticos sobre los demás. Francia cuenta con justicia constitucional supranacional -Corte de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos-. Del mismo modo, el Consejo Constitucional francés se asimila cada vez más a los tribunales constitucionales, y todo parece indicar que su evolución apunta a que se constituya como un verdadero tribunal constitucional. Como expresión de una competencia de atribución, las prerrogativas del Consejo Constitucional pueden clasificarse en dos categorías: 1.- Una competencia jurisdiccional compuesta de dos contenciosos distintos: a) Un contencioso normativo: es abstracto, facultativo para las leyes ordinarias o los compromisos internacionales, obligatorio para las leyes orgánicas y los reglamentos de las cámaras parlamentarias. Este control se ejerce por vía de acción después del voto del Parlamento pero antes de la promulgación de la ley, la ratificación o la aprobación de un compromiso internacional y la entrada en vigor de los reglamentos de las cámaras. La competencia facultativa puede ejercerse por iniciativa ya sea de una autoridad política (presidente de la República, primer Ministro, presidente de la Asamblea Nacional [congreso de diputados] o del senado) ya sea de 60 diputados o de 60 senadores. Desde 1999, el Consejo Constitucional puede examinar la conformidad con la Constitución de las leyes del país adoptadas por el congreso de Nueva

Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia, El debate contemporáneo, tomo I, Alianza Editorial, Argentina, 2008, p. 96.

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Caledonia y que fueron objeto de dos deliberaciones. Este recurso puede proceder del Alto Comisario, del gobierno de Nueva Caledonia, del presidente del congreso, del presidente de una junta provincial o de 18 miembros del congreso. b) Un contencioso electoral y en materia de referéndum El Consejo Constitucional resuelve sobre la regularidad de la elección del presidente de la República y de las operaciones del referéndum de las que proclama los resultados. Es también juez de la regularidad de la elección, de los regímenes de elegibilidad y de las incompatibilidades de los parlamentarios. Ampliamente abierto a los electores, el recurso al Consejo en materia electoral ha aumentado de manera considerable como consecuencia del voto de la legislación que organiza y controla la financiación de los gastos electorales de los cuales el Consejo es juez para los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales. 2 - Una competencia consultiva El Consejo Constitucional emite un dictamen cuando es consultado de manera oficial por el Jefe del Estado sobre la aplicación del artículo 16º de la Constitución y ulteriormente sobre las resoluciones tomadas en este ámbito. Por otra parte, el gobierno consulta el Consejo sobre los textos relativos a la organización del escrutinio para la elección del Presidente de la República y el referéndum. En el sistema francés procede el recurso de amparo, contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas. Las resoluciones son obligatorias 16

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para los poderes públicos y para todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales. No son en ningún caso recurribles. La fuerza de cosa juzgada beneficia no sólo a la parte dispositiva de la sentencia sino también a los motivos que son su fundamento necesario. Sin embargo, en materia electoral, el Consejo Constitucional admite el recurso de rectificación por error material. Las sentencias de conformidad, conducen a la censura total o parcial de la ley pero no a su anulación ya que la resolución es pronunciada antes de la promulgación de la ley, acto jurídico que le asegura su aplicación. El efecto de las sentencias en materia de contencioso electoral varía, desde la anulación de papeletas de voto

El recurso de amparo electoral ha servido para relacionar la justicia constitucional con la teoría de la representación política y el derecho parlamentario hasta las votaciones por sí mismas, y puede incluir la declaración de inaptitud para ser elegido de un candidato y/ o la inhabilitación de oficio de un elegido. Se notifican las sentencias a las partes y se publican en el Journal officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa (serie Leyes y Decretos), con el texto del recurso parlamentario (desde 1983) y las observaciones del Gobierno (desde 1995). Se publica un libro anual de las sentencias patrocinado por el Consejo unos tres meses después del

año de referencia. En él figura el texto integral de las resoluciones (pero no de las opiniones) y un índice analítico traducido al inglés desde 1990. El Consejo Constitucional publica, por otra parte, la revista semestral Les cahiers du Conseil constitutionnel desde 1996. El recurso de amparo electoral ha servido para relacionar la justicia constitucional con la teoría de la representación política y el derecho parlamentario. La objeción que se puede poner a esta relación en sí compete al órgano de control constitucional, con lo cual se conlleva a tomar la última palabra en el modo de interpretar constitucionalmente la representación política, imponiéndose su decisión al órgano parlamentario y legislador. Por otra parte, es normal que sea el órgano de control constitucional el que se haya visto obligado a manejar los supuestos prácticos a que han dado lugar las normas constitucionales y legislativos sobre los recursos electorales en relación con la posible vulneración de derechos fundamentales, conociendo de este modo las lagunas y deficiencias de la normativa electoral, pues la Constitución establece el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales que pueden haber sido trastocados en dos momentos concretos del proceso electoral; la proclamación de candidaturas y candidatos y la proclamación de electos. En Francia, la tradición parlamentaria y legalista es muy fuerte, en la cual la ley es la manifestación de la voluntad general. Difícilmente logran, desde el punto de vista judicial, adaptar los mecanismos judiciales o el poder del juez a esa perspectiva constitucional. 4.- LA CASACIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN Los recursos aparecen por una


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necesidad de defensa del abuso del poder, es decir, que el legislador que dicta la ley simultáneamente crea los mecanismos para reservarse el derecho de establecer su interpretación definitiva. El poder que así se procuraba proteger era el de la clase social que dominaba la Asamblea en contra de la clase social que aún dominaba las magistraturas y de quien se desconfiaba. En la tramitación de la causa existen actos simples y actos complejos, dentro de estos últimos hablamos de la sentencia definitiva, que se compone no sólo de la parte resolutiva, sino también de los considerandos. Así puede existir una impugnación parcial objetiva, es decir, cuando se ataca sólo una parte del fallo, y se consiente el resto; pero también puede haber impugnación parcial subjetiva, es decir, cuando los afectados no son todas las partes o interesados. Lo mismo puede decirse respecto de una impugnación de una audiencia, de un informe pericial, de una medida para un mejor proveer. Sin embargo, tratándose del recurso de casación que es materia de estudio, el acto de impugnación sólo estará constituido por actos complejos (sentencias) u otros actos (resoluciones) que expresamente las leyes establezcan de manera previa y cuya característica sea que a través de ellos se pone fin al proceso. Así, Liebman4 observa que las impugnaciones son los remedios que la ley pone a disposición de las partes para provocar por medio del mismo juez o de un juez superior un nuevo juicio inmune del defecto del error de la sentencia anterior. Y añade la probabilidad de obtener, con el ejercicio de tales remedios, una sentencia más justa inherente al hecho mismo, ya que la nueva sentencia se pronunciará en vía de control y un nuevo examen crítico de lo que se hizo en un anterior juicio; más aún cuando el nuevo juicio se lleva a cabo por un órgano diverso y superior, compuesto por jueces seleccionados, que se supone son

los autorizados a juzgar; o bien cuando se confía al mismo órgano – por el hecho de que se elimina preventivamente el inconveniente de que pueda haber inducido a error al juez, o bien porque se adquiera algunos elementos de cognición antes no conocidos o que no se pudieron considerar, o se utilizó un punto de vista anteriormente no considerado. 5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurso de casación históricamente evolucionó en tres etapas; la primera de éstas tiene su origen en el derecho romano, que consideraba que una sentencia viciada por error de derecho poseía un vicio más grave que aquélla viciada por error de hecho. El gran aporte del derecho

Los recursos aparecen por una necesidad de defensa del abuso del poder

romano fue la individualización de los errores in judicando en aquellos vicios que superaban el interés de los particulares para afectar las relaciones entre la ley y el juez. Posteriormente, se concede a las partes un remedio diverso de los otorgados para casos de simple injusticia, ya que en el derecho romano no hubo un medio especial para hacer valer la nulidad, ésta operaba declarando la inexistencia de la sentencia. En la etapa del derecho intermedio,

la nulidad deja de ser equiparada a la inexistencia para convertirse en un vicio de la sentencia, acordándosele un recurso especial para impugnarla. Aparece la distinción entre querella iniquitatis, concedida contra errores de juicio y querella nullitatis concedida contra errores in procedendo. Lo esencial de esta querella nullitatis fue el hecho de que el medio de impugnación de la sentencia no era concebido ya como una acción declarativa, sino modificativa, que tendía por parte del juez superior, a la anulación de la sentencia viciada pero intrínsecamente válida. A lo largo de la evolución del concepto se llegó a la equiparación entre sentencia nula por defectos de actividad y sentencia nula por defecto grave de juicio, aunque el criterio para determinar la nulidad no fue ya político, como en el derecho romano, sino fundado en la evidencia del error, admitiéndose que todo error in judicando de hecho o de derecho podía dar lugar a la querella de nulidad, con tal de que fuera notorio y manifiesto. Fernando de la Rúa al respecto, dice que: “la querella nullitatis del derecho estatutario italiano y del derecho común, en cuanto permitía llevar ante el juez superior, y por medio de acción de parte, una sentencia viciada por error iuris in iudicando, tenía ya, bajo el solo aspecto procesal, la estructura actual de la casación en cuanto a su forma, aunque no se contemplaba la función política, extraprocesal de unificación”.5 Pero el verdadero origen de la casación está en el derecho francés, en el Conceil de Parties del Ansien Régime que se ocupaba de los actores judiciales. Este consejo era una de las dos secciones del Conseil étriot o privé, a su vez, desprendido del Conceil du roi, la otra sección era el Consejo de Estado que se ocupó de los asuntos políticos.

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Liebman, Enrico Tullio, Manual de derecho procesal civil, trad. Santiago Sentís Melendo. Editorial EJEA,1980, pág. 440 5 De la Rúa, Fernando, La casación penal, 2ª ed. Lexis Nexis. México, 2006. p. 105

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El Conceil de Parties aparece como una expresión de la lucha entre el rey y los parlamentos. Este, para afianzar su autoridad, enervaba por medio del Conceil las decisiones de éstos. Lentamente se fue configurando a través de este instituto un recurso para los particulares análogo a la moderna casación. Con el advenimiento de la Revolución Francesa, se suprimió el Conceil de Parties, pero su esqueleto procesal sigue siendo el mismo. En 1790, se crea por decreto el Tribunal de Casación pasando a ocupar el lugar del Conceil pero adaptado a las nuevas ideas revolucionarias. El instituto se convirtió en un órgano de control constitucional para vigilar la actividad de los jueces, aunque su fin último era impedir la invasión del poder judicial en la esfera del legislativo, la casación no es una parte del poder judicial sino una emanación del poder legislativo, el tribunal, una especie de comisión extraordinaria del cuerpo legislativo encargada de reprimir la rebelión contra la voluntad general de la ley. Tal tribunal de casación, después llamado Corte de Casación, tuvo en su origen, naturaleza legislativa y política y, al respecto, expresaba Piero Calamandrei6 que “era un organismo público de naturaleza constitucional, destinado a mantener en su integridad el canon de la separación de poderes”. El tribunal de casación representaba la profunda desconfianza de los legisladores revolucionarios hacia los jueces, por lo que llegaron al absurdo de prohibir a los jueces todo poder de interpretación de las leyes. Entonces la función del tribunal de casación era negativa limitada a la fiscalización, aunque, la realidad lo llevó a cumplir una verdadera función jurisdiccional, ya que se estableció doctrinalmente que la sentencia no sólo era casable por expresa violación al texto de la ley, sino también cuando se hubiese 18

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violado su espíritu. El tribunal de casación francés sufrió una evolución que, en el Código de Napoleón, culminó con el otorgamiento de poder a su favor para interpretar las leyes, y de esa forma, ya con el nombre de Corte de Casación, se convierte en el supremo órgano judicial, de control de los errores del derecho cometidos por los jueces inferiores. No sólo se anulaba por el tribunal de casación la resolución judicial impugnada, sino que la decisión de la Corte de Casación vinculaba al juez para que su resolución se apegara al punto de derecho resuelto por la Corte. Esto se determinó en la ley de 1º de abril de 1837 y convirtió a la Corte de Casación en la Suprema Corte reguladora de la interpretación

En España el recurso de casación es el último recurso que se puede presentar jurisdiccional, con lo que ejerció el poder de control de legalidad y de constitucionalidad. Una vez derogado el Código de Napoleón, se admitió ampliamente la casación por interpretación viciosa de la ley, lo que obligó al tribunal a indagar el espíritu de la norma, eliminándose así la prohibición de motivar la sentencia. Se reguló el reenvío adquiriendo así una función positiva. El tribunal tomó el nombre de Cour de Cassation a partir del senado consulto de 28 Floreal año XII (18 de mayo de 1803) adquiriendo así su naturaleza jurisdiccional definitiva, incorporándose al poder judicial del 6

Estado. La casación es ahora un verdadero medio de impugnación, un recurso otorgado al particular como remedio procesal. 6.- EL RECURSO DE CASACIÓN EN ESPAÑA En España el recurso de casación es el último recurso que se puede presentar para reclamar una nueva revisión del enjuiciamiento a un nivel superior (Tribunal Supremo o Audiencia Nacional), es decir, el recurso de casación se interpone ante el Tribunal Supremo, que se pronuncia sobre la corrección o incorrección de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional inferior. Para Alcalá Zamora y Castillo7 el recurso de casación cumple una doble finalidad: tutela el interés público y a su vez tutela el interés privado. La primera finalidad la realiza al tratar de mantener la exacta observancia de la ley, que presumiblemente se quebrante con el fallo que se recurre, procurando que uno de los Poderes del Estado, como es el Poder Judicial, juzgue rectamente los casos que se le presentan, realice una indebida interpretación de la norma jurídica, se respeten las disposiciones procesales, que las leyes se apliquen uniformemente, no se desnaturalice su espíritu por erradas interpretaciones, es decir, la casación responde esencialmente a una consideración de derecho público, satisfacer el interés del Estado en asegurar la exacta observancia de la ley en la administración de justicia. Pero a su vez, y tal vez colocado en un plano de igual importancia, la casación trata de proteger los derechos de las partes, de dar a las partes la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Superior el fallo que ellas consideran les causa perjuicio, buscan que se les reparen

Citado por Arellano García, Carlos. El juicio de amparo. 2ª ed. Porrúa. México, 1982. p. 70. 7 Alcalá Zamora y Castillo, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa, 2ª. Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1970.


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casualmente esos perjuicios sufridos. Cumple, así, la casación una doble finalidad, las partes encuentran en ella un instrumento para la defensa de sus derechos (ius litigatoris) y el Estado, por obra del Tribunal de casación, mantiene la unidad del orden jurídico constitucional. 6.1.- Recurso de casación en materia civil El recurso de casación en materia civil está regulado en el Capítulo V de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 477 º a 489º. En términos de la citada Ley, el recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objetos del proceso, y son recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los casos siguientes: I.- Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24º de la Constitución Española. II.- Cuando la cuantía del asunto excediere de veinticinco millones de pesetas, y, III.- Cuando la resolución del recurso presente interés casacional. El ordenamiento citado señala que se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, también cuando la sentencia recurrida se oponga

a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente. El sistema descentralizado a través de las Comunidades Autónomas que existe en España hace que existan ciertas particularidades en el recurso de casación. Cada Comunidad Autónoma tiene un Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano jurisdiccional en su territorio. Los recursos que se interponen ante dicho órgano son también recursos de casación, y normalmente excluyen la posibilidad de que el Tribunal Supremo los revise. Las materias sobre las que conocen estos órganos son muy variadas, y pueden venir definidas por la cuantía, por la materia o por el ámbito territorial sobre el que versa un caso concreto. Existen, sin embargo, recursos extraordinarios denominados recursos de unificación de doctrina, que se interponen ante el Tribunal Supremo en aras de una mayor seguridad jurídica y para dotar de unidad al Poder Judicial de España. Estos recursos no afectan a nivel de sentencias ya dictadas, pero vinculan a los Tribunales Superiores de Justicia

de todas las Comunidades Autónomas para aplicar la interpretación El objeto del recurso de casación es dual, el primero consiste en invalidar una sentencia, cuando en ella se hubiese infringido una ley, para que el tribunal de casación dicte una nueva resolución en el fondo aplicando correctamente la ley infringida y el segundo consiste en anulación que realiza el tribunal de Casación; de la resolución recurrida o un proceso cuando al dictárselo o tramitarlo se hubieren violado formas esenciales que se encuentren establecidas por la ley como motivos de invalidez. Puede decirse que en el sistema procesal español, el recurso de casación o nulidad persigue: a) La necesidad de velar por la uniforme y correcta aplicación e interpretación de las leyes procurando hacer efectiva la igualdad de la ley para todos. Mediante este recurso, el Estado reafirma su propósito de asegurar a los particulares la realización de sus intereses privados amparados por el derecho objetivo. b) Constituye, el indicado recurso, un objetivo institucional ya que mediante el fallo del máximo Tribunal de Justicia se concreta la garantía básica de nuestra organización constitucional que declara la igualdad de las partes en el proceso. c) El interés de dar término a las controversias judiciales mediante decisiones inapelables, ya que la sentencia, como concepto primario, es el acto por el cual el Estado resuelve con carácter definitivo una controversia. El recurso de casación es de carácter extraordinario porque entendemos que los intereses litigados por las partes que intervienen en el proceso están suficientemente garantizados por las leyes procesales en las dos TEPANTLATO

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instancias reconocidas. Teniendo en cuenta su carácter extraordinario, no es procedente cuando en la substanciación del proceso, no han sido agotados los recursos ordinarios. No constituye una tercera instancia, porque en su trámite están excluidas las cuestiones de hecho y nuevas causas de nulidad que no hayan sido reclamadas ante los tribunales inferiores. Se señala que el recurso de casación configura el ejercicio de un verdadero y propio derecho de impugnación perteneciente al particular, esto constituye una expresión particular de la acción. El recurso de casación en cuanto se refiere al fondo (error iniudicando), no afecta a los medios de hacer el proceso sino a su contenido. En otros términos, no se trata de formas procesales sino del fondo mismo de la sentencia o de sus fundamentos sustanciales. Este error puede producirse cuando en el auto de vista se aplica una ley derogada, o no se aplica la que rige para la resolución del caso concreto, o finalmente cuando se falsea su interpretación, la letra o el espíritu de la ley. En el recurso de casación en la forma (error in procedendo), se puede incurrir en dos aspectos: 1.- el primer error radica en la desviación de las formas procesales determinadas de antemano por el derecho procesal; 2.- en el error pueden incurrir las partes, apartándose de esas formas procesales, motivando una disminución en las garantías de la sustanciación del proceso y privando a las partes de la defensa plena del derecho. En la casación de forma, el tribunal deberá anular lo obrado hasta el vicio más antiguo, vale decir que debe realizar lo que se llama en el derecho procesal francés-renvoirmandar devolver los autos al inferior para que éste se pronuncie con arreglo a derecho. En la substanciación de los recursos 20

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de casación o nulidad, de acuerdo a la doctrina procesal, se aplican los siguientes principios: a) Principio de Especifidad, que consiste en que no hay nulidad sin la existencia de una ley específica que la determina. En otros términos, no hay nulidades por analogía o por extensión. b) Principio de Trascendencia, que determina que no hay nulidad de forma si la violación no tiene trascendencia. Este principio encierra la máxima no hay nulidad sin perjuicio, o que es necesario que la infracción haya ocasionado un gravamen. c) Cuando toda violación de forma no se reclama en su debida oportunidad, se considera convalidada con el consentimiento. Recibe el nombre de principio de convalidación. d) Principio de Protección que comprende la esencia misma de la nulidad como medio de impugnación procesal. El conocimiento del recurso de casación en España, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. Asimismo, cuando la misma parte preparare recursos de casación contra una misma sentencia ante el Tribunal Supremo y ante Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, mediante providencia, por no presentado el primero de ellos, en

cuanto se acredite esta circunstancia. En cuanto a su sustanciación, el recurso de casación se prepara mediante escrito presentado ante el tribunal que hubiere dictado la sentencia, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, si el recurso o recursos de casación que se hubieren preparado cumplieren los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal los tendrá por preparados. Si los requisitos no se cumplieren, dictará auto rechazando el recurso. En el plazo de los veinte días siguientes a aquel en que se tenga por preparado el recurso de casación, habrá de presentarse, ante el tribunal que hubiese dictado la sentencia recurrida, escrito de interposición, en el que se expondrán, con la necesaria extensión, sus fundamentos y se podrá pedir la celebración de vista. Al escrito de interposición se acompañarán certificación de la sentencia impugnada y, cuando sea procedente, texto de las sentencias que se aduzcan como fundamento del interés casacional. En su caso, en el escrito de interposición, además de fundamentarse el recurso de casación, se habrá de manifestar razonadamente cuanto se refiera al tiempo de vigencia de la norma y a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la norma que se estime infringida. Finalizado el plazo para interponer el recurso de casación sin haber presentado el escrito de interposición, el recurso se declarará desierto y se impondrán al recurrente las costas causadas, si las hubiere. Recibidos los autos en el tribunal, se pasarán las actuaciones al magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso de casación. La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto mediante providencia la posible causa de inadmisión del recurso de casación a las partes personadas


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para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes. Admitido el recurso de casación, se dará traslado del escrito de interposición, con sus documentos adjuntos, a la parte o partes recurridas, para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días y manifiesten si consideran necesaria la celebración de vista. Transcurrido el plazo señalado con anterioridad, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sala señalará, mediante providencia, dentro de los treinta días siguientes, día y hora para la celebración de vista o, en su caso, para la votación y fallo del recurso de casación. El tribunal decidirá lo que considere conveniente para la mejor impartición de justicia en relación con la celebración de vista, que en todo caso deberá celebrarse si lo solicitaren todas las partes y comenzará con el informe de la parte recurrente, para después proceder al de la parte recurrida. La Sala dictará sentencia sobre el recurso de casación dentro de los veinte días siguientes al de finalización de la vista, o al señalado para la votación y fallo. Los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren invocado. Cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten, cada uno de ellos, por diferente recurso extraordinario, el que se funde en infracción procesal se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al de casación, cuya tramitación, sin embargo, será iniciada y continuará hasta que se decida su admisión, quedando después en suspenso. Si se dictara sentencia totalmente desestimatoria del recurso por infracción procesal, se comunicará de inmediato al tribunal competente para la casación, se alzará de inmediato su suspensión y se tramitará el recurso con arreglo a

lo dispuesto en el presente capítulo. Si se estimare el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación presentado quedará sin efecto. Cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten, cada uno de ellos, por diferentes recursos extraordinarios, uno por infracción procesal y otro por vulneración de las normas del derecho civil, foral o especial propio de una Comunidad Autónoma, ambos recursos se sustanciarán y decidirán acumulados en una sola pieza, resolviendo la Sala en una sola sentencia teniendo en cuenta que sólo podrá pronunciarse sobre el recurso de casación si no estimare el extraordinario por infracción procesal. 6.2 Recurso de materia penal

casación

en

En cuanto se refiere al recurso de casación penal español, se advierte que, bajo el régimen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente vigente, la casación penal ha sufrido profundas modificaciones, sin alteración del texto original de dicha ley, como consecuencia fundamental de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Parte de las novedades tienen causa directa en el propio Texto Constitucional o en las Leyes Orgánicas que lo han desarrollado, otras han sido consecuencia de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, y, no pocas, de importantes decisiones del Tribunal Constitucional. El resultado de todo ello es que la actual casación penal española poco tiene que ver con la diseñada inicialmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.8 Del texto de la referida ley, se hace evidente que el referido recurso no se limita solamente a la revisión de aspectos formales o legales

de la sentencia, pues el recurso de casación también permite una revisión de la prueba, en lo que sí es posible revisar por un tribunal que no ha podido percibir directamente la prueba, es decir, en lo relativo al aspecto racional del juicio de valoración del órgano de instancia, porque el Tribunal Supremo debe poder verificar, como lo viene haciendo, la correcta aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es de acuerdo con las exigencias que derivan del principio de derecho a la presunción de inocencia y motivación de las sentencias, salvaguardando en todo caso la supremacía de la Constitución, sin olvidar que el art. 9º de la Constitución Española garantiza el derecho a no ser juzgado arbitrariamente. Con razón se ha dicho que “una sentencia en la que los hechos se establecen arbitrariamente es incompatible con un Estado de Derecho que reconoce derechos fundamentales que tienen la finalidad de excluir la arbitrariedad en los procesos judiciales y, consecuentemente, una cuestión constitucional en sentido estricto” luego residenciable tanto en sede de casación como en sede de amparo. Pero no sólo existe en el sistema procesal penal español el recurso de casación ante el Tribunal Supremo como instrumento para un control de la parte objetiva del acto de valoración de la prueba, sino también el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues si bien este Tribunal viene afirmando que su jurisdicción no se extiende al enjuiciamiento del proceso mental de los tribunales de instancia respecto de su convicción (aspecto subjetivo del acto de valoración de la prueba), también viene afirmando, con buen criterio, que entra dentro de su función verificar si ha existido una prueba que

8 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. 2ª ed. Agapea, Madrid, 2003, p. 40.

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pueda estimarse racionalmente de cargo. Evidentemente, lo que no puede prosperar, ni en sede de casación, ni en sede de amparo, es una simple discrepancia del recurrente con la valoración realizada por los órganos judiciales, que es lo que, en definitiva, se pretende señalar en la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada. En cuanto al principio in dubio pro reo, es cierto que durante mucho tiempo se ha considerado que es una simple regla de interpretación sin carácter sustantivo alguno, y no residenciable, por tanto, ni en casación ni en amparo. Pero, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, en forma paralela al correcto entendimiento del principio de libre valoración de las pruebas según el criterio racional, al que antes me refería, han ido extendiendo, correctamente a mi juicio, la casación y el amparo, respectivamente, a la posibilidad de revisión de la aplicación del principio in dubio pro reo por el órgano a quo, al menos en lo que a su dimensión normativa se refiere. Este principio tiene una dimensión fáctica, a la que sin duda se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo, cuando afirmaba que el principio in dubio pro reo no puede tener acceso a la casación, y que hace referencia al estado individual de duda de los jueces a quibus, pero tiene también otra dimensión normativa, que “se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo”, cuya infracción sí puede dar lugar al recurso de casación, e incluso, en su caso, al recurso de amparo constitucional en términos del artículo 24º de la Constitución Española. Recientemente, el Supremo Tribunal 22

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Constitucional, al señalar que el principio in dubio pro reo no puede ser objeto de valoración por el Tribunal Constitucional cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas, que es lo que ocurría en el caso resuelto, viene a reconocer de alguna manera aquella dimensión normativa, que sí es controlable, por no pertenecer ya al propio convencimiento del juez, es decir, que si el juez ha tenido duda es claro que no puede sino absolver, y, desde luego, difícilmente se habrá podido convencer de la culpabilidad del acusado si resulta que las declaraciones testificales sólo expresan dudas o sospechas no verificadas; en este caso, si se ha condenado la vulneración de dicho principio será palmaria. En síntesis, se asevera que el recurso de casación en el sistema procesal español, no es más que un medio de protección de los intereses jurídicos de las partes que litigan, cuando en la resolución, el juez o tribunal se apartan de las formas procesales sin tener en cuenta que ellas siempre han sido consideradas por la jurisprudencia nacional, como de orden público. 7.- RECURSO DE CASACIÓN EN FRANCIA En Francia, la Corte de Casación no fue un ente judicial, sino un organismo que actuó junto a la Asamblea Legislativa para poder así impedir a los tribunales, bajo el pretexto de interpretar las leyes que invadiesen funciones que le correspondían exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Esta es la razón por la que no concibiera la Revolución Francesa al Tribunal de Casación, tal y como se entiende hoy en día. El Tribunal de Casación en Francia, surgió como todos los institutos revolucionarios de las abstracciones

ideológicas de Rousseau, pero de una influencia más directa de las doctrinas de Montesquieu, en especial del principio de separación de poderes sustituyendo el principio de la bipartición por el de tripartición de poderes. Esa concepción del recurso de casación ha perdurado y no falta quienes sostengan que continúa siendo la misión primordial del instituto, en este sentido, a diferencia de los tribunales de tercera instancia, el de casación tiene una finalidad al menos en su original aspecto histórico, metaprocesal, a saber, la defensa de la ley y con ella, la del Poder Legislativo frente a los Tribunales de Justicia como representantes del Poder Judicial, siendo su misión esencial garantizar la separación del Poder Legislativo y del Poder Judicial, controlar éste y mantener la unidad de la jurisprudencia, misión ésta que ha sido a través de su historia adaptada a las necesidades de cada momento histórico hasta llegar a la concepción actual cuya finalidad está integrada por el control meramente jurídico del procedimiento y de la decisión de un Tribunal Penal para establecer si la aplicación de la ley al hecho normalmente inatacable, declarado y probado, se ha efectuado de un modo jurídicamente correcto tanto desde el punto de vista del derecho material como desde el derecho procesal penal. La función del tribunal de casación consiste en la fiscalización de la correcta aplicación e interpretación tanto de la ley sustantiva como de la formal, por los tribunales de instancia, por lo que escapa de su poder jurisdiccional lo concerniente a la determinación de los hechos, estando además inhibido legalmente para penetrar en el campo meramente conceptual de justicia exteriorizado por los integrantes del a quo, pues jurídicamente es indiferente la mayor o menor injusticia de un fallo.


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Manzini y Beling 9 (citado por Vecina Cifuentes, Javier) afirman que la casación penal debe circunscribirse a un control técnico-jurídico del fallo, pues es el único que al final de cuentas servirá como criterio unitario para la resolución de futuros casos con caracteres similares. En consecuencia, avocarse a conocer la esfera de los hechos que están plagados de irregularidad de tipo subjetivo y objetivo no llevará a llenar aquella aspiración, la cual oriente hacia la clásica fórmula de la uniformidad de jurisprudencia factible en otras materias con mayor propiedad, pero que en la penal debe conjugarse con otros factores por los valores que se entrecruzan. 7.1.- Recurso de casación francés en materia administrativa Por su importancia en el sistema legal francés, abordaremos el recurso de casación en materia administrativa. Lo que se destaca a partir de la ley de 1987 –reafirmada por otras normas posteriores-, es que el orden jurisdiccional administrativo en Francia presenta así una organización similar a la de las jurisdicciones ordinarias, con los tres niveles de primera instancia, segunda instancia y casación, completando el esquema organizativo del Consejo de Estado. La Revue du Droit Public subraya que este gran cuerpo sigue definiendo asuntos de nulidad contra decretos y ciertas resoluciones ministeriales y otros de plena jurisdicción, pero, en cambio, casi ha perdido totalmente la función de juez de apelación, que ha pasado a las Cortes respectivas. Como el definir los recursos de casación contra las sentencias de las Cortes Administrativas de Apelación, es la principal misión del Consejo de Estado de Francia, ahora resalta las consecuencias de la nueva configuración de la justicia administrativa sobre la evolución del derecho administrativo.

El sistema francés de la casación tiene una primera etapa relativa a la admisión o denegación de los recursos; en ella se han producido cambios en cuanto al cuerpo que hace la selección de los recursos y los criterios que han venido quedando, se trata de establecer un recurso extraordinario y no de una tercera instancia; que la misión de la casación es garantizar la unidad de la interpretación de la regla de derecho y la unidad de la jurisprudencia; que el juez de casación no debe intervenir cuando se ha hecho una interpretación correcta sino cuando pueda surgir una amenaza a esa unidad. El Consejo de Estado de Francia posee los instrumentos clásicos del juez de casación; error de derecho y calificación jurídica de los hechos, para verificar la rectitud de las sentencias de las Cortes Administrativas de Apelación. El estudio de la jurisprudencia, hecho por la doctrina administrativista, muy frecuente en Francia, muestra que la extensión del control es variable, lo cual confirma también la tendencia del derecho administrativo francés, más jurisprudencial En el primer control externo, que se llama también disciplinario, sobresalen la reafirmación de los principios de procedimiento, como el respeto al principio de contradicción, y la exigencia de la motivación de las sentencias, sin olvidar que el control del juez de casación reposa sobre el análisis de los motivos del juzgamiento, para determinar si está bien fundado o no; en cuanto toca con la motivación se invoca en la jurisprudencia que la severidad de esta obligación tiene que ver con una garantía de los justiciables y una condición del control del juez de casación. También se censura la contradicción entre la motivación y la parte

dispositiva, abundando en este punto la jurisprudencia trae la exigencia de la calidad de la motivación, para que el juez de casación esté en posibilidad de ejercer el control que le corresponde. Se esgrime que el juez de casación no tiene un conocimiento preciso de los hechos, y es entonces a través de la sentencia de la Corte Administrativa de Apelación recurrida que el Consejo de Estado puede asegurarse de si la solución acogida por el juez de fondo contiene una exacta interpretación o aplicación al litigio de las reglas de derecho; la lectura del fallo de la Corte Administrativa de Apelación debe permitir al juez de casación verificar la rectitud del razonamiento jurídico de los jueces de fondo; se añade que la Corte de Casación en Francia vigila con el mismo rigor que los jueces de fondo motiven suficiente y precisamente sus decisiones, so pena de anulación por falta de bases legales, ese control disciplinario del juez de casación, que versa sobre la forma y motivación de las decisiones del juez de fondo, permite al Consejo de Estado garantizar sobre el conjunto del territorio que la justicia administrativa sea rendida en forma igual y regular. Ese control ha permitido también al Consejo de Estado afianzar la sumisión de las jurisdicciones administrativas a las reglas de procedimiento señaladas por la Corte Europea de Derechos Humanos. El control de la regularidad interna se ejerce, en cambio, con la ayuda de dos instrumentos: el error de derecho y la calificación jurídica de los hechos. En esta última –se explica-, se trata de una operación de acercamiento entre los hechos y el derecho, en la que el juez debe colocar los hechos dentro de una categoría legal, “para que se pueda deducir legalmente la solución adoptada de los hechos tal

9 Vecina Cifuentes, Javier, Op. Cit. nota 7, p. 77.

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como ha sido constatada. Aquí se topa con una frontera delicada: la de dejar al juez de fondo la calificación en virtud de la apreciación soberana de los hechos”. La dificultad reside, tanto en la casación civil como en la administrativa, en los criterios que se conjuguen por el juez supremo para hacer esa repartición de tareas en el seno de la jurisdicción administrativa, lo cual no deja de estar teñido de empirismo. Sin poder penetrar en el abigarrado campo de los ejemplos, se destaca la regla según la cual la calificación de los hechos efectuada por el juez de instancia compromete al sistema jurídico; denominado criterio de la densidad jurídica, él opera cuando determina la aplicación de un régimen jurídico, o sea, según la jurisprudencia cuando condiciona la aplicación de un régimen legal; si se puede citar una obra pública excepcionalmente peligrosa, se lee que, por el contrario, las excepcionales condiciones meteorológicas para determinar una rivera marítima no se controlan en casación puesto que ello no condiciona la aplicación de un régimen legal. También es distinto cuando se tiene que comparar los hechos con una calificación jurídica a cuando solamente se le debe cuantificar, pero el control de casación puede existir delante de la desnaturalización de los hechos. Existen puntos en los cuales el examen de la jurisprudencia, que se repite -se hace con tanto cuidado en Francia y es necesario comenzar a hacerlo en Colombia en forma académica- detecta aspectos difíciles (como los del error manifiesto de la administración) y otros en los cuales puede observarse menor rigor. El Consejo de Estado, según las materias, extiende el control de casación para conservar el dominio de la evolución del derecho administrativo; el determinante según 24

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la doctrina es una cuestión técnica o política jurisprudencial de parte del Consejo de Estado. Se mezclan ahí consideraciones de oportunidad para evitar la congestión, por ejemplo, con aspectos jurídicos cuando se busca la protección de una libertad individual, como es la propiedad en el caso de una declaratoria de utilidad pública que conduzca a la expropiación.

término, por la calificación jurídica. Esa aplicación uniforme de las reglas del derecho administrativo puede aparecer, por ejemplo, en el contencioso contractual, por el error de derecho al momento de verificar que no se ha hecho una interpretación incorrecta de las normas de competencia administrativa para la celebración de un contrato.

El juez de casación se mantiene a distancia en relación con los hechos puesto que él debe juzgar una sentencia y no el litigio. No obstante, es por la determinación de la solución propia al litigio que el juez puede orientar las reglas que deben regir la actividad administrativa. Igualmente, la misión del juez de casación es esencial para asegurar la unidad de interpretación de la regla

Aquí y en otros asuntos el Consejo de Estado verifica que los criterios utilizados por los jueces de fondo son los buenos, dejando a estos últimos la apreciación soberana de la aplicación de ellos al caso concreto. Este control del error de derecho sobre los criterios juega en todos los casos en que los jueces de fondo deben determinar si las condiciones se han satisfecho.

México no fue ajeno a los recursos de nulidad y casación españoles de derecho y, por tanto, la igualdad de los justiciables sobre la totalidad del territorio. Demuestra el estudio de la jurisprudencia la tensión que existe para el Consejo de Estado entre tener el papel de juez supremo del orden jurisdiccional administrativo y mantenerse como juez de fondo de los litigios que conciernen a la administración. De allí se derivan dos posibilidades: el ejercicio del papel clásico de un juez de casación e ir más allá de esta fundamental misión. Esa unidad de la jurisprudencia, propia del recurso, se puede obtener por el instrumento del error de derecho y, en segundo

En el tema de la responsabilidad pueden presentarse numerosos ejemplos de errores de derecho, con lo cual el Consejo de Estado continúa teniendo el dominio de la evolución jurisprudencial. También se emplea el instrumento de la calificación jurídica para conservar el dominio de las nociones jurídicas, terreno más delicado, no sólo por las cuestiones en juego, sino porque al hacer el acercamiento de los hechos y el derecho pueden darse razones de política jurisprudencial; la calificación jurídica de los hechos es un medio útil para la jurisdicción a fin de garantizar la aplicación uniforme del concepto de la jurisprudencia en materia de policía de extranjeros, por ejemplo. En todo esto debe tenerse en cuenta que la casación (del verbo francés “casser” que significa romper, anular una sentencia) puede operar con respecto a toda ella o únicamente en parte, por lo que es indispensable la acción posterior del tribunal que decidió, sobre todo en la segunda hipótesis. Por último, el acercamiento de los


EL AMPARO JUDICIAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS FRANCÉS Y ESPAÑOL

hechos al derecho y la consecuente eliminación de los elementos dejados a la apreciación soberana de los jueces de fondo se produce cuando el Consejo de Estado hace uso de la facultad que le concede la ley de 1987 de definir el litigio; también ese mayor acercamiento puede darse cuando simplemente se disminuyen los elementos dejados a la apreciación. Este es un campo en el cual surgen diferencias con el control de la Corte de Casación Civil en cuanto al error de hecho y la desnaturalización de los hechos, que no entran en el actual análisis. La facultad de la ley de 1987 es el punto final; ella existe para decidir el fondo del asunto si el interés de una buena administración de justicia lo justifique. 7.2 Recurso materia civil

de

casación

en

En 1837 se reforma el sistema y el tribunal de casación se incorporó a la estructura de los órganos jurisdiccionales. Con este cambio aparece un rasgo distintivo del recurso, al que se le encomendará fijar la unidad de la jurisprudencia para la correcta interpretación y aplicación de la ley. Al SenadoConsulto de 28 floreal del año XII, se le debe el cambio de la denominación de Tribunal de Casación por el de Corte de Casación. En el siglo XIX, a partir de la Constitución de 1848, la Corte de Casación logra su autonomía frente al Poder Ejecutivo, manteniendo siempre como misión la de asegurar la unidad de la jurisprudencia. El conocimiento del recurso de casación en Francia ha sido entregado, como ya se señaló, a la Corte de Casación. Se trata de un tribunal de funcionamiento plural y compuesto por 160 jueces. En cuanto a la causal fundante del recurso, el artículo 604 del Código

Procesal Civil francés dispone que la finalidad del recurso se dirija a corregir la disconformidad de la sentencia recurrida en relación con el ordenamiento jurídico. Los motivos para recurrir a la casación son la existencia de sentencias contradictorias, cuando sean incompatibles y ninguna sea susceptible de recurso ordinario alguno y cuando existan sentencias contradictorias habiéndose interpuesto sin éxito la fin de nonrecevoir de cosa juzgada ante los tribunales de instancia. También se encuentra legitimado el fiscal de la Corte de Casación para recurrir una resolución en interés de ley. 8.- RECURSO DE CASACIÓN Y AMPARO EN MÉXICO México no fue ajeno a los recursos de nulidad y casación españoles, basta hacer un breve recorrido por la historia para darnos cuenta de que nuestro país acogió por largo tiempo dichos recursos tal como fueron regulados en España. A continuación se citan algunas leyes mexicanas que regularon el recurso de casación: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el territorio de Baja California el 15 de septiembre de 1880, el mismo pero de 1884, Código de Comercio 1889, Código de Procedimientos Civiles Federales 6 de octubre de 1897. Quizá el proceso de desaparición del recurso de casación inició con la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha del 11 de noviembre de 1874, que confirma la sentencia del 11 de julio del mismo en la sentencia de amparo por la que el juez de distrito otorga el amparo por inexacta aplicación de la ley. La doctrina coincide con que el recurso de casación fue ineficaz a partir de la ley de amparo de 18 de octubre de 1919. Lo anterior

significa que las leyes vigentes en los ámbitos federal y local fueron abrogadas, unas de forma expresa, otras de forma tácita por la vigencia de la ley de amparo citada. Sin embargo, la casación concebida como el medio para dejar sin efecto las violaciones a las leyes procedimentales y de fondo, está vigente en el amparo y para todas las materias jurídicas. En nuestro país, el recurso de casación perdió la partida ante el juicio de amparo porque la legalidad de los actos constituye una garantía individual. En consecuencia, las violaciones a las normas jurídicas, procedimentales y de fondo, en cualquier juicio o procedimiento, seguidos en forma de juicio, pueden ser reclamadas a través del juicio de amparo. El término “amparo” fue utilizado por primera vez en el proyecto de Constitución de Yucatán, elaborado por don Manuel Crescencio Rejón a fines de 1840, en el que se estableció como facultad de la Corte Suprema del Estado la de amparar a las personas en el goce de sus derechos violados por leyes o actos de la autoridad. En 1846 se reunió el Congreso Constituyente Federal, ante Mariano Otero, el cual sostuvo los principios expuestos con anterioridad por Rejón este respecto. Por lo que el juicio de amparo se ha considerado como una institución que es netamente mexicana, ya que su función principal es la del control de la constitucionalidad, en cuanto a que la Constitución como una norma básica o mejor dicho, fundamental para todos, ésta debe conservar su supremacía, esto se logra a través del juicio de amparo que se ejerce por medio de un órgano judicial con respecto al gobernado, es decir, al individuo que solicita de manera formal una protección contra la aplicación de la ley o acto que son TEPANTLATO

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EL AMPARO JUDICIAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS FRANCÉS Y ESPAÑOL

contrarios a la Constitución. Resulta paradigmática la manera en que un instrumento jurídico protector de origen nacional, como lo es el juicio de amparo mexicano, se ha proyectado hacia su implementación en el orden jurídico de otras naciones y a nivel internacional. Con independencia de los antecedentes remotos en el derecho romano (homine libero exhibendo e intercessio tribunicia), en el inglés (habeas corpus) y en el español (procesos aragoneses del medioevo), se ha considerado por la mayor parte de la doctrina que el amparo constituye una institución genuinamente mexicana, al haberse previsto por primera vez en la Constitución yucateca de 1841 (arts. 8º, 9º y 62º) y acogido a nivel federal, primero en el Acta de Reformas de 1847 (art. 25º) y posteriormente, en las Constituciones de 1857 (arts. 100º y 101º) y en la actual de 1917 (arts. 103º y 107º), sirviendo como paradigma a diversas legislaciones de Latinoamérica y de España y algunos otros países europeos. El juicio de amparo ha sido trasladado y adoptado de manera progresiva por la mayoría de los textos fundamentales latinoamericanos, aunque en algunos de ellos con denominaciones distintas: Argentina (art. 34º), Bolivia (art. 19º), Brasil (mandado de segurança, art. 5º), Chile (recurso de protección, art. 21º), Colombia (tutela jurídica, art. 86º), Costa Rica (art. 48º), El Salvador (art. 182.1º), Guatemala (art. 265º), Honduras (art. 183º), Nicaragua (art. 188º), Panamá (art. 50º), Paraguay (art. 134º), Perú (art. 200º), Uruguay (art. 7º) y Venezuela (art. 27º). Lo mismo ha sucedido en Europa, Alemania, Austria, España y Suiza en el que existe un recurso similar que, incluso, suele traducirse con la misma denominación de recurso 26

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de amparo. Por lo que hace al recurso federal constitucional alemán (Verfassungsbeschwerde)10 existen similitudes con el juicio de amparo mexicano, a pesar de las diferencias económicas, sociales y culturales de ambos países, y de haber surgido en épocas distintas y por causas diferentes.

previos, con algunas excepciones en ambos países, y en las medidas precautorias o cautelares, conocidas en México como la suspensión del acto reclamado, en ambos casos para evitar perjuicios graves y con el objeto de impedir la consumación de la afectación de los derechos fundamentales.

Mientras que el juicio de amparo mexicano surge por la influencia estadounidense en la Constitución yucateca de 1841 y en los textos federales de 1857 y 1917 conforme a lo ya señalado, la queja constitucional alemana se inspira en la Constitución austriaca de 1920 y se prevé primero a nivel legislativo en la Ley sobre el Tribunal Constitucional de la Federación de 1961 y posteriormente se incorpora a nivel constitucional, mediante una reforma de 1969, debiendo mencionarse los importantes precedentes de instituciones similares en el Imperio Austrohúngaro (1867), y en los mecanismos locales del estado de Baviera de 1919 y de 1946.

Como puede apreciarse, el juicio de amparo mexicano ha servido de base a la configuración paulatina de las características generales del amparo constitucional iberoamericano, que, en esencia, presenta lineamientos comunes, como son la tutela de los derechos humanos consagrados en los ordenamientos constitucionales y, en algunos casos, en los internacionales, a través de un procedimiento sencillo y breve en el que existen medidas precautorias o cautelares para preservar dichos derechos, culminando con una sentencia para restituir al afectado en el goce y ejercicio de sus derechos infringidos por cualquier autoridad o, en algunos supuestos, también por particulares en situación de predominio.

Entre los principales aspectos que separan a ambos instituciones, al igual que el recurso de amparo francés, se encuentran la procedencia en materia electoral y los efectos de sus sentencias, ya que la queja constitucional procede en dicha materia y pueden sus fallos tener el carácter erga omnes respecto de la inconstitucionalidad de normas legislativas; en tanto la institución mexicana resulta improcedente en materia electoral y en todos los supuestos produce efectos en el caso particular. En cambio, las similitudes más notables en el amparo mexicano y alemán se dirigen a los derechos tutelables, en la necesidad de agotar las instancias y recursos ordinarios

De lo anterior, dan cuenta, por ejemplo, el artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; o el párrafo 1, del artículo 25º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales

10 Háberle, Peter, “El recurso de amparo en el sistema germano-federal de jurisdicción constitucional”, trad. de Carlos Ruiz Miguel. Universidad Santiago de Compostela. 2001. p. 113-136.


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reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” De manera más reciente, también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su Capítulo VI denominado “Justicia” (art. 45º) prevé el derecho a un recurso efectivo y a un tribunal imparcial a favor de toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados. Si bien no se utiliza la expresión “ampare” como textualmente aparece en los otros textos, la idea es la misma y por tal motivo puede considerarse la existencia de un genuino amparo internacional, que complementa el sistema de protección de los derechos humanos en el ámbito interno. BIBLIOGRAFÍA -Alcalá Zamora y Castillo, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa. 2ªedición. UNAM. México, 1970. - Arellano García, Carlos. El juicio de amparo. 2ª edición. Editorial Porrúa. México, 1982.

-Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de derecho constitucional y amparo. Porrúa. México, 1992. - Briseño Sierra, Humberto. Derecho procesal. Editorial Oxford. México, 1998. - Castro y Castro, Juventino V. El sistema del derecho de amparo. Porrúa, México, 1978.

- Liebman, Enrico Tullio. Manual de derecho procesal civil, traducción de Santiago Sentis Melendo.. Editorial EJEA. México, 1980. -Ovalle Favela, José. Teoría general del proceso. 4ª edición. Editorial Oxford. México, 2000. -Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para juristas. Editorial Mayo ediciones México, 1987.

- De la Rúa, Fernando. La casación penal. 2ª edición. Editorial LaxisNaxis. México, 2006.

- Pallares, Eduardo. Derecho procesal civil. 5ª edición. Porrúa. México, 1987.

- Gómez Lara, Cipriano. Teoría general del proceso. 9ª edición. Editorial Oxford México, 2002. - Góngora Pimentel, Genaro. Introducción al estudio del juicio de amparo; El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa. México, 1987.

Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia; El debate contemporáneo. Tomo I Editorial Alianza. Argentina, 2008.

- Háberle, Peter. El recurso de amparo en el sistema germano-federal de jurisdicción constitucional, traducción de Carlos Ruiz Miguel. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid, 2001.

- Breve Historia de Francia. Hechos y cifras N° 38. Embajada de Francia, México, 1993. -El Consejo Constitucional. Francia, hechos y cifras N° 19. Embajada de Francia, México, 1993.

OTRAS FUENTES - Constitución Española 1978. http:// portales.gva.es/pdf/constitución.pdf.

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MGDA. MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ MAGISTRADA DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (DF)

JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

CURRICULUM VITAE

Corte de Justicia.

TRAYECTORIA ACADÉMICA

*Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados.

* Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. *Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. *Maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores (hoy Universidad Tepantlato). *Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito. *Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema

*Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación. *Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito. TRAYECTORIA LABORAL *Secretaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. *Secretaria Adjunta de Ministro y Secretaria de Estudio y Cuenta en

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Jueza Cuarto de Distrito “A” en el Estado de Nuevo León. *Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. *Jueza Quinto de Distrito “A” en el Estado de México. *Jueza Quinto de Distrito “B” en Materia Administrativa en el Distrito Federal. *Jueza Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. *Magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ocupa el cargo de Magistrada de Circuito desde febrero de 2009. TEPANTLATO

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JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

SUMARIO: I. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL II. JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES III. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES EN EL AMPARO DIRECTO IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES V. EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BIBLIOGRAFÍA I. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Nuestro Estado de derecho se rige por un sistema jurídico bien definido que tiene como base fundamental la Constitución, a la que se le otorga un rango de supremacía, en virtud de la cual sus disposiciones prevalecen sobre las demás que conforman el sistema jurídico mexicano vigente, lo que se justifica en tanto que este cuerpo normativo contiene las bases relativas a la organización del Estado, su estructura, las funciones de sus Poderes, y determina además los derechos fundamentales de los gobernados, así como sus restricciones y demás prescripciones generales que hacen posible el orden y convivencia en la sociedad mexicana. En ese contexto, resulta de especial interés subrayar que el principio de supremacía constitucional implica la sujeción de todas las leyes y actos del poder público a las normas y principios básicos establecidos en la Constitución, de manera que ni los gobernantes ni los gobernados pueden sustraerse al orden jurídico implicado en el conjunto de disposiciones y reglas vigentes, que es a lo que originalmente se le ha denominado orden público. El sistema jurídico mexicano reconoce dicho principio de supremacía constitucional en el artículo 133º de la propia Carta Magna, que prescribe:

“ARTÍCULO 133º.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”1 Congruente con esa disposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda legislación secundaria, ya que la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen los preceptos de aquélla y no los textos contrarios a

Nuestro Estado de derecho se rige por un sistema jurídico bien definido que tiene como base fundamental la Constitución las disposiciones y contenido de ese máximo ordenamiento. Lo anterior se destaca en la tesis aislada visible a fojas 7848, Tomo LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal, que reza: “CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA. Tratándose de leyes

reglamentarias de la Constitución, la Suprema Corte ha establecido que, en cada caso particular, debe estudiarse si se afecta, o no, el interés público; y dicho interés no interviene en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias de la Constitución, que vulneren o desvirtúen los preceptos de la misma, que se pretenda reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda legislación secundaria, y la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen desde luego los preceptos de aquélla y no los textos contrarios de la misma.”2 Ahora bien, del principio de supremacía de la Constitución deriva, como una necesidad consecuente, el establecimiento de un sistema de control de la constitucionalidad que haga efectiva su vigencia y la prevalencia de sus disposiciones. En México, el sistema de control constitucional se ha venido desarrollando según las circunstancias de la historia política y jurídica del país, dando origen, en la actualidad, a la adopción de un sistema propio que comprende la existencia de diversos instrumentos e instituciones legales a través de los que se procura la constitucionalidad de las leyes y demás actos de autoridad, con la finalidad de anularlos y dejar así insubsistente la aplicación de las normas generales que sean contrarias a la ley suprema. Acorde con ello, el interés que atañe al Estado y a la sociedad en general es la eficacia plena del sistema de impartición de justicia, que permita el imperio de la Constitución y garantice así la vigencia del Estado de derecho, interés prevalente que no puede ser relegado bajo ninguna justificación,

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sista. México, 2010. 2 (No. Registro: 176,390, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Enero de 2006Tesis: 1a./J. 168/2005, Página: 40).

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por ser objeto esencial del Estado el orden público y el bien supremo de la comunidad. Lo anterior se justifica porque la Constitución es la máxima de las fuentes del derecho y por ello, debe reconocérsele eficacia inmediata y directa de conformidad con los fines que propone; por consiguiente, resulta de suma relevancia lograr de manera eficaz el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, a fin de impedir la aplicación de aquellas normas que resulten contrarias a la Carta Fundamental. Uno de los medios para alcanzar ese propósito y preservar, a su vez, la eficacia de Estado de derecho, es la interpretación de la ley, entendida como la actividad por la cual se determina el sentido y alcance de las disposiciones que conforman el derecho vigente, contenidas en la Constitución y en las leyes ordinarias. A través de la interpretación los órganos judiciales que inquieren acerca del sentido y alcance de las normas constitucionales y legales, desentrañando su verdadero sentido, fijando los criterios para su debida observancia y aplicación. La labor del intérprete adquiere así un especial interés por la necesidad de establecer un sistema unitario de interpretación jurídica de la legislación en general. Sobre el tema relativo a la interpretación, tienen aplicación el artículo 94º, párrafo octavo, de la Constitución y el 192º de la Ley de Amparo. De la transcripción precedente deriva el imperativo contenido en el precepto constitucional señalado, de fijar en la ley secundaria los términos en que será obligatoria la jurisprudencia sobre interpretación de la Constitución, leyes, reglamentos federales y locales y tratados internacionales, en cumplimiento al cual el artículo 192º de la Ley de

Amparo determina la obligatoriedad de la establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto del Tribunal Pleno como de las Salas que la integran, lo que tiene como propósito la uniformidad en la legislación y criterios a seguir para su exacta y debida aplicación, en todos los ámbitos. La función de interpretación de la ley cobra mayor relevancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución, resuelve acerca de la conformidad de las normas generales con ese máximo ordenamiento, es decir, cuando decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones ordinarias y

El interés que atañe al Estado y a la sociedad en general es la eficacia como resultado de esa labor de interpretación se constituye jurisprudencia, obligatoria para los órganos judiciales y tribunales administrativos y del trabajo, en términos del artículo 192º de la Ley de Amparo, anteriormente reproducido. En ese supuesto, la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma general por infringir o contraponerse al texto constitucional, viene a ser relevante porque juega un doble papel; por un lado, tiene un carácter unificador de todo el sistema jurídico y, por otro, su observancia y fuerza obligatoria determinada en la ley reglamentaria de la materia, tiene como objeto esencial lograr el cabal cumplimiento de la Constitución y

su prevalencia, así como la vigencia de los valores supremos y principios que subyacen en sus disposiciones, lo que conlleva a preservar el orden constitucional y legal. De ahí la importancia de la función que cumple la jurisprudencia dentro de nuestro sistema de jurídico. Ahora bien, sobre el tema concerniente a la obligación de aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad de una ley, que el Alto Tribunal haya declarado, deben puntualizarse los siguientes aspectos: Desde el origen del amparo en México, se instituyó como uno de los principios rectores de este medio de control constitucional, vigente a la fecha, el de relatividad de las sentencias, al establecerse en el artículo 25º del Acta de Reformas de 1847, la obligación para los tribunales de la Federación de limitarse a otorgar el amparo y protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare. Este principio conocido, como Fórmula Otero, establecido actualmente en los artículos 107º, fracción II, de la Constitución y 76º de la Ley de Amparo, rige en general para las sentencias dictadas en amparo contra leyes; por lo tanto, la protección que se otorgue en esos casos contra la ley impugnada, determinada inconstitucional en resolución ejecutoria, no constituye una declaración con efectos generales ni es aplicable a cualquier otro proceso judicial distinto de aquél en que fue reclamada con motivo del ejercicio de la acción constitucional; a ello debe agregarse que la anulación de la ley sólo beneficia al peticionario, lo que origina que pueda seguir teniendo aplicación un ordenamiento contrario a la Constitución y que las autoridades emitan nuevos actos fundados en dicho ordenamiento legal, no obstante ser inconstitucional, puesto que sólo en los casos en que TEPANTLATO

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se acuda a impugnarlo en amparo, obteniendo la protección de la Justicia Federal contra su aplicación, perderá eficacia la ley o norma declarada inconstitucional. Frente a esa circunstancia derivada no sólo de la aplicación del principio de relatividad de las sentencias, sino también de los principios de instancia de la parte agraviada y de estricto derecho, rectores del juicio de amparo, y ante la importancia que reviste como medio de impugnación para controvertir la constitucionalidad de las leyes, constituido por ello como instrumento de tutela de todo el orden constitucional, se buscó su perfeccionamiento y con ese propósito se instituyó en la Constitución y en la Ley de Amparo, como una medida para hacer más eficaz la protección contra las leyes contrarias a la Carta Magna, la suplencia de la queja tratándose de la aplicación de normas generales declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, disposición en la que subyace la intención del legislador federal de evitar la aplicación de leyes que contravengan la norma suprema, en concordancia con el propósito del poder reformador de la Constitución inmerso en la reforma al artículo 107º, de lograr que prevalezca este máximo ordenamiento sobre cualquier norma contraria a sus disposiciones y contenido, haciendo así efectivo el principio de supremacía constitucional, propio de todo Estado de derecho, al impedir la subsistencia de actos que se funden en leyes declaradas inconstitucionales por el Alto Tribunal. Consecuentemente, debe entenderse que la suplencia de la queja no se refiere únicamente a los conceptos de violación sino a las omisiones en que incurra el quejoso al haber enderezado su demanda contra la ley inconstitucional, o contra los actos fundados en dicha ley, y aplica 32

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incluso ante la ausencia total de agravio al respecto. Así, ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia en la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda a su vez tener aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, ello en atención al mandato legal contenido en la fracción I del artículo 76-bis de la Ley de Amparo, y a la observancia obligatoria determinada en el artículo 192º de la propia ley reglamentaria de los artículos 103º y 107º constitucionales, sin que tal actuación signifique darle efectos generales a la determinación de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá la inaplicación de dicha ley en los casos concretos en que se controvierta.

La Constitución es la máxima de las fuentes del derecho En ese sentido y considerando que la suplencia en materia de amparo contra leyes declaradas inconstitucionales se instituyó como un medio para hacer eficaz el control constitucional de la legislación en general, debe estimarse que los jueces y tribunales judiciales, al advertir que el acto reclamado se funda en una norma declarada inconstitucional en jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal, están obligados a suplir la deficiencia de la queja y a observar la jurisprudencia respectiva, a fin de dejar insubsistente, en el caso jurídico sometido a su decisión, la aplicación

de la ley inconstitucional, ello incluso cuando no sea alegado de manera destacada por el gobernado. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias de rubros: “suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76º bis, fracción i, de la ley de amparo. Se surte aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.”; “Suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76º bis, fracción i, de la Ley de Amparo. Opera, aunque no se haya planteado en la demanda la inconstitucionalidad de la ley.”; Y, “fundamentación. Es indebida la resolución apoyada en precepto legal declarado inconstitucional por la suprema corte de justicia de la nación”.3   II. JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES El juicio de amparo contra leyes es el medio por el cual se puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una ley, reglamento o tratado; al ser este juicio el medio de control constitucional, en cuanto se refiere a la obligación de las autoridades de acatar el mandato supremo respetando los derechos públicos subjetivos que reconoce, y en su caso, el ámbito competencial dado, conociendo del mismo los tribunales de la Federación, tal y como lo previenen los artículos 103º y 107º (fracciones VII y VIII) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114º, fracción I, de la Ley de Amparo. Reitera lo anterior el autor Héctor Fix-Zamudio, al decir que “debe considerarse como la única vía efectiva a través de la cual se pueden plantear las cuestiones relativas a la contradicción entre los preceptos

3 AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA. (No. Registro: 179,125, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Marzo de 2005, Tesis: P. VIII/2005, Página: 5).


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legislativos ordinarios y los de la Constitución Federal”4, y sostiene que existen principalmente dos problemas en el amparo contra leyes: los medios de impugnación para solicitar la protección de leyes inconstitucionales y la oportunidad o procedencia de la reclamación constitucional. Tratándose de impugnación de leyes autoaplicativas, no es imprescindible la existencia de un acto concreto de aplicación, sólo que por su sola vigencia ocasionen un perjuicio; y en el caso de leyes heteroaplicativas, comienzan a regir sin que provoquen un perjuicio, ya que éste se producirá hasta que la disposición sea aplicada en un acto concreto -dentro del juicio de amparo directo, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales ya no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o revocados-. De conformidad con las reglas de procedencia del juicio de amparo contra leyes, sea en amparo indirecto o en el amparo directo, la primera es apta para combatir la inconstitucionalidad de una norma a partir del momento en que comienza a regir o a partir del primer acto de aplicación, pero indudablemente se refiere a supuestos fuera de un proceso jurisdiccional, luego que la mayoría de los casos se infunde sobre actos administrativos no jurisdiccionales; en cambio, cuando la inconstitucionalidad de la ley pretende combatirse dentro de un procedimiento jurisdiccional, precisamente bajo el acto concreto de aplicación, debe observarse que se trata de otro supuesto. En atención a lo dispuesto en el artículo 158º de la Ley de Amparo, una la ley puede impugnarse por sí sola, siempre y cuando con su expedición ocasione un perjuicio

personal y directo al gobernado, es decir, se trate de una norma autoaplicativa. De lo que se desprende que en dicho artículo de la Ley de Amparo se dispone que cuando en el juicio de amparo surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo se harán valer en el amparo directo cuando proceda en contra de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; la procedencia del amparo directo se satisface cuando previamente ha sido llevado un procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, la diferente reglamentación procesal, según sea el tipo de juicio, prevé diversos medios de impugnación ordinarios; sin embargo todos concluyen con

Ordinariamente los juicios concluyen con el dictado de la sentencia definitiva una sentencia, laudo o resolución definitiva que ya no pueden atacarse ordinariamente, luego entonces procede el amparo directo. Así, una sentencia se considera definitiva para efectos del juicio de amparo directo en los siguientes dos casos: a) Cuando decide el juicio en lo principal y las leyes no concedan ningún recurso ordinario en virtud

del cual pueda ser modificada o revocada. b) Cuando dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente a los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice. Ordinariamente los juicios concluyen con el dictado de la sentencia definitiva en los términos precisados, que resuelve el juicio en lo principal; sin embargo, también pueden finalizar sin que se resuelva la materia del fondo de la contienda, por lo que de acuerdo con el artículo 44º de la Ley de Amparo, también resulta procedente al juicio de amparo directo contra resoluciones que, sin decidirlo en lo principal, pongan fin al juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un razonamiento que contiene la diferencia entre el amparo directo y el amparo indirecto contra leyes, con la siguiente tesis de rubro: “Amparo contra leyes. Sus diferencias cuando se tramita en las vías indirecta y directa”5. De las notas distintivas que describe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende el tratamiento que debe dársele a la procedencia del amparo directo contra leyes cuando la sentencia combatida es el segundo acto de aplicación de la norma acusada de inconstitucional, y principalmente por los siguientes motivos: a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables, mientras

4 Fix-Zamudio, Héctor. “Ensayos sobre el derecho de amparo”. UNAM. México, p. 174 5 Registro No. 179125, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Marzo de 2005, Página: 5, Tesis: P. VIII/2005, Tesis Aislada, Materia: Común

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que en el amparo directo la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza como autoridades responsables a sus autores, tal diferencia es esencial, pues el que la ley en el amparo directo contra leyes no constituya el acto reclamado, sino la sentencia, significa que la finalidad es verificar si ésta es válidamente sostenida en una norma que respete los principios más importantes de la sociedad, plasmados en la Constitución. La oportunidad en la asignación es cuando un juez pretende hacer justicia, para lo cual se debe ver impedido si se fundamenta en una regla que rebasa los límites naturales de la misma, tal oportunidad, no puede ser prevista por el quejoso. b) En la vía indirecta el amparo concedido contra la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, luego entonces no se le aplicará mientras esté vigente; mientras que en la vía directa el amparo se concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al peticionario de amparo. El efecto de la sentencia favorable en el amparo directo contra leyes, tiene implícito la posibilidad de que el amparo sea procedente ya sea en contra del primer, segundo o ulterior acto de aplicación. Si sólo fuere en contra del primero, como en general parece afirmarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el efecto del amparo directo contra leyes, también debería ser la desincorporación definitiva de la esfera jurídica del quejoso de la norma atacada de inconstitucional, ello no es así, el efecto de un amparo directo contra leyes favorable, solamente se refiere a la sentencia. 34

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c) En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del juicio; en cambio, en el amparo directo, así como en aquellos amparos indirectos promovidos después de haberse agotado un medio ordinario de defensa, deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera. Para la procedencia del amparo directo en contra de una ley, es necesario que la ley considerada inconstitucional se aplique en la sentencia definitiva, como lo establece la siguiente contradicción de tesis:

La oportunidad en la asignación es cuando un juez pretende hacer justicia “AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158º y 166º, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones

que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el artículo 73º, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación”. 6 La jurisprudencia temática en materia de inconstitucionalidad de leyes es aquélla que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contrario a la Constitución Federal, y cuya construcción argumentativa revela un nivel de abstracción de tal índole, que evidencia el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Al respecto, el Pleno del Alto Tribunal, en las jurisprudencias siguientes,

6 No. Registro: 224,561, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Tesis: Página: 192)


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determinó: “suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la Ley de Amparo. Opera, aunque no se haya planteado en la demanda la inconstitucionalidad de la ley.”, “Suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la Ley de Amparo. Opera sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley.”, “Suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la Ley de Amparo. Es aplicable en amparos directo e indirecto, en primera instancia o en revisión.” Y “suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la Ley de Amparo. No implica soslayar cuestiones de procedencia del juicio de garantías”.7 Ahí quedó establecido que tratándose de la aplicación de una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia, debe realizarse el estudio correspondiente sin importar que se trate del segundo o ulterior acto de aplicación, es decir, aun en el supuesto de que haya sido consentida o en el caso de que la norma legal no se hubiese impugnado previa y autónomamente vía amparo indirecto, pues estas circunstancias sólo impedirán el otorgamiento de la protección constitucional contra la ley misma, lo que en el caso del amparo directo no se concretiza; luego entonces con relación a actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en los términos indicados debe, invariablemente, suplirse la deficiencia de la queja, incluso, cuando la jurisprudencia sea temática sobre dicha inconstitucionalidad. Por lo que la aplicación congruente de tales los criterios jurídicos destacados, permite concluir que cuando se plantean conceptos de violación en el amparo directo contra leyes, en el caso de que la inconstitucionalidad se haga derivar

del segundo o ulteriores actos de aplicación, en principio, por regla general, éstos deben calificarse como inoperantes por haber precluido la oportunidad de plantearlos en el momento procesal oportuno, debido a que debió impugnarse la norma a través del juicio de amparo indirecto; pese a ello al existir jurisprudencia específica o temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la inconstitucionalidad de la norma, dicha regla general de inoperancia no es aplicable, porque se actualiza una excepción, ya que si dicha jurisprudencia temática es aplicable, incluso oficiosamente de acuerdo con el artículo 76º Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, con mayor razón cuando existe agravio expreso.

un procedimiento ágil y transparente que facilita el balance entre el acusado y el ofendido En resumen, para que en un juicio de garantías uniinstancial sea posible y se pueda realizar el análisis de los argumentos contra la constitucionalidad de normas generales, el tribunal colegiado deberá verificar: a) Si la situación abstracta prevista por aquéllas efectivamente se concretó; b) Si respecto de tal norma, en caso de que se tratara de un amparo indirecto, el juicio resultaría improcedente; c) Si la eventual concesión del amparo contra la sentencia por la

aplicación de la norma controvertida, en caso de que resultara inconstitucional, efectivamente trascenderá en el acto impugnado de origen; y, d) La aptitud o eficiencia de los conceptos de violación para hacer el examen de constitucionalidad de leyes que se proponga. Sólo la concomitancia de esos presupuestos permitirá que el tribunal de amparo haga el estudio respectivo y llegue a la determinación que corresponda. De todo lo anterior podemos concluir que para emprender el análisis de inconstitucionalidad en el juicio de amparo directo, el tribunal colegiado deberá verificar si se reúnen las condiciones necesarias, para lo cual se toma en consideración que en este tipo de amparo, para el examen de constitucionalidad de una disposición de carácter general se requiere, por una parte, que la norma haya sido verdaderamente aplicada, esto es, que los efectos y consecuencias que en forma abstracta, general e impersonal estableció su creador, se vean efectivamente reflejados o concretizados en el acto gubernamental, de tal forma que el dispositivo jurídico constituya un basamento de la decisión contenida en aquél. Por tanto, tratándose de amparo directo contra sentencias definitivas, la viabilidad del análisis de los conceptos de violación contra las normas no sólo dependerá de que, en los términos apuntados, se haya aplicado la disposición y que respecto de ella no se actualice la improcedencia, sino de que los efectos de una eventual concesión del amparo se vean efectivamente reflejados en la pretensión que el

7 AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN ACTOS JUDICIALES. PREVALECEN LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO JUDICIAL. (No. Registro: 165,619, Tesis Aislada, Materia(S): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, enero de 2010, Tesis: I.4o.C.40 K, Página: 2008).

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peticionario hubiese planteado en el correspondiente juicio de origen. En efecto, la causa eficiente de la declaratoria de inconstitucionalidad de la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo, como consecuencia de la aplicación de una norma contraria a la Constitución Federal, debe ser de tal forma relevante, que sus efectos necesariamente tengan que verse proyectados sobre el acto impugnado de origen, evidenciando su ilegalidad, o cuando menos, que en virtud del amparo por la aplicación de la norma inconstitucional subsista la posibilidad de que, al emitir la responsable una nueva sentencia con plenitud de jurisdicción, pudiera llegar a declarar la ilegalidad del acto que primigeniamente se puso a su consideración. De lo contrario, si la protección constitucional carece de trascendencia en la pretensión originaria, de tal forma que aun con la concesión del amparo no subsista alguna expectativa de tal importancia, en que el juzgador primario deba emitir una nueva sentencia con libertad de jurisdicción, es innegable que los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en el juicio de garantías, en esos supuestos, resultarán inoperantes. En otros casos, en los que se tilda de inconstitucional una norma general por su afirmada contradicción con otra norma general o ley secundaria, el examen constitucional precisa de la existencia de la causa de pedir que en la especie no se colma con la exposición de contradicciones entre los textos legales, sino que requiere de la indicación de la garantía individual violada y de la precisión de razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada, y no por la que se utilice como parámetro comparativo, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera por 36

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más inconstitucional que resultara la norma comparativa, no aplicada, no podría concederse la protección federal. Esto porque los actos de autoridad de creación y vigencia de normas generales pueden combatirse en el juicio de garantías, con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional; sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas, y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional. El artículo 80º de la Ley de Amparo, prevé el alcance de los efectos restitutorios del agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada cuando se le ha otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o en cuanto sea de índole negativa o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la

garantía de que se trate y cumplir por su parte, lo que la misma garantía exija. Tratándose del amparo contra leyes, el efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma consiste en la desincorporación de la norma de la esfera jurídica del gobernado, desaplicándola en el presente y en el futuro. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107º, fracción II, constitucional y 76º de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran.


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El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11º y 116º, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76º bis, fracción I, y 156º, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22º, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis un acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. En ese sentido, la sentencia que otorga el amparo contra una ley impugnada como autoaplicativa, al igual que la protección constitucional conferida contra una ley reclamada

como heteroaplicativa, tiene como efecto el de impedir que esa ley sea aplicada válidamente al peticionario de garantías en lo futuro. Por tal motivo, una ejecutoria que otorga el amparo respecto de una ley que es impugnada con motivo de un acto concreto de aplicación no sólo tiene efecto respecto de ese acto concreto, sino también, para que esa ley no le sea aplicada válidamente en el futuro. De lo que se sigue que en un juicio de amparo contra una ley reclamada como autoaplicativa no es necesario que para satisfacer la pretensión consistente en la desaplicación de la ley a todos los casos en que pudiera tener aplicación, se reclame como autoaplicativa en otro juicio de amparo, por más que en cada uno de ellos se aluda a un bien o derecho distinto que pudiera verse afectado por la norma tildada de inconstitucional, en la medida en que con la concesión del amparo en el primero de los juicios quedaría satisfecha cualquier pretensión de la parte quejosa, pues los efectos del amparo serían respecto de toda su esfera jurídica o de cualquier interés jurídico que pudiera ser afectado. Además, debe señalarse que permitir que una norma autoaplicativa de observancia general pueda impugnarse en tantas ocasiones como bienes jurídicos del quejoso pudieran verse afectados, implicaría que en función de una misma persona se juzgara varias veces sobre el mismo acto reclamado, esto es, sobre la constitucionalidad de la misma norma, lo que contravendría la finalidad de la figura de la litispendencia protegida en la fracción III del artículo 73º de la Ley de Amparo, que es evitar el dictado de sentencias contradictorias y la posible afectación a la cosa juzgada, en la medida que podría suceder que en uno de los juicios se concediera el amparo y en el otro se negara, lo que redundaría en perjuicio del quejoso.

Por tal razón, el principio de relatividad de la sentencia de amparo no puede entenderse en el sentido de que la concesión de la protección contra una ley sólo tiene efectos en relación con la causa de pedir o pretensión del quejoso en función del bien que se trata de proteger en la demanda de amparo, pues ello atentaría contra la naturaleza y la finalidad del amparo contra leyes. III. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES EN EL AMPARO DIRECTO Las normas generales pueden ser objeto de impugnación en el juicio de amparo directo, competencia de los tribunales colegiados de circuito; la ley o norma general no se señalará como acto reclamado, sino que su “inconstitucionalidad” únicamente será materia de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, por lo que tampoco serán citadas como autoridades responsables las que se encargan de emitir, promulgar y publicar las referidas normas generales. Ello se debe a que, como se ha reiterado, los únicos actos de autoridad que pueden ser señalados en amparo directo son las sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio; por tanto, una ley o norma general no está contemplada como supuesto específico de procedencia del amparo directo, lo que se traduce en que para impugnar una ley en amparo directo se aducirán solamente en contra de ella conceptos de violación. La ley o norma general no puede ser señalada como acto reclamado en amparo directo debido a que el amparo contra leyes o normas generales en sí mismo sólo puede hacerse valer por vía de amparo biinstancial y ante los jueces de distrito, en términos de lo establecido por la fracción I del artículo 114º de TEPANTLATO

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la Ley de Amparo; debe llamarse a juicio a las autoridades que emitieron la norma general y a las que se encargaron de promulgarla; en cambio, cuando se promueve un juicio de garantías contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio porque se estime aplicada una ley inconstitucional, lo procedente es el juicio de amparo directo, sin señalar como acto reclamado la norma general que se va a rebatir. Esto es, el estudio de la inconstitucionalidad de la ley o norma general sólo puede hacerse a través de la expresión de los conceptos de violación en la demanda de amparo directo, y no como acto reclamado, pues la sentencia que se pronuncie en dicho recurso, considerando algún ordenamiento contrario a la Carta Magna, no producirá efectos sobre las autoridades que emitieron o promulgaron la ley, ya que el alcance de la ejecutoria será únicamente dejar insubsistente la resolución dictada en el juicio de origen, restituyendo al agraviado en el goce de sus garantías individuales en términos de lo dispuesto por el artículo 80º de la ley de la materia, al no tenerse como acto reclamado la norma general, tampoco puede tenerse como responsables a las autoridades a quienes se atribuyen dichos actos. El que la ley o norma general no sean señaladas como actos reclamados en el juicio de amparo directo, ni se emplace a comparecer a las autoridades que se encargan de emitirlas o promulgarlas, no significa que no podrá analizarse la inconstitucionalidad de dichos actos, pues aun cuando no funjan como actos reclamados, de cualquier forma el tribunal colegiado se ocupara de los planteamientos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas leyes o normas generales, pero sólo con base en los conceptos de violación 38

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esgrimidos por el quejoso respecto del acto reclamado, que en materia de amparo directo es la sentencia, laudo o resolución definitiva que pone fin a un juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que se aplica la ley inconstitucional. La resolución emitida en amparo directo donde se conceda el amparo tendrá efectos limitados únicamente en relación con el acto que se reclama, respecto de la aplicación de la norma considerada inconstitucional, en tanto que en la promoción del juicio de amparo indirecto, al señalarse como acto reclamado la ley o norma general y por ser citadas a comparecer a

Las normas generales pueden ser objeto de impugnación

juicio las autoridades participantes en el procedimiento legislativo, la sentencia que conceda el amparo al quejoso lo protegerá en contra de su aplicación no sólo presente, sino también futura: “LEYES INCONSTITUCIONALES, APLICACIÓN DE LAS. CUÁNDO SE RECLAMAN EN EL AMPARO DIRECTO. El amparo contra leyes en sí mismo como acto del poder legislativo, sólo puede hacerse valer por la vía de amparo indirecto ante juez

de Distrito si el acto reclamado versa sobre promulgación, publicación, vigencia y acto de aplicación de la misma; y en este caso, debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en su elaboración, publicación y vigencia, surtiéndose la aplicación del artículo 166º fracción IV de la Ley de Amparo; pero el anterior precepto no resulta aplicable cuando se promueve amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que hubieren puesto fin al juicio porque se estime aplicada una ley inconstitucional, ya que en este caso el aplicable es el artículo 166º fracción IV segundo párrafo del ordenamiento legal en consulta; y por ende, no es procedente llamar a juicio a las autoridades que intervinieron en la elaboración y publicación de la ley”.8 IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES La norma legal debe ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente, para que ello pueda tenerse por colmado, es necesario que en lo alegado por el justiciable, de forma indispensable, se destaque lo siguiente: a)Señalamiento de la norma de la Carta Magna. b)Invocación de la disposición legal secundaria que se designe como reclamada. c)Conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada

8 No. Registro: 224,561, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Tesis: Página: 192)


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resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de dichas premisas esenciales, surgirá la obligación de examinar el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. En ese sentido, se ha pronunciado la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166º, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir

del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes.”9 V. EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO

Por regla general, la sentencia que se dicte en el juicio de amparo directo por los tribunales colegiados de circuito no admite recurso ulterior alguno. De manera excepcional, dicha resolución será impugnable a través del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista un pronunciamiento del tribunal colegiado sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción del artículo 89º constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, o cuando se establezca la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna, en cuyo caso, la materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma general, sin poderse comprender otros aspectos. El artículo 83º, fracción V, de la Ley de Amparo establece que “Procede el recurso de revisión contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89º constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras”.10

9 (Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- X, Noviembre de 1999.- Tesis: 1a./J. 58/99.- Página: 150). 10 Ley de Amparo. Edit. Sista. México, 2010.

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JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Entonces, el recurso de revisión será procedente en contra de sentencias que pronuncien los tribunales colegiados de circuito en amparo directo, cuando decidan cuestiones de constitucionalidad de: a) Leyes federales o locales. b) Tratados internacionales. c) Reglamentos federales o locales (sólo los denominados reglamentos de ejecución). d) Cuando interpreten directamente algún precepto constitucional. Para la procedencia de la revisión a que aludimos en contra de reglamentos expedidos por los titulares del Poder Ejecutivo Federal o Local, éstos deben ser de los llamados de ejecución, pues así explícitamente lo consigna el artículo en cuestión. Además del requisito anotado, para que sea procedente la revisión en contra de sentencias de tribunales colegiados, se debe verificar la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; la oportunidad del recurso; la legitimación procesal del promovente; si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o en su caso, si en dicha sentencia se omitió el estudio

de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, si se reúne el requisito de importancia y trascendencia, requisito que es de naturaleza jurisprudencial. Un asunto es de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte, cuando de los conceptos de violación planteados por el quejoso se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, es decir, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie en la revisión establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad de leyes. Por otro lado, ha expresado la Suprema Corte que deberá considerarse que un asunto no reúne estos requisitos cuando ya exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad que se somete a consideración del alto tribunal, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes. Los requisitos que hemos visto se refieren a la procedencia del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por tribunales colegiados

en amparo directo; sin embargo, no hay que soslayar la circunstancia de que las tesis emitidas por la Suprema Corte van más allá de lo que dispone la Ley de Amparo en el artículo citado, pues el requisito de importancia y trascendencia no lo contempla la legislación aplicable. BIBLIOGRAFÍA • Aguilar Álvarez y de Alba Horacio. “El amparo contra leyes”, Editorial Trillas S.A. México, 1990 • Álvarez del Castillo, Enrique. “La Legitimación para defender la constitucionalidad de las leyes”. Editorial Ilemsa, México, 1947. • Burgoa Orihuela Ignacio. “El juicio de amparo” Editorial Porrúa S.A. México 1995. • Carranco Zuñiga Joel, “Amparo Directo Contra Leyes” Editorial Porrúa S.A. México 2000. • Castro y Castro Juventino. “Garantías y Amparo” Editorial Porrúa S.A. México. • Fix-Zamudio, Héctor. “Ensayos sobre el derecho de amparo”, UNAM, México, 1993. • Ojeda Bohórquez Ricardo, “El amparo contra normas con efectos generales”. Porrúa. México, 1998. • Pallares Eduardo. “Diccionario teórico y practico del juicio de amparo”, Editorial Porrúa S.A. México 1975.  

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MTRO. LUIS ENRIQUE VILLATORO MARTÍNEZ GERENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

CURRICULUM VITAE TRAYECTORIA ACADÉMICA *Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. *Título de Especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. *Maestría en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Estudios de Planeación de Defensa en el Centro de Estudios

Hemisféricos de Defensa (CHDS) de la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, DC.

*Diplomado en Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

DIPLOMADOS

SEMINARIOS

*Diplomado en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República.

*Seminario Avanzado de Formulación de Política: Amenazas Transnacionales, Coordinación Interinstitucional y Transformación de Defensa, organizado por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa y Comando Sur, sede El Salvador.

*Diplomado en Gestión Gerencial de Política Criminal por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Actualmente es catedrático de la Universidad Tepantlato.

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El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL ESTADO-NACIÓN Y SUS RAZONES III. EL DERECHO PENAL COMO HERRAMIENTA PARA MANTENER LA SEGURIDAD NACIONAL. IV. DERECHO PENAL AUTORITARIO. UN DERECHO DE AVANZADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. V. EL DERECHO PENAL CONTRA UN VIEJO ENEMIGO VI. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. I. INTRODUCCIÓN El concepto de seguridad nacional, en el marco del Estado constitucional, nos obliga a identificar un elemento más que nos lleva a la modernidad en materia jurídica: el derecho penal del enemigo, cuyos precursores son Claus Roxin y Günter Jackobs. No cabe duda de que el concepto de Seguridad Nacional es altamente manejado por esta teoría jurídicopenal, sobre todo en la elaboración de la política criminal (materia cuya importancia radica en ser la síntesis de las ciencias penales). Abordar el tema de seguridad nacional y el de derecho penal del enemigo se antoja demasiado ambicioso para ser agotado en unas cuantas líneas, sin embargo, propongo en este artículo sólo el material suficiente para abordar el tema desde un punto de vista científico-social, que bien puede considerarse desde el punto de vista de las ciencias penales, aunque el lector puede tenerlo -válidamentedesde un punto de vista jurídico o político. El concepto teórico de seguridad nacional no es suficiente si se quiere comprender el acontecer actual en materia de derecho penal. Para determinar el alcance de la fuerza que tiene el concepto mencionado, se requiere entender la historia del propio Estado y sus componentes.

en el párrafo anterior, es posible comprender al derecho penal del enemigo, como la resulta de una reformulación del concepto de Seguridad Nacional que se viene fraguando desde 1980.

de los especialistas y académicos de la seguridad nacional en torno a la utilidad del concepto tradicional. Esta discusión tuvo su origen en el resurgimiento de la noción clásica de la seguridad nacional.

Es por lo anterior que en el presente artículo se trata de comprender cuáles son las razones o causa eficiente del Estado nación, para de esta manera entender en segundo plano el concepto de seguridad Nacional y su relación con el derecho penal. El siguiente punto será conocer o reconocer al enemigo del derecho penal en boga por los ius funcionalistas. Por último someto a su consideración las conclusiones.

El argumento central utilizado para ampliar el concepto tradicional fue la serie de cambios económicos que se estaban dando a nivel internacional, como la creciente globalización de la economía.

El concepto teórico de seguridad nacional no es suficiente si se quiere comprender el acontecer actual en materia de derecho penal. II. EL ESTADO-NACIÓN Y SUS RAZONES ¿Cómo surge el Estado nación?, ¿En qué consiste?, preguntas como estas son las que surgen a partir de la sola propuesta del concepto Estadonación, sin embargo la cuestión a despejar es ¿Cuál es el alcance y poder que tiene este concepto compuesto? Veamos: A mediados de la década de los 80’, en los Estados Unidos, se generó un intenso debate entre la comunidad

La corriente de pensamiento que abanderó la ampliación del espectro de amenazas a la seguridad nacional identificó tres tipos de amenazas: “1) Las económicas; 2) las creadas por una escasez de energía y materia prima o por cambios en el medio ambiente mundial; y 3) las amenazas a la seguridad nacional o internacional derivadas de problemas sociales internos.”1 Cabe destacar que dos de las razones mencionadas en el párrafo anterior (1 y 3) para ampliar el espectro conceptual de la seguridad nacional, se revelarían posteriormente como causas eficientes de la modificación en algunas conductas delictivas de los delincuentes, que más tarde estudiarían la criminología y la política criminal. Dado el complejo panorama económico, la dinámica delictiva ha elevado sus niveles de violencia, creando una polarización de la población y dando lugar a brotes de problemas sociales que ponen en peligro al régimen estatal en turno y deteriora gravemente y a paso galopante su legitimidad. En el otro extremo, los especialistas y académicos partidarios de una política internacional agresiva de la administración Reagan resaltaron las bondades del enfoque tradicional.

1 Rockwell, Richard C. y Moss, Richard H., “La reconceptualización de la seguridad: un comentario sobre la investigación” en Aguayo Quezada, Sergio y Michael Bagley, Bruce (Comp.), En busca de la Seguridad perdida, México, Siglo Veintiuno Editores,

De acuerdo con lo mencionado 44

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1990, p.56.


El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Esta escuela de interpretación argumentó que era necesario continuar con un concepto militar y geo-estratégico similar al de la Guerra Fría. Y por el contrario, pensaban que su ampliación lo dejaría reducido a una categoría residual. Precisamente se trataba de evitar tener a la seguridad nacional como un concepto altamente intercambiable con la seguridad pública y elevar las connotaciones de su concepto. Con la desaparición del conflicto bipolar que planteó la Guerra Fría, los intentos por desmilitarizar el concepto se hicieron más amplios. Así, por ejemplo, construcciones teóricas como las de Azar, Moon y Barry Buzan partieron de entender que: 1) Era necesario ampliar el tipo de amenazas que afectaba a los intereses nacionales y que éstas dependían de la diversidad de situaciones que los diferentes Estados enfrentaban, y; 2) que la relación entre Estado y nación era más compleja que aquella que sugería el modelo simple, donde no se reconocía la permeabilidad de las sociedades ni las amenazas de tipo interno. En el caso del trabajo teórico de Azar y Moon, el valor explicativo radicó en el cuestionamiento del enfoque estratégico ante problemas de seguridad típicos de las naciones llamadas débiles. De acuerdo con estos investigadores, en la literatura clásica se ha subestimado la importancia de los factores internos en la determinación de las amenazas a las naciones en desarrollo, donde los retos son de origen más endógeno que exógeno.2 En este tipo de naciones, una política frágil, la erosión en la legitimidad política y el ejercicio del poder de forma rígida y autoritaria puede tener serias consecuencias para la seguridad nacional. La política criminal bajo la visión

de Azar y Moon tiene un alto valor estratégico del ejercicio racional y oportuno del control social, que dotaría al régimen de unidad directiva y mayor identidad al ciudadano. La relación individuo-Estado que se da bajo el derecho penal como medio, deberá variar de acuerdo a la amenaza que represente al Estado la conducta del individuo. Respecto al intento de reconceptualización de Barry Buzan, el valor explicativo de su contribución exige un tratamiento más extenso. Para Buzan el concepto de seguridad nacional implica fuertemente que el objeto de la seguridad es la nación.3 De acuerdo con esta interpretación,

Con la desaparición del conflicto bipolar que planteó la Guerra Fría, los intentos por desmilitarizar el concepto se hicieron más amplios.

sostenida por un grupo de gente. Y como una derivación lógica de esta interpretación, Buzan deduce el siguiente silogismo: “Si el corazón del Estado reside en mantener la idea de Estado en la mente de la población, y la idea de Estado es finalmente la causa eficiente de éste, entonces esa idea por sí misma comienza a ser un objeto mayor de seguridad nacional.”4 Bajo el contexto que ofrece el razonamiento mencionado en el párrafo anterior, es deseable tener no sólo la fuerza letal y fiel del Estado (el ejército), en constante identificación de amenazas del exterior, sino también mantener la última ratio del Estado (el derecho penal) con la suficiente capacidad multifacética efectiva, como para eliminar al agente dañoso que pone en riesgo al Estado y readaptar al ciudadano que pone en riesgo los derechos personalísimos catalogados como bienes jurídicos tutelados de otro integrante de su sociedad.

la nación entendida como un extenso grupo de gente que comparten la misma cultura y, posiblemente, la misma herencia racial y étnica, define en mucho la relación entre Estado y sociedad, así como sus riesgos y prioridades.

La introducción de esta idea-fuerza le permite a Buzan plantear un modelo de análisis basado en una concepción trinitaria del Estado, donde su naturaleza -o en otras palabras, la esencia de la seguridad nacionalpuede ser explorada a través de tres elementos que constituyen por sí mismos objetos referenciales de la seguridad, como se observa en la figura 1: I) La idea del Estado; II) la expresión institucional del Estado, y; III) la base física del Estado.5

Del estudio de este binomio, Buzan deduce que el Estado en muchos sentidos representa, más que un organismo físico, una idea en común

¿Pero, para Buzan, cuáles son los elementos centrales que definen al Estado dentro de esta conceptualización trinitaria? En

2 Azar, Edward E. y Moon, Chung-in. National security in the third world. The management of internal and external threats, Inglaterra, Center of international Development and Conflict Magnament, 1988. p.12. 3 Buzan, Barry. People, states and fear. An agenda for international security studies in the post cold war era, Great Britain, Billing and Sons Ltd, 1991, p. 70. 4 Ibídem., p. 64. 5 Ibídem., p.65.

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función de su exposición es posible distinguir tres elementos: I) Una base física de población y territorio; II) instituciones de algún tipo que gobiernen la base física que se corresponde con la expresión institucional, y; III) alguna idea de que el Estado que se establece es legítimo en la mente de la población. De esos elementos Buzan desprende los factores adicionales que los acompañan, y que distinguen al Estado de otras formas de organización social. Estos son el tamaño del Estado y el ejercicio de su soberanía. Figura 1

es la existencia de constantes conflictos sociales y con frecuencia, la incrementación de los niveles de violencia a nivel social, pero también a nivel político-institucional. Ante un escenario de esta índole, es factible que el Estado soporte la situación instrumentando políticas criminales cuya característica sea la utilización de la violencia excepcional, pero también un saneamiento de sus políticas sociales y culturales. En cuanto al ámbito externo, la identificación de amenazas deberá ser constante y tendrán que diversificarse un poco más para abarcar temas como economía, globalización, transferencia de tecnología. Sin embargo, en el ámbito interno tal

III.EL DERECHO PENAL COMO HERRAMIENTA PARA MANTENER LA SEGURIDAD NACIONAL En nuestro país se ha decido adoptar la lógica imperante en las ciencias penales, con la que se tratan de incentivar mecanismos de justicia alternativa como factores que ayuden a un restructuración social, y de esta manera tener al derecho penal como la última ratio del Estado. Hablar apropiadamente del derecho penal como un derecho de excepción, será más apropiado en este contexto, puesto que en el se tendrá la manifestación más agresiva del Estado en su interior.

Idea del estado

La base física del estado

La expresión institucional del estado

Fuente: Buzan, Barry. People, states and fear. An agenda for international security estudies in the post-cold war era.

Ubicado el vértice de la trinidad -esto es, la idea de Estado- Buzan6 eñala que éste personifica el vínculo ideológico que se establece entre Estado y nación, y que es más complejo y permeable que aquél que reconoce el modelo simple, o noción clásica. Según el teórico, la identidad nacional es un componente vital dentro de la idea de Estado si se parte de considerar que existen Estados que forman naciones, naciones divididas en dos o más Estados y sociedades multinacionales. A partir de este criterio Buzan propone cuatro modelos básicos:

Sin identidad nacional, la solidaridad social se ve ampliamente afectada parece que toma mayor fuerza hablar de un derecho penal y, en general, un sistema penal de excepción aún mayor. El Estado-nación una vez identificado como tal, debe su consolidación y permanencia en la constelación de las naciones a la última ratio instrumentada para efectos de control social y defensa del Estado, utilizadas una con mayor eficacia en el ámbito interior y otra en el ámbito exterior correspondiente: hablamos del derecho penal y de las Fuerzas Armadas.

I) Nación-Estado; II) Estado-nación; III) nación parte-Estado y IV) Estadomultinacional. Sin identidad nacional, la solidaridad social se ve ampliamente afectada, y la resulta de una sociedad desunida 46

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6 Ibídem., pp. 69-82.

Moisés Moreno Hernández, al referirse al proyecto de reformas al sistema penal mexicano, propuesto por el Ejecutivo de la Unión en el año 2004 se refería al Derecho Penal como última ratio de la siguiente manera: “… por lo que hace a la exposición de motivos de la propuesta de reformas a la Constitución, se afirma por una parte que el rediseño del sistema procesal vigente obedece a la idea de hacerlo acorde con los principios del Estado democrático de derecho, que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asumidos por México; de ahí la necesidad de introducir en el sistema procesal acusatorio los principios de oralidad, inmediación, contradicción, publicidad, concentración, economía procesal y presunción de inocencia, que tendrá como resultado un sistema de justicia penal realmente garantista y democrático. Por otra parte, se indica el uso


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de ‘justicia alternativa’, para fomentar la ‘justicia restaurativa’ y ‘recomposición social’, permitirá utilizar al derecho penal como ultima ratio”7 Reforzando lo hasta ahora expuesto, Buzan plantea su dilema de la siguiente manera: “Los gobiernos pueden fácilmente explotar el vínculo entre su propia seguridad y la del Estado para incrementar su control sobre la política interna... (así) los gobiernos pueden acrecentar su fuerza contra los opositores internos... (sin embargo) el uso de la fuerza es más legítimo en lo internacional que en la arena interna, pero si la seguridad nacional es invocada, entonces esta obtiene una gran legitimidad en el contexto interno.”8 En síntesis, Buzan concluye que los Estados fuertes son aquellos en donde se distingue que la idea de Estado posee una fuerte legitimidad en la sociedad nacional. Los Estados débiles, por el contrario, a partir de su bajo nivel de legitimidad y de los múltiples problemas que acarrean a escala interna plantean dificultades en su clasificación.9 De ahí que enumere una serie de condiciones susceptibles de hallarse en este tipo de Estado: I) Altos niveles de violencia política; II) Un evidente rol de la policía política en la vida de los ciudadanos; III) Conflictos políticos mayores con relación a la ideología que será usada para organizar el Estado; IV) Ausencia de una identidad nacional coherente, o presencia de una contienda de identidades nacionales adentro del Estado, y; V) Ausencia de una clara jerarquía de autoridad política.

En el caso de México, el ejercicio del poder en forma autoritaria por el régimen político surgido de la Revolución -sistema basado en la concentración del poder político en la presidencia y en un partido de Estado capaz de ejercer una política corporativa- creó una idea de Estado con baja legitimidad en la sociedad nacional. Particularmente, los aspectos relacionados con los altos niveles de violencia política en diferentes etapas del régimen, el rol de la policía política a partir de 1948 con la creación de la DFS y los conflictos relacionados con el proyecto de nación donde no existió un acuerdo básico acerca de los valores y la ideología, caracterizaron

el desarrollo del narcotráfico en México se dio en función de sus nexos con el sistema político posrevolucionario a este régimen posrevolucionario. En el caso de su relación con el crimen organizado, este sistema político creó un tipo de cooperación políticocriminal segmentada, puntual y sistémica con los traficantes de drogas, que perduró hasta la decadencia de este régimen a través de arreglos situacionales. En este sentido, el desarrollo del narcotráfico en México se dio en función de sus nexos con el sistema político posrevolucionario.

Ello de facto plantea un problema de seguridad del régimen, lo que sugiere la imposibilidad de tipificar al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional durante el lapso de vida del régimen surgido de la Revolución. Si bien en el año 2000 existe un parteaguas en la vida democráticoparticipativa del país, también existe un cambio de modelo al final del primer sexenio presidencial del gobierno de oposición y se establece una “lucha contra el crimen organizado” que encabezaría la política criminal del país. A la luz de la criminología se podría decir que México está tratando de implementar un control social posmoderno; se ha denominado así “… a la oposición de reglas internacionales que hacen los países centrales a los Estados periféricos, obligándolos a pasar de la premodernidad político-jurídica en que viven, a la posmodernidad del control legal y de facto, extraterritorial.10 ” Nuestra nación se concibe entonces como un país que en aras de salvaguardar la seguridad nacional ha adoptado una serie de reglas que vienen del exterior; de esta manera se busca un progreso mayor en el desarrollo de las estrategias político-jurídicas para mantener la legitimidad del régimen al interior y unidad nacional proyectada al exterior. IV. DERECHO PENAL AUTORITARIO. UN DERECHO DE AVANZADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL No es suficiente tener un concepto

7Moreno Hernández, Moisés. “Principio de ultima ratio o expansión del Derecho penal”, García Ramírez, Sergio, et. al. (Coord.), La reforma a la justicia penal, México, 2006, p. 311. 8 Buzan, Barry. People, states and fear. An agenda… Op. cit. p.89. 9 Vid. Buzan, Barry. “Third world regional security in structural and historical perspective” en L. Job, Brian. (Ed.) The insecurity dilemma. National security of third world states. United States of America, Lynne Rienner Publishers, 1992, p.167-189. 10 González Vidaurri, Alicia y Sánchez Sandoval. Augusto. Criminología, 3ª ed., México, Porrúa, 2010, p. 193.

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El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

como el de seguridad nacional para despertar el sentido de unión y defensa ante el enemigo por parte de una colectividad. Una de las características del Estado es hacer sentir su fuerza al enemigo a través de sus manifestaciones. La manifestación óptima para hacer sentir el poderío del concepto de seguridad nacional será su fuerza armada y su sistema penal, constituyéndose ambos como la última ratio del Estado, pero como elemento indispensable para la instrumentación de su gobierno y control social. “Toda organización política se justifica por la forma como atiende a las grandes necesidades colectivas. El Estado como institución político colectiva debe responder a necesidades también colectivas, de allí que se considere incontrovertible que la protección del individuo y de la sociedad constituye su tarea fundamental y primaria.”11 La seguridad nacional se define como la función propia del Estado de repeler agresiones de otros Estados para preservar su régimen. Existen factores internos que incluso pueden poner en riesgo el régimen del Estado, es por ello que la seguridad nacional entra en acción a través de un régimen penal (que casi siempre tiende a endurecer su acción contra el agente dañoso) tendiente a incrementar su grado de violencia y, con ello, tratar de fortalecer el orden interno. La seguridad nacional y el derecho penal tienen un punto de encuentro que se traduce en el Estado y el individuo, dicha relación la explica Sergio García Ramírez de la siguiente manera:

también tiene asiento preferente en el orden de los delitos y las penas-, es preciso tomar algunas decisiones fundamentales, de las que dependerá el sistema penal y todo lo que este representa, que no es poca cosa: el control y el manejo del arsenal punitivo, desde la picota hasta el patíbulo. Estas decisiones son las selecciones político-penales sobre las grandes cuestiones en las que se funda el sistema penal entero…” 12 Es en el momento del encuentro Estado-individuo cuando encontramos efectivamente al Estado-nación débil o fuerte (débil cuando recurra al autoritarismo o

No es suficiente tener un concepto como el de seguridad nacional para despertar el sentido de unión y defensa fuerte cuando recurra a un régimen democrático) y, como consecuencia, el énfasis y fuerza de la seguridad nacional en el derecho penal a instrumentar. Sergio García Ramírez nos habla de Mireille Delma-Marty, jurista francesa contemporánea que se ha pronunciado con respecto a la “guerra contra el crimen” de la que se habla en varios países del mundo, principalmente Latinoamérica

(Colombia y México), la cual nos dice: “el nuevo paradigma, progresivamente extendido a la mayoría de los países, democráticos o no, consagra una doble ruptura: tomando prestados los elementos del derecho de la guerra, pretende militarizar el derecho penal nacional, apartando las garantías del derecho internacional al punto de llevar, por el menosprecio de las prohibiciones establecidas en el derecho humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos, a una re-nacionalización de lo inhumano. ”13 “En este sentido se ha desenvuelto el denominado Derecho penal del ‘enemigo’, tema de constante y vigoroso debate, que en su versión más conocida contra el crimen: por una parte, el Derecho ordinario, de signo democrático y garantista, heredero de las antiguas tradiciones liberales; por la otra, el Derecho ‘especial’ – del enemigo-, con garantías reducidas o condicionadas, o sin ellas. Lamentablemente, el ordenamiento penal mexicano, que durante mucho tiempo sólo navegó –con irregular fortuna- en aquellas aguas, ha impedido la travesía en éstas. ”14 El derecho penal del enemigo, también denominado el derecho penal autoritario, Muñoz Conde nos dice que “hablar de un ‘derecho penal autoritario’ es de algún modo hablar de lo obvio, pues no hay un derecho penal que no sea ‘autoritario’; es más, el derecho penal es el más autoritario de todas las ramas del ordenamiento jurídico y probablemente de todos

11 Aguilar Camacho, Mario Jesús. “La seguridad pública y la actividad policial como fundamentos de la autonomía municipal”, Cisneros Farías, Germán, et al. (Coord.), Seguridad Pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo,

“En este encuentro entre el ser humano y el Estado que representa o dice representar a la sociedad –bien informada o hábilmente manipulada; la demagogia 48

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México, UNAM-IIJ, 2007, p. 1. 12 García Ramírez, Sergio. La reforma penal constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, México, Porrúa, 2010, p. 5. 13 Delmas-Marty Mirelle. Citada por ibídem., prólogo, p. XXIII. 14 Ídem.


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los sistemas formalizados del control social.” 15 Los parámetros impuestos al derecho penal que se manejaba cotidianamente quedan totalmente extralimitados cuando se convierte en un derecho penal autoritario. Este derecho penal se caracteriza por incluso rebasar el ámbito territorial para perseguir a los agentes dañosos en cualquier parte; es por ello que resultan de gran importancia los acuerdos diplomáticos con otras naciones en materia de política criminal.

Esta última afirmación hecha por el maestro Muñoz Conde, nos conduce al tema tratado a lo largo de este documento. La seguridad nacional como concepto político, con una carga emotiva que anima a los pobladores de un Estado a unificarse e incluso sacrificar más de lo debido para poder continuar escribiendo una historia común, justifica fácilmente la existencia de un derecho penal avasallador que incluso se mantiene en operación con tácticas similares a la de los militares. Expresión tan grande del poderío del Estado, de manera tan acabada que no se había visto.

Para Muñoz Conde el derecho penal del enemigo surge a partir de las siguientes razones: •A partir del atentado a las Torres Gemelas de New York, el poder hegemónico de Estados Unidos se vio directamente afectado, y a partir de ese momento decidió librar una batalla en contra de aquello que considera pueden representar una amenaza al régimen impuesto por ellos. •Se boicotea la competencia de la Corte Penal Internacional, diseñada para castigar crímenes de lesa humanidad. •Porque al amparo de esta situación internacional se le dota de legitimidad a legislaciones excepcionales en materia de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado e inmigración. •Esta tendencia se constata nacional e internacionalmente, e incluso puede esta ideología llegar a permear en los órganos de procuración y administración de justicia y provocar violaciones sistemáticas a los derechos de los individuos. •Porque se antepone el valor ‘seguridad’ a cualquier otro valor, utilizándolo como pretexto para no hacer los cambios económicos y sociales necesarios para reducir los niveles.” 16

La esencia del derecho penal será la única luz en el camino de su estudio y adecuada aplicación en el ámbito prescriptivo.

Mientras en materia de seguridad nacional, desde un punto de vista militar, se habla de posiciones de avanzada para la mejor distribución de tropas y apoyos, con la finalidad de reaccionar ante la sorpresa de un ataque enemigo o conflicto social que ponga en peligro al régimen; ahora se habla de un derecho penal de avanzada, aquel derecho penal que adelanta las líneas de auto defensa del estado para amedrentar al agente peligroso y disuadirlo, de lo contrario la actuación del sistema penal sería sorpresiva y altamente represiva.

Las paradojas que nos ofrece el escenario mexicano se antojan insólitas, aunque en la realidad mundial no se aleja del todo de otros escenarios en la actualidad, pero tampoco del devenir histórico, seria conveniente saber ante qué enemigo nos batimos en duelo. V. EL DERECHO PENAL CONTRA UN VIEJO ENEMIGO La esencia del derecho penal será la única luz en el camino de su estudio y adecuada aplicación en el ámbito prescriptivo. A la teoría toca identificar simplemente la forma de aplicación del mismo y hacer constantes propuestas a través de críticas constructivas, que ayuden a reivindicar el camino hacia la prudencia. Que si existe la aplicación de dos o más derechos penales en un Estado, o si es que tenemos que vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales antes que el Estado ejerza su autoridad punitiva, han sido algunos de los tópicos que se han manejado a lo largo de la historia del derecho penal, pero ahora envuelve con más frecuencia al tema del autoritarismo, de enemigos o contra los enemigos. Claro, los enemigos serán los agentes dañosos que puedan poner en riesgo el régimen estatal. Don Francisco Muñoz Conde nos hace evidente que la existencia del derecho penal del enemigo es ya bastante antaña, pero que ahora se le ha identificado con mayor facilidad, y cita a Edmundo Mezger, que en el año de 1943, en uno de los informes que redactó para un proyecto de ley sobre el tratamiento de ‘extraños a la comunidad’ del gobierno nacionalista, apuntó lo siguiente:

15 Muñoz Conde, Francisco. “El nuevo Derecho Penal autoritario: consideraciones sobre el llamado ‘derecho penal del enemigo’”, Peláez Ferrusca, Mercedes y Ontiveros Alonso, Miguel Coord., Influencia de la Ciencia Penal alemana en Iberoamérica. Homenaje a Claus Roxin, México, INACIPE, 2006, Tomo I, p. 117. 16 Ibídem., pp. 118 y 119.

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“En el futuro habrá dos (o más) derechos penales, • Un derecho penal para la generalidad (en el que en esencia seguirán vigentes los principios que han regido hasta ahora), y • Un derecho penal (completamente diferente) para grupos especiales de determinadas personas, como, por ejemplo, los delincuentes por tendencia. Lo decisivo es en qué grupo debe incluirse a la persona en cuestión… …Una vez que se realice la inclusión, el derecho especial (es decir la reclusión por tiempo indefinido) deberá aplicarse sin límites. Y desde ese momento carecen de objeto todas las diferenciaciones jurídicas… …Esta separación entre diversos grupos de personas me parece realmente novedosa (estar en el nuevo orden; en él radica un nuevo comienzo)” 17 La sociedad alemana logró identificar plenamente la existencia de dos derechos penales paralelos, pero uno de ellos era demasiado rígido con aquellos que consideraba una amenaza para el Estado, sin embargo el Estado de Guerra era una de las circunstancias que lo hacía ver plenamente justificable a los ojos de los integrantes del régimen y de las fuerzas armadas por tanto. Recordemos que en las ocupaciones militares la aplicación de leyes paralelas y sobre la misma materia ha sido una constante, sin embargo el autoritarismo en la aplicación de la ley paralela era una cuestión que no se había dado, o mejor dicho no se había puesto atención en ella. Nicolás Maquiavelo nos dice que “… el único medio seguro para dominar una sociedad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espere a ser aplastado por ella. ”18 Las leyes penales jugaron un papel central en el arrasamiento de 50

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las ciudades tomadas, pues a pesar de que se les permitía gobernarse con sus propias leyes a los pueblos conquistados, existían leyes especiales por parte del conquistado que se aplicaban con gran fuerza ante cualquier agente dañoso que atentara contra el régimen: “De cualquier manera…la ley penal y el Estado de derecho se encuentran estrechamente unidos. Para que exista un estado de Derecho se requiere contar con leyes que además de contener los principios jurídicos formales sean esencialmente justos, ya que las exigencias de justicia constituyen el más severo reclamo social de nuestros días. De esta manera el Estado de derecho

la seguridad pública nacional es una de las bases sobre las que descansaría el constitucionalismo y la democracia debe darse tanto formal como materialmente, esto es, no deben sólo establecerse disposiciones en forma de ley, sino lo más importante es que sea respetado el ideal de justicia. Por ello no podrá existir nunca un Estado de derecho con leyes de contenido justo. ” 19 Norberto Bobbio nos dice en el Futuro de la democracia que es necesario que sean respetados los derechos “inviolables” de los ciudadanos para que de esa manera tengan

una participación efectiva; así nos dice: “Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas que permiten el juego” . 20 Me parece que si ha existido en algún momento histórico de la vida de un país un enemigo al cual se le ha declarado la guerra, y que incluso se le impone un derecho penal que no tiene límites, también este enemigo desaparece y con él debe desaparecer ese derecho penal excepcional. La temporalidad en la aplicación del derecho penal del enemigo debe ser transitoria, pues será peligroso llevar a un desgaste inútil y permanente a una nación. Nunca pudo haber sido tan pertinente el pensamiento de Bobbio, que nos dice que el Poder y Derecho son la cara de una misma moneda. Sólo el Poder puede crear Derecho y sólo el Derecho puede limitar el Poder. Así pues, la seguridad pública nacional es una de las bases sobre las que descansaría el constitucionalismo y la democracia, mismos que a su vez son sistemas que se requieren a sí mismos para su existencia. Es decir, es un entero sistema jurídico-político. La ciencia política es la herramienta necesaria para fijar la mira sobre los puntos clave de la restauración del orden interno y del fortalecimiento de las condiciones necesarias para que se establezca una democracia constitucional. VI. CONCLUSIONES PRIMERA.- El Estado-nación es un poder político que deviene desde la ciencia política, cuya fuerza es elemental en la lectura de la teoría

17 “Véase texto de este informe, en Muñoz Conde, Edmundo Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 3ª ed., Valencia 2002, p. 242 ss.” Citado por Muñoz Conde, Francisco, “La influencia de la ciencia penal alemana en iberoamérica”, Op cit., p. 120. 18 Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, 19ª ed., México, Porrúa, 2001, pp. 12 y 13, Sepan cuantos, núm. 152. 19 López Betancourt, Eduardo. Introducción al Derecho Penal, 14ª ed., México, Porrúa, 2008, p. 65. 20 Bobbio, Norbert. El futuro de la democracia, trad. de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 15.


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del Estado y el estudio del ejercicio del poder. El concepto de seguridad nacional, cuyo origen es netamente militar, ahora responde a la idea de ofrecer protección al Estado-nación. Esta relación dicotómica entre los conceptos de Estado-nación y seguridad nacional se establece a partir de la legítima defensa que el Estado tiene para asegurar su devenir, pero además que incluso justifica el actuar del Estado no sólo para identificación de amenazas extranjeras, sino también para la prevención o reacción de la fuerza más violenta del Estado al interior de su territorio. El concepto de seguridad nacional es solamente el nombre que se le dio al conjunto de estrategias y tácticas empleadas para mantener la unidad del Estado -nación. Sin embargo, también es necesario mencionar que hablaremos de seguridad nacional, siempre que exista un Estado -nación, pues éste es la razón de existir de la seguridad nacional. SEGUNDA.- Las fuerzas armadas de un Estado se entienden como la fuerza reservada a combatir cuando se encuentra en peligro la soberanía nacional. El derecho penal se constituye como el derecho de excepción, reservado sólo para aquellos individuos que atacan a la sociedad y dañan la unidad social. Podríamos establecer que mientras el ejército se ocupa de amenazas extranjeras, el derecho penal elimina y previene los fenómenos sociales que podrían dividir a una sociedad. Cuando existen fenómenos antisociales al interior de un Estado, es cuando se maximiza el concepto de seguridad nacional y entonces toda la fuerza del Estado reservada como última ratio, se implementa como necesidad prioritaria para salvar la unidad nacional. Es entonces que el

derecho penal debe poner límites al poder del ejército y éste, a su vez, frenar de algún modo el autoritarismo del que dicte las reglas para evitar legitimar un régimen autoritario. Establecer el equilibrio entre fuerzas es una tarea que para nada es sencilla de comprender y aplicar. TERCERA.- En el argot político siempre hablaremos del adelantamiento de la línea de defensa del Estado para conseguir la prevención de riesgos a la seguridad nacional; ahora el derecho penal autoritario parece ser una nueva táctica practicada al interior del Estado para establecer una avanzada ante el fenómeno antisocial en un territorio. Es por ello que al derecho penal del enemigo se tiene como un derecho, por mucho, de avanzada. CUARTA.- El enemigo del derecho penal especial del que hemos hablado, en verdad es tan viejo como el Estado-nación mismo, sin embargo es a partir de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial y más recientemente durante la guerra de Estados unidos contra Afganistán e Irak que hemos podido identificar la violencia de la que puede hacer uso eficientemente un Estado para conseguir la perseverancia y el liderazgo entre las naciones. Por lo que respecta a Latinoamérica y específicamente a México, ahora se establece la equiparación a una “guerra” contra la delincuencia organizada, para justificar un derecho penal especial y distinto al que se le aplica a los ciudadanos en el fuero común dentro del Estado mexicano. En verdad sabemos que nuestro país tiene la necesidad de erradicar altos niveles de violencia y también de disminuir a su mínima expresión los delitos insertos en la delincuencia organizada, sin embargo al hablar de un derecho penal especial, también se hace necesaria darle una proporcionalidad al mismo, reconociendo su temporalidad en su

aplicación dentro del Estado. De esta manera no desgastaremos un arma vital e instituciones preciadas para la población como el Ejército. Un derecho penal del enemigo, de aplicación sólo temporal, favorecerá evitar la corrupción de un sistema penal democrático y la corrupción y denostación de conceptos como el de seguridad nacional y Estado -nación. BIBLIOGRAFÍA •Azar, Edward E. y Moon, Chung-in. National security in the third world. The management of internal and external threats, Inglaterra, Center of international Development and Conflict Magnament, 1988, p.12. •Aguilar Camacho, Mario Jesús, “La seguridad pública y la actividad policial como fundamentos de la autonomía municipal”, Cisneros Farías, Germán, et al. (Coord.), Seguridad Pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, México, UNAM-IIJ, 2007. •Bobbio, Norbert, El futuro de la democracia, trad. de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1992. •Buzan, Barry, People, states and fear. An agenda for international security studies in the post cold war era, Great Britain, Billing and Sons Ltd, 1991. •--------------------, “Third world regional security in structural and historical perspective”, en L. Job, Brian. (Ed.), The insecurity dilemma. National security of third world states. United States of America, Lynne Rienner Publishers, 1992. •García Ramírez, Sergio, La reforma penal constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, México, Porrúa, 2010. •González Vidaurri, Alicia y Sánchez Sandoval. Augusto, Criminología, 3ª ed., México, Porrúa, 2010. •López Betancourt, Eduardo, Introducción al Derecho Penal, 14ª ed., México, Porrúa, 2008. •Maquiavelo, Nicolás, El príncipe, TEPANTLATO

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El CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL COMO UNA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

19ª ed., México, Porrúa, 2001, Sepan cuantos, núm. 152. •Moreno Hernández, Moisés, “Principio de ultima ratio o expansión del Derecho penal”, García Ramírez, Sergio, et. al. (Coord.), La reforma a la justicia penal, México, 2006, p. 311. •Muñoz Conde, Francisco, “El nuevo Derecho Penal autoritario: consideraciones sobre el llamado ‘derecho penal del enemigo’”, Peláez

Ferrusca, Mercedes y Ontiveros Alonso, Miguel Coord., Influencia de la Ciencia Penal alemana en Iberoamérica. Homenaje a Claus Roxin, México, INACIPE, 2006, Tomo I. •Muñoz Conde, Edmundo Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 3ª ed., Valencia 2002, p. 242 ss.” Citado por Muñoz Conde, Francisco, “La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica. Homenaje

a Claus Roxin, México, INACIPE, 2006, Tomo I. •Rockwell, Richard C. y Moss, Richard H., “La reconceptualización de la seguridad: un comentario sobre la investigación” en Aguayo Quezada, Sergio y Michael Bagley, Bruce (Comp.), En busca de la Seguridad perdida, México, Siglo Veintiuno Editores,1990.

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El Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la UNAM surge con el propósito de difundir la cultura en todas sus manifestaciones. El proyecto tiene como ideal construir un puente entre nuestra máxima casa de estudios y la sociedad, a quien se debe y por quien trabaja. Las asociaciones que integramos el Colegio, fieles a la misión humanista que nuestra Alma Máter inculcó en nuestro espíritu, creemos firmemente que la única forma de ayudar a que nuestro país progrese es a través de la educación y el conocimiento. Por ello, el Colegio Nacional busca crear una red de colaboración con las principales instituciones educativas de cada estado de la república, con el objetivo de, entre todos, realizar jornadas de actualización, talleres, diplomados y conferencias que promuevan la cultura.


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El Orgullo Mexicano Poemas de Nezahualcóyotl El Dador de la Vida No en parte alguna pude estar la casa del inventor de sí mismo Dios, el señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas, él es quien se inventa a sí mismo: Dios. Por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Nadie puede aquí, nadie puede ser amigo del Dador de la Vida; sólo es invocado, a su lado, junto a él, se puede vivir en la tierra. El que lo encuentra tan sólo sabe bien esto: él es invocado; a su lado, junto a él, se puede vivir en la tierra. Nadie en verdad es tu amigo, ¡oh Dador de la Vida! Sólo como si entre las flores buscáramos a alguien, así te buscamos, nosotros que vivimos en la tierra, mientras estamos a tu lado. Se hastiará tu corazón, sólo por poco tiempo estaremos junto a ti y a tu lado. Nos enloquece el Dador de la Vida, nos embriaga aquí. Sólo tú alteras las cosas, como lo sabe nuestro corazón: nadie puede estar acaso a su lado, tener éxito, reinar en la tierra. TEPANTLATO

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Cuando los olmecas diseñaron las leyes de composición de las cifras, introdujeron un concepto hasta entonces inédito en la escritura de los números: la organización. Como sabemos, las cifras se organizan dentro de una retícula de 4 x 4 cuadros. En este simple diagrama radica el fundamento de las matemáticas modernas, representado frecuentemente en los relieves y códices a modo de una retícula de cuadrados o rombos que, inscrita en la cabeza o el gorro de un personaje, indicaba que se trataba de un escriba, cronólogo o astrónomo – tres oficios vinculados en aquella sociedad. La retícula llegó a ser emblema de la eclíptica, fuera como una red o un tejido de petate, o estilizada a modo de cruz o X. Incluso, le dio nombre a la eclíptica: Weitlilapan sentsonmamatlatl, gran río negro de los cuatrocientos cuadros o escalones. Este uso revela que los ciclos de los astros eran el campo por excelencia de las matemáticas mesoamericanas. Era representada junto con semillas, huesos de falanges humanas y ramitas que se unían a modo de grafemas. La retícula era tan importante que, incluso, tenía su deidad patrona: Makuilshochitl, 5 flor. En el Códice Tudela, este dios recibe el apodo de Makuiltonal, cinco tonales, una composición de gran significado, pues jeroglífico del cinco era la cruz representativa de los cuatro rumbos y el centro, y la cruz es la forma más simple de la retícula, el término Tonalli, que en el uso ordinario significa fecha, también contiene el sentido de cálculo. Al lado de la deidad está representado un tablero de cuadros, también aparecen puntos alusivos a la ley de composición de la grafema. Junto al tablero, un terreno de cultivo indica que el dios auspicia una operación de cálculo de tierras o producción agraria. El Códice Magliabecchi, de origen mexica; el nombre Teskanikuili; “manta de tezcanicuyly” separando términos; Teskani, es imagen, modelo, más Ikuilia, trazar un diagrama o esbozo, término derivado de Kuilli, signo gráfico, cómputo. De modo que su traducción literal es modelo o diagrama de cómputo. Con todo lo anterior damos importancia a nuestras raíces y lo tomamamos para el escudo del Instituto en Tecnologías de la Información con este magnifico significado.

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En nuestro firme ideal de servir a México y a nuestra sociedad, que reclama más y mejores profesionales con una formación humanista, estamos ahora a sus órdenes en la Universidad Tepantlato, una institución que se viene gestando desde hace 25 años y que hoy es ya una realidad. Contamos con los mejores maestros que comparten sus conocimientos y habilidades sin recibir ninguna aportación económica, tales como Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Magistrados del mismo tribunal, así como del Estado de México, en las diferentes materias como derecho civil, penal y familiar; también nos apoyan de igual manera Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal. Gracias a este esfuerzo nace también la Facultad de Derecho, el Instituto de Ciencias Pedagógicas y el Instituto en Tecnologías de la Información de esta misma Universidad, para brindar un servicio más integral y de mayor calidad a sus estudiantes. Recordamos al público lector que somos egresados de la Máxima Casa de Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México y que el espíritu universitario está siempre presente en todas nuestras instituciones.

Para nuestra Facultad de Derecho tomamos del arte azteca a Itztlacoliuhqui-Ixquimilli, dios de la justicia náhuatl, que generalmente se representa con cara de piedra y los ojos vendados, lo que simboliza la imparcialidad, así como con una flecha con punta de piedra en la cabeza, lo cual simboliza castigo; símbolos que forman la T de Tepantlato. Itztlacoliuhqui-Ixquimilli representa la firmeza para impartir el castigo y la justicia.

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Quetzalcóatl: A este dios se le considera el introductor del cultivo y del maíz y se refieren a él como el dios que se convirtió en hombre para que los hombres vivieran como dioses, también era considerado el dios patrón de del sacerdocio azteca, del aprendizaje y el conocimiento. Por ello tomamos a Quetzalcóatl como símbolo de nuestro Instituto de Ciencias Pedagógicas.

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En el Códice Magliabecchi, de origen mexica, aparece el nombre de Teskanikuili, que significa “manta de tezcanicuyly” separando términos; Teskani, es imagen, modelo, más Ikuilia, trazar un diagrama o esbozo, término derivado de Kuilli, signo gráfico, cómputo. De modo que su traducción literal es modelo o diagrama de cómputo. Debido a lo anterior tomamos para el escudo del Instituto en Tecnologías de la Información esta ilustración, la cual ejemplifica el interés tecnológico de los antiguos mexicas. TEPANTLATO

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Canal Cultural Tepantlato

La Universidad Tepantlato, fiel a su misión de difundir la cultura en todas sus manifestaciones, creó el Canal Cultural Tepantlato, con un estudio de grabación adecuado a sus alcances de espacio y tecnología. A pesar de no contar con amplios recursos económicos y de infraestructura, ello no nos ha limitado al momento de impulsar un proyecto. En el Canal Cultural tenemos un compromiso social indeclinable, y eso nos ha llevado a formar un grupo de trabajo comprometido y noble, donde junto con nuestros conductores, productores, técnicos e invitados logramos con imaginación, creatividad y espíritu de servicio hacer mucho con poco. En el “Estudio Azul” se harán programas de discusión y debate que se transmitirán vía internet en nuestra ya conocida página www. tepantlato.com con el propósito de abrir un espacio para la cultura y el arte, además de dar voz a muchos artistas, intelectuales y profesionales que nos compartirán su conocimiento y experiencia para así crear, entre todos, una mejor sociedad.

A continuación presentamos el calendario de nuestra programación de febrero y a nuestros invitados:

Conductores

Lunes ®

Dr. Alfredo Bautista

7-Febrero

Dr. Héctor González Estrada

Dra. en Psicología Leticia Abrego Tema: La adopción por matrimonio del mismo género y daños psicológicos que se pueden ocasionar al adoptado.

14-Febrero

Lic. Enrique González Cerecedo Tema: Desarrollo Profesional.

Martes

1-Febrero

Conductor Mtro. Roberto Rodrígez Hernández

Mtro. Ivan Ojeda Salazar Tema: Aplicación del Derecho Extranjero en México

8-Febrero

Dr. Rafael Guerra Álvarez Juez decimonoveno en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Tema: “Atipicidad”

Nota: Programación sujeta a cambios sin previo aviso Informes: Multilínea: 52 65 88 60 5564-8373 5564-8661 E-mail: canalcultural@tepantlato.com.mx tepantlatoenvivo@hotmail.com envivo@tepantlato.com.mx

15-Febrero

Dr. Leobardo Miguel Martínez Soria Magistrado de la Segunda Sala Colegiada en Materia Penal en Texcoco Tema: “Apelación”

22-Febrero

Mtro. Juan Lara Lara Juez decimoquinto en materia de paz civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Tema: “Juicios orales en materia civil”

www.tepantlato.com.mx Conéctate con nosotros todos los días de las 21:00 a 22:00 hrs.

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Miércoles

Conductora Mtra. Reyna Zapata

ARTE Y

Mtro. Roberto Ortega Tema: Vida y Obra

CULTURA

Mtro. Alejandro Ramírez Tema: Vida y Obra

Mtra. Reyna T l a c u i l o Z a p a t a T O LT E K AY O T L Y CHIUALTLAKAYATL

Conductora

2-Febrero

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9-Febrero

16-Febrero

Mtra. Olinca Domínguez Tema: Vida y Obra

23-Febrero Shira Cantante

Jueves

Lic. Ariadna González Cerecedo

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3-Febrero

17-Febrero

Dr. Mauro Morales Sánchez Juez Sexagésimo de Paz Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

C.P. Leobardo Regalado Vázquez Tema: Factura Electrónica

24-Febrero

10-Febrero

Lic. José Alejandro López Jiménez Tema:El futuro de un alumno que estudia Humanidades

Dr. Rafael Guerra Álvarez Juez decimonoveno en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Tema: “Atipicidad”

Viernes Conductoras Verónica González Osorno 4-Febrero

Mtro.Manuel Mendoza Mondragón

11-Febrero

Víctor Hugo Resendiz Narváez Libro: Recuento de poemas Autor: Jaime Sabines

Wendy Regalado Aguilar

18-Febrero

Estefanía Aguilar López Libro: La tumba Autor: José Agustín

25-Febrero

Dr. en Psicología Jorge Raúl Palacios Delgado Libro: Mi planta de naranja lima Autor: José Mauro de Vasconcelos

“La lectura hace a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”

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ESTUDIO

www.tepantlato.com.mx

www.tepan

El cuarto azul o verde, mejor conocido como el croma o chroma key, es una de las técnicas audiovisuales más populares hoy día. Consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante un equipo especializado o un ordenador. El fondo se suele hacer con un color sólido y uniforme (azul o verde). La mayoría de los programas de montaje en la actualidad tienen las herramientas básicas para hacer cromas muy sencillos, aunque existe software exclusivamente diseñado para ello.

Dr. Héctor González Estrada Conductor de Entre Argumentos

El color empleado para el fondo tiene que ser uno de los primarios (rojo, verde o azul), para que al sustituirlo no esté presente en el objeto que hay frente al color, o en la ropa o en la piel o el pelo de la persona. Así somos capaces de hacer una escenografía virtual y estar en cualquier lugar del mundo.

Lic. Alejandro López Jiménez Corrector de estilo

Maestra Reyna Zapata Conductora de Arte y Cultura

Invitado Lic. Enrique González Cerecedo

Conductora Wendy Regalado

Gracias a la tecnología del “estudio azul”, los fondos de nuestro ciclorama son dinámicos y cambian de acuerdo al programa que se esté transmitiendo.


O

AZUL

tlato.com.mx PRODUCTOR DEL CANAL CULTURAL

z

Jer贸nimo Miranda M.

SISTEMAS Y WEB MASTER

Rodrigo Rodr铆guez Romero

DEPTO. DE AUDIOVISUAL

Carlos Antonio Tinoco Garc铆a

Equipo de producci贸n del Canal Cultural


Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Derecho Universidad Tepantlato Facultad de Derecho ®

Invitan al Diplomado

“Proceso Acusatorio Adversarial” (Juicios Orales)

Roma Del. Cuauhtémoc, Informes: Av. Baja California No. 157, Col 88 60 C.P., 06760, México, D.F. Multilínea: 52 65 8661 55648373 Tels. 5564.mx to.com pantla idadte E-mail: informes@univers

IANTES EN DIRIGIDO A: ABOGADOS POSTULANTES, ESTUD TERIOS MINIS OS, STRAD DERECHO, JURISTAS, JUECES, MAGI RAL GENE EN CO PÚBLI Y DOS ACUER PÚBLICOS, SECRETARIOS DE

Periodo: del 1º de abril al 18 de junio de Horarios: viernes de 17:30 a 20:30 y sábado de 09:00 a 12:00

2011

Ponentes

Mtra. Hilda María Márquez Torres al Morelos Juez de Garantía del Distrito. Judici la capital en ncia reside con ahua Chihu Mtro. Octavio Armando Rodríguez Gaytán al Morelos Juez de Garantía del Distrito Judici del Estado de Chihuahua Mtra. Karla Karelly Villanueva Escamilla ativa de Directora del Centro de Justicia Altern la PGJ del Estado de chihuahua

Mtro. Ramón Gerardo Holguín Licón Juez Oral del Distrito Judicial Morelos Chihuahua Mtro. Mario de la Rosa Fierro Juez Oral del Distrito Judicial Morelos Chihuahua Lic. Carmen Julia Chavira

Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua n Mtro. en D.H. Noel Orlando Jiménez Holguí Agente del Ministerio Público ahua Adscrito a la PGJ del estado de Chihu es Penal sos proce Control de del Nuevo Sistema Penal Mtro. en C.P. Julio Cesar Portillo Arroyo ho de la Catedrático de la Facultad de Derec UACH y Abogado Postulante Mtro. Jorge Napoleón Raya Valdez al Juez de Garantía del Distrito. Judici

Morelos del Estado De Chihuahua Lic. Ricardo Márquez Torres Garantía del Distrito de Juez

Judicial Benito Juárez Lic. José Ángel Moreno Campos Juez de Garantía del Distrito

Judicial Benito Juárez Coordinador General.

Mtro. Octavio Armando Rodríguez Gaytan ntía del Distrito Judicial Morelos Gara de Juez del Estado de Chihuahua

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TEPANTLATO

OBJETIVO: Materia Penal •Aplica el Nuevo Proceso Oral en ico hasta el Públ terio desde el inicio ante el minis . Oral o Juici de final ante el Tribunal usted obtendrá •Al término de este Diplomado de Derecho ltad Facu la de iento nocim reco un uahua y la Chih de de la Universidad Autónoma . Universidad Tepantlato TEMAS Procesal. •Antecedentes a la Reforma Penal l Procesal. Pena rma •Marco Jurídico de la Refo . Oral l Pena •Etapas del Proceso •Justicia Restaurativa. . •Estructura del Nuevo Proceso Oral •Naturaleza Jurídica del Tribunal. l Oral. •Sujetos Procesales en el Proceso Pena . Oral eso Proc o Nuev del os •Puntos Básic l Oral. Pena eso Proc el en ba Prue la de a •Dinámic •Obstáculos al Ejercicio Penal. tigación ante el •El contenido de la etapa de Inves Ministerio Público. tigación ante •El contenido de la etapa de la Inves el Tribunal Garantía. . •Naturaleza de las medidas cautelares ión ante el tigac inves de a etap •El contenido de la ntía. Gara Tribunal de •Naturaleza de las Salidas Alternas.

R e q u i s i t o s: •Copia del acta de nacimiento •Copia del titulo •Copia de la cedula •Copia del CURP o color •4 fotografías tamaño infantil B/N o color B/N ma diplo ño tama s rafía •4 fotog •Exposición de motivos ipción por •Ficha de depósito de Inscr $1,000.00 Banco HSBC, a nombre del Instituto de Ciencias Jurídicas No. cuenta 0 4 0 3 5 6 4 2 9 9 0 ulos • El resto conforme avanzen los mód mínimo. o com ncias asiste de •Cubrir un 90% 00.00 Costo del diplomado para el D.F. $10,0 do. limita Cupo l)** encia (Pres os de la Costo del diplomado para los estad línea)*** república $5.000.00 (servicio en el D.F.: ** Fecha límite de inscripción para viernes 4 de marzo de 2011. los diferentes *** Fecha límite de inscripción para estados de la república: viernes 18 de marzo de 2011.

Requisitos que debe tener tu PC •Navegador: Internet 7 o Firefox •Flash player •Conexión 512 kbps •Adobe Acrobat Reader

Diplomado en Línea


CLAUSURA DEL DIPLOMADO PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL (JUICIOS ORALES) 速

TEPANTLATO

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La Universidad Tepantlato a través de la

Facultad de Derecho ®

Invitan a la

Licenciatura en Derecho

Inicio: 4 de Abril de 2011 Clases de Lunes a viernes Horarios: Matutino de 7:00 a 11:00 a.m. Vespertino de 18:00 a 22:00 p.m

Proceso de selección de 2011/2

Inicio: 3 de Octubre de 2011 Clases de lunes a viernes Horarios: Matutino de 7:00 a 11:00 a.m. Vespertino de 18:00 a 22:00 p.m

Proceso de selección de 2012/1

•Registro de aspirantes del 15 de febrero al 15 de marzo, traer una fotografía tamaño infantil. •Costo del examen de admisión $ 250.00 •Examen 23 y 24 de marzo •Resultados 28 de marzo •Inscripciones del 29 de marzo al 01 de abril de 2011

•Registro de aspirantes del 1° de agosto al 02 de septiembre de 2011, traer una fotografía tamaño infantil. •Costo examen de admisión $ 250.00 •Examen de admisión 07 y 08 de septiembre •Resultados 12 de septiembre •Inscripciones del 13 al 30 de septiembre de 2011

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: -Original y 3 copias del certificado de bachillerato o equivalente. -Original y 3 copias del acta de nacimiento certificada. -Copia del CURP -6 fotografías tamaño infantil b/n

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: -Original y 3 copias del certificado de bachillerato o equivalente. -Original y 3 copias del acta de nacimiento certificada. -Copia del CURP -6 fotografías tamaño infantil b/n

Si tienes inconclusa tu licenciatura en Derecho, termina tu carrera con nosotros, tenemos a tu disposición los siguientes semestres: 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° Contamos con una promoción de descuento del 50% en colegiatura y no pagas inscripción.

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TEPANTLATO

Si tienes inconclusa tu licenciatura en Derecho, termina tu carrera con nosotros, tenemos a tu disposición los siguientes semestres: 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Contamos con una promoción de descuento del 50% en colegiatura y no pagas inscripción.

Domicilio: Av. Baja California Nº 157, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP 06760 Tels. 5564-8661 5564-8373 Multilínea: 5265- 8860 E-mail: escolares@universidadtepantlato.com.mx informes@universidadtepantlato.com.mx


a través de la

®

Facultad de Derecho Invitan a las

Maestrías en Línea DoctoradoPresencial

Una vez cubierto el cupo en las maestrías presenciales podrás inscribirte a las maestrías en Línea

MISIÓN Y VISIÓN: Cumplimos 25 años formando profesionales del Derecho, con el humanismo y el rigor científico que siempre nos han caracterizado. Nuestra propuesta está centrada en el hombre por Derecho natural y enfocada a preponderar y destacar los valores fundamentales del ser humano; a generar el saber y el conocimiento jurídico como medio eficaz para la superación integral del individuo y la sociedad. Es también parte fundamental de nuestra visión lograr un verdadero espíritu humanista y de función social, a través del desarrollo de la inteligencia y la capacidad creadora de nuestros alumnos. Contamos con el claustro de académicos y profesores de la más alta calidad en la impartición de la justicia, como juristas que laboran en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, QUIENES OFRECEN SU SERVICIO DE MANERA GRATUITA y con entera libertad de cátedra, brindándote así, la oportunidad de poder continuar con tus estudios. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO • Av. Baja California 157 Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc C.P. 06760 De Lunes a Viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. HORARIO DE INFORMES VÍA TELEFÓNICA • MULTILÍNEA: 5265 8860 Tels. 5564 8373 5564 8661

Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. Sábados de 8:00 a 13:00 hrs. FORMA DE PAGO • Depósito en cuenta: 04035642990 banco HSBC A nombre de: Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores

Pregunta por nuestros descuentos en inscripción y colegiaturas


Maestrías Línea

La Maestría consta de 4 semestres Inicio: 03 de octubre de 2011

Horarios: Lunes y martes de 17:30 a 20:30 p.m. MAESTRÍA EN DERECHO DE AMPARO Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores con número de Acuerdo 2006042 con fecha 19 de enero de 2006, emitido por la Secretaría de Educación Pública. 1er. SEMESTRE — Introducción al Campo de la Educación — Disposiciones Fundamentales del Amparo — Evolución y Naturaleza Jurídica del Juicio de Amparo — Teoría del Acto Reclamado — Principios Fundamentales del Amparo 2do. SEMESTRE — Métodos y Técnicas de la Enseñanza — Los Presupuestos Procesales — Sujetos Procesales, Términos y Notificaciones — Los Incidentes — Teoría de la Constitución 3er. SEMESTRE — Los Supuestos de Procedencia del Juicio de Amparo Indirecto — Los Supuestos de Procedencia de Juicio de Amparo Directo — La Improcedencia del Juicio de Amparo y el Sobreseimiento — La Suspensión de los Actos Reclamados — Amparo contra Leyes 4to. SEMESTRE — La Sentencia y su Ejecución — Recursos en Materia de Amparo — Derecho Jurisprudencial — El Amparo Agrario y Notas Distintivas con otras Materias — Responsabilidad en el Juicio de Amparo — Seminario de Tesis

Documentación solicitada:

DOCENTES Mtra. Mónica Ibarra González, Maestra en Desarrollo y Planeación. Dr. Humberto Manuel Román Franco, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mtro. Javier Cardoso Chávez, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Mtro. Neófito López Ramos, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Indalfer Infante Gonzales, Vocal Jurídico del Instituto Federal de Concursos Mercantiles (IFECOM). Dr. Gonzalo Hernández Cervantes, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Juan Carlos Ortega Castro, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Mtro. Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Fernando Córdoba del Valle, Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Oriente. Mtro. Francisco Javier Sandoval López, Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Mtro. Daniel Horacio Escudero Contreras, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro. José Martínez Guzmán, Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Mtra. María de Lourdes Lozano Mendoza, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Mtro. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, Magistrado del quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mtro. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Mtro. Manuel Ernesto Saloma Vera, Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro. Oscar Alejandro López Cruz, Juez Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Dr. Horacio Armando Hernández Orozco, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dr. Octavio Bolaños Valadéz, Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México. Mtro. Fernando Sanchéz Calderón, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Requisitos que debe tener tu PC

•Carta de exposición de motivos Navegador: Internet 7 o •Síntesis curricular •4 fotografías tamaño infantil b/n Flash player •4 fotografías tamaño diploma b/n Conexión 512 kbps •4 fotografías tamaño titulo b/n •Copia del título de la licenciatura Adobe Acrobat Reader •Copia de cédula de la licenciatura •Copia del CURP •Original Acta de nacimiento certificada •Original del certificado de estudios totales de la licenciatura

Firefox


La Maestría consta de 4 semestres Inicio: 03 de octubre de 2011

Maestrías en Línea

Horarios: Lunes y martes de 7:00 a 9:00 a.m. MAESTRÍA EN DERECHO FAMILIAR Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores con número de Acuerdo 2006044 con fecha 19 de enero de 2006, emitido por la Secretaría de Educación Pública. 1er. SEMESTRE — Introducción al Campo de la Educación — La Familia y sus Relaciones — El Estado Civil de las Personas — El Derecho Alimentario — Estructura de la Capacidad Jurídica en el Ámbito Familiar 2do. SEMESTRE — Métodos y Técnicas de la Enseñanza — El Patrimonio Familiar — La Patria Potestad de los Hijos — Los Procesos de Adopción en la Familia — La Competencia Jurisdiccional en los Procesos Familiares 3er. SEMESTRE — Sucesión Testamentaria — Derechos y Obligaciones del Matrimonio — Declaración de Ausencia — Clínica Procesal I — Función del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal en Materia de Derecho Familiar 4to. SEMESTRE — Sucesión Legítima — Clínica Procesal II — Jurisdicción Voluntaria y Vía de Apremio en los Procesos Familiares — Amparo en Materia Familiar — Seminario de Tesis

Documentación solicitada:

DOCENTES Mtra. Martha Patricia Martínez Márquez, Maestra en Formación Docente. Mtro. José Antonio Navarrete Hernández, Juez trigésimo séptimo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Oscar Gregorio Cervera Rivero, Magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Oscar Barragán Albarrán, Secretario Proyectista de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Eduardo García Ramírez, Juez Trigésimo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura, Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María Teresa Cruz Abrego, Distinguida Catedrática de la Universidad Tepantlato. Mtro. Eduardo Vélez Arteaga, Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María Elena Ramírez Sánchez, Juez Vigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María del Rocío Collado Macín, Secretaria Proyectista Adscrita a la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Margarita Gallegos López, Juez Décimo Tercero en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público Nº. 138 del Distrito Federal. Mtra. Rebeca Florentina Pujol Rosas, Magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. David Suárez Castillo, Agente del Ministerio Público. Mtro. Germán Felipe Campos Mier, Juez Décimo Cuarto del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. Mtra. María de Jesús Jacaranda Solís Ledezma, Juez Vigésimo Segundo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Gloria Rosa Santos Mendoza, Juez Décimo Sexto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Teófilo Abdo Kuri, Juez Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Requisitos que debe tener tu PC

•Carta de exposición de motivos Navegador: Internet 7 o •Síntesis curricular •4 fotografías tamaño infantil b/n Flash player •4 fotografías tamaño diploma b/n Conexión 512 kbps •4 fotografías tamaño titulo b/n •Copia del título de la licenciatura Adobe Acrobat Reader •Copia de cédula de la licenciatura •Copia del CURP •Original Acta de nacimiento certificada •Original del certificado de estudios totales de la licenciatura

Firefox


Maestrías en Línea

Horarios: Viernes de 17:30 a 20:30 hrs. p.m. y sábado de 9:00 a 11:00 hrs. a.m.

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores con número de Acuerdo 2006041 con fecha 19 de enero de 2006, emitido por la Secretaría de Educación Pública. 1er. SEMESTRE — Introducción al Campo de la Educación — Teoría del Delito I — Conducta y Ausencia de Conducta — Tipicidad y Atipicidad — Antijuricidad y Causas de Justificación — Imputabilidad e Inimputabilidad 2do. SEMESTRE — Métodos y Técnicas de la Enseñanza — Culpabilidad e Inculpabilidad — Punibilidad y no Punibilidad — Teoría de la Tentativa — Teoría del Delito II — Delitos en Particular 3er. SEMESTRE — Proceso Penal Mexicano, Fase Investigadora, General y Adversarial — La Preinstrucción y la Instrucción — Clínica Procesal Penal — Recursos en Materia Penal — Incidentes — La Justicia para Adolescentes 4to. SEMESTRE — Amparo en Materia Penal — Derechos Humanos (Derechos Fundamentales) — Criminología — Victimología — Penología y Ejecución de Penas — Seminario de Tesis

Documentación solicitada:

La Maestría consta de 4 semestres Inicio: 07 de octubre de 2011

DOCENTES Mtra. Mónica Ibarra González, Maestra en Desarrollo y Planeación. Dr. Nemecio Guevara Rodríguez, Juez Cuadragésimo Noveno de Paz Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Juan Alejandro Suárez Velázquez, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Mauro Morales Sánchez, Juez Cuadragésimo Quinto de Paz Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Doctorando Ciro Betancourt García, Juez Sexagésimo Cuarto de Paz Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Juan Jesús Raya Martínez, Distinguido Catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Dr. Leobardo Miguel Martínez Soria, Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con residencia en Texcoco. Dr. Héctor González Estrada, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Mtro. Oscar Alejandro López Cruz, Juez Décimo Primero de Procesos Penales en el Distrito Federal. Dr. Amado Azuara González, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. José Eligio Rodríguez Alba, Juez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Doctorando Jesús Reyes Hernández, Juez Octavo en Matería Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Rafael Guerra Álvarez, Juez Décimo Noveno en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Rodolfo García García, Encargado del Área de Asuntos Penales y Especiales de la Procuraduria Federal del Consumidor. Dr. Humberto Manuel Román Franco, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles, Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Marcelino Sandoval Mancio, Coordinador Responsable de la Agencia del Ministerio Público Auxiliares del Procurador. Dr. Enrique Gallegos Garcilazo, Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Antonio Cortés Mayorga, Juez Vigésimo Tercero en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Octavio Bolaños Valadez, Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Doctorando Lucio Leyva Nava, Juez de Distrito (pendiente de adscripción). Dr. Javier Raúl Ayala Casillas, Magistrado de la Séptima Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del D.F.

Requisitos que debe tener tu PC

•Carta de exposición de motivos Navegador: Internet 7 o •Síntesis curricular •4 fotografías tamaño infantil b/n Flash player •4 fotografías tamaño diploma b/n Conexión 512 kbps •4 fotografías tamaño titulo b/n •Copia del título de la licenciatura Adobe Acrobat Reader •Copia de cédula de la licenciatura •Copia del CURP •Original Acta de nacimiento certificada •Original del certificado de estudios totales de la licenciatura

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La Maestría consta de 4 semestres Inicio: 05 de octubre de 2011 Horarios: Miércoles y Jueves de 17:30 a 20:30 p.m. MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores con número de Acuerdo 2006045 con fecha 19 de enero de 2006, emitido por la Secretaría de Educación Pública. 1er. SEMESTRE — Introducción al campo de la Educación — Obligaciones — Modalidades de las Obligaciones — Cumplimiento de las Obligaciones 2do. SEMESTRE — Métodos y Técnicas de la Enseñanza — Obligaciones Complejas — Extinción de las Obligaciones — Contratos de Promesa y Compraventa, Permuta y Donación 3er. SEMESTRE — Contratos de Mutuo, Transporte y Asociación — Contrato de Mandato, Servicios Profesionales y de Obra — Contratos de Juego, Apuesta, Fianza y Prenda — Tipo de Acciones — Juicios Generales 4to. SEMESTRE — Juicios Orales — Juicio de Amparo — Jurisprudencia — Argumentación y Fundamentación Jurídica — Seminario de Tesis

DOCENTES Mtra. Martha Patricia Martínez Márquez, Maestra en Formación Docente. Mtra. Mónica Ibarra González, Maestra en Desarrollo y Planeación. Mtro. María de los Angeles Rojano Zavalza, Juez Séptimo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Juan Ángel Lara Lara, Juez Décimo Quinto de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Maestrías en Línea Mtra. Blanca Laura Enríquez Montoya, Juez Cuadragésimo Tercero de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. José Luis De Gyves Marín, Juez Quincuagésimo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Sandra Luz Díaz Ortíz, Juez trigésimo quinto en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Jaime Daniel Cervantes Martínez, Juez Sexagésimo Tercero en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Francisco René Ramírez Rodríguez, Juez Quincuagésimo Tercero en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Doctorando Lucio Leyva Nava, Juez de Distrito (pendiente adscripción). Mtro. Alejandro Tadeo Villanueva Armenta, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Mtro. Juan Hugo Morales Maldonado, Juez Septuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Flor del Carmen Lima Castillo, Juez Sexagésimo Primero del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura, Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Minerva Tania Martínez Cisneros, Juez Tercero de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María del Rocio Martínez Urbina, Juez Décimo Noveno en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Iván Ojeda Salazar, Secretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Lidia Barrera Santiago, Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Salvador Ramírez Rodríguez, Juez Cuadragésimo Cuarto de Paz en Materia Civil Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María Elena Galguera González, Juez Primero en Matería Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. María del Socorro Vega Zepeda, Magistrada de la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtra. Judith Cova Castillo, Juez Quinto en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Gonzalo Hernández Cervantes, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dr. Juan Carlos Ortega Castro, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Mtro. Fernando Rangel Ramírez, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. Mtro. Neófito López Ramos, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtro. Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Mtra. Gloria Montante Tapia, Juez Sexagésimo Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Mtro. Gino Alejandro García Miranda, Distinguido Catedratico de la Universidad Tepantlato.


El Doctorado consta de 4 semestres Inicio: 03 de octubre de 2011 Horarios: Lunes y martes de 7:00 a 9:00 am. DOCTORADO EN CIENCIAS PENALES Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores con número de Acuerdo 2006043 con fecha 19 de enero de 2006, emitido por la Secretaría de Educación Pública. 1er. SEMESTRE — Metodología de la Investigación I — Antecedentes Históricos del Derecho Penal y sus Fuentes — Garantías Constitucionales — Historia de las Ideas Jurídico Penales — Criminología I 2do. SEMESTRE — Metodología de la Investigación II — Teoría de la Tentativa — Autoría y Participación — La Preinstrucción y la Instrucción — Criminología II 3er. SEMESTRE — Proceso Penal Adversarial — Recursos Procesales — Justicia Especializada para Adolescentes — Teoría de la Pena, Penas y Medidas de Seguridad — Delitos en Particular 4to. SEMESTRE — Derecho Internacional de los Derechos Humanos — Política Criminal — Sistemas Penitenciarios — Teoría Jurídica Contemporánea — Seminario de Tesis Doctoral

Documentación solicitada:

•Carta de exposición de motivos •Síntesis curricular •4 fotografías tamaño infantil b/n •4 fotografías tamaño diploma b/n •4 fotografías tamaño titulo b/n •Copia del grado de la maestría •Copia de cédula de la maestría •Copia del CURP •Original Acta de nacimiento certificada •Original del certificado de estudios totales de la maestría

DOCENTES Dr. Juan Alejandro Suárez Velázquez, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles, Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Héctor González Estrada, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Rafael Guerra Álvarez, Juez Décimo Noveno en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Humberto Manuel Román Franco, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dr. Enrique Gallegos Garcilazo, Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal Superior de Justica del Distrito Federal. Dr. Mauro Morales Sánchez, Juez Cuadragésimo Quinto de Paz Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Leobardo Miguel Martínez Soria, Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con residencia en Texcoco. Dr. Amado Azuara González, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Rodolfo García García, Encargado del Área de Asuntos Penales y Especiales de la Procuraduria Federal del Consumidor. Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza, Agente del Ministerio Público Supervisor en Funciones de Instructor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dr. Juan Jesús Raya Martínez, Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato. Dr. Arturo Eduardo García Salcedo, Magistrado de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dr. Octavio Bolaños Valadez, Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Dr. Rubén Arturo Sánchez Valencia, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Dr. Arturo Baca Rivera, Investigador de la Escuela Judicial del Estado de México. Dr. Javier Raúl Ayala Casillas, Magistrado de la Séptima Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del D.F.


ARTE y CULTURA XÓLOTL POLO • ARTISTA VISUAL “Pinto lo que mis ojos no ven y el tema de mis obras son esas disertaciones que no tienen cabida en mis pensamientos”

Biografía Desde muy joven Xolotl Polo se inicia en la pintura, asimilando los conocimientos básicos por medio de sus padres, ambos artistas. Tiene estudios de diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana, asiste a talleres de pintura pero es la constancia lo que hace que se vaya formando como pintor, adquiriendo una técnica propia. Durante años Xólotl se siente atrapado por el entorno y la historia del lugar donde vive, sus telas reflejan eso, la gente, los colores y el pasado. Su actitud e intensidad con la pintura se da en forma natural; esta relación va en progresiva transformación, consiguiendo de esta manera en su obra un escenario visual de tipo gestual y de deconstrucción, donde la luz es el parte aguas que da inicio a la figura humana. En el año de 1998 gana su primer lugar en un concurso de de arte y desde entonces participa en diversos concursos nacionales e internacionales, obteniendo varios Primeros Lugares, así como distintas Menciones Honoríficas y Selecciones. Su primera Exposición individual llega de la mano del Instituto Regional de Bellas Artes, seguida de más de treinta realizadas hasta la fecha. Su obra forma parte de numerosas colecciones privadas y públicas, así como del Museo de Arte Contemporáneo de México, la Pinacoteca del Centro de las Artes de México, el Museo Javier de la Rosa, en Islas Canarias, España; el Museo Histórico Naval en Veracruz, la Pinacoteca Universitaria de Arte Contemporáneo, en Chilpancingo, Guerrero; la Colección de la Asociación de la Plástica de Garza García A. C. Nuevo León; la Embajada de México,

en Washington, D.C.; el Consulado de México en Mc Allen, Texas; así como del Centro Mexicano en el Valle de Texas, Mc. Pero quien mejor que el propio Polo para que nos hable de su obra y de su poética:

“El tema de mi obra es retratar al hombre frente a una sociedad donde se privilegia el automatismo y los impulsos. Pinto al hombre en tránsito enfrentado a los artificios como son las fronteras reales y a los símbolos que representan a éstas, quiero evidenciar esas fronteras que el hombre origina en el tiempo y espacio de su mente. Me preocupo y me ocupo pictóricamente de la libertad del hombre, libertad acotada por factores externos a él.


ARTE y CULTURA Es por eso que el fondo y la atmósfera se convierten en muros y bardas, logotipos y signos, símbolos perfectos para poner a la figura humana como protagonista y desarrollo de mi obra pictórica, ambos tienen y son excusa para tener la misma importancia. Utilizo la luz, no es un elemento más, es una protagonista en sí misma; aparte de acentuar el motivo de la figura humana, es la esperanza que tenemos todos los seres humanos. En muchas ocasiones la luz sólo es un testigo o documental, sorda y muda en la oscuridad de una realidad diaria. Mi intensión es que el espectador tenga una visión diferente de la realidad mediata y cotidiana, que por su cercanía y miopía muchas veces no se ve. Busco un lenguaje con la luz y la sombra, que la dicotomía de estos dos elementos clarifique el motivo de la obra. El trazo y la pincelada prima me permiten realizar un trabajo lúdico y expresivo”. RESEÑAS Xólotl Polo: La frontera entre los imaginarios del ilustrador y del pintor Si bien es cierto que el discurso de Xólotl Polo en torno a la muestra montada en el Jardín Borda ha subrayado la idea de las fronteras --entre personas, entre países, entre culturas--, también es cierto que las técnicas y tratamientos empleados en las obras hablan de la asimilación de lenguajes bien posicionados en el llamado mainstream y el neo-pop. Lo anterior porque el artista empleó lonas y pendones de las campañas efectuadas el año pasado en el estado, y mezcló tratamientos propios del mundo del diseño gráfico y la publicidad, cosa que como digo no es novedosa, pero que en su caso viene a evidenciar las fronteras existentes en los imaginarios del ilustrador y del pintor. Hace unos días, al presentarme la muestra, Xólotl entusiasmado me dijo: “Con el fin de replantear la proyección de los carteles publicitarios y los recursos y las técnicas propias de la propaganda, pinté las lonas y los pendones por el otro lado; los forcé al sol con thinner y solventes, y los metí al museo esperando que duraran lo que cualquier obra de arte”. Cabe decir que las ricas texturas y transparencias propias de la poética que ha venido caracterizando su obra –desde aquellas acuarelas que inscribió para ganar en el Salón de la Acuarela estatal— adquieren un valor inusitado; que al final del día, los cuerpos pintados superan lo novedoso del soporte (sucede lo mismo con las cajas de luz que presenta en las salas vecinas) y perviven cómo la parte más memorable y gozosa del conjunto de piezas. “Los carteles políticos constituyen un género que comparte un rasgo con algunas manifestaciones del arte contemporáneo”, dice Georges Roque en su interesante análisis publicado por la revista CURARE recientemente. En su texto, Roque recuerda que los carteles invaden el espacio público de las ciudades, que son de vida efímera, que están pensados para leerse fácilmente, que responden a un código cromático memorable y que son pobres en argumentos escritos. Georges Roque afirma que en el caso de los carteles publicitarios, la ausencia de argumento escrito no implica ausencia de técnicas retóricas y al analizar las imágenes de los políticos demuestra que “los rasgos que encontramos en la gran mayoría de las fotos de los candidatos son cara vista de cerca y posición de frente o tres cuartos, posiciones que equivalen


ARTE y CULTURA al diálogo, al “tú” frente al “yo”, por el intercambio de miradas, mientras que la posición de perfil corresponde a un “él” o “ella”, es decir, una tercera persona que se deja ver sin buscar el diálogo con el espectador”. Esto se lee, dice Roque, como el ethos o el talante del personaje, quien manifiesta una emocionalidad baja o encubierta, muy diferente de la que logra el artista con sus personajes desnudos, gesticulando a su gusto, vinculándose, a veces, en el espacio pictórico con un él o un ella más. Pensemos además en la perspectiva que emplea Xólotl en la mayoría de las piezas de las que hablamos, una perspectiva en picada que nos hace entender las figuras como si estuvieran vistas desde arriba. ¿Por qué? –le pregunté, viendo que este recurso de la perspectiva a la manera de un “ojo de pájaro” se repite en casi todas las piezas de la muestra--, “Porque ver la figura humana de frente no da más significados que los ya sabidos –me dijo-, forzándola se logra un impacto visual más fuerte, y aunque hacer dibujos escorzados es un reto, por lo pronto me siento diferente a los demás.”

Por si esto fuera poco, creo que el haber pintado a los personajes calvos lo distancia de nuevo del mundo propagandístico y lo vincula de nuevo con una lectura emotiva, siendo el hombre en su máxima desnudez el que desde los muros del museo pide la atención del espectador buscando no sólo su aprobación como imagen que se vuelve atractiva por las dimensiones de la obra y los colores brillantes de los fondos planos, sino como representación especular, como repetición de ese que acude vestido al Jardín Borda, portando la máscara del día a día cotidiano, pero que viene a ser idéntico al representado en cuestión de precariedad frente al mundo y las circunstancias que vivimos. Helena Noval. Historiadora y Crítica de Arte. Madurez Plástica de Xólotl Polo Xólotl Polo, sin abandonar su estilo constante, consistente en desentrañar reflexivamente a su personaje o su tema, realizando una y otra vez interpretaciones plásticas de sus reflexiones, pasa de su obra inmediatamente anterior, acerca de las fronteras, primero físicas y geográficas, a las fronteras internas, los límites muchas veces autoimpuestos que impiden al ser humano una verdadera comunicación con otros e incluso con su entorno. El hombre encerrado en sus propias líneas fronterizas. Madurez en el paso de una propuesta reflexiva de un fenómeno físico a uno tan abstracto y complejo como el ser humano mismo. Crecimiento que se refleja también en el lenguaje plástico que, sin perder nada de su capacidad de dibujante, propone un neo -realismo en el que la figura toma una dimensión interna de gran plasticidad. Trazos firmes y fluidos, instancias intencionalmente inacabadas, confieren a su obra un grado de misterio que invita a la contemplación, en la cual el espectador realiza su propia reflexión. El artista suma, nunca resta o renuncia a su bagaje cuidadosamente construido. Así encontramos aquí una forma de asumir sus orígenes en el diseño gráfico. Rescate que sólo puede realizarse a partir de un proceso de maduración. Evolución y audacia en el uso del soporte de la obra. Mantas de material plastificado que durante meses afearon nuestra ciudad con propaganda política, nos dan hoy, a través del ingenio del artista, una lección de aprovechamiento de lo que se desecha. Imaginemos por un instante una ciudad con mantas que exhiben las obras de sus artistas. María Gabriela Dumay. Crítica de Arte.


TE INVITO

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Título: El Dolo Penal. La motivación de su acreditación, Actualización con las reformas constitucionales de 2008 Autor: Alejandro Sosa Ortiz Editorial: Porrúa

Este trabajo ofrece algunos criterios para responder acertadamente a la frecuente problemática que se presenta en la praxis penal de si está o no demostrado que el sujeto actuó con dolo y cómo razonarlo; entendido éste como una realidad subjetiva, pretérita y ajena al juzgador no perceptible de manera directa. La finalidad de lo anterior es satisfacer la garantía constitucional de debida motivación, cada día más existente a la luz de un Estado social y democrático de derecho. Este esfuerzo se realiza acorde con nuestras legislación positiva e inicia con establecer la ubicación de este elemento subjetivo dentro de nuestra sistemática, para después abordar su contenido diferenciando sus aspectos cognoscitivo y volitivo, así como las diversas clases de dolo. La obra presenta una propuesta que pretende esclarecer el debatido tópico de la distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente, tanto a nivel teórico como probatorio. El autor prosigue con el tema de la carga de la prueba del dolo, en donde expone su punto de vista acerca del principio de presunción de inocencia y el in dubio pro reo, que permite conciliar sin subterfugios ni simulaciones este importante principio con la cruda realidad de la prisión preventiva. Asimismo, de manera respetuosa y razonada discrepa de las tesis emanadas de nuestro más Alto Tribunal, que sostiene que las excluyentes de responsabilidad deben comprobarse de manera plena para que tengan eficacia probatoria y que la carga probatoria del error le corresponde a la defensa. Culmina con una clasificación de los tipos penales, en la que para cada uno de los distintos grupos formula directrices para motivar mejor la acreditación o no acreditación del dolo. 76

TEPANTLATO


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En 1972 se cumplen quinientos años de la muerte de Nezahualcóyotl (1042 – 1472), gobernante y poeta del México antiguo. Desde los últimos años del mundo indígena hasta nuestro tiempo, el rey poeta de Tezcoco ha sido una figura legendaria, de múltiple fama. Y sin embargo, se le conocía más por sus anécdotas y por cierto vago prestigio, que por los hechos de su vida y, hasta hace pocos años, se ignoraban sus verdaderos poemas o cantos. De ahí el presente libro que, como homenaje en su quinto centenario, quisiera dar cabal sentido a su personalidad. En la primera parte, se narra su vida y se estudia su obra, aprovechando la abundante información que nos conservaron los historiadores de nuestra antigüedad, y en la segunda, se recogen sus obras: sus poemas – en las excelentes traducciones modernas-, sus leyes y aún los discursos y razonamientos que se le atribuyen y las primeras versiones y paráfrasis que de sus cantos se hicieron. El relato de su vida no es una biografía novelesca. La imagen que surge de Nezahualcóyotl, contradictoria y múltiple, es el resultado de los testimonios históricos verosímiles, renunciando a imaginaciones decorativas y sin tratar tampoco de ocultar sus acciones injustificables ni de atribuirle pensamientos que no llegó a formular. Tras esta exposición pueden trazarse luego otros relatos más amables.

Titulo: Nezahualcóyotl vida y obra Autor: José Luis Martínez Editorial: Fondo de Cultua Económica

singularmente, por las instituciones culturales que estableció, como fueron los archivos de los libros pintados, las escuelas y consejos superiores, las academias de sabios y poetas, las colecciones de flora y fauna, y aun por el cuidado de la lengua que distinguía a sus dominios. Dentro del mundo nahua del siglo anterior a la conquista, él representa una tradición moral y espiritual, la herencia tolteca Quetzalcóatl, que intento oponerse a la concepción místico-guerrera de los aztecas.

Algo semejante se ha hecho en el estudio de la obra, acopiando las informaciones que nos ayudan a comprender la exterioridad de la antigua poesía náhuatl, esto es, su ambiente, sus modos y sus circunstancias y las funciones sociales que cumplía, e intentando luego el análisis de la interioridad de esa poesía, de sus significaciones y de algunos de sus recursos expresivos.

Disfrutamos aún del bosque de Chapultepec que es fama que él creó y nos unen sus cantos otros hilos imperceptibles, peculiaridades de la sensibilidad que el tiempo no ha mudado. Su desasimiento, su melancolía – imagen del paisaje invariable de la meseta -, su actitud inquisitiva y airada ante la divinidad, su culto de las flores y de la amistad, siguen siendo nuestros. Podemos, pues, sentirlo tan legendario como cercano y propio, porque es una de nuestras estirpes. Por el lado indio, es nuestro poeta y pensador más antiguo y la constancia del último esplendor de aquella cultura.

En Nezahualcóyotl se unían de manera excepcional las aptitudes a menudo irreconciliables del guerrero, el gobernante, el

Esta obra ha sido posible gracias a la diligencia con que los historiadores antiguos y los indígenas celosos de sus tradiciones

constructor, el sabio en las cosas divinas y el poeta, dentro de las características que estas actividades tenían en el mundo indígena. Pero, además, él fue un hombre que trascendió a su tiempo, por las indagaciones espirituales que formuló y por la organización administrativa y la estructura legal que dio a la vida de su pueblo y,

recogieron informaciones acerca de Nezahualcóyotl y trascribieron sus cantos y gracias de los estudios y traducciones recientes de Ángel María Garibay K. y de Miguel León – Portilla. A su memoria y a sus luces expreso mi reconocimiento. J. L. M.


Cartas de Agradecimiento


Cartas de Agradecimiento


Registro No. 922459 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Página: 5 Tesis: 1 Jurisprudencia Materia(s): Común ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-

las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.-5 de junio de 2002.-Cinco votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.Secretaria: Mariana Mureddú Gilabert. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 5, Primera Sala, tesis 1a./J. 42/2002; véase la ejecutoria en la página 6 de dicho tomo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia

Registro No. 922460 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Página: 6 Tesis: 2 Jurisprudencia Materia(s): Común

y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa.

en la cual será potestativo para el juzgador decretar la concentración de los procesos, se concluye que la expresión “Juez de Distrito que hubiere prevenido” significa que el juzgador federal que reciba la demanda de amparo

Novena Época: Contradicción de tesis 32/2000-PS.-Entre

ACUMULACIÓN EN AMPARO. CUANDO SE TRATA DE JUICIOS TRAMITADOS ANTE DISTINTOS JUZGADOS DE DISTRITO SE CONSIDERA “JUEZ QUE PREVINO” AL QUE CONOZCA DE LA DEMANDA PRESENTADA EN PRIMER LUGAR, AUNQUE LA RECIBA POSTERIORMENTE.De lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Amparo se desprende que para conocer tanto del incidente de acumulación de juicios seguidos ante diversos órganos jurisdiccionales, como del fondo del asunto de aquellos que a la postre fueran acumulados, será competente el Juez de Distrito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo. Ahora bien, si se toma en consideración que el incidente de acumulación en amparo constituye una institución procesal de finalidades prácticas

(susceptible de acumulación) más antigua, será quien deba conocer tanto del referido incidente como del fondo de los juicios que a su potestad podrán ser acumulados; asimismo, por “demanda más antigua” se entiende aquella que con anterioridad a las demás relacionadas al procedimiento acumulativo provocó el comienzo formal del juicio de garantías a través del acto de su presentación en cualquiera de las formas admitidas por la ley aplicable y/o por la jurisprudencia. Novena Época: Contradicción de tesis 13/2001.-Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.-21 de junio de 2002.-Cinco votos.Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 63, Segunda Sala, tesis 2a./J. 82/2002; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 397. Registro No. 922595 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice (actualización 2002) VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia Página: 7 Tesis: 1 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO AL DE LA PARTE QUEJOSA O TERCERO PERJUDICADA, POR NO HABER NORMA ALGUNA EN ESE SENTIDO.De la interpretación de los artículos 44 y 163


JURISPRUDENCIA de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de un asunto en materia agraria, se determina atendiendo al domicilio de la autoridad responsable y no al de la parte quejosa o tercero perjudicada, dado que no existe norma alguna en ese sentido. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación de esa naturaleza, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de un amparo directo en materia agraria, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción. Novena Época: Competencia 216/97.-Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito.-24 de octubre de 1997.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Genaro David Góngora Pimentel.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Aristeo Martínez Cruz. Competencia 137/2001.-Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.-22 de agosto de 2001.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Secretaria: Ma. Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. Competencia 206/2001.-Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Para efectos de la procedencia del juicio de

Novena Época: Contradicción de tesis 119/2002-SS.Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito.-25 de octubre de 2002.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: César de Jesús Molina Suárez. Semanario Judicial de la Federación y su

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.-28 de septiembre de 2001.-Unanimidad de cuatro votos.Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-

amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener

Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 235, Segunda Sala, tesis 2a./J. 128/2002; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 743.

Competencia 190/2001.-Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-17 de octubre de 2001.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Juan Díaz Romero.Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Competencia 256/2001.-Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.-11 de enero de 2002.-Cinco votos.Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 35, Segunda Sala, tesis 2a./J. 6/2002; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, página 165. Registro No. 921002 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Página: 6 Tesis: 2 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN.-

origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado.


En un juicio, el juez pregunta al fiscal: -¿De qué se acusa a este pobre ciego? -De haberse metido en un campo nudista, su Señoría. -¿Y qué tiene eso de malo si el pobre no ve? -Cierto, Su Señoría, pero es que recorrió todo el campo nudista tanteando...

1. ¿En que se parecen los abogados a los autobuses? En que después de usarlos te dejan en la calle. 2.¿Porque los abogados nunca tienen las manos en los bolsillos? Porque las tienen en los de los clientes. 3. Un abogado compró dos perros para asustar a los ladrones, y los perros no lo dejaban entrar a la casa. Pobrecito el abogado. 4. En una corte de una pareja que se va a divorciar la mujer le dice al juez yo traje a este hijo al mundo y merezco que me lo quede yo el juez le dice al hombre y este después de analizar la situación responde al juez si usted mete una moneda en una máquina de sodas (gaseosas) de quien es la soda suya o de la máquina. 5. Hay dos clases de abogados: los que conocen la ley y los que conocen al Juez. 6. En un trámite de divorcio, el abogado le propone a las partes lo siguiente: el que se queda con la mayor parte de los bienes del matrimonio, se debe quedar con los hijos, a los pocos días vio al abogado pasear por el centro con los hijos del matrimonio. 7. Un señor acaba de firmar su testamento y su esposa, muy interesada, le pregunta al licenciado: -disculpe, licenciado; si de casualidad muriera mañana, ¿cómo cuánto me tocaría a mí de herencia? - pues fácil, entre 20 ó 30 años de cárcel. 82

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8. Un hombre tiene la costumbre de tirar la basura todas las noches al jardín de su vecino. Una noche éste lo sorprende y le dice: Si sigues tirando la basura en mi jardín no tendré más remedio que dar parte a la policía. A mí me da igual, si quieres se la das toda, yo no la quiero para nada. 9.¿Cuál es la más vieja de las profesiones? Un médico, un ingeniero y un abogado estaban discutiendo sobre cuál de sus profesiones era la más antigua. - El sexto día Dios le sacó una costilla a Adán y con ella creó a Eva - dijo el médico – así que primero fue cirujano. - ¡Por favor! - repuso el ingeniero. Antes de eso, Dios creó el mundo a partir del caos y la confusión, de manera que primero fue ingeniero. – Muy interesante - terció el abogado - pero, ¿quién creó el caos y la confusión? 10. Primer acto: un juez de 139 kilos. Segunda: un juez de 369 kilos. Tercera: un juez de 789 kilos. Título de la obra: el peso de la ley. 11. Una devota pareja de novios se van a casar, pero tienen un accidente de coche y se matan. Al llegar al cielo le preguntan a San Pedro si es posible casarse allí, y San Pedro les dice que sí. Al cabo de cien años, se casan con una simple ceremonia. Al cabo de veinte años, va este matrimonio y le dice a San Pedro: - Veras, Pedro, es que nosotros nos queríamos casar pensando que íbamos a ser eternamente felices, pero ahora estamos convencidos de que tenemos incompatibilidades irreconciliables. ¿Sería posible que nos divorciásemos?

- Pero ¿qué decís? Me costo 100 años conseguir un cura para que os casasteis, con que imaginaos lo que costara conseguir un abogado... 12. En una familia hay tres hermanos; un médico, un administrador y un abogado, su padre lo único que les pide cuando él muera es que cada uno meta en su ataúd un millón de pesos, cuando su padre muere el médico coloca el millón de pesos correspondiente, al igual que el administrador y en el momento del abogado hacer lo mismo, este toma su chequera y hace un cheque por tres millones de pesos y saca los dos millones del ataúd y mete el cheque, para que su padre lo cambie cuando lo necesite en el cielo. 13. Un abogado muere en la pobreza en la ciudad de Neuquen, y como no tenía familia y faltaban 10 centavos para pagar el entierro, el sepulturero le pide al cura del lugar que los aporte. El cura sorprendido pregunta: - Diez centavos!? - Si, padre solo diez centavos, por favor!!! - No hay problema! Diez centavos nomás por enterrar a un abogado??? Tome 20 pesos y entierren a doscientos!!! 14. En el tribunal: - Pero usted, cuando roba, ¿no pensaba en su padre? ¿Sí, pero no encontré nada que le pudiera gustar!

M


La Universidad Tepantlato en su Galería José Vasconcelos presenta la exposición

Naturaleza viva fantasia, forma y color

Luíz Marcel Olmedo DEL

5 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Mtro. Anatoli Naumov, Mtro. Luíz Marcel y Dr. Enrique González Barrera

Inaugurando la Exposición

Invitados Contemplando las Obras del Mtro. Luíz Marcel

Azul Tres

Gatos en la Barda

Fachada

Algarabía en el Jardín Dr. Enrique González Barrera Mtro. Luíz Marcel y “Cory” Greene

Próxima Exposición Alejandro Quijano Pintor y Escultor Rumbo al Mercado

Las Comadres

Luna de Mayo

De regreso a Casa


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