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Este material ha sido adaptado y producido con fines de capacitación por el Área de Atención Psicosocial de COFAVIC como parte del Proyecto: “Atención Integral a víctimas de violaciones de derechos humanos”. Gracias a la cooperación de la Fundación ALBOAN y el Gobierno de Navarra. Prohibida su reproducción y venta sin autorización de la organización.

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MANUAL SOBRE EL PROCESO PENAL VENEZOLANO COFAVIC Derechos humanos:

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on las prerrogativas que conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas especificas de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte1. Los derechos humanos son inalienables y universales, es decir, pertenecen por igual a todos los seres humanos más allá de cualquier frontera territorial o límite social, racial, étnico, cultural, político o

económico y deben ser protegidos por ley. Son intransferibles, es decir, nadie puede ceder su disfrute a otra persona y son irrenunciables, es decir, nadie puede despojarse de ellos. Los derechos humanos son integrales, por lo que no se pueden considerar de manera aislada ya que son parte de un conjunto y se vinculan unos con otros. Además son progresivos, ya que la humanidad va ampliando su ámbito de protección. El sujeto de derecho es el individuo y el Estado es el poseedor de las obligaciones. Esto significa que, en los casos en los que las acciones de agentes no estatales ocasionen violaciones de derechos humanos a terceras personas, la responsabilidad principal corresponde directamente al Estado, puesto que sólo él debe respetarlos y garantizar su realización 2.

Responsabilidad por las violaciones a los DDHH Estado Sancionador (Instancias internas)

Sancionado (Instancias internacionales)

En el derecho interno, los derechos humanos están garantizados por diversos instrumentos legales, como la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Resulta muy importante conocer cómo funciona el Proceso Penal venezolano, ya que este rige los derechos de las víctimas ante instancias internas.

El Proceso Penal Venezolano Justicia gratuita y expedita

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l artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) indica que las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.

Este artículo indica claramente que los funcionarios que no procesen diligentemente las denuncias serán sancionados según los correspondientes recursos legales.

Proteger y reparar a la víctima

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l artículo 118 afirma que son objetivos del proceso penal la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito. El Ministerio Público está obliga-

1 Héctor Faúndez: El Sistema Interamericano de Protección de derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2da edición, 1999, p. 27 2 ANAYA MUÑOS, Alejandro y otros. Glosario de términos básicos sobre derechos humanos. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. Editora Milenio 2005

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do a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir.

La víctima ¿quién es?

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n instrumentos legales anteriores la víctima no era relevante. Ello cambia con la vigencia del COPP, donde asume un papel más protagónico. El artículo 119 la define como “la persona directamente ofendida por el delito”; “El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido; y, en todo caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad”; cuando la persona jurídica es la afectada por un delito, las víctimas son los socios, accionistas o miembros; las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Los derechos de las víctimas

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l artículo 120 los define claramente: 1. Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código; 2. Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él; 3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia; 4. Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte. 5. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible; 6. Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos; 7. Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente; 8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

Las medidas de protección

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omo ya se dijo entre los derechos de las víctimas está la posibilidad de solicitar medidas de protección frente a posibles atentados o agresiones en contra de su persona o de su familia. Según el artículo 23 del COPP uno de los objetivos de éste es la protección de la víctima. Sin embargo, éste no prevé ante cual organismo debe hacerse la solicitud pero ésta debe realizarse ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El papel del Ministerio Público

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a acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, por lo que esta institución tiene como rol principal dirigir la investigación, formular la acusación y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente, entre otras. La finalidad del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, por lo que el Ministerio Público debe aportar todos los elementos recabados, incluso aquellos que son favorables para el imputado o acusado. Dentro de las atribuciones de los Fiscales del Ministerio Público se encuentra velar por los intereses de la víctima en el proceso.

La protección de los derechos humanos

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l artículo 121 explícitamente afirma que cualquier persona natural o asociación de defensa de los derechos humanos puede presentar querella contra funcionarios o empleados públicos, o agentes de las fuerzas policiales, que hayan violado derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. El artículo 122 indica que la persona ofendida directamente por el delito podrá delegar en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente a la defensa de sus intereses. En este caso, no será necesario poder especial y bastará que la delegación de derechos conste en un escrito firmado por la víctima y el representante legal de la entidad.

La denuncia

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a denuncia es la acción de informar a la autoridad competente de la comisión de un delito. Todas las personas están en la obligación y tienen el derecho de/a denunciar cuando han sido víctimas de una violación a los derechos humanos. Además de buscar que se haga

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justicia y se sancione a los responsables, también es importante establecer precedentes pues de esta manera se contribuye a que esos hechos no se repitan. La denuncia se puede formular ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o un órgano de policía de investigaciones penales. (Art. 110 y 285 COPP). La víctima o sus familiares también pueden acudir a las organizaciones no gubernamentales para que con su experiencia puedan asesorarlos sobre qué hacer, dónde acudir.

¿Cómo se hace una denuncia?

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na denuncia debe ser lo más clara posible y debe aportar todos los elementos indispensables para colaborar con el esclarecimiento de la violación de derechos humanos. Algunos de esos datos son: Identificación del denunciante y de la víctima, quien indicará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, datos de la víctima, señalamiento de quien ha participado (en lo posible) y de las personas que tengan noticias de él o lo hayan presenciado, pruebas que se puedan aportar y la firma. (Art. 286 del COPP)”. El Ministerio Público deberá ordenar, sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación y dispondrá que

se practiquen las diligencias necesarias para hacer constar la comisión del delito y determinar la responsabilidad de sus autores, según lo dispuesto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal.

¿Qué deben hacer las víctimas?

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l seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que deben hacer son: O Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla. O Abrir un archivo propio a través de una carpeta de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado. O Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones. O Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

Las fases del proceso penal Fase preparatoria:

Sobreseimiento:

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l objetivo de esta fase es recabar todos aque-llos elementos, pruebas y datos que sirven para determinar la responsabilidad de una persona en un delito. Esta fase es de vital importancia, ya que de los resultados de las investigaciones depende la eventual acusación por parte del fiscal del Ministerio Público. Si el fiscal del Ministerio Público considera tener ele-mentos de convicción suficientes para señalar a una persona como autor o partícipe de un hecho punible deberá imputarla previamente y así éste tendrá todos los derechos señalados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez hecha la imputación el Ministerio Público tendrá un lapso de seis meses, si el imputado no está detenido, para terminar las investigaciones y dictar el acto conclusivo al que haya lugar, el cual puede ser sobreseimiento, archivo fiscal o acusación. En el caso que el imputado se encuentre detenido podrá solicitar al Juez de Control la fijación de un lapso prudencial entre 30 y 120 días para la conclusión de la investigación. La fase preparatoria termina con la solicitud de sobreseimiento, archivo fiscal o la acusación. (Art. 315 del COPP)

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l fiscal solicita el sobreseimiento cuando: el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; el hecho no reviste carácter penal o no es punible o concurre una causa de justificación; la acción penal ha finalizado; o no existe la posibilidad de aportar o incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar el enjuiciamiento del imputado. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez podrá convocar a las partes y a la víctima, a una audiencia oral a fin de debatir los fundamentos de la petición. Antes de que el Tribunal decida el sobreseimiento de la causa debe escuchar a la víctima y, en caso que se declare el mismo, la víctima puede impugnar la decisión dentro de los límites legales. (Artículo 120, num. 7 y 8 del COPP).

Archivo fiscal:

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curre cuando el Ministerio Público estima que no hay elementos suficientes para acusar, lo cual no imposibilita la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Esta me-


dida de archivo debe ser notificada a la víctima que haya intervenido en el proceso, quien podrá solicitar la reapertura de la investigación aportando las diligencias pertinentes. También podrá solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida. Si el Tribunal estima que el Fiscal no debió archivar la causa, encontrando así fundada la solicitud de la víctima, notificará al Fiscal Superior para que éste ordene a otro Fiscal para que formule un acto conclusivo, ateniéndose a lo resuelto por el Tribunal.

La acusación fiscal:

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na vez realizada la investigación por el Ministerio Público y estableciendo ésta serios elementos de convicción que permitirán el enjuiciamiento del imputado, el fiscal del Ministerio Público interpondrá la acusación ante el Juez de Control. Este es el acto conclusivo más importante ya que permite el inicio de la siguiente fase del proceso, la Fase Intermedia, en la cual se llevara a cabo la audiencia preliminar.

La Fase Intermedia Audiencia Preliminar:

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sta es una audiencia oral pero no pública, en la cual el Juez de control convoca a las partes para definir el objeto del proceso y establecer los limites de la acusación, así como también evaluar las pruebas en cuanto a su legalidad, pertinencia, necesidad y utilidad en el proceso (Art. 330 del COPP). Una vez determinada la existencia o no de elementos de convicción, fijado el objeto del proceso y los límites de la acusación, se ordenará el sobreseimiento de la causa o el pase a la siguiente fase del proceso penal, que no es otra que la Fase de Juicio. De ser esta la decisión, se ordena mediante el auto de apertura a juicio, el cual es inapelable .

Fase del Juicio Oral:

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sta es la fase más importante del proceso penal puesto que en ella se desarrolla el debate de la causa y es también el momento en el cual se esgrimen los argumentos y se exhiben las pruebas para tratar de alcanzar la verdad de los hechos, determinando la culpabilidad o la inocencia de los acusados, logrando así la justicia en el caso concreto. El juicio oral y público está regido por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, entre otros.

Esta fase de Juicio Oral la podemos ver segmentada en 3 subfases:

Preparación del Debate:

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e constituye el tribunal conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. El juez debe tomar en cuenta la pena atribuida al delito sobre el cual versa la causa y así determinar si el Tribunal que llevará adelante el debate debe ser

unipersonal o mixto. El tribunal debe fijar la fecha para la celebración de la audiencia oral y pública, indicando el nombre de los jueces que integrarán el tribunal y librando las citaciones de todos los que deban concurrir a la audiencia. Los tribunales unipersonales conocen delitos que no tengan pena privativa de libertad, o cuya pena privativa de libertad no exceda los 4 años. Los tribunales mixtos conocen delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de 4 años. Se le llama tribunal mixto, porque está constituido por un Juez Profesional y 2 escabinos, siendo estos últimos dos ciudadanos comunes, que son escogidos a través de un sorteo en la base de datos del Registro Electoral Permanente. Estos escabinos tienen que cumplir con una serie de condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que los tribunales pueden acordar el juzgamiento sin la presencia de los escabinos después de que se hayan practicado dos de los cinco sorteos de manera infructuosa y luego de consultar la opinión del imputado (Sentencia Nº 2684 de 12/08/05). La intención del máximo tribunal es “evitar retardos procesales y garantizar el debido proceso”.

Desarrollo del debate:

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n este instante del proceso se realiza el juicio tal como es conocido por el público en general, se inicia un debate en el cual, en forma sucesiva, el fiscal y el querellante expondrán sus acusaciones y el defensor sus argumentos de defensa. Después de las exposiciones de las partes, el juez profesional recibirá la declaración del imputado y le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, advirtiéndole que puede abstenerse de emitir cualquier declaración sin que esto le

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perjudique, y que el debate continuará aunque no declare. • Después de la declaración del imputado, el juez presidente procederá a recibir la prueba en el orden que se indique. En primer lugar los expertos y luego los testigos, salvo que considere necesario alterarlo. En el caso de los expertos, el juez presidente le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca de lo propuesto como objeto de prueba. Al finalizar su exposición, se realizará el interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso, continuarán las otras partes, en el orden que el juez presidente considere conveniente, y se procurará que la defensa interrogue de último lugar. Luego, el tribunal podrá interrogar al experto. Los expertos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal. • Seguidamente, el juez presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno; comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público y concluirá con los ofrecidos por el acusado. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el juez presidente dispondrá si continúan en la sala o se retiran. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba. • El juez presidente moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán solicitar la revocación de las decisiones al juez presidente cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. • Si se tratase de medios de prueba documentales los mismos serán incorporados al debate mediante su lectura, a los fines de garantizar el principio de oralidad en el proceso, debiendo además ser exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o reproducción parcial. • Una vez concluida la recepción de las pruebas, se llevarán a cabo las conclusiones y el juez profesional le otorgará la palabra, sucesivamente, al fiscal y al defensor, para que expongan sus conclusiones. Habiendo terminado estas exposiciones el fiscal y el defensor tendrán un derecho a réplica, las cuales deberán estar basadas exclusivamente sobre las conclusiones de la contraparte. En este punto, encontrándose la víctima presente en el debate, se le dará la palabra, con el fin de que exponga lo que desee decir con relación al debate.

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Finalmente, el juez presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar. A continuación se declara cerrado el debate.

Deliberación y Sentencia:

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na vez cerrado el debate, los Jueces procederán a deliberar sobre el mismo fuera de la sala donde se desarrolló la audiencia. En el caso del tribunal unipersonal el juez pasará a decidir en dicha sala. Cuando quien decide es un tribunal mixto, los escabinos se pronunciarán sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, y la decisión se establecerá a través de una mayoría simple. En caso de dictar una sentencia condenatoria la decisión sobre la calificación jurídica y la sanción penal correspondiente será responsabilidad única del juez Profesional. En ningún caso la sanción a imponer puede sobrepasar lo establecido en la acusación y en el auto de apertura a juicio en esta ampliación de la acusación. Una vez finalizada la deliberación, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia con el fin de dictar la dispositiva del fallo, y reservándose la publicación de la sentencia en su totalidad, dentro del lapso establecido en la ley. Si la sentencia es absolutoria se ordenará la libertad del imputado o el fin de las medidas cautelares en su contra. La libertad del imputado se otorgará aún cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente desde la sala de audiencias. La sentencia condenatoria establecerá las penas y medidas de seguridad que correspondan a ser cumplidas por el condenado (Art. 365 del COPP).

Fase recursiva:

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urante esta fase, las personas que son parte en el proceso, “así como las víctimas aunque no se hayan constituido como querellantes”, pueden intentar los recursos previstos en la ley en contra de las sentencias que consideren desfavorables. Estos recursos se interponen en las condiciones de tiempo y forma que establece la ley. Los jueces que se pronunciaron no podrán intervenir en el nuevo proceso. El imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso. Cuando en un proceso haya varios imputados o se trate de delitos relacionados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables los mismos motivos, sin que en ningún caso les perjudique. La interposición de un recurso suspen-


derá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente en la ley se establezca lo contrario.

El recurso de apelación:

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a posibilidad de ejercer un recurso para controlar los posibles vicios (o irregularidades) de la sentencia condenatoria, o de su procedimiento, es un derecho fundamental del condenado. Asimismo el Código Orgánico Procesal Penal también le otorgó a la víctima la facultad de impugnar o recurrir la sentencia absolutoria dictada a favor del acusado por estas mismas razones. El ejercicio de todos los recursos se encuentra limitado por ciertas condiciones de carácter objetivo y subjetivo, así como de modo y tiempo, es decir debe realizarse cumpliendo ciertos requisitos y dentro de un lapso de tiempo determinado. Los recursos que hayan sido ejercidos fuera de estos límites serán considerados inadmisibles y, por lo tanto, la sentencia se considerará definitivamente firme.

El recurso extraordinario de casación:

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ste recurso se interpone sólo en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Procede sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el acusador particular o

acusador privado hayan pedido la aplicación de pena inferiores a las señaladas. El recurso de casación podrá basarse en varios motivos: por violación de la ley, por falta de aplicación de la misma, por indebida aplicación o por errónea interpretación. Asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Fase de ejecución penal:

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n esta fase el Juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. Al tribunal de ejecución le corresponde: 1. La ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme; 2. Todo lo relacionado con la libertad del penado, rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio y extinción de la pena; 3. La determinación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad; 4. La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona. El tribunal de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar su libertad condicional.

Bibliografía ANAYA M., Alejandro y otros. Glosario de términos básicos sobre derechos humanos. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. Editora Milenio 2005 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial Nº 5.558 Extraordinario de fecha 4 octubre de 2006. Caracas, Venezuela. FAUNDEZ L., Héctor. El Sistema Interamericana de Protección de derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2da edición, 1999. IZQUIERDO, Daisy. Lecciones de Derecho Procesal Penal I y II. Italgráfica S.A. 2000. Caracas, Venezuela. Medina Q., Cecilia y otros. Manual de Derecho Internacional de los

Derechos Humanos. Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. NIKKEN, Pedro. El concepto de los derechos humanos, en Antología Básica de los derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 1994. Organización de las Naciones Unidas, Carta de la. Adoptada el 26 de junio de 1945. Organización de la Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. VÁSQUEZ, Magaly. Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano. U.C.A.B. 2001. Caracas, Venezuela.

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El área Jurídica de Cofavic asesora a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares sobre las diligencias legales que pueden realizar en el ámbito nacional para encontrar justicia. Dirección general de la publicación: Liliana Ortega Mendoza • Redacción: Willy Chang, María Daniela Rivero y Gerson Sánchez (Área jurídica de COFAVIC) Corrección: Elisa Ruiz (Área de comunicación de COFAVIC) • Revisión del texto y asesoría jurídica: Magaly Vásquez, Decana (e) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. • Diseño y diagramación: Manuel Cuervo • Impresión: Corporación Franquet La publicación fue editada y distribuida por COFAVIC. ISBN: 978-980-6703-02-5 Depósito Legal: IF72920073231583 Háganos llegar sus dudas, preguntas, sugerencias y denuncias: Avenida Urdaneta • Esquina Candilito • Edificio El Candil • piso 1 • Oficina 1-A • Apartado postal 16150 • Código postal 1011-A • La Candelaria, Caracas. Teléfonos: (58-212) 5729631/ 5729912 • Fax: (58 212) 5729908 • web: www.cofavic.org.ve • e-mail: cofavic@cofavic.org.ve

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