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Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina Al servicio del despachante de Aduana y del Comercio Exterior

EDITORIAL

El comienzo de una nueva gestión Escribe Enrique Loizzo Presidente del CDA

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e sido honrado por ustedes para ocupar el cargo de Presidente del CDA y he asumido la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra institución por los próximos tres años. Atrás quedaron los tiempos de campaña y el proceso electoral, que culminó el 5 de diciembre de 2016 con la asunción de la actual Comisión Directiva. Me acompaña en esta tarea un grupo de profesionales que dedican su tiempo y esfuerzo para lograr un crecimiento sostenido del Centro y que aportan conocimiento y trabajo en forma desinteresada. Durante estos primeros meses, nos hemos abocado a realizar un análisis de la situación recibida, a reordenar los procesos de trabajo y a poner en marcha las primeras medidas de gestión basadas en un concepto de representación, participación y transparencia. Estamos convencidos de que las acciones deben realizarse en el marco de una política de puertas abiertas, para que todos los asociados se sientan parte y puedan beneficiarse de las actividades que brinda el Centro. Comenzamos la tarea direccionándonos en los siguientes ejes: mejorar la rentabilidad económica, aumentar la cantidad de servicios, fortalecer la calidad institucional, incrementar los beneficios sociales y brindar una asistencia basada en los principios de representación y federalismo que caracterizan a una cultura institucional democrática. Estamos posicionando nuevamente al despachante de Aduana en todos los ámbitos relacionados con el comercio exterior, tanto en el nivel nacional como internacional. Fortalecimos la relación institucional

Nuestros socios son los únicos beneficiarios de las políticas que estamos implementando

con organismos públicos y privados; hemos sido invitados a participar en la discusión de temas que hacen a nuestra profesión, con el aporte de conocimientos y soluciones a las problemáticas planteadas. Mejoramos los canales de comunicación, dotándolos de contenidos técnicos de actualidad; hemos implementado el envío de newsletters bajo formatos diferenciados y de rápida lectura. Incrementamos la cantidad de asesores que brindan asistencia al asociado. Comenzamos a mejorar los servicios de cabinas SIM y de combis mediante contratos que permiten ampliar y mejorar los servicios. Llevamos adelante un relevamiento de estructura y necesidades de todas las filiales y corresponsalías del país. Entendemos que la situación heredada del Fondo Común Solidario genera preocupación y ansiedad. Luego de ganar las elecciones, y desde antes de asumir, comenzamos a delinear las acciones necesarias que nos permitan llegar a una solución; reunimos a un grupo de asesores de primer nivel que entienden cuál es la problemática y que trabajan en la obtención de un resultado satisfactorio. Sabemos que la obtención de la Colegiatura es un viejo anhelo de todos los despachantes de Aduana; es una forma de unirnos y jerarquizar nuestra profesión. Muchas fueron las frustraciones que hemos tenido sobre este tema; sin embargo, en la actualidad se está trabajando para lograr su concreción, dada la importancia que reviste. Mi deseo es agradecerles nuevamente la confianza depositada. Los espero para trabajar juntos por nuestro CDA.

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sumario Cuando los errores de clasificación no son sinónimo de perjuicio fiscal Escribe José Pedro Bustos Editor responsable Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina

Redacción Gabriela La Morte Lucariello, Roberto A. Pagura, Mariano Wolfson. Colaboran en esta edición José Pedro Bustos, Carlos Canta Yoy, Sergio Orieta

Escribe Sergio Orieta FONDO COMÚN SOLIDARIO

Presidente Enrique Loizzo 38

HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

Trabajando en equipo para enfrentar la emergencia Incluso antes de asumir, la nueva Comisión Directiva debió enfrentarse a una exigencia perentoria de la AFIP que podía terminar inhibiendo de hecho la actividad de los despachantes desde el 1 de enero. En esta edición, una síntesis de lo actuado y una explicación de la estrategia adoptada, a cargo de los abogados Enrique Barreira y José Bustos.

Prosecretario Fernando Ariel Doni

RADIOGRAFÍA

El mundo en cifras 44

Otra conducción, una nueva etapa

EN POCAS PALABRAS

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DIÁLOGOS

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASAPRA

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Tesorero Edgardo I. Vergagni Protesorero Pedro Storino

ROSARIO 14

Foto de Tapa Freeimages.com/Luis Paredes

Vicepresidente Marcelo Newton Secretario Marcelo Ravida

“Las normas aduaneras son parte de un sistema” 40

Diseño Cristina Lund Impresión Gráfica Pinter S.A.

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Cómo funciona el régimen de importación de bienes usados

Director editorial Enrique Loizzo Edición periodística Roberto A. Pagura

Comisión directiva 2016 – 2019

Fortalecer la figura del despachante

Vocales titulares Pablo Pardal Eduardo Requelme Nerina Claudia Zapiola Salvadores Fernando Suárez Walter Gazek María José Díaz

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Comercio exterior es una publicación bimestral del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina. Es miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de la Asociación de la Prensa Técnica Argentina (APTA). Las expresiones vertidas en los artículos publicados no reflejan necesariamente la opinión de la revista y son responsabilidad de sus autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin previa autorización de la dirección. Registro de la Propiedad Intelectual Nº 58.468. Edición Nº 892 febrero – marzo de 2017

VENTANILLA ÚNICA

Una herramienta de facilitación

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS

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La VI Enmienda hace su estreno 54

SERVICIOS COURIER

Cuando desate el paquete

HISTORIA 28

SUBCOMISIÓN DE INTERIOR

Un centro más cerca de sus asociados

Aquél día en que se dio el primer paso 58

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El Mercosur, con nomenclaturas arancelarias diferentes

INSTITUCIONALES

Datos útiles para los asociados

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Vocales suplentes Christian Gomila Sergio Landaluce Héctor Fiori Néstor Gutkin Javier Bertolotto Fernando A. Paez Romairone Revisores de cuentas titulares María Eva Zorrilla Stella Maris Ruiz Facundo Álvarez Revisores de cuentas suplentes Alejandro Frasson Jorge Martínez

Escribe Carlos Canta Yoy Tirada de esta edición: 4000 ejemplares.

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EN POCAS PALABRAS

EN POCAS PALABRAS

RESPALDO EN LA ADUANA Autoridades de Centro Despachantes de Aduana se reunieron el 19 de diciembre con el director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión y con el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi. El CDA explicó a los funcionarios su posición frente a las dificultades suscitadas sobre el Fondo Común Solidario y Gómez Centurión se comprometió a plantearle a Alberto Abad, titular de la AFIP, la necesidad de darle una solución al tema. Además, la institución resaltó su apoyo a los controles del servicio aduanero y expresó sus expectativas de diálogo y trabajo en común.

ASESORES DE COMISIÓN Por acta de reunión 2306, se aprobó la designación de los asociados Juan José Armada, Oscar Dhers, Claudio Libonati, Gerardo Pardal, Rubén Pérez y Daniel Zorrilla como asesores ad honorem de la Comisión Directiva.

EN BÚSQUEDA DE SOLUCIONES OPERATIVAS

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL CENTRO

Autoridades del CDA se reunieron durante enero con representantes de Buenos Aires Container Terminal Services (BACTSSA), Exolgan y Terminales Rio de la Plata (TRP) para conversar sobre temáticas comunes vinculadas con la operatoria del comercio exterior, presentar los reclamos de los asociados y obtener soluciones para ellos. En los encuentros con BACTSSA y Terminales Río de la Plata, trataron la insuficiencia de estacionamientos en las terminales, la creación de un sistema de simulación de costos del servicio con antelación para el arribo de los contenedores full y la mejora en la disponibilidad de turnos para el retiro de contenedores completos con cargas generales, tránsitos a otras jurisdicciones aduaneras y verificación con un bill of lading de varios contenedores. TRP informó acerca del desarrollo de la etapa final de un sistema de abono a través de un medio electrónico con conexión a internet. Mediante un usuario y contraseña, se podrá acceder en tiempo real al volante de pago, a su acreditación, la emisión de factura y el gate pass para las cargas de la terminal. Por su parte, funcionarios de Exolgan presentaron novedades sobre la implementación de la prueba piloto del nuevo sistema de salidas anticipadas para la importación que se encuentre en los canales de verde y rojo verificados, a excepción de las operaciones de tránsitos y traslados. Esto optimizará los tiempos de los procedimientos.

La Agrupación Despachantes Unidos (ADU), liderada por Enrique Loizzo y Marcelo Newton, se hizo cargo de la conducción de Centro Despachantes de Aduana, tras imponerse en las elecciones a la Lista Azul, encabezada por Alberto Aguirre y Alberto Germinario. La nueva Comisión Directiva asumió el 5 de diciembre y ejercerá su mandato hasta 2019. “Este es un día muy especial. Después de muchos años de trabajo, logramos llegar a lo deseado. Quiero agradecerles a los colegas que se van por el tiempo que han dispuesto para el CDA, por la voluntad y las ganas. Esperamos continuar la gestión con mérito, ganas y el orden en que se debe hacer”, dijo Loizzo en el acto de asunción y remarcó la necesidad de trabajar en conjunto con el objetivo de solucionar cuestiones pendientes. Esa misma tarde, se llevó a cabo una reunión con las autoridades de las filiales y corresponsalías para poner en común problemáticas y abordar las necesidades específicas de cada región.

QUEDÓ CONFORMADA LA COMISIÓN CONSULTIVA

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TAMBIÉN EN VERANO Durante el verano, el CDA organizó actividades de formación para sus asociados sobre temáticas estrechamente relacionadas con las tareas operativas. Así, el 11 de enero tuvo lugar una charla sobre la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Agotadas las vacantes, se habilitó su transmisión por videoconferencia en tiempo real y de forma gratuita. El 11 de enero, ese mismo día, comenzó el dictado de un curso de operación del MARÍA, a cargo de Paula N. Pasnansky, que tendrá una segunda edición en abril. El temario incluye utilizadas del sistema, conceptos y práctica de la declaración detallada de importación y exportación, y declaraciones con códigos AFIP. Finalmente, el 21 de febrero, se llevó a cabo una charla informativa sobre la VI Enmienda del Sistema Armonizado, transmitida a todo el país por videoconferencia.

FOTO: CCAC

ASESORÍA ESPECIALIZADA La Comisión Directiva del CDA continuará contando con la asesoría especializada de Osvaldo Aquieri y Rubén José Lagger. Aquieri tendrá a su cargo las problemáticas vinculadas a AFIP-ADUANA, mientras Lagger brindará su interpretación y opinión en temas de carácter técnico y normativo que la Comisión le derive y por sus características o complejidad requieran un análisis exhaustivo. Los interesados podrán dirigirse a consultas@cda.org.ar

CON EL SECRETARI0 DE COMERCIO El presidente de CDA, Enrique Loizzo, y el secretario, Marcelo Ravida, se reunieron el 14 de diciembre con el secretario de Comercio, Miguel Braun, el responsable de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría, José Ignacio García Hamilton, y el director nacional de Gestión Comercial Externa, Pablo Lavigne. Los representantes del CDA manifestaron la postura de la entidad en relación con el sistema Exporta Fácil y el régimen de courier. García Hamilton fue designado como enlace directo entre la entidad y la Secretaría a fin de trabajar conjuntamente.

En cumplimiento de las normas estatuarias y de lo dispuesto en el artículo 34, inc. n), fueron elegidos los integrantes de la Comisión Consultiva de la institución, cuya actuación se regirá por lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 del Estatuto. Esta podrá emitir opinión y hacer recomendaciones de “motu proprio” en todos los asuntos que le someta en consulta la Comisión Directiva, especialmente en materia de ética profesional. Aunque esta última no está obligada a acatar sus opiniones y dictámenes, en caso de apartarse de lo aconsejado, deberá hacerlo mediante una resolución que analice y fundamente lo decidido.

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TODOS POR YAPEYÚ

CONTACTO EN LA PLATA

En respuesta a la solicitud de la directora, maestros y alumnos del establecimiento primario 428 “San Martín”, de la localidad correntina de Yapeyú, la Comisión Directiva ha comenzado a trabajar para reunir las donaciones que tendrán por destino a esa escuela, apadrinada desde hace 30 años por el Centro Despachantes de Aduana. Los materiales requeridos incluyen útiles escolares y zapatillas para los 240 niños y niñas que asisten a clases y reforzarán la valiosa tarea de contención social que lleva a cabo el personal docente.

En nombre del Centro Despachantes de Aduana (CDA), Carlos Requelme, integrante de su Comisión Directiva, y Sebastián Mosconi, colaborador de la subcomisión Operativa, mantuvieron una serie de encuentros con autoridades de la Aduana de La Plata y de la Zona Franca emplazada en la capital bonaerense. En la Aduana, se reunieron con el administrador, Ramiro Roibas, ex subdirector de Control en Buenos Aires, que agradeció esta primera visita de representantes del CDA y se puso a disposición para lo que necesiten los asociados. En igual sentido se manifestó el jefe de Registros, Matías Amendolara. En la Zona Franca, Requelme y Mosconi fueron recibidos por Horacio Donato, director de Infraestructura e Inversión de la Dirección provincial de Zonas Francas, por el gerente del concesionario, Juan Pablo Justo, y con el presidente de la Cámara de Usuarios, Alejandro Bellini. Con este último, recorrieron las instalaciones y el lugar que facilitarían a los despachantes dentro del predio. Finalmente, tuvieron un encuentro con el jefe de Aduana de la Zona Franca, Alexis Moroni, y el jefe de Verificación, Fernando Feijo, que se manifestaron complacidos con la visita y abiertos a recibir las inquietudes y sugerencias de los despachantes.

NUEVA CORRESPONSALÍA Al cierre de esta edición, asociados de Santa Fe, Paraná y Rafaela se encontraban ultimando los preparativos para constituir una nueva corresponsalía que agrupará a los colegas de esas localidades y funcionará en las instalaciones de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. La creación de esta corresponsalía debe ser aprobada en la próxima reunión de Comisión Directiva, y ad-referéndum de la asamblea General Ordinaria. La inauguración oficial está prevista para el mes de abril y sus miembros son: Ramón Zankel, presidente; Diego Dumont, vicepresidente; Martin Scaleghe, secretario; Ricardo Tersse, tesorero; Mariana Begino, Nicolás Cassanello y Fernando Botta, vocales; y Adrián Albiñana, revisor de cuentas.

MÁS ASESORES El CDA incorporó nuevos profesionales a su cuerpo de asesores. Carlos Canta Yoy, actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), prestará asesoramiento en materia de Acuerdos ALADI y Mercosur, origen de las mercaderías y sistemas preferenciales y no preferenciales. Por su parte, Sergio Orieta orientará a los asociados en todo lo referido a Regímenes de Lealtad Comercial, regímenes de Promoción de las Exportaciones, Bienes de capital usados, Industria, DCJP – SISCO y Trámite a distancia – RUMP. En tanto, las abogadas Emilce Gullelmotti y Soledad Santos, del Estudio Gullelmotti Santos, atenderán las consultas sobre asuntos laborales.

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DIÁLOGOS Por Leandro Tonetti y Marcelo Contreras Leandro Tonetti: Hola, Marce querido, ¡qué alegría verte! Marcelo Contreras: Hola, pichón, tanto tiempo... ¿Cómo andás? LT: En la lucha, pero bien, creciendo bastante... MC: ¿O sea que progresaste? LT: Bueno, si por progreso se entiende tener una oficina más grande, sí, progresé. Hace dos años enganché un par de clientes más y ahora somos cuatro en la oficina. MC: ¡Ojo, pibe! Manejate con prudencia. Te lo dice alguien con cierta experiencia, que vivió el “Rodrigazo”, la “tablita”, las “híper”, el 2001/2, entre otras crisis. Porque armar una estructura cuesta, pero mucho más mantenerla. Se te cae un cliente y te venís abajo como jovato sin bastón. LT: Tenés razón, pero a veces las circunstancias te obligan a crecer. ¿Y vos? Contame, ¿qué es de tu vida? MC: Resistiendo, como dice la canción, con cinco años más encima o cinco menos de vida, depende de cómo lo mires. Pero no me puedo quejar. Por lo menos con laburo la voy pichuleando, y encima puedo seguir trabajando. En pocas palabras, un verdadero bacán. LT: Contame, ¿así que volvemos a salir en la revista del Centro? MC: ¿Y yo qué te dije hace cinco años, más precisamente en agosto de 2012, cuando se interrumpió nuestra sección? LT: No me acuerdo, ¿qué me dijiste? MC: Que te quedaras tranquilo, que íbamos a volver LT: Tenías razón. Volvimos... MC: A propósito del tiempo, ¿te diste cuenta que todo está igual? LT: No sé a qué te referís, pero si es respecto de nuestra profesión, cambiaron un montón de cosas. Ya no están las DJAI, no hay más cepo, hay más control en los fiscales. MC: ¡Pará, pará, pipistrilo! No están las DJAI, pero está la SIMI, con las LNA, que enciman no salen, no hay mucha expo... En fin, para nuestro gremio la cosa sigue un poco complicada, ¿entendés? ¿Vos conocés a Giuseppe Tomasi di Lampedusa? LT: Ni idea...

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MC: Fue un escritor italiano, autor de una única novela, El Gatopardo, además de una frase lapidaria: “Que todo cambie para que todo siga igual”. Fijate: antes presentabas multinota solicitando las modificaciones y ahora hacés lo mismo, pero por sistema. Igual tenés que venir a la Aduana a lograr la resolución que te lo autorice. Tenés que llevar el permiso de embarque para que lo hagan, igual que antes. Los canales rojos son los mismos o más. O sea, seguimos corriendo atrás de los papeles.

LT: ¿Y la Ventanilla Única, y el Acuerdo de Facilitación del Comercio? ¿Te parece poco? MC: El VUCE parece muy buena idea, pero hoy está más verde que la Selección clasificando para el mundial. Y el AFC estamos viendo cómo se va a implementar, o sea esperando. Ah, y me olvidaba de la sexta enmienda, otro temita lindo que se viene... LT: El que sigue igual sos vos, no cambiaste nada... MC: No te creas, en cualquier momento me voy a vivir con el gordo Roque a las sierras. LT: ¿Cómo? MC: Que mejor que se solucione el tema del Fondo Común Solidario, LT: Cierto, que macana todo eso. ¿En qué está? MC: No lo sé y ni siquiera pienso averiguarlo, pero me da mucha bronca que esto lo sabían las autoridades anteriores, extra y oficialmente, desde hace rato. LT: ¿Y por qué no dijeron nada? MC: Ah, no sé, preguntale a ellos... A lo mejor te dan alguna respuesta. LT: Hablando un poco de otras cosas. ¿Cómo estás funcionando operativamente? MC: Uh, qué temita. Está bastante complicado. Las distancias nos suman gastos y cada vez se pueden cobrar menos. LT: Qué bueno sería que todos los despa nos pongamos de acuerdo y empecemos a cobrar lo que corresponde en lugar de regalar el laburo. MC: Tenés razón, tenemos mucha responsabilidad y poco rendimiento. LT: Bueno Marce, tengo que dejarte, porque si no, no llego a Ezeiza y a Exolgan. MC: Bueno, mandale saludos a la gente de la terminal. Y deciles que nos vendría bien un poco más de lugar para estacionar. Llegar cuesta un Perú y estacionar, ni te cuento. Menos mal que vamos a laburar, que si no... LT: Nos vemos dentro de 60 días. Me alegra mucho volver a verte. Y que sigas con tu optimismo... ja, ja, ja. MC: Cargame todo lo que quieras, pero prefiero ser un escéptico antes que tragarme todos los relatos y después agarrarme una indigestión de aquellas... ¡Chichipio!


FONDO COMÚN SOLIDARIO

Trabajando en equipo para enfrentar la emergencia Incluso antes de asumir, la nueva Comisión Directiva debió enfrentar una exigencia perentoria y sorpresiva de la AFIP: si no se cumplía con la integración de la garantía exigida por el organismo, la actividad de la mayoría de los despachantes de Aduana podía verse inhibida de hecho a partir del pasado 1 de enero. La intensidad de las gestiones y la coherencia de las demandas del CDA permitieron revertir una situación adversa y abrir vías para resolverla. En las páginas que siguen, se ofrece una síntesis de lo actuado y los letrados Enrique Barreira y José Bustos ponen en contexto el problema y explican la estrategia adoptada.

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NOTA DE TAPA

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l 23 de noviembre, de manera absolutamente inesperada y en vísperas de la elección interna que consagraría a una nueva Comisión Directiva, la institución recibía en su sede de la calle Defensa una bomba de tiempo. En poco más de 20 días hábiles, intimaba una comunicación de la AFIP, debía integrar un monto no especificado hasta cubrir alrededor de 116 millones de pesos, correspondientes a los nuevos mínimos requeridos por el Fondo Común Solidario (FCS) que garantiza la actividad de sus asociados frente a la Aduana. De no responder a esa exigencia, advertía el texto, el CDA perdería su inscripción ante el Registro de Entidades Emisoras de Garantías y los 3.800 despachantes que lo integran —a menos que afrontaran por sí mismos el depósito de la no despreciable suma de 100.000 pesos—, verían suspendida su actividad profesional. Esto equivalía, lisa y llanamente, a paralizar el comercio exterior argentino. De acuerdo con el apercibimiento realizado mediante Nota 273/2016, los fondos acreditados en las cuentas del Centro Despachantes de Aduana afectadas al FCS —administradas, además, por la propia AFIP— no alcanzaban a satisfacer los requerimientos establecidos en el Decreto 79, del 21 de enero de 2015, y la Resolución General 3885, del 20 de mayo del año pasado. Para los representantes del CDA, dos hechos llamaban la atención. En primer lugar, los resúmenes bancarios y los balances parecían atestiguar lo contrario, e incluso la existencia de un saldo superavitario. En segundo, de existir esa eventual diferencia, el organismo estatal no había advertido acerca de ella cuando los nuevos mínimos entraron en vigencia, el 30 de octubre último. La existencia del FCS es anterior incluso a la sanción del Código Aduanero, que en su artículo 41 establece que los despachantes deberán “acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la Administración Nacional de Aduanas una garantía en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo que determinare la reglamentación”. Y esa existencia es legitimada precisamente el decreto reglamentario 1001, de 1981, donde se consigna que la Aduana —y posteriormente, la AFIP— podrá “instrumentar un sistema de responsabilidad solidaria mediante la constitución de un fondo común, para cumplir con los requisitos de acreditar solvencia y constituir garantía”.

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NOTA DE TAPA

De acuerdo con el decreto 79, los fondos comunes, constituidos a favor de la AFIP en el Banco de la Nación Argentina (BNA), deberán contar con un patrimonio no menor de 6 millones de pesos y el aporte por asociado no podrá ser inferior a 30.000 pesos. En cambio, los despachantes no adscriptos a ese mecanismo deberán constituir una garantía de 100.000 pesos y acreditar un patrimonio neto igual o superior a ese monto. Las autoridades salientes del CDA tomaron nota del expediente el 24 de noviembre y una semana después presentaron ante la Dirección de Servicios de Recaudación de la AFIP una nota en la que acompañaban las constancias que en principio acreditaban la existencia de saldo a favor en el FCS. Pidieron también vista del expediente, algo que nunca se concretaría, según explican los profesionales entrevistados para este informe (ver páginas 18 y 21). Entretanto, se reunieron con las nuevas autoridades, que conformaron una comisión especial para el tratamiento de la problemática, encabezada por el actual presidente, Enrique Loizzo, e integrada también por Marcelo Newton, Stella Maris Ruiz y Rubén Pérez. Ya en funciones, la Comisión Directiva decidió contratar los servicios profesionales del letrado Enrique Barreira y el 13 de diciembre se llevó a cabo convocar una reunión con funcionarios del BNA para conocer de primera mano los estados de cuenta reales. Aunque el formato de presentación resultaba confuso, de los registros surgía que los casi 24 millones de dólares con los que se presumía contaba el FCS eran, en realidad, 24 millones de pesos. Al día siguiente, con el patricinio de Enrique Barreira y José P. Bustos, asesor legal del CDA, se presentó una nota (SIGEA 3289-26813-2016) dirigida al titular de la AFIP, en la que se advertía sobre la grave situación que la suspensión anunciada por el organismo podía implicar para sus 3.800 afiliados. “Entendemos que la razonabilidad no sólo debe mantener cierta proporcionalidad entre los medios y los fines que se desean obtener, sino que también el medio empleado debe ser aquél que menos daño pueda generar a los particulares involucrados”, sostenía el escrito. Un día más tarde, los representantes del CDA se reunieron los subdirectores de Asuntos Jurídicos y de Recaudación y les plantearon la necesidad de extender el plazo inicial otorgado por la AFIP para

cubrir los montos exigidos para cubrir la garantía. Mientras se sucedían los encuentros con funcionarios, que incluyeron al director de Aduanas, la Comisión Directiva, consciente de la gravedad del problema y de la preocupación que generaba, convocó a los asociados a una reunión informativa, que se llevó a cabo el 20 de diciembre. Allí, les plantearon los diversos escenarios que planteaba la intimación de la AFIP, que iban entre la temida suspensión de actividades y el otorgamiento de una prórroga. Les anticiparon también que las nuevas autoridades iniciarían una auditoría interna tendiente a “determinar las responsabilidades derivadas de la errónea interpretación de los informes del BNA y de los informes profesionales y certificación de balances que llevaron a una situación de riesgo a todos los asociados al FCS”, con reserva de “las acciones legales que correspondieren”. Paralelamente, los letrados Barreira y Bustos presentaban ante el fuero federal en lo Contencioso Administrativo la solicitud de una medida cautelar que abriera un paréntesis y evitara la inhibición de hecho que pesaría desde el 1 de enero sobre la actividades de los despachantes, acogida por el juez bajo la forma de una precautelar, según ellos mismos explican en este mismo informe especial. Al tiempo que se sucedían esas gestiones, comenzó a explorarse una vía de financiamiento diferente con vistas a la integración de la suma adeudada: la contratación de una póliza de seguro de caución. Aunque esa alternativa no estaba contemplada expresamente en la legislación, las autoridades de la AFIP se comprometieron a acompañar la solicitud del CDA en caso de que fuera avalada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Concretamente, y en nota dirigida al entonces superintendente Edgardo I. Podjarny, se consultó “si ese organismo autorizaría a las compañías de seguros, cuyo control y fiscalización ejerce, a emitir pólizas de caución, como garantía del Fondo Común Solidario”. Aunque los cambios en la conducción de ese organismo han obligado a reanudar las gestiones, la reciente Resolución SSN 40307, que autoriza a garantizar con pólizas de seguro de caución los sumarios aduaneros por infracciones está reconociendo que “no hay un obstáculo de orden jurídico” para que el CDA obtenga un régimen similar, según explica Barreira en diálogo con esta revista.

El 26 de diciembre, las autoridades del CDA mantuvieron un encuentro con el titular de la AFIP, Alberto Abad, en el que volvieron a requerir la extensión del plazo y la modificación de la Resolución 3885 para abrir la posibilidad de garantizar la actuación profesional de los despachantes con avales distintos a los establecidos. Como resultado, Abad accedió a considerar ambas peticiones, abordadas también, a comienzos de enero, con autoridades de las áreas de Legales y de Recaudación. Finalmente, y tras una reunión del presidente, Enrique Loizzo, y los asesores del CDA Osvaldo Aquieri y Enrique Barreira con funcionarios de la AFIP, se arribó a la solución de emergencia demandada. Los fundamentos de la Resolución 3994, emitida el 17 de febrero, admiten que “resulta necesario extender el plazo en el cual caduca la garantía del Fondo común Solidario constituida con arreglo a lo previsto en el Decreto N° 1.001/82, sus modificatorias y complementarias” y que “procede considerar la posibilidad de constituir garantías sustitutivas de la solvencia económica exigida en la norma citada, y efectuar cambios normativos de naturaleza operativa que optimicen los mecanismos de adecuación de las garantías, de su valuación y/o de la aludida solvencia económica”. La norma, publicada el 21 del mismo mes en el Boletín Oficial, concede un plazo de 120 días adicionales desde su entrada en vigencia para que sigan operando las entidades emisoras de garantías, el CDA, en este caso.

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NOTA DE TAPA

ENRIQUE CARLOS BARREIRA

“El seguro de caución no deja indemne el ilícito” El especialista en derecho aduanero argumenta por qué es una buena alternativa para resolver de manera rápida la controversia sobre la garantía que demanda la AFIP. Dice también que la posibilidad de eventuales siniestros es perfectamente gobernable.

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ara defender los intereses de sus asociados, el Centro Despachantes de Aduana (CDA) convocó a Enrique Carlos Barreira, que trabajó junto a José Pedro Bustos en el seguimiento del expediente y en diversas conversaciones tendientes a encontrar una solución satisfactoria sobre el Fondo Común Solidario (FCS). En diálogo con esta revista, el coautor del Código Aduanero Comentado pone en contexto esas acciones. –¿Dónde se origina esta diferencia en el monto de las garantías exigibles? –Hubo una modificación en 2015 del régimen de cálculo del FCS, que está establecido en decreto reglamentario del Código Aduanero. Se modificó el artículo 4, que existía desde hace más de 30 años, con el Decreto 79/15, que amplió los importes exigidos por la Aduana. Esto no significaba, por la manera en que estaba redactado, que hubiera que revalorizar inmediatamente todos los anteriores. –¿No debería haberse procurado que esos fondos mantuvieran su valor? –Aparentemente, se descuidó esa vigilancia sobre la variación del valor de cotización que tenía el título público. Si subía, podía sobrar; si bajaba, podía faltar, pero debería haber enseguida un refuerzo en caso de faltante. Esto ahora ha sido puesto en claro con la Resolución 3994-E, publicada el 21 de febrero, donde se modifica el artículo 9 de la Resolución 3885, que generó el problema. El planteo era que, con independencia de que hubiera responsabilidad del CDA o de la AFIP, que la había de los dos desde mi

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punto de vista, no era posible obtener esa cantidad importante de dinero en 24 días hábiles, habiéndose renovado en esos días la Comisión Directiva. –¿De qué magnitud era el ajuste en los montos mínimos? –El Decreto 79 establecía un mínimo de 6 millones de pesos para los fondos solidarios y el mínimo exigible para los despachantes pasaba de 800 a 30.000 pesos por asociado, un aumento de 3.650%, y de 2.500 a 100.000 para los individuales, 3.900% más. Es notorio que era imposible cumplir con un ajuste de esa magnitud en 24 días. Si no se efectuaba el depósito, según el apercibimiento, el CDA sería eliminado del registro de administradores de fondos solidarios. Por eso, el Centro observó que, si eso sucedía, podía considerarse que el FCS no cubría la responsabilidad de los 3.800 despachantes en esta situación y, consecuentemente, se paralizaría el comercio exterior. –¿Cómo se encaró esa situación? –El CDA me pidió que intercediera y me ocupara. Hablamos con los abogados de la AFIP. En ese momento, era muy difícil hacerlo con el subdirector de Asuntos Jurídicos porque tanto él como el administrador federal estaban en el Congreso defendiendo la modificación del impuesto a las Ganancias; pero había cada día menos tiempo para articular alguna defensa en el caso de que la AFIP no entendiera nuestra urgencia. Entonces, se nos ocurrió presentar al administrador federal un pedido de suspensión. A los cinco días, sin que se obtuviera ninguna solución,

se introdujo la solicitud de una medida cautelar ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. Mientras tanto, pudimos tener una conversación con el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP y con el administrador federal, que fue muy contemplativo. Dijo que no era intención de la AFIP ahogar el trabajo de los despachantes y que iba a dar un plazo determinado. El Centro planteó que necesitaba algo por escrito que permitiera dejar tranquilos a los adherentes, pero había problemas internos para que se diera esa solución, de manera que fuimos adelante con la medida cautelar. –¿Había criterios diferentes u obstáculos administrativos –Problemas internos que desconozco. Puedo imaginarlos, pero no decirlo con certeza. Entonces, sostuvimos la solicitud judicial y salió una medida precautelar el 29 de diciembre, ordenando a la AFIP que no innovara y dándole cinco días para que presentara un informe sobre nuestros argumentos y con su punto de vista. Esto, en cierta manera, solu-

cionó el problema de que el día 1 de enero cayera el régimen de FCS. No obstante, luego de la feria, la AFIP iba a tener cinco días hábiles para contestar. En el ínterin, siguieron las conversaciones y el CDA pidió que se le brindara un mínimo de cuatro meses adicionales para solucionar el tema, lo que fue receptado finalmente a través de esa Resolución 3994. El artículo 1 dispone que, por 120 días corridos desde su entrada en vigencia, los fondos comunes solidarios mantendrán su aptitud para los fines que determinaron su creación y que las organizaciones administradoras, entre ellas el CDA, conservarán su inscripción en el registro de entidades emisoras de garantías. Vencido el plazo, se aplicarán los valores y demás condiciones establecidos en el Decreto 79, la Resolución 3885 y su modificación. Entonces, se le abre al CDA un plazo suficiente para hablar con los despachantes y encontrar una vía de solución. –¿Es posible cubrir esa diferencia con un seguro de caución? –La idea es buena, porque puede resolverse en forma

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rápida y de una manera no tan comprometedora para las finanzas del CDA, pero hay un problema con la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Ésta considera que, como este fondo cubre la responsabilidad por incumplimiento de deberes de los despachantes, que implica infracciones de naturaleza penal, no se puede garantizar el resultado de un hecho ilícito, según los artículos 60 y 112 de la Ley de Seguros 17.418. Cuando escribimos el Código Aduanero Comentado, advertimos que la póliza de seguro de caución no está prevista en esa ley. Esos artículos hacen referencia a los seguros de daños y de responsabilidad civil, que no son el caso. –¿Por qué no está prevista? –Porque en realidad no son seguros, sino fianzas. Pero hubo una ley posterior que posibilitó a las compañías establecer una póliza de caución, que en realidad era una fianza adicional a los seguros que ya existían. De manera que esa interpretación de la SSN no correspondía por varias razones. En primer lugar, porque no es un seguro, y en segundo, porque no es verdad que se garantiza la indemnidad del que comete el hecho ilícito. El que comete un hecho ilícito y tiene una multa tiene que pagarla igual. La compañía paga a la Aduana y le pide al CDA, y a través suyo al despachante involucrado, que devuelva ese dinero. –Que era el argumento más fuerte de la SSN. –Sí, pero recientemente las autoridades de la SSN, en forma paralela a estas actuaciones, y por otras razones, dictaron la Resolución 40307, que solucionó un problema planteado desde hace tiempo por importadores, exportadores y despachantes: que se autorice a garantizar con pólizas de seguro de caución los sumarios aduaneros por infracciones. En esta norma, se autoriza a las compañías aseguradoras a aplicar nuevas condiciones contractuales para los sumarios contenciosos en operaciones que se instrumenten bajo póliza electrónica. Y las entidades que adhieren al régimen deben manifestar mediante acta de directorio o de consejo de administración la renuncia a oponer defensas relacionadas con la inexistencia de la firma. Esto es básicamente para la garantía denominada SUCO (Sumario Contencioso), autorizada en su momento por la Aduana y la SSN –No es lo mismo, pero por extensión se puede aplicar. –Se está reconociendo que no hay un obstáculo de orden jurídico para poder garantizar mediante póliza

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de seguro de caución este tipo de siniestros, con lo cual se facilita que el CDA obtenga de la SSN un régimen similar. –¿El fondo no opera de algún modo como un seguro de caución? –Es lo mismo. Exactamente. El tema es que, habiendo más de 3.800 despachantes y agentes de transporte incorporados al fondo, la probabilidad de siniestros es perfectamente gobernable y consecuentemente siempre va a haber resto para sufragar esas obligaciones. De todas maneras, según tengo entendido, no se conocen casos en que el FCS haya sido afectado. –¿La AFIP puede negarse a dar vista de un expediente? No, es obligatorio. La Ley de Procedimiento Administrativo establece un principio muy importante: que con carácter previo al dictado de un acto administrativo que pueda afectar un derecho subjetivo o un interés legítimo es necesario correrle vista al administrado y que éste tiene derecho a exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de que ese acto se concrete. –¿Por qué sucede eso, entonces? –El funcionario tiene que cumplir con su deber. No es un juez ni un jurista que deba o tenga vocación de interpretar la ley. En este caso, por ejemplo, la ley dice que usted tiene la obligación de dar de baja al CDA del registro y si no lo hace puede terminar con un sumario administrativo. Cuando la ley es poco clara, a veces, suceden estas cuestiones. Por otra parte, aunque la Aduana es una de las dependencias que mejor maneja este tipo de cosas, hay administradores del interior que no quieren correrle vista del expediente, aun cuando usted está notificado y le están poniendo un plazo. O que se niegan a aceptar un escrito porque no les gusta lo que dice.

JOSÉ PEDRO BUSTOS

“Hubo un error compartido entre la AFIP y el Centro” Para el asesor legal del CDA, el organismo también entendía que la suma depositada en el fondo estaba expresada en dólares. En esta entrevista, explica cómo se originó la controversia y qué hubiese pasado si no se daba marcha atrás con la intimación.

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osé Pedro Bustos, asesor legal del Centro Despachantes de Aduana (CDA) explica en esta entrevista cómo se originó la controversia por el Fondo Común Solidario (FCS) y describe las diversas

líneas de acción seguidas desde que una notificación de la AFIP amenazó con poner en riesgo, no sólo la actividad profesional de los asociados del Centro, sino el comercio exterior argentino en su conjunto.

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NOTA DE TAPA

–¿Podría explicar cómo se suscita este problema? El 23 de noviembre de 2016, la Dirección de Servicios de Recaudación envió una nota al CDA manifestando que el Centro tenía plazo hasta el 31 de diciembre pasado para constituir lo que ellos consideraban una diferencia de garantías para asegurar la actividad de los despachantes de aduana. Nos llamó la atención la intimación porque, a criterio del CDA de acuerdo con por lo menos los últimos diez balances, el Fondo Común Solidario (FCS) arrojaba un resultado no sólo favorable sino con un excedente considerable, porque tenían registrados unos 23 millones de dólares y el monto mínimo que habría que acreditar era de 116 millones de pesos. Lo que ocurre es que aparentemente, y según nos informamos en estos últimos tres meses esos 23 millones de dólares eran pesos, no dólares. Suponemos que en algún momento se habrá pesificado, porque todavía no conocemos el origen de este desfasaje de moneda. Al ser pesos, claramente, ahí sí, estábamos por debajo del mínimo que exigía la resolución 3885 de la AFIP para constituir garantía mínima. Lo primero que hicimos fue presentar un pedido de vista para que nos mostraran los antecedentes sobre los cuales se basaban para mandarnos esta intimación, que además era de una carilla. Ni siquiera teníamos argumentos sólidos para entender qué ocurría. Pedimos vista, simultáneamente fuimos al Banco Nación para ver cuál era el saldo real de la cuenta nuestra y efectivamente se acreditó que eran pesos. A mi criterio, hubo un error compartido entre nosotros, por haber entendido mal extractos bancarios, y de la propia AFIP, que siempre consideró que eran dólares; si no, esta intimación hubiera llegado antes. A modo de ejemplo, el 1 de octubre del año pasado empezó a regir la resolución 3885, que actualizó los montos de las garantías para la actividad profesional de los despachantes y los agentes de transporte. A aquellos que no hubieran constituido garantías, el sistema los daba de baja y eso no pasó con nosotros, porque obviamente consideraban que teníamos solvencia suficiente. Se nota que en alguna lectura más diligente de la documentación que tenían se dieron cuenta de que no alcanzaba y por eso recién casi dos meses nos intiman y nos dan unos 40 días, 37 para ser más precisos, para constituir esta garantía, 37 días relativos, porque sabemos cómo es diciembre: los feriados, la falta de actividad. Era casi imposible conseguir en ese lapso los más de 70 millones de pesos que nos faltaban,

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NOTA DE TAPA

porque además de esos 23 millones había algún saldo más de títulos que sumarían casi 50 millones de pesos. –¿En qué momento se produce esa supuesta pesificación? –Todavía no lo tenemos determinado porque simultáneamente con las acciones judiciales que tuvimos que ejercer en diciembre hay un equipo de auditores que está trabajando en ese tema para ver qué ocurrió y el porqué de este doble error. –¿Qué explicación da el Banco Nación? –Nuestra relación es indirecta, porque el banco informa a la AFIP, que es la que administra el fondo. Es cierto que nosotros tenemos los extractos del Banco Nación, en los que hay alguna confusión, porque dice “dólares 23 millones”. La explicación es que está mal leído, porque son pesos en dólares. La explicación es que habría que haber convertido esos 23 millones de pesos a dólares, una interpretación un poco rebuscada, que nos confundió a nosotros y también a la AFIP, que siempre habló de dólares. Insisto: alguien debe haber hecho alguna lectura más adecuada de los antecedentes y vio que cometían un error al considerarlo dólares y no pesos. –¿Qué pasos siguió el CDA? –Pedimos vista del expediente, por dos motivos: para suspender los plazos procesales y para que nos recibiera alguien y nos diera información. No obtuvimos que nos dieran vista. –¿Es posible negar la vista a alguien involucrado en el expediente? –No, no puede negarse. Quien corre la notificación es la persona que estaba a cargo de la administración del fondo de la AFIP, con lo cual mi criterio es que también debería haber sabido que eran pesos y no dólares. A lo mejor su responsabilidad estaba en juego. Como el tiempo avanzaba, el CDA hizo dos cosas. Primero, convocó a una asamblea de socios para explicarles la situación, porque esto podría repercutir en el bolsillo del despachante si el Centro no constituía la garantía debida. Habíamos hecho una cuenta de que le correspondía pagar 30.000 pesos a cada uno si la suma fuera de 116 millones, aunque habría que descontar la suma constituida. Otra de las cosas que le planteamos a la AFIP era: “Ustedes no nos dicen cuál es nuestra suma líquida. Nos dicen que no nos alcanza, pero no nos dicen cuánto tenemos. No nos pueden intimar a pagar una deuda sin determinarla”, cosa que exactamente fue así. La

asamblea fue más informativa y se anunció que ese mismo día se había planteado una medida cautelar para suspender la aplicación de esa resolución. –¿El cumplimiento de esa resolución implicaba el cese de actividades? –Sí, implicaba sacar al CDA del Registro de Entidades Emisoras de Garantías y casi paralizar el comercio exterior. Presentar la cautelar tampoco fue una decisión sencilla para Enrique Barreira y para mí, porque ¿cuál es el derecho afectado? La AFIP puede constituir exigir un fondo. Que yo tenía mal la cuenta no es una explicación judicial tan razonable. Entonces, explicamos varias cosas. Primero, que se trató de un error de antaño compartido. Segundo, que no había una suma líquida respecto de la cual tomar una eventual deuda. Y tercero, a nuestro criterio un argumento importante, que la consecuencia del acto que nos estaban anunciando era absolutamente desproporcionada respecto de lo que estábamos hablando. No razonable dar de baja a 3800 despachantes aun cuando tuviera toda la razón del mundo la AFIP. Entonces, pedimos que nos dieran un plazo prudencial, porque era evidente que en 37 días esto no iba a poder ser logrado. Y el 29 de diciembre, el penúltimo día hábil del año, conseguimos una medida precautelar por la cual se suspendió la aplicación de la resolución. –¿Qué significa precautelar? –La precautelar se hace sin el informe de la AFIP y hasta tanto llegue. Después, confirman o no como cautelar esa medida. La AFIP contestó el informe a principio de este mes (por febrero) y el martes pasado ya salió una resolución que nos da 120 días más de plazo para constituir ese fondo. Tendremos que ver ahora otras cuestiones, como por ejemplo si nos permiten constituir otro tipo de garantías. Lo que dice la resolución es que solamente se puede constituir garantía en efectivo o en bonos. Los importadores, en cambio, pueden constituir pólizas de caución. Estamos pidiendo el mismo derecho.

–¿De qué depende? –Nosotros presentamos una nota en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en la que pedimos que se autorice este tipo de póliza. Funcionarios de la AFIP nos dicen que si nosotros conseguimos esa autorización ellos estarían dispuestos ampliar la resolución. Lo que pasa es que justamente el mes pasado hubo cambios en la SSN y volvimos al inicio del trámite. Estamos viendo cómo solucionarlo, pero ya es una etapa más operativa y menos acuciante que la que vivimos hasta el 29 de diciembre. –¿Por qué el pedido de cautelar habla de desproporción? –El FCS existe desde hace por lo menos 50 años. Yo soy abogado del CDA desde hace unos 15 años. En ese lapso, puedo decir que no hubo ningún caso en el que la AFIP tuviera que recurrir al FCS para garantizar la solvencia de un despachante. No es que no haya sanciones, pero los despachantes pagan, no usan el fondo, con lo cual el riesgo es relativamente menor. Y si hubiera algún caso en que se usara el fondo, la garantía es demasiado amplia para la consecuencia que pudiera tener en algún caso individual, aislado. Por eso, decimos que la desproporción es abismal. –¿En cuánto se modificaron los montos de la garantía? –Para los socios del CDA, de 800 a 30.000 pesos y para los no afiliados, de 2.500 a 100.000 pesos más otros 100.000 pesos de acreditación de solvencia. –O sea, la suma que se reclama es 30.000 pesos por la cantidad de socios menos lo que ya está constituido en efectivo o en bonos. –Hay otro tema operativo. La AFIP tiene registrada una cantidad de despachantes aparentemente bastante superior a la existente. Se está haciendo un punteo del padrón para determinar cuál es el número real.


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FOTO. QIMONO

VENTANILLA ÚNICA

Una herramienta de facilitación

Vinos y soja serán parte de una experiencia piloto que se extenderá hasta mediados de este año e irá ampliándose de manera progresiva. El objetivo es simplificar, agilizar y reducir los costos asociados a la tramitación de operaciones de comercio exterior.

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resentada como una iniciativa orientada a “simplificar, estandarizar, transparentar y agilizar la operatoria comercial, y generar eficiencia en el comercio exterior”, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) ya está disponible en la Argentina como experiencia piloto para exportaciones

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de vinos y mostos y también de soja, mientras se prevé la pronta incorporación de otros rubros de exportación e importación. La VUCE, que permite a los operadores presentar la información y los documentos en un solo punto de entrada, es descripta por las autoridades como “un

mecanismo de facilitación del comercio internacional que permite optimizar y unificar digitalmente la información y documentación necesarias para cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos de importación, exportación y tránsito de productos”. En teoría, esa herramienta permitirá agilizar y simplificar la intervención de terceros organismos al eliminar las presentaciones en papel y distintas instancias burocráticas: declaraciones, habilitaciones, permisos y otras autorizaciones y gestiones. El mecanismo de “ventanilla única” opera mediante una plataforma informática compartida por los diversos organismos y estamentos involucrados en operaciones de exportación e importación, como el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre otros. Para efectivizar este desarrollo se creó un Comité de Coordinación integrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, la AFIP, la DGA y los ministerios nacionales de Producción y de Modernización; este comité centralizará 253 trámites relacionados con el comercio exterior de más de 80 organismos públicos y privados. Aunque estos lanzamientos suelen venir acompañados de un optimismo desmesurado, se espera que los costos asociados al comercio exterior se reduzcan en 3,5 por ciento y que los tiempos de entrega y recepción de las mercaderías disminuyan en 50 por ciento. Por otro lado, se proyecta que la VUCE “mejore los controles estatales, aporte previsibilidad, desburocratice la operatoria y sume transparencia”. Para financiar el arranque de esta iniciativa, la Argentina obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 73,6 millones de dólares.

Un largo camino por recorrer El Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) fue establecido por el Decreto 1079/2016, que vio la luz en octubre, y la primera etapa de su implementación fue pautada por las Resoluciones Conjuntas 3972 y 774 (AFIP - Senasa) y la 3981 (AFIP - INV). La primera contempla la incorporación del Senasa sanidad e incorpora a las exportaciones contempladas por este régimen una extensa nómina de 81 partidas y subpartidas; entre ellas, hay oleaginosas (como la soja), aceites, pellets,

harinas, cereales, frutas y hortalizas. La segunda involucró al INV y sumó a los vinos. Según los datos que maneja el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA), diariamente se concreta un promedio de 29.000 transacciones diarias de comercio exterior, por un valor cercano a 692 millones de dólares. Para alcanzar ese universo, habrá que esperar. No obstante, según refiere en una columna publicada en El Cronista el despachante de Aduana Diego Dumont, autor del libro Comercio exterior para no especialistas, la iniciativa “tiene un antecedente en el país en una experiencia acotada a administrar las importaciones en 2012 y 2013”. Luego, en marzo de 2014, la resolución 3599 de la AFIP (por entonces, a cargo de Ricardo Echegaray) fijó una serie de pautas para avanzar en la implementación de la VUCE y creó un Grupo de Coordinación para impulsarla, aunque finalmente esta iniciativa no tuvo continuidad. La VUCE, ya implementado en más de 70 países, es una de las herramientas previstas en el Acuerdo de Facilitación de Comercio alcanzado en 2013 durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Bali, aún no ratificado por Argentina. Según un estudio del BID, la mitad de los países de la región ya tiene una VUCE operativa y un tercio está en proceso de desarrollarla. “Argentina es uno de los últimos países en sumarse a esta tendencia global. Singapur y Hong Kong pusieron en marcha la idea con TradeNet en 1989, y TradeLink, en 1997, respectivamente. Hacia 2012, según el Banco Mundial, de un total de 150 países relevados, 49 ya estaban dentro del sistema de VUCE. En Latinoamérica los pioneros fueron Colombia y Perú, en 2006, y después siguieron México y Ecuador, en 2010; Chile y Bolivia en 2011; Uruguay en 2013 y Panamá y Argentina, en 2016”, dice Dumont. Y, tras afirmar que los países en desarrollo llevan la delantera, se pregunta hasta qué punto ciertos países desarrollados “están dispuestos a simplificar y facilitar trámites (sobre todo desde el lado de la importación)”.

La participación del CDA La VUCE empezó a funcionar en el país a comienzos de enero último con posiciones arancelarias correspondientes a vino y mosto, que llevan inter-

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vención del INV, y se sumarán progresivamente productos que requieran intervención del Senasa, como la soja. El plan piloto se extenderá aproximadamente hasta mediados de 2017. Los lineamientos operativos y de gestión para las exportaciones de vinos están disponibles en los portales VUCEA (www.argentina.gob.ar/vucea), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (www.inv.gov. ar) y de la AFIP (www.afip.gob.ar/vuce). Si bien la intención es que las autorizaciones y certificaciones electrónicas reemplacen gradualmente a los documentos en papel emitidos por los organismos gubernamentales correspondientes, en una primera etapa de transición coexistirán ambos con la misma validez legal. Por lo demás, la plataforma informática brindará información actualizada de los trámites, ya que otro de los objetivos del sistema es precisamente “integrar, homogeneizar y sistematizar la información de los distintos organismos y dependencias públicas, y facilitar el acceso y la difusión de la información de manera homologada”. “El sistema está funcionando bien”, dice Francisco Vallée Burlando, presidente de la corresponsalía Mendoza del CDA y despachante vinculado con la industria vitivinícola, y refiere que el Centro tuvo una participación activa en el armado. “Mantuvimos varias videoconferencias con el personal de la Secretaría de Industria y Comercio y el INV, ambos a cargo de la implementación, y pudimos dar un pantallazo claro de la realidad operativa y los puntos donde el sistema podría fallar. Por otro lado, desde la corresponsalía Mendoza del CDA tuvimos la oportunidad de exponer ante el sector exportador, como primicia, los principios básicos del VUCE en el 15º Encuentro de Comercio Exterior organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza”. Vallée Burlando sostiene que con la implementación se simplificó la declaración aduanera que tiene que hacer el despachante. “Antes, debíamos ingresar datos que no correspondían a nuestra función, como el código de bodega, envase secundario, número de análisis del INV y otros. Con esta nueva herramienta los únicos datos a declarar en el sistema informático Malvina son los básicos y fundamentales, como código de marcas y de producto, año de cosecha y presentación”.

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Desafíos Se espera que en cinco años la VUCE sea el único punto de contacto que concentre la gestión de autorizaciones y certificaciones exigidas por la normativa vigente, tanto para operaciones de importación como de exportación y tránsito de todas las mercaderías. No obstante, el camino no estará exento de desafíos. “Si la Ventanilla Única es el ámbito tecnológico en el que recalan de manera integrada todas las operaciones del comercio exterior y transporte internacional y sus trámites asociados, es indispensable que las Aduanas de los gobiernos celebren acuerdos de cooperación con otros organismos gubernamentales relacionados con el comercio mundial”, señala Dumont. Al respecto, refiere que la experiencia internacional indica que es difícil comprometer a todos esos organismos, “por razones muchas veces más políticas que técnicas” y que, “por estos motivos, la mayoría de los gobiernos opta por una adopción progresiva, incorporando organismos paulatinamente, versus una implementación de shock tipo big bang”. A esos obstáculos, se suman “las nuevas corrientes proteccionistas, que hacen que los países se enfoquen mucho más en simplificar trámites de exportación por sobre los de importación”. Y, finalmente, las limitaciones técnicas. En la Argentina, por caso, “hay una presencia importante del papel y un sistema de Aduana (Malvina) que tiene techo en Windows XP, ya sin soporte de Microsoft”. Por esa razón, concluye Dumont, “no es casual que en algunos países la Ventanilla Única fuera lanzada conjuntamente con una modernización de los Sistemas de Aduana”.


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SERVICIOS COURIER

Cuando desate el paquete Las importaciones por vía postal afectan el trabajo de los despachantes, pero también ponen en riesgo la producción local. Un exhaustivo trabajo del CDA analiza cuál es el marco normativo en diversos países de la región y en España.

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fin de diciembre último, a pedido de la fiscal de la causa y en el marco de una investigación por presuntas maniobras que conllevarían la desnaturalización del régimen aduanero de importación mediante el sistema courier, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich dispuso una serie de allanamientos en los domicilios de diversas empresas dedicadas a la logística internacional. Como resultado de esos procedimientos, que articularon el trabajo del juzgado, la fiscalía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Metropolitana, la Procelac y la Aduana, fueron secuestrados 2,7 millones de pesos y 40.000 dólares, así como mercadería y un importante volumen de documentación para determinar si efectivamente se trata de hechos ilícitos. “Las maniobras —consigna el portal del Ministerio Público Fiscal— consistirían en el arribo desde el extranjero, vía aérea, de importantes volúmenes de mercadería que ingresarían a nuestro país en forma irregular, a partir de la operatoria desarrollada por algunas empresas privadas dedicadas a esa actividad”. Esa desnaturalización —que restringe las facultades de control de la Aduana y, bajo determinadas condiciones, introduce una competencia desleal para las empresas que producen localmente— ha sido denunciada reiteradamente por el Centro Despachantes de Aduana (CDA) por sus efectos sobre el trabajo profesional de sus representados. La Resolución General 3916 de la AFIP, publicada el 27 de julio pasado y con vigencia desde el 26 de agosto, establece que personas tanto físicas como jurídicas podrán utilizar hasta cinco veces por año el servicio courier para envíos de hasta 50 kilos y 1.000 dólares, conformados por hasta tres unidades de la misma especie, que no presuman finalidad comercial. Aunque la norma señala que los consignatarios deberán informar de la operación a la AFIP y que “las áreas de control fiscalizarán el cumplimiento del régimen a través de los datos registrados por transferencia electrónica”, también exceptúa a los envíos de controles o regulaciones del Instituto Nacional de Alimentos y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, de la tramitación de licencias de importación, automáticas o no, del régimen de identificación de mercaderías y de las restricciones de carácter económico. Un relevamiento sobre las características del régimen courier en la Argentina y otros países asociados a la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de

las Américas (ASAPRA) —Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay—, realizado por el asesor del CDA Luciano Gasparini Palladino, permite observar un escenario ciertamente heterogéneo, en el que las restricciones en algunos aspectos conviven con la liberalización en otros, al tiempo que algunas administraciones introducen criterios de segmentación que parecen prevenir de mejor manera esa desnaturalización. De los países mencionados, el único que no impone límites al monto de la operatoria es Paraguay; Uruguay lo fija en 200 dólares, Argentina, Bolivia, Chile en 1.000, España en 175 euros y México en 5.000 dólares. El resto introduce algún tipo de segmentación. Para Brasil, por ejemplo, el tope está en 3.000 dólares para la mercadería en general, pero en 10.000 para medicamentos o bienes de uso propio. Para Ecuador, hay cuatro categorías, con montos de 400 a 2.000 dólares según el caso. En el caso de Perú, los márgenes están entre 200 y 2.000 dólares (ver tabla). La mayoría de los países relevados no obliga a la intervención de un despachante, salvo México, en casos muy precisos, o Paraguay, para envíos por un monto superior a 1.000 dólares. En tanto, sólo El Salvador, España y Uruguay eximen a estas operaciones del pago de tributos específicos. Brasil, Chile, El Salvador, España y Perú no fijan límites al volumen de los envíos. Argentina y Paraguay prevén un tope de 50 kilos; Bolivia, de 40; México, de 31,5, y Uruguay, de 20. Por su parte, Ecuador emplea también en este caso un régimen diferenciado, según las referidas categorías, que va de 4 a 50 kilos, con un tratamiento excepcional para repuestos demandados con carácter urgente. Con la excepción de la Argentina, donde los envíos pueden estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie, el resto no pone condiciones en tal sentido. En cuanto a las operaciones por año calendario, sólo hay limitaciones en cuatro países. En la Argentina, son cinco envíos, al igual que en Ecuador, que también fija un tope de 1.200 dólares anuales; en Uruguay, cuatro; y en México, uno por mes para quienes no estén registrados en el padrón de importadores (ver tabla). En otro orden, Bolivia, Chile, El Salvador, España, México y Paraguay no tienen restricciones asociadas al propósito de los envíos. Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay determinan en cambio que el sistema courier sólo puede aplicarse a despachos sin interés comercial,

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mientras Paraguay ha legislado en el mismo sentido, con algunas excepciones. Sobre los destinatarios, sólo Ecuador y Uruguay excluyen a las personas jurídicas. Respecto de las mercaderías prohibidas, en líneas generales, no difieren de las incluidas en el régimen general de importaciones de cada país o en la normativa de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su nombre en inglés) para las consideradas como peligrosas, pero algunos han introducido restricciones específicas. Argentina, por ejemplo, deja fuera los bienes sujetos a la presentación de Certificado de Origen —salvo que se opte por el tratamiento extrazona— o beneficiados con regímenes tributarios especiales. Ecuador, los impresos publicitarios, los codificadores o los repuestos usados. Uruguay, los alcanzados por el Impuesto Específico Interno. Brasil, las mercaderías usadas o reacondicionadas, salvo las destinadas a uso o consumo personal, o cuando se trate de circuitos integrados, semiconductores y dispositivos similares. En julio del año pasado, cuando la AFIP y el Ministerio de Producción anunciaron el relanzamiento del sistema puerta a puerta, que comprende los envíos realizados tanto a través del Correo Oficial como de las prestadoras de servicios courier, algunas entidades empresarias manifestaron sus reparos. Sin negar que pueda constituir “una herramienta útil”, el presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), Juan Carlos Pereyra, apuntaba que debe ser tomado

con pinzas y cuidado. “Si se descontrola, puede afectar seriamente a la industria como al comercio local”, advertía Pereyra, que consideraba “excesivo” el monto de 1.000 dólares por envío. “Hay que tratar de que el servicio no se convierta en un enemigo. Debe haber un control; la informática permite hacer una trazabilidad de las importaciones. Todo es una decisión política, ya sea hacer el control o dejarlo al libre albedrío”, señalaba el titular de AIERA. Por su parte, Vicente Lourenzo, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se manifestaba absolutamente en contra de ese régimen, que a su juicio implica “regalar el mercado argentino”. “Para el consumidor, comprar por internet y recibirlo en la puerta de la casa es tocar el cielo con las manos. Sin embargo, es imposible competir con eso, ya que en China existe un subsidio que les permite vender productos al mismo precio de su valor original”, sostenía Lourenzo y explicaba que, aun con el pago de la tasa de 50%, los clientes argentinos podían obtener precios de 60% a 80% más baratos que en el mercado local. El dirigente de CAME vaticinaba que por esa vía “se fugarán del país 20.000 millones de dólares”. La cifra, quizás exagerada, supone que cada uno de los cuatro miembros teóricos de un millón de familias argentinas hará uso de los cinco envíos anuales por un monto unitario de hasta 1.000 dólares.

Régimen Courier. Tope Máximo De Las Operaciones Paises

Tope máximo

Argentina

US$ 1.000

Bolivia

US$ 1.000 FOB

Brasil

US$ 3.000 para mercaderia en general; US$ 10.000 para medicamentos o mercaderias para uso propio

Chile

US$ 1.000 FOB

Ecuador

US$ 400 a US$ 2.000, según categoría; sin límite para medicamentos

El Salvador

US$ 3.000; los courier pueden consolidar envíos individuales que no superen US$ 1.000.00 por envío

España

€ 175

México

US$ 5.000

Paraguay

Sin límite.

Perú

Sin tope para correspondencia, documentos y publicaciones periódicas sin fines comerciales; de US$ 200 a US$ 2.000 para otros

Uruguay

US$ 200

Fuente: elaboración propia del CDA

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Régimen Courier. Límite de envíos Paises

Envíos anuales

Envíos de la misma especie

Argentina

5 envios

3 envíos

Bolivia

Sin límite

Sin límite

Brasil

Sin límite

Sin límite

Chile

Sin límite

Sin límite

Ecuador

5 envíos o hasta US$ 1200 anuales para la Categoría B (4x4)

Sin límite

El Salvador

Sin límite

Sin límite

España

Sin límite

Sin límite

México

Una operación por mes calendario para no inscriptos en el Padrón de Importadores

Paraguay

Sin límite

Sin límite

Perú

Sin límite

Sin límite

Uruguay

4 envíos

Sin límite

Fuente: elaboración propia del CDA


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SUBCOMISIÓN DE INTERIOR

Un centro más cerca de sus asociados El relevamiento de la infraestructura y de las necesidades de filiales y corresponsalías es una de sus primeras iniciativas. La idea es mantener un diálogo fluido con ellas y que sus representantes concurran periódicamente a las reuniones de Comisión Directiva.

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tono con el programa de trabajo que se ha planteado la nueva Comisión Directiva, y en especial a partir de su decisión de impulsar una política de puertas abiertas que involucre a todas las filiales y corresponsalías del país, la de Interior promete ser una de las subcomisiones más activas. Con la presidencia de Walter Gazek, está integrada también por Alejandro Frasson, Eduardo Carlos Requelme, Javier Gustavo Ceferino Bertolotto, Christian Diego Gomila, Esteban Badano y Claudio Libonatti. Entrevistado por Comercio Exterior, Gazek explica que esta subcomisión es el nexo con los despachantes de todo el país, tengan o no representación institucional en su zona de actuación. Actualmente, el Centro Despachantes de Aduana (CDA) cuenta con cuatro filiales: Bahía Blanca, Córdoba, Rosario y Paso de los Libres, y nueve corresponsalías, en Clorinda, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, Río Gallegos, Río Grande, Río Negro (Villa Regina) y Salta Capital. A ellos se suman otras tres, técnicamente acéfalas, que no participaron de las últimas elecciones y no tienen autoridades constituidas. Las gestiones de la subcomisión han permitido establecer que dos de ellas, Puerto Madryn y Ushuaia, están dispuestas a continuar. Una de las primeras iniciativas de Interior fue realizar un relevamiento de esas filiales y corresponsalías para determinar con qué infraestructura y servicios cuenta cada una y cuáles son sus necesidades. En una segunda etapa, está previsto ampliar esa consulta a los asociados de cada lugar. Mientras tanto, está previsto que una vez al mes las reuniones de la Comisión Directiva estén abiertas a la participación de representantes de filiales y corresponsalías, algo que ya comenzó a concretarse durante enero.

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En proyecto, está la apertura de cuatro nuevas corresponsalías: en la ciudad de Santa Fe, que abarcaría Paraná y Rafaela; en San Juan; en Entre Ríos, que incluiría Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay; y en Necochea. Radicado desde hace más de dos décadas en Necochea, donde desarrolla su tarea profesional, Gazek confiesa que ser parte de esta subcomisión representa para él un desafío adicional. “En su momento, yo era crítico del CDA. Pensaba que era para cuatro o cinco amigos de Buenos Aires, que no hacían nada. Y siempre dije que había que prestarle atención al interior, que el colega necesita que lo escuchen, saber que el Centro está. Hasta que tuve oportunidad de hablar con integrantes de la Comisión Directiva que dirigió el Centro de 2004 a 2010 y me comentaron que ellos ya tenían idea de tener un acercamiento con el resto del país. De hecho, fue así, porque en su gestión se creó la mayor cantidad de filiales y corresponsalías, y empezaron los encuentros de despachantes del interior”. A partir de su propia experiencia, Gazek subraya que “el socio del interior necesita que sepan que está, sentirse integrado al Centro, que lo escuchen”. Y apunta que eso es lo que quieren plasmar en esta gestión. Con el objetivo de que “el CDA tenga presencia física, no solamente a través de un mail o del boletín”, se han planteado que todos los meses algún miembro de la Comisión Directiva, si es posible el presidente, esté recorriendo alguna localidad, filial o corresponsalía, para “intercambiar opiniones y sugerencias, y escuchar, más que llevar”. Gazek recuerda que, en la campaña electoral, el actual presidente había prometido que la subcomisión estaría a cargo de una persona del interior. “Yo sé lo que vive el despachante del resto del país, lo que sufre y lo que nece-

sita. Desde mi lado, voy a hacer todo lo posible para que la distancia sea cada vez menor”, asegura. En diálogo con esta revista, otro integrante de la subcomisión, Esteban Badano, complementa las afirmaciones de su colega. “El CDA estará para atender a todos, inclusive a los del interior, que no deben tener miedo de plantear sus inquietudes a una entidad que quiere brindarles un buen servicio. Queremos que puedan contar con nosotros y nosotros con ellos. Queremos también conocer sus experiencias, que pueden servir para buscar soluciones a los problemas operativos que tenemos acá”, argumenta. En relación con esas experiencias, Badano explica que, aun cuando el Código Aduanero es único y las resoluciones rigen para todo el país, la interpretación corresponde al administrador de la aduana de jurisdicción. Y ése es el criterio de los empleados frente a las carpetas que presentan los despachantes. “Por eso, a veces sucede que para una misma mercadería puede variar el criterio de la posición arancelaria, la forma en que deben ser presentados los expedientes y cómo son resueltos”, ejemplifica. Con respecto al capítulo de la acción social, uno de los ejes de trabajo de la Comisión Directiva entrante, comenta que la idea es llegar con los servicios adecuados a cada

asociado. “Acá en Buenos Aires, el CDA heredó de la gestión anterior un convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes para el uso del gimnasio, pero eso no le sirve al colega de Salta, salvo que venga de paseo. Entonces, tenemos que conocer su problemática y su situación para ver qué le conviene”, amplía Badano. “Habría que preguntarle entonces a cada despachante. Por eso, la idea es que el CDA pueda llegar a todos o que las corresponsalías tengan un acercamiento físico con las zonas de trabajo. Para Gualeguaychú, por ejemplo, Rosario está lejos. Por eso, debería estar en esa misma ciudad o en Colón, que es la siguiente”, completa.

Subcomisión de Interior Integrantes Walter Enrique Gazek; Alejandro Eugenio Frasson; Eduardo Carlos Requelme; Javier Gustavo Ceferino Bertolotto; Esteban Badano; Diego Gomila, Claudio Libonatti y Agustín Paez Romairone.

Contacto interior@cda.orga.ar / secretaria@cda.org.ar


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Escribe Carlos A. Canta Yoy*

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El Mercosur, con nomenclaturas arancelarias diferentes La demora de la Argentina en adoptar la VI Enmienda resuelta por el Consejo de Cooperación Aduanera, ya incorporada por Brasil, Paraguay y Uruguay, genera problemas a los despachantes. La solución fue prevista por el propio bloque hace años.

L

a Resolución 26/16 del Grupo Mercado Común del Mercosur (GMC), del 5 de diciembre de 2016, incorpora la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). La vigencia de la citada enmienda, establecida por el Consejo de Cooperación Aduanera en su Resolución 05/11 es a partir del 1 de enero de 2017. Siendo los Estados Partes del Mercosur Partes Contratantes del Convenio del Sistema Armonizado, es necesario adecuar su propia Nomenclatura a las modificaciones introducidas por la VI Enmienda. Teniendo en cuenta, además, que la NCM se aplica como nomenclatura única para las operaciones de

comercio exterior, tanto entre los Estados Partes del Mercosur como de éstos con terceros mercados, resulta entonces imperativo adecuar la NCM y su correspondiente Arancel Externo Común (AEC) a las mencionadas modificaciones. La citada norma del GMC aprueba el AEC basado en la NCM, en sus versiones en los idiomas español y portugués, ajustado por la VI Enmienda y que consta como Anexo y formando parte de la misma Resolución. Tiene vigencia también del 1 de enero de 2017.

Internalización Tres de los cuatro países miembros del Mercosur,

Brasil, Uruguay y Paraguay, han puesto en vigencia interno lo dispuesto sobre la vigencia del nuevo texto de la NCM a partir del pasado 1 de enero. Brasil, por la Resolución Camex 125/2016, del 1512-16, publicada al día siguiente en el Diario Oficial; Uruguay, por el Decreto 410/16, del 26-12-16, incluido en el Diario Oficial del 05-01-17, y Paraguay, mediante el Decretos 6655, del 30-12-16, publicado en la Gaceta Oficial del 09-02-17. Pero no solamente estos dos países han puesto en vigencia en su nomenclatura las modificaciones introducidas por la VI Enmienda: también lo han hecho Colombia (Decreto 2.153, del 27-12-16), Chile (Decreto 514, del 28-12-16) y Perú (Decreto 342, del 16-12-16), por citar solamente países cercanos y también miembros de la ALADI, como los del Mercosur. En Argentina, a fin de febrero todavía no se había dictado la norma correspondiente. Que una versión 2017 de la Nomenclatura esté en vigencia en tres países miembros y en el restante no lo esté ha estado causando numerosos problemas a los operadores.

Los despachantes que nos consultan y que se ven en problemas dado que se les rechaza el Certificado de Origen imprescindible para efectuar la preferencia arancelaria no saben qué hacer ni cómo solucionar el tema.

La solución En realidad, la solución está nada más y nada menos que en aplicar la normativa vigente del Mercosur que, por lo visto, no parece ser muy conocida y aún menos aplicada. En efecto, en la Decisión CMC No. 01/09, protocolizada por el 77º Protocolo Adicional al AAP.CE/18 (Mercosur), Apéndice IV, punto A-Control del Certificado de Origen, inciso c), está la respuesta: “El Estado Parte que no hubiera puesto en vigencia interna las Resoluciones de modificación de la NCM, no podrá negarse a dar curso, en condiciones preferenciales, a las importaciones de los Estados Partes amparados por Certificados de Origen válidos, basadas en divergencia de Nomenclatura”.

Una demora con efectos adversos En los 26 años de vigencia del Mercosur, nuestro país ha demorado con frecuencia la puesta en vigencia interna de las normas obligatorias del Mercosur. No tiene sentido que en un proceso de integración los países miembros tengan al mismo tiempo nomenclaturas arancelarias diferentes. Ya la Argentina tuvo retrasos en disponer la vigencia de las versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado, que en cada caso rigen desde el 1 de enero de cada año: la de 2007 (IV) fue internalizada en abril de ese año; la de 2012 (V) en febrero. Han sido muy frecuentes las consultas de despachantes de aduana que tienen el siguiente problema: cuando presentan el Certificado de Origen emitido en Brasil o en Uruguay, se encuentran con que en la Aduana se los rechazan porque la NCM que figura no corresponde a la vigente en Argentina. Y así es. Brasil, Paraguay y Uruguay han puesto en vigencia la nueva versión de la NCM, que en algunos casos ha cambiado los dígitos numéricos correspondientes, y estos no son reconocidos obviamente por la Aduana argentina, dado que aquí no se ha internalizado ese cambio y continuamos con la nomenclatura ya derogada.

*Asesor del CDA ce 34

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OPINIÓN

Escribe José Bustos

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Cuando los errores de clasificación no son sinónimo de perjuicio fiscal En 2016, y respecto del régimen de licencias no automáticas, denuncias de operadores aduaneros asimilaron inexactitudes en las posiciones arancelarias a transgresiones a la prohibición importar. Se trata de un criterio que urge revertir.

E

n el último año, diversos sectores operativos del Servicio Aduanero formalizaron numerosas denuncias en casos en que se clasificó determinada mercadería amparada por una licencia no automática (en adelante, LNA) en una posición arancelaria inexacta, pero que no contiene diferencia de derechos, es decir, no produce perjuicio fiscal; consecuentemente, no se configura la conducta tipificada por el art. 954 apartado 1°, inciso a) del Código Aduanero. Sin embargo, estas denuncias consideran que dichas LNA no serían aplicables a esas destinaciones y, además, afirman que ello trasformaría a esa mercadería en importación prohibida, conforme el art. 954 apartado 1°, inciso b) del Código Aduanero.

ce 36

Cabe recordar que la Resolución General AFIP N° 5, vigente desde el día 22 de diciembre de 2015, estableció un régimen de información con relación a determinadas destinaciones definitivas de importación a consumo e impuso la obligación de los importadores de producir la información requerida en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en forma previa a concretar las operaciones de comercio exterior (art. 2°). Los objetivos que persigue el régimen instaurado por la normativa mencionada responden a la obtención de datos a mero título informativo, con el fin de evaluar el flujo comercial de los productos comprendidos, no constituirse en prohibiciones a la

importación. Éstas requieren un trámite distinto, que la Administración dista de haber realizado, conforme las normas del GATT y la ley 24425, entre otras. En efecto, el sexto considerando de la resolución referida afirma: “Que resulta necesario que las importaciones estén sujetas a un régimen que permita suministrar información estadística en forma descriptiva y anticipada a los registros históricos, a efectos de realizar un rápido análisis de la evolución de las mismas, útil en la eventual adopción de medidas de defensa comercial, y que evite demoras a distintos sectores productivos, estableciendo un procedimiento administrativo de la mayor sencillez y transparencia posible”. Así, cabe advertir que en el caso no se encuentran involucrados dispositivos de carácter tributario, sino preceptos no arancelarios que imponen recaudos de información a fin de establecer un control y seguimiento de las importaciones de determinados productos. Tales normas pueden ser también tachadas de inconstitucionales en cuanto violan elementales principios de razonabilidad y proporcionalidad (art. 28, Constitución Nacional). Si la Administración, por vía de cualquiera de sus órganos o entes, pretendiere convertir un régimen informativo en uno de prohibiciones estaría, a su vez, incursa en la desviación de poder, lo que nulifica su accionar en los términos del art. 7, ley 19549 al provocar un vicio en la finalidad de sus actos. Ello fue interpretado de este modo por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, tanto con relación a las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) como en su momento respecto de las LAPI (Licencias Automáticas Previas de Importación), cuya naturaleza es asimilable a las LNA en este aspecto. Desde una óptica mayor, me parece oportuno recordar que desde hace varios años somos testigos de numerosas discusiones relacionadas con el mayor o menor acierto de distintas medidas adoptadas por el Estado argentino para impedir que una importación indiscriminada de productos afectase la producción de la industria nacional y, consecuentemente, los puestos de trabajo. No es el objetivo de esta nota emitir una opinión o arribar a una conclusión respecto de lo ocurrido hasta hoy con relación a este tema, sino analizar la

política económica que resolvió adoptar la República Argentina en esta materia. Como dije, en este caso, las LNA fueron impuestas a finales de 2015 con el objeto de obtener información relacionada con determinadas destinaciones definitivas de importación a consumo y no como restricciones al comercio exterior. El régimen de prohibiciones es, por definición, un régimen de excepción. Por ello, se debe ser sumamente prudente en el análisis de los tipos infraccionales que involucran prohibiciones. La regla general es la libertad para importar y exportar mercaderías; las intervenciones previas no siempre deben ser asimilables a las prohibiciones no económicas. Como corolario de lo expuesto, considero que el servicio aduanero debería emitir una orden que indique que las eventuales diferencias de posiciones arancelarias que no involucren diferencia de derechos no pueden ser consideradas como mercadería prohibida en los términos del art. 954 apartado 1°, inciso b) del Código Aduanero.

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Presentación de solicitudes

Escribe Sergio Orieta *

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Cómo funciona el régimen de importación de bienes usados El decreto 1205, publicado el 30 de noviembre último, establece un procedimiento claro y con plazos de cumplimiento obligado. Es importante que no sea desnaturalizado el objetivo de facilitar que las empresas se reequipen de maquinaria para la producción.

D

esde 2012 y hasta comienzos de 2017, el ingreso de bienes de capital usados estuvo prácticamente paralizado debido a la vigencia del Decreto 2646/12, que estableció una serie de exigencias y procedimientos que hacían prácticamente imposible realizar importaciones en este rubro. Esas exigencias incluían, principalmente, la presentación de un certificado del fabricante (o su representante oficial) que respaldara el reacondicionamiento de los bienes a importar. En caso de no poder obtener este certificado; el importador debía encargarse de dicho reacondicionamiento, pero con la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tanto al inicio como al finalizar

esa gestión. Este y otros requerimientos claramente actuaron como una suerte de “cepo” a las importaciones, no solo por lo engorroso de su cumplimiento, sino también por el procedimiento y las demoras que se producían en el análisis de los expedientes en las áreas evaluadoras de Industria, Comercio y Legales del Ministerio de Industria. El nuevo régimen, establecido por el Decreto 1205/16, publicado en el Boletín Oficial del 30 de noviembre pasado, cambió radicalmente el panorama de este tipo de importaciones, no solo porque dejó sin efecto exigencias que impedían su cumplimiento, sino también porque estableció plazos a cumplir por cada una de las áreas intervinientes.

A efectos de dar inicio al proceso de importación de un bien de capital usado comprendido en los capítulos 84 a 90, se deberá determinar en primer lugar si está comprendido en las posiciones arancelarias NCM autorizadas por la Resolución 909/94. A tal fin, se deberá posicionar la mercadería y verificar en qué Anexo encuadra, no solo para verificar que no se encuentre incluida en el Anexo II de dicha norma y sus modificaciones (mercaderías prohibidas), sino también para verificar la alícuota de Derecho de Importación Extrazona que le será aplicable. Una vez determinada la posición y la viabilidad de realizar la importación, el interesado deberá comenzar con la gestión del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). A tal fin, la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Industria, aprobaron la Disposición Conjunta 1 - E/2016, publicada en el Boletín Oficial del 12 de diciembre último, que establece los procedimientos para la emisión del CIBU. Una vez cumplidos los pasos requeridos, es decir, completada la información del Formulario, adjuntada la documentación (fotos de la placa, del bien, catálogos, entre otras), y validada la Declaración Jurada por la cual el importador se responsabiliza por el estado de las maquinarias —dado que ya no es exigible la certificación del exterior ni del INTI—, el sistema confirmará la presentación y asignará un número de expediente. A partir de ese momento, la solicitud habrá quedado formalmente realizada ante la autoridad de aplicación, y comenzará la realización de los distintos pasos de la gestión.

Pasos de la gestión El área central que analizará y realizará la mayor parte de la gestión será la Dirección de Importaciones, que tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos para determinar si la solicitud cumple con los requerimientos normativos correspondientes. Si se trata de bienes comprendidos en el Anexo III del Decreto 1205/16 y su modificatorio, en el plazo mencionado la citada Dirección elevará las actuaciones a la Subsecretaría de Comercio Exterior, a los efectos de dar curso a la firma del CIBU. Para ello, la Subsecretaría de Comercio Exterior dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para pro-

ceder a su emisión, una vez recibidas las actuaciones de parte de la Dirección de Importaciones. Si el bien en cuestión estuviera comprendido en los demás anexos, que comprenden la gran mayoría de las posiciones, la Dirección de Importaciones, dentro de los cinco días hábiles de iniciado el expediente, remitirá las actuaciones a la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, dependiente de la Dirección Nacional de Industria. Esta área realizará la consulta a las entidades empresariales representativas del rubro correspondiente al bien a importar, a fin de que informen sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados. Para ello, se dispuso un plazo de 10 días hábiles; en caso de no cumplirse, se dará por cumplido el procedimiento de consulta previa al respecto. Si la respuesta es favorable al importador, es decir, si no existe posibilidad de provisión por parte de la industria local, se deberá remitir el CIBU a la firma de la autoridad dentro de los dos días hábiles de recibido el informe.

Conclusión Es destacable la voluntad política de la actual administración en facilitar el ingreso de bienes de capital usados. Al hacer viable esa importación, el nuevo régimen permite a las empresas reequiparse de maquinaria para la producción y así buscar incrementar los niveles de productividad. Sin embargo, el Estado nacional deberá poner bajo la lupa a aquellos que utilicen este régimen para otros objetivos distintos a los establecidos en los considerandos del Decreto 1205/16, ya que ante estas circunstancias no faltarán quienes utilicen este régimen para ingresar bienes obsoletos, revenderlos como repuestos o bajo otras condiciones distintas a las previstas originalmente. Por lo tanto, la Subsecretaría deberá atender estas circunstancias, para que el régimen sea utilizado para la finalidad prevista.

* Asesor del CDA. Especialista en gestiones no aduaneras e intervenciones previas. ce 38

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OPINIÓN

HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

“Las normas aduaneras son parte de un sistema” En esta entrevista, el reconocido abogado subraya la importancia de un fallo judicial que reconoce legitimidad a una rectificación realizada en los términos previstos por el Código. Un control eficiente demanda buena predisposición e idoneidad, afirma.

L

a mejor aduana es aquella que contribuye a hacer más fluido el tráfico internacional de mercaderías. En consecuencia, debe ejercer los controles que hacen a su función de un modo eficiente, para facilitar en vez de entorpecer la actividad de los operadores. Y eso demanda una legislación dinámica, pero también la buena predisposición y la idoneidad de las autoridades encargadas de aplicarla, razona Héctor Guillermo Vidal Albarracín, abogado de dilatada trayectoria en el campo del derecho penal económico y aduanero, y autor, junto a Guillermo Vidal Albarracín, del libro La responsabilidad del Despachante de Aduana y del más reciente El Despachante de Aduana, editado el año pasado. Desde esa perspectiva, Vidal Albarracín califica como ejemplar un fallo dictado por la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, que tras la apelación presentada por ambas partes dejó sin efecto una sanción aplicada por la Aduana de San Lorenzo e incluso la atenuación dispuesta

ce 40

posteriormente por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). Para ello, la Cámara consideró que la conducta del exportador y el despachante debía ser encuadrada en lo dispuesto por el artículo 322 del Código Aduanero, dado que no se había configurado un delito ni una infracción. En el caso analizado, el despachante había consignado como condición de venta una incoterm FOB, cuando correspondía CFR, algo que efectivamente incide en el ingreso de divisas. No obstante, inmediatamente y antes de que finalizara la carga, presentó mediante multinota una rectificación sobre esa inexactitud, que ya surgía de la factura acompañada como documentación complementaria. Pese a ello, la Aduana consideró que se había producido el supuesto contemplado en el artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, que prevé la aplicación de una multa cuando se advirtieren diferencias entre la declaración y la comprobación y de ellas surgiera un importe diferente del correcto.

Aunque desestimó la eximición de responsabilidad, por considerar que la inexactitud no surgía de la propia declaración, la Sala E del TFN dispuso una reducción de 75 por ciento en el importe de esa multa. Entendió que se debía aplicar el artículo 917, donde se admite la posibilidad de rectificación, sin necesidad de abrir un sumario, cuando ésta se produce antes de que el servicio advierta la diferencia o dé a conocer que aquélla debe ser sometida a control documental o que la mercadería será verificada. Finalmente, la Cámara aplicó el artículo 322 del Código, porque estimó que “la presentación del exportador fue espontánea, realizada de manera previa a que la inexactitud fuera advertida por el servicio aduanero, con anterioridad a que culminara la carga de la mercadería, y que la inexactitud denunciada resultaba de la lectura de la factura de exportación, que forma parte de la documentación complementaria”, refiere Vidal Albarracín en una entrevista con Comercio exterior.

Antes de 1981, dice el especialista, era complicado interpretar las leyes aduaneras, que no estaban sistematizadas y daban lugar a interpretaciones conflictivas. “Al haber un Código, es muy importante que cuando se tome un instituto se lo haga jugar dentro de ese conjunto sistematizado y armónico. Y esa es la significación de este fallo”, subraya. “En este caso, se trata de una infracción, la declaración inexacta, una de las más preponderantes, que roza con una serie de institutos: el despacho en confianza, la idea de que tiene que haber fluidez en el tráfico internacional y que es importante lo que diga el documentante; pero también que el falseamiento de los hechos será castigado severamente. O sea, se le permite hacer, pero si abusa de ese régimen se lo sanciona de una manera bastante rigorista”, explica. Del análisis de la operatoria realizado por la Cámara, incluidas las alternativas previstas en el mismo Código —como la posibilidad de rectificar en tiempo, aun cuando se hubiera cometido una inexactitud—,

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OPINIÓN

surge que la Aduana saltó todas las etapas y fue directamente al incumplimiento. “El in dubio pro reo (un principio jurídico por el que, en caso de duda, se favorecerá al acusado) siempre juega en contra: de todo lo que puedo, te aplico lo peor. La sensación es que esa Aduana, en lugar de facilitar el comercio, quiere recaudar, y eso incluye las multas”, destaca el entrevistado y agrega: “Entonces, este fallo muestra que el camino para establecer si existe una infracción o un delito es mucho más largo y contempla una serie de pasos. Primero, hay que agotar lo operativo para ver si realmente hay un incumplimiento e incluso puede haber otras situaciones que lo justifiquen. Entonces, se arriba a la sanción de una manera mucho más trabajada, más caminada. Y una vez que se llega ahí, es más difícil desandarla. Entonces, hay verdaderas condenas, se sienta una jurisprudencia y un criterio más firme”. Vidal Albarracín comenta que la instancia de la desestimación, que está prevista en el Código y debería ser aplicada por la propia Aduana cuando la denuncia no es seria o verosímil, está muy poco generalizada, sobre todo en el interior del país. Y así se acumulan expedientes —en Buenos Aires, su número es mayor a 5.000— en los que la resolución puede demorar varios años, con el consecuente dispendio procesal. Tras la denuncia, la instrucción y la condena dispuestas por la Aduana, el interesado presentó una apelación y el TFN atenuó la multa, pero no avanzó más allá, como lo haría después la Cámara ante una nueva presentación de las partes. Si bien ésta constató que efectivamente el despachante había cometido un error, evaluó que éste era excusable. Y aunque el papel de la documentación complementaria pueda considerarse materia opinable, también tomó en cuenta que aquel había advertido en tiempo a las autoridades sobre esa inexactitud. De tal manera, esa autodenuncia debía ser tomada como una rectificación y, en consecuencia, no se había producido ni siquiera una infracción. Tras enfatizar que la Aduana es muy “rigorista”, Vidal Albarracín apunta que, aun cuando el Tribunal Fiscal es bastante especializado y cuenta con salas aduaneras, tiene también demasiadas causas, que suelen extenderse en el tiempo como resultado de las habituales chicanas. A su entender, si se quiere una

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justicia administrativa más ágil, no es necesario cambiar las normas, sino aplicar las que ya existen; pero además, hay que ser más eficiente, algo que muchas veces pasa por el lado de la capacitación. “Los instrumentos están. Las personas, también. Conozco personal aduanero muy capacitado, brillante; pero a veces es difícil que pueda bajarse esta línea. Cuando asumió la nueva dirección de la Aduana, pedimos que se formara una comisión, pero no para cambiar la ley, sino para realizar ajustes en algunos institutos que no están funcionando. Creo que eso se puede hacer y que simplificaría enormemente todo este problema. Otra tarea para mí muy importante es amigar al despachante con el agente aduanero, que lo ve como un sospechoso. Hace falta trabajar en conjunto, en equipo, para que el servicio sea más eficiente”, destaca. Ya sobre el final de la entrevista, el especialista vuelve a poner de relieve la importancia del pronunciamiento de la Cámara. “Este fallo le está hablando al despachante de una Justicia que sabe interpretar las normas, de quién actuó bien y quién mal, de cómo debe y no debe ser aplicada la legislación aduanera”, señala. Aunque admite que no sienta necesariamente jurisprudencia, cree que constituye un valioso antecedente y espera que otros jueces quieran usarlo. Considera que también permita hacer docencia acerca de cómo aplicar la ley cuando está codificada y es parte de un sistema; a la larga, dice, eso permite generar interlocutores válidos y que las normas cumplan su finalidad. “Yo trabajé muchos años en Legales de Aduana y lo que se ve es un expediente, no el trasfondo; por ejemplo, el de una empresa que si no se recibe esa máquina no puede cumplir con un contrato. Si se ven las dos campanas y cómo repercute lo mismo en distintas áreas, las cosas pueden hacerse mejor”, concluye.


RADIOGRAFÍA

RADIOGRAFÍA

16,8%

Ese porcentaje de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe, medidas por su valor, tuvo por destino en 2015 a los mercados de la región. En la mayoría de los casos, la proporción es sustancialmente más alta; en Bolivia, por caso, llega a 63,9%. No obstante, en el promedio pesa el desempeño de los mayores exportadores: Argentina, Chile, Brasil y en especial México, que apenas dirigió 5,9% de sus ventas externas al comercio intrarregional, según los datos de la CEPAL.

14,9%

De las importaciones de bienes de América Latina y el Caribe en 2015, sólo ese porcentaje tuvo origen en países de la misma región. De acuerdo con la CEPAL, Brasil está apenas sobre el promedio y México —que tiene, o tenía hasta ahora, una Gráfico 1 relación privilegiada con Estados Unidos como parte del NAFTA—, muy por debajo. Las tasas más altas, superiores a 40%, corresponden a Bolivia, Paraguay y Nicaragua, mientras Uruguay, El Salvador, Guatemala y Argentina están en un segundo lote. 14%

Gráfico 1

34%

Participación de diversos países y regiones en el comercio internacional de bienes - Año 2015

9%

Mercado naviero, según capacidad en TEU. Año 2016 Maersk + Hamburg Süd MSC CMA CGM

14%

Alemania 8,3%

9% 5%

CEI 3,1%

8%

Cosco Hapag-Lloyd 15 siguientes

Países Bajos 3,5%

Oriente Medio 5,3%

15 siguientes Maersk Resto + Hamburg Süd MSC CMA CGM

3% 27%

Resto NAFTA 4,9%

Cosco Hapag-Lloyd

34%

Estados Unidos 9,4%

8%

5%

Resto

3% 27%

China 14,2% Francia 3,2%

Fuente: Comercio Exterior, sobre datos de UNCTAD para mediados de 2016.

India 1,7%

Gráfico 2

Mercado naviero, según número de buques. Año 2016 África 2,4%

Japón 3,9%

Italia 2,9%

12%

18%

Gráfico 2

Maersk + Hamburg Süd

18% 13%

12%

Resto de Europa 19,4%

MSC CMA CGM Cosco

Resto de Asia y Oceanía 14,4%

Hapag-Lloyd

35%

9% 5%

Fuente: elaboración de Comercio exterior con datos de la OMC.

8%

13%

15 siguientes Maersk Resto + Hamburg Süd MSC CMA CGM Cosco Hapag-Lloyd

Fuente: Comercio Exterior, sobre datos de UNCTAD para mediados de 2016. 15 siguientes 35% Resto 9% 8%

Carga aérea por regiones*

5%

* En porcentajes sobre los volúmenes totales Fuente: Comercio Exterior, con datos de IATA para 2016 en toneladas-kilómetro transportadas. ce 44

África

Asia Pacífico

Europa

Latinoamérica

Oriente Medio

Norteamérica

45 ce


FILIALES

FILIALES

ROSARIO

Otra conducción, una nueva etapa

La Comisión Directiva que asumió en diciembre da sus primeros pasos con foco en la mejora de las relaciones institucionales y la comunicación. Su presidenta, María Gabriela Calvo, subraya por qué apuestan a la profesionalización y la capacitación.

ce 46

D

esde mediados de diciembre, la filial Rosario del Centro Despachantes de Aduana (CDA) está conducida por una nueva comisión, liderada por la presidenta María Gabriela Calvo, el secretario Guillermo Bagneres y el tesorero Jorge Pillichody. El equipo de trabajo también incluye a los vocales María Cristina Pellicciotti, Eduardo Hernández, Daniel Rey, Juan Pujol, Silvia Razzari y Claudia Barone. En tanto, Andrés González y Esteban Igoa actúan como revisores de cuentas, titular y suplente, y Pablo Merino se desempeña como asesor. Este equipo de doce miembros tiene como misión representar a los despachantes de Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución y Venado Tuerto. Hasta marzo de este año, la filial también representa a los profesionales de Santa Fe y Rafaela, pero ahora una nueva corresponsalía agrupará a los despachantes de estas dos últimas ciudades y de Paraná. A partir de estos cambios, la filial Rosario del CDA congregará a alrededor de 130 asociados. María Gabriela Calvo es socia gerente de la firma Calvo Comex. Proviene de una familia de despachantes y se recibió como tal en 1991, cuando contaba con apenas 21 años. A la fecha tiene un recorrido de 26 años, siempre en la empresa familiar. Para su nuevo rol como presidenta del CDA Rosario, Calvo tiene una serie de lineamientos claros: “Nuestro equipo de trabajo se armó con la

idea de mejorar el posicionamiento profesional del despachante en la zona. Las propuestas centrales tienen que ver con la gestión y la representatividad. Queremos fomentar el espíritu de solidaridad entre los asociados y mantener relaciones armónicas con las distintas instituciones que operan con nosotros, como la Aduana, el puerto, las cámaras, el Senasa, entre otras”, comenta.

Prioridades La nueva conducción buscará encolumnarse con las autoridades del CDA nacional en lo que hace a la profesionalización de los despachantes de Aduana, apuntando a mejorar los ingresos para los colegas: “Uno de los temas que queremos apoyar es la colegiatura”, señala Calvo. Y agrega: “Lo primero que hicimos al asumir fue pedir una reunión con la Aduana y con el Puerto de Rosario. Por ejemplo, este último está por comenzar una serie de obras —modificará la plazoleta de contenedores, armará un edificio donde vamos a tener una oficina— y queremos acomodar toda una serie de cosas. La idea es lograr un buen diálogo y trabajar en conjunto con todos los entes relacionados”. Según la presidente del CDA Rosario, en la zona se necesita jerarquizar la profesión. “Tenemos que volver a ocupar el lugar que teníamos antiguamente. Hoy el despachante hace de todo: para las

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FILIALES

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empresas que exportan o importan y no una tienen área específica, pasa a ser su oficina de comercio exterior. Tenemos que mejorar nuestros ingresos, la capacitación, la lealtad profesional, el código de ética. Y para hacerlo, el camino es volver a armar un buen grupo humano”, sostiene. En esta línea, una de las primeras acciones fue armar una cuenta de WhatsApp, que a la fecha ya agrupa a 70 personas, casi todas de Rosario. “Hablamos para solidarizarnos ante cualquier problema y solucionarlo en el momento, o para evacuar dudas —comenta. Notamos muy buena predisposición entre los colegas; hay gente que no integra la comisión y demuestra muchas ganas de participar”. Mejorar la comunicación interna es una de las prioridades de la nueva comisión: “Queremos que los colegas puedan tener contacto permanente con nosotros y consultar o compartir cuestiones profesionales con fluidez. Que se sientan representados. Y también, optimizar la comunicación con otras

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filiales: hay gente que está en la nueva comisión del CDA nacional que no conoce nuestra filial, por ejemplo. Queremos organizar una reunión para que vengan a conocerla, ver qué piensan hacer ellos y qué podemos hacer desde acá”. La filial cuenta con un empleado. La sede está ubicada en la calle Mendoza 938 y dispone de un salón auditorio para 70 personas. La nueva conducción planea aprovechar este espacio para trabajar sobre la capacitación. “Uno de los temas que se viene y que preocupa a los asociados, por ejemplo, es el del certificado de origen digital. La intención es ir apuntalando este tipo de cuestiones que vayan surgiendo a partir de necesidades reales”, explica Calvo. Por estos días, además, el equipo del CDA Rosario está conformando diversas comisiones. El organigrama incluye una de Administración y Finanzas y otras de Asesoría, Capacitación, Relaciones Institucionales y Comunicación y Difusión.

Perspectivas De la mano del crecimiento de las exportaciones primarias, Calvo ve “buenas perspectivas para la zona, que es esencialmente agrícola-ganadera”. Refiere que el puerto de Rosario está operando con tres líneas marítimas, MSC, Hamburg Süd y Maersk, con un importante movimiento de contenedores. “El puente Rosario-Victoria nos une con Uruguay y Brasil. Y armamos el corredor bioceánico, porque cuando tenemos que sacar las cargas también vamos para el lado de Chile, vía San Antonio o Valparaíso. Estamos ubicados en un lugar bastante estratégico”, completa. En lo que atañe puntualmente al puerto de Rosario, los números indican que en 2016 se llegó con lo justo a 5 millones de toneladas, luego de haber movido 5,4 millones el año anterior. En cambio, creció 71,4% el movimiento de contenedores, de 30.227 a 51.810 TEU. Para la directiva de la filial, ese resultado está en parte vinculado con el pasaje de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). “La importación quedó más liberada y empezó a moverse más. Hasta a las empresas de Córdoba les sale más económico despachar por Rosario, y no por Buenos Aires, ya que acá el puerto tiene costos más accesibles. Por su parte, la caída en carga general en el puerto de Rosario tal vez se explique porque la exportación acá todavía no arrancó, ya que el tipo de cambio aún no la favorece. De todas formas, nuestra filial también trabaja mucho con el complejo de San Lorenzo, que

se cuenta entre los más importantes de Argentina y maneja graneles, no contenedores”, señala. Calvo entiende que en la zona de Rosario y áreas aledañas hay mucha competencia entre los colegas, dada la cantidad de clientes disponibles. “Antes, probablemente el despachante se especializaba en algunos temas. Hoy todavía hay un par de oficinas que se dedican sólo a cereales, pero a raíz de la competencia, la mayoría hace de todo, y eso obliga a estar más capacitados. Como filial, nosotros apostamos por la cooperación: creo que si nos ayudamos entre todos —por ejemplo, compartiendo información, lo que nos obliga a superarnos, aprender más y crecer—, salimos ganando”. Si bien en la zona el movimiento por vía marítima es el más fuerte, las exportaciones por camión son también importantes. “La carga terrestre sale básicamente hacia países limítrofes: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. A Perú, en cambio, conviene sacarla en contenedor por Chile, vía Valparaíso o San Antonio, para que llegue a El Callao”. La carga aérea, por su parte, queda en tercer lugar: “Por una cuestión de relación peso/volumen, el flete resulta caro, con lo cual por avión solo se manda carga chica, o no tanto, a veces, que tiene que llegar rápidamente. El aeropuerto de Rosario está funcionando con LATAM, que despachan vuelos a Brasil y Perú, y con COPA, que tiene servicios directos a Panamá. Y para la carga que por algún motivo no entra en las bodegas, desde Rosario despachamos camiones rumbo a Ezeiza para embarcar en los cargueros. O sea, manejamos carga aérea como si estuviésemos ahí”, concluye Calvo.

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REGIÓN

REGIÓN

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASAPRA

Fortalecer la figura del despachante

Durante el primer encuentro del año, realizado en Honduras, representantes de once países repasaron la situación de los agentes de Aduana en la región. La delegación argentina hizo un extenso informe sobre el plan de trabajo de la nueva gestión del CDA.

E

l fortalecimiento de la figura del despachante fue el eje de las propuestas y actividades analizadas durante la primera reunión del año del directorio de la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA), que se llevó en San Pedro Sula, Honduras, el 19 de enero. La entidad reúne a organizaciones de despachantes, agentes y corredores de Aduana de 18 países de América Latina, España, Portugal y, desde el año pasado, Estados Unidos. En esta ocasión, acudieron representantes de México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, que presentaron informes sobre la situación del sector en sus respectivos países. El secretario general de Asociación, Álvaro Pinedo, fue el encargado de abrir el encuentro. En su presentación dio la bienvenida a la nueva conducción del Centro Despachantes de Aduana de la Argentina y a su presidente, Enrique Loizzo, y destacó la importancia del Curso Internacional sobre “Ética y Buena Gobernanza. Instrumentos de Lucha contra el Fraude y la Corrupción”, organizado por ASAPRA y la Asociación Despachantes de Aduana de Uruguay (ADAU). También informó que el Encuentro Internacional de Derecho Aduanero 2017 se realizaría en Milán, Italia. Por su parte, el presidente de ASAPRA, Alfonso Rojas González de Castilla, ratificó el plan de trabajo de la organización para el período 2016-2019,

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presentado en la Asamblea Ordinaria de ASAPRA realizada en la ciudad de México en noviembre último. Destacó que se buscará “fortalecer la figura del despachante ante las autoridades de cada país”, para lo cual, entre otras cosas, se intentará aprovechar el reciente Study Report on Customs Brokers, editado en inglés por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Tras afirmar que la entidad seguirá trabajando sobre el posicionamiento estratégico y la seguridad del despachante en la región, González de Castilla enfatizó la prioridad que tendrán “la profesionalización y el desarrollo de herramientas tecnológicas”. Asimismo, informó que en junio de 2017 vence el mandato de la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes Aduanales (IFCBA) en el Grupo Consultivo Privado de la OMA, y que desde entonces ingresarán en su lugar los representantes designados por ASAPRA. Oscar Dhers, representante de Argentina, solicitó que ASAPRA continúe con las iniciativas de fortalecimiento de la figura del despachante en ese Grupo y que se realice un seguimiento de las acciones de las empresas de servicios courier que logran beneficios a partir de normativas nacionales e internacionales que perjudicarían el control aduanero y laboralmente a los despachantes de Aduana. En esta línea, González de Castilla indicó que los representantes de México, Chile, Uruguay y ASAPRA elaboraron realizaron informes sobre el accionar

de los couriers en esos países, que se encuentran a disposición de las distintas asociaciones nacionales. Por último, el presidente de la Asociación anticipó que del 14 al 19 de mayo se realizará en La Habana, Cuba, el Encuentro de Directores de Aduana de la Américas.

La presentación argentina El encargado de representar al CDA y repasar las novedades del sector en Argentina, Oscar Dhers, mencionó que en el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina se eligió una nueva comisión directiva, conducida por el presidente, Enrique Loizzo. Explicó la grave situación heredada respecto de la valoración de los fondos depositados en el Banco Nación como garantía para los socios ante la AFIP, hecho que generó una fuerte acción para revertir la crisis planteada. Dhers detalló también la actuación del CDA con los grupos de trabajo de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Producción que están desarrollando el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), establecido por el decreto 1079 en octubre pasado. Al respecto, aclaró que “el CDA participó en la presentación del primer tramo del sistema en la provincia de Mendoza con productos ligados a la vitivinicultura y organizó una charla informativa en su sede de Buenos Aires con funcionarios de la Secretaría de Comercio y la AFIP/Aduana sobre los alcances del sistema”. El representante argentino explicó también que el CDA está está siguiendo la normativa vinculada al programa “Exporta Simple”, que se estaría analizando en el ámbito de la Secretaría de Comercio y, según las informaciones que han trascendido, prevé autorizar operaciones de hasta 15.000 dólares, con un máximo de 600.000 dólares anuales, sin la intervención del despachante de Aduana. “En tal sentido, desde el CDA hemos planteado los perjuicios económicos que ocasionaría este proyecto para nuestro sector, y también los problemas que traería para la comunidad, derivados de la falta de controles sanitarios, fiscales y en materia de narcotráfico”, dijo Dhers. Con respecto al acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, señaló que “el CDA está siguiendo ese proceso a efectos de evitar la exclusión absoluta de la intervención del despachante, que en la legislación

nacional y en el Código Aduanero del Mercosur no es obligatoria”. Además, informó que el Congreso Nacional aprobó el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los regímenes aduaneros (Kyoto Revisado). Comentó también que el CDA “está trabajando para modificar la normativa courier, que privilegia sensiblemente el accionar de estos actores, una tarea que ya había sido iniciada por la anterior gestión”. Con referencia al Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, apuntó que el CDA se está vinculando con sectores públicos y privados para integrar el comité nacional de seguimiento de ese acuerdo, una vez que la Argentina concrete su aprobación. En otro orden, refirió que se ha creado dentro del Centro “una comisión con asesores internos y externos de excelente nivel académico para elaborar y presentar un nuevo y definitivo proyecto de colegiatura del despachante de Aduana ante el Congreso Nacional”. Por último y con relación al Estatuto, dijo que se encuentran trabajando con el proyecto de modificación ingresado en 2015 por la Agrupación Despachantes Unidos (ADU), que triunfó en las recientes elecciones, y no considerado por la gestión anterior. Ese proyecto amplía la participación de las minorías en la Comisión Directiva, crea un Manual de Elecciones, un Reglamento Adicional de Filiales/ Corresponsalías y un Código de Ética, y un Consejo de Ética y Honorarios Profesionales. En coincidencia con el orden del día de la primera reunión de Directorio respecto de las acciones programadas por las asociadas en el ámbito de la ética, transparencia y mecanismos anticorrupción, se creó en el CDA un grupo de trabajo para que desarrolle dicha temática. Entre los aspectos considerados, se encuentran las sanciones dispuestas por el artículo 45. 2. a) del Código Aduanero con relación a los despachantes de Aduana que “quienes facilitaren su nombre o los derechos que les acordare su inscripción a quien se encontrare suspendido o eliminado del Registro, o a un tercero no inscripto”.

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REGIÓN

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Una puesta al día MÉXICO

COSTA RICA

José Antonio Vidales Flores mencionó las dificultades que la asunción del presidente Donald Trump plantea a su país, que destina 80% de sus exportaciones a los Estados Unidos, sobre todo por la derogación de los acuerdos del NAFTA.

Oscar Ramos Valverde comentó que están trabajando para la presentación de tres códigos (comunitario, aduanero e infraccional) y que desde 1995 en ese país se opera con una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

GUATEMALA

PANAMÁ

Raúl Palma Cruz comentó que en su país el aparato aduanero fue desarticulado a partir de la situación planteada en 2015 y que los despachantes y los funcionarios aduaneros son capacitados por instructores externos.

Su delegado indicó los despachantes no presentan garantías para operar ante el Servicio Aduanero y que están trabajando fuertemente para sancionar a aquellos que prestan la firma a terceros, por ejemplo, a los courier. Están operando también con la VUCE.

HONDURAS

COLOMBIA

Leda Martínez, señaló que en su país fue implantado el Programa 20/20 para conseguir más competitividad, y que desde el sector de Despachantes fueron elaboradas recomendaciones para incorporar a ese plan.

Miguel Ángel Espinosa Alfonso indicó que la Asamblea de ASAPRA y el Congreso de FITAC se realizarán en Cartagena de Indias del 1 al 3 de noviembre de 2017. Refirió además que en su país el decreto 390 obliga a los despachantes a ratificar y cumplir con el Código de Ética.

EL SALVADOR

PARAGUAY

Su delegado informó que la Aduana de su país está sancionando al despachante que no se encuentre en la oficina al momento de documentar/oficializar destinaciones aduaneras.

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sobre la región

Magdalena Mendoza señaló que, con la aplicación de la VUCE, fue creado un Consorcio de Ventanilla Única de Exportación, integrado por el Centro Despachantes de Aduana del Paraguay, la Cámara de Exportadores y la Cámara de Cereales.

NICARAGUA

URUGUAY

Según refirió su representante, están trabajando para fortalecer la relación entre los sectores público y privado. Como parte de esas gestiones, realizaron reuniones informativas con la vicepresidenta de la Nación, Rosario Murillo.

Pedro Castro Garino destacó la importancia que tiene en su país la Escuela Internacional de Comercio Exterior y Aduanas, que organiza cursos internacionales de Ética, Transparencia y Buena Gobernanza. Además, indicó que Uruguay está conduciendo en ASAPRA el proceso de elaboración de un nuevo Código de Ética.

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MUNDO

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS

La VI Enmienda hace su estreno

Durante una charla organizada por el CDA, especialistas de la Aduana explicaron en qué consisten las reformas al sistema armonizado, que recogen propuestas de organismos públicos y privados. Argentina se sumaría a mediados de marzo.

L

uego de su quinto ciclo de revisión y tras dos recomendaciones en 2014 y 2015, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicó la VI Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (SA). Como resultado de propuestas impulsadas por diversos países, organismos gubernamentales y no gubernamentales, aprobó una serie de modificaciones, actualizaciones y clarificaciones para lograr una mejor y más amplia cobertura de las mercaderías comercializadas en el nivel internacional. Esta edición, compuesta por 233 conjuntos de enmiendas, entró en vigencia el 1 de enero de 2017, y debe ser implementada por todas las partes contratantes del Convenio Internacional del SA. Brasil, Paraguay y Uruguay ya han adoptado la última versión del código de seis dígitos. Argentina, en cambio, aún no lo ha hecho y su comercio exterior continúa operando con la aprobada en 2012. Jorge Calviño, jefe del departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Dirección General de Aduanas (DGA), afirmó en una charla informativa llevada a cabo en el Centro Despachantes de Aduanas (CDA) que “aún no se puede dar una fecha exacta para la sanción del decreto del Ejecutivo”, pero que “las expectativas están puestas para mediados de marzo”. Comunicó además que el Comité Iberoamericano de Nomenclatura ya ha elaborado la Versión Única en Español del Sistema

Armonizado (VUESA), que refleja los cambios. Al inicio de cada período de revisión, la OMA establece pautas para determinar las mercaderías cuyas partidas o subpartidas desaparecerán, serán trasladadas a partidas residuales o ascendidas a una jerarquía superior. Como explicó Calviño, para que un producto adquiera la clasificación de segundo nivel, equivalente a dos guiones, el valor de su comercialización internacionalización debe ser al menos 50 millones de dólares. Cuando el monto llega a 100 millones, se crea una subpartida de primer nivel o de un guion. Sin embargo, mencionó que “hay muchas mercancías que aparecen en el sistema y que no alcanzan ese tráfico”. Eso se debe a que, “más allá del criterio económico, la OMA considera cuestiones vinculadas con la salud, el medio ambiente y las sustancias controladas”. En cuanto a las modificaciones introducidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su nombre en inglés) promovió reformas referidas a pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos para facilitar la distinción de las variedades y la recolección de datos estadísticos. Partiendo de la denominación científica de su género y especie, productos como merluzas, carpas y caballas, entre otros, ampliaron el contenido de sus subpartidas. Teniendo en cuenta los patrones de comercio, fueron incluidas las aletas de tiburón, no solo por su valor nutricional sino también

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MUNDO

con el objetivo de controlar su matanza. A su vez, fueron creadas nuevas subpartidas para separar los productos frescos de los refrigerados y de aquellos con algún grado de manufactura. Otros cambios responden a divergencias entre las versiones del SA en inglés y francés. Ello se observa en la diferencia de criterios respecto a la etiqueta “infantil” en los alimentos preparados. Mientras que para los angloparlantes la designación refiere a “alimentos que sirven para niños o chicos jóvenes”, los francófonos sostienen que serían “para lactantes y niños de poca edad”. Frente a esta problemática, la edición en español del SA buscó una terminología equivalente y estableció que la definición del término “infantil” será: “lactantes y niños de corta edad”. No obstante, Calviño aclaró que “no existe un límite exacto entre corta y mediana edad”, pero podría considerarse que está en “alrededor de los tres años”. Sin embargo, dado que la demarcación no es taxativa, propone para su clasificación examinar las propiedades, componentes y usos del alimento preparado. Debido a la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por registrar las estadísticas sobre las bebidas alcohólicas, se añadió la identificación de la cerveza sin alcohol. Considerando que dicha nomenclatura carece de nota explicativa que especifique un grado de alcohol máximo, se recurrió al Código Alimentario Argentino para la implementación práctica en el país. Éste define a dicha cerveza como aquella que contiene hasta 0,5% de alcohol. Con respecto a los productos petroleros, la Unión Europea requirió que el SA reflejara tanto el método de medición de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTN) como el de la Organización Internacional para la Normalización (ISO). A propósito de los químicos, Élida Scotti, consejera técnica jurídica del mismo departamento de la Aduana, explicó en su disertación que fueron creadas nuevas subpartidas para “mejorar la diferenciación de los compuestos que impactan en la salud e inciden en el cambio climático y en el efecto invernadero”. Así, se tuvo en cuenta la nómina de productos plaguicidas e industriales controlados por la Convención de Rotterdam, ciertos contaminantes orgánicos persistentes contemplados por la Convención de Estocolmo y algunos relacionados a la Convención de Armas Químicas.

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Por motivos de seguridad sanitaria y como respuesta al pedido de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Enmienda establece también subpartidas específicas para preparaciones farmacéuticas que contengan efedrina, pseudoefedrina y norefedrina y para el alfa-Fenilacetoacetonitrilo (APAAN), un pre-precursor de la anfetamina. Asimismo, Estados Unidos presentó una solicitud para distinguir los principios activos de los medicamentos contra el paludismo. Para Scotti, su individualización en el SA es importante porque, si bien es una patología asiática, “la malaria afecta a 243 millones de personas, de las que 860.000 mueren anualmente”. Dentro de los productos forestales, fue anulada una nota legal que limitaba las maderas tropicales a determinadas variedades. Calviño mencionó que alrededor de 600 tipos de ellas son objeto de comercio internacional y que por ello, la versión 2017 del SA extendió el concepto a todas aquellas que puedan encontrarse en la naturaleza. Además, ciertos productos del bambú y del ratán obtuvieron nuevas subpartidas. Nota aparte merece la cuestión del papel prensa. Mientras la edición de 2012 del SA lo limitaba a rollos cuyas dimensiones no superaran los 36 cm u hojas cuadradas o rectangulares de hasta 36 x 15 cm, la reciente enmienda lo define como aquel que se presenta en tiras o bobinas de altura mayor a 28 cm u hojas cuadradas o rectangulares de 28 x 15 cm. Las partidas de placas y baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar fueron fusionadas con las barnizadas y esmaltadas ya que su comercio ha cambiado y ya no se producen muchas de las incluidas en las subpartidas anteriores. Daniel Pell, firma responsable del mismo departamento, precisó: “Las piezas de cerámica no se discriminarán más por su terminación superficial sino que ahora lo harán por su capacidad de absorción de agua y, a partir de ello, se elegirá la subpartida que corresponda”. Por último, la VI enmienda contempla clarificaciones para la clasificación de los radiadores, simplificaciones para la categorización de los monitores, la reagrupación de los trípodes, bípodes, monopies y artículos similares bajo una nueva partida, y subpartidas para lámparas LED, vehículos con motores híbridos y eléctricos y circuitos integrados de componentes múltiples.


HISTORIA

HISTORIA

Aquel día en que se dio el primer paso El 16 de agosto de 1912, se fundaba en Buenos Aires el Centro Despachantes de Aduana para patrocinar y defender sus intereses colectivos. Testimonio de esa gesta es el acta firmada por 171 pioneros, encabezados por quien sería el primer presidente.

A

los diez y seis días del mes de agosto de mil novecientos doce, reunidos los Despachantes de Aduana, a invitación de un núcleo del gremio, resolvieron por unanimidad, constituir una Asociación que, por intermedio de su Comisión Ejecutiva y de sus Representantes legales, patrocine y defienda los intereses colectivos del Centro, iniciado. También autoridades públicas y ante el mismo comercio, a fin de ser considerados de acuerdo a la delicada misión que desempeñan. Siendo las ocho y treinta p.m. Don Pantaleón M. Sánchez, explicó a la Asamblea el motivo de la reunión, como también la necesidad de la cooperación mutua, y desinteresadamente de todos, para realizar el deseo del gremio, y satisfacer una necesidad en beneficio de los Despachantes de Aduana. Después de otras consideraciones oportunas, en defensa del ideal manifestado, pidió a la Asamblea que se designara a la persona que debía presidir el acto. Por unanimidad se resolvió que Don Pantaleón Sánchez fuera el Presidente de ella y de la Comisión encargada de organizar el Centro. En igual forma se designó a Don José D. Castellanos para que fuera Secretario. Don Juan Toso, propuso una lista compuesta, además de los Señores Sánchez y Castellanos, por los Señores Eduardo A. Martínez, Moisés Rivara, Elías N. Rocca, Celestino A. Silvani, Carmelo Rosende Mitre, Juan J. Arrizabalaga, Francisco Piola, Enrique Ravina, José A. Laborde y Manuel Lizarraga, para que constutída (constituida) en Comisión, con amplias facultades, se encarga de la carta orgánica y de los Estatutos para ser presentados a la Asamblea que se efectuará dentro de veinte días. También queda autorizada dicha Comisión a solicitar el concurso de las personas que fuere necesario, a objeto del mejor desempeño de su misión. Don Pantaleón M. Sánchez manifestó que el Doctor Mario Sáenz —Abogado especialista en cuestiones Aduaneras y portuarias— había enviado una nota

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ofreciendo desinteresadamente sus servicios profesionales. Acto continuo el Señor Ricardo Godsall (de la firma Godsall y Paz) propuso la aceptación del ofrecimiento del Doctor Sáenz y que, así se le comunicara a dicho Abogado, agradeciéndole, puesto que, desde ya, era indudable haría falta la opinión o el consejo de un letrado para cualquier trámite de iniciación. Fue aceptado por la Asamblea. Don Manuel Lizarraga dijo que, ofrecía —debidamente autorizado— los servicios de otro Abogado distinguido, el Doctor Federico T. Casadó. La Asamblea resolvió enviar nota agradeciendo a dicho Abogado, su ofrecimiento, y que, llegado el caso de necesitarse, se le tendría presente. Después de varias palabras de otros asistentes a la Asamblea aplaudiendo la iniciativa e insistiendo en la conveniencia y en la necesidad de activar los trabajos para el pronto y mejor resultado del Centro, se dieron a conocer las adhesiones recibidas.

Los fundadores Pantaleón M. Sánchez; Dámaso del Campo; Juan Tosso; R. Rombolotti; Eduardo Ramondenc; Juan F. Arrizabalaga; Máximo Z. Rivas; Juan M. Corbellini; Juan Pernin; Francisco Scalessi; Guido Tau; Maurucio Schoebel; Elías N. Rocca; Federico Pasmann; A. Vignale; Manuel Bravo; J.F. Bregante; Francisco Piola; J.E. Jaumandreu; Arístides Pescio; Luis Poddicomb; Moisés Rivara; C.A. Silvani; Moisés Cabanillas; Alfredo Améndola; Aníbal F. Riverós; Laureano A. Baudizzone; Juan B. Bertrand; Miguel Vila; Romeo Repetto; Ernesto Enz; Domingo Junior; Ricardo Godsall; Arturo Paz; Bordigoni Hnos.; Amadeo F. Bordigoni; Juan M. Bonhome; Juan Magnin; Antonio D’Angelo; José Piola; Bernardo D. Arzeno; S. Caminata; A. O’Gorman; Juan F. Fenochietto; Vicente Gadea; Carlos E. Montferrand; Carlos Pozo; Ricardo Barbagelata; Lucía Camartino; Nicanor M. Simonetti; Martín Yrigoyen; N. de Simone; Francisco Staffa; Juan José Díaz; F. Lavezzari; Omar

S. Pitré; E. Loza Amuchástegui; Ernesto Drago; Fernando Parodi; P.D. Vitale; Samuel Tallaferro; Emiliano Gagliardo; Manuel Oubiña; Félix Günther; José Ravina; Arturo Corradi; Carlos T. Favaro; José D. Castellanos; R. Acosta; Juan Weber Isidro Gazzolo; Ramón R. Rossi; Gustavo Harms; Carlos Beresiartu; W.A. Mackinlay; Miguel Basurio; A. Patiño Gómez; Alfredo J. Savio; Juan Arizabalo y Cía.; Juan D. Vattuone; Francisco Almeyra; F.P. Bordigoni Hno.; Manuel Lizárraga; Alfredo Malvar; Raúl Amadeo; Guillermo G. Pinjel; F. Montenegro; E.R. Otero; Juan A. Bava; Enrique Murzi; Arturo E. Sosa; Agustín Carbone; Malato y Pastrana; César L. Barrios; Baltasar Isasi; Arambarri y Echagüe; Colin Campbell; Guillermo C. Noon; Amadeo F. Nuñez; Aquiles Cristiani; Eduardo A. Martínez; J. Castagna; Juan V. Ridano; Pascual La Mura; Villa y Adissone; Mario Varzi; Juan Giacchino; N. Faravelli Olivari; Fervo U. Sinistri; Evaristo López; A. de Mazzi y F. Catoni; L. Correa Morales y Cía.; Ricardo Cermosoni; José Almeyra; M. Pascal; M. Casale; Juan Lafont; Ernesto Becher; Alberto Cayol; Juan R. Vilá; L.C. Piaggio; Lavagne y Solari; A.N. Veida; A. Buschiazzo; Dell’Oca y Permentier; Alberto Laffin; C. Claris Appiani; Alberto J. Sommaruga; Ceferino L. Flores; Luis Dugrós; Jorge Mac Lean; Alfredo Solari; Juan Arzeno; Alfredo Allegrussi; Marcelo M. San Juan; Emilio Alcat; C. Rosendo Mitre; Julio Campomenosi; Pedro Marino; Miguel Riviello; Antonio Blanco; Domingo Bussio; Agustín J. Cottin; Primitivo Loriente; Tomás Torrado; Jorge Ravier (hijo); Alberto C. Stolzing; Enrique Ravina; Rafael Bolasell; Carlos Richter; Enrique Chiarella; Francisco Fussoni (hijo); Nicolás Gotelli; Luis Cangabe; Juan J. Guichandut; Juan E. Reese; Adolfo Schwarts; E. Menvielle; M. Souza; Vicente Evoli; A. Afrou; Luis Pestaña; Liberato Sitler; E. Montero; Enrique Montens; Juan Carlos Pittaluga; Francisco Devoto; Augusto Orstadius; Carlos Celoné; A. Bousquet; Guillermo Daviaud y Tomás J. Scaglia.

Pastor en el recuerdo Perdóneme el atrevimiento, pero es producto de la generosidad que ha tenido conjuntamente con todos los amigos de la Comisión Directiva y allegados a ella, al comprender y asociarse a la inesperada desgracia que me aflige junto a mi familia, brindándome una invalorable ayuda en mis últimos pasos de jubilado a “jubilado a la eternidad”, que no se mide en valores reales sino en valores afectivos. Y a todos retribuyo. Reciba Ud. y sus colaboradores y ex compañeros de lucha por siempre un caluroso abrazo extensivo a mis compañeros que tendrán sin duda un ejemplo de tesón, lucha y esperanza. Felices Pascuas para todos. Un abrazo a la distancia. En abril de 2007, un mes antes de su muerte, Juan Miguel Pastor envió esta emotiva carta, a modo de despedida, a sus compañeros de la Comisión Directiva. Dos años después, el Centro Despachantes de Aduana bautizaría con el nombre de este histórico colaborador al nuevo auditorio de la sede social. La inauguración se realizó el 19 de agosto, día de su nacimiento, durante un acto que contó con la presencia de sus familiares, el titular de la AFIP y un nutrido grupo de colegas.

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EMPRESARIAS

SOFTWARE PARA EL COMERCIO EXTERIOR

Alpha 2000 presenta un nuevo producto Se trata de Alpha-Clasifica, una plataforma web para facilitar la operatoria cotidiana del comercio exterior

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lpha 2000 Soluciones Informáticas SRL es una empresa fundada en 1986, con 30 años de experiencia en la industria de software dedicada al servicio del despachante de Aduana. En la actualidad, es una empresa líder en software para el comercio exterior, que contribuye a la creación de distintas herramientas para el trabajo diario de nuestros clientes. Alpha 2000 se propone un nuevo desafío al diseñar esta nueva herramienta de vanguardia para lograr darle una respuesta integral a las nuevas necesidades de sus usuarios. ¿En qué consiste este nuevo producto? Es una plataforma web diseñada para colaborar en las tareas diarias del operador de comercio exterior. Esta herramienta reúne las características de practicidad, facilidad de uso y flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Este programa cuenta con diferentes módulos: • Cotizador on-line: Permite realizar presupuestos de importación y de exportación, con la novedad de que en el costo de importación puede calcular valores criterio y cotizar en diferentes monedas. También posibilita personalizar el cotizador, mediante la colocación del logo de la empresa y la determinación de los costos aduaneros y gastos propios de la operatoria. • Nomenclador aduanero: Cuenta con un índice de clasificación, notas legales y explicativas, resoluciones de clasificación, intervenciones de terceros organismos, aranceles, nomenclatura ALADI, preferencias arancelarias, normas de origen, código AFIP de TRAM, rancho, solicitud particular, remo y productos químicos. • Legislación: Provee una base actualizada de normativa vinculada con el comercio exterior. Cuenta con leyes, instrucciones, resoluciones, decisiones administrativas, acuerdos, decretos, disposiciones, comunicaciones del

INSTITUCIONALES BCRA, entre otras. Mediante una búsqueda sencilla y práctica, el usuario podrá ver si la norma se encuentra vigente, modificada o derogada y cuáles son los vínculos normativos de cada una de ellas. • Jurisprudencia: Es un buscador actualizado de fallos judiciales relacionados con la práctica de comercio exterior. • Escuela: Este módulo, divido por temarios de acuerdo con las distintas consultas realizadas a la empresa a lo largo de su trayectoria, cuenta con diversos temas. Algunos de ellos son: clasificación arancelaria, valoración, importación, exportación. • Información: Abarca diversos temas de interés general de relevante importancia para el operador de comercio exterior. Además, posee varias herramientas útiles, como un cuadro funcional de INCOTERMS que permite determinar las obligaciones del comprador y del vendedor, manuales actualizados de AFIP, acuerdos comerciales, Código Aduanero, y Código Alimentario. • Soporte técnico: Cuenta con asesoramiento on-line vía chat para que los clientes puedan comunicarse con un experto en la materia. Además tiene otras herramientas útiles, como el conversor de monedas, cálculo de container, estadísticas y cálculo de medida. Todas estas herramientas pueden ser adaptadas a las necesidades de cada cliente. La empresa incorporó alertas de legislación que si la norma cambió su estado dan aviso al usuario. Éste puede contar con una vista histórica de los documentos visitados como de las posiciones arancelarias. Cada uno de los módulos le permite imprimir, enviar información por e-mail, descargar los archivos en formato pdf, y guardar toda esta información en forma personalizada. Los interesados pueden registrarse en la página web www. alphaclasifica.com.ar, vía e-mail al siguiente correo: clasifica@alpha2000.com.ar o por teléfono al 4345-5150.

Comisiones y Subcomisiones

Comisión consultiva

Subcomisión de Interior

N° Socio 0461 0555 0616 0743 0813 0915 1530 2042 2497

N° Socio 2203 2792 2946 3385 3364 3573 6851 7241

Apellido y Nombre Magnoli, Carlos Figiaccone, Alberto Constela, Héctor Bartolomé, Juan Fleire, Héctor Bencardini, Roberto Ashby, Federick Celano, Graciela, Coscarello Celia

Apellido y Nombre Requelme, Eduardo Carlos Gazek, Walter Enrique Libonatti, Claudio Frasson, Alejandro Eugenio Gomila, Christian Diego Badano, Esteban Paez Romairone, Agustín Bertolotto, Javier Gustavo Ceferino

Contacto interior@cda.orga.ar

Subcomisión de Capacitación

Subcomisión Operativa

N° Socio 2098 2464 2687 3957 4459 6831

N° Socio 1909 2203 2025 2389 2687 2801 3442 3573 3956 3991 4080 4103 4310 4567 4583 4609 6436 6853 7099

Apellido y Nombre Daus, Gustavo Urraco, Eduardo Suárez, Fernando Sassone, Marcela Urso, Gabriel Masó, Adriana

Contacto capacitación@cda.org.ar

Apellido y Nombre Vera, Nélida Requelme, Eduardo Fiori, Héctor Martínez, Jorge Suárez, Fernando Poncela, Gustavo Zapiola, Nerina Badano, Esteban Pardal, Pablo Mosconi, Sebastián Lorenzo, Marcelo Zarucki, Daniel Coscarello, Andrea Landaluce, Sergio Álvarez, Facundo Fontana, Eduardo Díaz, María José Romairone, Agustín Páez Meana, Damián

Contacto operativa@cda.org.ar ce 60

61 ce


Asesorías

Asesorías

Asesoría integral Buenos Aires e Interior

Asesoría sobre intervenciones de terceros organismos

Asesores Gonzalo Oroño Yanina Silberstein Luciano Gasparini Palladino Alicia Benzadón

Asesoría Aladi, Mercosur y Origen Carlos Canta Yoy

Sergio Orieta

Para área metropolitana Email: asesoria@cda.org.ar Atención presencial Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires Horario: 9 a 13 y 14 a 17.30 Atención telefónica Horario: 9 a 17.30 Teléfono directo: 011 5368-7690

LUCIANO GASPARINI

Temas Regímenes de Lealtad Comercial; regímenes de Promoción de las Exportaciones; Bienes de capital usados; Industria; DCJP – SISCO; Trámite a distancia – RUMP. Atención presencial Jueves de 14 a 16.30 Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires Previa solicitud de turnos Daiana de 9 a 17.30 Teléfono: 011 5368-7691

Para área interior Email: asesoriainterior@cda.org.ar Horario: 9 a 18 Teléfono: 0800 362 7690 Consultas presenciales previa solicitud de turnos Comunicarse con Srta. Daiana de 9 a 17.30 Teléfono: 011 5368-7691

GONZALO OROÑO

Consultas por mail intervenciones@cda.org.ar

Temas Origen de las mercaderías, sistemas preferenciales y no preferenciales. Atención presencial Martes y jueves de 16.30 a 18 Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires Solicitar turnos Daiana de 9 a 17.30 Teléfono: 011 5368-7691 Consultas por mail asesoriaacuerdos@cda.org.ar

SERGIO ORIETA

CARLOS CANTA YOY

YANINA SILBERSTEIN

Asesoría legal

Asesoría de clasificación arancelaria

José Bustos Consultas por mail bustosjosep@hotmail.com

Máquinas, ferretería y electricidad Daniel Mazza Lunes, miércoles y viernes, de 12.30 a 14.20 Luis Ibarra Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18.45 Sergio Tegaldi Martes y jueves, de 10 a 12.30

Consultas telefónicas Teléfono: 011 4373-9646

Asesoría en materia laboral

Consultas presenciales previa solicitud de turnos Comunicarse con Daiana de 9 a 12 Teléfono: 011 5368-7691 Acercarse a: Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires

Estudio Gullelmotti Santos Abogadas Emilce Gullelmotti y Soledad Santos

Productos químicos Eduardo Sgroi Lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.15 Julio Tarnapolsky Martes y jueves, de 13.00 a 15.45

SERGIO TEGALDI

Atención presencial Lunes 9.30 a 11. Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires Previa solicitud de turnos Daiana de 9 a 17.30 Teléfono: 011 5368-7691 Consultas por mail asesorialaboral@cda.org.ar

Consultas presenciales previa solicitud de turnos Comunicarse con Daiana de 9 a 17.30 Teléfono: 011 5368-7691 Acercarse a: Defensa 302 – Ciudad de Buenos Aires EDUARDO SGROI

ce 62

JOSÉ BUSTOS

LUIS IBARRA

DANIEL MAZZA

Consultas telefónicas Teléfono: 011 4382-1400 63 ce


Representaciones del CDA

Corresponsalías

Filiales

Bahía Blanca

Paso de los Libres

Posadas

Presidente: Gustavo Decker 0291 444-9780 / 455-6988 gustavo_decker@helenicabb.com.ar

Presidente: Sergio Aníbal Bussón 03772 42-4261 / 03772-15 50-9728 sergio.busson@international-star.com.ar / cdaplibres@gmail.com

Presidente: Rubén Adolfo Almirón 0376 444-0112 / 15 469-2658 rubenalmiron@universallogistic.com.ar / corresponsaliaposadas@cda.org.ar

Córdoba

Rosario

Presidente: César G. Oronel 0341- 422-6723 info@cda-cordoba.org.ar

Presidenta: María Gabriela Calvo 0341 15 540-1649 gabrielacalvo@calvocomex.com.ar / cdarosario1@gmail.com

Río Gallegos Presidente: Luis Federico Dreizler 02966 43-4069 ldreizler@speedy.com.ar

Corresponsalías

Río Grande Clorinda

Mar del Plata

Presidenta: Ana María Geuna 03718 42-1355 / 03718 58-0105 anamariageuna@hotmail.com / amgcomercioexterior@hotmail.com

Presidenta: María Cristina Urra 0223 489-5823 / 536-2363 corresponsaliamardelplata@cda.org.ar / mcucomercioexterior@gmail.com

Presidenta: Susana Sanabria 02964 15 56-9459 susanabria@despad.com.ar

Río Negro Presidente: Alberto Ángel Dotto 02920 433-0300 / 15 58-8328 alberto@oirsa.com.ar

Iguazú

Mendoza

Presidente: Sergio Spallanzani 03757 46-2538 sergio@rioiguazusrl.com.ar

Presidente: Francisco Valle Burlando 0261 431-3294 / 432-0407 / 454-0417 / 640-9000 vallee.burlando@oscasan.com.ar

Salta Presidenta: Liliana Leguizamón 0387 4221-3931 / 15 406-8380 corresponsaliasalta@cda.org.ar ce 64


Credencial de la PSA

ce 66

El Centro Despachantes de Aduana (CDA) informa a sus asociados que la Gerencia de Seguridad de la Terminal de Cargas Argentina (TCA) comunicó que, a partir el 1 de marzo de 2017 aquellas personas físicas y/o jurídicas que hayan renovado el permiso de ingreso aeroportuario provisorio (Zona 2, Depósitos) en más de 10 oportunidades dentro de los últimos 12 meses —período del 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero 2017— deberán gestionar la Credencial Operativa Aeroportuaria otorgada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sin excepción. A su vez, se determinó que a partir de dicha fecha, sólo serán concedidas tres renovaciones provisorias dentro del mismo año y que se deberá gestionar la credencial aeroportuaria PSA si la operativa demandase más de 90 días. Considerando esta situación y la inminente implementación, la Comisión Directiva decidió que la Credencial de PSA se podrá tramitar en las instalaciones de la institución. En esta primera etapa, el servicio se ofrecerá únicamente a los asociados, quedando exceptuados los empleados dependientes de los mismos, quienes podrán realizar el trámite en una segunda etapa. Para ello, los interesados deberán seguir los pasos que a continuación se detallan:

• Aclarar cláusula de no repetición a nombre de Aeropuertos Argentina 2000 con el respectivo CUIT; • Fotocopia del permiso anterior, si es una renovación. Cabe aclarar que, todos los documentos deberán llevar firma y sello del interesado. El personal administrativo completará los documentos y anexos faltantes, por lo cual deberán concurrir con su sello personal.

Primer paso El trámite es personal. El asociado tiene que acercarse a la sede social, sita en Defensa 302, Ciudad de Buenos Aires, dentro de la franja horaria de 10 a 13, a los efectos de presentar: • Foto 4 x 4 (una), a color, fondo blanco y de frente; • Fotocopia de DNI (frente y dorso); • Constancia de CUIT; • Copia de Seguro de Vida o Accidentes Personales superior a $ 450.000;

Cuarto Paso Luego de 5 días hábiles, deberá retirar la credencial en las oficinas de PSA.

Segundo paso Presentada la documentación mencionada en el punto anterior y una vez aprobada por la PSA, el CDA se contactará con el socio para requerirle que presente el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, que tiene una validez de 30 días. El tiempo aproximado entre un paso y el otro es de una semana y media (10 días hábiles). Tercer Paso Una vez completados los pasos mencionados, al despachante se le indicará el Número de Nota que le permitirá terminar de tramitar la credencial. Con ese número, tendrá que acercarse a las oficinas de PSA, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, y abonar una suma aproximada de $ 150.


Revista Comex - Feb/Marzo 2017  

Edición #892

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