Cartilla patrimonio cultural para todos

Lo que queremos contar Las políticas públicas dirigidas a la atención del inmenso universo del Patrimonio Cultural de la Nación, constituido no sólo por sitios históricos, sino por una infinidad de bienes incluso muebles y naturales, así como por manifestaciones tradicionales y contemporáneas de personas o comunidades, debe articular múltiples variables e instrumentos: algunos del Estado, otros de la orbita privada y muchos de dimensión concertada.

Entre aquéllos, se destacan las competencias públicas y administrativas, que en el campo de la cultura parten de un criterio amplio de descentralización territorial y de servicios, es decir, de las atribuciones propias del Ejecutivo a través de diversas instancias nacionales, de las entidades territoriales y de algunas autoridades constitucionalmente reconocidas para la gestión de asuntos propios.

Las políticas públicas también se basan en los presupuestos nacionales y territoriales, concebidos como inversión social bajo la premisa de que éstos se destinan –según conceptos de la hacienda pública moderna– hacia los llamados bienes colectivos, o lo que es igual, aquellos de prioritario interés para el desarrollo social, los cuales por los costos que demandan no pueden dejarse únicamente a la iniciativa particular. Esas líneas de política suponen asignar, además de los presupuestos del Estado, un conjunto de incentivos de carácter tributario y no tributario.

Los instrumentos regulatorios complementan la política pública respecto del Patrimonio Cultural de la Nación. Sobre ellos queremos hablarles en términos sencillos pero suficientemente ilustrativos a ciudadanos, artistas, gestores culturales, propietarios, colectivos, grupos étnicos, funcionarios, jueces y, en general, a quienes incumbe el rico concepto del Patrimonio Cultural de la Nación, es decir, a todos.

Tenemos la convicción, también expresada por las comunidades, por estamentos internacionales y por expertos, de que en Colombia consolidamos un marco regulatorio vanguardista para atender asuntos complejos del patrimonio cultural.

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