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Revista de la Unión de Consumidores de Andalucía = nº

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Revista de la Unión de Consumidores de Andalucía = nº

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artículos de opinión

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noticias breves

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fotodenuncia entrevista gloria Peter Ekereuwem, asociación Mujeres Entre Mundos

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sucede hoy no a la liberalización del servicio de itV

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en portada no a las tasas judiciales

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educación financiera

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información financiera

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asesoría jurídica

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noticias UE Cursos ConFinaD

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control de publicidad

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sucede hoy una democracia más participativa

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medio ambiente

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alimentación

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infomación territorial

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salud Comer bien para vivir más y mejor

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nuevas tecnologías

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mundo laboral

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punto de encuentro

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aula de consumo

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perfil josé a. Rodríguez Huertas, coordinador del servicio Municipal de Consumo de albolote

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staff

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tablón de prensa

Director juan Moreno Rodríguez Subdirector josé Manuel Castro arenas Asesoría Jurídica Departamento técnico/jurídico de uCa-uCE Redacción María Coronada Vázquez Colaboradores/as Francisco j. garcía, Ángela gonzález, andrea noda, alfonso Rodríguez arnet y antonio Rodríguez Bautista Diseño y Maquetación josé Manuel Castro arenas Fotografía josé Manuel Castro arenas Corresponsalías uniones de Consumidores de almería, Cádiz, Córdoba, granada, Huelva, jaén, Málaga y sevilla Administración Manuel Martínez gonzález Distribución Fco. josé garcía y Manuel Martínez gonzález Edición unión de Consumidores de andalucía uCa/uCE Presidente: juan Moreno Rodríguez secretario general: antonio Rodríguez Bautista Impresión lince artes gráficas DEPÓSITO LEGAL SE – 3006 – 98 suCEDE es una revista plural que no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas en los artículos de opinión. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación sin la expresa autorización de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE. Revista subvencionada por la Consejería de administración local y Relaciones institucionales de la junta de andalucía.

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Cláusulas suelo: la historia interminable...

Juan Moreno Rodríguez Presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE

Bicicleta: transporte sano y barato

na histórica sentencia de la sala de lo Civil del tribunal supremo del 9 de mayo anulaba por abusivas las cláusulas suelo de muchos contratos de créditos hipotecarios suscritos en los últimos años. Y para no dejar duda alguna, la misma sala, cuando respondía a las aclaraciones solicitadas sobre dicha sentencia, reiteraba y volvía a declarar la nulidad de estas cláusulas por no cumplir con los criterios básicos y necesarios de transparencia. se apoyaba así el criterio mantenido por muchas asociaciones de consumidores durante años, es decir, que la inmensa mayoría de usuarios había firmado sus contratos hipotecarios sin la necesaria y suficiente información sobre lo que esta cláusula abusiva representaba, que no era otra cosa sino que su supuesta hipoteca de interés variable se convertía de facto en otra de interés fijo en determinados supuestos, y que muchos no podrían beneficiarse de niveles bajos en el Euribor. lo lamentable de todo esto es que la mencionada sentencia tampoco ha puesto fin al conflicto, y ha brillado por su ausencia una decidida actuación del conjunto de las entidades financieras suprimiendo a iniciativa propia las cláusulas anuladas. todo lo contrario, la respuesta de muchas de ellas

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Antonio Rodríguez Bautista Secretario General de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE

a junta de andalucía, con un decreto, quiere que los andaluces utilicemos la bicicleta para desplazarnos en la ciudad o en el lugar donde vivamos. la idea es acertada y buena por dos motivos: ahorramos energía y hacemos ejercicio. Pero no sé si la fórmula escogida es la adecuada. las ordenes, las imposiciones nunca fueron la mejor forma de convencer o concienciar a los ciudadanos. Para ello es mejor la educación en la escuela y en casa. no deberíamos olvidar que el niño es como una esponja que asimila y tiende a imitar todo lo que le rodea. Esto lo sabemos pero nunca utilizamos estas dos vías en toda su extensión. nos empecinamos en hacer planes de estudios que poco sirven al educando para sacar provecho en la vida y en casa. Casi nada hacemos para promover hábitos saludables y ecológicos.

solo se podría calificar como una vuelta de tuerca en las malas prácticas, poniendo trabas a la anulación u ofreciendo hacerla sólo a cambio de modificaciones en las condiciones del crédito. Bajo el criterio de la unión de Consumidores de andalucía, la mayor parte de las chantajistas modificaciones que intentan imponer las entidades financieras son cambios significativos de las condiciones del crédito, una nueva mala praxis que los usuarios pueden y deben rechazar por representar una modificación unilateral de su contrato. Y más triste aún es que muchas entidades, lejos de cumplir esta sentencia, y en un ejemplo de cinismo sin parangón, hayan seguido cobrando las mismas cuotas abusivas en los meses siguientes a la sentencia, no dejando otra vía a los afectados para defender sus legítimos derechos que la judicial, y contribuyendo así a la saturación y colapso del sistema de justicia, circunstancias que también comparte el servicio de Reclamaciones del Banco de España, órgano que ya hace unos mese hizo público que no podría cumplir con los plazos legales establecidos para atender las demandas de los ciudadanos ante este tipo de abusos de las entidades financieras. un desolador panorama...

una vez dicho lo anterior, debo dejar claro que estimo que la iniciativa de la junta de andalucía de articular un plan andaluz para incentivar el uso de la bicicleta es atinada, si bien creo pero no debería quedarse sólo en eso, en dictaminar, en ordenar. Habrían de ponerse en marcha acciones complementarias como ayudas, incentivos para que los ciudadanos nos sintamos atraídos por esta iniciativa y la pongamos en práctica, máxime en los tiempos de crisis que corren. En cualquier caso la unión de Consumidores de andalucía quiere colaborar y participar en la difusión y propagación de esta iniciativa de la junta de andalucía. Y es que pensamos que la bicicleta es un vehiculo ideal para el transporte y nuestro bolsillo, así como para la lucha contra el sedentarismo y la preservación del medio ambiente.

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artículosdeopinión


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noticiasbreves sucede nº 88

No se deje engañar por los “productos milagro” para repeler a los mosquitos

Una oficina virtual de objetos perdidos que respeta nuestro anonimato

Ponemos en marcha la campaña “Rebélate contra las cláusulas suelo”

Con la llegada del calor se dispara la venta de productos repelentes de los mosquitos, que pueden ser muy diferentes en cuanto a composición, metodología y formas de uso. Por un lado están los que se publicitan como naturales, caso del aceite de citronela, que se extraen de diversos tipos de plantas y que se pueden usar en velas o quemándolos directamente. también se comercializan productos que se valen de supuestas tecnologías cuya eficacia no ha sido probada de forma suficiente. nos referimos a los repelentes basados en luces ultravioletas, los dispositivos sónicos o los “emisores de electricidad a baja frecuencia”. En muchos casos estos artículos, además de ser caros, son una engañifa publicitaria. luego están los que usan medios físicos como las cintas pegamentosas o las lamparas quemadoras. Y finalmente están los productos químicos, que podemos encontrar en variedades de aerosol, loción o de emisión por calentamiento (los frascos de liquido o pastillas que se introducen en dispositivos de enchufe eléctrico). los más usados son el DEEt (n, ndietil-3-metilbenzamida), el picaridin, la permetrina....

a través de su página web, goalert!

la unión de Consumidores de andalucía ha detectado un incremento considerable en los últimos tiempos en el número de consultas y reclamaciones sobre la aplicación de la cláusula suelo en los contratos hipotecarios por parte de las entidades financieras, especialmente tras las diferentes resoluciones judiciales que han avalado la tesis de las organizaciones de consumidores respecto a la abusividad de este tipo de cláusulas como la del tribunal supremo. De hecho, han sido cientos los ciudadanos que se han acercado a nuestras oficinas o que han preguntado por teléfono o correo electrónico sobre las diferentes vías de reclamación existentes para dejar sin efecto las cláusulas suelo. Por ello, uCa-uCE ha puesto en marcha la campaña “Rebélate contra las cláusulas suelo”, que ya ha sido presentada en diferentes municipios de Cádiz, y espera que las entidades financieras resuelvan de forma satisfactoria las reclamaciones sin tener que llegar a los tribunales. según cálculos de uCa-uCE, la eliminación de una cláusula suelo supone un ahorro medio de 1.600 euros al año para la persona interesada.

ofrece un servicio empresarial novedoso para la gestión de alertas relacionadas con la pérdida de objetos. Mediante la compra de un código identificativo y la adquisición de etiquetas o placas en las que aparece dicho código, desde hace un tiempo es más facil localizar enseres perdidos en el ámbitos escolar, los viajes, etc. los usuarios interesados en beneficiarse de este servicio deben tener la condición de usuarios registrados mediante la correcta cumplimentación de un formulario web dedicado a tal efecto. Hay etiquetas para la ropa, zapatos, maletas, para materiales escolares, llaves... y para cualquier objeto en general. si una persona encuentra un objeto perdido podrá entrar en goalert! y contactar con el afectado introduciendo el código del objeto y rellenando un sencillo formulario de contacto. los datos de los usuarios que participan en la iniciativa son anónimos mientras así se desee. a principios de junio dos placas identificativas para equipaje costaban 10,95 euros.


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Homenaje al ciclista Sergio

µ la unión de Consumidores de andalucía se suma al homenaje a sergio, una víctima más de las muchas que provoca una sociedad motorizada que sigue sin respetar la seguridad y la vida de peatones y ciclistas. Entendemos que es necesario que desde todas las administraciones públicas se pongan en marcha campañas de sensibilización para conseguir un compromiso de la general de la ciudadanía y que este tipo de sucesos no vulevan a ocurrir.

Fotos Y tEXto: suCEDE

Esta sección está abierta a la colaboración de los lectores. En formato papel o digital, puede enviarnos su foto-denuncia, con un breve texto explicativo, nombre completo, D.N.I. y teléfono a “FOTO-DENUNCIA” C/ Relator 30 (local) 41002 - Sevilla, ucasocio@uniondeconsumidores.com

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entrevista sucede nº 88

GloriaPeterEkereuwem Presidenta de la Asociación Mujeres Entre Mundos

Ò nos gustaría conocer la asociación de mujeres que preside en andalucía, ¿cuáles son sus fines y logros? la asociación Mujeres Entre Mundos se funda a raíz de las reuniones que manteníamos una serie de amigas todos los domingos. Francesas, inglesas, latinas, africanas y andaluzas nos dimos cuenta de que los problemas que nos rodeaban se estaban multiplicando y que teníamos que hacer algo. Por ejemplo, que muchas mujeres in-

migrantes venían a España con una gran formación, pero casi siempre terminaban haciendo trabajos no cualificados como la asistencia doméstica o en el campo. Por eso la formación, la orientación y la asesoría son tres pilares básicos de la asociación. tampoco puedo olvidarme de algo que poco a poco va dando sus frutos: crear un puente de entendimiento que aúne la diversidad cultural de personas extranjeras y autóctonos.

“¡He llegado a ver casos de propietarios que incrementaban el precio de la vivienda hasta 400 euros cuando se trataba de arrendatarios extranjeros!” Ò ¿Cree que la sociedad andaluza valora las migraciones, su diversidad y la pluralidad como fuente de enriquecimiento o, por el contrario, piensa que la actual situación de crisis que vivimos hace retroceder estos planteamientos? aquí se dice algo así como que “en la viña del señor hay de todo”, ¿no? Pues eso, frente a gente generosa que te ofrece mucho más de lo que esperas, hay otras que es todo lo contrario. Después de mucho tiempo trabajando en esto, te das cuenta de que se trata de un problema de desconocimiento: se teme a lo que se ignora y las dificultades llegan cuando no existe una predisposición a conocer cosas nuevas. Y, claro, con la crisis se nota mucho más el rechazo, la xenofobia… antes no había problema porque toda la inmigración estaba dispuesta a hacer los trabajos que no querían aquí: cuidar a personas mayores, limpiar casas, pasar horas y horas en un invernadero… Pero hay que tener en cuenta que ya hemos echado raíces, somos de aquí y nuestros hijos son españoles.


Ò Queremos conocer su faceta de persona consumidora y usuaria y que nos explique hasta qué punto su condición de persona inmigrante ha marcado las problemáticas vividas en esta materia. Hace veinte años, era muy difícil encontrar determinados productos, sobre todo los que están relacionados con la gastronomía, de manera que era dificilísimo preparar muchos platos de mi país. Con el tiempo, esa situación ha cambiado casi completamente y ya puedes comprar de todo… eso sí, a unos precios altísimos. Ò ¿alguna situación o anécdota especialmente significativa, relevante o marcadamente discriminatoria vivida en el ámbito del consumo? He sufrido muchas: desde el hecho de entrar en una tienda y que no te dejen dar un paso sola a que, a la hora de pedir un presupuesto, te pregunten que cómo lo vas a pagar si no tienes dinero. Recientemente, en un viaje a Bolonia al que iba con un grupo de personas, la policía italiana me paró sólo a mí en el aeropuerto y procedió a registrar mi equipaje. ¡sólo el mío! Claro, yo era la única negra del grupo… la verdad es que estas situaciones son muy humillantes y te generan mucha impotencia, pero con el tiempo aprendes que no puedes sufrir demasiado y, sobre todo, que hay mucha gente que no es así y que no se puede generalizar.

“Mira, si eres inmigrante tienes problemas. Si eres de África, tienes el doble de problemas. Pero si eres mujer, negra, extranjera… los problemas se multiplican por tres”

Ò Hace algunos años, la unión de Consumidores de andalucía ponía en marcha su observatorio de inmigración y Consumo, orientado a la normalización y la atención de las personas inmigrantes en su condición de consumidoras y usuarias. ¿Cómo valora esta iniciativa, a qué situaciones cree debería preferentemente atender y hasta qué punto cree que la persona inmigrante puede hacer uso de este servicio? Pues me parece que es una gran iniciativa que, desgraciadamente, se encuentra con un obstáculo fundamental y es que muchas personas inmigrantes tienen miedo de acudir a las asociaciones porque creen que, esté o no regularizada su situación, hacer uso de estos servicios está limitado a la población autóctona o puede poner en peligro su estancia. Pero hay sectores en los que se producen abusos flagrantes como el de la telefonía, los seguros vinculados a las hipotecas o el alquiler. ¡He llegado a ver casos de propietarios que incrementaban el precio de la vivienda hasta 400 euros cuando se trataba de arrendatarios extranjeros!

Ò Y además de todo lo dicho, ¿cree que su condición de mujer consumidora o usuaria ha hecho aún más difíciles y complicadas las situaciones vividas? Mira, si eres inmigrante tienes problemas. si eres de África, tienes el doble de problemas. Pero si eres mujer, negra, extranjera… los problemas se multiplican por tres. De todas formas, yo tengo una máxima que intento practicar a diario: siempre escojo lo bueno de cada situación. Ò Por último, en el descrito escenario de irregularidades y abusos ¿qué papel cree debe jugarse desde la sociedad civil organizada y concretamente, desde organizaciones como la unión de Consumidores de andalucía? la información y la sensibilización. la población, sea autóctona o extranjera, debe saber que tiene unos derechos y, sobre todo, dónde puede acudir para ejercerlos.

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No a la liberalización del servicio de ITV Hay sobradas razones para rechazar cualquier intento de liberalización o desregulación de este sector que ponga en peligro o amenace los logros obtenidos por el actual modelo vigente en nuestra Comunidad.

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ndalucía dispone del mayor parque móvil de España, al tener censados 5,4 de los 31,2 millones de vehículos en circulación, unos vehículos a los que se le realizan en torno a 3 millones de inspecciones técnicas al año frente a los 17 millones que se realizan en el resto del Estado. la situación actual de la itV en andalucía es el resultado de una evolución histórica que arranca en 1981, cuando el Estado transfiere a andalucía las competencias en materia de industria, entre ellas el servicio de inspección técnica de vehículos (itV). Para el desarrollo de las mismas, recibe del Estado las 7 estaciones itV que en ese momento existían y se subroga en la posición del Estado respecto a los talleres autorizados para esta actividad que había en distintas localidades. En uso de sus competencias, la junta de andalucía dispuso que hubiera 34 zonas de itV y que los ciudadanos andaluces no tuvieran que desplazarse más de 50 Km. para pasar la revisión de sus vahículos. En 1985, y una vez establecida la previsión de la obligatoriedad de la itV para los turismos a partir de marzo de 1987, la junta de andalucía decidió el desarrollo de una red de estaciones en nuestro territorio, otorgando 13 concesiones a 8 empresas privadas entre 1986 y 1989. Y en el año 1989 la junta de andalucía crea la empresa pública Verificaciones industriales de andalucía-VEiasa, orientada a la explotación de las siete estaciones itV transferidas y a la construcción de estaciones itV en cada una de las 21 zonas no adjudicadas a concesionarios particulares. Pero en 2000 el gobierno de España impuso mediante Real Decreto ley que la itV se prestara por particulares en régimen de autorización, algo que algunas CC.aa. interpretaron como una invasión de competencias y que denunciaron ante el tribunal Constitucional a finales de 2004, órgano que finalmente les dio la razón. En uso de las facultades contenidas en nuestro Estatuto, la junta en 2003 estableció que la prestación del servicio itV fuera gestionado de forma directa por la empresa pública VEiasa en régimen de exclusividad. De esta manera, entre 2006 y 2010 revirtieron a la administración an-

daluza las 17 estaciones itV explotadas en régimen de concesión y desde entonces el servicio lo presta en exclusiva VEiasa con una decidida política de dotación de infraestructuras, acercamiento del servicio a la ciudadanía, ahorro económico y preservación medioambiental. En la actualidad, dado el notable incremento de inspecciones provocado por el envejecimiento del parque debido a la crisis, VEiasa está acometiendo un plan de ampliación de determinadas estaciones itV.

la aMEnaZa DE la liBERaliZaCiÓn El Ministerio de industria ha anunciado el inicio de los trámites para liberalizar el actual sistema de itV, y mediante una modificación legislativa quiere permitir que los concesionarios y talleres privados puedan efectuar las revisiones a criterio de la unión de Consumidores de andalucía, tal decisión supondría el traspaso a la gestión privada de un volumen de negocio de más de 500 millones de euros, una tarta que ansían las redes de concesionarios y talleres para potenciar su actividad en estos tiempos de crisis, pero, claro, con cargo al esquilmado bolsillo de los usuarios. según se deduce de la Resolución de la secretaría general de industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se modificaría el Real Decreto 224/2008, sobre normas generales de instalaciones y funcionamiento de las Estaciones de inspección técnica de Vehículos, el gobierno de España quiere modificar el marco regulatorio actual así como la disposición actualmente en vigor, que no es mas que el resultado de la sentencia del tribunal Constitucional que dio al traste, en su día, a las pretensiones del gobierno Central en el año 2000, de imponer el sistema de autorización, frente a los sistemas de gestión directa (como el que se viene utilizando en andalucía) o de concesiones de itV. lo más grave para la unión de Consumidores del


La ITV es un servicio en el que concurren razones de seguridad vial y protección medioambiental que no debe dejarse en manos privadas.

panorama adelantado es que no solo pretenden liberalizar el sector, sino también proceder a su desregulación eliminando el artículo sobre incompatibilidades. Ello puede significar que no solo podrían prestar el servicio de itV los talleres y concesionarios de automóviles, sino hasta las empresas de transportes. a los consumidores nos costaría mucho trabajo imaginar que una empresa de autobuses certificase la itV de sus vehículos de transporte escolar o que lo pudieran hacer también las de mercancías peligrosas o las de viajeros, con los efectos imprevisibles que ello pueda tener en nuestra seguridad vial o el medio ambiente.

la ValoRaCiÓn DE los ConsuMiDoREs a juicio de la unión de Consumidores de andalucía, el sistema de gestión directa implantado en andalucía a través de una empresa 100% pública es la mejor opción para garantizar el rigor y calidad de los servicios de inspección, que están acreditados por EnaC. Entendemos que es el modelo que mejor sarisface las espectativas de los usuarios respecto a cercanía territorial, imparcialidad y establecimiento de precios razonables. ahora, por ejemplo, solo tres de las 17 Comunidades tienen tarifas de itV más bajas que las andaluzas. incluso en las que tienen los servicios ya liberalizados los precios son más altos, pues el exceso de oferta ha acabado provocando que los operadores tengan que subir los precios para poder sobrevivir.

En primera instacia, el servicio de itV debe asegurar que los vehículos que circulan poseen las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, reducir el riesgo de accidentes por causas técnicas y proteger el medioambiente mediante la reducción de emisiones. se trata, por tanto, de un servicio de interés general que se ajusta al régimen especial de prestación de los servicios públicos, que no debe estar sometido a los desconsiderados criterios de mercado que propiciaría la anunciada liberalización. ¿Cómo se podría asegurar, por ejemplo, que empresas sin escrúpulos no relajasen la exigencias de seguridad para atraer clientes? nos preocupan también otras posibles conductas desaprensivas derivadas de la circunstancia de que el mismo agente privado pudiera actuar como juez y parte en las inspecciones y en los posibles arreglos u otras actuaciones en los vehículos, como la exageración en el diagnóstico de los aspectos a subsanar o la imposición de la compra de piezas innecesarias para tener más beneficios.

En un mercado liberalizado los dueños de vehículos deficientemente mantenidos podrían optar por los talleres más “miopes” a la hora de detectar irregularidades.

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Ya pasados unos meses desde su entrada en vigor el rechazo a la Ley de Tasas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón sigue siendo generalizado y permanece muy vivo en el ánimo social. Para la Unión de Consumidores de Andalucía es un tema fundamental que no puede caer en el olvido...

l pasado 23 de mayo 50 diputados del grupo socialista y la Plataforma justicia para todos, integrada por el Consejo general de la abogacía, el Consejo de Consumidores y usuarios y los sindicatos ugt, CC.oo., CsiF, uso y staj. presentaron en el tribunal Constitucional (tC) un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. El grupo socialista ya presentó el 19 de febrero otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley por considerarla "abusiva e injusta" pero tres días más tarde el gobierno aprobó un Real Decreto ley que la modificaba y que aminoraba las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes. asimismo, determinaba la devolución de las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita. sin embargo, tal modificación no satisfizo a casi nadie, ya que la inmensa mayoría de los agentes sociales, incluidas las asociaciones de personas consumidoras y usuarias así como las de jueces, ficales, abogados y el propio Consejo general del Poder judicial, seguimos entendiendo que la ley de tasas es


un lastre que impide a muchos ciudadanos defender sus derechos y que las cuantías establecidas en ella tienen una finalidad meramente disuasiva. Ya pasados unos meses desde su entrada en vigor el rechazo a esta reforma legislativa sigue siendo generalizado y permanece muy vivo en el ánimo social. antes solo las empresas debían pagar tasas para iniciar algunos procesos judiciales. los ciudadanos estaban exentos. ahora hay tasas variables (en función de la cantidad reclamada, pasando del 0,5% al 0,1%; y con un tope máximo de 2.000 euros, la reforma inicial era de 10.000) para todos los ciudadanos. todas las personas físicas no beneficiarias de la justicia gratuita tienen que abonar las tasas judiciales en idéntica cuantía, con independencia del nivel de renta, al igual que pasa con las empresas, ya sean multinacionales, medianas o pequeñas empresas. Y se grava la interposición de demandas en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. además, la nueva normativa recoge subidas que afectan a las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencio-

so-administrativo y se aplica también en lo social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal. En resumen, si antes las tasas judiciales afectaban solo a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, ahora con la nueva ley se suman todas las personas físicas y a las dos jurisdicciones anteriores se suma la social. En consecuencia, la reclamación de multas de tráfico, los conflictos por despidos laborales, los pleitos por herencias, las negligencias médicas son ahora procesos gravosos para los ciudadanos (a excepción de la mayoría de los pensionistas o de personas que acrediten que no pueden pagar esas tasas). Y la situación sería incluso peor de no haberse realizado la modificación parcial de la ley original de noviembre de 2012, mediante un Real Decreto ley que fue aprobado velozmente el 22 de febrero pasado, para “satisfacer” las demandas realizadas por la Defensora del Pueblo a raíz del escándalo generado entre la ciudadanía. tal modificación supuso la reducción en un 80% de las cuantías fijas y variables en primera instancia, la supresión de las tasas en casos de ejecuciones hipotecarias o la exten-

sión automática de la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género, terrorismo o la trata de seres humanos. también resultó muy importante la modificación de febrero para que se exonerará del pago de las tasas judiciales en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. Pero, en cualquier caso, a pesar de la suave “reforma de la reforma”, la nueva ley es a todas luces inadmisible en una sociedad democrática pues distorsiona gravemente, o elimina en muchos casos, el derecho a la tutela judicial efectiva. En tal sentido se pronunció el 21 de diciembre de 2012 el pleno del Consejo de los Consumidores y usuarios de andalucía (CCua), máximo órgano de consulta y participación de los consumidores y usuarios andaluces, integrado por al-anDalus, FaCua-andalucía y la unión de Consumidores de andalucía-uCa/uCE, en su “Resolución contra la ley de tasas judiciales y el anteproyecto de ley de justicia gratuita”. a través de este documento, el CCua quiso poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la opinión pública andaluza, el rechazo de este órgano a la ley de tasas judiciales, por su incidencia negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas y por el recorte que supone en el

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enportada sucede nº 88 TExTO: acceso al servicio público de la justicia, un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar y en muchos casos dejar fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales. El CCua consideraba que la “ley de tasas” supone una restricción clara del acceso a la justicia para la mayoría social de este país, convirtiendo el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española), pilar y esencia del Estado de Derecho y de la Democracia, en un “servicio de lujo” al que solo podrán acudir quienes se lo pueden pagar. El Consejo también expone en el citado documento que la nueva ley supone una quiebra del principio de gratuidad en el procedimiento arbitral de consumo puesto que hará inviable en la práctica para el consumidor la ejecución del laudo favorable al mismo cuando la reclamación verse sobre cuantías inferiores a 200€ (coste de la tasa) y las empresas se nieguen a cumplir el fallo. El Consejo de los Consumidores y usuarios de andalucía asimismo considera que la grave situación estructural de la administración de justicia, agravada por la falta de medios personales y materiales, nunca debe resolverse a costa de un nuevo marco legal, que en la práctica supone una limitación del acceso de la ciudadanía a la justicia, conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva. los efectos perversos de la ley en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la posibilidad de defender y reivindicar esos derechos en los tribunales ya se han hecho ver en el primer trimestre de 2013, siendo especialmente significativos en la jurisdicción civil, con una reducción de más del 30% relacionada en su mayoría con ciudadanos y pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas y entidades financieras parecen haber seguido litigando tanto o más que antes.

AlFONSO RODRIgUEz ARNET, ABOgADO

tasas juDiCialEs E inDEFEnsiÓn El Tribunal Constitucional, al resolver las cuestiones de constitucionalidad planteadas por diversos órganos judiciales sobre la constitucionalidad de las tasas, se ha cuidado mucho de matizar que es posible, sí, imponer tasas  judiciales, pero con el límite de la indefensión.

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in palabras me quedo para transmitir el rechazo moral, no solo ya jurídico, que producen las tasas judiciales, que están de actual aplicación. la ley de tasas, que se lee con incredulidad, establece un mecanismo manifiestamente inconstitucional, que solo beneficia a los más poderosos, es decir, que se trata de un ataque frontal al Estado de Derecho. Prácticamente está desapareciendo para la gran masa de clase media el derecho a conseguir el amparo de los tribunales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, cuando el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de primera fila establecido en el artículo 24 de la Constitución por encima del derecho a la salud o a la educación, y por supuesto un derecho básico en el Estado democrático. tan básico que no hay democracia cuando no hay acceso a los tribunales. a través del incremento de los costes económicos se pretende privar de acceso a los tribunales a la ciudadanía para defender sus derechos implantando unas tasas judiciales por casi todas las actuaciones judiciales en vía civil, laboral y contencioso-administrativa, de cuantías descabelladas y disuasorias, a todas las personas físicas –los particulares– y jurídicas, salvo contadas excepciones entre las que se encuentran el Fiscal y el propio Estado cuando litiga. triste es decirlo: se trata del atentado mayor contra el Estado de Derecho que se ha perpetrado desde la transición.


Y lo grave es que se priva del derecho constitucional solo a la gran masa de clase media y no a los económicamente poderosos, ni al propio Estado como parte en un juicio. o sea, indefensión y desigualdad de partes, en perjuicio del más débil. Desde la entrada en vigor de la ley las tasas no las pagan aquellos a quienes se conceda derecho a justicia gratuita por carecer de medios para litigar; pero son cada vez menos, conforme a los criterios también inconstitucionalmente restrictivos usados de un tiempo a esta parte cada vez más, y el límite económico de ingresos para concederla está en la fastuosa suma de aproximadamente 1.100€ de ingresos totales mensuales por unidad familiar (doble del iPREM). a las clases más acomodadas poco o nada les perjudica económicamente pagar “un poco más” y quedan exentos del pago de la tasa el Estado en todas sus formas (la administración general del Estado, las de las Comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellos) y el Fiscal; y a las empresas apenas les afecta, porque aunque tengan que abonar la tasa, es un gasto fiscalmente deducible. Resumiendo, se cobra una cantidad fija sea cual sea el tema y la cuantía, y una variable en función de la cuantía litigiosa. En el orden jurisdiccional civil se cobra por admitir a trámite las demandas civiles en función de unos baremos mínimos (300€) al que hay que añadir el variable del 0,1% (rebajado después de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, del 0.5% al 0.1%), aunque no la variable, que sigue exactamente igual, como ejemplos actuales, 800 euros por una apelación civil ante la audiencia Provincial, 1200 euros por un recurso de casación, y así sucesivamente. un pleito civil normal, con sus vicisitudes normales, puede costar fácilmente 3.000 euros en tasas, y me quedo corto; contando, claro, sólo lo que se pague de tasas, y aparte el coste de los propios profesionales de preceptiva intervención –abogados y procuradores– que cobramos por nuestros servicios. a continuación expongo algunos ejemplos concretos de la vía civil, y téngase en cuenta que estos cálculos se refieren sólo a la demanda en primera instancia, sin incluir por tanto recursos, ejecuciones ni vicisitudes habituales, que la tasa afecta a todo tipo de temas, incluyendo los divorcios, y que las cuotas son muy semejantes para pleitos ante los tribunales contencioso-administrativos contra el Estado.

► Un particular demanda a una inmobiliaria por haberle vendido un piso sin licencias por el que ha pagado 200.000 euros: la tasa por la interposición de la demanda costará 1.400 euros. ► La familia del fallecido en un accidente demanda contra la compañía de seguros, y reclama una indemnización de 400.000 euros, la tasa por demandar es de 2.300 euros. ► Un niño resulta con gravísimos daños cerebrales por el error médico cometido en un parto en un sanatorio y los padres reclaman a éste una indemnización de 600.000 euros que permita siquiera pagar un cuidador. Demandar exigiría una tasa de 3.300 euros.

una tasa que paga el que demanda; no el que incumple sus obligaciones y obliga al juicio. Y un particular podrá quizá conseguir que lo defienda gratis un abogado amigo, o negociar los honorarios con su abogado, porque el mercado es libre, e incluso llegar con él a un acuerdo de cuota litis para pagarle solo si gana y cuando gane, pero no puede negociar la tasa con el Estado. ahora directamente no se da curso a ningún escrito sin que se aporte el justificante de la autoliquidación; por tanto, la demanda se archivará o el recurso no se tramitará, y el derecho que se reclame podrá quedar definitivamente perdido. Hasta para los trabajadores que reclamen en vía laboral se establece una tasa, en flagrante contradicción con los principios de gratuidad de justicia laboral, y precisamente en los momentos en que más necesidad existe de control judicial. 500 euros se pretende cobrar a un trabajador que haya perdido su juicio en vía laboral ante el juzgado de lo social en cualquier tipo de pleito y pretenda recurrir en suplicación, a lo que se suma el 0,1% de lo que se discuta (en un despido, la suma de la indemnización más los salarios de tramitación). si un trabajador gana un juicio, su empresa tiene la posibilidad de que quizá le otorguen la razón en la segunda instancia si no se la han dado en la primera y además la tasa es para la empresa gasto deducible como lo es en su caso el iVa y el coste del abogado; pero el trabajador tendrá que conformarse con una sentencia desfavorable del juzgado de lo social porque difícilmente va poder pagar los

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500 euros mínimos de una suplicación o los 750 euros mínimos de una casación, extremos sobre el que el tribunal supremo ha manifestado su malestar al respecto. Para las cuantías pequeñas directamente ya no merece la pena demandar, y en cuanto a las medianas y grandes resulta inasumible para una persona de economía media. Magnífica noticia para todos los que incumplen sus obligaciones, y muy especialmente para algunas grandes empresas que, con absoluta impunidad, podrán dejar de prestar los servicios contratados sin temer condenas judiciales que nadie va a conseguir porque nadie va a demandar, con las contadas excepciones del Derecho del Consumo. Y fin también del control judicial sobre el Estado; porque también se pretende imponer tasas en la vía contencioso-administrativa. si se pretende “descongestionar los juzgados”, eficacísimo; muerto el perro, se acabó la rabia. En el preámbulo de la ley se justifica ésta diciendo que las tasas judiciales han sido declaradas constitucionales por el tribunal Constitucional ”en una reciente sentencia“, y se cita solo una, la nº 20/2012. Esa afirmación es sencillamente incierta. El tribunal Constitucional no ha declarado que puedan imponerse tasas de forma indiscriminada, en todas las jurisdicciones y de las cuantías que el Estado arbitrariamente considere oportuno. todo lo contrario, el tribunal Constitucional, al resolver las cuestiones planteadas por diversos órganos judiciales sobre la constitucionalidad de las tasas, se ha cuidado mucho de matizar que es posible, sí, imponer tasas judiciales, pero con el límite de la indefensión. En la sentencia a la que se refiere el preámbulo, la sentencia nº 20/2012, de Pleno de 16 de febrero de 2012, y que ha sido seguida por otras tres sentencias más posteriores, el tribunal Constitucional se limita a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una concreta tasa judicial de jurisdicción civil impuesta a una importante compañía de seguros –como precedente de este proyecto actual se empezó imponiendo pequeñas tasas a empresas de grandes dimensiones– y específicamente declara la sentencia, como dato que en los propios Fundamentos de Derecho se considera relevante, que el pago de la tasa no impedía el acceso a la jurisdicción ni resultaba disuasoria dada la capacidad económica de la empresa que debía pagar. Es decir, el tema se circunscribía a sociedades mercantiles, entidades con ánimo de lucro, no a personas físicas; y de hecho argumentaba sobre ello el Fiscal al defender la constitucionalidad de la norma, y se dejaba muy claro que si en efecto la tasa concreta era constitucional (unos 70 euros) tanto la Constitución como los tratados internacionales, y las sentencias de los tribunales europeos, no permitirían, ni siquiera en el caso de sociedades mercantiles de elevada facturación, que la cuantía desproporcionada de la tasa impidiera en la práctica el acceso a la jurisdicción. Escasa duda interpretativa permiten los Fundamentos jurídicos 9 y 10 de esta sentencia. Conforme al resumen de esta sentencia 20/2012 que efectúa otra sentencia poste-

rior, la nº 103/2012, de 9 de mayo de 2012, en la que se planteaba análoga cuestión para el caso de recursos: “En ella [en la sentencia 20/2012] afirmamos que es constitucional subordinar la prestación de la actividad jurisdiccional en el orden civil al abono de unas tasas judiciales por la interposición de la demanda, siempre que, en la línea de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos iniciada con la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), y consolidada posteriormente (por todas, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, asunto 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, asunto 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, asunto 35123/05), su cuantía no sea excesiva a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de modo que no se impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables.” Y lo que se resuelve es que imponer una pequeña tasa a entidades mercantiles con un elevado volumen de facturación que contribuyan a financiar la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas en las que reclaman derechos de contenido económico so pena de no darles curso, no limita de un modo desproporcionado el derecho de acceso a la justicia, tanto en primera instancia como en recursos en los que el derecho a la tutela judicial efectiva existe en menor grado. Este criterio ha sido seguido por varias sentencias más en análogo sentido para resolver detalles relacionados (sentencia nº 103/2012 de tribunal Constitucional, Pleno, 9 de Mayo de 2012, sobre tasas en recursos, sentencia de Pleno 79/2012, de 17 de abril, sentencia nº 116/2012 de tribunal Constitucional, sala 1ª, 4 de junio de 2012, sobre tasas en la jurisdicción contencioso-administrativa ) o repetir la argumentación y la solución al tratarse del mismo tema (sentencia nº 85/2012 de tribunal Constitucional. no ofrece pues dudas que cualquier tasa disuasoria es inconstitucional, y tampoco ofrece dudas que una persona física de economía media no puede pagar 3.000 euros para un pleito, y que es disuasorio, y por tanto inconstitucional esta ley. Quede para otro momento el examen de dos cuestiones conexas: la pretendida hiperjudicialización de la sociedad española como pretexto para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva, en este proyecto y en otras normas que estamos padeciendo, y la responsabilidad del propio Estado al ser él mismo el que causa la inseguridad jurídica que provoca muchos pleitos por su deficiente técnica legislativa. Por eso en esta conyuntura, más que nunca, es importante aprovechar los servicios y posibilidades de las organizaciones de personas consumidoras como la unión de Consumidores de andalucía-uCas/uCE, que afortunadamente están exentas del pago de tasas cuando representan los derechos de consumidores, en virtud de numerosas consultas vinculantes de la Dirección general de tributos.


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El fondo de emergencia La liquidez, la seguridad y la rentabilidad son características fundamentales a la hora de gestionar nuestros fondos de ahorro familiar.

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n ciertas ocasiones pedir dinero prestado es imprescindible o tiene más sentido que desembolsar una cantidad de golpe, ya que incluso puede resultar beneficioso fiscalmente. Pero un exceso de endeudamiento hace estragos en cualquier presupuesto, ya que puede aumentar nuestros gastos fijos mensuales hasta niveles insostenibles. Esta situación hace que sea una angustia llegar a fin de mes y que resulte imposible ahorrar lo suficiente para lograr nuestros objetivos financieros a medio y largo plazo. Por tanto, es muy importante disponer de una cantidad de dinero a mano para atender los imprevistos que puedan surgir. la cantidad necesaria depende de las circunstancias personales y familiares. los expertos aconsejan un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos normales, es decir, lo suficiente para pagar la hipoteca o el alquiler y la cuota de los demás préstamos, comida, luz, seguros, colegios, etc. durante ese periodo. Esto no significa que tiene que ahorrar toda la cantidad que se ha propuesto antes de poder realizar otras inversiones, ya que muchas familias tardarán años en acumular una reserva equivalente a esos meses de gastos. Para empezar, podría apartar una cantidad razonable (por ejemplo, 1.000 euros) como fondo de emergencia. todos los meses, destine por lo menos una parte del ahorro a este fondo hasta cubrir la cantidad objetivo. a partir de entonces podrá destinar todo el ahorro mensual a otras inversiones.

Esta acción informativa se realiza en virtud de un convenio de colaboración suscrito por uCa-uCE con el Banco de España y la Comisión nacional del Mercado de Valores-CnMV.

Revise periódicamente la cantidad que se necesita en el fondo de emergencia e increméntela si ha quedado desfasada atendiendo a tres criterios... LIQUIDEZ. los imprevistos, por definición, no se prevén, así que el dinero del fondo de emergencia tiene que estar fácilmente disponible cuando se necesita. Conviene que no lo ingrese en la cuenta corriente o libreta utilizada para domiciliar recibos y pagar tarjetas de crédito, y que no lo toque excepto para verdaderas emergencias. no tenga este dinero, que podría necesitar a corto plazo, invertido en depósitos a plazo fijo demasiado largo o en fondos garantizados que cobren penalizaciones por sacarlo antes de su vencimiento. SEGURIDAD. El fondo de emergencia es su colchón de seguridad; por ello, deposítelo en productos sin riesgo donde le garanticen la preservación del capital, que su dinero siempre va a estar ahí. no conviene meter el fondo en acciones, fondos de inversión de renta variable o renta fija a largo plazo. Podría ser necesario reembolsar estas inversiones cuando su valor esté bajo. RENTABILIDAD. En el caso del fondo de emergencia, la disponibilidad y seguridad son más importantes que la rentabilidad, pero tampoco interesa tener todo ese dinero inmovilizado en una cuenta o debajo del colchón, sin producir nada. Es de sentido común buscarle alguna rentabilidad, por pequeña que sea.

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Guía para detectar y denunciar prácticas anticompetitivas Se trata de una iniciativa de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) en la que participan UCA-UCE, Facua y Al Andalus.

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l 14 de junio se presentó en la Consejería de Economía, innovación, Ciencia y Empleo la guía básica denominada Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia, una iniciativa enmarcada en el convenio de colaboración suscrito en 2011 por la agencia de Defensa de la Competencia de andalucía (aDCa), la unión de Consumidores de andalucía uCa-uCE, al andalus y FaCua. Con esta iniciativa se pretende que las organizaciones de consumidores y la ciudadanía en general sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos. se trata de una guía pionera en el contexto europeo ya que sólo el office of Fair trading británico ha editado un documento de características similares. Y ello a pesar de que un contexto de crisis como el actual, las economías domésticas pueden resentirse considerablemente por el desconocimiento de derechos tan básicos –y paradójicamente desconocidos– como los que inciden en esta materia: pacto de precios, abuso de posiciones de dominio por

En el centro María Victoria Román, directora gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), junto a los representantes de UCA-UCE , Al Andalus y Facua.

parte de empresas u otros hechos limitan no sólo la oferta de productos y servicios, sino también los recursos del ciudadano y, como consecuencia, también su nivel adquisitivo. De hecho se estima que sólo los daños infringidos por los cárteles –acuerdos de empresas para limitar la competencia– le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales. En el conjunto de Europa, el perjuicio puede alcanzar los 69.000 millones de euros, suponiendo un impacto de hasta el 0.55% del PiB de la uE: y sin embargo, de acuerdo con el informe de evaluación de impacto de la propuesta de Directiva Europea, sólo se detectan entre un 10 y un 20% de los cárteles. la guía consta de diez apartados donde, además de la justificación de abordar un trabajo de esta naturaleza, se analizan aspectos como las consecuencias directas de infringir la normativa en materia de competencia, cómo y cuándo formular reclamaciones por daños y perjuicios, cuál es el plazo de prescripción o qué pruebas deben aportarse, así como un cuerpo de síntesis-conclusiones y un capítulo dedicado a la naturaleza y funciones de la propia aDCa.


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Negociar las condiciones de la hipoteca Es importante saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento y otras cuestiones como el tipo de interés aplicado o las comisiones. las circunstancias económicas actuales y algunas decisiones judiciales y legislativas recientes parecen haber provocado un endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras. De ahí la necesidad de que el consumidor recopile la máxima información posible y compare ofertas. un asunto importante, una vez conocida la oferta hipotecaria existente, es saber claramente cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, la capacidad de pago, la cantidad de dinero que, en función de los ingresos y gastos, se puede destinar a una hipoteca. otro aspecto fundamental es la aplicación del tipo de interés aplicado. si va a ser variable o fijo, teniendo en cuente el índice de referencia en el caso de que sea variable y el diferencial a añadir al mismo. En el momento actual, donde ha habido resoluciones judiciales contrarias a la aplicación de la cláusula suelo, se está optando por unos diferenciales muy elevados y es en este porcentaje donde podemos arañar algún tipo de ahorro en nuestra hipoteca. otros datos a negociar son las comisiones (apertura, amortización parcial o total). En este asunto, hay cierta flexibilidad por parte de las entidades financieras para no aplicarlas con una buena negociación por parte de los clientes. también hay que tener en cuenta otras condiciones que suelen imponer los bancos como lo son los avalistas, los intereses de demora, etc. además de todo esto, se deberá considerar y valorar las exigencias que está dispuesto a asumir un deudor hipotecario futuro cuando la entidad financiera exija en la solici-

tud domiciliaciones de nóminas o en el caso de ser autónomo, los ingresos que dispone, domiciliación del cobro de recibos como la luz, agua, teléfono, etc, contratación de tarjetas, etc. En los dos primeros casos, estas condiciones son asumibles, y en el tercero dependerá del coste que tenga este producto para el cliente, dado que se está produciendo un encarecimiento de las comisiones de este tipo de productos por parte de las entidades financieras. Cuestión aparte son los seguros asociados a las hipotecas. según la ley de Regulación del Mercado Hipotecario y el Real Decreto 685/1982 que desarrolla dicha ley, el único seguro obligatorio para suscribir una hipoteca es el de incendios. ahora bien, las entidades que ofrecen préstamos suelen imponer una aseguradora (ya sea del mismo grupo, o de la que cobra comisión por acuerdos firmados entre ellas), actitud contraria a los principios de reciprocidad y de equidad que reconoce la legislación básica de Consumo y de Condiciones generales de Contratación. Pero no solo ahí están los abusos bancarios. se suele exigir también la contratación de otros tipos de seguros: del hogar, vida, planes de pensiones, etc. Con respecto a esto, cabe señalar que es abusivo pero, visto como está el mercado hipotecario, la totalidad de entidades financieras imponen veladamente la contratación de este tipo de productos, con lo cuál, al margen de la ilegalidad de estos abusos, el consumidor, dentro de la negociación de su hipoteca, deberá comparar precios y calidades de estos productos y elegir, en el caso de que sea necesario aún a pesar de su carácter leonino, las menos lesivas para su patrimonio.

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Cursos CONFINAD CONFINAD es un curso de capacitación sobre asesoramiento en servicios financieros auspiciado por la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea (DG SANCO).

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os cursos ConFinaD se enmarcan en un proyecto financiado enteramente por el presupuesto de la unión Europea, que se desarrolla bajo los auspicios de la Dirección general de salud y Consumidores de la Comisión Europea (Dg sanCo). En vista de la crisis financiera y de sus resultados, se ha hecho claramente visible que los consumidores precisan asesoramiento sobre los complejos temas relacionados con el sector financiero, al que deben recurrir para cubrir sus necesidades. a este respecto, las entidades públicas y las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al asesoramiento en el sector financiero ofrecen recursos fundamentales para el consumo asesorado de estos productos financieros. El programa desarrollado, por tanto, está dirigido a organizaciones sin fines de lucro que proveen o prevén proveer en un futuro cercano asesoramiento financiero general e independiente a los consumidores. En España el curso ha estado abierto a asociaciones de consumidores, autoridades locales, oficinas de asesoramiento familiar, oficinas de asesoramiento de deudas, otros organismos de bienestar social, así como agencias estatales. la ciudad de Madrid acogía los pasados 25 y 26 de junio el curso correspondiente al Estado Español (uno en cada capital de la uE 27), cuya organización y gestión ha corrido a cargo del Consorcio Confinat, integrado por BEuC (the European Consumer organisation) e iFF (institut Für Finanzdienstleistungen). El objetivo de estos cursos es desarrollar la capacidad del personal de las organizaciones objeto del presente proyecto, para proveer, de una manera sostenible, el asesoramiento efectivo en materia de servicios financieros a los consumidores. El curso español ha contado con la presencia de responsables de la unión de Consumidores de andalucía, acompañados de los participantes de otras

organizaciones estatales o autonómicas como oCu, CECu, HisPaCooP, aDiCaE, aVaCu, uRKoa o EuRoConsuMo la Rioja, además de técnicos del inC y de diferentes oficinas Municipales de información al Consumidor-oMiCs. al término del encuentro el conjunto de participantes aprobaba un documento de conclusiones para el Estado Español en el que se abogaba por la transparencia y justicia en materia de consumo de servicios financieros, y la necesidad de reforzar el papel de las asociaciones de consumidores para favorecer el desarrollo sostenible de una sociedad con una ciudadanía más fuerte.


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La publicidad y la ciudadanía andaluza El Consejo Audiovisual de Andalucía ha publicado el Barómetro Audiovisual 2012 en el que, entre otras cuestiones, se analizan la espectativas y hábitos de la ciudadanía respecto a los anuncios.

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l pasado mes de abril el Consejo audiovisual de andalucía (Caa) hacía públicos los datos de 2012 del Barómetro audiovisual de la Comunidad autónoma, una iniciativa que comenzó en 2007 y que persigue conocer la opinión, expectativas y hábitos de la población respecto a los medios audiovisuales mediante el procedimiento de la encuesta extensiva. Divididos en bloques temáticos muy diversos –desde los hábitos de consumo televisivo y radiofónico hasta la regulación de los medios, pasando por otros como la objetividad y pluralismo, las preferencias por cadenas, los contenidos o las nuevas tecnologías–, uno de ellos es el de la publicidad. Este último bloque ofrece interesantes conclusiones acerca de la valoración que hace la ciudadanía de este sector, como por ejemplo, que casi seis de cada diez personas entrevistadas (57,3%) afirman que los productos que se anuncian en los espacios publicitarios no se corresponden con la realidad, dos tercios consideran que “es habitual encontrar anuncios con estereotipos de tipo sexista (66,7%) y casi el 80% de la ciudadanía andaluza opina que “a veces no está claro qué es el contenido propio del programa y qué parte corresponde a la publicidad”. la percepción ciudadana acerca del incremento de la calidad televisiva revela un notable acuerdo ya que casi la mitad de los encuestados entienden que “las emisiones publicitarias tienen en la actualidad una calidad superior”, frente a un 21,9% que no lo cree así, un 23% que se manifiesta en una posición intermedia y un 8% que no emite ningún tipo de valoración al respecto. En lo que se refiere al binomio “publicidadperiodismo”, el 51, 3% cree que la incorporación de espacios publicitarios en algunas secciones de los informativos televisivos les resta rigor e independencia. Por otra parte, el 88,2% indica estar de acuerdo con la limitación de la cantidad de anuncios en televisión; un

83,9% apuesta por el “control sobre el contenido de los anuncios” y casi la mitad muestra su apoyo a la “supresión de la publicidad de los canales públicos”, no en vano siete de cada diez personas entrevistadas cree que existe un “exceso de publicidad a pie de pantalla”. Para terminar, y en la relación “publicidad y menores”, llama la atención que existe un notable porcentaje de población que no toma posición antes estas cuestiones. De hecho, el 22% de media “no sabe o no contesta”. El 67,1% de la muestra identifica “anuncios que pueden considerarse inadecuados dentro del horario protegido” (de 6.00 a 22.00 horas) y el 61,6% ha mostrado su grado de acuerdo con los “efectos de compra compulsiva que tiene la publicidad dirigida a menores”.

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Una democracia más participativa Compromiso Social para el Progreso, plataforma en la que se integra Unión de Consumidores de Andalucía, ha prsentado el MANIFIESTO EN DEFENSA DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, un documento en el que se identifican las principales demandas de las entidades sociales y ciudadanas andaluzas en esta materia y que coincide con los trabajos que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales actualmentedesarrolla respecto al Anteproyecto de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Por la importancia de este proceso estimamos conveniente reproducir a continuación la integridad del mencionado manifiesto. Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social por el Progreso de Andalucía” REIVINDICANDO EL DERECHO A LA PARTICIPACION la Plataforma de organizaciones sociales “Compromiso social para el Progreso de andalucía” ante los continuos ataques que viene sufriendo la participación ciudadana y las agresiones al derecho de participación reconocido en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de autonomía: MANIFIESTAN QUE: 1. El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, y presente a lo largo de todo el texto constitucional, con diferente alcance y contenido, previéndose mecanismos de democracia directa. 2. Es, además, un principio inspirador de los poderes públicos, quienes están obligados a facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, tal y como se establece en el artículo 9.2 de la Constitución. 3. En un sentido parecido incide el libro Blanco de la gobernanza Europea aprobado por la Comisión, el 25 de julio de 2001, que define el concepto de gobernanza como "las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes desde el punto de vista de principios tales como la participación, la responsabilidad y la eficacia."


4. De igual forma, el Estatuto de autonomía para andalucía, en su artículo 10, “objetivos básicos de la Comunidad autónoma”, reproduce, en parte, el artículo 9.2 de la Constitución pero incorporando el fin al que se dirige la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social: fomento de la calidad de la democracia, para lo que se adoptarán todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Esta añadidura no es baladí en nuestro Estatuto, puesto que reconoce la participación de la ciudadanía, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político como elementos definidores de una democracia social avanzada y participativa (art. 10.3. 19º). En el mismo sentido, se reconoce el diálogo y la concertación social, explicitando la función relevante que para ello cumplen, entre otros, las organizaciones sindicales más representativas (art. 10.3.20º). así mismo, el Estatuto, como lo hace la Constitución, contempla las distintas formas de participación: el artículo 30 relaciona la participación política de los andaluces y andaluzas; el artículo 113, la participación ciudadana en el procedimiento legislativo; y el artículo 134 la participación ciudadana. a su vez, el artículo 37 reconoce como principio rector de las políticas públicas el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo. 5. la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y los asuntos públicos es fundamental para que el sistema democrático pueda sostenerse y paliar la desafección hacia la política y la desvalorización de lo público. la participación constituye una acción que tiene que ver, con las necesidades y las aspiraciones humanas y la capacidad de las personas de tomar conciencia de esas necesidades, y buscarles solución; por lo que participar no significa solo tener parte en algo, ser consultado sobre algo, ó estar presente en una actividad determinada, sino que significa intervenir desde la propia toma de decisión y concienciados/as de las necesidades a las que debe dar respuesta hasta la valoración y elección de posibles soluciones. Por tanto concebimos la participación social y ciudadana, no como una finalidad en sí misma, sino como un medio para conseguir una mayor calidad democrática. 6. la participación como derecho político debe implicar el involucramiento activo de la ciudadanía en tres relaciones jurídico políticas fundamentales: las que se derivan del proceso de conformación de los gobiernos (selección de los representantes); las que se derivan del control de los gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los procesos de toma de decisiones públicas (procesos decisionales). 7. los conceptos participación, autonomía, descentralización, democracia, tienen una dimensión política, pero también jurídica, en tanto su definición y realización deben contar con el suficiente respaldo legal a través del ordenamiento jurídico. En general, el Derecho tiene como finalidad esencial la regulación de determinadas relaciones sociales, otorgándole carácter obligatorio a las formas de comportamiento que deben o no asumirse por los sujetos de derecho que intervienen en ellas, convirtiéndolas por tanto, en relaciones jurídicas. 8. El fomento de la participación social y ciudadana es una obligación que el gobierno debe desarrollar como derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, pero también resulta absolutamente necesario, en la medida en que dicho gobierno debe afrontar legitimado y con suficiente respaldo social las continuas transformaciones y cambios de la sociedad actual, siendo necesaria la implicación y trabajo coordinado con las organizaciones sociales, representativas de intereses colectivos, en la toma de decisiones públicas. De ahí que sea fundamental su regulación jurídica.

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PoR Ello, las oRganiZaCionEs MiEMBRos DE CoMPRoMiso soCial PaRa El PRogREso DE anDaluCÍa DEClaRaMos: ► la Participación, a la vez que un derecho, es esencial para la legitimidad en la toma de decisiones y forma parte del propio concepto de democracia, y su promoción incide directamente en la forma de ejercer el gobierno. Por tanto sin ella no es posible convertir en realidad ninguno de los principios de libertad, igualdad, respeto a la diversidad y solidaridad. ► la importancia que las organizaciones ciudadanas han tenido y tienen en la sociedad andaluza, en el desarrollo de sus pueblos y ciudades, ha quedado demostrada a través de su larga trayectoria. Parece claro que el papel activo y la interlocución que pueden ofrecer las organizaciones sociales no es ni mucho menos discutible, sino que coincidimos en que ésta es la solución a muchos problemas que de otra forma no sería posible. ► al margen de las actuaciones que haya que poner en marcha de forma general, desde el gobierno debe haber un compromiso firme para promocionar la participación en el diseño de las políticas públicas y en su gestión a través de la sociedad civil organizada, al tiempo que hay que dotar de los recursos necesarios para que éstas puedan cumplir sus funciones reivindicativas y de colaboración. ► la participación social y ciudadana no puede depender de la voluntad política de quien ostenta el poder en cada momento. la ausencia de leyes claras que obliguen a la participación hace que ésta sea moneda de cambio en algunos casos, en tanto en cuanto ésta se da y se quita dependiendo de varios factores, y estos suelen estar directamente relacionados con las simpatías personales o con la crítica suave.

Organizaciones Sociales que Integran la Plataforma: Comisiones obreras de andalucía-CCoo-a unión general de trabajadores-ugt-a Confederación de Entidades para la Economía social de andalucía (CEPEs-a) Confederación de asociaciones Vecinales de andalucía (CaVa) Federación andaluza de Consumidores y amas de Casa (al-ÁnDalus) Federación de Consumidores en acción de andalucía (FaCua) unión de Consumidores de andalucía-uCa/uCE Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMi-andalucía) Federación andaluza de asociaciones de la Prensa asociación de Progresistas de andalucía attaC-andalucía Plataforma 2015 y más Confederación andaluza de asociaciones de Madres y Padres del alumnado por la Educación Pública (CoDaPa) unión Federal de Policía sindicato unificado de la Policía asociación unificada de guardias Civiles (augC) unión de guardias Civiles de andalucía asociación para la Defensa de la sanidad Pública de andalucía- aDsP asociación Memoria, libertad y Cultura Democrática Coordinadora girasol Forum Política Feminista de andalucía Coordinadora andaluza de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CaongD) Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores, PEMPEs/as asociación Primavera andaluza aPjP Pablo iglesias

► En este sentido, y como medio de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, deben crearse los mecanismos jurídicos de participación ciudadana, tan necesarios para la participación activa en la vida pública; así como buscar otras fórmulas participativas que tengan como objetivo la máxima implicación y complicidad entre la clase política y la sociedad civil. no podemos dar la espalda al hecho de que la juventud está abandonando las estructuras de participación que sus progenitores impulsaron y sostienen. ► Que una ciudadanía comprometida con lo público es la condición sine qua non para el mantenimiento de la democracia y la mejora de la gobernabilidad. El derecho a la participación se materializa no solo en la posibilidad de elegir cada cuatro años a nuestros/as representantes, sino además en la facultad para intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones públicas. ► Que la vertebración de la sociedad civil y el fortalecimiento de organizaciones sociales independientes es un factor esencial en el reconocimiento del derecho a la participación ciudadana, garantizándose con ello una participación social y ciudadana representativa y con capacidad para influir de forma eficaz en la toma de decisiones y controlar la gestión de lo público para que ésta sirva al interés general y al bien común.


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Y las MisMas aCuERDan: ► Que las organizaciones sociales y ciudadanas aspiramos a construir una andalucía y unos pueblos y ciudades cada vez más solidarios, en la que la acción de las instituciones públicas se constituya en un valioso agente para su progreso y sea la garantía del acceso a la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. una Comunidad autónoma y unas ciudades en las que el bienestar alcance a todos y a todas y garantice una vida digna. ► Que en la acción pública, la ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un proceso electoral cada cuatro años; sino que debe mantener un protagonismo continuo, y desde las administraciones e instituciones públicas, si existe el interés de servicio a la ciudadanía, debe potenciarse esa presencia activa permanente. ► Que la participación social y ciudadana es una manera de entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía, desde el respeto a las instituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la vida democrática, rompiendo las barreras entre administradores y administrados/as. ► Que las organizaciones sociales y ciudadanas de andalucía queremos participar con mayúsculas; y que esa participación se debe regular mediante el desarrollo de una normativa con rango de ley en materia de participación, que como prolongación del derecho de participación del artículo 23 de la Constitución Española y de las previsiones contempladas en nuestro Estatuto de autonomía, propicie la generación de nuevas formas y espacios para la concertación y negociación entre los actores ciudadanos y de éstos con el gobierno. una participación que no debe ser sólo individual sino también colectiva y en la que se reconozca el papel vertebrador de las organizaciones sociales. ► se hace, por tanto necesario, la adopción de leyes reguladoras de dicha participación que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico, establezca las bases para que ésta se lleve a cabo, fijando los cometidos esenciales de la participación, la forma de organización, su funcionamiento y fomento. ► Por tanto, la ley debe establecer y desarrollar los procedimientos de participación en los distintos ámbitos, configurar una estructura de Participación social y Ciudadana con la disposición de medios suficientes; debe reconocer el papel de las organizaciones sociales representativas de intereses colectivos, ha de garantizar y dotar de recursos y medios de apoyo a las organizaciones, un marco normativo y planificador que contemple las acciones, procesos, vías y órganos de participación. ► Debe distinguir entre "atención Ciudadana" (lo relacionado con la recepción de personas que solicitan información y la resolución de sus quejas) y "Participación Ciudadana" (la estructura orgánica que posibilita la intervención, legitima las decisiones políticas y sirve de control de la ciudadanía sobre las acciones de sus representantes políticos). así como contemplar todos los niveles de participación, y no sólo individual sino también colectiva y representativa: información, comunicación, consulta, deliberación y participación vinculante. ► Está en manos de nuestros representantes políticos evidenciar su voluntad de hacer una ley de participación social y ciudadana en la que todos hayamos colaborado y nos sintamos representados. ► Por todo ello, la Consejería de administración local y Relaciones institucionales, una vez finalice el proceso de encuentros provinciales que ha venido desarrollando desde el pasado mes de octubre, debe presentar un documento que garantice el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que sean de su interés, no sólo a nivel individual sino también colectivo y representativo, coadyuvando a la vertebración de la sociedad, abriendo un marco de diálogo y negociación de la futura ley con las asociaciones legitimadas y representativas de la sociedad civil organizada de andalucía. El borrador de anteproyecto de ley que elabore la junta de andalucía ha de tener en cuenta la importancia de las organizaciones sociales; el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, los recursos disponibles para ello, entre otros elementos, a la vez que establecer los instrumentos y los medios de participación ciudadana para poder intervenir directamente en la toma de decisiones asentando verdaderamente la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas de andalucía. andalucía, abril de 2013


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medioambiente sucede nº 88

No al fracking Se trata de una técnica de extracción de gas o petróleo que exige enormes consumos de agua y que contamina tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. l a unión de Consumidores de andalucía se ha adherido y firmado el manifiesto de la Plataforma andalucía libre de Fracking por los negativos impactos sociales, medioambientales y para la salud asociados a esta técnica de extracción de gas. Dos son los planteamientos o reivindicaciones fundamentales de dicho manifiesto:

Que en aras del principio de precaución, se prohíba el uso de la tácnica extractiva de la fractura hidráulica, dados los riesgos que conlleva para la salud pública y el medio ambiente.

Que se suspenda de manera inmediata el otorgamiento de permisos y pierdan validez aquellos que hasta la fecha han sido autorizados.

la técnica de fracturación hidráulica o fractura hidráulica (en inglés conocida como hydraulic fracturing o fracking) posibilita o aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo mediante la inyección a presión de algún material en el terreno para agrandar las fracturas existentes en el sustrato rocoso y favorecer su salida al exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases. se trata de una metodología que necesita de enormes consumos de agua y que contamina tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. asimismo implica la destrucción masiva de fauna y flora, la modificación paisajística, el incremento de la actividad sísmica y la fuga de gases de efecto invernadero. la Comunidad autónoma de andalucía tiene la competencia para el otorgamiento de los permisos de investigación en su ámbito territorial, reconocida por la ley estatal del sector de Hidrocarburos aprobada en 1998. los permisos de investigación tienen carácter preliminar, de forma que los trabajos asociados requerirán en su desarrollo nuevas autorizaciones adicionales que deberán contar, además de, con los permisos municipales cada uno de ellos, con su correspondiente trámite ambiental y de información pública. la unión de Consumidores de andalucía, además de adherirse al manifiesto de la Plataforma andalucía libre de Fracking, vigilará y solicitará información sobre actuaciones en esta materia, evidenciando públicamente su oposición a la mencionada técnica extractiva en todo el territorio de andalucía para lograr la suspensión de todas las actividades de prospección, explotación e investigación de hidrocarburos no convencionales que supongan la utilización de la fractura hidráulica y, por consiguiente, a velar porque no se autorice ningún nuevo trámite y se dejen en suspenso los previamente autorizados.


sucede nº 88

Controvertida Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria Una norma que supuestamente se plantea para beneficiar a las personas consumidoras y usuarias, limita el derecho de las organizaciones representativas de éstas a informar en temas alimentarios.

l

a ley de Medidas para la Mejora del funcionamiento de la Cadena alimentaria, actualmente sometida a debate parlamentario, es una iniciativa legislativa que pretende lograr mayor equilibrio entre los eslabones de la cadena alimentaria para poder garantizar una competencia justa, manteniendo un adecuado nivel de precios e informando de forma conveniente a los consumidores, tal y como ya se señala en la Exposición de Motivos de la mencionada norma. no obstante, desde algunos sectores se plantean dudas sobre su eficacia y sus posibilidades reales para el cambio en los sistemas comerciales. los productores, por ejemplo, estiman que la norma ni mejora ni empeora la posición negociadora de los agricultores y los ganaderos en la cadena ya que no hay novedades respecto a la garantía de los precios. Y es curioso el silencio del canal HoRECa (hostelería, restauración y catering), que representa un 33% del gasto en alimentación España y que incomprensiblemente ha quedado fuera del ámbito de aplicación de la ley a lo largo del debate parlamentario. la unión de Consumidores cree que la principal virtud de la norma es el intento de “pacificación” entre los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. Y valora que se recojan cuestiones como la prohibición de determinadas prácticas

comerciales consideradas abusivas, la eliminación de los pagos comerciales no previstos en contrato o las irregularidades de las subastas electrónicas entre otras. Pero hay varias disposiciones que consideramos negativas como la no prohibición de las ventas a pérdida, una práctica de reclamo comercial abusiva y desleal muy común, por ejemplo, en el sector lácteo. sin embargo, lo que más nos preocupa es la limitación del derecho de las asociaciones de consumidores a realizar y divulgar estudios comparativos en el ámbito de la alimentación, actividades que nos identifican y que son muy demandadas y valoradas por la ciudadanía por el carácter instrumental que juegan en sus decisiones de consumo y uso. El malestar provocado por decisión se ha hecho público de forma colectiva a través del Consejo de Consumidores y usuarios. la unión de Consumidores durante tres décadas de existencia ha demostrado su respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad respecto a la información en la elaboración y difusión de sus informes y análisis comparativos y estima que tal limitación vulnera el derecho constitucional a comunicar y recibir información veraz por y para los consumidores.

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alimentación


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informaciónterritorial sucede nº 88

Actuaciones para favorecer el envejecimiento activo

Almería

l

a unión de Consumidores de almería-uCa aplaude el Programa Provincial de Envejecimiento activo que ha puesto en marcha la Diputación almeriense con el objetivo de "prevenir la dependencia en las personas mayores" a través de cursos formativos y talleres prácticos. Esta iniciativa contempla casi 70 actuaciones en diferentes municipios de la provincia y está dirigida a una población de 45.000 personas mayores que se iniciarán en el conocimiento de herramientas para mejorar o mantener su potencial bio-psicosocial, al efecto de prevenir o actuar sobre el progreso de la dependencia en este importante sector de la población. las actividades se desarrollan mediante una metodología de talleres y sesiones formativas con contenidos que van desde los cuidados básicos en el mayor hasta el asesoramiento en hábitos de vida saluda-

bles, incluyendo la estimulación cognitiva, la alimentación equilibrada, la prevención de caídas y otros accidentes en el domicilio, la adaptación a los cambios y la inteligencia emocional, entre otros.

Cádiz

Campaña informativa sobre el arbitraje de consumo El convenio potencia algunas actuaciones que Recientemente la unión de Consumidores de ya se venían desarrollando desde antes y conCádiz ha firmando un convenio de colaboración templa nuevas iniciativas, fundamentalmente de con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz con contenido formativo para jóvenes. el fin de realizar asesoramiento en materia de consumo en diferentes localidades con menos de 20000 habitantes de la provincia de Cádiz como El Bosque, El gastor, alcalá del Valle o algodonales. Duranter el acto de firma, Miguel a. Ruiz, presidente de la unión de Consumidores de Cádiz, señaló la importancia de este convenio "no solo porque la Diputación cree en las organizaciones de consumidores sino que también apuesta por los derechos de los consumidores y Inmaculada Oliveros, diputada provincial de Turismo y Consumo; usuarios en momentos tan comJoaquín Fernández, secretario general de la Diputación de Cádiz; plicados como los actuales. y Miguel Ágel Ruiz Anillo, presidente de UCA-Cádiz,


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UCA-Córdoba en la comisión de venta ambulante ciantes Vendedores ambulantes. Esta comisión la preside Ricardo Rojas. la primera sesión de trabajo tuvo lugar el 3 de junio y en ella se aprobó un plan de trabajo para sacar adelante un nuevo sistema de adjudicación de puestos vacantes repartidos por los distintos mercadillos que existen en la ciudad.

Córdoba

E

l pasado mes de mayo se constituía en el ayuntamiento de Córdoba la comisión de venta ambulante. Este órgano nació con la finalidad de asesorar al gobierno municipal acerca de este tipo de comercio y en él hay representantes de los grupos políticos y, por primera vez, se incorporan la Federación de asociaciones de Vecinos al-Zahara y las tres asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, entre ellas uCaCórdoba. además, forman parte de la comisión técnicos de movilidad, policías locales y de la propia Delegación de Comercio de la unidad de Venta ambulante, así como un representante de uvaco y otro de la unión Provincial de Comer-

Una web granadina para el intercambio de material escolar

melibrodemislibros.com

segunda mano. Esta iniciativa permite contribuir a la mejora de las economías familiares y sobrellevar los gastos derivados de la educación favoreciendo el cuidado del medio ambiente. El portal ‘melibrodemislibros.com’ permite a los usuarios publicar un anuncio con el material escolar que quieran vender, comprar o intercambiar y mostrar hasta tres fotos del producto. la página web está pensada para materiles de todos los niveles formativos y de cualquier lugar, desde libros de texto o de lectura obligatoria a manuales y temarios de oposiciones, uniformes o material específico de estudios universitarios, formación profesional, postgrado o a distancia. todo el proceso es totalmente gratuito, ya que son los propios usuarios los que acuerdan de manera privada los detalles de la transacción (precio, formas de envío y pago...).

Granada

E

tiempos de dura crisis como éstos, desde la unión de Consumidores de granada-uCa se quiere dar a conocer una página web granadina que ha puesto en marcha un servicio para el intercambio y compraventa de material escolar de


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informaciónterritorial sucede nº 88

Contra el aislamiento ferroviario de Huelva

Huelva

E

n defensa de los usuarios, nos implicaremos desde la unión de Consumidores para que la línea de tren Huelva-Madrid se mantenga más allá del verano y en la petición para que el Ministerio de Fomento aumente el número de trenes y mejore en general las conexiones ferroviarias de Huelva. En la actualidad en Huelva están paralizadas las obras de la futura estación en las Metas, donde debería llegar en 2014 el aVE. Frente al previsible incumplimiento de esta promesa electoral, la capital onubense cuenta con un solo tren en cada sentido que, desde el pasado año, incrementa el flujo de trenes al doble en la temporada de verano. la falta de servicios obliga a que los usuarios de la línea Huelva-Madrid, en su mayoría profesionales y estudiantes, tengan que viajar hasta sevilla por carretera y enlazar allí con el aVE. Pero existen más despropósitos de Fomento con esta provincia andaluza como la pretensión de anular la línea que conecta Huelva con Zafra o que

sigan sin articularse soluciones de mejora de las infraestructuras que permitan acortar el tiempo en el trayecto Huelva-sevilla, un servicio que en la actualidad necesita 1 h y 40 minutos para recorrer 90 kilómetros, el doble que por carretera. En la unión de Consumidores creemos que más, mejores y más rápidos trenes son clave para poner fin al actual aislamiento de Huelva, no sólo para atender a la demanda de los usuarios, sino también pensando en que el aumento de la oferta de trenes entre la capital onubense, el resto de andalucía y Madrid supondría un estímulo importante para el turismo estacional y, también, de fin de semana, pues como señalan los empresarios turísticos de la provincia, “Huelva cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un destino turístico de excelencia: playas de calidad, gastronomía, patrimonio cultural y naturaleza, pero carece de las conexiones suficientes”.

IV Jornadas Provinciales sobre el Ciclo Integral del Agua

Jaén

E

l 13 de junio la unión de Consumidores de jaén organizó en arjona las iV jornadas Provinciales sobre “la gestión del Ciclo integral de agua”, una actividad formativa anual que se dirige a responsables y técnicos de las administraciones públicas, empresas constructoras y gestoras de agua, asociaciones de consumidores o cualesquiera otros profesionales o técnicos relacionados con la gestión de aguas. En las jornadas, realizadas con la colaboración de la Diputación de jaén y los Consorcios de aguas del Rumblar, la loma, El Condado, Víboras-Quiebrajano y sierra de segura, se trataron cuestiones como el anteproyecto de la ley para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local y los modelos de gestión en el suministro de agua. Con la colaboración de centros educativos de diferentes municipios, también se preveyeron actividades lúdico-formativas para menores sobre el Ciclo integral del agua.


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Matura Málaga 2013 cional stand, con información sobre nuestros servicios y sobre consumo sostenible en general, nuestra entidad se hizo cargo de la natutECa, un espacio en el que los más pequeños pudieron realizar actividades de dibujo y manualidades con cartón y cartulina.

Málaga

l

a unión de Consumidores de Málaga contó con un gran protagonismo en la última edición de la Feria de Vida saludable y Desarrollo sostenible natura Málaga de este año, que estuvo abierta al público desde el viernes 17 al domingo 19 de mayo. Este año, además de nuestro tradi-

Durante la inauguración Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y María del Mar Martín Rojo, concejala de Economía y Hacienda tuvieron a bien visitar el stand de la Unión de Consumidores, donde les recibieron Jesús Burgos y Margarita Benítez, presidente y coordinadora de la Unión de Consumidores de Málaga, y Juan Moreno, presidente de UCA-UCE.

Rechazo a la subida de precios del Consorcio l pasado mes de julio entraba en vigor el incremento de precios del 3,056% aprobado por el Consorcio Metropolitano de transportes del Área de sevilla, un organismo participado por la junta de andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de 45 municipios de la provincia.

Esta subida supone que el billete sencillo sin saltos pasa de 1,35 euros a 1,40 euros, el billete sencillo con un salto de zona pasa de 1,5 euros a 1,55 euros, el de dos saltos sube de 1,60 a 1,65 euros y el billete sencillo con el máximo de cinco saltos pasa de 3,35 euros a 3,45 euros. En el caso de viajes realizados con la tarjeta del propio Consorcio Metropolitano, el precio de un trayecto sin saltos pasa de 0,92 euros a 0,95 euros, el trayecto con un salto pasa de 0,96 euros a 0,99 euros y el trayecto con el máximo de cinco saltos pasa de 2,83 euros a 2,91 euros. uCa-sevilla rechaza de forma rotunda esta subida que no hace sino ahogar aún más las ya asfixiadas economías domésticas de muchos ciudadanos, sobre todo de las personas trabajadoras y de los estudiantes que utilizan estos transportes a diario.

Sevilla

E


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Comer bien para vivir más y mejor Cuando hablamos de envejecimiento activo suelen venir a nuestra cabeza imágenes de personas mayores practicando actividades físicas. Pero la historia no queda ahí porque, además de ejercitar los músculos, también se introducen conceptos asociaciados a la actividad mental y social y, claro está, a la alimentación..

Y

es que se ha dicho muchas veces que “somos lo que comemos” y a esta aseveración no le falta razón porque la dieta es una gran aliada en la consecución de cierta calidad de vida… pero también puede ser todo lo contrario. De hecho, hay estudios que afirman que una dieta equilibrada acompañada de ejercicio físico pueden ayudar a prevenir hasta en un 30% de los tumores. En el caso de las personas mayores, la alimentación cobra aún más importancia si cabe ya que la dieta sana, llevar a cabo actividades físicas, mentales y sociales, sumado a desechar hábitos poco saludables como fumar o beber alcohol, se traduce en una mayor esperanza de vida. seguir una dieta equilibrada es invertir en salud. Precisamente una dieta saludable, acompañada de la práctica de ejercicio físico y del control del peso, nos permite reducir los riesgos de padecer tumores, especialmente los cánceres de colon y próstata. una reducción del riesgo que los especialistas del Programa de investigación en Epidemiología del Cáncer del instituto Catalán de oncología cifran entre un 15 y un 30%.

Para ello, la Federación Española de sociedades de nutrición, alimentación y Dietética, FEsnaD, recomienda comer al menos cinco piezas de frutas y verduras al día. El pescado, tres veces por semana; y las legumbres, entre dos y tres veces. los frutos secos –un puñado al menos tres veces por semana– y los lácteos desnatados o semidesnatados tampoco pueden faltar en la dieta. Es aconsejable realizar tres comidas principales al día (desayuno, comida y cena) y uno o dos entre horas como la merienda. no hay

que olvidar el capítulo de la hidratación, siendo recomendable beber entre 1,5 y dos litros de agua al día. si queremos tener la seguridad de que nuestro organismo recibe los nutrientes esenciales, debemos comer de todo o, lo que es lo mismo, seguir una dieta lo más variada posible, con especial protagonismo de los alimentos de origen vegetal y además ricos en fibras. los más aconsejable es que los alimentos sean lo más naturales posibles, con una elaboración culinaria lo más sencilla posible.

Foto: gsamx

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salud


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Oficina de Seguridad del Internauta Su objetivo es elevar la cultura de seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando información clara y concisa acerca de la tecnología y el estado de la seguridad en Internet.

i

En el portal de osi se puede encontrar innternet es una herramienta casi indispensable formación general sobre la seguridad en interen la vida cotidiana de muchas personas, oficina de net, recomendaciones, guías y herramientas pero también es un reflejo de la sociedad conseguridad del con las que navegar más seguro y dispone temporánea en la que vivimos, con sus clainternauta de una sección de ayuda para resolver proros y oscuros. además de los delincuentes blemas o dudas de seguridad. Especialcibernéticos, también hay toda una serie de www.osi.es mente interesante es la sección dedicada a riesgos vinculados al uso inadecuado de las  901 111 121 las noticias de actualidad, que recoge las últitecnologías de la información que hay que mas amenazas detectadas para la navegación tener en cuenta. en internet o los fallos de seguridad detectados en a este respecto la oficina de seguridad del productos de software y hardware, y las recomendainternauta (osi), un servicio de la secretaría de Esciones específicas de seguridad en diversos ámbitos como tado de telecomunicaciones y para la sociedad de la inforlos de la compra electrónica o la gestion del correo. asimación puesto en marcha por el instituto nacional de las mismo pueden ser muy útiles las herramientas de detección tecnologías de la Comunicación (intECo), proporciona ino eliminación de virus, de control parental o de optimización formación y soporte para evitar y resolver los problemas de funcional que proporciona o recomienda la osi. seguridad que pueden afectarnos al navegar por internet. Y no menos importante es la posibilidad de consultar a también impulsa la detección y denuncia de nuevas ameexpertos y técnicos para resolver dudas y problemas de senazas en la red, de fraudes, estafas online o de cualquier guridad tanto en los foros como por vía telefónica. otro tipo de ataque de seguridad informática.

RECOMENDACIONES DE LA OSI PARA LA COMPRA ONLINE

observa que la dirección comienza por

Evita el uso de equipos públicos (cibercafés, estaciones o aeropuertos, etc) para realizar transacciones comerciales.

Desactiva la opción ’autocompletar’ del navegador si accedes desde un equipo distinto al habitual o compartes tu equipo con otras personas.

Cierra tu sesión cuando acabes, para evitar que alguien pueda suplantarte.

Configura tu navegador para que puedas realizar cualquier transacción económica de forma segura.

https que indica que se trata de una conexión segura porque la información viaja cifrada.

asegúrate de la legitimidad de la página; con la barra de navegación en verde total confianza, con la barra en azul debemos conocer previamente que esa página coincide con la entidad solicitada.

ten en cuenta que tu banco nunCa se pondrá en contacto contigo para pedirte información confidencial.

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nuevastecnologías


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mundolaboral sucede nº 88

la ultraactividad de los convenios tras la reforma laboral

l

as reformas laborales impuestas, de

ahora, el propio legislador y la autoridad

un tiempo a esta parte, en el entorno

laboral. Cuestión que se fundamentaba

del mercado de trabajo español han ido

sobre un principio de necesario reequili-

dirigidas, con mayor o menor intensidad a

brio de las fuerzas y del que ha hecho

lograr un fin: erosionar la posición del fac-

gala, hasta ahora, el derecho del trabajo

tor trabajo. o lo que es lo mismo, reducir

en nuestro país. y el reconocimiento de

la capacidad legal así como el reconoci-

una situación de desequilibrio en origen,

miento de derechos y su ejercicio por

que exigía, recomponer la relación de

parte de los trabajadores activos en el

manera que se garantizase cierto equili-

seno de las empresas, en las administra-

brio entre empresario y trabajador.

ciones o en situación de desempleado.

Pero con la intención de devaluar de

la lógica de aquellos que han promovi-

facto el coste laboral en las empresas

do estas reformas laborales se sustenta

españolas el gobierno del PP ha promovi-

sobre un axioma único: “si no podemos eli-

do una reforma del artículo 86.3 en el E.t.

minar la totalidad de los derechos labora-

que tiene graves y lesivas implicaciones

les al menos reduzcámoslos a la mínima

para los trabajadores.

TExTO:

FRANCISCO FERNáNDEz SEVIllA

secretario general de ugt andalucía

Esta

acción

informativa

se

realiza en virtud de un convenio de colaboración entre la Unión de Consumidores de AndalucíaUCA/UCE y UGT-Andalucía.

expresión”. una visión que se explica desde una construcción ideológica que

Por ello es importante saber que:

tiene su base en el pensamiento neoliberal, al explicar el funcionamiento de la ofer-

a) Con estas bases jurídicas, las partes

ta y la demanda del factor trabajo y las

negociadoras son libres de pactar cláusu-

ineficiencias que producen los sindicatos y

las convencionales que cambien el régi-

las relaciones colectivas. Curiosamente lo

men legal de la ultraactividad del art. 86.3

que para algunos es fuente de ineficiencia

Et. las posibilidades son variadas, desde

para otros, también del orden académico,

eliminar o reducir temporalmente la prórro-

investigador y universitario es reflejo del

ga normativa del convenio anterior hasta

negociación y que todavía necesitan más

principio de tutela que debe regir las rela-

aumentar sus efectos o pactar ultraactivi-

tiempo para llegar a un pacto. Para estos

ciones laborales en las sociedades postin-

dad indefinida, recuperando, así, por vía

casos se asume disponer hasta finales de

dustriales.

del convenio, el derogado régimen jurídico

año para llegar a acuerdo

El nuevo artículo 86.3 del Estatuto de

llos convenios que están en proceso de

legal anterior.

los trabajadores (Et) regulado por la ley

Cuestiones relevantes a tener muy

3/2012 limita a un año la ultraactividad del

b) también caben posibles pactos que

presente en el ámbito de la gestión de las

convenio colectivo denunciado. una situa-

seleccionen las materias objeto de una

relaciones laborales en el seno de las

ción, que en la práctica comienza a apli-

mayor prórroga o se sometan a una

empresas por parte de los representantes

carse a partir del 8 de julio de este mes

ultraactividad indefinida. las cláusulas

de los trabajadores y la totalidad de los

para aquellos convenios que fueron

convencionales de ultraactividad, sea cual

mismos pero que, en ningún caso, evitan

denunciados antes del 31 de diciembre de

sea su regulación, son lícitas y prevalecen

que la máxima que desde la ugt segui-

2012.

siempre sobre lo establecido en el art.

mos propugnando es la desactivación total

86.3 Et.

de la reforma laboral promovida por el

c) además ugt, CCoo y CEoE-CEPY-

tituir derechos erosionados, lesionados y

nes laborales nos habíamos dado los tra-

ME han suscrito un acuerdo que pretende

con “fecha de caducidad” y cambiar para

bajadores y que había tenido a bien enten-

dejar sin aplicación a 8 de julio los efectos

ser más útiles aún y para mantener al sin-

der como necesaria, por lo menos hasta

de la caída de la ultraactividad para aque-

dicato en la ofensiva.

Pretender lapidar la ultraactividad de un convenio colectivo es eliminar la red de seguridad que en el ámbito de las relacio-

gobierno del PP. un primer paso para res-


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Declaración por la Sostenibilidad de los Envases

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l pasado mayo la unión de Consumidores de andalucía se adhería a los principios expresados por la Plataforma por la sostenibilidad de los Envases en la Declaración por la sostenibilidad de los Envases. Entre dichos principios está la consideración de los residuos, entre ellos los de envases, como un importante desafío medioambiental, social y económico, que deben ser considerados como una valiosa fuente de recursos. Por ello, la prevención en su generación y su correcta gestión ambiental deben ser objetivos prioritarios de cualquier estrategia empresarial y política medioambiental. la Plataforma por la sostenibilidad de los Envases tiene como principal objetivo convertirse en un punto de encuentro en el que ciudadanos y consumidores, entidades, organizaciones e instituciones de todos los ámbitos, puedan compartir conocimiento y desde donde ofrecer información acerca de los avances que se producen, de manera constante, en la gestión sostenible de los envases.

Convenio entre Aguas del Huesna y la Unión de Consumidores de Andalucía

E

l pasado 3 de junio Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de aguas del Huesna, y juan Moreno, presidente de la unión de Consumidores de andalucía, firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha de diversas iniciativas informativas para la ciudadanía y el establecimiento de un protocolo para la atención de dudas, incidencias o sugerencias que pudiera plantear la unión de Consumidores de andalucía. Durante el acto Fernando Rodríguez Villalobos destacó “la necesidad de contar con los usuarios y consumidores en empresas como aguas del Huesna” y la necesidad de explorar nuevos mecanismos de eficiencia como retos ineludibles en una época en la que la ciudadanía exige cada vez más calidad en la prestación de los servicios públicos. Por su parte, juan Moreno planteó “la importancia de poder articu-

lar en mejores condiciones mecanismos ágiles para la resolución de consultas y reclamaciones planteadas por los usuarios”.

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puntodeencuentro


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puntodeencuentro sucede nº 88

Premios Consumópolis 8

E

l vicepresidente de la junta y consejero de administración local y Relaciones institucionales, Diego Valderas, presidió el pasado 6 de junio en sevilla la entrega de los premios de la fase autonómica andaluza del Concurso Escolar 'Consumópolis8', acto en el que también estuvieron presentes la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, y el delegado del gobierno de la junta, javier Fernández. se trata de un concurso organizado por el instituto nacional de Consumo-inC y la junta de andalucía para promover y sensibilizar a la comunidad escolar de la importancia de consumir con responsabilidad, de una forma reflexiva, saludable, crítica y respetuosa con el medio ambiente. Este año fueron galardonados los equipos integrados por el alumnado de tercer Ciclo de Educación Primaria del Centro Escolar san Miguel de Pulpí (almería); Primer y segundo curso de Educación secundaria obligatoria del Centro Esco-

lar i.E.s 'Chaves nogales' de sevilla, y tercer y Cuarto Curso de Educación secundaria obligatoria del Centro Escolar i.E.s 'leonardo da Vinci' también de sevilla.

Convenio con el Colegio Oficial de Ópticos

E

l Colegio oficial de Ópticos-optometristas de andalucía y la unión de Consumidores de andalucía firmaron a principios del mes de junio un convenio de colaboración que persigue reforzar los lazos de comunicación, cooperación y actuación de ambas entidades. además de prestar asesoramiento y llevar a cabo distintas actividades formativas e

juan Moreno Rodríguez, presidente de uCa-uCE, y Blanca Fernández, presidenta del Colegio oficial de Ópticos-optometristas de andalucía.

informativas, ambas organizaciones quieren poner en marcha una serie de actuaciones de control, inspección y denuncia destinadas a detectar productos en el mercado que puedan dañar la salud ocular de los andaluces. Y es que no es extraño encontrar gafas de sol falsificadas de pésima calidad a la venta en establecimientos no autorizados o lentes de contacto que se distribuyen a través de internet incumpliendo la normativa y poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Por ello, ambas entidades han dado comienzo a su colaboración denunciando en rueda de prensa la venta de lupas gafas premontadas para los usuarios con presbicia. Ópticos-optometristas y consumidores han advertido de que las lupas gafas premontadas se fabrican con unas medidas estándares de distancia interpupilar y graduación que sólo coincide con un 5% de la población con presbicia. las lentes están fabricadas en su mayoría en plástico inyectado y sin ningún tipo de tratamiento, por lo que la imagen que producen tiene una gran cantidad de aberraciones, y no cuentan, en la práctica, con ningún tipo de control sanitario ni de calidad óptica.


Manifiesto de la Plataforma en Defensa del Cupón y del Juego legal

E

l 10 de mayo la Plataforma en Defensa del Cupón y del juego legal, integrada por todas las organizaciones de personas con discapacidad, más de 800.000 andaluces, los sindicatos ugt y Comisiones obreras, la unión de Consumidores de andalucía y las asociaciones unidad Progresista y alternativa social, junto con el respaldo de las organizaciones de la Mesa del tercer sector en andalucía (que integran Cáritas, Cruz Roja, Plataforma del Voluntariado, la Plataforma andaluza del Voluntariado, la Red andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, el CERMi-a), hizo público un manifiesto en el que se recogía su reconocimiento al trabajo y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el juego ilegal, en especial de la unidad adscrita a la junta de andalucía, y al empeño y voluntad de las administraciones públicas, en especial de la junta de andalucía, por su compromiso contra este tipo de actuaciones fraudulentas en la Comunidad autónoma. además, en el manifiesto se expone que la onCE es el único operador de juego en España que cuenta con los certificados de juego responsable: el de la organización Mundial de loterías, Wla (World lottery association) y el de la asociación Europea de loterías, El (European lotteries). ambas cuestiones están relacionadas con la preocupación de la Plataforma por la creciente actividad de operadores que comercializan en andalucía boletos similares a los cupones de la onCE sin las debidas autorizaciones administrativas, actividad que constituye un ilícito penal. la actividad de organizaciones como oiD o anDa en andalucía suponen un claro fraude de ley que atenta contra los derechos de los trabajadores y es también un fraude para los consumidores.


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auladeconsumo sucede nº 88

Foro de Análisis sobre la Cadena Agroalimentaria

a

tendiendo a la invitación cursada por la directora de Radio Córdoba-Cadena sER, isabel María sánchez Cabeza, la unión de Consumidores de andalucía participaba el pasado 7 de mayo en el Foro de análisis sobre la Cadena agroalimentaria en la provincia de Córdoba, un amplio y plural encuentro que se celebraba en el salón Mudéjar del Rectorado de la universidad de Córdoba y que contaba además con la participación de productores, distribuidores e investigadores y personal docente de esta universidad. tras las intervenciones iniciales de la junta de andalucía, a través de la Dirección general de industrias agroalimentarias; de la producción a través de Coag; de la empresa a través de Verdifresh; de la universidad, a través de CEia3 (Campus De Excelencia internacional agroalimentario), o de entidades como el Foro interalimentario o uCa-uCE, se abría un debate en el que se analizaban los beneficios que aporta la visión de Cadena agroalimentaria sostenible en el sector productor de la provincia cordobesa

y, por extensión, del resto del territorio autonómico o estatal. El presidente de unión de Consumidores, juan Moreno, centro su intervención en defender las bondades y beneficios del modelo para los consumidores, convencido de que este modelo cooperativo de los eslabones de la cadena ha de responder siempre al objetivo último de atender las demandas de dichos consumidores.

Programa de Alta Dirección Agroalimentaria

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l pasado mayo, juan Moreno, presidente de la unión de Consumidores de andalucía, expuso la ponencia titulada “los consumidores frente a la promoción de los alimentos” en uno de los módulos de la 2ª Edición del Programa de alta Dirección agroalimentaria-PaDa. El Programa de alta Dirección agroalimentaria-PaDa se desarrolla en las instalaciones de CitoliVa del Centro tecnológico del olivar y del aceite en Mengibar (jaén), y tiene como objetivo principal ofrecer al sector agroalimentario respuestas prácticas para afrontar con éxito los retos que exige la actual coyuntura de crisis y alcanzar un mayor posicionamiento en el mercado, aportando soluciones a los temas relacionados con el futuro del sector, a los cambios legales e institucionales que se producen en el mismo, a los retos de los nuevos mercados, así como a las nuevas exigencias del consumidor, de los canales de venta o de las exigencias de la distribución alimentaria.

Diego Valderas tuvo a bien visitar nuestro stand junto a Manuela Fernández y juan Moreno.


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auladeconsumo

9º Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación

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os pasados 31 de mayo y 1 de junio, el palacio de Congresos y Exposiciones-FiBEs de sevilla acogía la celebración de la novena edición del Congreso andaluz de Voluntariado en el que, como es tradicional, la unión de Consumidores de andalucía-uCa/uCE contó con stand expositivo. Este año el Congreso se ha desarrollado bajo el lema “Caminando hacia la Democracia Participativa”, siendo concebido como un foro para el encuentro, la reflexión y el debate, así como para el intercambio de experiencias en materia de Voluntariado y Participación. El Congreso sirvió además de escenario para la presentación del documento de trabajo de aportaciones al borrador del anteproyecto de ley andaluza de Participación Ciudadana, un proceso participativo desarrollado durante los

Diego Valderas tuvo a bien visitar nuestro stand junto a Manuela Fernández y juan Moreno.

últimos meses en todo el territorio andaluz y en el que la unión de Consumidores de andalucía ha querido estar especialmente implicada, evidenciando nuestra voluntad de reflexionar sobre las vías de avance hacia la Democracia Participativa.

Jornada de reflexión sobre la moratoria de transgénicos en Andalucía

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n el acuerdo de gobierno de la junta de andalucía sustentando por las fuerzas parlamentarias PsoE-a e iu andalucía se recoge el “establecimiento de una moratoria en andalucía sobre la liberalización de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta materia”. Y a principios de mayo, la Plataforma andalucía libre de transgénicos-Palt, de la que forma parte la unión de Consumidores de andalucíauCa/uCE, publicaba un documento de reflexión y justificación de dicha moratoria. asimismo, desde finales de 2012 la Palt mantiene reuniones periódicas con iu andalucía para avanzar en

dicha moratoria como la que tuvo lugar el pasado 4 de junio en el Parlamento de andalucía. juan Moreno, presidente de la uCa-uCE, defendió en su intervención el derecho a la información clara y completa de los consumidores en este tema a través de un etiquetado riguroso.


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perfil sucede nº 88

José Antonio Rodríguez Huertas Coordinador del servicio Municipal de Consumo de albolote (oMiC y ElCa) Ò nos gustaría conocer la gestión del servicio Municipal de Consumo del ayuntamiento de albolote, los retos que se plantean y los logros obtenidos. El reto actual es prestar asesoramiento a personas que no pueden cumplir con sus obligaciones de pago de los préstamos personales e hipotecarios, haciendo un mayor hincapié a las familias en situación de riesgo de exclusión y tramitando reclamaciones sobre clausulas abusivas y poco transparentes. las acciones emprendidas son: la intermediación, el asesoramiento personal, puesta en funcionamiento de la unidad local de información de sobreendeudamiento (ulis), información y formación a través de convenios con organismos públicos (Diputación de granada y junta de andalucía). En cuanto a los logros obtenidos destacar el alto grado de resolución de reclamaciones presentadas por las personas consumidoras, gracias a la potenciación de la mediación como mecanismo rápido, eficaz y seguro para ambas partes. aprobación de la una ordenanza municipal de defensa de las personas consumidoras y usuarias de albolote, pionera en la provincia de granada. las buenas relaciones con los comercios y empresarios de la localidad, y el alto número de establecimientos adheridos al arbitraje de Consumo, entre otros. Ò En el actual proceso de reforma de la administración, ¿cómo entiende las competencias municipales de consumo? Fundamentales e imprescindibles. En las oMiC´s se ofrece un servicio directo, cercano, gratuito; de asesoramiento y de resolución de controversias, evitando el procedimiento judicial; creando confianza y satisfacción en la ciudadanía. Hay que seguir potenciando la consolidación y la creación de nuevas oMiC’s como un servicio de primera necesidad que ofrecen los ayuntamientos a sus ciudadanos.

Ò la información, el asesoramiento y la gestión de las consultas, quejas y reclamaciones son algunas de las tareas que desarrollan. En este sentido, ¿cuáles son las principales inquietudes de la ciudadanía de albolote? se ha notado un incremento notable de visitas de personas a la oMiC. Con motivo de la crisis económica la ciudadanía es más cautelosa y reflexiva en la compra de bienes y servicios, siendo más exigentes con sus derechos. los sectores más reclamados son: telecomunicaciones, entidades financieras/seguros y electricidad. Ò además de todo lo anterior, para las personas consumidoras y usuarias también es importante la formación. ¿Cómo se abordan en su municipio estas tareas? la formación e información son vitales para la ciudadanía en general (consumidores y comerciantes), “un consumidor bien informado es una persona responsable”. Estas acciones se realizan a través de la Escuela local de Consumo de albolote (ElCa) y con talleres, que realiza uCauCE, dirigidos a todos los sectores sociales de la localidad, en especial a los más vulnerables. Ò Por último, ¿qué papel cree debe jugarse desde la sociedad civil organizada y concretamente desde organizaciones como la unión de Consumidores a escala local? Considero que el papel de las asociaciones de consumidores es muy importante y, a su vez, complementario del desarrollado por las oMiC’s. De hecho, el ayuntamiento de albolote lleva varios años firmando convenios de colaboración con uCa-uCE, una organización que realiza una labor fundamental en la defensa de las personas consumidoras y usuarias en andalucía y que es muy sensible a las demandas que plantea la población andaluza.


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Europa Press 02/05/2013 Agricultores y consumidores ofrecen motivos para la prohibición "urgente" de los transgénicos en Andalucía Europa Press 09/05/2013 (Córdoba) Se constituye la Comisión de Venta Ambulante de la capital con la incorporación de asociaciones de vecinos Hostel Vending 15/05/2013 UC Málaga denuncia la inexistencia de información para reclamaciones en máquinas expendedoras Europa Press 16/05/2013 La Unión de Consumidores consigue que el Gobierno restaure el grado de dependencia a una menor ciega Europa Press 16/05/2013 UCA-UCE registra en 2012 un total de 1.365 denuncias en telefonía e Internet Europa Press 17/05/2013 UCE-A se adhiere al manifiesto de la Plataforma Andalucía Libre de Fracking Málaga hoy 18/05/2013 La UCE denuncia que bares impiden el acceso a jóvenes con Síndrome de Down Europa Press 27/05/2013 UCA-UCE asesorará en sus oficinas sobre el arbitraje de las preferentes de Bankia Malagaes 27/05/2013 La Unión de Consumidores de Málaga detecta una técnica ilegal de las entidades bancarias contra los afectados por las cláusulas suelo

Diario sur 28/05/2013 La Unión de Consumidores de Málaga detecta un incremento desproporcionado en el IBI EFE sevilla 28/05/2013 UCA augura aumento alquileres ilegales por coste del certificado energético andalucía información 28/05/2013 UCE-Cádiz prevé un aumento de los alquileres ilegales por aplicación del certificado energético de viviendas ideal.es 28/05/2013 Recicomercio busca la colaboración en la recogida del cartón a las puertas de los establecimientos 20 minutos 28/04/2013 La mitad de inquilinos pagarían más por un piso eficiente, pero ¿habrá más alquileres ilegales? Europa Press 29/05/2013 El Ayuntamiento asegura que la subida del IBI se debe al cese de las bonificaciones que se aplican desde 2008 la opinión de Málaga 31/05/2013 Resueltas las primeras deudas con Emasa en La Palmilla andalucía información 23/04/2013 La Unión de Consumidores de Cádiz presenta su campaña contra las claúsula suelo en las hipotecas aBC 31/05/2013 Ya es obligatorio el certificado energético para vender o alquilar una vivienda

Diario de Cádiz 02/06/2013 Consumidores reclaman que se cumpla con el etiquetado de los alimentos noticias EFE 02/06/2013 Los consumidores piden al Gobierno debatir sobre la nueva factura de la luz Cadiznoticias.com 02/06/2013 La Union de Consumidores de Andalucía exige su participación en la elaboración de la nueva factura de la luz Europa Press 04/06/2013 Ópticos y consumidores denunciarán la venta de productos de salud ocular no regulados Radio ubrique 06/06/2013 La Unión de Consumidores alerta de la falta de información en torno al fin de las tarifas de datos ilimitados Europa Press 13/06/2013 Consumidores piden a la Junta más control de trazabilidad en producción agroalimentaria por la toxina en pienso noticias EFE 13/06/2013 Consumidores piden más controles ante contaminación de pienso para ganado andalucía información 18/06/2013 UCE Cádiz insiste en seguir denunciando las 'cláusulas suelo' en las hipotecas sur 21/06/2013 El IRPH impide a miles de malagueños ahorrar unos 250 euros al mes por la caída del euríbor noticias EFE 13/06/2013 Los andaluces no se fían de los contadores ni las balanzas en los comercios

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Sucede88  

Revista Sucede 88 Julio/agosto 2013

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