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Celda de castigo

D

esde su aprobación en 1995, el Código Penal ha sido objeto de 25 reformas, tanto por parte de gobiernos del PSOE como del PP, todas en la misma dirección: endurecer las penas de cárcel y limitar y obstaculizar las penas alternativas. Esto ha provocado que España tenga una de las poblaciones reclusas más altas de Europa (ocupa el sexto lugar con una media de 153 presos por 100.000 habitantes -Eurostat, 2006-2008-), aunque las tasas de criminalidad decrezcan año tras año (casi 49 infracciones penales por cada mil habitantes en 2011, en comparación con las 65 de la UE).

Estas cifras llevan a algunos a pensar que el sistema judicial español tiene una tendencia exagerada hacia las condenas penitenciarias, obviando alternativas más acordes con la reinserción, hacia donde debe orientarse el sistema penal (art. 25 de la Constitución). En esta línea de dureza se sitúan la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, dos de los aspectos de la nueva reforma que más debate están generando. Precisamente, en enero de este año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó ambos preceptos como inconstitucionales en un informe no vinculante, considerando que estarían vulnerando el mencionado artículo 25.

1

Julio Villarrubia,

portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso.

El Grupo Socialista rechaza el endurecimiento del Código Penal porque consideramos que es ya suficientemente duro. El cumplimiento íntegro de las penas que contempla la reforma del Gobierno parece obedecer más a un populismo punitivo creciente. Desde el punto de vista de la tasa de delincuencia, tampoco se justificaría dicho endurecimiento, pues España está por debajo de la media europea según Eurostat.

2

Indudablemente, no. La protección que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género proporciona a las mujeres víctimas de esta violencia se ve mermada con esta reforma. Entre otras modificaciones rechazamos que despenaliza faltas, en particular, la imprudencia leve con resultado de lesiones y la vejación injusta de carácter leve; se elimina la mención de “delitos relacionados con la violencia de género”, al regular las prohibiciones, deberes y medidas en las suspensiones de penas sustitutivas; y se elimina el agravante de cometer el delito de violencia habitual sobre la mujer en presencia de menores o en el domicilio familiar.

3

Del anteproyecto del Código Penal se deriva que la persecución de los delitos de 'cuello blanco’ no constituyen la prioridad del Gobierno. Sin embargo, se criminaliza a desempleados, pensionistas y trabajadores en la misma reforma, que ofrece al defraudador la oportunidad de regularizar su situación tributaria con grandes facilidades, vulnerando de manera clara el principio de igualdad.

Al hilo de esta crítica surge otra, común a reformas anteriores: la afición del legislador español por el populismo punitivo, esto es, reformar las leyes al calor de casos de gran impacto mediático (algunas de las nuevas medidas parecen hechas ex profeso para los casos de Marta del Castillo o José Bretón) y obtener el beneplácito de la opinión pública en lugar de resolver el problema. También han sido objeto de debate la ausencia de avances en la lucha contra la violencia de género (se suprime el agravante de maltrato en presencia de menores y sigue sin incluirse el término “violencia de género”) o de medidas contra la alta delincuencia económica o la corrupción política.

1

Gaspar llamazares,

portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia del Congreso.

En absoluto. La delincuencia en nuestro país, sobre todo en relación a determinados delitos, está por debajo de la media europea. Este endurecimiento va a agravar aún más lo que sí es un problema, que es la alta tasa de población reclusa, una de las más altas de la UE. Este Gobierno del PP, como ya hicieron sus antecesores del PSOE, legisla demasiado a golpe de titular de informativo. Creen que a cada apertura de telediario le debe corresponder un endurecimiento penal. La prevención, labor fundamental y más efectiva, queda relegada.

2

Llevamos años poniendo parches en este asunto. De nada valen reformas continuas de la legislación penal si a la hora de la verdad existen serios problemas para hacer un seguimiento de la situación de las denunciantes, qué pasa con estas personas cuando ya han sido acosadas o atacadas y cómo facilitarles la asistencia adecuada en los meses y años siguientes.  

3

Dice mucho de cuáles son las prioridades de este Gobierno. Los delitos de ‘cuello blanco’ no están entre las principales preocupaciones de Gallardón, igual que la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida no lo están en las de Montoro y De Guindos. No solo eso, sino que el Gobierno de Rajoy ejecutó una vergonzosa y fracasada amnistía fiscal, recaudando la mitad de lo que esperaban y enfadando a quienes cumplen con Hacienda. De nada vale que Montoro diga que estudia publicar listas de defraudadores. Si las tiene, que vaya a la Fiscalía mañana antes que pasado.

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Revista Números Rojos 006  

Esta democracia no nos sirve

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