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“Todo el mundo sabe que hay una clarísima correlación entre inversión en I+D y éxito comercial. invertir ahora en ciencia es crucial para el desarrollo"

Foto: 'La playa de Maspalomas', Enrique Cañas.

peter gruss, presidente de la Max Planck Society.

el Estado invierte 317 euros por habitante en I+D+i, las empresas privadas ponen 163 (La inversión en I+D+i, 2012). “Todo el mundo sabe que hay una clarísima correlación entre inversión en I+D y éxito comercial. Invertir ahora en ciencia es crucial para el desarrollo”, afirma Gruss. Pero nuestros políticos no parecen de este mundo. Un intento de apoyar a la I+D privada han sido las bioincubadoras. Ideadas para traducir la investigación básica en aplicada, apoyan a las empresas creadas específicamente para desarrollar las aplicaciones de un posible descubrimiento. “La Administración les ofrece unas instalaciones y un tiempo para que la empresa se consolide y pueda poner en valor ese posible descubrimiento”, explica Augusto Silva. Pero se financian principalmente con capital riesgo (inversión en un producto prometedor pero de incierto futuro), de poca tradición en España, lo que hace que sea “una de las áreas que más está sufriendo la crisis”.

El sulfuro de estaño se está estudiando como alternativa más económica y menos tóxica para la construcción de células solares, las celdas que componen los paneles solares.

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Dado que poco se puede esperar de la I+D privada, la salida pasa por una inversión pública sostenida y creciente. Ya que esto no parece ser un objetivo realista a corto plazo, Amaya Moro-Martín aboga por “una gestión más eficiente de los recursos, mayor coordinación entre instituciones, seguir criterios científicos, y disminuir la carga burocrática. La comunidad científica no solo no se opone a una reestructuración, sino que la espera como agua de mayo”. Y en esa reestructuración ocuparía un lugar central la Agencia Estatal de Investigación, cuya creación está prevista para 2014. Esta es una reclamación histórica de la comunidad científica, que ve en ella una manera de ganar autonomía y mejorar la planificación de la financiación de la ciencia. La agencia se encargaría de aglutinar, coordinar y gestionar toda la política estatal de I+D. Además, estaría libre de condicionantes políticos, porque se colocaría al frente a un científico de prestigio sin filiación (flagrante al menos) a un partido, tal y como sucede en los países más avanzados. “Es fundamental -asegura Augusto Silva-. Tiene que haber un organismo que proteja la investigación y que tenga fuerza para convencer de que la investigación pública es tan importante como la Sanidad o la Educación. Y hoy en día no existe un organismo así”. El director de I+D en Althia propone, basándose en su experiencia en el CSIC, la creación de oficinas de transferencia de tecnología, "como las de los países avanzados, que ayuden al investigador a saber si su trabajo es patentable, si se puede poner en valor. Aquí no han estado bien desarrolladas”. Como dijo la secretaria de Estado para I+D, Carmen Vela, en un controvertido artículo en Nature citando a Einstein: “La fuerza más poderosa no es el vapor ni la energía atómica, sino la voluntad”. Los científicos han mostrado su deseo de salir adelante apoyados en un modelo productivo basado en la investigación y la riqueza de nuestras ideas y no en la mano de obra barata. Quizás sea turno de la Administración de hacer suyo este afán.

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Revista Números Rojos 006  

Esta democracia no nos sirve

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