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Una publicación de: La Escuela de Derecho Universidad Marista de Mérida

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IDEAS EN MOVIMIENTO

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DESDE AFUERA”

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El problema de la Contaminación Visual p.24

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El Sistema Nacional Anticorrupción p.12

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LA SUPREMA CORTE

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El valor de las zonas costeras del país. Derecho Ambiental. P. 36

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¿Dónde empieza el final del mar? O más aún: ¿a qué nos referimos cuando decimos mar? ¿Nos referimos al inmenso monstruo capaz de devorar cualquier cosa o a esa ola de espuma en torno a nuestros pies? ¿Al agua que te cabe en el cuenco de la mano o al abismo que nadie puede ver? ¿Lo decimos todo con una sola palabra o con una sola palabra lo ocultamos todo?” * ¿Dónde empieza el final del conocimiento?

Fotografía de portada y editorial_ José Manuel Rodríguez Aguilera Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura de Diseño Gráfico.

* Fragmento tomado del libro: “Océano mar” de Alessandro Baricco.

Empieza donde termina el esfuerzo. Donde se apaga nuestra voluntad de saber, en el momento que el hambre de información, datos y verdades se ve saciada. El esfuerzo de navegar. El conocimiento y su difusión, como cualquier otra causa valiosa, demanda esfuerzo. Esa es nuestra apuesta. Aprender, fallar y acertar, pensar, escribir y compartir. Navegar entre las olas de ese mar es el objetivo de esta revista. Si bien se trata de una publicación eminentemente jurídica que se origina en la escuela de derecho, entendemos que el conocimiento -como el mar- no tiene límites ni divisiones absolutas, sino vientos y mareas que hacen que todas las aguas interactúan y se vuelvan una sola. Es por eso que esta revista está abierta a todas la ciencias sociales en el más amplio sentido. Del mismo modo, no se limita a publicaciones de estudiantes: en este espacio podrán colaborar profesores, alumnos, ex alumnos de todas las escuelas y cualquier otro miembro de nuestra comunidad universitaria. El único estándar es la calidad. Buscamos contribuir a la construcción de algo que no puede faltar en nuestra universidad: espacios de difusión y promoción del conocimiento. Queremos ponerle una tabla más al barco en el que todos navegamos. Una universidad es, por naturaleza, creadora y difusora de ideas: una masa crítica, viva y dinámica que consume y produce conocimiento. Pero es también depositaria de una enorme responsabilidad: no podemos quedarnos con el conocimiento que aquí creamos, tenemos la obligación, e incluso el deber moral, de difundirlo y hacerlo útil a la sociedad. Agradecemos al rector Miguel Baquedano, al director de la escuela de derecho Felipe Ortegón a Andrés Vidal y los profesores miembros del consejo editorial y a los colaboradores de este número su respaldo y la confianza que depositaron en nosotros y en este proyecto. Son ellos quienes lo hacen posible. Esta revista queda en manos de todos quienes la lean, difundan y colaboren con ella, es una revista de nuestra comunidad universitaria. El tema, serán las mareas, y no las que ya tenemos en el cuenco de la mano, sino las que se encuentran en ese abismo que aún no logramos ver.

Equipo


RECTOR Miguel Baquedano Pérez

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO Felipe Ortegón Bolio

CONSEJO DE COORDINACIÓN Ricardo Vázquez Cárdenas Eduardo Ancona Bolio Joaquín Rodríguez de la Gala Ramos

CONSEJO EDITORIAL Felipe Ortegón Bolio Guillermo Bolio Riancho Jorge Carlos Estrada Avilés Jacqueline Rivero Bulnes Ignacio Gaspar Ancona Solís

DISEÑO EDITORIAL Andrés de J. Vidal Arias

ENTREVISTA Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas

COLABORADORES Salvador Leyva Morelos Zaragoza Diego Villarreal Palma Jorge Carlos Estrada Avilés Andrea P. Sabido Suárez Ileana Simón Sales René A. Ramírez Benítez Oscar Leonardo Ríos García Joaquín Rodríguez de la Gala Ramos Ricardo Vázquez Cárdenas José Manuel Rodríguez Aguilera

LO LEGAL

Revista Marea es una publicación trimestral, creada por alumnos de la Escuel de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial por cualquier sistema o método, incluyendo electrónico o magnético sin previa autorización del consejo. El contenido de las imágenes y artículos es responsabilidad de sus respectivos autores y no representa el punto de vista de la Universidad.


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PUNTO DE QUIEBRE EL SISTEMAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

México vive una época en las que los gobernadores de las entidades federativas se han visto envueltos en escándalos de corrupción

TEXTO_ René Ramírez Benítez

sin precedentes. Ya sea por los supuestos desvíos de recursos, los favoritismos o redes de corrupción con familiares o el sector empresarial, hasta actitudes ilícitas como lavado de dinero, ha quedado al descubierto la debilidad del federalismo operativo mexicano. Los órganos de fiscalización superior de los estados, así como los poderes legislativos y oposiciones políticas, se han visto rebasados o han participado en esta situación con su omisión o complicidad. Ante este escenario, se formuló un sistema anticorrupción con una particularidad local.


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l Sistema Nacional Anticorrupción promete ser la respuesta institucional y legal para combatir uno de los males profundos de la vida pública mexicana. Muchos cambios trajo consigo este método de combate directo, ya sea en el regreso de instituciones derogadas como la Secretaría de la Función Pública, que será el órgano garante la ética de los servidores públicos. Las modificaciones penales, en la adhesión de un nuevo capítulo con tipos penales en los que incurrirían los funcionarios de esta naturaleza, así como una fiscalía especializada en la persecución de estos delitos. Así como las nuevas capacidades y formas de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No es del tanto menor, las nuevas estipulaciones en las obligaciones de los servidores públicos y el poder recurrir a faltas graves y no graves, o en delitos como se mencionó anteriormente.

Sin embargo, uno de los puntos torales de este sistema son los sistemas locales que deberán formar las entidades federativas para combatir a este fenómeno. Es en ese ánimo, que el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) establece los sistemas locales formaran parte del sistema nacional, a través de sus representantes. Quieren decir que este sistema nacional, prevé que el federalismo y sus debilidades en el sistema político mexicano, sea una prioridad en el enfrentamiento. En este tenor, el artículo 113 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su último párrafo determina que “las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”. Sobre estos sistemas, el artículo 36 de la LGSNA, indica que las entidades federativas “desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a las siguientes bases”: • Su integración debe ser igual al sistema nacional. • Acceso a la información pública necesaria. • Si llegan a emitir recomendaciones, informes o políticas públicas que emitan, deberán tener respuesta de las autoridades a quienes van dirigidos

javier duarte, ex gobernador de veracruz. • Contar con los mecanismos suficientes para emitir recomendaciones, informes y políticas públicas. • Emitir informes públicos a los titulares de los poderes en los que den cuenta de las acciones anticorrupción. • Contar con un Consejo de Participación. • Y dicho Consejo deberá tener la conformación mínima y designados mediante un procedimiento similar al nacional.

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xistirán dificultades operativas en relación a estos sistemas locales, que si bien no solo me refiero a los gobernadores de los estados, que han demostrado la gran capacidad de armar y configurar leyes e instituciones a modo en sus entidades, todo ello para poder seguir con el ciclo de impunidad del cual viven y sobreviven. Un ejemplo de este tipo de sistemas, y el esqueleto con el cual van a ser amados, se da en el Estado de Yucatán. Del cual no es el único, es una de las entidades que nos deja vislumbrar los pasos que seguirán las entidades federativas en la creación de los sistemas locales. Conforme a la reforma constitucional que da vida al Sistema Nacional, el día 20 de abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el decreto de reforma 380/2016 que crea el Sistema Local Anticorrupción en aquel Estado, y se establece en el artícu-


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lo 101 Bis de la constitución local que “es la instancia de coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, Así mismo, participará, colaborará Y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción […]” El anterior Sistema estará conformado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; Vice Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y un representante tanto del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana. Sobre el Sistema Local establecido en la reforma constitucional yucateca, las cuestiones relevantes consisten en 5 puntos: El primero es el Comité Coordinador que estará conformado por las autoridades mencionadas en el párrafo anterior, y otro Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 ciudadanos “destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o al combate a la corrupción”. Segundo, consiste en las acciones derivadas del trabajo de la Auditoría Superior del Estado, la cual podrá promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la imposición de sanciones a los servidores públicos sobre las faltas graves. De igual manera, derivado de denuncias se podrá revisar el ejercicio fiscal en curso (auditoría en tiempo real). El tercer punto está relacionado con el órgano jurisdiccional en la materia, el cual es el Tribunal de Justicia Administrativa, quien tendrá el carácter para imponer sanciones a servidores públicos por faltas graves, “así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales”. El cuarto punto versa en las faltas administrativas graves de los servidores

públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. El quinto y último consiste en la autoridad encargada de investigar y perseguir los hechos de corrupción en el sistema justicia penal, el cual será el vicefiscal especializado en combate a la corrupción. Y su efectividad va a recaer en la autonomía de la fiscalía general y su capacidad de facto, para perseguir dichos delitos sin importar partidos o personajes.

Las legislaturas de los Estados tendrán la oportunidad única de refrendarse como verdaderos representantes del sentir popular, o en su caso, como un medio ineficaz de dar solución y representación. Como podemos apreciar, si bien es la creación de mayor burocracia para el combate a la corrupción, es una oportunidad única para generar espacios de combate frontal a nivel estatal, el cual es un nivel de mayor debilidad a la hora de la implementación de políticas públicas. Es cierto que contiene flagelos, como demuestran los casos de Quintana Roo o Veracruz, en los cuales las legislaturas locales hicieron modificaciones a modo para que los ejecutivos estatales salientes no tuvieran problema alguno por los escándalos de corrupción cometidos en sus entidades. Sin embargo, vemos como nuevamente la oposición tendrá un papel imperativo en la creación de sistemas efectivos, y que generen el atinado contrapeso en el cual se sostiene el alma completa u origen mismo del Sistema Anticorrupción tanto a nivel nacional o estatal. Las legislaturas de los Estados tendrán la oportunidad única de refrendarse como verdaderos representantes del sentir popular, o en su caso, como un medio ineficaz de dar solución y representación. Ustedes escojan.


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Modelos de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal TEXTO_ Oscar Ríos García

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l sistema jurídico mexicano ha estado en constante transición. Se han llevado a cabo reformas constitucionales de gran relevancia como la de derechos humanos, la nueva Ley de Amparo, y desde luego, la reforma de 2008 que establece la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y oral. La instauración de este nuevo sistema trae consigo la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), ordenamiento jurídico de carácter adjetivo que regirá en todo el territorio nacional para la substanciación de los juicios orales. Uno de los aspectos más novedosos que contiene el CNPP, es la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una forma de responsabilidad penal sui generis que ya es viable en nuestro país. La realidad actual en aspectos de delincuencia organizada es drástica. Los grupos delictivos que se dedican a estas acciones utilizan a empresas

como instrumento para la comisión de delitos como el lavado de dinero, contra el medio ambiente, evasión fiscal, entre otros. Las cifras en México son preocupantes. En 2016, el SAT investigó a más de diez mil empresas fantasmas por la simulación de actos o por su intervención directa en ciertos delitos. Lo anterior son solo algunas de las razones que motivaron la creación e implementación de esta forma de responsabilidad penal empresarial en nuestro sistema jurídico. Cabe recalcar, que también han existido posiciones que se oponen a esto, con fundamento en el principio societas delinquere non potest (las sociedades no delinquen). La experiencia en ejercicios de derecho comparado han establecido académica y legislativamente diversos modelos para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. El artículo 421 del CNPP, establece dos modelos de responsabilidad penal empresarial. El primero, “modelo de transferencia” (mejor conocido como “de im-

putación directa o de responsabilidad vicarial”), determina que una persona física comete el delito dentro de los fines de la empresa y con el objetivo de beneficiarla, teniendo como consecuencia una transferencia de responsabilidad penal a la empresa. Es importante recalcar que deben comprobarse también los elementos subjetivos de la persona física, como lo son el dolo o la culpa, para que pueda transmitirse el reproche a la persona moral. El segundo, conocido como “teoría de la identificación”, se refiere a que el delito es realizado por un miembro de alta jerarquía de la empresa o, cuando existe consentimiento, tolerancia o falta de vigilancia por parte de los miembros que se encuentran en la cúspide de mando o decisión de la persona moral. España también utiliza éste tipo de responsabilidad directa o vicarial en su sistema jurídico, de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal Español. En ese sentido, es inevitable darnos cuenta de que el desahogo procesal hacia


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una empresa siempre irá acompañado de una persona física, así como lo maneja el sistema francés, el cual, es considerado como un sistema de “doble imputación” ya que existirán dos tipos de responsabilidades penales; la de la empresa, y la de la persona física en carácter de autor o partícipe. Por otro lado, respecto al listado de sanciones o penas que se le pueden imponer a una empresa, el CNPP establece entre ellas: multas, decomisos de objetos, suspensión de actividades, clausuras y desde luego, la pena de muerte, es decir, su disolución total. Como es de explorado conocimiento en el derecho penal, sabemos que existen excluyentes del delito y eximentes de responsabilidad. De igual forma, el CNPP contiene las excluyentes o eximentes de responsabilidad aplicables para las personas jurídicas que lleguen a ser investigadas y procesadas de algún delito. Para lograr esto en un juicio, es donde entra la novedosa figura del “Compliance Program” o mejor conoci-

da como “Programa de Cumplimiento”. Estos programas son los que eximirían la responsabilidad o atenuarían la pena a una empresa en un juicio penal. Un Compliance es un documento que establece una serie de pasos, reglas o lineamientos detallados que deben cumplir a cabalidad todos los miembros de una empresa, independientemente del nivel de jerarquía en el que se encuentren. El Dr. Miguel Ontiveros Alonso, ha establecido que “los compliance programs se reflejan en instrumentos de distinta índole, desde circulares internas que establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones”. Entonces, hoy en día las empresas deben realizar sus programas de cumplimiento con ciertos requerimientos para que resulten efectivos como medio de defensa en un juicio penal. Para la validez y eficacia de un Compliance Program en materia penal, éste debe tener las siguientes cinco fases:

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A.- Elaboración de un diagnóstico para la detección de riesgos. B.- Diseño de reglas mínimas de autorregulación. C.- Capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa. D.- Implementación de un sistema de denuncias interno y externo. E.- Implementar un sistema de supervisión y sanción liderado por un Compliance Officer. Para concluir, el Compliance es un requisito indispensable que debe estar perfectamente diseñado por especialistas en distintas materias, según el giro de la empresa, ya que su objetivo es proteger a la persona moral en caso de existir imputación penal, y así salir absuelta ante la acusación de la fiscalía o mínimo, atenuar una sentencia de las que contempla el CNPP.


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El nuevo juicio ejecutivo mercantil oral TEXTO_ Abog. Jorge Carlos Estrada Avilés MDM

Los avances en materia procesal en nuestro país, que transita hacia un modelo de litigio basado en la oralidad y que inició con la materia penal a partir de la reforma constitucional del año 2008, se ha adoptado en otras áreas del derecho procesal, tanto en materia civil como familiar y desde luego en la mercantil.

En este breve trabajo comentaremos uno de los aspectos más relevantes contenidos en la última reforma en materia procesal mercantil publicada el 25 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, contenida en el denominado: “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles”, que es el relativo a la creación de una nueva vía o tipo de juicio identificado como ejecutivo mercantil oral. La vigencia general del referido decreto inició al día siguiente de su publicación en el órgano oficial de difusión de las normas federales, es decir el 26 de enero de 2017, no obstante en lo relativo tema de que nos oral, entrará en vigor un año después de dicha publicación, es decir el día 25 de enero del año 2018.

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ocuparemos, del juicio ejecutivo mercantil


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Similitud y supletoriedad del juicio oral mercantil. Se aprecia la similitud y supletoriedad del juicio oral mercantil a las reglas de esta via ejecutiva oral, ya que se dispone:

Estructura de la regulación de esta nueva vía ejecutiva mercantil oral. La más transcendente reforma de todo el decreto antes referido, se dió a través de la creación de una nueva vía, tipo o clase de juicio mercantil, denominado Juicio Ejecutivo Mercantil Oral. Su regulación está contenida en 16 artículos, del 1390 Ter al 1390 Ter 15, dividido en 5 Capítulos denominados: el primero “Disposiciones Generales”; el segundo “Del Procedimiento Ejecutivo Mercantil Oral, a su vez subdivido en dos secciones, la primera nombrada “Fijación de la litis” y la segunda “De las Audiencias”; el capítulo tercero “De los Incidentes”; el cuarto “De las Pruebas” y el quinto y último “De la Ejecución”, que contiene una Sección Primera sin título. Procedencia de la vía ejecutiva mercantil oral. El presupuesto para la procedibilidad de esta nueva vía ejecutiva mercantil oral se establece en primer lugar respecto del documento base de la acción, que lo serán los mismos que para el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral están relacionados en el numeral 1391 del propio Código de Comercio y en segundo lugar, en razón de un monto mínimo y otro máximo, siendo el mínimo el monto fijado anualmente para la procedencia del recurso de apelación y para el primer año de vigencia se fija el monto máximo en la suma de 4 millones de pesos, sumas que se actualizarán anualmente.

1.- El carácter inimpugnable, mediante recurso ordinario, de las resoluciones pronunciadas en este juicio ejecutivo oral. 2.- La posibilidad de regularizar todo el procedimiento por algunas omisiones o irregularidades. 3.- El derecho de las partes de pedir la aclaración de la sentencia en la audiencia en la que se dicte: 4.- La aplicación de las mismas reglas del juicio oral al nuevo juicio ejecutivo oral en materia de:

• Los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. • La intervención de intérpretes. • La facultad del juez como rector del

proceso y el uso de medios de apremio para cumplir sus determinaciones.

• El perfeccionamiento de pruebas fuera de la sede judicial pero dentro de su jurisdicción territorial. • Las reglas para la nulidad total de las actuaciones. •

La aplicación supletoria de las reglas generales del propio Código de Comercio.

• Las reglas para las promociones orales y las escritas. • Las notificaciones en general y las excepciones de las de carácter personal que deben hacerse en los juicios orales. • Los requisitos de la demanda. • Las reglas en materia de prevenciones al actor o al demandado. • Las reglas para el desarrollo de la audiencia preliminar. • Las reglas para el desarrollo de la audiencia de juicio. • El trámite de los incidentes. • El desahogo de las pruebas.

Incompatibilidad de la supletoriedad. Se establece en todo caso, que las reglas de supletoriedad del juicio oral mercantil, anteriormente relacionadas, no se aplican al supuesto de la reconvención, en razón a que es incompatible con esta vía ejecutiva oral. Auto de exequendo. Dispone la adición del artículo 1390 Ter 5 que una vez presentada la demanda se dictará auto con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago y no haciéndolo se proceda al embargo siguiendo las reglas del Juicio Ejecutivo Mercantil en materia de notificación, citación, requerimiento de pago, embargo, emplazamiento, orden en el embargo de bienes y la entrega de copia del acta levantada por el Actuario con motivo de dicha diligencia a las partes con el derecho del actor de solicitar una inscripción preventiva del embargo con dicha copia. Contestación de la demanda. Se establece el plazo de 8 días (hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acto) para que el demandado conteste la demanda, debiendo referirse a cada hecho de la demanda y limitando sus excepciones a las mismas establecidas para el Juicio Ejecutivo Mercantil en los artículos 1397, 1398 y 1403. Se debe dar vista al actor por 3 dìas de la contestación para que la desahogue. Debe el juez igualmente verificar que el emplazamiento se hubiera realizado conforme a la ley, siguiéndose las reglas para el ofrecimiento de pruebas hecho en la contestación de demanda, particularmente las documentales en que se funden las excepciones, dando vista a la parte actora por 3 días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga, debiendo dictarse auto citando a la audiencia preliminar. Allanamiento de la demanda. Si el demandado se allanare a la demanda y solicita término de gracia se le debe dar vista al actor por 3 días, debiendo el juez resolver en la Audiencia de Juicio sobre las proposiciones de las partes, misma audiencia que debe celebrarse en un plazo no mayor de 10 días en la que se dictaría la sentencia respectiva. El allanamiento elimina la necesidad de la celebración de la Audiencia Preliminar pues ya no existe una litis que resolver y solamente se trata de ajustar las propuestas de las partes para el cumplimiento de lo reclamado en la demanda. Ejecución de sentencias y convenios en juicio ejecutivo oral. Se aplican para la ejecución de convenios y sentencias

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Cuestiones relevantes derivadas del decreto de reformas publicado en el Diario oficial de la Federción el 25 de enero de 2017. dictadas en la vía ejecutiva oral, las mismas reglas establecidas para el Juicio Ejecutivo Mercantil, así como las contenidas en las Disposiciones General del propio Código de Comercio (Libro Quinto Titulo Primero).

Cabe destacar, además de la creación del nuevo Juicio Ejecutivo Mercantil oral, que los artículos transitorios del decreto de reformas aludido también disponen: 1.- La entrada en vigor del decreto al día siguiente al de su publicación, o sea el 26 de enero de 2017, como anteriormente ya se había comentado. 2.- La entrada en vigor del Título Especial Bis denominado “Del Juicio Ejecutivo Mercantil oral”, como ya se había previamente señalado, a los 12 meses de la publicación del decreto, esto es, el 25 de enero de 2018. 3.- La fijación del monto o cuantía para la procedencia del juicio oral mercantil a partir del 25 de enero de 2018, en contiendas cuyo monto sea menor a

$1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin considerar intereses y demas accesorios a la fecha de presentación de la demanda, con la excepción de que se hiciera valer la reconvención por una suma mayor, en la que se reservarán los derechos del reconvencionista para que los haga valer ante el juez que resulte competente.

de la oralidad no ha dado los frutos esperados, en razón a que el sistema de justicia nacional ha creado estas figuras en las legislaciones procesales en estas ramas, sin hacer cambios de fondo en la infraestructura de los tribunales, quienes son en muchos casos los mismos que conocen los tipos o clases de juicios tradicionales escritos.

4.- La fijación del monto o cuantía para la procedencia del juicio oral mercantil a partir del 25 de enero de 2019, en contiendas cuyo monto sea menor a $1,500,000.00 por concepto de suerte principal, sin considerar intereses y demás accesorios a la fecha de presentación de la demanda, con la excepción de que se hiciera valer la reconvención por una suma mayor, en la que se reservarán los derechos del reconvencionista para que los haga valer ante el juez que resulte competente.

Estas reformas tendrían una mejor aplicación, si se hiciera previamente un estudio de fondo, respecto de la estructura orgánica de los tribunales que van a conocer la materia de oralidad procesal civil y mercantil, así como de sus procesos internos en el tramite y desahogo de las gestiones propias de cada tipo de litigio, para determinar si se requiere crear tribunales especializados y aún de ser así, establecer una reingeniería de los procesos internos de estos juzgados para que funcionen de manera eficiente y se cumpla el mandato constitucional contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que la justicia se imparta de manera pronta, expedita y completa, que al día de hoy sigue siendo un reto para los tribunales y un anhelo para los justiciables.

5.- La determinación, a partir del 25 de enero de 2020, de que todas las contiendas mercantiles, sin limitación de cuantía, se tramitarán en la vía oral mercantil en los supuestos establecidos en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio. En la práctica procesal en el caso particular de las materias civil, familiar y mercantil, la introducción


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olga sánchez cordero

Más que una nueva constitución, se necesitan reformas a las que tenemos, en donde se haga una nueva sistematización de los temas y se saquen algunas cuestiones de la Constitución que no tienen que estar.

¿Cómo cree que llega la Constitución a sus 100 años?

No veo que exista la necesidad de hacer una nueva constitución, pero sí de sistematizar la actual, de poder replanteárnosla, ver qué temas faltan. Yo creo que sería reformar la Constitución actual, porque es una constitución que ha dado respuesta a lo largo de estos 100 años a las necesidades y sobre todo a las aspiraciones de nuestro país. Se han venido haciendo reformas muy importantes como la de derechos humanos. Entonces yo creo que lo que hace falta es más que una nueva constitución, son reformas a la que

tenemos en donde se haga una nueva sistematización de los temas y se saquen algunas cuestiones de la Constitución que no tienen que estar dentro de la misma, cuestiones reglamentarias que podrían estar en normas secundarias, pero no una nueva constitución. Y no por muchas razones, no están las condiciones de las fuerzas políticas para poder llegar a los consensos de una nueva Constitución y creo que la Constitución que tenemos es una buena Carta Magna que ha servido y le ha servido al país durante los últimos 100 años.

¿Existe algún mecanismo constitucional en el que la propia Constitución prevea modificarse a sí misma? No lo hay, se tendría que decidir en un nuevo constituyente, con todo lo que ha implicado, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México constituirse como Asamblea Constituyente, darnos nuestras propias reglas. Hoy por ejemplo, nos citó el Presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, para determinar la defensa de la Constitución frente a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se han entablado en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, hoy el tema presente es que


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seguimos siendo la Asamblea Constituyente, aunque ya terminamos nuestro propósito de crear y publicar la Constitución, nadie la sanciona porque es una Constitución originaria. Y hoy en día, claro que hay obligaciones y consecuencias de la Asamblea Constituyente, te pongo un ejemplo, si tuvieses que pagar algún tipo de renta en locales alquilados, eso no desaparece, no desaparecen las obligaciones contractuales. Entonces, una cosa es que hayamos concluido con la Constitución y se haya publicado esta, y otra cosa es que la Asamblea Constituyente haya desaparecido y no podamos hacernos cargo de la defensa de la Constitución o de algunos otros temas. Entonces esto es un poco complicado, inclusive una nueva Constitución federal porque tendría que haber un constituyente y la propia Constitución prevé las reformas a la misma.

Tienen una gran oportunidad los juzgadores de toda la república de ir construyendo toda una teoría constitucional y convencional en relación a la normatividad que aplican y es no solamente un reto para ellos, es una obligación hacerlo porque así está en la sentencia de la Corte Interamericana y de la Corte Mexicana.

Entrando más a fallos de la Suprema Corte, Ante la falta de decisión por parte de los jueces para inaplicar normas ¿Cómo se le podría dar plena aplicación al control difuso de constitucionalidad? La Suprema Corte de Justicia, después de la reforma constitucional y de la resolución del caso Radilla, fue condenada como parte del estado mexicano, condenada, a cambiar y apartarse de su jurisprudencia de un control concentrado de la Constitución. Parte de la condena fue esa, eso es importante, con motivo de la condena la Suprema Corte modifica su jurisprudencia, se aparta de su interpretación del 133 constitucional de un control concentrado y da pauta a un control difuso ex oficio de convencionalidad y constitucionalidad. Pero como el Poder Judicial Federal tiene la competencia exclusiva para a través del amparo hacer el planteamiento de constitucionalidad de leyes y actos, el tema aquí es que todos los jueces del país y todos los tribunales del país no van a declarar la inconstitucionalidad de la norma, sólo van a inaplicar en un caso concreto la norma que consideren inconvencional o inconstitucional. Y la verdad de las cosas es que tienen una gran oportunidad los juzgadores de toda la república de ir construyendo toda una teoría constitucional y convencional en relación a la normatividad que aplican y es no solamente un reto para ellos, es una obligación hacerlo porque así está en la sentencia de la Corte Interamericana y de la Corte Mexicana.

Otro fallo del que se habló muchísimo fue el del pabellón para pacientes con VIH, que trae el tema de los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad ¿cómo debe caminar la corte para hacerlos más justiciables frente a la gran cantidad de implicaciones ejecutivas esto envuelve? Qué bueno que lo tratan, porque la justiciabilidad de los famosos “DESC” se trata en el caso concreto. Entonces, a través del amparo algún quejoso que sienta que se está vulnerando su derecho, por ejemplo, a la salud por considerar, como lo dijo la Secretaría de Salud en su momento, que una política pública podía descobijar, por ejemplo, a pacientes por no darles un medicamento para una enfermedad rara, un medicamento “huérfano” que son muy costosos, entonces tú como juzgador no puedes decir “yo firmo la sentencia de muerte de este señor porque una política pública me está diciendo que van a descobijar a tantos y tantos otros pacientes enfermos”. ¿De dónde sacas los recursos? Yo no sé tú estado de dónde vas a sacar los recursos, ni cómo vas a ajustar tus políticas públicas y tus presupuestos, pero tú tienes que darle a esta persona que está solicitando el amparo el derecho a la salud universal que él requiere en este momento y, desde luego, te voy a decir algo, tu juzgador, porque así es la cosa, y perdóname que sea tan dura, no puedes firmar una sentencia de muerte de alguien que te pide un medicamento porque dejas descubiertos a otros tantos enfermos.


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Respecto a los derechos humanos en el debido proceso, y tras las sentencia Cassez, ¿no cree que los jueces están un poco confundidos con los criterios establecidos por la Corte? Porque sí se ven amparos con argumentaciones muy deficientes. Bueno, lo que pasa es que el juez tiene que tener los argumentos más sólidos que te puedas imaginar para decretar una libertad o para pronunciarse sobre la falta de un debido proceso en un juicio, porque si sus argumentos son endebles, si no tiene los argumentos jurídicos que puedan sostener una libertad, no puedes actuar. Los argumentos deben de ser absolutamente fuertes y sustentados en que se llevó a cabo un debido proceso: hay muchos elementos con los que tú puedes determinar que realmente hubo una insuficiencia probatoria, por ejemplo, una falta de garantía de audiencia, falta de un intérprete tratándose de un indígena, falta de una cadena de custodia del acervo probatorio, tantas y tantas cosas. Pero lo que sustenta una resolución de condena o de libertad es, precisamente, la argumentación toral del juzgador.

Imagínate, yo respeto, como no podría ser de otra manera, como cualquier mexicana y mexicano, a la Suprema Corte. Hoy que ha sido tan cuestionada la Constitución de la Ciudad de México, tan vituperada (risas) le ha llovido a la Constitución, yo lo que he dicho a mis compañeros del Constituyente es que yo estoy tranquila, porque después de que se pronuncie la Suprema Corte sobre todas estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, la Constitución se habrá fortalecido, estará legitimada. Y la Corte determinará cuales artículos son válidos o cuales va a invalidar y los va a expulsar del orden jurídico de la CDMX, entonces yo estoy muy tranquila, porque la Corte dirá; es el intérprete privilegiado de la Constitución y tendrá la última palabra.

olga sánchez cordero.

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Y ya ahora desde el otro lado, otra vez como notaria, ¿cómo ve a la Corte desde afuera?


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Después de 20 años en la Suprema Corte, ¿cuál diría que fue el caso más difícil de resolver y el más satisfactorio? Mira, de los más satisfactorios y de los más difíciles Alberto y Teresa, el de las indígenas que fueron, verdaderamente, condenadas por un delito de privación ilegal de la libertad además con posesión de droga, imagínate nada más, cocaína de la más alta calidad, cuando, en realidad, las pruebas eran absolutamente deficientes, era una injusticia, y que bueno que estuvo la Corte para repararla. Esta, además, fue una apelación extraordinaria, de acuerdo con la fracción III del 105 Constitucional. Es una facultad que la Corte solamente en tres ocasiones ha ejercido: en el caso de los sucesos del 68 y del 72 y en el caso de Alberto y Teresa, y me preguntarás ¿por qué? Bueno, porque les quitas oportunidades de apelación y de amparo directo a los justiciables, entonces por eso es que la apelación la acepta extraordinariamente la Corte. Esa es una de las sentencias, otra es Cassez, que obviamente el montaje, que te digo, vició todo el proceso, ya no sabías a qué hora la habían detenido ni cuando la habían detenido, porque fue en flagrancia y dicen que la habían detenido en la carretera y luego dicen que un día o que el día anterior, y que a una hora y no que a otra hora, o sea, se caen todas las pruebas, en realidad era una burla ese proceso penal.

Un reto enorme y una experiencia de vida haber sido Ministra de la Suprema Corte y haber tenido la oportunidad de estar en el máximo tribunal interpretando las normas y la Constitución del país. ¿Qué tantas presiones hay en ese momento para fallar en un caso tan mediático? (Cassez) Te voy a decir, era ya una mujer que había sido condenada por los medios de comunicación entonces la presión de las instancias públicas yo no te la podría decir, pero de los medios de comunicación hay un juicio paralelo y entonces la sociedad y los medios ya condenaron a una persona. Esas son las verdaderas presiones, porque vas contra corriente, contra opinión pública, contra juicio mediático, y eso no se vale.

¿Qué siente que le faltó hacer como Ministra? ¿Con ganas de qué se quedó? Mucho, es que siempre hay cosas que hacer, siempre hay retos, siempre hay casos novedosos, nunca se acaban de construir los precedentes, nunca termina de interpretarse la norma, es un trabajo, y quiero decir la palabra, es un trabajo maravilloso. Un reto enorme, una oportunidad de vida, una experiencia de vida haber sido Ministra de la Suprema Corte y haber tenido la oportunidad de estar en el máximo tribunal interpretando las normas y la Constitución del país.

Sabemos que hay una capsula del tiempo en la Corte, ¿Qué nos podría decir al respecto? En 100 años se va a abrir, yo dejé una carta para las generaciones futuras.

Se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, sin embargo pareciera ser que el tema no camina tan rápido a nivel nacional, ¿cómo lo ve? Mira, yo esperaría que caminara, porque el legislador del Distrito Federal sigue penalizando el aborto, sigue protegiendo la vida humana y la gestación, ¡claro que la protege! Sólo que lo hace después de las 12 semanas de embarazo, porque en las primeras 12 semanas de embarazo lo que decidió el legislador es (permitirlo) por pobreza, por honor, por violación, imposición de la relación y por otras muchísimas razones que no podemos nosotros ni siquiera saber ni estar en los zapatos de la mujer que toma esa decisión tan terrible, que muchas ocasiones es orillada por el propio marido, novio o concubinario o con quien tuvo una relación casual. Entonces, imagínate que el legislador dice, fíjate, cosas interesante, ¿hay o no actividad cerebral hasta las 12 semanas? Oye, y tú estás regulando en la ley general de salud la donación de órganos cuando hay muerte cerebral y si estás privando de la vida a una persona cuando dos médicos certifican la muerte cerebral, la inactividad cerebral: tú en este caso si lo permites, y además lo promueve, porque necesitas órganos, porque es vida después de la vida donar tu riñon, tu hígado, tu corazón, tus corneas y además tienes que estar vivo, porque los órganos tienen que estar vivos para cuando los dones, y ahí si hay privación de la vida cuando hay muerte cerebral. Bueno, y cuando también hay inactividad cerebral antes de las 12 semanas de embarazo, y cuando hay temas sociales, y cuando hay criminalización de la pobreza, porque las que van a la cárcel son las pobres entre las pobres, porque las ricas se van a EE.UU. o a otro país donde puedan tener un aborto sin problemas penales. De lo que estamos hablando es de la privación de la libertad de la mujer, y si no hay privación de la libertad porque hay penas alternativas, las penas alternativas son discrecionales por parte del juez, y después de haberla sujetado a un proceso penal y haberla condenada como delincuente, porque la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas es exactamente la privación de la libertad de las mujeres, punto, se acabó.

Para terminar, usted utilizó en su discurso de despedida de la Corte la analogía del viaje a Ítaca del poema de Cavafis, que termina precisamente con la llegada a Ítaca, ¿usted siente que llegó? ¿Salió satisfecha de la Corte? De lo que yo hice durante mi estancia en la Corte estoy muy satisfecha y muy contenta, fue muy gratificante para mí. Llegar a Ítaca, es tan difícil llegar a Ítaca, pero creo que cuando menos el puerto estaba ahí y es lo que traté de hacer, llegar.

Esta entrevista fue realizada por vía telefónica el día 6 de abril de 2017. Se transcribió íntegramente lo dicho por la entrevistada y sólo se realizaron mínimas adaptaciones de sintaxis al momento de la trascripción de la grabación. El equipo de la Revista Marea agradece a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y al equipo de su notaría su amabilidad y disposición para la realización de esta entrevista.


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CONTAMINACIÓN VISUAL

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texto_ ANDREA SABIDO

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a contaminación visual, se compone de todo aquello que perturba o molesta la visualización de una zona natural y estéticamente arruina el paisaje, se ve conformada de diversos factores, tales como la contaminación lumínica y acústica. La última de acuerdo a la autora Claudia Kuklinski (p. 122) la define de acuerdo a sus componentes, siendo la presión sonora la variación de la presión atmosférica que se produce a consecuencia de la propagación de ondas sonoras por el aire: el ruido es una mezcla de sonidos de distintas variaciones, frecuencias, vibraciones que al oído del ser humano es molesto o incómodo, e inclusive dañino cuando se encuentra en altos niveles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el límite superior deseable son 50 dB; Kuklinski en su libro “Medio ambiente sanidad y gestión” ejemplifica los sonidos de manera que se puedan comparar y comprender con cuales de estos el hombre se enfrenta día a día y así poder dar una idea del por qué ciertos ruidos son molestos; teniendo que el vuelo del mosquito equivale a 20 dB, el tráfico vehicular en hora pico tiene aproximadamente 70 dB, un taller mecánico 90 dB y el claxon de un automóvil 100 dB. Dichas cifras demuestran que vivir en la ciudad es realmente estresante, puesto que el cuerpo humano se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la forma de vida de las grandes ciudades.

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La contaminación visual es un problema actual que ha ido aumentando gradualmente, la podemos identificar fácilmente, ¿has notado que el número de anuncios publicitarios ha ido creciendo a lo largo de los últimos años? Bueno, de eso se trata este pequeño escrito, de explicar brevemente el gran daño que ocasiona al ser humano dicho problema.


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n diversas ocasiones al transitar por la calle nos encontramos con demasiados anuncios publicitarios, mismos que van acompañados de luces demasiado brillantes y/o música a un volumen demasiado alto, lo que provoca que las personas almacenen dicha información sin darse cuenta y si a eso le agregamos las preocupaciones cotidianas, el estrés del trabajo entre otros factores, tenemos que los humanos no logramos procesar toda la información que tenemos almacenada en nuestra memoria lo cual tiene como resultado la desconcentración, cansancio e incluso aburrimiento en las actividades diarias, ya que el cerebro no descansa tratando de asimilar todo lo que nuestros sentidos han logrado percibir a lo largo del día.

La contaminación lumínica es definida por Kuklinski (p.125) en su libro antes mencionado como “el exceso de radiación luminosa de determinadas zonas o actividades que puede tener consecuencias negativas […] produce dispersión de luz hacia la atmósfera y exceso de energía”. De acuerdo a la información dada anteriormente, podemos realizar un breve análisis acerca de nuestra vida diaria y darnos cuenta que realmente vivimos en una ciudad que nos perturba el paisaje natural y solamente nos invita a consumir, ya que los árboles, las flores, incluso el cielo nocturno, han sido despojados de nuestra vida para poner en su lugar carteles enormes con productos que no necesitamos, pero nos incitan a querer tenerlos.

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eguro te preguntarás ¿por qué el cielo nocturno? Bueno, la verdad es que en la ciudad es muy difícil ver una estrella, ya que las luces artificiales las opacan. citando al arquitecto y escritor estadounidense Charles Moore (s.f.) “Solo nosotros los humanos producimos basura que la naturaleza no puede digerir”, cuánta razón y sabiduría hay en esas palabras, pues debido a que la contaminación visual se compone de carteles, luces brillantes y otros materiales, la pregunta es ¿Cuándo deja de servir, a donde va? Y es ahí donde surge otra problemática, ya que la basura que se genera la mayoría de las veces está hecha de componentes tóxicos o que no son biodegradables y considerando que son miles los espectaculares, folletos, etc., que se encuentran en las ciudades es realmente difícil ayudar a acabar con dichos desperdicios, pues si se analiza la situación, son toneladas tras toneladas que se generan de desechos materiales diariamente y lamentablemente muchos de éstos contribuyen al deterioro de los mares, ríos, contaminación del suelo, incluso a la toxicidad del aire al generar bacterias que son dañinas para la salud del hombre. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Debido a que hoy en día la sociedad se ve inmersa en gran cantidad de propaganda, anuncios publicitarios en cada rincón de la ciudad, exceso de carteles y ruidos en época de elecciones, entre otros aspectos que provocan accidentes en las carreteras, genera estrés debido al ruido del tráfico y por consiguiente mal humor y ceguera espontánea por los anuncios luminosos; el medio ambiente se ve afectado en el paisaje

estético ya que no concuerdan con la vista natural que provee el planeta, así como problemas ecológicos al talar árboles y arruinar el ecosistema. Un aspecto que se puede añadir a ésta problemática es el estrés que también es causado a los animales, teniendo que los animales domésticos son los más afectados, así como los que viven en zoológicos que se encuentran dentro de las grandes ciudades, ya que estos seres son más sensibles al ruido generado por el hombre. Sin embargo son contadas las personas que se preocupan por el bienestar de los animales, debido a que desafortunadamente nuestra cultura no está preparada para tener conciencia acerca de que el hombre no es el único ser que vive en el planeta. Como se mencionó al principio la contaminación visual es un problema que influye en la vida de todos los pobladores, dado que todos están expuestos desde que se sale del hogar, con el simple hecho de que existan postes de electricidad junto con sus cables, tráfico a tempranas horas camino al trabajo, así como luces que contribuyen a la distracción de peatones y conductores. En conclusión, se puede deducir que si el ser humano no se preocupa por el bienestar mismo, mucho menos se hará responsable por las consecuencias devastadoras para el planeta, dado que poco a poco se genera más basura, calentamiento global, así como estrés tanto para el hombre como para los animales, la destrucción de bosques y otros ambientes naturales, mismos que en algún momento harán falta para la supervivencia del hombre y no nos olvidemos del consumismo.

Sin embargo en una sociedad como la actual, que solo se preocupa por el bienestar particular, egoísta y un tanto inconsciente acerca del daño que causan, ¿realmente se puede esperar un cambio? Existen personas que luchan contra la conservación del planeta que a su vez también lo hacen por la del ser humano, pues el hombre necesita de la naturaleza y viceversa, así como también existen quienes se encargan de destruir la armonía entre el hombre y su alrededor, por lo que es difícil poder crear conciencia acerca de problemas ambientales, ya que vivimos en una sociedad que solo se involucra en asuntos que le afectan directamente y ven las consecuencias en un futuro muy lejano, por ello es necesario que a los niños desde pequeños les sean inculcados valores en pro del planeta y de sus habitantes, con el fin de heredar a las futuras generaciones un medio ambiente saludable.


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méxico LINDO Y QUERIDO fotografía_ JOSÉ MANUEL Rodríguez

foto_ sentimientos efímeros

Ve más de José manuel en: instagram: @josemra blog: myvisualife.tumblr.com contacto: manuelrodriguezph@gmail.com


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derecho ambiental U N A

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texto_ joaquín r. de la gala

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el valor de las zonas costeras del paĂ­s

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La preservación del medio ambiente es uno de los temas de mayor relevancia en el presente siglo XXI. Nos encontramos en una época donde la concientización y el ejercicio de prácticas sostenibles representan un gran reto para la humanidad dado las consecuencias que sufre nuestro medio ambiente y entorno natural.

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a degradación ambiental implica la desforestación, la desertificación de diversos ecosistemas, el vertimiento de residuos sólidos y aguas residuales, el incremento de sustancias toxicas en el agua de los mares, lagos y ríos, la contaminación del aire, etc.; todos estos fenómenos, en la mayoría de los casos, ocasionados por la actividad del ser humano o por la misma naturaleza afectan de una manera directa a nuestro “medio ambiente” generando distintos supuestos negativos que impactan nuestro hábitat y que ponen en riesgo la viabilidad de poder seguir conservando un modo de vida apto para vivir en el presente tiempo y en el de las futuras generaciones.

Con lo que respecta a las zonas costeras, estas constituyen el único límite o frontera que separa los tres dominios del planeta: la tierra, el mar y la atmosfera, de tal forma que cualquier fenómeno natural o antrópico en dicha zona repercutirá directa o indirectamente en este frágil sistema biológico en el que interactúan miles de organismos biológicos. En este sentido, para la conservación y gestión de las zonas costeras es importante realizar políticas e instrumentos jurídicos que se basen en principios de otras ciencias como la ecología, economía, política, urbanismo, sociología, geografía, entre otras; toda vez que la importancia de esta zona radica en que es un medio natural óptimo para la realización de diversas actividades productivas, económicas y sociales como lo son la pesca, cacería, turismo, comercio, agricultura, acuicultura, industria, y principalmente, los grandes asentamientos humanos se encuentran en las zonas costeras, lo cual genera un alto impacto ambiental dadas las actividades que se realizan en ella. Actualmente la urgencia de protección de este medio es mayor a años anteriores, la falta de concientización, educación, el crecimiento económico impulsado por las grandes industrias y los sistemas económicos neoliberales y primordialmente el incremento de la población en el mundo y en nuestro

país han influenciado a que los daños antrópicos hayan evolucionado e incrementado de una forma exorbitante en las últimas décadas. Demográficamente, desde el año de 1980 hasta el presente año, en México la población ha aumentado prácticamente en un cien por ciento, es decir, de sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y seis mil habitantes en la década de los ochentas hemos crecido a ciento veintinueve millones, ciento sesenta y tres mil habitantes en la actualidad, de los cuales aproximadamente cincuenta y siete millones habitan en las zonas costeras de nuestro país. En el ámbito internacional, hoy en día dos de las terceras partes de las grandes ciudades del mundo se encuentran situadas en áreas costeras y más de la mitad de la población mundial viven cerca de ellas lo que genera una presión permanente y expansiva sobre los ecosistemas costeros generando consecuentemente: sobrexplotación de los recursos naturales, erosión en las playas, deformidad en el crecimiento urbano, entre otros.

derecho ambiental en méxico.

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l derecho ambiental representa una ciencia jurídica autónoma a otras ramas del derecho (lo cual es un tema muy debatible debido a la estrecha relación con otras ramas del derecho) debido a que cuenta con un objeto que es la regulación de la conducta humana a través de normas jurídicas vinculantes que tienen como fin la preservación del ambiente de manera sostenible. Esta ciencia representa un medio directo e idóneo para regular las conductas humanas entorno al impacto que reciben las zonas costeras. Es por ende que el derecho mexicano establece una serie de ordenamientos jurídicos a nivel federal, estatal y municipal


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El programa en términos generales establece los usos de suelo correspondientes a cada uno de los municipios integradores. Cada municipio se caracteriza por una densidad distinta, con componentes naturales y ecosistemas que van desde sabanas, hasta cuerpos lagunares, Islas Barreras, petenes, manglares y blanquizales. Es por ello que los usos de suelo son indispensables para delimitar si es posible la modificación del entorno natural en dichas áreas y establecer así qué tipo de construcciones pueden realizarse con el fin de amortiguar o minimizar el impacto ambiental y establecer medidas óptimas para el desarrollo sustentable de cada uno de los municipios y puertos.

que tienden a regular la actividad de la Administración pública y gobernados para tutelar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Así, el derecho a gozar de un ambiente sano para el desarrollo y bienestar se encuentra tutelado en el artículo cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que al tenor literal prescribe: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Del citado numeral podemos inferir que el Estado Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno, es quien debe de garantizar que la sociedad mexicana se desarrolle en un medio ambiente sano y equilibrado, pues la materia ambiental en México es de jurisdicción concurrente. Al estar constituidos bajo una República Federal, ciertas materias como salud, asentamientos humanos, educación y la ambiental son competencia de los tres niveles de gobierno. La concurrencia en materia ambiental, definitivamente puede verse desde dos vertientes, la primera, como un obstáculo debido a las contradicciones y políticas que pueden emplear los distintos gobiernos y de alguna u otra forma puedan contraponerse entre ellas; la segunda vertiente sería una herramienta en la que pueda llegarse a un conceso entre los mismos entes estatales y la sociedad civil, con el fin de que se planee y ejecute un programa de gestión integrada de la zonas costeras en la que exista un modelo en el que se delimiten las debidas competencias de cada actor.

materias como salud, asentamientos, educación y la ambiental son competencia de los tres niveles de gobierno.

gestión integrada de las zonas costeras

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a gestión de las zonas costeras la podemos definir como un proceso continuo y dinámico que acerca a las instituciones gubernamentales y a la esfera social representada a través de agencias ambientales, universidades privadas y públicas, cooperativas pesqueras, asociaciones hoteleras, entre otras, con el fin de preparar una planificación integral para la protección desde el desarrollo sustentable de la costa. Los principales componentes de una debida gestión son la política, el derecho y la administración. Con fundamento en el artículo 25 y 27 Constitucional y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaria de Ecología, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros agentes de la sociedad civil, publicó en el año 2007, un decreto en el que se formula y expide el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán. Este documento sin duda, representa un modelo de gestión para la zona costera del Estado de Yucatán el cual viene a llenar muchas lagunas que existían anteriormente a su publicación. El POETCY, define al territorio costero como el espacio comprendido en una franja de 20 km desde el litoral hasta 20 km tierra adentro. Este territorio está comprendido trece municipios costeros y diez colindantes que, sin ser colindantes al Golfo de México se encuentran dentro de los 20 km señalados. La superficie total que regula el Programa es de 646 300 ha y representa el 15% por ciento de la superficie del Estado y en ella vive aproximadamente el 6.5 por ciento de la Población de Yucatán.


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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

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oy por hoy han transcurrido 10 años desde la publicación de dicho Programa territorial. Desde entonces se ha realizado un foro de difusión en 2008 para a dar a conocer la información del POETCY con la participación de 163 representantes de la asociaciones de la sociedad civil organizada y 500 miembros de la administración Pública; así mismo se realizó en 2013, un procedimiento de consulta pública de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, del cual derivó la revisión, discusión y reexpedición del Programa teniendo como criterios rectores: la realidad y fragilidad de los paisajes naturales, las áreas naturales protegidas, la tenencia de la tierra, los límites municipales, el perímetro de la mancha urbana, cabeceras municipales y delimitación de los recintos portuarios.

servicios turísticos, ganaderos, salineros, ejidatarios, etc.; lo anterior debido a que estos actores tienen la posibilidad de estar en contacto de manera permanente con el medio costero y representa un tema de interés social al que nos debería de interesar a toda la sociedad civil por los beneficios que tienen y tendrán las zonas costeras en nuestra calidad de vida y desarrollo sustentable.

La vigilancia debe ser sin duda el eje medular del programa; debe contemplar de iure y de facto, no solo la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente como agentes vigilantes, sino principalmente a los 23 municipios que pertenecen al territorio costero y la sociedad civil a través de sus distintas asociaciones, cooperativas, prestadores de

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El Programa tiene en la actualidad como principal reto la difusión y el debido cumplimiento del mismo; todavía carece de medidas eficaces de vigilancia por parte de las autoridades competentes. La construcción de edificaciones y obras de distinta naturaleza que no respetan a la exactitud las disposiciones del Programa ocasiona un impacto negativo en el ecosistema. Es indispensable que en las manifestaciones de impacto ambiental se señale con exactitud la descripción de los proyectos, las medidas preventivas y de mitigación, así como la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; lo anterior con el fin que la autoridad competente ya sea la SEDUMA o SEMARNAT cuente con la información necesaria para realizar el estudio adecuado y pueda dictar una resolución de acorde a derecho.


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el tratado guadalupe hidalgo TEXTO_ Ricardo Vazquez Cardenas

La historia de México ha sido una serie de altibajos tanto políticos, sociales, culturales entre otros, y no pasa desapercibido la lamentable hazaña del expresidente Antonio López de Santa Anna en la cual, al tratar de culminar con la guerra con Estados Unidos de América y viendo la inminente invasión del país vecino en territorio mexicano, acordó pactar un tratado que en nada beneficiaba a México, sino por lo contrario, traicionaba su soberanía ya que en el mismo se establecía la venta de más de la mitad del territorio que México poseía en ese momento por una mísera cantidad de 15 millones de pesos.


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l tratado de paz, amistad y límites, conocido coloquialmente como Tratado Guadalupe Hidalgo, fue firmado el 2 de febrero de 1848 por los plenipotenciarios de ambos países, determinando la salida de las tropas estadounidenses del territorio mexicano, el cese a la guerra para dominar al territorio mexicano y conquistar nuevas tierras por parte de Estados Unidos, la venta de más de la mitad del territorio mexicano y una remuneración por dicha venta de la cantidad antes mencionada.

Cuauhtémoc Cárdenas, presentó una propuesta de demanda, que busca anular el Tratado Guadalupe Hidalgo, lo anterior representa un claro señalamiento a las ilegalidades que se cometieron en su momento.

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o hay que perder de vista el contexto político, social y económico en el que México se encontraba, ya que dichos contextos no eran del todo favorables para el país, máxime que los invasores tomaron la Ciudad de México y una pérdida de todo el territorio nacional era una posibilidad a considerar, es por ello que el expresidente tomó la decisión de firmar dicho tratado dando como resultado que México perdiera parte de Texas, parte de Tamaulipas, Nuevo México, Alta California, parte de Sonora y de Baja California, Arizona, Nevada, Colorado, parte de Nevada y Utah. Resulta importante destacar que en el mismo tratado, se estableció la elección por parte de los habitantes de dichos territorios, de regresar a México o permanecer en su nuevo país, así como elegir entre la nacionalidad mexicana o la americana, dando oportunidad a los connacionales de regresar a México y conservar la nacionalidad mexicana.

La historia de México ha sido una serie de altibajos tanto políticos, sociales, culturales entre otros, y no pasa desapercibido la lamentable hazaña del expresidente Antonio López de Santa Anna.

1 Tratado Guadalupe-Hidalgo, 2 de febrero de 1848 http://www.colsan.edu.mx/ investigacion/aguaysociedad/proyectofrontera/tratado%20de%20paz,%20 amistad%20y%20l%C3%ADmites%20 1848.pdf 2 Pérez, Marco 2007, Historia del derecho mexicano. México: Oxford.

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3 Miranda, Justino 2017 Promueve Cárdenas anda para anular cesión de territorio a EU. http://www.eluniversal.com.mx/ articulo/nacion/politica/2017/03/10/promueve-cardenas-demanda-para-anular-cesion-de-territorio-eu

Ahora bien, este artículo no pretende versar sobre lo que los libros de texto ya han explicado, debatido y enseñado por mucho tiempo, no obstante, una vez establecido el contexto en el que desarrolló el tratado Guadalupe Hidalgo, estableciendo las causas y consecuencias del mismo, es importante hacer énfasis en lo acontecido hace algunas semanas. El actual Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó una propuesta de demanda, que busca anular el Tratado Guadalupe Hidalgo, lo anterior representa un claro señalamiento a las ilegalidades que se cometieron en su momento. Si bien, es fundamental mencionar que la demanda es únicamente una propuesta y no se ha entablado ante las autoridades correspondientes, ya que lo anterior únicamente lo puede realizar el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, una propuesta de demanda como la anterior, crea un precedente para revisar los tratados internacionales que se han firmado, buscando que dichos tratados hayan sido realizados con estricto apego a la ley y a las disposiciones internacionales que regulan su suscripción.


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ueda claro que después de 169 años de vigencia del tratado, suena inverosímil recuperar el territorio perdido en 1848, no obstante, lo planteado no pretende como tal una recuperación del territorio, ya que, no solo se estaría haciendo un cambio de nacionalidad del territorio a recuperar, pero el actual contexto político que existe entre México y Estados Unidos al tomar la Presidencia Donald Trump, se puede considerar muy improbable que una solicitud, demanda o contienda que pretenda recuperar el territorio perdido, proceda. Por lo anterior, lo planteado por el Lic. Cuauhtémoc Cárdenas, no busca como finalidad la recuperación del territorio mexicano perdido, sino busca el pago de una indemnización, por los 169 años que Estados Unidos ocupó ese territorio. En ese tenor, sería importante tomar en consideración, de ser procedente el planteamiento de la demanda y obteniendo un resultado positivo al concluir la contienda, la posesión del territorio y la indemnización a pagar por los años subsecuentes. Tal como se venía señalando, la importancia de la presente propuesta no se limita a determinar la nulidad del tratado Guadalupe Hidalgo, sino a crear un precedente para analizar los tratados firmados por México, y revisar que todos y cada uno de ellos hayan sido firmados con estricto apego a las normas que regulan su suscripción. Aunado a lo anterior, lo planteado en la propuesta de demanda, es la nulidad del multicitado tratado, con base en que en las líneas del mismo tratado, se manifiesta que las tropas norteamericanas aceptan que ellos invadieron de manera ilegal el territorio mexicano. De tal forma, que a lo largo del tratado se acuerdan una serie de circunstancias para garantizar que las tropas estadounidenses salgan del territorio mexicano, haciendo el tratado una especie de compra de la libertad, seguridad y fin el problema bélico. Por lo anterior las causas que dieron como resultado la firma del multicitado tratado, devienen de ilegales, en razón de que Estados Unidos se encontraba invadiendo el territorio nacional, y se puede considerar que tanto en la firma del tratado como en la ratificación del mismo existió determinada coerción por parte del gobierno extranjero. Es por ello que al determinar que el tratado fue firmado y ratificado bajo la presión de los Estados Unidos de América, no exista una total voluntad de obligarse a lo que establece el tratado, en razón de que las circunstancias políticas, sociales y económicas de México en ese momento, eran totalmente desfavorables. Por lo anterior lo propuesto por el Lic. Cuauhtémoc Cárdenas no es del todo descabellado, ya que hay ciertas pautas que permiten determinar la ilegalidad del tratado firmado por ambos países, y partiendo de ello, se podría exigir la ilegalidad del mismo, solicitando la devolución de las tierras y en caso de no ser posible, el pago de una indemnización considerablemente superior a lo pagado en su momento. Ahora bien, al exigir la devolución de las tierras, es posible que las personas que se encuentren en ellas, no se encuentren del todo convencidas de querer ser mexicanos o vivir dentro del país, esta es una situación a considerar en caso de que la demanda sea presentada y su resultado sea favorable para México, en razón de que se podría tener una sentencia favorable para el país, pero no sería posible de cumplir. Por todo lo anterior, es importante recalcar, que la propuesta de demanda no es del todo vaga y sin fundamento, y debe ser considerada para su presentación, siempre que se tenga el apoyo del presidente de la República, contribuyendo con ello a la soberanía del país y buscar su justa retribución ante uno de los peores tratados firmados por México.

Lo planteado por el Lic. Cuauhtémoc Cárdenas, no busca como finalidad la recuperación del territorio mexicano perdido, sino busca el pago de una indemnización, por los 169 años que Estados Unidos ocupó ese territorio. A lo largo del tratado se acuerdan una serie de circunstancias para garantizar que las tropas estadounidenses salgan del territorio mexicano, haciendo el tratado una especie de compra de la libertad, seguridad y fin del problema bélico.


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Mecanismos para la solución de controversias Un reto para las empresas familiares en México. texto_ Diego Villareal Palma

A fin de QUE LA EMPRESA FAMILIAR PUEDA GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN EL TIEMPO, ES NECESARIO PREVENIR LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA EXISTENCIA DE CONTROVERSIAS ENTRE SUS MIEMBROS y ESTABLECER MECANISMOS QUE LES PErMITAN DAR UNA SOLUCIÓN PRONTA Y SATISFACTORIA.

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as empresas familiares constituyen uno de los pilares de la economía mexicana, no obstante, la tasa de mortalidad de las empresas en nuestro país es alarmantemente elevada: de cada 100 negocios el 33% desaparece al cumplir un año, mientras que menos de una cuarta parte logra llegar a los diez años. Si bien el fracaso de tan alto número de empresas se debe a una diversidad de factores, tanto externos como internos, lo cierto es existe una responsabilidad de los propietarios para procurar su supervivencia, ya que la falta de acuerdo entre sus miembros puede conducir al cierre de la empresa. En esa tesitura, la legislación mexicana, en especial la que regula a las sociedades mercantiles e instituciones financieras, prevé disposiciones de gobierno corporativo que procuran establecer mecanismos que garanticen la supervivencia de la empresa (órganos de vigilancia, representación de grupos accionarios, facultades de voto, etc.). No obstante, las controversias que se suscitan dentro del seno de la empresa familiar obedecen a una naturaleza distinta que atiende a

situaciones propias de la esfera privada de la familia, requiriendo como consecuencia instrumentos especiales para su resolución. En ese orden de ideas, los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC) representan un medio idóneo y efectivo para la solución de diferencias entre quienes forman parte de una empresa familiar y cuya implementación, no únicamente debe de realizarse como un gesto de buena voluntad, sino que se debe lograr a través de la institucionalización de dichos mecanismos.

Los MASC como una forma de prevención de riesgos.

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l nacimiento de una empresa familiar suele estar marcado por proyecciones favorables de lo que puede resultar en un negocio que brindará ingresos y bienestar para sus integrantes. Sin embargo, desde el momento de su constitución, deben tomarse en consideración las previsiones pertinentes para poder superar los obstáculos que pu-


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dieran presentarse, entre ellos las controversias que tengan lugar entre los miembros de la familia. Lo anterior adquiere gran relevancia ya que más allá de las diferencias que puedan surgir entre los integrantes, cuando los conflictos de una empresa familiar no son abordados de forma correcta, éstos pueden suponer un riesgo para la reputación de la organización con graves consecuencias económicas. Una empresa familiar cuyos problemas internos trascienden del ámbito personal al público, no solo desincentivan la inversión, sino que también generan una atmósfera de tensión e incertidumbre que propicia inestabilidad en las operaciones cotidianas. En ese sentido, lo ideal es que la empresa familiar cuente con espacios privados que permitan la solución de controversias entre sus integrantes en un marco de legalidad y discreción. Para ello, los órganos de gobierno de cada sociedad deben de adelantarse a los obstáculos que puedan surgir e integrar de forma armónica mecanismos que den respuesta a cada conflicto. Entre menor sea la intervención de agentes externos en la solución de diferencias, menor es el impacto negativo frente a terceros. Así, el asesor legal contemporáneo, más que ser exclusivamente litigante, debe ser un proveedor de soluciones jurídicas abierto al uso de formas alternativas como los MASC, siendo estos una opción que se ajusta a las necesidades de la empresa familiar y cuya implementación puede realizarse atendiendo a las circunstancias específicas de cada familia. A continuación, algunas consideraciones para la adopción de MASC y la institucionalización en la aplicación de dichos mecanismos:

Adoptar los mecanismos de solución.

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e nada sirve la implementación de mecanismos alternos en sede privada cuando los familiares pueden accionar discrecionalmente procedimientos adversariales ante autoridades jurisdiccionales. Por ello, es importante que la adopción de MASC para la solución de conflictos se haga constar en instrumentos que legitimen y respalden su aplicación. Ya sea en un fideicomiso de familia o en los propios estatutos de la sociedad, los MASC como un medio para la solución de diferencias deben constar de tal forma que su ejecución no sea únicamente viable, sino incluso vinculante. El empleo de cláusulas escalonadas. Al ser uno de los objetivos de los MASC que los conflictos de la familia no lleguen a sede judicial, la adopción de cláusulas escalonadas en las cuales se prevea el uso de más de un mecanismo alterno resulta adecuada para aumentar las posibilidades de éxito. Las cláusulas escalonadas permiten adoptar diversos tipos de mecanismos según las preferencias y necesidades de cada familia, haciendo forzoso el agotamiento de un medio para hacer uso del segundo y así sucesivamente. De forma evidente, entre más mecanismos implementados mediante

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este tipo de cláusulas, es mayor la probabilidad de que la controversia se resuelva antes de llegar ante un juez. No obstante, el abuso de cláusulas escalonadas no es en absoluto benéfico, sino todo lo contrario. Partiendo que el objetivo de los MASC es llegar a una solución con un procedimiento que toma menor tiempo y recursos, el uso de numerosas cláusulas escalonadas causa lo contrario al entorpecer la resolución e incluso ocasionar que las tensiones entre los miembros de la familia aumenten. En virtud de ello, se debe analizar la situación y preferencias de cada familia para diseñar un procedimiento ajustado a las necesidades específicas de cada negocio que permita la sustanciación de un proceso que sea ágil, pero atento a la necesidad de alcanzar una solución sin que se llegue ante una autoridad jurisdiccional.

El uso de MASC no convencionales.

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n sentido amplio, los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias son todo aquellos procedimientos que permitan la solución de un conflicto de una forma distinta a la tradicional, es decir una vía distinta a la judicial. Si bien los MASC más comunes son la mediación, conciliación y el arbitraje, lo cierto es que no debe subestimarse la efectividad de otros métodos no convencionales. Simplemente un exhorto a las partes para que resuelvan sus controversias mediante el diálogo, es una forma que aunque parezca limitada, si es implementado a tiempo y con la atención debida, puede producir el mismo resultado que otros mecanismos convencionales. Ahí la creatividad de cada familia y la libertad con la que cuentan para hacer verdaderamente un “traje a la medida”.

Una empresa familiar madura y profesional.

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ay quienes pudieran relacionar la adopción de MASC con la idea de que los propietarios de la empresa atraviesan dificultades, sin embargo, en realidad es una señal de madurez de una organización comprometida con su subsistencia y que busca dar mayor tranquilidad a sus terceros interesados, desde proveedores y clientes hasta acreedores bancarios. Aunque las medidas de prevención y solución de conflictos no serán las mismas en todas las empresas, no podemos pasar por alto la importancia que éstas tienen en la dinámica funcional de cualquier organización considerando la tendencia actual a recurrir a medios distintos al litigio. Ante todo, el éxito de la empresa no está en su capacidad de reacción ante conflictos, sino en la prevención de los mismos.


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El proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en México a la luz de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos texto_ Salvador Leyva Morelos Zaragoza

México se adhirió, entre otros tratados, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) el 24 de marzo de 1981, comprometiéndose a garantizar, entre el resto de prerrogativas, el derecho a solicitar asilo (art. 22.7). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra dicha prerrogativa en su artículo 11º, el cual es reglamentado por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (Ley sobre Refugiados).


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EL PROCESO INICIAL

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a Ley sobre Refugiados establece los supuestos en los cuales una persona debe ser reconocida como refugiada (art. 13). El conocimiento y resolución del procedimiento de solicitud de reconocimiento de dicha condición corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). La solicitud debe presentarse ante ésta o en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) (Ley sobre Refugiados, art. 18, y su Reglamento, arts. 17, 18, 19, y 20) y una vez admitida, el solicitante rellena un formulario de información. La COMAR realiza una entrevista para efectos de allegarse de la información para el análisis del caso, la cual debe ser personal y ocasionalmente en otras instalaciones que se habiliten para tal efecto. Previo al análisis de la solicitud, la COMAR solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen (Ley sobre Refugiados, arts. 23 y 24, y Reglamento arts. 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 40, 42 y 43). La COMAR debe analizar las declaraciones del solicitante tomando en cuenta, entre otras cosas, los derechos fundamentales violados y, en su caso, el daño alegado; riesgos objetivos a su vida, seguridad o libertad; la inminencia o potencialidad del riesgo; el agente de persecución; causa que da origen a la persecución; la protección efectiva de su país de origen; la posibilidad de reubicarse dentro de su país de origen; y, la credibilidad de sus declaraciones. Para determinar la veracidad de los hechos declarados se deben valorar la congruencia entre la información proporcionada y la recabada; la coherencia lógica de los hechos declarados, a la luz de la información con que se cuente; la suficiencia de detalles sobre los hechos fundamentales declarados, y; la consistencia en el relato y ausencia de contradicciones, y emitir en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada (Ley sobre Refugiados, art. 24, y Reglamento, art. 45). Contra dicha reoslución procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el cual debe interponerse ante la autoridad quien lo emitió, y quien resuelve es el superior jerárquico, excepto cuando, como es el caso planteado, el acto es emitido por el titular de la dependencia (1994, arts. 85 y 86).


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n el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado ciertos límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen, un apego estricto a las garantías del debido proceso, la protección judicial y al respeto de la dignidad humana (CoIDH, Opinión Consultiva OC18/03, 2003, párrs. 118, 119 y 121), que se extiende también al proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 2013, párr. 548). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resaltó en el caso de la Familia Pacheco Tineo los deberes especiales que derivan de la condición de vulnerabilidad en la que se hallan los “migrantes indocumentados o en situación irregular” (2013, párr. 128) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó la vulnerabilidad especial en que se ecuentran los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado (Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 2013, párr. 545). En atención a lo anterior, se requiere que la persona solicitante sea oída con las debidas garantías mediante el procedimiento respectivo (CoIDH, Familia Pacheco Tineo, 2013, párr. 154), bajo la premisa que “la condición de refugiado […] se deriva de las circunstancias de la persona; no es otorgada por el Estado, sino más bien reconocida por este” (CIDH, supra, párr 545), pues no adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce por el hecho de ser refugiada (ACNUR, Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, 2011, párr. 28). Durante el procedimiento deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete, acceso a asesoría y representación legal, orientación y, en su caso, la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR; b) la solicitud debe examinarse objetivamente por autoridad competente claramente identificada, mediante una entrevista personal; c) las decisiones deben ser fundamentadas en forma expresa; d) el procedimiento debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos personales y el principio de confidencialidad; e) si no se reconoce al solicitante la condición de

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Análisis bajo los estándares interamericanos en materia de derechos humanos


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refugiado, se le debe brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; y f) dicho recurso debe tener efectos suspensivos y permitir al solicitante que permanezca en el país hasta su resolución (ACNUR, supra, párrs. 29, 196 a 199, y 203 a 205.b.i, y Determinación del estatuto de refugiado, 1977, párrs. e.ii a e.iv, e.vi, y e.vii). Ahora bien, en México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha diagnosticado distintas deficiencias en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado en México (2014, p.34, 36); una de ellas es el hecho que la ausencia de oficinas de la COMAR obliga a los solicitantes a acudir ante el INM para iniciar su solicitud, lo que representa “un factor de estrés […] debido a su temor de ser deportado por su condición migratoria irregular o de incertidumbre”. Identificó también que en las entrevistas realizadas por la COMAR se recibe un trato hostil, en las que las personas son cuestionadas de manera agresiva e incréduila sobre la exposición de sus motivos de huida. Aunado a ello, la mayoría se realizan vía telefónica, desde las instalaciones del INM, que no permiten un nivel de confidencialidad y privacidad mínimos, aunado a que “el relato plasmado en las resoluciones no corresponde al que efectúa el solicitante durante su entrevista” (Ídem, y CIDH, Derechos humanos de los migrantes supra, párr. 538); a lo anterior se suma lo determinado por la CIDH en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, en cuanto a que “[l]as víctimas de persecución que han huido de sus países se encuentran con frecuencia en una extrema desventaja cuando se trata […] de explicar el tratamiento al que han estado sometidas” (2000, párr. 72).

A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró violaciones al debido proceso en un caso donde la única entrevista fue realizada por teléfono (Recomendación No. 77/2012, Caso del niño de nacionalidad hondureña a quien se le negó el refugio, 2012, párrs. 33 y 48).

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or otra parte, en cuanto a la posibilidad de recurrir las resoluciones en sentido negativo de la COMAR, tal como fuese informada la CIDH, el recurso de revisión no puede considerarse efectivo, pues la COMAR desempeña un rol de autoridad decisoria y de parte en el procedimiento, incumpliendo el principio de imparcialidad, lo que derivó en la recomendación de la CIDH de “garantizar que la autoridad encargada de llevar a cabo la revisión cuente con la independencia y autonomía suficiente para la toma de decisiones, con acceso a conocimientos especializados y medios para tomar decisiones fundamentadas. A su vez, debe garantizarse que los solicitantes de la condición de refugiados tengan acceso efectivo a protección judicial” (Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, párr. 549 y recomendación 14). La ilusión del recurso de revisión se evidencia en el hecho que de acuerdo con la misma COMAR, a nivel nacional, desde el año 2012, únicamente en 8 casos se ha revertido la negativa, y en uno se otorgó protección complementaria, a través del recurso de revisión, el juicio de nulidad, o el juicio de amparo (Solicitud de información realizada a la COMAR y respuesta).

el veredicto

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l procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México carece, de iure y de facto, de prácticas y normativa que garanticen el debido proceso, sustanciado con las respectivas garantías judiciales. Ello queda demostrado con los distintos obstáculos que enfrentan los solicitantes de dicho reconocimento, tales como la ausencia de un número suficiente de oficinas de la COMAR en el territorio mexicano, las deficientes entrevistas realizadas por la misma, y la ausencia de un recurso efectivo en contra de sus resoluciones, incumpliendo así el deber de garantizar el derecho a ser reconocido como refugiado en México.


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S u s t e n t ab i l i d a d

energía solar Los paneles solares (energía fotovoltaica) funcionan con energía renovable, es decir a partir de una fuente de energía inagotable como lo es la luz que proviene del sol. Necesitan de un mínimo mantenimiento y es por ellos que son una razón importante para tenerlos instalados en tu hogar o empresa. Con una vida útil de por lo menos 30 años, los paneles solares se han coronado como el nuevo equipo sustentable del siglo XXI. Si bien es cierto que el dinero que se necesita invertir para la compra de paneles solares no es poca, el ahorro de energía que se logra mediante su uso diario se ve reflejado en el recibo de luz bimestral, por el cual habrá que pagar mucho menos (eso sí, siempre y cuando tengas que recurrir al uso de energía convencional por casos muy excepcionales).

· Esta energía NO contamina. · Su fuente de energía es inagotable, proviene del sol y tenemos para mucho tiempo más. · Es un tipo de sistema ideal para zonas rurales o lejanas donde los sistemas de electricidad no llega aún; por lo que muchas comunidades son beneficiadas por estos sistemas solares. ·Ahorras energía, pues mientras los combustibles fósiles aumentan, tu mantienes un precio con poco variable. ·Cada vez más personas nos unimos y ayudamos al planeta con este sistema ecológico.

La instalación de paneles fotovoltaicos es cada vez más solicitada y las familias y empresas que invierten en estos sistemas es cada vez mayor.

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Revista marea  

Primera edición. Ideas en movimiento.