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La Voz de los Docentes Esta última expresión constitucional no resulta muy favorable ni para la autoridad obligada ni para la protección de los derechos del ciudadano en tanto que dicha norma se refiere a establecer “requisitos y límites” a –las investigaciones correspondientes- sin determinar a cuáles investigaciones se refiere, en tanto que la autoridad responsable de realizar investigaciones generalmente son las instancias de procuración de justicia o fiscalías especializadas, las cuales en principio están vinculadas con el sistema de procuración de justicia y con las indagatorias ministeriales correspondientes, pero no necesariamente con la seguridad nacional. Aquí podemos identificar un primer problema de definición constitucional que puede formar parte de la confusión acerca de los límites existentes entre la seguridad pública y la seguridad nacional.

En coadyuvancia con los esfuerzos para dilucidar la confusión señalada es preciso comentar que la -ratio legis- de dicha expresión en la norma fundamental se puede deber a la vinculación tan estrecha que debe existir entre seguridad nacional e inteligencia. La expresión constitucional debe entenderse entonces como la obligación dispuesta al Congreso de la Unión, para expedir el marco jurídico requerido con la finalidad de establecer los requisitos y límites que deben disponerse para que las autoridades responsables de preservar la seguridad nacional desarrollen políticas de inteligencia con dicho propósito, preservando así, en todo momento, los derechos fundamentales, lo cual amerita establecer dichos “requisitos y límites” como dicta la norma constitucional. Esto en virtud de que las tareas de inteligencia pueden ameritar -sobre todo en el marco de la inteligencia operativa y táctica- actos de molestia por parte de la autoridad hacia los particulares. Cabe destacar que la autoridad responsable de desarrollar tareas de inteligencia para la seguridad nacional no sólo es el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (CISEN); pues tanto las secciones segundas de los Estados Mayores Militares y Navales como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la División de Inteligencia de la Policía Federal además de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda son instancias competentes para desarrollar tareas que integran la comunidad de inteligencia para la seguridad nacional. Respecto a las muchas lagunas que podemos encontrar en lo que se refiere al marco doctrinal, jurídico y de política de la seguridad nacional se puede identificar claramente que no existe un marco jurídico consistente que establezca los límites y alcances del desarrollo de inteligencia para la seguridad nacional. De hecho, en la Ley de Seguridad Nacional promulgada en el 2005, la única inteligencia considerada por dicho instrumento normativo es el que desarrolla el CISEN, por lo que legalmente la inteligencia militar no está ni reconocida ni regulada dentro del marco jurídico de la seguridad nacional.

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UMM Junio 2017

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Revista Posgrado UMM Julio 2017  

Equidad de Género

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