que, a su vez, le ayuda a aprender, conocer y ensayar a través de estas experiencias de vida para que en su ejercicio profesional no le sean ajenas o desconocidas, ya sea en calidad de litigante, abogado de una institución o administrador de justicia. Actualmente, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica procura, a través del examen de excelencia de incorporación, una mejor calidad de los futuros operadores del derecho, pero no se debe olvidar que dicha labor debe ser estatal, conjunta, complementaria y solidaria con los centros formadores de abogados: las universidades. Es ilógico y carente de sentido común responsabilizar únicamente a los aspirantes a obtener el título de licenciado en Derecho, ya que sin práctica, carecen de las herramientas prácticas, básicas y necesarias para exigirles mejores resultados académicos y evaluativos en su desempeño o una mayor y mejor promoción como futuros abogados. Dado el carácter práctico de los consultorios jurídicos, se permite la autoevaluación constante, lo que contribuye a la identificación de las deficiencias del modelo, propiciando consecuentemente una mejora constante. Asimismo, en la práctica de consultorios jurídicos es
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posible evaluar los modelos de enseñanza, para así actualizar sus sistemas, rescatando la importancia de la proyección social para promover una educación enfocada hacia la búsqueda y garantía de los derechos fundamentales, la atención de la población vulnerable y la contribución del estudiante en el mejoramiento de la administración de justicia.
Acceso a la justicia
Con la instauración de los consultorios jurídicos se garantizaría el derecho de un acceso a la justicia promoviendo la consecución de procesos en sede judicial de más y mejores elementos para la resolución, los cuales se obtendrían por medio de una asesoría legal consecuente. La posibilidad de que las distintas comunidades del país sean atendidas por consultorios jurídicos favorecería una forma de evitar arbitrariedades por parte del Estado o de particulares. La preocupación del Estado costarricense para proteger el derecho de acceso a la justicia está plasmado en los diferentes cuerpos normativos de distintas materias, en que se ha previsto la posibilidad de la asistencia legal gratuita para aquellas personas que no pueden sufragar los servicios de un profesional en derecho, tal es el caso de materia de
familia, niñez y adolescencia, penal juvenil, pensiones, penal, entre otras, en que queda de manifiesto el interés por proteger los derechos y garantías de las personas que participan en los procesos. Tal importancia reviste este principio que ha sido no solo recogido por la Constitución Política, sino que ha sido regulado a nivel internacional por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que se encuentran debidamente homologados por el ordenamiento costarricense.
Principios básicos de un Estado social y democrático de derecho
La asistencia jurídica gratuita constituye un pilar fundamental dentro de cualquier sistema de administración de justicia. Ello asegura a la comunidad que sus decisiones sean tomadas de manera informada y en estado de igualdad, sin que perjudique a quienes no cuentan con los medios suficientes para sufragar los gastos que implican el costear la asesoría de un profesional en derecho. Toda nación democrática debe contemplar dentro de su aparato estatal esta garantía para que la población