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contenido

Enero 2017 En portada: Christiana Figueres Entrevista en la página 24. Fotografía: Frèdèric Stucin Pascoandco.com

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Resumen Lo más importante de la actualidad local e internacional.

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APPS Aprenda a distribuir mejor sus tareas diarias.

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LAWxury Objetos del deseo para los profesionales de hoy.


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Ciudades inteligentes Corea se presenta como un ejemplo a seguir para urbes en desarrollo.

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Cannabis Un proyecto de ley pretende legalizar la marihuana con fines medicinales.

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Cambio climático Compromisos de la implementación para alcanzar la carbono neutralidad.

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Diversificación del negocio Costa Rica Relocation es una empresa que aprendió a ver el ejercicio del derecho desde otra perspectiva.

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Transporte limpio Promoción de los vehículos eléctricos en el país.

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Derecho tributario Reflexiones sobre la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Justicia de calidad Los desafíos de la administración judicial.

Responsabilidad de las personas jurídicas Un análisis desde la perspectiva penal.

Desde el Colegio ¿Es viable una reforma sustancial al empleo público?

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Viajes Déjese encantar por Atenas y su historia.

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Gastronomía Una opción para sentirse como en Europa sin salir de San José.

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STAFF

editorial

Lic. Andrés Corrales

Enero de lujo Christiana Figueres fue catalogada por la reconocida revista Time como una de las 100 personas más poderosas del mundo en 2016; la revista Fortune la ubicó dentro de los 10 líderes globales del año y la publicación Forbes determinó que es la mujer más poderosa de Centroamérica. Más allá de esos reconocimientos, Christiana Figueres ha logrado cultivar una carrera muy destacada que la ha llevado a ocupar el puesto de secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde logró lo que parecía imposible para muchos líderes mundiales: la firma del Acuerdo de París, donde diferentes países se comprometieron a crear un plan nacional contra el cambio climático. Asimismo, fue la candidata por Costa Rica para el puesto de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y para ella, esto apenas comienza. No cabe duda de que contar con un personaje de tal calibre en nuestra portada nos llena de orgullo, no solo por ser la profesional que es, sino también, por su impacto en la

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implementación de políticas que pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes del mundo y garantizar un futuro a las nuevas generaciones. Igualmente, nos llena de satisfacción que la foto que la ilustra en la tapa de esta edición de Firma sea una de las imágenes capturadas por el reconocido fotógrafo francés Frédérick Stuncin, quien publicó esta misma sesión de fotos en el número internacional de Time para su especial de personajes poderosos. Este es uno de los esfuerzos que hacemos desde nuestra revista para brindar, además de un contenido valioso y de credibilidad, una gran calidad visual y estética en todas sus páginas. Esperamos que sea de su agrado, como siempre. Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

andrescorrales@revistafirma.net

Director

MSc. Margarita Guzmán Gerente General Marilyn Gutiérrez Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Carlos Cisneros Asistente editorial Giovanna Chavarría

giovannachavarria@revistafirma.net

Directora Comercial

Mauricio Navarro

mauricionavarro@revistafirma.net.

Comercial

Frèdèric Stucin Fotógrafos Juliana Barquero Diseño Monstruo Creativ@ Marc Ramírez Ilustrador ISSN: 2215-4809

www.revistafirma.com /firmacr @firmarevista

FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: enero 2017. Edición 11, año 00. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Las opiniones expresadas por terceros, no representan, necesariamente, la posición de Firma o Pitch Media S.A.


resumen

Texto: Redacción /Fotos: EFE

Tensión en las calles • Santiago de Chile ha sido el escenario de diferentes manifestaciones con tinte violento después de que organizaciones mapuches (grupo de indígenas habitantes de la zona centro-sur de ese país)

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las convocaran para solicitar la liberación de ‘la machi’ (consejera religiosa) Francisca Linconao, quien fue acusada de participar en el asesinato del matrimonio LuchsingerMackay. Desde prisión,

Linconao está participando de una huelga de hambre a pesar de su avanzada edad. Según los manifestantes, el arresto es un “atropello racista, castigo cruel y degradante y que rompe con la presunción de inocencia”.


Lista Clinton • Trabajadores de los medios de comunicación La Estrella y El Siglo, de Panamá, se manifestaron en las calles del país canalero para reclamar al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que los saquen de la ‘Lista Clinton’. Esta lista es emitida por la Oficina de

Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de ese país y se le conoce como la lista negra de empresas y personas en el mundo vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico. Según el presidente del grupo editorial, Eduardo Quirós, se

le envió una carta a Kerry, solicitando que los medios sean eliminados de esta lista para “seguir con nuestra vocación”, afirmó. Mientras, en las calles, los trabajadores aseguran que sus puestos están en riesgo debido a la situación.

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resumen Solidaridad con Alepo

• Las reacciones tras el bombardeo de diferentes zonas de Alepo, Siria, no se han hecho esperar. Un grupo de refugiados sirios en los campamentos de Berlín, Alemania, tomaron las calles para mostrar su solidaridad con el país y las víctimas. Los ataques aéreos se produjeron después de que los grupos armados sirios y las tropas turcas comenzaran a desarrollar la operación ‘Escudo del Éufrates’, para expulsar al Estado Islámico del norte de Alepo e impedir el progreso de la alianza armada kurdo- árabe de Fuerzas de Siria Democrática, apoyada por Estados Unidos.

Expresidente acusado • Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, fue inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. Lugo fue sometido a un juicio político en el cual se le declaró culpable de mal desempeño de las funciones presidenciales por la muerte de

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17 personas durante un desalojo de campesinos. Distintos líderes locales, así como mandatarios latinoamericanos, han manifestado su apoyo a Lugo, mientras que sus representantes legales califican la situación como una persecución por

parte del Poder Ejecutivo. “En realidad, el señor Lugo es un perseguido político”, dijo su abogado, Fernando Fariña, en el momento en el que presentaba una acción de inconstitucionalidad contra la medida.


resumen Derechos igualitarios • Taiwán comenzó a emitir certificados a parejas homosexuales estables mediante el cual son autorizadas legalmente a recibir permiso de trabajo para cuidar a su pareja y firmar consentimientos para intervenciones quirúrgicas, entre otras cosas. Estos certificados están ligados al registro de relaciones entre personas del mismo sexo que el Departamento de Asuntos Civiles comenzó a emitir el 17 de junio del año pasado. El documento solo se concede a homosexuales que han registrado estar en pareja, no están casados y tienen más de 20 años de edad.

Cooperación con la región • El embajador nicaragüense en Seúl, Corea del Sur, Edgardo Cuarezma, ofreció un discurso durante la ceremonia de apertura de un foro sobre la cooperación entre el país asiático y Centroamérica. En el foro, que contó con la representación de todos los países de la región, se discutió sobre las posibilidades económicas de un tratado de libre comercio. Los diferentes gobiernos centroamericanos han insistido en la importancia de favorecer una colaboración

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mutua con Corea del Sur con el fin de trabajar en cinco pilares prioritarios: la integración económica, la integración social,

el fortalecimiento institucional, la seguridad democrática y la gestión integral de riesgos sumados al cambio climático.


Te harรกencreer vasfue dentro Viajar bus que nunca tan del fรกcilbus. y seguro.

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gopass.cr


tecnología

24ME Una buena forma de empezar el año es organizando los correos, los compromisos y las tareas pendientes o, mejor dicho, buscarse un asistente personal. Esta aplicación viene a funcionar como

tal, pues le recordará sus actividades diarias, las tareas y las notas que ha registrado en su dispositivo móvil. Automáticamente, organizará toda la información y lo acompañará durante el día con

diferentes recordatorios. Alerta de cumpleaños cercanos, rutas para llegar a los destinos y horas de salida son algunos recordatorios que le dará para que no falle en ninguna cosa de su lista.

BEAR La mayoría de los abogados es amante de la escritura, el análisis y el pensamiento crítico. Para ellos, Bear se perfila como un instrumento de mucha utilidad ya que crea textos con diferente personalización desde cualquier parte y se puede instalar tanto en dispositivos móviles como en computadora. Con su interfaz,

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la persona podrá escribir, agregar imágenes, referencias y demás. Adicionalmente, se pueden realizar distintas búsquedas de los textos a través de los hashtags y todo se puede exportar a diferentes plataformas y formatos, como PDF, HTML, Microsoft Word, etc.


WORKFLOW Agrupar toda su información y cosas por hacer en una sola aplicación es posible con esta plataforma que automatiza diferentes procesos, desde crear un GIF, hasta buscar cafeterías cercanas, compartir canciones, entre otros. Workflow incluye

PREZI VIEWER Si usted es amante de esta plataforma para diseñar presentaciones atractivas, no puede dejar de instalar la app para dispositivos móviles que le permitirá conectar y sincronizar cada exposición. Con esta herramienta, podrá manejar de

forma remota la presentación para no quedar atado a los clics en su computadora. Los mismos movimientos que se realicen en la versión móvil se verán reflejados en la proyección. Es fácil de usar y, sin duda alguna, hará que llame la atención.

200 acciones relacionadas con las necesidades más frecuentes de los profesionales de hoy. Toda la información que se almacena en esta app puede ser extraída para compartirse con terceros o por medio de alguna red social.


AVENTURAS EN ALTA RESOLUCION La línea Tough de Olympus ha evolucionado a través de los años como la cámara ideal para los amantes de la aventura. Su nuevo modelo TG-Tracker viene con un

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tamaño cómodo y la posibilidad de grabar video en calidad 4K. Es resistente al polvo, a los golpes, a altas y bajas temperaturas y se puede sumergir hasta 30

metros sin necesidad de estuches adicionales. Incluye sensores de actividad a través de GPS y WiFi para grabar y proteger cada recuerdo.


IMAGEN UNICA Si usted es de los que prefiere pasar horas viendo películas o simplemente disfruta de hacer presentaciones de trabajo de gran calidad y estilo, este proyector con Bluetooth y funciones 3D será su aliado especial. El proyector cuenta con una resolución de 1280 x 800 dpi y es totalmente portable. A través de sus bombillos y brillo LED, proporciona imágenes magníficas. Su diseño minimalista es otro de los grandes atractivos y se puede conectar fácilmente con dispositivos móviles a través de la función de Bluetooth.

GASIFICADOR PORTATIL Los amantes de las bebidas gaseosas tienen una alternativa que brindará esa sensación de burbujas con sus bebidas personalizadas. El SodaStream Jet Starter le permite convertir hasta el agua común en agua gasificada en tan solo 30 segundos. Se acompaña de un cilindro recargable de CO2 que alcanza para gasificar hasta 60 litros de líquidos. Como no requiere baterías ni electricidad, este aparato es perfecto para tenerlo en la cocina o llevarlo a paseos.

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MUY EFICIENTE Si en su oficina suele atender reuniones, esta cafetera de Black+Decker puede ser una alternativa para ofrecer bebidas calientes a sus clientes. El modelo KE2900 tiene un diseño inspirado en el estilo vintage y garantiza que puede hervir agua más rápido que un microondas. Este hervidor tiene capacidad para 1.7 litros, cuenta con protección automática contra el funcionamiento en seco y tiene autoapagado.

LAMINADOS RAPIDOS

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La marca Swingline introdujo su laminador Thermal Pouch, que lamina documentos de una forma muy rápida, sencilla y segura, lo que garantiza una verdadera protección. Solamente se debe introducir el certificado, fotografía o cualquier otro documento para sellarlo a través del laminado y protegerlo por mucho tiempo. Procura funciones especiales para lugares de trabajo con alto tráfico de uso, pero también es útil para uso doméstico.


SALUD CON ESTILO

El estilo de vida saludable, ahora, también, tiene toques modernos y más estilizados con el purificador de aire S5 de Sunnaform. No solo colabora con limpiar el aire en el hogar o la oficina, sino que se puede usar como una lámpara de diseño que se adaptará con mucho estilo a los diferentes

SONIDO NITIDO Sony presentó, en nuestro país, su nueva línea de productos MHCGT7D y MHC-V77DW, que son los nuevos e ideales auxiliares en las reuniones sociales de estas tardes de verano. Ofrecen gran potencia de sonido, un sistema de iluminación único y una sencilla conexión inalámbrica. Estos dispositivos se apoyan en

su tamaño compacto que se pueden ubicar en cualquier lugar y obtener diferentes aplicaciones de streaming a través de Google Cast y Spotify Connect. Dentro de sus beneficios está la posibilidad de conectar hasta 10 unidades de forma móvil entre sí, prometiendo una total sincronización entre el sonido y las luces.

espacios. Este aparato elimina el polen, las partículas de polvo, las partículas de humo y las bacterias del aire y le ayudará a respirar mejor y de una manera más limpia. Incluye una luz tipo LED, lo que le brinda mayor estilo, y el cambio de los filtros se hace de forma fácil y rápida.


literatura

Derecho urbanístico costarricense

La Hydra

( Juan Alberto Corrales)

(Iris Rocío Rojas Morales)

Para estudiar derecho urbanístico es necesario acercarse al estudio del derecho de propiedad, que constituye un elemento fundamental del Estado social y democrático de derecho. El reto de la disciplina urbanística consiste en responder adecuadamente a las exigencias de la vida moderna, garantizando a las generaciones actuales y futuras un entorno urbano ecosostenible en armonía con el derecho fundamental de la propiedad. Es, sin duda, una guía para entender mejor esta materia y está disponible en Expolibros.

El abogado costarricense, quien se ha destacado como docente y director de escuelas de la carrera de Derecho, presenta esta obra que desarrolla la evolución de la sociedad hacia las formas de Estado conocidas, explorando el fundamento del Gobierno, la división de poderes y la Administración pública desde el punto de vista político y jurídico. Asimismo, introduce al estudio de los principios del derecho constitucional. Todo ello resulta de utilidad para docentes y estudiantes universitarios, porque, además, cuenta con conceptos, simbolismos, procesos históricos y políticos que complementarán los mensajes, creando un espacio de reflexión.

Filosofía del pura vida (empresa Fifco)

La empresa nacional Fifco publicó su primer libro ligado a su marca de cerveza local, ‘Imperial’. Este trabajo pretende retratar, a través de diferentes imágenes de fotógrafos ‘ticos’, conceptos relacionados con la frase que nos ha hecho mundialmente famosos. Otra de las novedades que trae es que se incluyen diferentes expresiones escritas por seguidores en redes sociales de la compañía para destacar esos valores que resaltan nuestra cultura. Por cada libro que se venda, se donará un dólar a la Fundación de Parques Nacionales.

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tecnología ¿Ciudades o ciudadanos inteligentes?

Adrián Mora

Abogado experto en tecnología División de Tecnología y Telecomunicaciones de Facio & Cañas Ilustración: Monstruo Creativ@

Definir el concepto de ‘ciudad inteligente’ (smart city) exige, como primer movimiento, pensar en qué significa el adjetivo ‘inteligente’, es decir, cuestionarse sobre qué necesita una ciudad para adquirir esa “capacidad de entender, comprender y resolver problemas”, según la definición de inteligencia que dicta la Real Academia Española. Las respuestas a ese cuestionamiento, aún, son diversas y parece lejano el consenso. Sin embargo, de entre todas las definiciones consideradas para este artículo, emergen cuatro elementos comunes: una visión holística o integral, un medio para

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mejorar la calidad de vida, el uso intenso de la tecnología y un nuevo modelo de interacción de sus agentes. Históricamente, los grandes asentamientos humanos han tenido que afrontar retos y resolver problemáticas sobre su organización social, la infraestructura urbana y el impacto ambiental. Hoy, es incuestionable que los desafíos de nuestro tiempo requieren hacer el mejor uso de todas las herramientas disponibles, entre ellas, por supuesto, la tecnología. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha referido como el “siglo de

las ciudades”. Las proyecciones proponen que, en 2050, casi el 70% de la población será urbana (actualmente, 830 millones de personas viven en barrios marginales). La explosión demográfica sucedida en las grandes ciudades del planeta en los últimos 100 años está coincidiendo y confluyendo con una revolución digital en crecimiento igualmente exponencial. Según un estudio reciente (‘The Smart City Playbook: Smart, Safe, Sustainable’) (2016), son diversos los factores que están estimulando la generación de proyectos de ciudades inteligentes, entre ellos, la alarmante presión demográfica y sus consecuencias en el medio ambiente (particularmente, en mercados emergentes como China e India), la fragilidad de muchas ciudades ante los desastres naturales y la presión del mercado financiero global, que apremia a las ciudades para convertirse en centros económicamente competitivos y financieramente atractivos (sobresalen Singapur y su ‘smart nation’ y la ciudad surcoreana de Songdo). Si bien es cierto que la perspectiva dominante ha sido la tecnológica, han ido ganando protagonismo aquellos planteamientos que ubican al ciudadano como epicentro. Se trata de la transición de ciudadano-consumidor, que se limitaba a usar la tecnología y convertirse en generador de datos (cada día más valiosos, por cierto), a un ciudadano inteligente


que hace un uso activo de todas las instrumentos que tiene a su alcance y se revela en el ejercicio de su condición ciudadana, haciendo propios los beneficios exponenciales de la tecnología para reconquistar el espacio público y mejorar los servicios que recibe. La experiencia, hasta ahora, ha determinado que, además, cada proyecto y ciudad proponen desafíos, contextos y problemáticas únicas o particulares por lo que la ‘inteligencia’ para algunas urbes dicta que el eje debe centrarse en la gestión del consumo energético o en la ejecución de planes de movilidad urbana sostenible, mientras que a otras, en cambio, les tocará abogar por el fortalecimiento de la gobernanza y la interacción ciudadana mediante la mejora en la prestación de los servicios y la transparencia a través de la implementación de plataformas abiertas de datos, diseñadas para estimular el desarrollo de aplicaciones de terceros con el uso intensivo del big data, generado a partir del ‘Internet de las cosas’ (IoT) o de los sensores, para ser precisos. Se calcula que en el planeta ya hay más sensores que seres humanos. Está claro, asimismo, que una ciudad inteligente no se edifica de la noche a la mañana. En primera instancia, se deben procurar resolver cuentas pendientes: el colapso de su infraestructura, el consumo energético, el impacto ambiental, la optimización de la gestión de residuos, el resguardo

de sus recursos naturales esenciales para la supervivencia de todo asentamiento, entre otras. A partir de ahí, la estrategia de implementación y la hoja de ruta deberá ejecutarse teniendo en consideración lo aprendido en otras latitudes, pero conscientes de su particularidad y autenticidad. Dubái y São Paulo, difícilmente, coincidirán con su visión estratégica para convertirse en smart cities. La posición crítica del tema ha sido significativa. Adam Greenfield, autor del libro Against the Smart City, señaló que la idea de ciudad inteligente había sido desarrollada e imaginada casi íntegramente por corporaciones privadas, con predominio del sector tecnológico, lo cual, a criterio de este autor, es indicativo que los intereses económicos que impulsan estas innovaciones tecnológicas, muchas veces, no corresponden con los verdaderos retos que deben resolver estas ciudades. Un sector considera que la emergencia de este mercado y el éxito del eslogan ‘smart city’ obedecen a que las administraciones locales son, de facto, menospreciadas por los Estados. Poseen escasos recursos en relación con las demandas sociales y, excepto a las grandes ciudades, se las ignora y, con frecuencia, se las considera ‘localistas’ y reacias a la modernización. Por otro lado, las instituciones políticas y los partidos han perdido credibilidad, pero los ciudadanos siguen

teniendo confianza relativa en los gobiernos locales, en cuyo marco pretenden conquistar sus derechos y reivindicaciones. El profesor de la Universidad de Stanford, Evgeny Morozov, atiza la discusión cuando señala que “deberíamos reconsiderar la concepción actual de ‘ciudad inteligente’: la eficiencia, la productividad y la solución de problemas por adelantado son objetivos loables para los déspotas hipertecnológicos y para jefes de ventas, pero las ciudades nunca se han preciado únicamente de albergar actividades comerciales. También, han acogido actividades recreativas y de ocio opuestas al paradigma de ‘hipereficiencia taylorista’ de ‘ciudad inteligente’. Una urbe abierta al ocio no será menos ‘inteligente’ que Singapur. Sería lamentable que los heraldos de la tecnología nos convencieran de lo contrario. Eso sí, tenemos tiempo para escucharles”. Estos expertos no vislumbran la ciudad como un sistema que debe ser automatizado y controlado, sino como un ecosistema diverso e incontrolable del que debemos estar aprendiendo constantemente y al que es necesario adaptarse a través de los medios disponibles. Se trata de ciudades que evolucionan o transmutan, que valoran al ciudadano como el eje del modelo y el potenciador del cambio. “What is the city but the people?” (“¿Qué es la ciudad, sino la gente?”), escribió William Shakespeare, pensamiento que adquiere vigencia, sin duda alguna.

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portada

La mujer del cambio climático y la diplomacia Por Diego Piedra Trejos (abogado) y Salvador Padilla Villanueva (politólogo) Fotografías: Cortesía

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portada

La Revista Fortune la situó entre los 10 primeros lugares de la lista de grandes líderes globales de 2016, junto a personalidades como el papa Francisco, Angela Merkel, Jeff Bezos y Tim Cook. Además, es una de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Time y la mujer más poderosa de Centroamérica, de acuerdo con la revista Forbes. No obstante su agitada agenda, producto de ser, hoy, la figura costarricense con mayor influencia en la Tierra, Christiana Figueres conversó con Firma sobre dos temas que han sido cruciales a lo largo de su vida: el cambio climático y la diplomacia. El primero de ellos es el estandarte que ha levantado durante varias décadas, con el profundo convencimiento de que

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la lucha contra el calentamiento global y el impulso del desarrollo sostenible están completamente relacionados con los derechos humanos, la seguridad internacional y los esfuerzos para erradicar la pobreza. La diplomacia ha sido su campo de batalla, desde donde procura la cooperación necesaria para llevar al planeta a la carbono neutralidad. Su perseverancia, entrega y carisma se han convertido en sus aliados más fuertes, tan necesarios para asumir una tarea gigantesca, pero cuya meta es concreta: tener un mundo que podamos heredarle a nuestros hijos e hijas. El 2016 trajo consigo un reto más para ella al aspirar ocupar el cargo de secretaria general de

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero como ella misma lo dice, “la candidatura no fue de Christiana, fue de Costa Rica”, una sociedad cuyos valores e ideales definen y marcan el accionar diplomático del país. El proceso de elección fue corto, pero sustancioso. El país se volcó a apoyarla, a sabiendas de las dificultades propias de aspirar al cargo diplomático más importante del orbe. Su candidatura ciertamente nos puso a soñar, pero también, pudimos fortalecer nuestra voz ante el concierto de las naciones y, ahora, nos permite reflexionar sobre los retos que afrontamos como humanidad. Pero eso no es todo. Su padre, José Figueres Ferrer, fue el gestor de una revolución que


cambió la historia de nuestro suelo en diversos ámbitos, pero principalmente, en temas de democracia, justicia social y desarrollo económico. ¿Cómo influyó el pensamiento de José Figueres Ferrer en su carrera y en el liderazgo internacional que ha ejercido? “Confieso que mi padre es la mayor influencia en mi profesión, desde el punto de vista de los valores que rigen y guían el trabajo que yo he ido haciendo. Don ‘Pepe’ hablaba siempre del bienestar para la mayoría de las personas y de ese sentido de lo que llamamos justicia social. Él lo pensaba en términos nacionales, pero hoy, en temas de cambio climático, lo aplicamos, pues es un trabajo para la protección de los más vulnerables. Viene siendo el compromiso que tenemos todos de poder dedicar lo que podamos para influir o beneficiar a los otros, de usar las oportunidades que nos han sido dadas por las posiciones en las que hemos estado en pro de las personas que todavía no tienen esas oportunidades. Es darnos cuenta de que todavía vivimos en una sociedad muy estructurada, muy piramidal, en donde la gran mayoría de las personas tiene, efectivamente, menos oportunidades que nosotros. Todos los que estamos en otro lugar de la pirámide tenemos la responsabilidad de trabajar y de dedicar nuestra vida precisamente para los que

están en la base de la pirámide. Eso es algo que don ‘Pepe’ me puso en la sangre, en las venas, y creo que a todos sus hijos les puso eso y todos seguimos trabajando por eso, y es lo que nos hace levantarnos temprano en la mañana para salir a trabajar. Nunca hay que darse por vencido. Yo recuerdo tanto uno de los dichos tan lindos que tenía don ‘Pepe’ cuando hacía referencia a aquel costarricense al que se le vuelca la carreta, se levanta, se sacude y sigue caminando... El no rendirse es algo muy importante. Eso hay que aprenderlo desde pequeño, porque siempre va a haber riesgos en la vida, desilusiones, batallas que no se ganan, pero eso no quiere decir que la guerra está perdida, eso quiere decir que hay que ir a la próxima batalla con más sabiduría, más paciencia y más escucha para las personas que están del otro lado con el fin de construir sobre las lecciones que van derivando de cada uno de los retos”. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015 sorprendió al mundo y le dio esperanza con la adopción del Acuerdo de París, uno de los esfuerzos más relevantes de nuestros días, y liderado por una costarricense. ¿Cuáles son los principales logros y qué queda pendiente? “Hay varias cosas que son críticas dentro del Acuerdo de París. Lo primero es que

establece la línea de referencia que cada país va a usar como su inicial contribución a este esfuerzo. Se invitó a cada país a que montara su plan nacional de cambio climático y contribución al esfuerzo global. Eso es muy importante porque cada país pudo hacer su asesoría técnica y sectorial. Si hubiéramos definido de entrada que todos los países deben contribuir de igual manera, en los mismos sectores, pues no hubiera salido el acuerdo, porque cada país es absolutamente suigéneris. Le abrimos la puerta a cada país, pero bajo la condición de que era la contribución inicial y que sobre esa base se seguirá construyendo y mejorando cada cinco años. El punto dos es que el acuerdo marca la trayectoria sobre la cual cada país va a contribuir a la descarbonización y se establece la dirección en la cual se mueve la economía global basada en un imperativo científico, tecnológico y moral. El acuerdo apunta en una sola dirección común, dirección en la cual vamos evolucionando. El punto tres es la meta final, la parte que fue más difícil de negociar. Cuando iniciamos un viaje, empezamos en un punto de partida, atravesamos una ruta y arribamos a alguna meta. No salimos sin saber a dónde vamos, porque, de lo contrario, no podemos medir lo que hicimos. Nuestra meta es la carbono neutralidad global para la segunda mitad del

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siglo. Además, algo crucial del acuerdo es que reconoce que los gobiernos nacionales no pueden por sí solos, aunque tienen la mayor responsabilidad porque son las ‘partes del acuerdo’. Se reconocen, por primera vez, las acciones del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de los individuos. Se conforma una red de actores que son los que van a hacer la diferencia para alcanzar la meta. El único punto que yo lamento que no se pudiera incluir en el acuerdo, pero que de haberlo incluido probablemente no hubiéramos alcanzado el acuerdo, es la urgencia. La urgencia de la acción en cambio climático es algo difícil de explicar y es muy difícil de ser aceptada, especialmente por los países en desarrollo. Si nosotros no llegamos al punto máximo de disminución de la emisiones globales para el año 2020, no vamos a poder llegar a la carbono neutralidad en la segunda parte del siglo a costos manejables. Digamos que seguimos aumentando las emisiones y llegamos a un punto de inflexión tarde, en el 2025 o 2030; ahí, vamos a tener que afrontar dos cosas: pérdidas en vidas humanas y costos económicos gigantes, porque vamos a tener que transformar la economía y pujar la tecnología más drásticamente. Ese sentido de urgencia de llegar a un punto de inflexión para el año 2020, que es lo que nos dice la ciencia,

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no se incluyó en París, porque a la primera escucha suena como si fuera una amenaza para los países en desarrollo. La razón es que el mundo se ha venido desarrollando en los últimos 150 años de acuerdo con una curva con el aumento del Producto Bruto Global (PBG) unido al porcentaje de gases de efecto invernadero. Tenemos en la cabeza que esas dos curvas van de la mano. Hay que desligar la curva del PBG que sigue subiendo en los países en desarrollo de la curva de los gases de efecto invernadero. No obstante, si uno interpreta el acuerdo, lo que dice es que tenemos que permitirles a los países en desarrollo que sigan en su crecimiento económico, pero sin que se sigan subiendo las emisiones de gases de efecto invernadero”. ¿En qué momento decidió lanzar la candidatura para la Secretaría General de la ONU? “Fue una decisión mancomunada entre Christiana y el Gobierno de Costa Rica. La verdad es que le agradezco al Gobierno que me hubiera tenido tantísima paciencia, porque ellos querían presentar la candidatura muchísimo más temprano y, ahora, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que el Gobierno tenía razón, creo que hubiera sido mejor lanzar la candidatura mucho más temprano. Yo fui la que no quiso lanzar la candidatura más temprano

porque yo sentía un compromiso de terminar la tarea que se me había encomendado hasta julio, la de liderar la Convención de Cambio Climático. Tenía dos opciones: una, dejar tirada la tarea, que no va con lo que yo soy, y la otra, haber lanzado la candidatura durante el ejercicio del puesto que estaba ejerciendo, que tampoco me parecía. Yo sé de otros colegas que sí lo hicieron, pero a mí no me agradaba esa opción, por eso hicimos un lanzamiento muy tarde, cuando todos los demás ya lo habían hecho meses atrás. Yo no sé si eso tuvo gran influencia, aunque sé que la tuvo. Si se hubieran dado las circunstancias para lanzar una candidatura más temprano, a lo mejor hubiésemos tenido mejores resultados”. A nuestro parecer, su candidatura a la Secretaría General representaba dos cosas: proviene de un país que promueve la paz internacionalmente, sin ejército, y, además, usted se especializa en temas de medio ambiente, un tema importante también en la política exterior costarricense. Ambos tópicos pueden resultar incómodos para las grandes potencias que son quienes cuentan con aparatos y operaciones militares desplegadas en todo el mundo y son las que más contaminan. ¿Considera que ello influyó en no alcanzar el puesto? “Yo creo que el hecho de que vengo de un país desmilitarizado, que tomó la


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decisión tajante e intencional de no tener ejército, decisión que se tomó en el 48 y que hemos interiorizado y nos sentimos orgullosos de eso, siendo parte de nuestra espina dorsal, eso, como mínimo, levantó un signo de pregunta en el Consejo de Seguridad, creo yo. Si bien el Consejo de Seguridad está comprometido con la paz, la verdad es que el cien por ciento de las conversaciones es sobre conflictos y, entonces, ahí, pudo haber una reticencia. Y yo me di cuenta de eso con las preguntas que me hicieron. En lo segundo, también tienen razón: mi trayectoria en la ONU se ve en un campo que se

mira ambiental, aunque, a mí, me parece que es económico y social. Algunos opinaban que mi trayectoria en la ONU es en un tema que tal vez no es muy contundente o que es un tema que no se lleva a los más altos niveles de la ONU. Además, agregaría al buen diagnóstico que ustedes han hecho, que yo me dediqué durante muchos años, incluido el Acuerdo de París, a una diplomacia activa, a incluir a otros sectores, a la población civil, a organismos internacionales, y eso a muchos gobiernos, sinceramente, no les gusta. Sienten que las decisiones de la ONU son nada más de gobiernos nacionales y que

son ellos quienes deben tomar las decisiones. Otra cosa más que fue incómoda para ciertos países es el compás moral bastante claro que salió en el debate público que organizó la Asamblea General y Al Jazeera, cuando preguntaron quién estaría dispuesto a pedir perdón por lo que hizo la ONU en Haití y yo fui la única en levantar la mano. A mí me extrañó que todos mis demás colegas no levantaran la mano, pero con esto, una demuestra que hay un compás moral que no siempre es compartido por todo el mundo y que es un compás moral muy tico. Y además, ¡ser mujer! ¡Imagínense qué barbaridad! ¡La

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suma de estos factores fueron demasiado para el Consejo de Seguridad!”. Entonces, ser mujer fue un punto importante que limitó su aspiración… “Sí, yo creo que para todas las seis candidatas, el factor género jugó en contra de nosotras. Definitivamente, yo sentí y, así, lo he compartido con mis colegas amigas candidatas, que en el Consejo de Seguridad no hay suficiente conformidad con la idea de que una mujer pudiera estar en esa silla. Recordemos que en el consejo son todos hombres, con la excepción de la embajadora de Estados Unidos (EE.UU.), y algunos de ellos han estado ahí desde hace 10, 12, 15 años, y siempre han trabajado con hombres”. Con el anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, toda Costa Rica se volcó a apoyarla, incluidas las diferentes fuerzas políticas. Encuestas en Costa Rica han revelado, igualmente, que usted goza de gran popularidad en el país. ¿Esa situación la motivó o motiva en algún momento en colaborar con el país desde algún puesto de elección popular? “Yo estoy sumamente agradecida con el apoyo y el cariño que los distintos sectores me demostraron. Fue algo que traspasó barreras. Pero entiendo que ese apoyo no fue a una persona, sino a un

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ideal, a una serie de principios y valores que llevamos todos los costarricenses. Por eso, con ese entusiasmo, sentimos que se nos estaba hablando al corazón costarricense. Nuestros ideales estaban en la primera plataforma del mundo. ¡Eso es algo muy bello! La verdad es que hay varios miembros de mi familia en política nacional y cada uno en su charco. Yo me quedo en el internacional. Es un trabajo complementario y nos apoyamos mutuamente, pero cada uno en lo suyo”. ¿Costa Rica puede alcanzar la ambiciosa meta de ser un país carbono neutral para 2021? “Sí, creo que lo podemos lograr. Estamos incrementando nuestra cobertura boscosa, lo que nos permite absorber más dióxido de carbono, siendo uno de los pocos países que está haciendo esto. Claro, donde Costa Rica tiene el reto más grande es en el transporte. ¡No les tengo que preguntar cuánto tiempo de vida pierden ustedes en trasladarse de sus casas al trabajo! El sistema de transporte está colapsado y, ahí, se pierde valor económico y productividad y contribuimos negativamente a la salud mental y corporal. Costa Rica tiene que impulsar los vehículos eléctricos. Eso sería una maravilla, porque a diferencia de la mayoría de los países, en Costa Rica, la electricidad proviene de fuentes renovables. Además, hay que pasar a ser un país de transporte público de primera calidad”.

¿Cuáles son los planes de trabajo actuales de Christiana Figueres? “Estoy comprometida con una misión que muchos llaman imposible, pero que yo quiero hacer posible, y es precisamente llevar a que se produzca ese desligue del producto global bruto de las emisiones de carbono para el año 2020. Para esa misión, estoy conjugando una serie de esfuerzos. Voy a trabajar con la Global Covenant of Mayors, una asociación de alcaldes de dos mil ciudades alrededor del mundo que quieren descarbonizarse: el 80% de las emisiones del mundo provienen de esas ciudades. Es la transformación de las ciudades lo que va a llevar a los países a la carbono neutralidad y, por ende, al mundo. Voy a trabajar muy de cerca con varias compañías que invierten en energía renovable alrededor del planeta. Del mismo modo, trabajaré con algunos entes financieros para alentarlos a que pongan a disposición de las ciudades y los gobiernos la financiación necesaria para dicha transformación. Conjuntamente, voy a trabajar con cinco ONG que están estudiando y trabajando el tema de cambio climático y una de esas, en especial, lo que hace es proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables, como los indígenas, con quienes he estado muy relacionada”.


Trayectoria Karen Christiana Figueres Olsen nació en San José, el 7 de agosto de 1956. Es hija del fundador de la Segunda República y expresidente, José Figueres Ferrer, y de la otrora diplomática Karen Olsen Beck. Es madre de dos hijas, Naima y Yihana. De sus padres heredó la vocación por el servicio público y los valores que la han convertido en voz y líder de uno de los retos más dramáticos que afronta el mundo: el cambio climático. Es antropóloga de profesión por la London School of Economics and Political Science, interés que la llevó a trabajar en su juventud con diversas poblaciones indígenas de Costa Rica. En 1995, fundó el Centro para el Desarrollo Sostenible de las Américas y, por varios años, fue miembro del equipo negociador de Costa Rica en temas de cambio climático. Christiana Figueres es agente de transformación por convicción y pasión. Como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (2010-2016), le correspondió liderar las negociaciones internacionales para combatir el calentamiento global, reto que asumió con gran optimismo, aun después de la fallida Conferencia de Copenhague de 2009. Su tenacidad y trabajo, basado en una diplomacia multilateral y

colaborativa, fue determinante para reunir a 195 países en la histórica adopción del Acuerdo de París de 2015, el primer instrumento internacional y vinculante para controlar y mitigar las emisiones. El 7 de julio de 2016, fue postulada por Costa Rica como candidata al puesto de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, siendo la primera centroamericana en aspirar al cargo y formando parte de las primeras 6 mujeres de la historia en ser candidatas. Por sus logros en beneficio de la humanidad, ha sido galardonada con la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la Orden de Orange-Nassau del Reino de los Países Bajos, la Legión de Honor del Gobierno

de Francia, la Gran Medalla de la Ciudad de París, el Premio Princesa de Asturias del Reino de España, el Premio Guayacán de Costa Rica, entre otros. Igualmente, es doctora honoris causa por la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Georgetown, en EE.UU., y la Universidad de Concordia, en Canadá. Actualmente, trabaja en diversos proyectos internacionales que agrupan esfuerzos para el desarrollo sostenible y la realización del Acuerdo de París. Colabora como vicepresidenta del Global Convenant of Mayors for Climate and Energy y asesora empresas de energía renovable, entidades financieras y organismos no gubernamentales.

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Diversificación del servicio legal: La clave para sobresalir en el mercado profesional Una situación difícil fue el motivo que inspiró al abogado Raymundo Macís a ver el derecho con otros ojos. Su empresa, Costa Rica Relocation es un ejemplo de cómo la aplicación de la profesión con un poco de creatividad puede marcar un factor diferenciador en el mercado Por Andrés Corrales Fotos: Cortesía/Carlos Campos Nadie es completamente dueño de su entorno, sino que lo diga el abogado Raymundo Macís, quien tras haber laborado en diferentes firmas legales, en 2009, la situación de haberse quedado sin empleo le supuso el reto de agregar algo de creatividad y lanzar su propio proyecto. La iniciativa mezcla el ejercicio legal con ciertas necesidades específicas que detectó en el campo empresarial y, de este modo, nació Costa Rica Relocation. En pocas palabras, esta empresa se convirtió en un aliado estratégico, principalmente para los departamentos de recursos humanos de transnacionales, a quienes les asesora en los temas de movilidad

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y expatriación de sus colaboradores que tienen que trasladarse entre diferentes oficinas a nivel global y, aunque muchos no encuentran tanto ejercicio legal en la búsqueda de una casa para un ejecutivo, un colegio para los hijos, entre otros, lo cierto es que detrás de todo lo que implican estos temas, hay un engranaje legal que no se puede ignorar. Así las cosas, el derecho civil, el migratorio, el laboral y más confluyeron en el equipo de trabajo de Costa Rica Relocation para brindar soluciones más allá del litigio a un sector necesitado de servicios legales más específicos. Convencido de que el derecho es

una actitud de vida -como se lo dijo una de sus profesoras en la UCR-, hablamos con este abogado sobre atreverse a emprender, a innovar y a ver el ejercicio de las leyes como un campo con muchas aristas donde, en el caso de él, se unieron talento joven con profesionales de diferentes campos. ¿Cómo surgió la idea de crear un negocio completamente diferente al derecho, pero que sí nació gracias a las necesidades en el campo que se detectaron en el mercado? “En 2009, yo trabajaba para una firma legal internacional y me quedé sin trabajo. Yo había trabajado antes en Zürcher, Odio & Raven. A raíz de la buena relación de amistad que había hecho con los socios, les propuse la posibilidad de crear una división dentro de la firma, una marca completamente aparte que brindara el servicio de relocation, o de reubicación, a los ejecutivos internacionales enfocado principalmente al trámite migratorio. La idea era convertirnos en un aliado estratégico y en un socio de absoluta confianza de los departamentos de recursos humanos de las transnacionales. ¿En qué consistía el destination o relocation service? Básicamente, buscarles casa, colegio para los niños, hacerles city tour, hacerles un entrenamiento de la cultura costarricense y, por supuesto, el trámite migratorio. A partir de eso, nació un concepto de ‘one stop shop’, donde, a través de un solo punto de contacto, nosotros coordinaríamos diferentes áreas y, de esta manera, comenzamos a


trabajar iniciando de cero”. ¿Cómo califica la experiencia de abrir esa frontera del derecho? “Fue un gran reto porque nunca había manejado una empresa por sí sola y uno tiene que aprender. Hacemos una búsqueda de una casa con parámetros y filtros para verificar las necesidades especificas del cliente. Se selecciona la casa, se realiza el contrato de arrendamiento y se acompaña en esa asesoría legal. Todo eso constituyó un paquete específico que resultó atractivo a las transnacionales porque, en vez de tener que pagar adicionalmente a sus asesores legales para que revisaran sus contratos, nosotros lo hacíamos dentro de un paquete para brindar ese servicio como tal. Es una mezcla interesante la que se dio, mucho tema de coordinación, de trato con la gente vinculado al tema legal, que, sin duda, le daba un beneficio adicional o mayor seguridad a las transnacionales en el sentido de que sabían, por ejemplo, que en una búsqueda de casa, estaban siguiendo la seguridad legal para verificar que la casa estuviera en orden, que no tuviera una hipoteca, que no fuera rematada, que el arrendamiento fuera de tres años, que no hubiera cláusulas abusivas, etc. Y eso resulta más atractivo que solo contratar una empresa que no tiene el valor agregado de la parte legal”. Mucha gente asocia el derecho con el litigio o la parte notarial, pero se olvidan de que es todo un campo donde se puede implementar la creatividad para descubrir un enfoque

diferenciador… “Siempre recuerdo algo que me dijo una profesora en la facultad de Derecho, doña Sonia Picado (que fue portada de ustedes), y es que el derecho tiene que ser una actitud de vida ante todo, y hay que partir de eso en cuanto a valores y a sentido de la ley se refiere. Hay muchas áreas del derecho, no únicamente está el litigio. Hay comercio, arbitraje, ambiental. Cuando un mercado está saturado, cuando tenemos bufetes muy buenos compitiendo casi todos en igualdad de condiciones, en aperturas regionales, en estándares de calidad, hay que buscar cómo diversificar. En ese momento, se me ocurrió a mí algo más enfocado en el tema de relocation. Nosotros, a lo que hemos apostado para poder competir, es a hacer alianzas con otros bufetes extranjeros y representarlos localmente, pero también, tenemos la experiencia de que hay muchas transnacionales que, en vez de trabajar con cuentas globales, prefieren tener un proveedor local nacional”. Con su experiencia en el área migratoria, ¿cómo califica los procesos migratorios en cuanto a la tramitología y el tiempo de respuesta por parte de las autoridades? “La ley es clara en cuanto a los lineamientos y los trámites. Ciertamente, algunos son muy engorrosos. Empero, cuando usted maneja la ley, sabe cuáles son los requisitos para que usted pueda asesorar a un cliente para prever situaciones que puedan suceder. Por ejemplo, en tema de dependientes,

la ley migratoria permite pedir la residencia de dependientes hasta menores de 25 años. Entonces, cuando una persona está próxima a cumplir los 25 años, pues decide no venir a Costa Rica. En ese momento, uno le recomienda que es bueno que le tramite la residencia porque si bien es cierto su hijo está estudiando en estos momentos en una universidad, en seis meses va a estar viviendo en Costa Rica y, si pasa los 25 años, no va a haber forma de traerlo como dependiente, de modo que se va a complicar el proceso. Indudablemente, hay trámites que son burocráticos, pero si usted conoce la ley y sabe prever situaciones críticas para un determinado cliente, usted lo puede enmendar en ese sentido. Yo creo que a nivel general, el capital se va y se queda en donde se sienta bienvenido. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para que el tema de inversión extranjera se facilite, y el trámite migratorio es un claro ejemplo de ello. Hace unos años, se implementó una nueva reglamentación de empresas reconocidas ante migración, empresas que vienen a generar un tipo de inversión en el país y que por su giro comercial, por ser transnacionales y demás, requieren tener personal de su confianza -extranjeros a venir a Costa Rica-. Sin duda, uno de los temas es hacer el servicio más automatizado… Ojalá, pudieran mandarse las aplicaciones migratorias en línea. Yo creo que eso sería de gran utilidad, no solo para el usuario, sino para las autoridades de Gobierno”.

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Carros eléctricos:

El futuro de Costa Rica

Las emisiones de carbono contribuyen seriamente al calentamiento global y la contaminación del aire. Los autos eléctricos son un pequeño paso para solucionar este problema. Por: Marilyn Gutiérrez, Periodista Ilustración: Monstruo Creativ@

Cada vez más son los países que suman a sus carreteras autos con cero emisiones de CO2, cuyos gobiernos conceden diversos estímulos a sus ciudadanos para facilitar la compra de vehículos eléctricos. El Gobierno de Japón ha presentado un programa de ayudas muy importante para comprar carros eléctricos, el cual consta de descuentos y reducción de impuestos. Por ejemplo, aporta la mitad de la diferencia entre el vehículo eléctrico y su equivalente en gasolina. Este plan de apoyo responde al objetivo que se ha planteado Japón de lograr un crecimiento de 50% en las ventas de este tipo de automóviles. Por su parte, Francia ofrece generosos apoyos y estímulos a la compra de carros eléctricos con el fin de reducir la contaminación. Este país europeo tiene un presupuesto de 450 millones de euros destinados a fomentar la compra de vehículos eficientes y el 10% de ese monto es en subsidio directo. En Noruega, los autos eléctricos están exentos de pagar IVA y otros aranceles especiales a la compra. Además, no pagan peajes en las autopistas, no pagan ferry (muy usados en el país), pueden parquear gratuitamente en la ciudad, les permiten circular por los carriles para buses y pagan menos impuestos anuales de circulación. En Costa Rica, en la Asamblea


Legislativa, se presentó el Proyecto de Ley de Incentivos al Transporte Eléctrico Núm. 19744, que tiene como principal objetivo la exoneración de impuestos para los vehículos eléctricos e híbridos recargables por un período de cinco años. Con el proyecto de ley se exonera el 100% del impuesto selectivo de consumo y el impuesto de ventas. Asimismo, se elimina el 1% sobre el valor aduanero para los vehículos eléctricos, híbridos recargables y sus repuestos. Adicionalmente, no aplica la restricción vehicular, se les exonera del pago del marchamo y del pago de parquímetros y se crearán parqueos especiales. Por otro lado, el texto exige que las empresas distribuidoras estén obligadas a instalar estaciones de recarga en los espacios más poblados del país, tanto dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) como en el resto del territorio, cada 80 kilómetros en vías nacionales y cada 120 kilómetros en vías cantonales. Firma conversó con Juan Carlos Pizarro, abogado especialista en temas de energía y telecomunicaciones y asociado sénior de AG Legal, sobre las principales implicaciones de la citada ley. ¿Por qué son importantes este tipo de proyectos? “Costa Rica se distingue, a nivel mundial, por su matriz de generación de energía limpia. Sin embargo, su lunar siempre

ha sido el eterno problema del transporte público y privado que emite toneladas de C02 al ambiente. Esta clase de iniciativas no son solo necesarias: son urgentes. Por un lado, son un incentivo para que las personas opten por tecnologías de transporte, pero, también, son un cambio de paradigma en el sentido de que los combustibles fósiles no son la única alternativa viable para el transporte. Otro punto positivo es que, al incentivar cada vez más este tipo de vehículos, ayuda a que la tecnología avance y los costos sean menores”. ¿Considera que este proyecto de ley es el más adecuado para el país? “Tuve la oportunidad de leer el texto sustitutivo y estoy de acuerdo en que es una iniciativa importante. Sin embargo, no me parece que sea lo suficientemente agresiva. Lamentablemente, por la idiosincrasia costarricense, los cambios grandes no gustan, se ven con desconfianza, por eso preferimos cambios pequeños, pasitos cortos y, a veces, casi imperceptibles. Solo el hecho de que el proyecto establezca una exoneración por solo cinco años o eventualmente llegar a 100 mil vehículos refleja que el Poder Legislativo está siendo sumamente cauto respecto al impacto que por sobre las finanzas puede dejar de percibir el Estado en materia de impuestos. En mi opinión,

debería ser permanente. Si queremos descarbonizar este país y seguir siendo un ejemplo, ¿por qué nos da miedo impulsar carros cuyas emisiones son básicamente nulas? Por otro lado, acertadamente, el proyecto prevé exoneraciones de impuestos para el ensamblaje de vehículos. En principio, esto haría al país atractivo para que empresas como Tesla establezcan una planta ensambladora, creando fuentes de empleo. Sin embargo, el proyecto mismo mata esta excelente iniciativa al disponer que la exoneración sea solo por cinco años. De la misma forma, creo que es necesario penalizar el uso de autos de combustible fósil, ya sea con aumento en la restricción vehicular, un impuesto verde que se cobre por medio del marchamo o ya sea con el cobro de peajes para entrar a las ciudades como en ciertas zonas de Londres, Inglaterra. Claro, y que la exoneración al transporte público sea permanente. Hay que sacar los vehículos privados de las calles e incentivar el uso de transporte público sustentable”. Costa Rica es considerada líder en temas ambientales y energías limpias como la hidroeléctrica, pero, todavía, nos falta mucho en tecnologías más vanguardistas. ¿Qué más puede hacer el país para ponerse al día? “Dejar atrás ideologías

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que han servido más para discusiones estériles que para crear soluciones. Debemos ser prácticos aquí. En lugar de estar pensando en leyes ‘parche’, como la Ley de Contingencia Eléctrica, debemos pensar más en una ‘Ley General de Electricidad’, como en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Ya es hora de regular el sector de forma integral y de darle mayor participación a la empresa privada, y no me refiero solo a aumentar la potencia que el sector privado puede generar y venderle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), me refiero a una apertura de mercado en donde grandes consumidores puedan adquirir energía de una empresa a precios competitivos. Igualmente, impulsar el tema de la generación distribuida, abordar con valentía el tema de la geotermia e, incluso, dejar que las empresas privadas puedan exportar energía. Nos encontramos en una paradoja: el ICE participa en el Mercado Eléctrico Regional (MER), que es abierto, pero en Costa Rica, tenemos un monopolio. Tenemos una capacidad instalada de alrededor de 3200MW, pero utilizamos alrededor de la mitad. ¿Por qué no intentar exportar más energía al MER e inyectar recursos frescos a una Administración pública hambrienta? ¿Que no es conveniente porque el

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país necesita la reserva en una crisis? Entonces, dejemos que el sector privado exporte energía, actividad que, desde luego, crearía empleo, impuestos, cargas sociales y demás”. De ser aprobada, la ley tiene una vigencia de cinco años o 100 mil vehículos. ¿Qué debe suceder después de que se cumpla esta meta para incentivar la compra de autos más amigables con el ambiente? “La esencia de la ley son las exoneraciones a los vehículos y sus piezas para ensamblaje y repuestos. El resto del proyecto se dedica al tema de la planificación, la emisión de directrices, la fiscalización, etc. Pero ¿qué pasa si una vez que acaban las exoneraciones, los vehículos de este tipo suben de precio? La lógica indica que muy probablemente suban de precio y todos sabemos que un vehículo de más de cinco años requiere mayor mantenimiento, lo que implicaría, eventualmente, repuestos más caros. Nuevamente, empujamos al usuario a que compre carros de combustión interna y los autobuseros y taxistas se quedarán con unidades que requerirán repuestos más caros cuya adquisición se reflejará en una mayor tarifa, desincentivando su uso (eso en el entendido de que exista una viabilidad financiera para cambiar la flotilla de autobuses y las condiciones de ruta lo

permitan, tal y como lo establece el proyecto). El Estado, los poderes que lo componen y la Administración pública no se distinguen por tener un sentido de urgencia. Luego de cinco años, no me extrañaría que algún diputado redacte un ‘proyecto parche’ en lugar de idear una solución normativa integral”. Cada vez hay más opciones de vehículos híbridos y eléctricos en el mercado, pero su gran mayoría es fabricada en países con una topografía muy diferente a la de Costa Rica. ¿Serán estos carros capaces de soportar la infraestructura del país? “Eso deberían de garantizarlo los distribuidores de dichos vehículos. En principio, varias marcas reconocidas cuentan con autos eléctricos tipo SUV y 4X4, por lo que no creo que haya problema. Existe la creencia de que los carros eléctricos son lentos y de poca potencia, sin embargo, la tecnología ha avanzado mucho en poco tiempo y, hoy, tenemos automóviles eléctricos que, en velocidad, rivalizan con vehículos deportivos tradicionales”. Aparte de las estaciones de recarga, ¿qué otros cambios se deben hacer a nivel de infraestructura para que el país sea más amigable con los carros eléctricos o híbridos? “Si bien es cierto que la infraestructura vial en Costa Rica está rezagada, creo que el


tema no pasa por ahí. El tema, insisto, pasa por sacar vehículos de combustión interna, tener una cantidad razonable de carros eléctricos e híbridos recargables y trabajar muy fuerte para sustituir la flotilla de buses y camiones de combustión interna y cambiarla, poco a poco, por autos más sustentables. Conjuntamente, impulsar más el uso del tren y fortalecer su administración, porque no es un tema de dinero, es un tema de voluntad política y de mejorar la administración. Hay que quitarnos de la cabeza que los problemas nacionales tienen una solución única. Emitir legislación o reglamentación sectorial que no se vincula entre sí es como si el cerebro de un cuerpo humano solo se concentrara en el hígado y no enviara órdenes a los riñones. El sistema tiene que ser armónico y no lo tenemos. No digo que esta iniciativa esté mal, para nada, de hecho, es necesaria como un primer paso porque, si por el Poder Ejecutivo fuera, esto jamás hubiera caminado en vista de que aprobar exoneraciones implica recibir menos dinero para sus arcas. Pero el proyecto así como está, no por ser pesimista, es demasiado tímido. Tenemos una magnífica iniciativa que merece un

proyecto más agresivo, porque, de verdad, el país lo necesita”. En el proyecto, se incluye una serie de beneficios para los carros eléctricos y los híbridos de recarga, pero los demás híbridos quedan por fuera. ¿Considera que se deberían incluir? ¿Por qué? “Intuyo que la respuesta está en la diferencia en el consumo de combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos no consumen, desde luego; sin embargo, los híbridos, aún, utilizan combustible fósil. Veamos: a velocidades bajas, un híbrido tradicional obtiene potencia del motor eléctrico; al aumentar la velocidad, requiere más potencia para impulsar el automóvil, por lo que, al haber mayor necesidad de energía, utiliza el motor de combustión interna (o sea, usa gasolina); si el carro necesita más potencia todavía (para escalar una colina empinada), ambos sistemas de propulsión funcionarán simultáneamente para proporcionar un impulso adicional. La principal fuente de combustible de estos autos sigue siendo la gasolina, aunque la cantidad de gasolina requerida es menor. En el caso de los híbridos recargables, estos utilizan su motor eléctrico

para el impulso. El vehículo continuará utilizando el motor eléctrico hasta que los niveles de la batería alcancen un estado de carga de batería predeterminada, luego del cual, el carro entra en un modo de mantenimiento de carga. En ese momento, el motor de combustión interna funciona como un generador y, al mismo tiempo, aumenta la autonomía del vehículo”. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para generar beneficios a los carros eléctricos e híbridos y que, tal vez, sean más fáciles y rápidas de implementar? “Los cambios de paradigma no son fáciles ni rápidos. Llevamos décadas utilizando vehículos de combustible fósil y es muy fácil conseguir ese tipo de combustible. Con los autos eléctricos e híbridos enchufables no solo hay que convencer a las personas de que son medios confiables, también, hay que construir la infraestructura para su recarga. Otro punto a considerar es el precio: gracias a los impuestos, ello hace que estos carros sean poco atractivos para los consumidores. Quizás, el cambio de paradigma no sea rápido, pero al menos, la baja en los impuestos podría hacer que el consumidor se interese en ellos a corto o mediano plazo”.

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El pago electrónico como elemento esencial de la modernización del transporte público Silvia Bolaños

Directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes Ilustración: Marc Ramírez

Desde la aprobación del decreto 28337-MOPT sobre Políticas y Estrategias del Transporte Público, el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035,

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declarado de interés público mediante el Decreto Ejecutivo de Oficialización del PNT-2011-2035 como Política Pública Sectorial del Sector Transporte (Núm. 37738-

MOPT, del 29 de mayo de 2013), y los Planes Nacionales de Desarrollo elaborados por los últimos gobiernos, es claro que la Administración ya ha dejado


establecidas las políticas públicas y acciones específicas en materia del transporte público. El fortalecimiento del transporte público, el combate a la informalidad, la priorización del transporte público en el uso de la infraestructura vial, la incorporación de la tecnología en el funcionamiento del sistema para facilitar la integración operativa, la simplificación del pago al abordar un autobús, todas ellas son acciones que deben desarrollarse de manera prioritaria para mejorar la calidad y la seguridad del servicio de transporte público y facilitar la modernización del sistema. Son muchas las ventajas que presenta la incorporación de la tecnología al pago de pasajes de autobús: le brinda seguridad al usuario y al operador, permite la agilidad del abordaje y facilita la integración intermodal. Ello sin dejar de mencionar el impacto positivo que generaría en la economía del país, pues un estudio de la División Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de septiembre de 2012 reflejó que solo el costo social del efectivo alcanzó, el año previo, la suma de 413 millones de dólares equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), imponiendo una importante carga financiera a la sociedad y particularmente al aparato productivo del país el uso de monedas y billetes como medio de pago. Por eso la trascendencia e importancia de la necesidad de implementar

mecanismos electrónicos de pago que sustituyan las transacciones en efectivo mediante un enfoque integral y armónico. La implementación de un sistema de pago electrónico en transporte no es un asunto meramente informático, pues involucra aspectos operativos del transporte público, aspectos tarifarios, aspectos administrativos, aspectos logísticos y otros aspectos tecnológicos totalmente específicos de la operación del servicio que permita garantizar el éxito de la operación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe ‘Sistemas de Cobro Electrónico de Pasajes en el Transporte Público’, determinó que existe, en América Latina, un importante número de iniciativas tendientes a dotar de mayor seguridad y versatilidad al transporte público mediante sistemas de pago electrónico de pasajes, con resultados, hasta el momento, diversos. Aun cuando son más las ventajas, la experiencia nos dice que el éxito del proceso radica en la humanización del proceso, es decir, el usuario debe conocer el proceso. Consecuentemente, debe orientarse el proceso en función de las políticas públicas y la realidad operativa del transporte público en Costa Rica, ya que, como dijimos, la implementación de un sistema de pago electrónico no se reduce solamente a un

asunto tecnológico, que es la parte más sencilla del proceso (no sin dejar por fuera la multiplicidad de opciones, equipos y diversas tecnologías que ofrece el mercado). En momentos en que las autoridades muestran su compromiso para avanzar en una propuesta de sectorización, es primordial, para la modernización del transporte público, establecer las generalidades mínimas concernientes al pago electrónico en general porque este constituye un componente de infraestructura básica para la modernización de los servicios de transporte público remunerado de personas, por ello, cualquier proceso que pretenda reordenar el sistema de transporte requiere del funcionamiento de un sistema de pago electrónico para poder ser llevadas a cabo. Es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Banco Central (como ente rector de la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos nacionales) promuevan la generación y construcción de los requerimientos mínimos de un sistema de pago electrónico que brinden la seguridad jurídica que requieren los operadores para realizar las inversiones necesarias y que le garanticen al usuario la seguridad en sus transacciones.

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Cannabis medicinal:

beneficios en el uso y la comercialización

Marvin Atencio Delgado Diputado, Médico y Abogado Ilustración: Shutterstock

El cannabis ha sido considerado particularmente un ‘tabú’ y, como tema específico, no se había planteado a través de algún proyecto de ley anteriormente. Por esa razón, el 8 de agosto del año 2014, presenté, ante la secretaría del directorio legislativo, el proyecto Ley para la Investigación, Regulación y Control de las Plantas de Cannabis y Cáñamo para Uso Medicinal, Alimentario e Industrial, expediente N.º 19.256. Este proyecto viene a llenar un

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vacío de años, convirtiéndose en el primero de su naturaleza que se expone en la corriente legislativa. Iniciando funciones como diputado de la República, en mi despacho, recibí a varias organizaciones y personas de diversos ámbitos y experiencias con inquietudes y puntos de vista en torno al uso medicinal del cannabis. Una vez analizadas las diversas partes, tomé la decisión de elaborar y presentar una iniciativa que viniera a dar

un marco normativo a su uso medicinal. Durante el proceso de investigación y redacción del proyecto, encontramos que la planta tiene múltiples utilidades y que, incluso, puede destinarse para elaborar alimentos y productos manufacturados de uso industrial. Era evidente el morbo que esta cuestión podía despertar en los distintos círculos conservadores. Sin embargo, era necesario abrir el espacio para generar un debate serio sobre esos tres usos de la planta.


Uno de los aspectos primordiales del proyecto de ley es el paciente, pues estoy convencido de que nuestro país debe facilitar el acceso a los cannabinoides como una opción de tratamiento en donde la medicina convencional no ha tenido el éxito deseado. Asimismo, establece la obligatoriedad de construir nuevos laboratorios farmacéuticos para la preparación de los medicamentos cannabinoides y de extractos del cáñamo donde podrían incorporarse nuevos profesionales, además de los ya existentes, en los laboratorios de las universidades públicas. Se prevé que Costa Rica podría aprovechar el momento histórico y demostrarle al mundo el gran potencial de los profesionales en diferentes ramas científicas, tanto en el campo sanitario como en el industrial. Con el aprovechamiento de este recurso, se pretende que nuestra nación investigue, produzca y manufacture medicamentos a base de los componentes activos del cannabis. Existe una amplia gama de investigaciones científicas, de reconocido prestigio y rigor científico, que demuestran no solo las propiedades de los derivados del cannabis y del cáñamo en sus diferentes aplicaciones, sino que, también, derriban mitos creados durante la década de los años 60, donde se empezó a generar un mal concepto de esta planta.

Es importante mencionar que el cannabis ha sido utilizado con fines medicinales desde tiempos antiguos. Un ejemplo de ello consta en diversos estudios sobre las culturas ancestrales de Asia Central, China, India, Persia y Egipto, donde se evidenció el uso del cannabis como un anestésico para la realización de cirugías. Igualmente, el uso del cáñamo en prescripciones médicas. Los griegos y romanos emplearon el cannabis y el cáñamo para múltiples propósitos: como tratamiento médico para dolores de estómago y cabeza (entre otros), para tratar la impotencia y para la fabricación de textiles y alimentos. En Europa Central, durante la Edad Media, se utilizó el cannabis para controlar problemas pulmonares, artritis, complicaciones en articulaciones, gota y tumores. Además, en cuanto a los efectos secundarios o malestares provocados por estas plantas, se comprobó que eran menores a los producidos por el opio. Para el año 1811, Samuel Hahnemann, médico alemán, fue el primero en mencionar, en su libro ‘Reine Arzneimittellehre’, el uso homeopático de la cannabis sativa. A inicios del siglo XIX, el uso del cáñamo nativo, predominantemente las semillas y, a veces, otras partes de la planta fueron usadas farmacológicamente. Una de las descripciones más extensivas acerca su aplicación fue provista

por el químico y botánico Theodor Friedrich Ludwing Nees von Esenbeck en 1830, quien decía: “Muchos médicos, incluyendo a Hahnemann, usaron el extracto en vino para pacientes con problemas nerviosos en lugar de emplear el opio, ya que el cáñamo producía menos malestares o efectos secundarios”. Más recientemente, el principal precursor e investigador de las propiedades del cannabis es el químico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Raphael Mechoulam, quien, en 1964, aisló el principio activo del cannabis, el tetrahidrocannabinol (THC) y explicó sus mecanismos de acción. Igualmente, en 1992, Mechoulam pudo aislar una sustancia producida por el cerebro humano capaz de reproducir los efectos del THC, a la que denominó anandamina o ‘molécula de la felicidad’. Esta sustancia corresponde a un neurotransmisor cuyo estudio anuncia perspectivas muy interesantes a nivel del comportamiento neuronal. Conjuntamente con las investigaciones hechas por este distinguido científico israelí, existen alrededor de 20 mil estudios de diferentes universidades y profesionales alrededor del mundo (primariamente de Europa y Estados Unidos) que respaldan lo redactado en el Proyecto de Ley 19.256.

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OPINIÓN Sobre la Ley de Fraude Fiscal

Marcelo Guevara Leandro Tax Senior Deloitte Costa Rica Ilustración: Monstruo Creativ@

El derecho tributario, como disciplina jurídica, tiene su génesis en la emisión de la Ordenanza Tributaria Alemana del año 1919. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente y la materia fiscal ha sido objeto de un vertiginoso desarrollo alrededor del mundo, incluyendo, naturalmente, a Costa Rica. Actualmente, el escenario internacional expone a las potencias globales, todas ellas actuando en conjunto con el afán de no ver diluida su recaudación frente a los esquemas fiscales de las compañías multinacionales. Esta postura se manifiesta desde

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organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo panel fiscal emite, a lo largo del año, múltiples disposiciones técnicas que inciden, incluso, en los países que no son miembros de la organización. Si a lo anterior aunamos un déficit fiscal como el que padece Costa Rica y la reciente publicación de los ‘Papeles de Panamá’, tenemos como resultado la elaboración y aprobación de normas como la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal. A continuación, un breve análisis de algunas de las disposiciones

de la norma, la cual ya fue aprobada en el congreso y será ley positiva en los próximos días. Información de clientes de entidades financieras La ley establece que la Administración tributaria tendrá acceso irrestricto a la información que las entidades financieras remitan a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) sobre datos relativos a la identidad de las personas en cuyo beneficio se abre una cuenta bancaria. Se trata de información relacionada con la representación, capacidad legal, ocupación y domicilio. En general, los datos de identidad del titular de la cuenta. Precisamente, se hablita a la Administración tributaria a contar con información masiva de ciudadanos, los cuales, en muchos casos, no son contribuyentes. Aquí, es donde resulta menester preguntarse si la ‘transparentización tributaria’ es equivalente a la obtención ilimitada de datos personales, sin que exista si quiera un indicio de defraudación fiscal. El artículo 24 de la Constitución Política garantiza el derecho a la intimidad, el cual, en la presente ley, cede terreno frente a los intereses recaudadores del Estado. Tema controvertido que debemos abordar en todos los espacios de discusión jurídicotributarios. Sanciones para los asesores fiscales y contadores Se crea, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios


(CNPT), el artículo 81 bis, donde se establece una sanción de uno a tres salarios base a quien “asesore, aconseje o preste servicios para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto y colabore en la alteración o en la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan”. Como vemos, es una norma propia de derecho administrativo sancionatorio, que extiende el tipo sancionador al asesor fiscal del contribuyente, pese a que el incumplimiento tributario se materializa en ese tercero al que le brindó asesoría. Evidentemente, la norma constituye una amenaza totalmente desmesurada al ejercicio de la asesoría fiscal y los servicios contables. Ahora, bien, la versión aprobada fue variada en virtud de las diligencias desplegadas por varios profesionales en la materia, ya que, en el penúltimo de los textos del proyecto de ley, se pretendía establecer una responsabilidad solidaria de los asesores sobre la exactitud de las sumas determinadas de oficio por parte de los auditores de la Dirección General de Tributación (DGT). Una propuesta perversa cuya sola intención debe ser deplorada. Ciertamente, los legisladores recapacitaron y variaron la redacción de una responsabilidad solidaria a un régimen sancionador, que no deja de estar impregnado de una aviesa voluntad de limitar la labor de los abogados y contadores

que brindan asesoría tributaria a sus clientes. Registro de accionistas La normativa establece la obligación anual de las personas jurídicas de suministrar al Banco Central la información sobre sus accionistas y beneficiarios finales. La norma define beneficiario final como “la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica o estructura jurídica”. Dicho deber recae, también, sobre los fideicomisos (a excepción de los de naturaleza pública) y las organizaciones sin fines de lucro. La sanción por no contar con el registro de accionistas asciende a un salario base (artículo 84 bis del CNPT) y la sanción por no entregar la información asciende al 2% de los ingresos brutos del infractor en el período fiscal anterior, con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 salarios base (artículo 83 del CNPT). Se indica que el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) emitirán una resolución conjunta sobre cómo deberá entregarse la información al Banco Central. Precisamente, desde la creación de la norma, se constituyó una suerte de dueto que entremezcla el narcotráfico con los aspectos tributarios, lo cual favoreció el populismo en las discusiones. El Banco Central ostentará la información en una base de datos y la entregará a dichas instituciones previa solicitud

fundamentada. Considerando las facultades que actualmente ostenta la DGT, desde un punto de vista técnico, la creación del registro de accionistas no es una herramienta indispensable para verificar los deberes materiales de los contribuyentes. A decir verdad, desde hace varios años que la DGT realiza ajustes a las declaraciones de impuestos de las empresas por medio del desconocimiento de sus estructuras jurídicas, en aplicación del artículo 8 del CNPT (principio de realidad económica). Entonces, desde cualquier óptica, el afán del fisco de acumular información personal y sensible de los ciudadanos debe preocupar a los operadores jurídicos, sobre todo cuando no se enfatiza en la pertinencia tributaria de los datos que se recaban. En el año 1893, el jurista Franz von Liszt dijo que el “derecho penal es el límite infranqueable de la política criminal”. Una afirmación clásica, que se refleja en la estructura y el contenido de muchos de los instrumentos jurídico-penales de la actualidad. En materia tributaria, debemos parafrasear a von Liszt y decir que el derecho tributario debe ser el límite infranqueable de la política fiscal. Los derechos y garantías de los contribuyentes no son negociables, ni pueden ser enervados al calor de un déficit fiscal o la intención estatal de adherirse a un organismo internacional como la OCDE.

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ÂżResponsabilidad penal de personas jurĂ­dicas?

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MSc. Gerardo Huertas Angulo

Abogado Penalista / Socio en Lexpenal Abogados ghuertas@lexpenal.cr Ilustración: Monstruo Creativ@

Con la globalización y la expansión comercial han surgido nuevas y complejas modalidades de delincuencia económica que han exigido una adaptación del derecho penal tradicional. Una de las características de este nuevo ‘derecho penal empresarial’ que ha producido un fuerte debate es la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, asociaciones, fundaciones, entre otras). En efecto, desde el año 2010, en España, existe todo un esquema de multas reguladas, como sanciones penales, dirigidas en contra de las personas jurídicas. Esta inclusión de las empresas como sujetos activos/imputados en el sistema penal ya empieza a ganar acogida en otras legislaciones y es previsible que sea un tema en discusión en nuestro país en los próximos años. Lo anterior nos fuerza a hacernos la pregunta obvia: ¿pueden las empresas delinquir? Las personas jurídicas no poseen conciencia, lo que hace imposible que actúen con

dolo o culpa, por lo que no podría configurarse la tipicidad subjetiva como elemento integrante de cualquier figura delictiva. Tampoco parece posible conciliar la naturaleza de la responsabilidad penal -que es, por definición, subjetiva y personalísima- con los actos atribuidos a una empresa como entidad jurídica que producen responsabilidad civil objetiva. En definitiva, la culpabilidad (entendida como la capacidad de comprensión del carácter ilícito del hecho y de determinarse de acuerdo con esa comprensión) es una capacidad exclusiva del ser humano. Las personas jurídicas representan ficciones creadas para facilitar los negocios, pero están carentes de toda capacidad de determinación y raciocinio propio. Aunado a lo anterior, debemos recordar que, en un sistema democrático, el derecho penal solo puede ser tolerado en la medida en que sus penas cumplan fines de prevención general y especial positiva. La primera busca educar a la población sobre cuáles conductas constituyen delito y la segunda

pretende la resocialización del delincuente. Evidentemente, una persona jurídica no puede ser ‘rehabilitada’, por lo que, en casos de empresas, la sanción penal pasaría a cumplir una función meramente retributiva o de neutralización, devolviéndonos a teorías absolutistas de la pena propias de regímenes totalitarios y contrarias al Estado de derecho que nos rige. Si bien es claro que el ordenamiento jurídico debe adaptarse a los tiempos cambiantes para mantener su vigencia, la posibilidad de sancionar penalmente a personas jurídicas amenaza con socavar los cimientos sobre los cuales se erige esta ciencia y constituye una verdadera desnaturalización de la materia penal y sus fines. Es en el derecho administrativo sancionador y en el derecho civil en donde deben encontrarse las respuestas y las sanciones necesarias para combatir las acciones socialmente dañinas cometidas por empresas o entidades jurídicas.

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Compromisos del país y retos de implementación sobre el

cambio climático

Luciana Pineda

Abogada Ilustración: Monstruo Creativ@

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Costa Rica ha formado parte de los países pioneros en establecer políticas, programas y estrategias en relación con el cambio climático. El presente artículo analizará cuáles son los principales compromisos de mitigación establecidos en el marco jurídico costarricense, así como los establecidos en instrumentos internacionales. Específicamente, los compromisos de mitigación para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) que ocasionan el cambio climático vienen acompañados de un importante componente internacional basado en la cooperación global para alcanzar metas comunes. Tratados y otros compromisos internacionales fortalecen y complementan las actuaciones a lo interno del país en este sentido. Esta tarea representa un importante reto, especialmente, porque existen sectores en los que se debe priorizar la realización de cambios urgentes para alcanzar las metas de mitigación planteadas a nivel nacional e internacional. El país inició, en los 90, un proceso de creación de instituciones, normativas, políticas y programas referentes al cambio climático y los GEI. Este proceso incluyó la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, referente a la mitigación (y, posteriormente, adaptación) de emisiones que

afectan el cambio climático. Dentro de las iniciativas planteadas por el Gobierno, se encuentra la meta de carbono neutralidad para 2021, fijada en 2007 e incluida en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) de 2007 y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2014, como parte de la iniciativa Paz con la Naturaleza. El PND 2015-2018, el Plan Nacional de Energía 20152030 y la política Nacional en Gestión de Riesgo, entre otros, marcan, también, políticas y rutas a seguir. Asimismo, en 2007, se creó la Dirección de Cambio Climático (DCC) como entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Igualmente, demás instituciones, como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, lideran acciones o programas sobre cambio climático. La ENCC, en su plan de acción, establece una serie de acciones centradas en la mitigación de emisiones para alcanzar la carbono neutralidad. Puntualmente, las acciones se concentran en reducir la emisión de GEI, incentivar y ampliar la captura y almacenamiento de las emisiones de carbono que se liberan en el país mediante la ampliación de la cobertura boscosa (aumentándola de un 52% a un 60%) y desarrollar un mercado de carbono nacional.

Mediante el Acuerdo 36-2012 MINAET del 21 de mayo de 2012, ‘Oficializa Programa País Carbono Neutralidad’, se creó la certificación ‘Carbono Neutralidad’ y la ‘Marca C-Neutral’, entregada a las organizaciones participantes y que cumplan con los requisitos establecidos ahí. Para implementar acciones de compensación de carbono, se reguló el mercado doméstico de carbono (MDC) mediante el Decreto Ejecutivo 37926 del 10 de setiembre de 2013, ‘Reglamento de Regulación y Operación del Mercado Doméstico de Carbono’. La compensación de emisiones a través de la comercialización de créditos de carbono es un proceso voluntario dirigido para el sector privado. El objetivo es que las organizaciones o empresas beneficiarias de la ‘Marca C-Neutral’ reduzcan las emisiones en sus actividades y aquellas que no puedan ser mitigadas puedan compensarse por medio del MDC. FONAFIFO emite los créditos de carbono, llamados unidades costarricenses de compensación (UCC). Actualmente, existen 75 empresas certificadas como carbono neutral. Es importante aclarar que FONAFIFO fue autorizado para emitir las UCC antes de la entrada en vigencia del MDC, mediante el Transitorio II del Decreto Ejecutivo 37926. FONAFIFO ha continuado con esta labor

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porque el MDC no ha sido establecido aún. Como lo ha comunicado el MINAE, para 2021, se pronostica que Costa Rica emitirá al año 21,7 millones de toneladas de CO2 y su cobertura forestal de un 52% del territorio permitiría fijar 15,9 millones de toneladas. El país requeriría reducir o compensar 5,8 millones de toneladas de CO2 para alcanzar la carbono neutralidad. Este es un gran reto, al cual se suma el uso irracional de los recursos naturales en el país, una matriz energética contaminante y un sector agropecuario con un alto porcentaje de producción de GEI, entre otros factores. También, el citado informe menciona que, en 2014, cada costarricense utilizó un 8% más de lo que el territorio tiene disponible para satisfacer su demanda de recursos naturales. Igualmente, Costa Rica continúa teniendo una matriz energética contaminante basada mayoritariamente en el uso del petróleo y derivados de este que son utilizados especialmente para la flota de transporte. En 2014, el consumo total de energía se abasteció en un 72,1% con hidrocarburos. Por otra parte, el sector agropecuario es el segundo de mayores emisiones, aportando aproximadamente un 38% de la totalidad. Este panorama representa una gran preocupación en torno al cumplimiento de la meta de carbono neutralidad, además de

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las normativas y compromisos internacionales que establecen la necesidad de mitigar la emisión de GEI. La reciente ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU presentan nuevos compromisos en este sentido. Costa Rica ratificó el Acuerdo de París mediante Ley No. 9405 del 4 de octubre de 2016. Y antes, el 9 de septiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país en firmar el Pacto Nacional por el cumplimiento de los ODS. El Acuerdo de París plantea una respuesta a las amenazas del cambio climático. El objeto del acuerdo se enfoca en la lucha internacional para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC. Los países deberán trabajar apegados a los lineamientos generales indicados en el acuerdo y a los compromisos de descarbonización fijados individualmente por cada país e indicados en documentos llamados Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). El INDC de Costa Rica establece una meta para la descarbonización de la economía con un límite absoluto de emisiones al 2030, que

representa una disminución del 25% de emisiones de GEI, comparado al 2012. Para lograr su meta, Costa Rica tendrá que reducir 170 mil 500 toneladas de GEI cada año, hasta 2030. El compromiso de descarbonización de la economía plantea emisiones netas cero al 2085. El INDC de Costa Rica incluye temas relacionados con las acciones de mitigación apropiadas (NAMAs, por sus siglas en inglés), el desarrollo de un mercado doméstico de carbono, el fortalecimiento de mercados locales, la creación de incentivos financieros, los incentivos de productos con una baja huella de carbono, la implementación de energías renovables, la reforestación, la educación en materia de prácticas productivas y hábitos de consumo, el fortalecimiento institucional, el desarrollo urbano sostenible, entre otros. Los ODS consisten en 17 objetivos que se deberán aplicar como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en septiembre de 2015. El objetivo número 13 establece que los países deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Adicionalmente, los objetivos disponen que se deberán llevar a cabo acciones para erradicar la pobreza y el hambre, lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana a las personas, garantizar


el acceso a energía segura y sostenible y demás temas ligados, también, al cambio climático. Es importante resaltar que Costa Rica se encuentra en el proceso de adhesión ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que simboliza un compromiso extra de revisión de los estándares, normativas y acciones que se aplican en el país, incluido el sector ambiental. El proceso de revisión de políticas públicas y normativa, en nuestro suelo, es de gran relevancia, porque la OCDE cuenta con 54 instrumentos asociados con el tema de política ambiental. La lucha contra el cambio climático y el Acuerdo de París son componentes de gran importancia dentro de este eje temático. Como se mencionó anteriormente, Costa Rica ha creado instituciones y políticas sobre el cambio climático. El país también ha avanzado en la aplicación de programas y estrategias con este fin. Ejemplos de esto son el sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a través de FONAFIFO, la preparación de la Estrategia Redd+ para la protección de los bosques, la implementación de NAMAs mediante prácticas bajas en emisiones para la producción de café y la ganadería y el desarrollo de futuros NAMAs

para los sectores agricultura, urbano y transporte. También, se han implementado estrategias de desarrollo bajo en emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés), para proporcionar apoyo internacional en la recopilación de datos y preparación de estrategias de mitigación para implementar en la nación. Sin embargo, para cumplir las metas propuestas, es urgente tomar acciones anexas. Primeramente, establecer un MDC y revisitar su regulación a la luz de los nuevos compromisos internacionales (del mismo modo, en los sectores priorizados donde se genera mayor contaminación, como lo son el sector transporte y el agropecuario). Por ejemplo, reformas legales que permitan, incentiven o promuevan acciones añadidas como la electrificación e integración del transporte público, la movilidad sostenible, la aplicación de canon a las emisiones de carbono de fuentes móviles, los incentivos fiscales para todo tipo de tecnologías limpias y climáticamente inteligentes y los incentivos económicos para la agricultura sostenible y la promoción de productos con una baja huella de carbono, entre otros. En conclusión, Costa Rica cuenta con un marco normativo que compromete al país a la lucha contra el cambio climático y a la aplicación de medidas de mitigación para alcanzar la

carbono neutralidad al 2021, así como una reducción del 25% de las emisiones para 2030 (respecto a las cuantificadas en 2012) y la descarbonización completa de la economía para 2085. Los compromisos nacionales e internacionales adquiridos son ambiciosos y presentan grandes retos y continúan impulsando una revisión del marco normativo costarricense en relación con la meta de carbono neutralidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre el cambio climático. El Acuerdo de París, los ODS y el proceso de adhesión a la OCDE son desafíos que ofrecen una plataforma de cooperación internacional que será esencial para el cumplimiento de estos objetivos.

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Piratas Modernos

M.C. Simรณn A. Angulo A. Juez de Juicio Penal Tribunal de Puntarenas Ilustraciรณn: Shutterstock

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Frecuentemente, Costa Rica se presenta como una pequeña nación con un esquema político democrático y con un alto contenido ecológico como una propuesta de desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, se han dado propuestas nacionales e internacionales que han reconocido la protección jurídica del medio ambiente. La ubicación geográfica de nuestro país nos ha otorgado un anillo de riquezas ictiológicas de grandes magnitudes en calidad y cantidad a nivel internacional, generando una serie de intereses económicos basados en la explotación ilegal de nuestros mares, fundamentalmente enfocados en algunas especies marinas, como el atún, el camarón y el tiburón. Grandes y pequeñas embarcaciones de bandera nacional e internacional marcan sus zarpes con destino hacia nuestras aguas patrimoniales que, gracias al Parque Nacional Isla del Coco, expande el territorio a 695.000 kilómetros cuadrados, es decir, pasamos de un pequeño país de 51.100 kilómetros cuadrados de tierra a una extensión combinada que supera algunas potencias pesqueras extranjeras que únicamente poseen la tecnología para la explotación pesquera, lo que no solo representa un activo, sino una responsabilidad ecológica y de seguridad alimentaria mundial para evitar las actividades de piratería. Es absolutamente normal que las autoridades centren su actividad

de investigación en ciertos delitos relacionados con crimen organizado, narcotráfico y trata de personas en zonas marítimas, sin embargo, en los años venideros, tendrán que hacer un esfuerzo mayor en investigaciones relacionadas con delitos ecológicos perpetrados en nuestras aguas, de lo contrario, los avances y compromisos internacionales adquiridos podrían sufrir un retroceso en la protección y certificación en materia de protección ambiental, que es una responsabilidad de carácter constitucional y que, además, se amplifica en el derecho convencional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha que encontrado violaciones a los derechos humanos en Estados por permitir explotaciones irregulares de recursos naturales que afectan diferentes comunidades ecológicas. Reconocido el bien jurídico tutelado de la protección al medio ambiente, el Estado costarricense decidió, mediante una adecuada política criminal gestada en la Asamblea Legislativa, la elaboración del tipo penal de ‘Piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima’, descrito en el numeral 265, inciso 1, del Código Penal. El tipo penal sanciona la acción ilícita con una pena privativa de libertad de tres a 15 años a quien realice, en el mar territorial o en la plataforma continental, una explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas, es decir, que la protección jurídico-penal representa un mensaje de prevención especial

a capitanes o tripulaciones que no cumplan con los permisos requeridos para realizar labores de pesca. Este tipo penal se reformó en el año 2009, en la ley número 8719, denominada Ley de Fortalecimiento de la Legislación Territorial, luego de una polémica derivada de una mala redacción de la Ley de Pesca vigente, que generó interpretaciones en beneficio de personas imputadas, que se aprovecharon irracionalmente de especies como el atún o el tiburón para una explotación que puso en peligro grandes extensiones de ecosistemas marítimos costarricenses. Para complementar la política criminal del Estado costarricense y la política de persecución penal se necesita una mayor inversión tecnológica y humana para formar unidades de investigación policial marítimas que conozcan los límites del mar territorial y la plataforma continental, además de expertos en navegación con sistemas satelitales de geolocalización marítima para tener un mayor control entre las diferentes entidades gubernamentales. Finalmente, es necesario hacer una inversión en investigaciones científicas para cuantificar las riquezas marinas y darle un contenido económico actualizado, otorgando los permisos a embarcaciones nacionales e internacionales, dándoles valores agregados que a mediano plazo repercutirán positivamente en la economía nacional en asocio con la sostenibilidad ecológica del país.

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El caso Isla Calero y la dudosa reparación económica

Las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público (es decir, los Estados) pueden llegar a complicarse de múltiples maneras, dados sus intereses y agendas particulares, sean económicas, militares o por simple espíritu nacionalista. El caso de Costa Rica y Nicaragua es especialmente interesante, ya que se han reiterado una serie de alegatos de orden limítrofe que han obligado a realizar estudios de corte histórico desde el tratado Cañas-Jerez hacia el presente, con el fin de determinar las líneas

Licda. Silvia Marcela Araya Valverde Abogada y Profesora de Derecho Internacional Público. Ilustración: Shutterstock

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que dividen una nación de la otra, así como los derechos que asisten a cada una sobre el río San Juan. La pugna más reciente entre ambos países se dio por la incursión de militares nicaragüenses en isla Portillo, una pequeña área de isla Calero, la cual Costa Rica reclamó inmediatamente como parte de su propio territorio. Si bien la invasión fue denunciada, el problema que realmente tiene efectos a largo plazo es el que resultó producto del dragado del humedal para desviar el


curso del río San Juan, ya que reviste una problemática ambiental difícilmente reparable en dicha zona, cuya protección se encuentra contemplada en la Convención de Ramsar, texto que protege estos ecosistemas de humedales de manera amplia. Actualmente, Costa Rica se encuentra en la lista de dicha convención con un total de 12 áreas protegidas, 569 mil 742 hectáreas, correspondiendo el sitio en litigio al humedal Caribe noreste, que mide 75 mil 310 hectáreas y se ubica en la coordenada 10º 30’ N, 83º 30’ O. Este humedal se incorporó en el listado desde el 20 de marzo del año 1996. El gran valor de este tipo de ecosistema radica en su enorme absorción de carbono, que ayuda a la lucha mundial contra la contaminación y reduce el efecto invernadero. Habiéndose generado un litigio entre ambos países en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda, el resultado, que se dio a conocer el 16 de diciembre de 2015, toca varios puntos importantes y destaca el hecho de que se reconoce que el territorio invadido es costarricense, además de que Nicaragua debe compensar económicamente a Costa Rica, para lo cual da un plazo de un año, de lo contrario, la CIJ determinará el monto que deberá ser pagado por dicho concepto. En vista de lo anterior, en meses pasados, el gobierno de Costa Rica presentó al cobro la suma

de seis millones 723 mil 476 dólares estadounidenses, cifra que abarca el daño ambiental así como los gastos del litigio, movilizaciones y operativos por parte de la fuerza pública y otras instituciones que han permitido el resguardo de la soberanía, requerimiento al cual Nicaragua respondió de manera negativa. Cabe resaltar que, en el ámbito del derecho internacional público, las manifestaciones de los representantes tienen fuerza vinculante. De ahí que las palabras recientes de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, haciendo énfasis en la voluntad de pagar, cree una esperanza de alcanzar buenas relaciones diplomáticas entre ambos países que podrían mejorar dramáticamente una vez que se haya cumplido con la obligación dineraria generada a partir del fallo de la CIJ. Es necesario destacar que el plazo para el pago venció el 16 de diciembre de 2016, sin que se haya dado el resarcimiento económico, por lo que, en buena teoría, la CIJ debería entrar a determinar el monto a pagar y requerirlo así al país vecino. Por su parte, tomando en cuenta las declaraciones de Ortega, Costa Rica ha otorgado una prórroga de tres semanas aproximadamente. Ante el panorama expuesto líneas atrás, es necesario hacer una serie de acotaciones: en primer lugar, el cobro presentado se generó en base a estudios serios, de carácter técnico especializado,

que han determinado, inclusive, los valores de cada árbol talado en la zona (no es ni puede ser un rubro antojadizo, puesto que caería por su propio peso a falta de justificación, incluso, en el caso de que deba ser la CIJ la que decida el monto en última instancia); en segundo lugar, no se pueden desligar del tema del daño ambiental las acciones emprendidas por el gobierno costarricense respecto a la ruta 856 (realizando un análisis, pareciera una ironía que una de las maneras en que se pretendió salvaguardar la soberanía nacional también tenga dudosas secuelas positivas sobre el medio ambiente de la zona norte) (los recursos financieros de un país deben ser utilizados de la mejor manera posible para que satisfaga el bien público, de modo que parece inverosímil que mientras se gastan sumas millonarias para defender el suelo nacional, sus recursos y soberanía, por otro lado, se emprendan acciones que generen despilfarro, por lo que la moraleja debe ser que el actuar de un país no puede ser al calor de un conflicto con otro Estado). Para finalizar, el resarcimiento que deberá pagar Nicaragua, sea que pague lo cobrado o lo establezca la CIJ, es un hecho ineludible, pero podría no llegar a compensar la totalidad del daño causado al medio ambiente ni al erario, lo cual hace, de esa ‘reparación’, un concepto algo dudoso.

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¿Justicia ‘líquida’ o justicia de calidad?

M.C. J. Federico Campos Calderón

Abogado penalista, ‘partner’ en LEXPENAL Abogados, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional Ilustración: Shutterstock

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El sociólogo polaco Zygmunt Bauman acuñó, hace algunos años, el término ‘modernidad líquida’ para referirse a aquellas situaciones de la vida social actual que carecen de la solidez y la permanencia del pasado y, por el contrario, no pueden mantener su estabilidad durante un tiempo prolongado y menos desarrollarse a otras formas sólidas más evolucionadas, por lo que se disuelven muy fácilmente y se tornan líquidas. Esta modernidad líquida incluye a las instituciones del Estado y, a mi juicio, se ha dejado entrever fácilmente en los últimos años en el Poder Judicial costarricense, cuya solidez se ha venido fragmentando y diluyendo más concretamente en el ámbito de la Judicatura que, sin generalizar, cada vez, es más notoria la cuota de funcionarios y funcionarias sin vocación alguna, sin experiencia y sin la preparación idónea para desempeñar y enaltecer este honorable oficio. En manos de estas personas reposan las decisiones que ponen en juego la libertad y el patrimonio de muchos ciudadanos que confían en el Poder Judicial para la solución de sus conflictos. En otras palabras, en tiempos de una modernidad líquida, se ha disuelto la calidad intelectual como prioridad, así como la estatura moral y el compromiso

vocacional que caracterizaba a los funcionarios judiciales que otrora se reclutaban en dicha instancia, muchos de ellos alumnos destacados incitados por sus profesores universitarios (convertidos en verdaderos ‘cazatalentos’) a que cuando se graduaran como abogados y abogadas optaran por los puestos de jueces y juezas de la república. A mi juicio, en la última década, los concursos de jueces no reclutan a profesionales en derecho con la misma alta calidad que caracterizaba a la mayoría de antaño y que, poco a poco, va desapareciendo en el Poder Judicial, acrecentándose el reclutamiento de jueces con un perfil humano e intelectual muy distinto, en detrimento de la actividad jurisdiccional. Cualquiera puede tener miles de razones válidas en una sociedad como la nuestra para estudiar Derecho, pero también, donde el oportunismo impera, ello permite que se filtren muchas personas cuya afinidad y vocación al derecho es inexistente o muy ligera, a pesar de que eso es un pilar esencial en cualquier estudiante que decida seguir esta carrera profesional para labrar su futuro. En la modernidad líquida, algunos de estos nuevos colegas abogados se enfrentan al dilema de escoger en cuál rama del

derecho deberían desempeñarse y, a pesar de ello, logran atrincherarse -en lo que seadentro del Poder Judicial como jueces en materia civil, laboral, familiar o penal. Es así como muchos logran convertirse, de la noche a la mañana, en jueces y juezas, logrando superar los endebles filtros existentes, y alcanzando, de este modo, su ideal profesional o el sueño de su familia de verlos como abogados togados. No obstante, a partir de que son nombrados como jueces y juezas, empiezan a relucir ciertas conductas producto de las falencias vocacionales señaladas que distorsionan la imagen ideal del juez. Algunos hacen carrera judicial escalando de menos a más con un cálculo exquisito y una cuota de suerte envidiable y logran ir ascendiendo poco a poco, a pesar de no poseer una auténtica vocación jurisdiccional, en un sistema que también premia beneficios derivados de la pleitesía que se le rinde hacia los que tienen el poder de decidir ‘quiénes sí y quiénes no’ son nombrados como jueces y juezas. Es parte de nuestra realidad actual, que todos saben existe, pero que pocos se atreven a develarla públicamente. ¿Qué queremos para nuestra sociedad? ¿Una justicia líquida o una justicia de calidad?

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Reto que exige respuestas: La formaciรณn en el campo de la Mediaciรณn y la Conciliaciรณn FIRMA 56


Kattia Escalante Barboza

Mediadora y Conciliadora certificada. Facilitadora del CAM. direccioncam@abogados.or.cr Ilustración: Shutterstock

En los últimos años, ha sido evidente el problema de rendimiento en pruebas realizadas en ciertos escenarios donde se evalúa a cada graduado de la carrera de Derecho. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Poder Judicial dan cuenta de cómo el rendimiento, en algunas pruebas, refleja carencias en la formación de este perfil profesional. Salta la interrogante sobre la exigencia en los procesos formativos y qué esperar de ellos. Se torna necesario revisar (y no solo en la carrera de Derecho) los planes de estudio, los enfoques pedagógicos y las competencias que se están trabajando y que permiten la adecuada inserción laboral con buenos índices de desempeño. Justamente, esto último es lo que evidencia la capacidad para ejecutar bien una función. En la formación que se exige

a una persona para que se certifique como conciliadora o mediadora, esta debe aprobar un proceso de capacitación que se especialice en la conducción efectiva de este tipo de procesos. Cabe preguntarse: ¿qué garantiza que alguien que se dice conciliador o mediador ejerza con profesionalismo ese rol? Quien se presente ante dos o más partes para facilitarles un proceso riguroso y efectivo de búsqueda de soluciones, no solo debe tener una base de conocimientos mínimos en la materia (que van desde las nuevas concepciones sobre el conflicto y el poder, hasta la forma en que las diferencias de género deben ser valoradas para poder dirigir procesos de conciliación justos y equitativos), sino que esto ha de ser complementado con procesos de práctica supervisada que garanticen el desarrollo de destrezas y habilidades.

Como en toda área del saber (y del saber hacer), así, es como funciona. Ahora bien, en el marco deontológico idóneo, no menos importante es el desarrollo de las actitudes necesarias para poder ejecutar este oficio. De ahí que poner en marcha estos procesos formativos ha sido un desafío para el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CAM), instancia que ha asumido con seriedad el reto de posicionar un programa de formación y certificación en mediación y conciliación que ha recibido el aval de la sociedad costarricense y que ha demostrado que un determinado quehacer requiere de procesos que fortalezcan las competencias profesionales para que la relación formación-desempeño tenga perfecta armonía. Ahora, corresponde devolver este reto a las universidades.

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desde el colegio

¿Es viable una reforma sustancial al empleo público?

Dr. Celín Arce

Miembro de la comisión de Gestores de Opinión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Ilustración: Shutterstock

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Varios sectores y partidos políticos están impulsando una reforma legislativa tendiente a modificar de manera fundamental el empleo público en nuestro país. Uno de los proyectos que está en la corriente legislativa expresa que el régimen vigente “tiene en jaque la sostenibilidad del gasto público destinado al pago del salario de los servidores por causa de las remuneraciones extrasalariales que perciben los servidores (pluses)”, y “la brecha entre las condiciones de trabajo que se suscita entre dos personas por el hecho de que una labora para una institución del Estado y otra para la empresa privada resulta moralmente inaceptable”. Consecuentemente, propone que haya un único manual de puestos y una única escala salarial para todo el sector público (expediente 20.057). Toda reforma que se pretenda impulsar debe hacerse dentro del marco de la Constitución Política vigente. Para empezar, el artículo 191 constitucional manifiesta que “un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración”. Podría interpretarse que fue voluntad del constituyente que solo debía de existir un estatuto para todo el Estado costarricense. De hecho, de la lectura de las actas respectivas puede derivarse dicha voluntad de una manera indubitable. Empero, en el año 1951, cuando se promulgó el

vigente Estatuto de Servicio Civil, se limitó su ámbito de cobertura al Poder Ejecutivo, esto es, al gobierno central, específicamente, a los ministerios. La decisión legislativa provocó que el resto de instituciones que formaban la Administración descentralizada del Estado crearan su propio estatuto. Es el caso de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las municipalidades y hasta la propia Contraloría General. Además, debe agregarse la situación de las universidades estatales y de las instituciones autónomas, quienes, al amparo de la autonomía otorgada por la Constitución Política, crearon sus propios estatutos de la función pública. Esto crea una roncha difícil de superar en relación con los beneficios del estatuto de servicio civil. Y para coronar dicho proceso, la Sala IV resolvió, desde la década de los 90, que sí es válido que existan varios estatutos de la función pública, por cuanto la Constitución Política no restringió el concepto de ‘estatuto’ al de un instrumento jurídico único, sino que pretendió concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regularan la protección de los derechos laborales del servidor público, especialmente atendiendo al de su derecho a la estabilidad y voto (6240-93). Para complicar aún más el panorama jurídico que les espera

a dichos proyectos, en la famosa reforma procesal laboral, que entrará en vigencia en julio del año entrante, se permite que las instituciones públicas puedan suscribir convenciones colectivas con sus trabajadores, las que por expresa disposición constitucional tienen autoridad superior a la ley. Todo proyecto de ley polémico llega a consulta a la Sala Constitucional antes de recibir el segundo debate y convertirse en ley de la república, y todo proyecto de reforma al empleo público es y será polémico durante todas sus etapas. Los que impulsan el proyecto están motivados únicamente por razones de equilibrio fiscal del Estado, con lo cual se busca un equilibrio en las finanzas, sacrificando los derechos laborales de los empleados públicos presentes y futuros a pesar de que no se puede determinar, a priori, el impacto real que tendrá en la finanzas del Estado y cuánto tiempo tomará determinar su impacto real. El horizonte se ve oscuro y complejo. Los empresarios no apoyan reforma tributaria alguna si no hay reforma en el empleo público y, por el lado de los sindicatos, no aceptan, con justa razón, que los derechos de los trabajadores se vean disminuidos siendo la parte más débil en esa ecuación. La Sala IV decidirá, en definitiva, aspectos sustanciales a la eventual reforma siendo ella, también, parte interesada.

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viajes

Atenas:

Un viaje a la cuna de la civilización occidental Grecia es más que sus paradisiacas islas. Su capital ofrece una pasarela de museos, ruinas arquitectónicas e historia que conquistarán con méritos propios Por Alejandro Ramírez /Fotos: Shutterstock & Cortesía

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En esta página, esquina superior derecha: El Partenón, el edificio principal de Acrópolis, en constante mantenimiento.

En años recientes, la información más relevante sobre Grecia ha tenido que ver con una crisis económica y un nuevo ‘rescate’ de parte de la Unión Europea (UE) para la llamada República Helénica. Esa situación podría contribuir a una percepción errónea del país como un mal destino turístico. Si bien es cierto que enfrenta problemas económicos que afectan aspectos importantes, como su régimen de pensiones y el comercio, la industria turística continúa tan dinámica como siempre. A Grecia se puede llegar en vuelo directo desde las principales ciudades europeas y, dependiendo de la temporada y la anticipación con que se compre el boleto de avión, se pueden conseguir tarifas sorprendentemente bajas desde España, Francia, Italia y Alemania. Al llegar al aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos,

en su capital, Atenas, el visitante encuentra una terminal aérea moderna, situada a unos 20 kilómetros de la ciudad. El lugar cuenta con todas las facilidades que el viajero espera encontrar, incluyendo un hotel justo frente a la terminal y un metro que comunica, sin transbordos, con el centro, con lo citadino. Con conocimiento del idioma inglés, cualquier turista puede pasar unas estupendas vacaciones en suelo griego, pero esto no debería ser una limitante, pues además, es usual toparse con personas que hablan español. Atenas es la cuna de la civilización occidental tal y como la conocemos hasta hoy y es una metrópoli con amplias avenidas, mercados, restaurantes, plazas y monumentos espectaculares. Es frecuente encontrar heladerías con sabores para todos los gustos, cafeterías y restaurantes con terrazas que pueden ser

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viajes

El parque ubicado frente al Arco de Adriano, puede caminar entre ruinas si paga la entrada, o admirarlas desde las calles aledañas.

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disfrutadas no solo durante el verano, sino durante los meses de temperaturas bajas, en los que los calentadores de gas les dan un encanto adicional. Aunque, a menudo, el excursionista que viaja a Europa no piensa en el destino como un lugar para hacer compras, en Atenas, se ubican casi todas las cadenas de tiendas comerciales conocidas, no solo en el Viejo Continente, sino también, en América. Incluso, existe una zona llamada el ‘Mercado de las Pulgas’, una calle en donde hay comercios formales que venden gran diversidad de artículos nuevos y de buena calidad (a pesar de su nombre). Atenas, histórica El Partenón, en la acrópolis de la ciudad, sobresale, y puede ser admirado casi desde cualquier punto. Asimismo, tiene dos fáciles accesos para llegar a pie hasta las ruinas de los templos, que incluyen el de Atenea. La entrada tiene un valor de 10 euros y, si se planea visitar museos y otros monumentos, se puede comprar un pase de 5 días para ingresar a ellos con un costo de 30 euros. Es una buena opción para quienes tienen el tiempo para pasar al menos unos tres días completos empapándose de la historia, no solo de Grecia, sino de la humanidad. Mención aparte merece el Museo de la Acrópolis, ubicado a unos 300 metros al sur de El Partenón. Fue inaugurado en 2009 y es una obra maestra de la arquitectura moderna. El edificio tiene tres pisos


El anfiteatro de Acrópolis se levanta en medio de las estructuras históricas.

y fue construido de tal modo que hace posible resaltar la grandeza de las edificaciones antiguas, en una interesante mezcla de estilos que liga lo mejor de ambas épocas. Prácticamente, cualquier hotel cercano a una estación del metro puede considerarse como una buena alternativa de hospedaje. Empero, la zona de Plaka, con su plaza central y calles peatonales, es el corazón de la urbe y el espacio que más se puede disfrutar como paseante. Los principales atractivos pueden ser vistos de una manera cómoda y sencilla, viajando en los

tradicionales autobuses turísticos de dos pisos que, por poco menos de 20 euros, permiten hacer tantas paradas como se guste, en dos rutas establecidas, una de las cuales llega hasta el puerto. De alguna manera, la fama de las islas ha opacado la promoción de Atenas, sin embargo, la más grande ciudad de la nación, tiene méritos propios para impresionar a los exploradores. El Pireo es el puerto más importante y, desde ahí, es posible tomar embarcaciones a las islas cercanas, en una ruta cubierta de cruceros. Incluso, se puede cruzar en ferri hasta Turquía.

La temporada determina los servicios y el verano, entre los meses de julio y septiembre, es la mejor época del año para un paseo por el mar Egeo. Durante el invierno, algunos servicios y horarios son suspendidos debido a la lluvia y otras condiciones climáticas que pueden dificultar la navegación. Un crucero de cuatro días permite visitar las islas de Santorini, Mykonos y Rodas, entre otras. Así que una semana puede ser suficiente para un viaje maravilloso a la tierra de la cultura helénica, considerada, como dijimos, la cuna de la civilización occidental.

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gastronomía

Literalmente, un viaje por el mediterráneo y un poco más En pleno corazón de Barrio Escalante, este lugar abrió sus puertas para conquistar con lo mejor de la gastronomía casual y repostería de Grecia, Líbano, Italia y Marruecos, algunos de los destinos gastronómicos recreados en este espacio novedoso lleno de sabor. Por: Milagro Arias R. Fotos: Joshua Jiménez

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Pandeli es mucho más que una cafetería. Se puede decir que es un restaurante estilo europeo con panadería, especializado en repostería y platos fuertes muy selectos. Este es un lugar que promete todo un viaje de sabores por el mediterráneo y más allá. Ubicado en la calle 33 en Barrio Escalante, garantiza probar la gastronomía de Italia, Francia, Grecia, Marruecos, Estambul (Turquía), Líbano y Mostar (Bosnia-Herzegovina), entre otros. Hasan Yildiz, chef panadero, trajo este concepto al país de la mano de su socio, Mehmet Onuralp, propietario del restaurante Sofia Mediterráneo, con la idea de compartir sus recetas con esta novedosa propuesta, donde los clientes pueden desayunar como en Europa y comprar pan fresco y, a la vez, almorzar con platillos creados en el momento, pero muy particulares y con una oferta amplia de países. La experiencia es única y da inicio desde buena mañana, ya

sea a lo tradicional mediterráneo con una tabla con queso feta y manchego, aceituna ‘kalamata’, jamón serrano con una lonja de tomate, pepino y albahaca, aceite de oliva extravirgen, mermelada de la casa y miel de abeja, acompañado de una canasta de diferentes panes del día, café o té. Lo típico de Turquía se puede comer en una cazuela con huevo, en un yogur con avena y chía o en bebidas con un té negro original del norte o el café turco con cardamomo. Además, resalta el pan campesino elaborado con una fermentación de cuatro horas y el ‘panini’ con verduras asadas a la parrilla y queso. “Hacemos cosas únicas que no van a encontrar en ningún otro lugar del país, como el pan alemán y la pasta filo hecha a mano”, contó Yildiz. “También, siempre tenemos tres tipos de ensalada. Todo es fresco, nada congelado, porque nuestra filosofía es de producto orgánico

a un 80%”, agregó. En Pandeli, trabajan seis personas, el chef Hasan, un ayudante y cuatro asistentes más. Ellos tienen una rutina diaria de hornear en la mañana, al medio día y por la tarde. Tiene espacio para 35 personas y abre de martes a sábado, de 8:00 de la mañana a 7:30 de la noche, mientras que los domingos atienden de 9 a 4, único día que ofrecen un brunch que cambia todas las semanas. El local es acogedor. Por sí solo, emana mucha luz, en un diseño creado por los socios. Aquí, se vive la regla de que el pan es, junto al aceite de oliva, uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. ¿Qué le parece deleitarse con un ‘éclair’, un pastel de Belem, la tarta Sara o un ‘baklava’ clásico, ‘sobeit’ y ‘burma’ con pistachos y nueces? En pleno Barrio Escalante esta propuesta asegura todo un viaje de intenso sabor.

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social

Nuevo showroom

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La marca inglesa de vehículos MG, presentó su nueva sala de exhibición ubicada en La Uruca, San José. El evento contó con la asistencia de ejecutivos de la compañía así como de socios, clientes y amigos quienes también pudieron conocer los diferentes modelos 2017. El evento también fue la excusa perfecta para presentar el nuevo carro con el que la marca competirá en la CTCC. Fotos: Cortesía

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1. Xu Haiyang y Wu Gang. 2. Juan Pablo Porras, Duncan Centeno, Wu Gang, Luis Camacho, Xu Haiyang y Eduardo Herrera. 3. Luis Camacho, Wu Gang, Bernal Valverde y una modelo.


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