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PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

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Las demandas por cuenta de la privación injusta de la libertad, en varios de los casos por la validez que han dado las autoridades a declaraciones de testigos falsos, no paran de crecer en Colombia. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en menos de dos años se han admitido 1.924 denuncias para que la justicia determine si se hicieron de manera irregular o se ajustaron a la ley.

S

egún medios locales, de los procesos admitidos en contra de la Fiscalía General de la Nación, 1.908 permanecen activos con pretensiones que suman los $2 billones de pesos. Pero la cifra puede ser aún mayor, si se tiene en cuenta que hay casos represados desde hace muchos años, cuya cuantía ha dependido de factores como el tiempo de detención, su impacto social o afectación del entorno familiar. De acuerdo con informes oficiales recientes, al cierre del primer semestre de 2018 se estaban tramitando 16.509 procesos que le podrían representar al Estado más de 23 billones de pesos.

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