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20 Así mismo, la justicia deberá ser más minuciosa al examinar las demandas temerarias contra el Estado y ojalá se produjeran precedentes notorios en esta materia. El abuso de los derechos debe ser combatido, pues deslegitima la Rama Judicial y perjudica a quienes legítimamente intentan ejercer los propios de manera justa.

Transparencia y lucha contra la corrupción En esta misma vía, otro de los grandes retos de la Rama Judicial frente a la Constitución del 91 es el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción. La credibilidad y la legitimidad de la justicia están basadas en estos dos pilares. En cuanto a la transparencia, es fundamental avanzar en la implementación de mejores sistemas informáticos y en la puesta en marcha del expediente electrónico, en el cual el actual Gobierno está empeñado. En materia de información al público, no se puede desconocer que se han dado avances importantes en los sistemas de la Rama Judicial, pero con los avances de la tecnología es necesario un esfuerzo permanente de actualización y modernización. La lucha contra la corrupción en todas las ramas del poder público es fundamental, pero en lo judicial, es el corazón de la credibilidad de la justicia. Soy un convencido y así lo he vivido en la práctica, que la mayoría de jueces, fiscales y magistrados son honestos, trabajadores y serios en sus decisiones a pesar de las enormes dificultades de infraestructura con las que deben trabajar. Muchos de los funcionarios de la Rama Judicial son dedicados y hacen su trabajo, a veces con las uñas.

Pero los recientes casos del fiscal Anticorrupción, del Cartel de la Toga, y el del empresario que soborna jueces, son solo algunos ejemplos de la gravedad y los niveles a los que la corrupción ha escalado. Más que reformas legales para luchar contra este flagelo se requiere formación, valores y conciencia en los hombres y mujeres de la Rama Judicial. Se necesita un esfuerzo desde el interior de la misma rama para descubrir y sancionar a los jueces y a los abogados que resulten implicados en casos de corrupción, de manera ejemplarizante. Otro aspecto complementario y no menos importante en este campo, es el de lograr mucha más efectividad en los procesos disciplinarios contra los abogados que violan las normas de la profesión. Son urgentes las medidas ejemplarizantes en esta materia.

La rama y el entorno internacional Desde otro punto de vista, la Rama Judicial de hoy debe tener en cuenta algunos aspectos internacionales que también se relacionan con sus decisiones: las convenciones de protección de inversiones y los tratados de libre comercio. Estos contienen obligaciones que le imponen a Colombia estándares de trato justo y equitativo, protección y seguridad plena, no expropiación sin compensación y expectativas legítimas. Todos estos acuerdos, enmarcados dentro de los parámetros de la Constitución del 91, deben ser tenidos en cuenta por los jueces y magistrados para evitar así los arbitrajes de inversión. Hasta hace unos pocos años, no había un número importante de controversias de este tipo en su fase arbitral pero, solo

entre 2016 y 2019, estos procesos pasaron de 0 a 11, cuyas pretensiones suman $17 billones de pesos. Una efectiva prevención y consecuente defensa jurídica, parte de conocer los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado Colombia que regulan temas de inversión, de cara a no incurrir en conductas o decisiones que puedan disparar este tipo de controversias o debilitar una eventual defensa jurídica del Estado. Existen ya antecedentes donde decisiones judiciales han influido en este tipo de litigiosidad, lo que obliga a la Rama Judicial a tener en cuenta este aspecto.

El reto En este escenario, la Andje reitera su compromiso en lograr la disminución de las demandas que se presentan cada año y a la vez en generar mayor efectividad en la prevención del daño antijurídico, pues evitar el hecho que pueda generar el daño nos dará mayor economía y mejores estándares de cumplimiento y respeto por los derechos ajenos. Con menos demandas que tramitar los jueces podrán profundizar y mejorar sus sentencias, generando como efecto benéfico mayor seguridad jurídica. Para nosotros, en la Agencia, es un contexto complejo, retador, pero no imposible de remediar. Trabajamos en los mecanismos necesarios que permitan disminuir el número de demandas contra el Estado, estamos fortaleciendo el sistema de defensa en conjunto con las entidades y venimos consolidando las estrategias de prevención del daño antijurídico. El Estado debe mejorar la calidad jurídica de sus decisiones para evitar demandas. Los abogados que defienden al Estado se tienen que especializar en eso y estamos trabajando incluso en un proyecto para elevar el nivel de la defensa del Estado colombiano. La Agencia reitera que su tarea no es solo ganar más demandas sino prevenirlas. Es importante reconocer los errores que comente el Estado; hacer bien las cosas significa tener mejor conocimiento jurídico, mayor acercamiento a la jurisprudencia y mucha más coordinación institucional entre todas las oficinas jurídicas de las entidades. Defender al Estado es un asunto y una obligación de la Andje. También, lo que está en juego, con las deudas billonarias de la nación, es el dinero de los colombianos que debemos proteger. eKOGUI, la herramienta creada para la gestión de los procesos judiciales, procesos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, se ha ido modernizando para mejorar el trabajo de los abogados.

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Edición 223 Justicia  

Revista El Congreso S. XIX Edición 223 Justicia

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