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El martes 26, en respuesta a la carta de Linares, el expresidente Uribe dijo que en la JEP deberían respetar opiniones que creen que ese no es el camino de la paz ni de la reivindicación de las víctimas: “seguiré en el Congreso, con argumentos, como usted lo ha conocido, buscando reformas”.

tario del Senado, Gregorio Eljach, dijo que así sería en un comienzo”, refirió Palacios quien, por el contrario, señaló que un escenario más real es el que mencionó la misma Corte Constitucional: el campo de discusión que abren las objeciones se debería ceñir a los asuntos objetados y por ello lo que aquí está en juego son los artículos cuestionados.

Sin mayorías en el Congreso

Finalmente, en medio de este debate jurídico generado por los reparos presidenciales, Colombia tenía el interrogante de si el gobierno contaba con las mayorías en el Congreso para conseguir el aval en ambas Cámaras y sancionar la ley con las modificaciones incorporadas. Aunque durante gran parte del mes de marzo era claro que el Gobierno contaba con los votos del Centro Democrático y de los partidos conservadores, Mira, Colombia Justa Libres y Opción Ciudadana, la decisión tomada por Cambio Radical (16 senadores y 30 representantes a la Cámara) el pasado 28 de marzo de no apoyar las objeciones, puso en aprietos (al menos en teoría) al Gobierno Nacional que claramente no tiene las mayorías. Sumándose así al anuncio de los liberales, del Partido de La U, de la Alianza Verde, de Colombia Humana, del Polo Democrático, del MAIS y de la Lista de la Decencia de no apoyar las objeciones presidenciales, si estas se votaran hoy y los congresistas siguieran la disciplina de partido, no pasarían y la Estatutaria iría a sanción presidencial sin modificación alguna. Tras una histeria colectiva en la que la opinión pública pasó de la más absoluta incertidumbre a entender una serie de mecanismos relativamente complicados, es probable que en cuatro meses Colombia mire hacia atrás y piense: legislativamente hablando no pasó nada.

Art. objetado Art. 7

Inciso 8 del Art. 63

Inciso 3, numeral J del Art. 79

Párrafo 2 del Art. 19

Explicación presidencial sobre la objeción “Este artículo no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Debemos precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”. “No determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan al proceso de paz. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado, y así evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. “El artículo 79 se refiere a la suspensión de las actuaciones de la justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente. No precisa las competencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esa situación perjudica los intereses de las víctimas y es conveniente definir con mayor precisión cuándo y con qué circunstancias las situaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria”. “Este párrafo se refiere a la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad”.

Art. 150

“Este artículo no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP, cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”.

Art. 153

“Condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros estados”.

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Edición 220 Especial Mejores Administraciones II  

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