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14 Al día siguiente, varios exmiembros del equipo negociador del Estado colombiano, integrantes del movimiento político de las FARC, congresistas de diversos partidos, víctimas, académicos, exministros y líderes de la sociedad civil, remitieron al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, una carta en la que manifestaron su inquietud ante las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. “Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se dé cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”. Y tres días más tarde, la congresista Juanita Goebertus (Alianza Verde) lideró una réplica de la oposición a una alocución presidencial por primera vez en la historia del país, dirigiéndose a todos los colombianos en horario prime time y por todos los canales público-privados. ¿El mensaje? “La decisión del presidente Duque de objetar apartes de la ley de la JEP pone en grave riesgo la separación de poderes. Atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una”. Ahora, aunque hoy el país se pregunta con razón qué pasará con la implementación de los acuerdos en materia de justicia, hay tres hechos que ya son una certeza: indiscutiblemente y sin entrar a mirar el resultado que se derive de un nuevo trámite por el Congreso, las objeciones a la JEP van a retrasar la agenda legislativa. Es claro que la Jurisdicción no va a suspender sus acciones mientras en el Capitolio se tramiten las objeciones hechas por el Presidente, precisamente porque la Ley Estatutaria no ha entrado en vigor (le faltaba la sanción presidencial y su promulgación en el diario oficial). A este respecto, el docente constitucionalista, Marcos Criado de Diego, afirmó que el problema alrededor de los reparos no radicó tanto en cómo estos afectan el funcionamiento de la Desde que el Presidente dijo que objetaría seis artículos a la Ley Estatutaria de la JEP, en la opinión pública se han profundizado las diferencias ideológicas alrededor de la paz y del sistema de justicia transicional derivado del mismo.

Más de 100 académicos y políticos, entre ellos Humberto de la Calle y Rodrigo Londoño, jefes negociadores durante el proceso de paz, remitieron una carta al secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que manifestaron su inquietud ante las objeciones presidenciales a la JEP.

Mientras que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, defendió la decisión presidencial de objetar parcialmente la Ley Estatutaria, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que el presidente estaba violando el Estado de Derecho.

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Edición 220 Especial Mejores Administraciones II  

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